Titulación de la relatoría 51.868 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / DAÑO / REPARACIÓN DEL DAÑO / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Problema jurídico:
¿Procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputable a la administración de justicia?
Respuesta al problema jurídico: Si
La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo. En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de hechos imputables a la administración de justicia.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 86
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / EFECTOS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / PLAZO / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿La caducidad de la acción de reparación directa representa un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, ver, Corte Constitucional, sentencia C-394 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; sentencia C-574 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell; sentencia C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; Así mismo, consultar, Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de febrero de 2006, exp.6871-05, C.P. Tarsicio Cáceres y sentencia del 30 de enero de 2013.
PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CADUCIDAD DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CONTEO DE LOS TÉRMINOS EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / EJECUTORIA DE LA SENTENCIA / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN / SENTENCIA ABSOLUTORIA / DERECHO A LA LIBERTAD / DERECHO DE ACCIÓN / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL
Problema jurídico:
¿Operó el fenómeno preclusivo de la caducidad de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad en el caso sub examine?
Respuesta al problema jurídico: No
La Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad de una persona, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, puesto que a partir de ese momento se hace evidente el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad. En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que el proveído del 15 de mayo de 2009, mediante el cual se declaró la extinción de la acción penal por prescripción, cobró ejecutoria tres (3) días después de su última notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Ley 600 del 2000, esto es, el 27 de mayo de 2009; ii) que los demandantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el 29 de abril de 2011, la cual se declaró fallida el 7 de julio de 2011; y iii) que la demanda se presentó el 14 de julio de 2011, es decir, antes del vencimiento de los dos (2) años establecidos en la ley.
NOTA DE RELATORÍA:
Atinente al tema, Consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de febrero de 2002, exp. 13622, C.P. María Elena Giraldo Gómez, sentencia del 19 de julio de 2017, exp. 49898, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 23 de octubre de 2017, exp. 48130, C.P. Carlos Alberto Zambrano; sentencia del 10 de noviembre de 2017, exp. 49206, C.P. Martha Nubia Velásquez Rico y sentencia del 23 de noviembre de 2017, exp. 54716, Martha Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136
REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN POR PASIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / PARENTESCO / PRUEBA DE PARENTESCO / VÍNCULO DE PARENTESCO / RAMA JUDICIAL / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO / PRUEBA DEL NACIMIENTO / COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO / COPIA AUTÉNTICA DE LA SENTENCIA / SENTENCIA PENAL / DECLARACIÓN DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO / ENTIDAD PÚBLICA / PROCESO PENAL / INVESTIGACIÓN PENAL / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL / SENTENCIA ABSOLUTORIA
Problema jurídico:
¿Tienen legitimación en la causa por activa los demandantes en el caso sub examine, al igual que cuentan con legitimación en la causa por pasiva la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran las litis. (…) (víctima), (…) (compañera permanente) (…) (hija), (…) (hermano), (…) (hermano), (…) (hermana), (…) (hermano), (…) (hermano) y (…) (hermana) están legitimados en la causa por activa, ya que el primero fue el sujeto pasivo del proceso penal identificado con el número de radicado 2003-00037, en el cual fue privado de la libertad, según da cuenta copia auténtica de las actuaciones surtidas en el proceso penal, y los demás hacen parte de su núcleo familiar, de conformidad con las copias auténticas de los correspondientes registros civiles de nacimiento y de la declaración de unión marital de hecho. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, de conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección, puesto que la primera fue la entidad que adelantó la investigación penal en contra de (…) y le impuso medida de aseguramiento, y la segunda lo condenó penalmente en primera instancia, posteriormente le concedió la libertad y, finalmente, declaró la extinción de la acción penal por prescripción
NOTA DE RELATORÍA:
: Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 25 de septiembre de 2013, exp. 20420, C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DAÑO ANTIJURÍDICO / CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / CONCEPTO DE DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique, resultando que se produce, sin derecho, al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto. Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la noción de daño antijurídico, consultar providencias de 11 de noviembre de 1999, exp. 11499, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 27 de enero de 2000, exp. 10867, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 2 de marzo de 2000, exp. 11945, C.P. María Elena Giraldo Gómez. Referente a la imputación del daño antijurídico, consultar, providencia de 18 de mayo de 2017, exp. 36386, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Acerca del daño como primer elemento que se debe analizar para establecer la responsabilidad patrimonial del Estado, consultar, providencias de 13 de agosto de 2008, exp. 16516, C.P. Enrique Gil Botero; de 6 de junio de 2012, exp. 24633, C.P. Hernán Andrade Rincón y sentencia de 5 de marzo de 2020, exp. 50264, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E). Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, consultar providencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 4 de abril de 1968.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90
REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / JUEZ / DEBERES DEL JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RÉGIMEN DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / REGÍMENES DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / REGULACIÓN NORMATIVA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / CLÁUSULA GÉNERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ANTIJURICIDAD DEL DAÑO / DETENCIÓN PREVENTIVA / DETENCIÓN PREVENTIVA DE LA LIBERTAD / MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / RAZONABILIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / NECESIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / SINDICADO / SENTENCIA ABSOLUTORIA / DAÑO ESPECIAL / TEORÍA DEL DAÑO ESPECIAL / FALLA DEL SERVICIO
Problema jurídico:
¿En eventos de privación injusta de la libertad puede el juez administrativo aplicar el régimen y título de imputación que considere se adecua a los hechos fácticos del caso que esta analizando, con base en el material probatorio que reposa en el expediente, así como en aplicación del principio iura novit curia?
