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clave: "consejo_estado:providencia:25000232600020100074301-48681-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: cumplieron las capturas y su legalización los requisitos, sin causar un daño antijurídico"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-10-21"
radicado: "25000232600020100074301"
numero: "48681"
ponente: "NICOLÁS YEPES CORRALES"
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# Consejo de Estado: cumplieron las capturas y su legalización los requisitos, sin causar un daño antijurídico

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-10-21
- **Radicado:** 25000232600020100074301
- **Número interno:** 48681
- **Ponente:** NICOLÁS YEPES CORRALES
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** ACCION DE REPARACION DIRECTA
- **Actor:** IVAN MAURICIO CORDERO CRUZ, ALFREDO CORDERO LANCHEROS, MARLEN CRUZ NIETO, NELSON ANDRES CORDERO CRUZ, ALFREDO ALEXANDER CORDERO CRUZ
- **Demandado:** NACION- RAMA JUDICIAL, FISCALIA GENERAL DE LA NACION
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020100074301-48681-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000232600020100074301/A19000C67BDCF4A7280A0EE7236B2405AE772EEF2C3E90081F588C676B6B6B31/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000201000743011100103

## Regla de decisión

La responsabilidad extracontractual del Estado exige la existencia de un daño antijurídico y su imputación a la administración pública.

## Problema jurídico

¿Cumplieron las capturas y su legalización los requisitos previstos en los artículos 297 y 303 de la Ley 906 de 2004, sin causar un daño antijurídico que el Estado deba reparar conforme al artículo 90 de la Constitución Política?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿Cumplieron las solicitudes y la imposición de medidas de aseguramiento los presupuestos establecidos en los artículos 295, 306, 308 y 310 de la Ley 906 de 2004…
- ¿La Rama Judicial incurre en responsabilidad patrimonial por el vencimiento del término previsto en el numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004…
- ¿Cumplió la Fiscalía General de la Nación el término previsto en la Ley 906 de 2004 para presentar escrito de acusación, sin causar un daño antijurídico que el Estado deba reparar conforme al…

## Fundamentos jurídicos

- Ley 906 de 2004, arts. 297 y 303
- Constitución Política

## Extracto

El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para poder endilgar la responsabilidad a quien cause la lesión patrimonial objeto de la solicitud de restablecimiento, se ha dicho que es aquel que la persona no tiene el deber jurídico de soportar.

## Síntesis temática

El Estado asume responsabilidad patrimonial extracontractual cuando se acredita la existencia de un daño antijurídico y su debida imputación, entendido aquel como el perjuicio que la persona no tiene el deber jurídico de soportar conforme al artículo 90 de la Constitución Política. En el presente litigio se examinan las capturas y su legalización conforme a los artículos 297 y 303 de la Ley 906 de 2004, determinando la ausencia de responsabilidad patrimonial por parte de la Fiscalía General de la Nación ante la legalidad de los procedimientos restrictivos de la libertad cuestionados en la demanda de reparación directa.

