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¿Bajo qué condiciones, excepciones y requisitos legales resulta jurídicamente procedente que un servidor público celebre un contrato de prestación de servicios con una entidad estatal, y qué consecuencias se derivan de hacerlo cuando no media una excepción legal?
El artículo 127 de la Constitución Política prohíbe que los servidores públicos celebren contratos con entidades públicas o con personas privadas que manejen recursos públicos, salvo las excepciones previstas expresamente en la ley. Por tratarse de una prohibición de rango constitucional, sus excepciones se interpretan de manera restrictiva y no admiten extensiones analógicas. El artículo 128 de la Constitución, sobre la doble asignación del Tesoro Público, se analiza junto con esa prohibición, y la jurisprudencia ha reconocido que ciertos vínculos, como el de los profesores ocasionales y de cátedra, tienen un régimen propio. La Sentencia C-006 de 1996 declaró inexequible la exclusión de los profesores ocasionales de las universidades estatales del régimen prestacional, lo que el documento cita para delimitar el alcance de esas excepciones. Con esa base, la procedencia de que un servidor público celebre un contrato depende de que exista una excepción legal expresa que la autorice, y no de la sola voluntad de las partes. En la práctica, antes de celebrar el contrato, la entidad debe verificar si el contratista ostenta la calidad de servidor público y si la excepción legal aplicable se acredita de manera expresa.síntesis automática
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Usted realiza la siguiente pregunta: “quisiera saber si para la contratación estipulada en el parágrafo del artículo 5 de la ley 687 de 2001 se puede realizar de manera directa con una ESAL y por ende si se debe cumplir con todo lo reglamentado en el decreto 092 de 2017, en especial con las reglas contempladas en el artículo 5 del precitado decreto”.
Quisiera saber si para la contratación estipulada en el parágrafo del artículo 5 de la ley 687 de 2001 se puede realizar de manera directa con una ESAL y por ende si se debe cumplir con todo lo reglamentado en el decreto 092 de 2017, en especial con las reglas contempladas en el artículo 5 del precitado decreto.
También resuelve:Constitución política: regímenes de contratación, normas especiales, régimen de contratación aplicable, regímenes de contratación / constitución políticaConvenios parágrafo artículo 5 ley 687 de 2001: Artículo 8 Ley 1276 de 2009, Artículo 16 Ley 1850 de 2017, régimen de contratación aplicableContratación con esal: contrato de colaboración, objeto, alcance, convenios de asociación
¿Debe aplicarse al caso sub examine, la ley 678 de 2001 en aplicación del principio de irretroactividad? Sí
La Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta su derogación, y que, cuando los hechos son posteriores a esa vigencia, la ley rige el análisis del dolo o de la culpa grave del demandado. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, en virtud del principio de irretroactividad, los hechos anteriores a la vigencia de la ley continúan regidos por la normativa anterior, mientras que los posteriores quedan sometidos a ella. Segunda, el contrato de compraventa del caso fue suscrito con posterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, de modo que sus aspectos sustanciales se rigen por esa ley. Tercera, el régimen aplicable determina las presunciones de dolo y de culpa grave, que el juez debe valorar conforme a esa normativa. La providencia confirma la decisión y reitera la jurisprudencia sobre la aplicación temporal de la ley. La consecuencia práctica es que la fecha del hecho generador, y no la de la demanda, define la ley sustancial que rige la repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La conducta del demandado en condición de director técnico de predios del IDU, puede ser calificada como gravemente culposa en aplicación del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, es decir…¿Procede la condena en costas procesales en segunda instancia por concepto de agencias en derecho en el caso sub examine, en cuanto se resolvió de forma desfavorable el recurso de apelación?
¿Puede una fundación sin ánimo de lucro en Colombia celebrar un convenio con una entidad pública nacional para ejecutar un proyecto social, y recibir aportes o donaciones del sector público, sin vulnerar las restricciones legales establecidas en la legislación vigente sobre la contratación estatal y el manejo de recursos públicos?
En Colombia, una fundación sin ánimo de lucro (ESAL) puede celebrar un convenio con una entidad pública nacional para ejecutar un proyecto social y recibir aportes del sector público, siempre que se cumpla con la normativa vigente en cuanto a contratación estatal y manejo de recursos públicos, en particular la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 092 de 2017. Estos convenios deben seguir un proceso de selección competitivo, salvo en casos específicos donde la ESAL aporte recursos equivalentes o superiores al 30% del valor total del convenio, en cuyo caso la entidad pública debe verificar que no existan otras fundaciones que ofrezcan aportes similares.
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¿Qué objetos contractuales se pueden ejecutar a través de un contrato de colaboración regido por el Decreto 092 de 2017?