Respuesta al problema jurídico: Si
Régimen de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. En desarrollo del artículo 90 constitucional, el legislador instituyó la responsabilidad del Estado por la actuación o funcionamiento de sus órganos jurisdiccionales o de sus funcionarios mediante la Ley 270 de 1996 (…) La mencionada normatividad estableció que el Estado sería patrimonialmente responsable por razón o con ocasión de la actuación judicial en los siguientes eventos: i) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) error jurisdiccional y iii) privación injusta de la libertad (…) Con relación al modelo de responsabilidad aplicable a los casos de privación injusta de la libertad, la Constitución de 1991 no privilegió ningún título de imputación en particular, por lo que en aplicación del principio iura novit curia, dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, el régimen aplicable y la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que se habrá de adoptar. Como corolario de lo anterior, los títulos de imputación aplicables por el juez deben guardar sintonía con la realidad probatoria que se presenta en el caso en particular, de manera que la solución que se ofrezca atienda realmente los principios constitucionales que rigen la responsabilidad extracontractual del Estado, así como a los fines y deberes de éste. (…) Bajo la óptica de la cláusula general de responsabilidad contenida en la Constitución, no existe fundamento para favorecer un régimen de tinte marcadamente objetivo (…) [E]n cuanto al necesario examen de la antijuridicidad del daño que se discute en el juicio de responsabilidad por una privación injusta de la libertad, se exige constatar si la orden de detención y las condiciones bajo las cuales esta se llevó a cabo se apegaron a los cánones legales y constitucionales o no, e igualmente si el término de duración de la medida de restricción fue excesivo, así como si la medida era necesaria, razonable y proporcional, de donde, si la detención se realizó de conformidad con el ordenamiento jurídico, se entenderá que el daño carece de antijuridicidad y por lo tanto quien lo sufrió no tendrá derecho a que se le indemnicen los perjuicios por su padecimiento. Así, cuando el operador jurídico o el ente acusador levanta la medida restrictiva de la libertad que pesaba sobre una persona, independientemente de la causa de dicha decisión, debe realizarse el análisis pertinente bajo la óptica del artículo 90 Superior, con el fin de identificar la antijuridicidad del daño que se discute. En el anterior sentido, el primer examen debe hacerse sobre la medida cautelar misma, pues su apego a la normatividad implica la juridicidad de la afectación, que tiene un efecto definitorio de la solución jurídica que se otorgue a la demanda en la medida en que, en el régimen colombiano de responsabilidad del Estado, este responde únicamente por los daños antijurídicos que cause en desarrollo del principio alterum non laedere pero no de aquellos que hallan amparo en el ordenamiento. Deberá establecerse si el detenido causalmente contribuyó y determinó con su actuar doloso o gravemente culposo la detención, para estimar si debe asumir las consecuencias de su actuación que pudo sentar las bases para que se adoptara la medida restrictiva de su libertad. Esta concepción de la fuente de responsabilidad en comento, si bien encuentra amplia aplicación y desarrollo en la falla del servicio, que exige el estudio de la adecuada actuación del Estado a la hora de dictar la orden de detención contra una persona y por tanto el apego de dicha medida al ordenamiento jurídico, no excluye la posibilidad de estudiar la responsabilidad derivada de la restricción a la libertad de las personas bajo alguno de los otros títulos de atribución como ocurre con el daño especial, en eventos en los cuales el sindicado sufre injustificada e inmerecidamente los rigores de la medida adoptada en debida forma por el órgano competente, pero, en tales casos, ello resulta de aplicación residual frente a la falla del servicio y puede presentarse en situaciones en las cuales el mismo reo no dio pie a la adopción de la medida dictada en su contra, donde la actuación del Estado se ajustó al ordenamiento jurídico, pero se causó un desequilibrio de las cargas públicas respecto del administrado, como cuando logra establecerse que el hecho que pretendía imputarse al detenido no existió o la conducta era objetivamente atípica, eventos en donde el daño antijurídico resulta acreditado sin mayor arrojo. Otra circunstancia sucede cuando en la sentencia penal se logra establecer que el sindicado no cometió la conducta o que fue absuelto en aplicación del principio in dubio pro reo, por cuanto en estos casos, el juez penal debe concluir su veredicto luego de un riguroso análisis probatorio que permita no solo vincular al proceso con la conducta punible sino mostrarlo como presunto autor de la misma, lo que implica el deber de auscultar los mismos bajo la óptica del régimen subjetivo de falla del servicio .
