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Consejo de Estado
Providencia
No procede el decreto de la prueba testimonial, ante el incumplimiento del requisito establecido en el artículo 212 del CGP, referente a la enunciación de los hechos objeto de la prueba.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2025-02-27
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 25000233600020190026501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede el decreto de la prueba testimonial, ante el incumplimiento del requisito establecido en el artículo 212 del CGP, referente a la enunciación de los hechos objeto de la prueba? No
El contratista no puede obtener el decreto de prueba testimonial cuando no enuncia con claridad los hechos que pretende acreditar, conforme al artículo 212 del Código General del Proceso, lo que impide al juez determinar la pertinencia de cada declaración. Además, si la solicitud de prueba no fue debidamente controvertida en el recurso de apelación, no es procedente analizar su aplicabilidad en segunda instancia. Sin embargo, si la parte actora cumple con los requisitos previstos en el artículo 266 del CGP y la entidad demandada omite entregar el expediente administrativo completo, es procedente decretar la exhibición de documentos para garantizar que el litigio se decida con toda la información necesaria.síntesis automática
También resuelve:
¿Se debe analizar la aplicabilidad del artículo 212 del CGP, respecto de la declaración del representante legal del consorcio, a pesar de que dicho aspecto no fue controvertido en sede de apelación?
¿Resulta procedente decretar la exhibición de documentos si la parte actora cumplió con los requisitos previstos en el artículo 266 del CGP y si la exigencia de consecución de los documentos es…
¿Resulta procedente analizar la solicitud contenida en el recurso de apelación alusiva al decreto de prueba de oficio, a pesar de que en el auto recurrido no se hizo ninguna referencia sobre este…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La Subsección es competente para desatar el presente recurso vertical
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2025-11-07
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Rad. 25000233600020240056301
LEY 1437 REPETICION
¿Es competente la Subsección para conocer y resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto que rechazó la demanda? Sí
El contratista no puede interponer un medio de control de repetición cuando el pago realizado por la entidad estatal proviene de una sanción administrativa impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, ya que esta no constituye una condena judicial, conciliación u otro mecanismo que ponga fin a un conflicto por un daño antijurídico. La sanción administrativa se expide en el marco de un proceso sancionatorio por incumplimiento de normas y procedimientos, y no causa un daño antijurídico a la entidad, sino que se trata de un daño que está en el deber jurídico de soportar, en tanto es parte de las instituciones públicas sometidas al control del Estado como desarrollo de la facultad sancionatoria. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y limita la procedencia del medio de control de repetición en casos de sanciones administrativas, lo que implica que el contratista no podrá obtener indemnización por dichas sanciones.síntesis automática
También resuelve:
¿El medio de control de repetición es procedente cuando provenga de una condena judicial, de una conciliación u de otro mecanismo que haya puesto fin a un conflicto por un daño antijurídico?
¿Es improcedente el medio de control de repetición cuando el pago realizado por la entidad proviene de una sanción administrativa impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios…
¿Es improcedente la condena en costas por cuanto no se causaron?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La nulidad derivada de la pretermisión íntegra de una instancia es insaneable, por lo tanto, en ningún caso los vicios derivados de esta irregularidad pueden ser subsanados.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve nulidades procesales
2025-02-04
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 47001233300020190067201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La nulidad derivada de la pretermisión íntegra de una instancia es insaneable, por lo tanto, en ningún caso los vicios derivados de esta irregularidad pueden ser subsanados? Sí
El Tribunal determina que la nulidad derivada de la pretermisión íntegramente de una instancia es insaneable, por lo que no admite la subsanación de los vicios generados por esta irregularidad, incluso si la parte afectada manifiesta su conformidad. Esta regla se fundamenta en la omisión del Tribunal Administrativo de efectuar el control de admisibilidad de la demanda presentada por la Aseguradora, impidiendo así el análisis de los presupuestos procesales y requisitos formales necesarios para su admisión, lo que afecta el debido proceso y el derecho de defensa de las partes. Además, la falta de traslado de la demanda a la UMAG en los términos del artículo 172 del CPACA, impide que esta pueda proponer excepciones y solicitar pruebas, configurando una causal de nulidad procesal insaneable que impide la adición de la sentencia en segunda instancia. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre la imposibilidad de subsanar nulidades insaneables, lo que implica que los procesos en los que se produzca esta irregularidad quedarán anulados sin posibilidad de rectificación.síntesis automática
También resuelve:
¿La nulidad se configuró debido a que el Tribunal Administrativo no se pronunció sobre las pretensiones y cargos de nulidad formulados por la aseguradora…
¿La omisión del Tribunal configura una causal de nulidad procesal insaneable, lo que impide la adición de la sentencia en segunda instancia?
