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Consejo de Estado Providencia

Contratación estatal: Sentencia

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Fecha
2023-04-24
Radicado
25000232600020100006601
Número interno
49281
Ponente
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION DE REPARACION DIRECTA
Actor
DOLLY ALEXANDRA LOZANO HURTADO
Demandado
FISCALIA GENERAL DE LA NACION

Síntesis de la providencia

Contratación estatal: Sentencia

Lo que dijo la Sala

Si bien a la aquí actora la investigación por el delito de lavado de activos se precluyó a su favor, tal determinación no se basó en elementos de juicio que demostraran una actuación arbitraria de la Fiscalía General de la Nación, sino que obedeció a la aplicación del principio in dubio pro reo, ante las dudas que no se pudieron despejar frente a su responsabilidad respecto del delito endilgado, situación que favoreció a la procesada y que no supone que la privación de la libertad de la que fue objeto haya sido injusta, de ahí que, contrario a lo alegado por la parte recurrente, no puede predicarse la existencia de un daño antijurídico. Como consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera [instancia].

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede obtener reparación por privación injusta de la libertad cuando la preclusión de la investigación se basa en el principio in dubio pro reo, ya que esta medida no implica una actuación arbitraria de la Fiscalía General de la Nación ni una privación injusta de la libertad. En el caso analizado, la Sala confirmó que la preclusión de la investigación por lavado de activos no implicaba una privación injusta de la libertad, ya que la medida de aseguramiento se había adoptado en cumplimiento de los requisitos legales y con base en indicios graves de responsabilidad. La Fiscalía aplicó el principio in dubio pro reo debido a dudas sobre la participación delictiva del contratista, lo que no constituía una actuación arbitraria ni una privación injusta de la libertad. Como resultado, la Sala reiteró que la responsabilidad patrimonial del Estado no se configura en estos casos, a menos que se demuestre claramente que la privación de la libertad fue injusta y arbitraria.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La preclusión en aplicación del principio in dubio pro reo supone una privación injusta de la libertad?

Respuesta: No

También resuelve

  • ¿Resultaba razonable inferir que la ahora demandante había participado en la comisión del delito de lavado de activos?
  • ¿Para la Fiscalía se tornaba en dudosa la participación de la demandante en el delito de lavado de activos?
  • ¿Corresponde examinar si la medida de aseguramiento fue legal, razonable, proporcionada y necesaria?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CONFIGURACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FACULTAD PRIVATIVA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO BENEFICIO DE DUDA FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL IMPUTACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO AUSENCIA DE REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO ANTIJURÍDICO CONFIRMACIÓN DEL FALLO IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL PENAL PROCEDENCIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO EXISTENCIA DEL INDICIO INDICIO GRAVE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA INFERENCIA LÓGICA PARTICIPACIÓN DELICTIVA COMISIÓN DE DELITO LAVADO DE ACTIVOS TRANSFERENCIA DE DINERO DEPÓSITO DE DINERO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DEBERES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CRITERIO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN ELEMENTOS DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO POSEEDOR DE BUENA FE DESEMPEÑO DE EMPLEO PRIVADO FAVORECIMIENTO CONCURSO DE PERSONAS EN LA CONDUCTA PUNIBLE COOPERADOR DE LA CONDUCTA PUNIBLE ALEGATOS DE LA PARTE RECURRENTE INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD INAPLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA CONTROL DE LEGALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD DE LA DECISIÓN JUDICIAL PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO JUSTIFICACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD FALTA DE COMPETENCIA DEL JUEZ ADMINISTRATIVO COMPETENCIA DEL JUEZ PENAL RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PROCEDENCIA DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD CRITERIOS DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD RÉGIMEN DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA ABSOLUCIÓN DEL ACUSADO CLÁUSULA GÉNERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO ATRIBUCIONES DEL JUEZ FALLO DE UNIFICACIÓN INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS A CARGO DEL ESTADO EFECTOS DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN CAMBIO DE JURISPRUDENCIA APLICACIÓN RETROSPECTIVA DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN RETROSPECTIVIDAD DE LA JURISPRUDENCIA FALLO DE PROVIDENCIA OBLIGATORIEDAD DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL INAPLICACIÓN DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