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, consultar, Corte Constitucional. sentencia SU-072 de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas y sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Así mismo, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, exp. 23354, C.P. Mauricio Fajardo Gómez
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 65, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 68
REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / DAÑO / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿Para verificar si existe responsabilidad patrimonial del Estado, es necesario analizar de forma ordenada los elementos que la conforman, es decir, el daño antijurídico y su imputación frente al Estado?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende de la sumatoria de los componentes que lo conforman. Por lo anterior, se hace necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño antijurídico y ii) su imputación frente al Estado. Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad patrimonial de la Administración
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre este aspecto, ver, Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. sentencia del 13 de agosto de 2008, exp. 16516, C.P. Enrique Gil Botero; sentencia del 6 de junio de 2012, exp. 24633, C.P. Hernán Andrade Rincón y sentencia del 5 de marzo de 2020, exp. 50264, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Así mismo, consultar, Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de abril de 1968, M.P. Antonio Moreno.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90
CAPTURA / ORDEN DE CAPTURA / ORDEN DE CAPTURA PARA INDAGATORIA / CAPTURA CON FINES DE INDAGATORIA / REQUISITOS DE LA ORDEN DE CAPTURA / FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE ARMAS DE USO PRIVATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS / SINDICADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURÍDICO / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CONCIERTO PARA DELINQUIR
Problema jurídico:
¿La captura con fines de indagatoria de la que fue objeto el demandante cumplió con los presupuestos legales que consagra la Ley para su procedencia, por lo cual, no se configuró un daño antijurídico susceptible de reparación?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e observa que la captura con fines de indagatoria de la que fue objeto (…) cumplió con el requisito previsto en el artículo 336 de la Ley 600 de 2000, pues existía mérito para aprehenderlo para que rindiera indagatoria, ya que las conductas penales por las cuales era investigado se enmarcaban en los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas y concierto para delinquir, los cuales para la época de los hechos investigados tenían una pena de prisión mínima de seis (6) años, lo que suponía que debía resolverse su situación jurídica, evento en el cual la Fiscalía General de la Nación podía prescindir de la citación para rendir indagatoria, como lo hizo al proferir la orden de captura (…). En igual sentido, se observa que la captura del sindicado para que rindiera indagatoria cumplió con el requisito previsto en el artículo 340 de la misma normativa, puesto que no tardó más de seis (6) días para realizar la indagatoria del procesado desde que fue puesto a disposición de la Fiscalía 22 Especializada de Bogotá. Justamente, debe resaltarse que el 1 de mayo de 2002, agentes del DAS dejaron a disposición de la Fiscalía 22 Especializada de Bogotá a (...), y el 3 de mayo de siguiente rindió indagatoria ante el instructor (…). Además, se evidencia que la captura del procesado cumplió con lo dispuesto en el artículo 351 de la Ley 600 de 2000, puesto que (…) fue capturado con fines de indagatoria y el mismo día fue puesto a disposición del funcionario judicial que ordenó su aprehensión. De hecho, se observa que el 1 de mayo de 2002, agentes del DAS dejaron a disposición de la Fiscalía 22 Especializada de Bogotá a (…) y en la misma fecha fue puesto a disposición de la Fiscalía 22 Especializada de Bogotá (…).