Mediante el contrato de colaboración del artículo 2 del Decreto 092 de 2017 la entidad estatal puede impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes seccionales de desarrollo, en los términos del artículo 355 de la Constitución Política. Su objeto es promover acciones de fomento social en beneficio de los sectores más desprotegidos, con propósito asistencial y altruista y no como instrumento económico, por lo que no genera contraprestación directa para la entidad ni una relación conmutativa con la entidad sin ánimo de lucro. Se diferencia del convenio de asociación del artículo 96 de la Ley 489 de 1998, en el que la entidad y el particular desarrollan conjuntamente actividades relacionadas con los cometidos de aquella mediante aportes y no pagos. Por regla general, la entidad debe adelantar un proceso competitivo para seleccionar a la entidad sin ánimo de lucro y es autónoma en su configuración, siempre que garantice la libre concurrencia, la pluralidad de interesados y la comparación objetiva de las ofertas, sin que ello implique una remisión total a las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.síntesis automática
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¿La celebración de un contrato de donación de bienes muebles de propiedad de una entidad territorial requiere autorización previa del concejo municipal para que el alcalde pueda suscribirlo válidamente?
El alcalde de una entidad territorial puede celebrar un contrato de donación de bienes muebles sin necesidad de autorización previa del concejo municipal, siempre y cuando dicha facultad no esté limitada por la Constitución, la ley o los acuerdos municipales expedidos en desarrollo del numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política. Esta regla se basa en la distribución constitucional de competencias entre los órganos municipales y en la interpretación de que la autorización del concejo no es un requisito general para toda contratación estatal, sino que se aplica solo en los casos específicamente establecidos por la ley o el acuerdo municipal. Además, la celebración de este tipo de contratos debe cumplir con los procedimientos de selección y los estudios previos exigidos por el EGCAP y las normas de transparencia, y no debe violar la prohibición del artículo 355 de la Constitución Política, que prohíbe auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. Esta decisión reitera y matiza la interpretación de la competencia del alcalde en la celebración de contratos de donación, permitiendo una mayor flexibilidad en la gestión de bienes públicos siempre que se cumplan con los requisitos legales y constitucionales.síntesis automática
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Usted realiza la siguiente pregunta en relación con los convenios mencionados en el parágrafo del artículo 8 de la Ley 1276 de 2009, modificado por el artículo 16 de la Ley 1850 de 2017: «… por tratarse de convenios autorizados de manera especial por una ley, es posible que las entidades que suscriben este tipo de convenios puedan adelantar adicionales sin tener el limitante del 50% del valor inicial contemplado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, o si los mismos…
En relación con los convenios mencionados en el parágrafo del artículo 8 de la Ley 1276 de 2009, modificado por el artículo 16 de la Ley 1850 de 2017, «… por tratarse de convenios autorizados de manera especial por una ley, es posible que las entidades que suscriben este tipo de convenios puedan adelantar adicionales sin tener el limitante del 50% del valor inicial contemplado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, o si los mismos, se encuetran cobijados también por esta reglamentación».
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¿Es válido que la Entidad Estatal pacte y reconozca costos y gastos operativos u operacionales o administrativos a favor de la ESAL, teniendo en cuenta que la ESAL incurre en aportes económicos o financieros en virtud del cumplimiento de las funciones u obligaciones y los compromisos adquiridos?
En primer lugar, los convenios suscritos en el marco del segundo inciso del artículo 355 de la Constitución Política de 1991 deben tener por objeto la ejecución de programas o actividades de interés general, para los cuales la Administración Pública no se obliga a realizar un pago a favor del contratista, que funja como contraprestación económica por su labor, en la medida en que las ESAL actúan como sujetos que cooperan para la finalidad conjunta querida por las partes.
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¿Son de los contemplados en el Decreto 092 de 2017?
Los convenios que hace referencia, dicha disposición legal, ¿son de los contemplados en el Decreto 092 de 2017?, Colombia Compra Eficiente considera que los convenios a los que se refiere el artículo 8 de la Ley 1276 de 2009, modificado por el artículo 16 de la Ley 1850 de 2017, están regulados por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública «EGCAP», esto es, por la Ley 80 de 1993 y sus normas complementarias y reglamentarias. Eventualmente, estos convenios pueden estar regulados por las disposiciones especiales contenidas en el Decreto 092 del 2017, siempre que se den las condiciones para tal fin. Esto último es la excepción y aquello constituye la regla general.
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¿Es legalmente factible realizar contrataciones públicas bajo el amparo del Decreto 092 de 2017 en el caso de que el Plan de Desarrollo Municipal aún no haya sido aprobado?