## Descriptores temáticos

PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, CAPTURA, LEGALIDAD DE LA CAPTURA, LEGALIZACIÓN DE LA CAPTURA, AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, ELEMENTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, ACREDITACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, IMPROCEDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, DAÑO ANTIJURÍDICO, ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, CONTROL DE LEGALIDAD, CONTROL DE LEGALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, PRINCIPIO DE REPARACIÓN DEL DAÑO, DAÑO ANTIJURÍDICO DERIVADO DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, NECESIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, LIMITACIÓN LEGÍTIMA DEL DERECHO A LA LIBERTAD, CONDUCTA DE LA VÍCTIMA CON CAUSACIÓN DEL DAÑO, CARGA DE LA PRUEBA, CONCEPTO DE CARGA DE LA PRUEBA, INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA, ACUSACIÓN, TÉRMINO PROCESAL, CUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO PROCESAL, ESCRITO DE ACUSACIÓN, PRESENTACIÓN DEL ESCRITO DE ACUSACIÓN, JUICIO ORAL, HECHO, LIBERTAD, INCUMPLIMIENTO DE DEBER LEGAL, LIBERTAD PROVISIONAL, INACTIVIDAD DEL ABOGADO, INACTIVIDAD PROCESAL, PRINCIPIO ADVERSARIAL, RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, IMPUTACIÓN JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, CONCEPTO DE IMPUTACIÓN JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, CRITERIOS DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, SUPUESTOS FÁCTICOS DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO, AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO, INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, ESTADO, CONSTITUCIÓN POLÍTICA, PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, REQUISITOS LEGALES DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, FALLA DEL SERVICIO POR PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, AUDIENCIA DE LEGALIZACIÓN DE CAPTURA, REQUISITOS DE LA ORDEN DE CAPTURA, JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, CONTEO DE LOS TÉRMINOS EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, REGULACIÓN LEGAL DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, JUSTIFICACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN, VÍCTIMA, LEGITIMIDAD DE LA VÍCTIMA, IMPUTACIÓN, IMPUTACIÓN A LA VÍCTIMA, IMPUTACIÓN DEL DAÑO, PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, PROCEDENCIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, INEXISTENCIA DE PROLONGACIÓN ILÍCITA DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, PROLONGACIÓN ILÍCITA DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, CONDUCTA DE LA VÍCTIMA, CULPA DE LA VÍCTIMA, LÍMITES DEL DERECHO A LA LIBERTAD, DETENCIÓN EN EL PROCESO PENAL, PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE, CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE, CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA, EFECTOS DE LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA, AUSENCIA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA, CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, REQUISITOS DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA, LEGITIMACIÓN POR ACTIVA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, PRESUPUESTO PROCESAL, AUTO QUE RECHAZA LA ACCIÓN DE TUTELA POR FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, LEGITIMACIÓN EN EL PROCESO, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA, INDEMNIZACIÓN A LA FAMILIA DE LA VÍCTIMA, PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, REGISTRO CIVIL, CLASES DE REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO, ENTIDAD COMPETENTE PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CIVIL, REGISTRO CIVIL DE MATRIMONIO, COPIA DEL REGISTRO CIVIL DIGITAL, REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO, COMPAÑERO PERMANENTE, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, PROTECCIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, INTERÉS GENERAL, MEDIO DE CONTROL, PLAZO PERENTORIO, TÉRMINO PERENTORIO, PLAZO PRECLUSIVO, ORDEN PÚBLICO, OMISIÓN ADMINISTRATIVA, DAÑO DERIVADO DE OMISIÓN ADMINISTRATIVA, OPERACIÓN ADMINISTRATIVA, EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA, LIBERTAD DEL PROCESADO, INVESTIGACIÓN, PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, NOTIFICACIÓN, FALTA DE NOTIFICACIÓN, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, CRITERIOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, NOCIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, CLÁUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, ORDEN DE DETENCIÓN, IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO, PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO, ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO, ANTIJURICIDAD, PROPORCIONALIDAD, LESIONES, ORDENAMIENTO JURÍDICO, IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, DAÑO ESPECIAL, CARGAS PÚBLICAS, RUPTURA DEL EQUILIBRIO DE LAS CARGAS PÚBLICAS, FALLA DEL SERVICIO, REQUISITOS DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA, DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS PÚBLICAS, CONDUCTA, VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD, INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