FUENTE FORMAL:
LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 336, LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 340, LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 351, LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 352, LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 354
REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / DAÑO ANTIJURÍDICO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURÍDICO / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO / TÉRMINO PROCESAL / VENCIMIENTO DEL TÉRMINO PROCESAL / INCUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO PROCESAL / CUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO PROCESAL / INDAGATORIA / DILIGENCIA DE INDAGATORIA / CAPTURA CON FINES DE INDAGATORIA / MEDIOS DE PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CARGAS PROCESALES / INCUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS PROCESALES / DETENCIÓN PREVENTIVA DE LA LIBERTAD / DETENCIÓN PREVENTIVA / SINDICADO / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Problema jurídico:
¿El demandante acreditó y demostró la existencia de un daño antijurídico derivado del vencimiento del término para definir su situación jurídica como procesado, calificar el mérito del sumario, celebrar audiencia pública y proferir sentencia, por lo cual, procede su reparación?
Respuesta al problema jurídico: No
De otro lado, frente al término procesal previsto en el artículo 352 de la Ley 600 de 2000, del (…) recuento probatorio se observa que no existe prueba en el plenario que permita acreditar un daño antijurídico derivado del vencimiento del término para formalizar la captura de (…), pues ninguna pieza del caudal probatorio permite acreditar dicha situación, carga que correspondía a la parte demandante y que no cumplió satisfactoriamente. En efecto, en el expediente no obra prueba de la formalización de la captura, ni prueba que permita determinar el término por el cual el señor (…) permaneció detenido desde que fue capturado hasta que se legalizó su captura, o la totalidad de pruebas frente a las cuales pueda hacerse el análisis para establecer si la detención con fines de indagatoria se realizó de forma ilegal, bien por el desconocimiento sustancial o procesal de una norma jurídica o por una actuación administrativa abiertamente ilegal e irracional; es decir, por no haber cumplido con el término procesal previsto en el artículo 352 de la Ley 600 de 2000, y no hallar justificación en el ordenamiento jurídico. Finalmente, se evidencia que se cumplió con el término previsto en el artículo 354 de la Ley 600 de 2000, dado que no transcurrieron más de cinco (5) días hábiles contados a partir de la indagatoria, para que el ente instructor definiera su situación jurídica. En efecto, el 3 de mayo de 2002 el sindicado rindió indagatoria ante la Fiscalía 22 Especializada Bogotá (…) y el 10 de mayo siguiente, esa misma Fiscalía resolvió la situación jurídica del procesado (…). En este orden de ideas, la Sala advierte i) que la captura de (…) para fines de indagatoria, satisfizo las prerrogativas previstas en los artículos 336, 340, 351 y 354 de la Ley 600 de 2000, y ii) que no se probó el daño antijurídico derivado del vencimiento del término procesal previsto en el artículo 352 de la Ley 600 de 2000, toda vez que no existe prueba en el plenario que permita acreditar las condiciones bajo las cuales se adelantó dicha actuación, carga que correspondía a la parte demandante que no satisfizo adecuadamente. Así, la Sala concluye que el procedimiento adelantado por la Fiscalía General de la Nación en punto a la captura de (…) estuvo ajustado a derecho, pues se cumplió con la normatividad procesal penal vigente que regula dicho trámite y se respetaron las garantías procesales y los derechos fundamentales del procesado, sin evidenciar actuaciones arbitrarias, caprichosas o contrarias al ordenamiento jurídico por parte del ente investigador o de la Rama Judicial que pudieran ocasionar la configuración de un daño antijurídico digno de ser resarcido y en el proceso no logró demostrarse lo contrario por la parte demandante.