Los contratos de colaboración con entidades sin ánimo de lucro, fundados en el artículo 355 de la Constitución Política y regulados en el artículo 2 del Decreto 092 de 2017, exigen que los programas o actividades que se pretenden impulsar aparezcan en el plan de desarrollo respectivo y resulten coherentes con ese instrumento de planeación. Por ello, deben tener por objeto actividades relacionadas con planes de desarrollo vigentes al momento de la celebración del contrato, es decir, que ya hayan surtido todo el procedimiento previsto en el ordenamiento jurídico, y no pueden celebrarse respecto de actividades que constan en proyectos de planes de desarrollo en trámite de aprobación. El objeto no tiene que estar previsto explícitamente en el plan, sino ser acorde con él, pues el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el literal a) del artículo 2 del Decreto 092 de 2017 al considerar que la norma constitucional solo restringe la causa o finalidad del contrato. Por regla general, la entidad estatal debe adelantar un proceso competitivo para seleccionar a la entidad sin ánimo de lucro, según el artículo 4 del mismo decreto.síntesis automática
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2019_18001-23-40-000-2016-00001-01_2019-05-16Sección Primera
Marco normativo,Ecológica,Normativa,Incumplimiento,Funciones,Autonomía del juez,Ejecución del contrato,Plazo – Mes: mayo – Año: 2019…
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76001233100020100188102 de 20262026-05-31Sección TerceraRad. 76001233100020100188102
El contratista no puede ejercer la acción de controversias contractuales para declarar la existencia de un contrato de comodato después de que vence el término de caducidad, establecido en el Código Contencioso Administrativo y la Ley 446 de 1998, que en ausencia de disposiciones específicas para este tipo de pretensión, se rige por el plazo general de dos años a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado declara de oficio la caducidad de la acción respecto a la pretensión de existencia del contrato de comodato, consolidando así la estabilidad jurídica y la seguridad de las partes, y negando las demás pretensiones de la demanda. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos procesales para evitar la pérdida de la facultad de accionar, lo que implica que los contratistas deben ser rigurosos en el cumplimiento de los términos legales para presentar sus reclamos.síntesis automática
También resuelve:Caducidad de la acción: finalidad, definición, sanción ipsoAcción de controversias contractuales: cca artículo 136 literal e) hnumeral 10, Ley 446 de 1998 artículo 44, oportunidad para demandar, pretensionesContrato de comodato: Código Civil artículo 2220, definición, naturaleza gratuita, tenencia del bien
¿Cuáles son los convenios que regula de manera total y parcial el Decreto 092 de 2017?
En primer lugar, el artículo 355 de la Constitución Política de 1991 consagró una prohibición expresa para todas las ramas del poder público consistente en que aquellas no pueden otorgar auxilios y donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. Sin embargo, el mismo artículo faculta a los gobiernos, nacional, departamentales, municipales y distritales para que suscriban contratos con las Entidades Sin Ánimo de Lucro-ESAL y de reconocida idoneidad, siempre que el objeto contractual tuviera como propósito el impulso de programas y actividades de interés público acordes con los planes de desarrollo correspondientes, dejando en cabeza del Gobierno Nacional la reglamentación de tales negocios jurídicos.
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¿La condición de persona retirada de la Fuerza Pública beneficiaria de asignación de retiro constituye causal de inhabilidad, incompatibilidad, prohibición o conflicto de interés para participar en procesos de selección y para celebrar contratos con entidades estatales?
El contratista no está inhabilitado para participar en procesos de selección o celebrar contratos con entidades estatales por ser retirado de la Fuerza Pública y percibir asignación de retiro, ya que la ley no establece una causal específica que lo prohíba, y la interpretación restrictiva de las inhabilidades impide crear nuevas causales por analogía. La capacidad para contratar es la regla general, mientras que las inhabilidades e incompatibilidades son excepciones taxativas que solo pueden ser establecidas por el legislador. Además, los conflictos de interés deben ser tipificados de manera objetiva y clara en los pliegos de condiciones, y la entidad estatal debe verificar previamente que el proponente no incurre en inhabilidades o conflictos de interés, lo que implica que la condición de retirado de la Fuerza Pública no constituye una restricción a la capacidad contractual.síntesis automática
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¿Existe contraprestación directa en favor de la entidad estatal?