¿Las nulidades saneables el juez no puede declararlas de oficio, en cualquier estado del proceso, y de no haberse subsanado…
DECLARA NULIDAD
Consejo de Estado
Providencia
Dada la ausencia de cualquier otro medio de prueba que dé cuenta de la gravedad de la conducta endilgada y en tanto ésta se establece como requisito sine qua non para la prosperidad de la acción de repetición en los términos del artículo 90 Constitucional, sus pretensiones deben ser denegadas.
Sentencia — Sentencia
2023-03-31
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 27001233300020140013101
LEY 1437 REPETICION
¿En el marco del medio de control de repetición, se materializó la imputación subjetiva contra el exsoldado a título de dolo o culpa grave ? No
Cuando una entidad estatal es condenada con fundamento en la falla del servicio, esa condena no basta para probar el dolo o la culpa grave del servidor en el proceso de repetición. La regla se sostiene en tres razones. Primera, el juez de repetición debe valorar si la desatención de los deberes funcionales fue de tal magnitud que obligue al servidor a restituir la condena, sin que baste insistir en el incumplimiento del deber legal que motivó la condena. Segunda, las providencias de reparación directa que sustentaban la pretensión imputaban riesgo excepcional, no falla, y sus consideraciones no prueban por sí solas la imputación subjetiva. Tercera, el uso de un arma de dotación oficial, sin prueba de los demás elementos de tiempo, modo y lugar, no permite deducir dolo ni culpa grave, que es requisito de la repetición según el artículo 90 de la Constitución. Por ello se confirmó la negativa de las pretensiones. La providencia reitera esa jurisprudencia sobre la prueba de la culpa grave.síntesis automática
También resuelve:
¿Ser condenada una entidad del Estado con fundamento en la falla del servicio, es suficiente para probar el dolo o culpa grave del funcionario en el proceso de repetición?
¿En un proceso de repetición se reclama probar no solo la condena impuesta al Estado y su cumplimiento, sino también la culpa grave o el dolo del agente?
¿La condena a una entidad estatal a través de un juicio previo conlleva la responsabilidad del agente o exagente del Estado que eventualmente hubiere dado lugar a la misma?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La parte demandada desvirtuó las presunciones de dolo y culpa grave
Sentencia — Sentencia
2023-07-19
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 25000232600020110121601
ACCION DE REPETICION
¿La parte demandada desvirtuó las presunciones de dolo y culpa grave ? Sí
En este proceso, el demandado desvirtuó la presunción de dolo y culpa grave (arts. 5.4 y 6.1 Ley 678 de 2001). Sólo se probó que un juzgado impuso medida de aseguramiento contra el demandado, pero no se acreditó que fue declarado penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por el daño que sirvió de fundamento para la condena a la entidad demandante. No se acreditaron… las circunstancias de modo en que ocurrió el disparo, ni que el daño fue consecuencia de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. El Tribunal estimó que la conducta de la víctima incidió en la ocurrencia del accidente y no fue posible establecer cómo ocurrió el disparo, conforme a las pruebas técnicas de este proceso.
También resuelve:
¿Se valora si la desatención del deber funcional del servidor público fue de tal magnitud que lo obliga a restituir al Estado la condena en su contra?
¿El demandado tiene la posibilidad de desvirtuar la presunción legal?
¿El término para formular la acción de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Alegó que los médicos no tuvieron en cuenta la naturaleza y estado de la herida
Sentencia — Sentencia
2023-04-13
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 18001233100020120001201
ACCION DE REPETICION
¿Los médicos demandados desvirtuaron la presunción de culpa grave del numeral 1.° del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, por inexcusable violación o extralimitación en el ejercicio de sus funciones? Sí
En la acción de repetición contra médicos vinculados a una institución pública de salud, la culpa grave se analiza en sus actuaciones individuales, según la especialidad y las funciones de cada uno, conforme al numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001. La regla se apoya en que la responsabilidad patrimonial de cada servidor es individual, de modo que la presunción de culpa grave por inexcusable omisión o extralimitación debe examinarse respecto de cada profesional. Por ello, no basta con imputar a todo el equipo médico la conducta de uno de sus integrantes. En el asunto, la entidad demandante pagó la condena por la muerte de un paciente, y la Sala confirmó la decisión que negó la repetición porque los médicos demandados desvirtuaron la presunción de culpa grave. En la práctica, la entidad que repite contra varios médicos debe demostrar la conducta gravemente culposa de cada uno según sus funciones.síntesis automática
También resuelve:
¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa…
¿La acción de repetición procede para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando una entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un…
¿La entidad que pagó una condena, por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor público…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
A ello se dio cumplimiento a través del respectivo contrato 6001-2016
Sentencia Conflicto Armado — Sentencia
2025-03-07