NOTA DE RELATORÍA:
Al respecto, ver, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 21 de octubre de 2009, exp. 38892. De igual forma, consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 17 de septiembre de 2018, exp. (47273), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 336, LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 340, LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 351, LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 352, LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 354
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / NECESIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / RAZONABILIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / DETENCIÓN PREVENTIVA DE LA LIBERTAD / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DETENCIÓN PREVENTIVA / FARC / DAÑO ANTIJURÍDICO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURÍDICO / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO / INDICIO GRAVE / FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE ARMAS DE USO PRIVATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS / CONCIERTO PARA DELINQUIR / INDAGATORIA / DILIGENCIA DE INDAGATORIA / PRUEBA DOCUMENTAL / FALTA DE PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / DEFICIENCIA PROBATORIA / INCUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS PROCESALES / CARGAS PROCESALES
Problema jurídico:
¿La medida se aseguramiento que impuso la Fiscalía General de la Nación al demandante cumplió con los presupuestos o requisitos que exigía la Ley para su procedencia, siendo la misma, proporcional, necesaria y razonable, por lo cual, no se configuró un daño antijurídico susceptible de reparación?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e observa que la medida de aseguramiento impuesta el 10 de mayo de 2002 por la Fiscalía 22 Especializada de Bogotá cumplió con el requisito previsto en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, pues decretó la detención preventiva de la libertad de (…) con fundamento en varios indicios graves de responsabilidad que daban cuenta, de forma preliminar, que podía ser autor de los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, puesto que, conforme lo determinó la resolución por la cual se impuso la medida de detención preventiva, presuntamente se asoció con varias personas en diferentes oportunidades con el fin de traficar armas de uso privativo de las fuerzas armadas. (…) [E]l fundamento de la medida de aseguramiento superó las exigencias previstas en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, pues se fundó en cinco indicios graves de responsabilidad que vinculaban al sindicado como presunto autor de los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas. En efecto, la medida precautelativa se sustentó i) en que (…) en su indagatoria señaló que se había reunido en varias oportunidades con (…), quien fuera jefe de una organización criminal, tanto en territorio peruano como colombiano, ii) que el señor (…) en la misma diligencia indicó que se hospedó durante un largo periodo en la casa de (…), iii) que en su injurada (…) afirmó que tuvo conocimiento del arribo de las armas a (…) mediante los medios de comunicación. No obstante, no advirtió que (…), la persona que lo hospedó y con quien se reunió en varias oportunidades estaba involucrado en esos hechos, pese a que su nombre también fue difundido por esos hechos en los medios de comunicación, iv) que obra prueba documental que da cuenta que el señor (…) sufragó los gastos de hospedaje de (…) en un hotel en Florencia (Caquetá), y v) que de la indagatoria de (…) y los registros migratorios de éste y del señor (…), se pudo establecer que la fecha en que estas dos personas viajaron juntas a Colombia y se reunieron en Barranco Minas, coincidió con la fecha en que la organización criminal entregó a las FARC EP un cargamento de armas robadas a las fuerzas militares de Perú. las cosas, en primer lugar, se configuró un indicio de oportunidad, pues de la indagatoria de (…), se pudo establecer que este último y (…) quien fuera jefe de una organización criminal dedicada al tráfico de armas, habían concertado el tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, toda vez que se reunieron en varias oportunidades tanto en territorio peruano como colombiano a fin de materializar la entrega de unas armas a las FARC EP que fueron hurtadas a las fuerzas militares de Perú. (…) Asimismo, existía un segundo indicio de oportunidad, pues (…) en su diligencia de indagatoria indicó que se hospedó durante un largo periodo en la casa de (…). En el mismo sentido, existía un tercer indicio de oportunidad, toda vez que obra prueba documental que da cuenta que el señor (…) sufragó los gastos de hospedaje de (…) en un hotel en Florencia (Caquetá). (…) De otro lado, para la Fiscalía 22 Especializada de Bogotá se configuró un “indicio de manifestaciones posteriores”, puesto que con posterioridad al arribo del cargamento de armas robadas a las fuerzas militares de Perú a Barranco minas(…) en su injurada afirmó que tuvo conocimiento de esos hechos mediante los medios de