En ese sentido, se regulan dos eventos: i) los contratos del artículo 355 de la Constitución Política con el fin impulsar programas y actividades de interés público de acuerdo con el Plan Nacional o los planes seccionales de desarrollo; regulados por los artículos 2, 3 y 4 del mencionado Decreto y del numeral V de la Guía para la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente y, para el tema que nos ocupa, ii) los convenios de asociación, para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con las funciones de las entidades estatales, en desarrollo del artículo 96 de la Ley 489 de 1998, regulados en los artículos 5, 6, 7 y 8 del mismo cuerpo normativo y del numeral VI de la Guía previamente citada. Por ese motivo, el Estado no puede esperar a cambio algo que le produzca un provecho en esta contratación.
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¿Es suficiente la inclusión de una actividad en el Plan de Desarrollo para configurar el “interés público” en la contratación con una ESAL, o debe demostrarse un beneficio social real y directo para la comunidad, más allá de obligaciones legales o administrativas de la entidad estatal?
La contratación con entidades sin ánimo de lucro para impulsar programas de interés público se rige por el artículo 355 de la Constitución, la Ley 489 de 1998 y el Decreto 092 de 2017, que distingue los contratos de colaboración o de interés público, regulados en su artículo 2, de los convenios de asociación, regulados en su artículo 5. Los programas deben estar acordes con el plan nacional o los planes seccionales de desarrollo y perseguir el interés público, y no el interés de un particular, porque la actuación estatal debe orientarse a satisfacer ese interés. Según la Corte Constitucional, los convenios de colaboración tienen un propósito esencialmente benéfico y asistencial, no económico, y exigen un grado aceptable de reciprocidad por parte del beneficiario. Por eso, el encaje en el plan de desarrollo es un requisito que debe sumarse a que el programa efectivamente persiga el interés público. En los convenios de asociación, en cambio, las partes suman voluntades y recursos para cumplir el objetivo común, sin pactar remuneración. La consecuencia práctica es que la entidad debe documentar en los estudios previos cómo el programa responde al plan de desarrollo y al interés general.síntesis automática
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¿Es jurídicamente procedente y financieramente viable suscribir un convenio de asociación cuya ejecución se extienda más allá del año 2025, considerando el principio de anualidad presupuestal?
El contratista puede suscribir convenios de asociación cuya ejecución se extienda más allá del año 2025, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales y se defina con precisión su objeto, término, obligaciones de las partes y aportes, sin contraprestación o pago entre las partes. Estos convenios deben estar en consonancia con el artículo 355 de la Constitución Política y el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, y deben ser financiados con recursos propios de la entidad estatal y aportes de la Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL) en porcentajes inferiores al 30% en dinero propio o de cooperación internacional. La entidad pública debe definir en cada caso concreto la forma de adelantar su gestión contractual, sin que Colombia Compra Eficiente pueda validar sus actuaciones, lo que implica que cada entidad debe evaluar cuidadosamente la viabilidad financiera y jurídica de estos convenios en el marco de la anualidad presupuestal.síntesis automática
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¿Es necesario elaborar una invitación de cotización pública previa para realizar un convenio de asociación de manera directa con una ESAL que aporta más del 30% y tiene reconocida idoneidad?
La entidad estatal puede obviar el proceso competitivo y celebrar directamente un convenio de asociación con una entidad sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad cuando esta comprometa recursos en una proporción igual o mayor al 30% del valor total del convenio, conforme al artículo 5 del Decreto 092 de 2017; esos aportes deben ser en dinero, pues los aportes en especie no cuentan para el porcentaje mínimo, y pueden provenir de recursos propios de la ESAL o de cooperación internacional. Sin embargo, si hay más de una ESAL que ofrezca comprometer recursos en dinero en esa proporción, la entidad debe seleccionarla de forma objetiva y justificar los criterios, mediante un procedimiento competitivo o el que defina en su manual de contratación, garantizando la comparación de ofertas sin valoraciones subjetivas y dejando constancia de los criterios en los estudios y documentos previos. La selección objetiva exigida no implica una remisión total a las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, sino el diseño de herramientas que permitan comparar objetivamente a las ESAL. Estos convenios desarrollan el artículo 96 de la Ley 489 de 1998.síntesis automática
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¿Qué garantía debe estipularse en un convenio de asociación para respaldar un desembolso temprano, si no se puede pactar los amparos de buen manejo y correcta inversión del anticipo y la devolución de pago anticipado?
El contratista debe incluir en un convenio de asociación mecanismos de cobertura de riesgos que garanticen una administración y mitigación de riesgos ante desembolsos tempranos, ya que estos convenios no permiten pactar garantías de buen manejo y correcta inversión del anticipo ni la devolución de pagos anticipados. La entidad pública definirá en cada caso concreto los mecanismos de cobertura de riesgos, lo que implica que no existe un criterio universal y que cada entidad debe adoptar la decisión que considere pertinente en el procedimiento contractual específico.síntesis automática
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