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## Texto del documento

PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CAPTURA / LEGALIDAD DE LA CAPTURA / LEGALIZACIÓN DE LA CAPTURA / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / ELEMENTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / ACREDITACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / IMPROCEDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD
Problema jurídico:
¿Cumplieron las capturas y su legalización los requisitos previstos en los artículos 297 y 303 de la Ley 906 de 2004, sin causar un daño antijurídico que el Estado deba reparar conforme al artículo 90 de la Constitución Política?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para poder endilgar la responsabilidad a quien cause la lesión patrimonial objeto de la solicitud de restablecimiento, se ha dicho que es aquel que la persona no tiene el deber jurídico de soportar. Sumado a este elemento estructural, también se requiere de otro componente necesario e indispensable para establecer el deber de responder por los daños que cause con su acción u omisión y es el referido a su atestación a quien deba responder por aquel, lo que se conoce como imputación, que no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo. Lo anterior, por supuesto, comprende los daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella, de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para ello, principalmente por la doctrina y que han sido acogidos y aplicados por la jurisprudencia, como ocurre con la falla del servicio, con el riesgo excepcional y con el daño especial. Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere. (...)[E]l análisis que se realice entonces tendrá en cuenta tres hechos fundamentales que tuvieron lugar durante el proceso penal del que fueron objeto [las victimas] los (demandantes), a saber: i) la privación de la libertad de la que fue objeto cuando fueron capturados por agentes de la Policía Nacional; ii) la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva impuesta en su contra; iii) el cumplimiento de los términos procesales; y iv) la decisión de la Rama Judicial por medio de la cual negó el beneficio de libertad provisional a [quien se le niega libertad]. Según lo expuesto, en un primer momento, se procederá con el estudio del daño, consistente en la privación de la libertad de [las victimas] derivada de la captura. Así pues, se tiene que [normativo]. Bajo el anterior contexto, se observa que la captura de [victimas] cumplió con los requisitos (...), toda vez que la orden que impartió para ello el Juez de Control de Garantías señaló el delito y las razones por las cuales era requerido judicialmente. Además, desde que el procesado fue aprehendido por agentes de la Policía Nacional hasta que el Juez de Control de Garantías adelantó la diligencia de legalización de captura, no transcurrieron más de treinta y seis (36) horas. En efecto, se probó que el 6 de agosto de 2007, [las victimas] fueron capturados y que ese mismo día el Juzgado 5 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá adelantó la audiencia de control de legalidad, y dispuso lo pertinente en relación con los aprehendidos. Justamente, se observa que el Juez de Control de Garantías legalizó la captura de [las victimas] porque el procedimiento que se adelantó para ello fue realizado conforme a los lineamientos consagrados en el Código de Procedimiento Penal. (...) [E]n el anterior sentido, se evidencia que la captura de [las victimas] satisfizo las prerrogativas previstas en los artículos 297 y 303 de la Ley 906 de 2004. (...) En el caso sub examine se tiene que el daño alegado consiste en la privación de la libertad de [las victimas], derivada de la medida de aseguramiento impuesta por el Juzgado 5 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, la cual los demandantes califican como injusta. (...)Bajo el anterior contexto, se observa que la solicitud de imposición de medida de aseguramiento del 6 de agosto de 2007, elevada por la Fiscalía 10 Seccional de Bogotá al Juzgado 5 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, cumplió con los requisitos previstos en las normas (...), pues se fundamentó en los elementos de juicio con los que contaba la Fiscalía General de la Nación en dicho momento procesal, que eran suficientes para acompañar de manera justificada el requerimiento de la medida cautelar. Justamente, la Fiscalía 10 Seccional de Bogotá sustentó la solicitud de la medida cautelar en los elementos materiales probatorios y evidencia física recaudada, como eran: i) la entrevista a [testigos], quienes narraron las circunstancias en que ocurrió el hecho delictivo; ii) la denuncia de la [victima], quien manifestó que [las victimas] incumplieron los protocolos de seguridad (…) los elementos de convicción anteriormente mencionados, se pudo evidenciar, de forma preliminar, que [las victimas] estaban seriamente comprometidos con la conducta punible atestada, pues su relato no guardaba relación con los demás medios de convicción obrantes y, por el contrario, la experticia practicada al vehículo de transporte de valores permitía evidenciar que este no fue violentado, sino que fue abierto por sus ocupantes. Además, la solicitud de medida de aseguramiento de detención preventiva halló justificación de cara a la posible obstrucción de la justicia y a la gravedad de las conductas que se le atribuían a los procesados, pues se consideró que la modalidad del hecho punible implicaba un peligro para la seguridad (…).