comunicación. No obstante, el señor (…) en dicha declaración no advirtió que en dichos medios se difundió que (…), la persona que lo hospedó y con quien se reunió en varias oportunidades, era quien estaba involucrado en esos hechos. (…) A su vez, se configuró un indicio de presencia, dado que de los registros migratorios se logró establecer que (…) viajó a Colombia el 6 de junio de 1999 junto a (…), quienes fueran miembros de una organización criminal dedicada al tráfico de armas, fecha que coincide con la entrega de varios fusiles automáticos a las FARC en territorio colombiano, más exactamente en Barranco Minas, donde el señor (…) era el presidente de la junta de acción comunal. (…) De conformidad con lo anterior, se observa que la medida cautelar privativa de la libertad, satisfizo los requisitos previstos en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000 (…). Por otro lado, también se advierte que la medida de aseguramiento cumplió con los requisitos previstos en el artículo 357 de la Ley 600 de 2000, puesto que los delitos por los cuales se investigaba al indiciado tenían prevista una pena de prisión que excedía de cuatro (4) años. De hecho, los delitos por los que se investigaba a (…) eran los de fabricación, tráfico o porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas y concierto para delinquir, que según los artículos 366 y 340 de la Ley 599 de 2000 tenían una pena de prisión mínima de seis (6) años. Igualmente, la medida restrictiva fue necesaria, proporcional y razonable, tal y como se desprende de los elementos de prueba obrantes en el expediente, debido a la gravedad del delito por el cual estaba siendo investigado, que no solo permitía sino aconsejaba la medida restrictiva de la libertad. Justamente, en la medida precautelativa, el ente instructor consideró que la demostración del vínculo de (…) con (…), fue lo que motivó su vinculación penal y la imposición de medida de aseguramiento. (…) En otras palabras, se evidencia que el daño alegado encuentra amparo legal por haberse derivado de una actuación de la Administración ajustada a derecho y porque la medida de aseguramiento se dictó con fundamento en el material probatorio mínimo que exigía la ley para la adopción de tales medidas, frente a la cual la parte demandante no puede pretender indemnización de perjuicios. En efecto, la medida resultaba: i) necesaria, dado que existía el mérito probatorio suficiente para decretarla conforme al ordenamiento procesal penal vigente al momento de su imposición, determinación con la cual también se garantizó la presencia de (…) en el proceso penal que se le seguía en su contra; ii) proporcional, por cuanto los delitos por los cuales se investigaba al indiciado eran los de fabricación, tráfico o porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas y concierto para delinquir, que implicaba una pena privativa de la libertad de al menos seis (6) años de prisión; y iii) razonable, de cara a la gravedad de la conducta. De igual manera, debe tenerse en cuenta que en el caso concreto la parte demandante tampoco allegó prueba alguna que permitiera vislumbrar que la medida de aseguramiento carecía de proporcionalidad, razonabilidad o que fuera arbitraria, carga que le correspondía asumir con el propósito de acreditar la injusticia de la medida cuya omisión significa la imposibilidad de acreditar responsabilidad al Estado por la privación de la libertad de (…), pues no logró establecerse la antijuridicidad del daño que se les pudo haber causado. En vista de lo expuesto se evidencia que la medida de aseguramiento impuesta contra (…) satisfizo las prerrogativas previstas en los artículos 355, 356 y 357 de la Ley 600 de 2000.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el asunto, ver, Corte Constitucional, Corte Constitucional, sentencia SU 072 de 2018, M.P. José Fernando Reyes.
FUENTE FORMAL:
LEY 599 DE 2000 - ARTÍCULO 340, LEY 599 DE 2000 - ARTÍCULO 366, LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 356, LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 357
RAMA JUDICIAL / RESPONSABILIDAD DE LA RAMA JUDICIAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA RAMA JUDICIAL / INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA RAMA JUDICIAL / CÓMPUTO DEL TÉRMINO PROCESAL / INCUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO PROCESAL / CUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO PROCESAL / TÉRMINO PROCESAL / VENCIMIENTO DEL TÉRMINO PROCESAL / CALIFICACIÓN DEL SUMARIO / CALIFICACIÓN DEL MÉRITO DEL SUMARIO / CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA / SENTENCIA PENAL / SINDICADO / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DAÑO ANTIJURÍDICO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURÍDICO / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO / INACTIVIDAD PROCESAL / INACTIVIDAD DEL ABOGADO
Problema jurídico:
¿En el caso sub examine, la Rama Judicial incumplió con los términos procesales que consagra la Ley para calificar el mérito del sumario, celebrar audiencia pública y proferir sentencia, generándose un daño antijurídico al demandante susceptible de reparación?