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Titulación de la relatoría 11.182 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN / CONFIGURACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS / ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / FACULTAD PRIVATIVA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO / BENEFICIO DE DUDA / FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL / IMPUTACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / AUSENCIA DE REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / CONFIRMACIÓN DEL FALLO Problema jurídico: ¿La preclusión en aplicación del principio in dubio pro reo supone una privación injusta de la libertad? Respuesta al problema jurídico: No [S]i bien a la aquí actora la investigación por el delito de lavado de activos se precluyó a su favor, tal determinación no se basó en elementos de juicio que demostraran una actuación arbitraria de la Fiscalía General de la Nación, sino que obedeció a la aplicación del principio in dubio pro reo, ante las dudas que no se pudieron despejar frente a su responsabilidad respecto del delito endilgado, situación que favoreció a la procesada y que no supone que la privación de la libertad de la que fue objeto haya sido injusta, de ahí que, contrario a lo alegado por la parte recurrente, no puede predicarse la existencia de un daño antijurídico. Como consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera [instancia]. AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / FACULTAD PRIVATIVA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL PENAL / PROCEDENCIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / EXISTENCIA DEL INDICIO / INDICIO GRAVE / APRECIACIÓN DE LA PRUEBA / INFERENCIA LÓGICA / PARTICIPACIÓN DELICTIVA / COMISIÓN DE DELITO / LAVADO DE ACTIVOS / TRANSFERENCIA DE DINERO / DEPÓSITO DE DINERO / REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA / DEBERES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Problema jurídico: ¿Resultaba razonable inferir que la ahora demandante había participado en la comisión del delito de lavado de activos? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala encuentra que la imposición de la medida de aseguramiento proferida […] se adoptó en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000 […], siendo procedente cuando aparecían, por lo menos, dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso. [L]a medida de aseguramiento se justificaba, por cuanto con las pruebas que había para ese momento resultaba razonable inferir que la ahora demandante había participado en la comisión del delito de lavado de activos, atendiendo al informe “Girasol”, que daba cuenta de transacciones extrañas de mucho flujo de dinero que involucraba a una empresa de la cual [la demandante] era la representante legal. FUENTE FORMAL: LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 356 CRITERIO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / ELEMENTOS DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONÓMICO / LAVADO DE ACTIVOS / PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO / POSEEDOR DE BUENA FE / DESEMPEÑO DE EMPLEO PRIVADO / FAVORECIMIENTO / COMISIÓN DE DELITO / CONCURSO DE PERSONAS EN LA CONDUCTA PUNIBLE / COOPERADOR DE LA CONDUCTA PUNIBLE / PARTICIPACIÓN DELICTIVA / CONFIGURACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Problema jurídico: ¿Para la Fiscalía se tornaba en dudosa la participación de la demandante en el delito de lavado de activos? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Fiscalía 15 Especializada […] contra el Lavado de Activos precluyó la investigación en favor de la aquí demandante, en aplicación del principio in dubio pro reo, porque la situación “no es del todo clara”, pues aquella se limitó a desempeñar un trabajo de buena fe que no tenía vicios de ilicitud, aunque “su desempeño pudo haber facilitado el tránsito delictivo de aquellos que sí de manera clara y precisa consumieron (sic) la conducta delictiva investigada”, lo cual, en criterio de dicha autoridad judicial, tornaba en “demasiado dudosa” la participación de [la demandante] en el delito de lavado de activos. ALEGATOS DE LA PARTE RECURRENTE / INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INAPLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA / CONTROL DE LEGALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD DE LA DECISIÓN JUDICIAL / PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / JUSTIFICACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / FALTA DE COMPETENCIA DEL JUEZ ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL JUEZ PENAL / RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / PROCEDENCIA DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD Problema jurídico: ¿Corresponde examinar si la medida de aseguramiento fue legal, razonable, proporcionada y necesaria? Respuesta al problema jurídico: Si [N]o le asiste razón a la parte recurrente, porque, atendiendo a la jurisprudencia aplicable en estos asuntos de privación injusta de la libertad, no opera la utilización automática de un régimen objetivo, sino que a la Sala le corresponde examinar si la medida de aseguramiento fue legal, razonable, proporcionada y necesaria, es decir, si la detención devino o no en injusta. [C]omo lo dijo la parte demandante, que a los jueces administrativos no les corresponde debatir la responsabilidad penal ni cuestionar la decisión de fondo proferida por la jurisdicción ordinaria, por lo que, desde la óptica de la responsabilidad extracontractual del Estado y atendiendo a la jurisprudencia aplicable en estos asuntos de privación injusta de la libertad, a la Sala le corresponde determinar si la restricción de la libertad que padeció la actora fue injusta o no. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CRITERIOS DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RÉGIMEN DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA / ABSOLUCIÓN DEL ACUSADO / CLÁUSULA GÉNERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ATRIBUCIONES DEL JUEZ / CONTROL DE LEGALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / JUSTIFICACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / FALLO DE UNIFICACIÓN / IMPUTACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS A CARGO DEL ESTADO Problema jurídico: ¿Al operador judicial le corresponde determinar si la privación fue legal, razonable, proporcionada y necesaria? Respuesta al problema jurídico: Si La Corte Constitucional, mediante sentencia C-037 de 1996, analizó la constitucionalidad, entre otros, del artículo 68 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y manifestó que, en los casos de privación injusta de la libertad, no era dable la reparación automática de los perjuicios, sino que el juez debía examinar la actuación que dio lugar a la medida restrictiva para determinar si existían o no méritos para proferir una decisión en ese sentido. A través de sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, la Sección Tercera de esta Corporación, con fundamento en los supuestos consagrados en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, acogió un régimen de responsabilidad objetivo en los casos de privación de la libertad cuando el sindicado era absuelto. Posteriormente, la Corte Constitucional dictó la sentencia SU-072 de 2018, a través de la cual precisó que ningún cuerpo normativo -a saber, ni el artículo 90 de la Constitución Política, ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, ni la sentencia C-037 de 1996- estableció un régimen de responsabilidad específico aplicable en los eventos de privación de la libertad, por lo que al operador judicial le corresponde determinar si la privación fue apropiada, razonable y proporcionada. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, cita: Corte Constitucional, sentencia de unificación 072 del 5 de julio de 2018, M. P. José Fernando Reyes Cuartas; Corte Constitucional, sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, en la cual se declaró la exequibilidad condicionada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996; y Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, rad. 23354, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 2700 DE 1991 - ARTÍCULO 414, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 68 EFECTOS DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / CAMBIO DE JURISPRUDENCIA / APLICACIÓN RETROSPECTIVA DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / RETROSPECTIVIDAD DE LA JURISPRUDENCIA / FALLO DE PROVIDENCIA / OBLIGATORIEDAD DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL / INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL / INAPLICACIÓN DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / FALLO DE PRIMERA INSTANCIA Problema jurídico: ¿Por regla general los cambios jurisprudenciales tienen efectos retrospectivos, por ende, se aplican a todos los casos pendientes de decisión en vía judicial y administrativa? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Subsección considera pertinente aclarar que, en cuanto a los efectos de las sentencias de unificación en el tiempo, tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional han indicado que, por regla general, los cambios jurisprudenciales tienen efectos retrospectivos, por ende, se aplican a todos los casos pendientes de decisión en vía judicial y administrativa. Conviene agregar que, en múltiples fallos de tutela, se ha señalado que los operadores judiciales deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al momento de resolver el asunto sometido a su consideración, argumento que ha servido de sustento para descartar la vulneración de derechos fundamentales en aquellas controversias en las que se alega el desconocimiento del precedente por no tener en cuenta la jurisprudencia imperante al momento de la presentación de la demanda o del fallo de primera instancia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los efectos de las sentencias de unificación en el tiempo, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 30 de julio de 2021, rad. 66941, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; Sección Primera, sentencia de 29 de abril de 2021, rad. 11001-03-15-000-2021-01372-00(AC), C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés; y Corte Constitucional, sentencia T-044 del 14 de febrero de 2022, M. P. Paola Andrea Meneses Mosquera.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000201000066011100103