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 26 de agosto de 2004, exp. 11001-03-27-000-2002-0111-01 (13622), C.P. María Inés Ortiz Barbosa. Sobre caducidad y carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2017, exp. 25000-23-26-000-2006-01722-01 (49898), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sustento normativo: Código Contencioso Administrativo – artículo 136; Ley 4 de 1913 – artículo 62. Sobre caducidad y carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 23 de octubre de 2017, exp. 68001-23-31-000-2010-00950-01 (48130), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.Sobre caducidad y carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de noviembre de 2017, exp. 68001-23-31-000-2011-00903-01 (49206), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre caducidad y carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 23 de noviembre de 2017, exp. 25000-23-26-000-2009-00236-02 (54716), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre la protección de la justicia, ver: Corte Constitucional, sentencia C-574 de 1998, C.P. Carlos Gaviria Díaz.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 297, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 303
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / DAÑO ANTIJURÍDICO / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CONTROL DE LEGALIDAD / CONTROL DE LEGALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRINCIPIO DE REPARACIÓN DEL DAÑO / DAÑO ANTIJURÍDICO DERIVADO DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / NECESIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / LIMITACIÓN LEGÍTIMA DEL DERECHO A LA LIBERTAD / CONDUCTA DE LA VÍCTIMA CON CAUSACIÓN DEL DAÑO / CARGA DE LA PRUEBA / CONCEPTO DE CARGA DE LA PRUEBA / INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿Cumplieron las solicitudes y la imposición de medidas de aseguramiento los presupuestos establecidos en los artículos 295, 306, 308 y 310 de la Ley 906 de 2004, sin generar un daño antijurídico que el Estado deba reparar conforme al artículo 90 de la Constitución Política?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]egún lo expuesto, la solicitud de medida de aseguramiento elevada por el ente fiscal el 6 de agosto de 2007 cumplió con lo previsto en los artículos 295, 296 y 306 de la Ley 906 de 2004 (…) Así las cosas, se advierte que en el presente asunto la solicitud de medida de aseguramiento elevada por la Fiscalía General de la Nación estuvo ajustada al ordenamiento jurídico, sin vislumbrarse la configuración de un daño antijurídico sujeto de reconocimiento indemnizatorio en dicha actuación también se advierte que la medida de aseguramiento cumplió con los requisitos previstos en el artículo 313 de la Ley 906 de 2004, puesto que el delito de hurto calificado y agravado por el cual se investigaba a los imputados tenía prevista una pena de prisión de nueve (9) años, es decir, que excedía los cuatro (4) años de que trata la norma referida. En vista de lo expuesto, se observa que la privación de la libertad de (los demandantes) no fue injusta, puesto que la medida de aseguramiento cumplió con los presupuestos formales y sustanciales fijados en los artículos 308, 310 y 313 de la Ley 906 de 2004, toda vez que de los elementos materiales probatorios se podía inferir razonablemente que los imputados podían ser partícipes de la conducta delictiva que se investigaba, puesto que se estimó que [los demandantes] violaron todos los protocolos de seguridad de la empresa para la cual trabajaban y, pese a que se desplazaban en un vehículo blindado, se bajaron de este y entregaron el dinero que transportaban. Igualmente, se evidencia que la medida restrictiva fue necesaria, proporcional y razonable, tal y como se desprende de los elementos de prueba obrantes en el expediente, debido a la gravedad del delito por el cual estaban siendo investigados y la posible no comparecencia de los imputados al proceso, que no solo permitían sino aconsejaban la medida restrictiva de la libertad. En efecto, la medida resultaba: i) necesaria, ante la posible no comparecencia de los imputados al proceso ii) proporcional, por cuanto el delito de hurto calificado y agravado implicaba una pena privativa de la libertad superior a (4) años; y iii) razonable, de cara a la gravedad de las conductas. De igual manera, debe tenerse en cuenta que en el caso concreto la parte demandante tampoco allegó prueba alguna que permita vislumbrar que la medida de aseguramiento carecía de proporcionalidad, razonabilidad o fuera arbitraria, carga que le correspondía asumir a la parte demandante con el propósito de acreditar la injusticia de la medida cuya omisión impide establecer la antijuricidad del daño sin la cual no es posible declarar la responsabilidad a cargo del Estado. Por otra parte, debe recordarse que la libertad, como los demás derechos, salvo la dignidad humana, no tiene un carácter absoluto y su limitación resulta legítima cuando tal restricción se encuentra acorde a los parámetros leg