Respuesta al problema jurídico: No
Contabilización de términos para calificar el mérito del sumario, celebrar audiencia pública y proferir sentencia. (…) [F]rente al término dispuesto en el numeral 4º del artículo 365 de la Ley 600 del 2000, se advierte que aunque transcurrieron más de doscientos cuarenta (240) días desde que el sindicado fue privado de la libertad hasta aquella en la que se calificó el mérito de la instrucción penal, lo cierto es que no se ocasionó un daño antijurídico al procesado, toda vez que en el presente caso se ejerció la prerrogativa dispuesta en el numeral 4º del artículo 365 de la Ley 600 de 2000 para que el procesado fuera titular del derecho de excarcelación. Justamente, se evidencia que el 1º de mayo de 2002, (…) fue capturado (…) y luego, el 30 de diciembre de 2002, el Ministerio Público solicitó la libertad provisional del sindicado por vencimiento de términos para calificar el mérito del sumario (…) a la que se accedió el mismo día (…).De otro lado, se observa que la Rama Judicial cumplió con el término dispuesto en el numeral 5º del artículo 365 de la Ley 600 de 2000, puesto que no transcurrieron más de doce (12) meses entre la fecha en que cobró ejecutoria la Resolución de Acusación y aquella en la que se celebró la audiencia pública. De hecho, el 24 de febrero de 2003 quedó ejecutoriada la Resolución de Acusación y el 16 de febrero de 2004, el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Villavicencio celebró la audiencia pública (…). A su vez, se advierte que, aunque la Rama Judicial excedió el término procesal establecido en el artículo 410 de la Ley 600 del 2000, dado que transcurrieron más de quince (15) días contados a partir de la fecha en que finalizó la práctica de pruebas y la intervención de los sujetos procesales en la Audiencia Pública y aquella en la que se profirió sentencia de primera instancia, porque el 1º de junio de 2004 finalizó la práctica de pruebas y la intervención de los sujetos procesales en la Audiencia Pública (hecho probado 7.1.20.) y solo hasta el 31 de marzo de 2005, el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Villavicencio dictó sentencia de fondo (…) lo cierto es que las consecuencias procesales derivadas de esta circunstancia son imputables a la propia víctima, pues debe recordarse que cuando se cumplen los presupuestos para obtener la libertad, es la defensa del procesado la que debe pedir tal beneficio y el funcionario competente debe decidir sobre esa solicitud89 lo cual, en el presente, caso no ocurrió. En igual sentido, es pertinente destacar que son deberes de la víctima, entre otros, los de evitar y mitigar el hecho lesivo, de donde su incumplimiento se traduce en la asunción de los efectos del daño y su imputación gravita en su propia desidia. En el sub examine se observa que la víctima no ejerció acciones como la de solicitar ante el operador judicial la concesión del derecho a la libertad por el incumplimiento o vencimiento de los términos procesales estipulados en el artículo 410 de la Ley 600 de 2000 de donde, en tal virtud, la desatención de la facultad de solicitar la libertad es imputable a su propia inactividad y por ende le corresponde asumir las consecuencias que de ello se derivan. De conformidad con lo expuesto, la Sala encuentra que las consecuencias que el vencimiento de términos pudo causar a los actores son atribuibles a la propia inactividad procesal de la propia víctima, ya que el beneficio de obtener la libertad provisional no opera de forma automática y la defensa dejó de ejercer la prerrogativa que le permitía al procesado ser titular del beneficio de excarcelación. En suma, se concluye que: i) no se causó un daño antijuridico al demandante por el vencimiento de términos dispuesto en el numeral 4º del artículo 365 y artículo 15 transitorio de la Ley 600 de 2000, ii) la privación de la libertad del actor cumplió con el término dispuesto en el numeral 5º del artículo 365 de la Ley 600 de 2000 y artículo 15 transitorio de la Ley 600 de 2000, y iii) que en cuanto al vencimiento del término establecido en el artículo 410 de la Ley 600 del 2000, las consecuencias que ello pudo causar al actor son atribuibles a la inactividad de la propia víctima, ya que la libertad provisional no opera de forma automática y la defensa no ejerció la prerrogativa que le permitía al procesado ser titular del beneficio de excarcelación.
FUENTE FORMAL:
LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 15, LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 4, LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 410
RAMA JUDICIAL / RESPONSABILIDAD DE LA RAMA JUDICIAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA RAMA JUDICIAL / INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA RAMA JUDICIAL / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / NEGACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DAÑO ANTIJURÍDICO / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURÍDICO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CONCIERTO PARA DELINQUIR / FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE ARMAS DE USO PRIVATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS / MEDIOS DE PRUEBA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / JUEZ ADMINISTRATIVO / FACULTADES DEL JUEZ ADMINISTRATIVO / TERCERA INSTANCIA / IMPROCEDENCIA DE LA TERCERA INSTANCIA / PROCESO PENAL / LIBERTAD PROVISIONAL / REQUISITOS DE LA LIBERTAD PROVISIONAL / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL / CUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO PROCESAL / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / RAZONABILIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / NECESIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Se configuró responsabilidad patrimonial de la Rama Judicial por privación injusta de la libertad derivada de la condena impuesta por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Villavicencio contra el demandante por los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, acreditándose la existencia de un daño antijurídico, por lo cual, procede su reparación?