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000233600020180101501
LEY 1437 REPETICION
¿Cuenta con legitimación en la causa por activa el patrimonio autónomo PAP Fiduprevisora S.A. - Defensa jurídica extinto departamento administrativo DAS y su fondo rotatorio, representado por la Fiduciaria La Previsora S.A., dado que el artículo 238 de Ley 1753 de 2015, estableció que los procesos en los que tuviera interés el extinto DAS serían asumidos por un patrimonio autónomo, cuando éstos no guardaran relación con funciones trasladadas a otras entidades? Sí
El patrimonio autónomo constituido para asumir los procesos en los que tenía interés el extinto departamento administrativo de seguridad, cuando estos no guardan relación con funciones trasladadas a otras entidades, tiene legitimación en la causa por activa para promover el medio de control de repetición. Esta conclusión se apoya en el artículo 238 de la Ley 1753 de 2015, que dispuso que tales procesos fueran asumidos por ese patrimonio autónomo, y en la supresión de la entidad por el Decreto-ley 4057 de 2011, que definió las entidades que la sucedieron en sus asuntos. Como la condena se impuso en un proceso dirigido contra la entidad extinta, y luego se dispuso que su sucesora procesal fuera la entidad que asumió la defensa jurídica del Estado, la legitimación corresponde al patrimonio autónomo que asumió los procesos. En el caso concreto, el patrimonio autónomo promovió la repetición con fundamento en la Ley 1753 de 2015, y la sentencia fue confirmada. Como consecuencia práctica, la repetición por condenas contra una entidad extinta debe promoverse por quien la ley designó como sucesor de sus procesos, y no por la entidad que ya no existe.síntesis automática
También resuelve:
¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió un fallo extra petita, al no limitar su estudió a las pretensiones formuladas en de la demanda, que aludían, únicamente…
¿El juez puede analizar un cargo diferente al endilgado en la demanda, cuando el mismo se adiciona o incluye en las etapas de alegatos de conclusión y de apelación de sentencia?
¿Resulta procedente valorar la prueba testimonial y documental que obra en los expedientes disciplinario y de reparación directa, debido a que su traslado fue solicitado por ambas partes quienes…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La responsabilidad extracontractual del Estado exige la existencia de un daño antijurídico y su imputación a la administración pública.
Sentencia — Sentencia
2025-10-21
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 25000232600020100074301
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Cumplieron las capturas y su legalización los requisitos previstos en los artículos 297 y 303 de la Ley 906 de 2004, sin causar un daño antijurídico que el Estado deba reparar conforme al artículo 90 de la Constitución Política? Sí
El Estado asume responsabilidad patrimonial extracontractual cuando se acredita la existencia de un daño antijurídico y su debida imputación, entendido aquel como el perjuicio que la persona no tiene el deber jurídico de soportar conforme al artículo 90 de la Constitución Política. En el presente litigio se examinan las capturas y su legalización conforme a los artículos 297 y 303 de la Ley 906 de 2004, determinando la ausencia de responsabilidad patrimonial por parte de la Fiscalía General de la Nación ante la legalidad de los procedimientos restrictivos de la libertad cuestionados en la demanda de reparación directa.síntesis automática
También resuelve:
¿Cumplieron las solicitudes y la imposición de medidas de aseguramiento los presupuestos establecidos en los artículos 295, 306, 308 y 310 de la Ley 906 de 2004…
¿La Rama Judicial incurre en responsabilidad patrimonial por el vencimiento del término previsto en el numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004…
¿Cumplió la Fiscalía General de la Nación el término previsto en la Ley 906 de 2004 para presentar escrito de acusación, sin causar un daño antijurídico que el Estado deba reparar conforme al…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Las prerrogativas de la administración no limitan la obligación del juez de pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda.
Aclaración voto — Aclaración de voto
2025-12-04
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Rad. 08001233300020200061901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las prerrogativas públicas o deberes convencionales que la administración ejerce en materia contractual no limitan la competencia del juez para resolver la controversia? Sí
El juez contencioso administrativo interpreta las demandas y resuelve de fondo las controversias sometidas a su conocimiento con sujeción al ordenamiento jurídico. En esta aclaración de voto, se examina la postura de la Subsección respecto de la facultad de las entidades estatales para pedir la liquidación de los contratos en sede judicial. El magistrado disiente al considerar que las prerrogativas públicas o deberes convencionales que la administración ejerce no limitan la competencia ni eximen al juez de cumplir sus deberes procesales. Así, la ley procesal lo habilita y obliga a dictar sentencia y realizar un examen exhaustivo de los fundamentos de la demanda para garantizar el derecho sustancial y evitar una inaceptable denegación de justicia.síntesis automática
También resuelve:
¿El legislador no estableció restricciones para que cualquiera de las partes, incluida la entidad pública, solicite la liquidación judicial cuando esta no se logró por acuerdo o no fue realizada…