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

espuesta al problema jurídico: Si
[E]l artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para poder endilgar la responsabilidad a quien cause la lesión patrimonial objeto de la solicitud de restablecimiento, se ha dicho que es aquel que la persona no tiene el deber jurídico de soportar. Sumado a este elemento estructural, también se requiere de otro componente necesario e indispensable para establecer el deber de responder por los daños que cause con su acción u omisión y es el referido a su atestación a quien deba responder por aquel, lo que se conoce como imputación, que no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo. Lo anterior, por supuesto, comprende los daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella, de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para ello, principalmente por la doctrina y que han sido acogidos y aplicados por la jurisprudencia, como ocurre con la falla del servicio, con el riesgo excepcional y con el daño especial. Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere. [E]l análisis que se realice entonces tendrá en cuenta tres hechos fundamentales que tuvieron lugar durante el proceso penal del que fueron objeto [las víctimas] los [demandantes], a saber: i) la privación de la libertad de la que fue objeto cuando fueron capturados por agentes de la Policía Nacional; ii) la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva impuesta en su contra; iii) el cumplimiento de los términos procesales; y iv) la decisión de la Rama Judicial por medio de la cual negó el beneficio de libertad provisional a [quien se le niega libertad]. Según lo expuesto, en un primer momento, se procederá con el estudio del daño, consistente en la privación de la libertad de [las víctimas] derivada de la captura. [B]ajo el anterior contexto, se observa que la captura de [víctimas] cumplió con los requisitos (...), toda vez que la orden que impartió para ello el Juez de Control de Garantías señaló el delito y las razones por las cuales era requerido judicialmente. Además, desde que el procesado fue aprehendido por agentes de la Policía Nacional hasta que el Juez de Control de Garantías adelantó la diligencia de legalización de captura, no transcurrieron más de treinta y seis (36) horas. En efecto, se probó que el 6 de agosto de 2007, [las víctimas] fueron capturados y que ese mismo día el Juzgado 5 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá adelantó la audiencia de control de legalidad, y dispuso lo pertinente en relación con los aprehendidos. Justamente, se observa que el Juez de Control de Garantías legalizó la captura de [las víctimas] porque el procedimiento que se adelantó para ello fue realizado conforme a los lineamientos consagrados en el Código de Procedimiento Penal. [E]n el anterior sentido, se evidencia que la captura de [las víctimas] satisfizo las prerrogativas previstas en los artículos 297 y 303 de la Ley 906 de 2004. [E]n el caso sub examine se tiene que el daño alegado consiste en la privación de la libertad de [las víctimas], derivada de la medida de aseguramiento impuesta por el Juzgado 5 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, la cual los demandantes califican como injusta. [B]ajo el anterior contexto, se observa que la solicitud de imposición de medida de aseguramiento del 6 de agosto de 2007, elevada por la Fiscalía 10 Seccional de Bogotá al Juzgado 5 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, cumplió con los requisitos previstos en las normas (…), pues se fundamentó en los elementos de juicio con los que contaba la Fiscalía General de la Nación en dicho momento procesal, que eran suficientes para acompañar de manera justificada el requerimiento de la medida cautelar. Justamente, la Fiscalía 10 Seccional de Bogotá sustentó la solicitud de la medida cautelar en los elementos materiales probatorios y evidencia física recaudada, como eran: i) la entrevista a [testigos], quienes narraron las circunstancias en que ocurrió el hecho delictivo; ii) la denuncia de la [víctima], quien manifestó que [las víctimas] incumplieron los protocolos de seguridad (…) los elementos de convicción anteriormente mencionados, se pudo evidenciar, de forma preliminar, que [las víctimas] estaban seriamente comprometidos con la conducta punible atestada, pues su relato no guardaba relación con los demás medios de convicción obrantes y, por el contrario, la experticia practicada al vehículo de transporte de valores permitía evidenciar que este no fue violentado, sino que fue abierto por sus ocupantes. Además, la solicitud de medida de aseguramiento de detención preventiva halló justificación de cara a la posible obstrucción de la justicia y a la gravedad de las conductas que se le atribuían a los procesados, pues se consideró que la modalidad del hecho punible implicaba un peligro para la seguridad (…).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 26 de agosto de 2004, exp. 11001-03-27-000-2002-0111-01 (13622), C.P. María Inés Ortiz Barbosa. Sobre caducidad y carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2017, exp. 25000-23-26-000-2006-01722-01 (49898), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre caducidad y carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 23 de octubre de 2017, exp. 68001-23-31-000-2010-00950-01 (48130), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Sobre caducidad y carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de noviembre de 2017, exp. 68001-23-31-000-2011-00903-01 (49206), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre caducidad y carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 23 de noviembre de 2017, exp. 25000-23-26-000-2009-00236-02 (54716), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre la protección de la justicia, ver: Corte Constitucional, sentencia C-574 de 1998, C.P. Carlos Gaviria Díaz.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 297, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 303

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2025-10-21. C.P. NICOLÁS YEPES CORRALES. Rad. 25000232600020100074301. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020100074301-48681-sentencia).