Respuesta al problema jurídico: No
La condena impuesta por el Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado de Villavicencio. Por otro lado, se procederá al estudio del daño alegado, consistente en la privación de la libertad de (…) derivada de la condena impuesta por el Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, la cual es calificada como injusta por los demandantes. (…) En suma, se observa que el Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado de Villavicencio condenó a (…) a 126 meses de prisión por ser autor de los delitos de concierto para delinquir y, fabricación, tráfico o porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, luego de constatar que su conducta se adecuaba a los tipos penales de fabricación, tráfico o porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas y concierto para delinquir, y valorar las pruebas que permitían corroborarlo, a saber: i) la declaración realizada por el procesado (…), quien indicó que vio en cinco oportunidades a (…) reunido con el guerrillero (…) y ii) la declaración realizada por (…), exmiembro de las FARC, quien afirmó conocer al señor (…) y su relación con el guerrillero (…). Adicionalmente, sostuvo que los viajes realizados por el señor (…) tenían vinculación directa con las FARC. Y, pese a que mediante proveído del 15 de mayo de 2009 el Tribunal Superior de Villavicencio finalizó la actuación penal con cesación del procedimiento por prescripción de la acción penal, lo cierto es que el Juzgado 4 Penal del Circuito de Bogotá no ocasionó un daño antijurídico a los demandantes, porque se evidencia que la sentencia proferida el 31 de marzo de 2005 se fundó en pruebas válidamente allegadas al proceso, así como en la normatividad penal vigente. En ese estado de cosas, debe advertirse que en modo alguno el juez de lo contencioso [no] está autorizado para revisar nuevamente el proceso penal como si se tratase de una “tercera instancia” y por ende las sentencias que allí se dictaron, razón por la que está vedado en este asunto pronunciarse de los hechos delictivos en que se fundamentaron los acontecimientos que dieron origen al ya referido proceso penal. Por lo demás, adicionalmente, se evidencia que la Rama Judicial no ocasionó un daño antijurídico al procesado, pues mediante proveído del 8 de mayo de 2007 se le concedió el beneficio de libertad provisional al estimar que había cumplido las tres quintas partes de la condena impuesta por el Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado de Villavicencio (…). Justamente, al haber concedido la libertad al procesado por el cumplimiento de las tres quintas partes de la pena se garantizó el derecho contenido en el artículo 64 de la Ley 599 de 2000, actuación que, en virtud del artículo 480 de la Ley 600 de 2000 requería de la petición del condenado y cuya inacción voluntaria no habría podido dar pie a lograr el provecho referido (…). Es menester recordar que, si el juez ante quien se formula la petición de libertad condicional por parte de un condenado niega dicha solicitud, a pesar de cumplir ésta con las exigencias legales, se estará frente a un caso de prolongación ilegal de la privación de la libertad, lo cual no se acreditó en el presente caso. Con todo, es pertinente resaltar que si bien el Tribunal Superior de Villavicencio mediante proveído del 15 de mayo de 2009 declaró la extinción penal en favor de (…) por haber operado el fenómeno de la prescripción, lo cierto es que existía una decisión precedente, esto es la sentencia del 31 de marzo de 2005 proferida por el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, que lo había condenado a la pena de prisión de ciento veintiséis (126) meses, como coautor de los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, pues el simple paso del tiempo que conduce a la prescripción de la acción penal es insuficiente para hallar establecida la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, si en el transcurso del proceso penal se respetaron todas las instancias y términos procesales, el debido proceso, la orden de privación halló justificación y la misma no resultó arbitraria, sino que fue fruto de la debida ponderación de circunstancias de acuerdo con la gravedad del delito, resultando en su momento proporcional, necesaria y razonable, en los términos referidos anteriormente en este fallo. En suma, la Sala concluye que en el caso sub examine no se configuró el daño antijurídico como elemento primario y esencial de la responsabilidad, lo que hace infructuoso el análisis de los demás elementos del instituto indemnizatorio e inclusive el estudio de una eventual causa extraña, pues debe recordarse que la responsabilidad es una institución de carácter derivado que depende necesariamente de la suma y presencia condicional de la totalidad de sus elementos y que, ante la ausencia de alguno de estos, no puede reconocerse la obligación de reparar. En consecuencia, con lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia del 11 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que negó las pretensiones de la demanda, según lo dicho en precedencia.
NOTA DE RELATORÍA:
Al respecto, consultar, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 5 de julio de 2007, exp. 07001-23-31- 000-2007-00002-01, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
FUENTE FORMAL:
LEY 599 DE 2000 - ARTÍCULO 64, LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 232, LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 238, LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 340, LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 366, LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 480