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Sentencia — Sentencia2025-12-12Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020240003900LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Se debe revocar la sentencia dictada el 30 de enero de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, porque no se probó una falla en el servicio, dado que las autoridades actuaron de manera diligente frente a las actividades ilegales de DMG y que, además, el daño alegado fue consecuencia del actuar imprudente del propio demandante, quien tampoco utilizó los mecanismos legales disponibles para reclamar su acreencia conforme a la Ley 1116 de 2006? Sí
El contratista no puede obtener responsabilidad patrimonial del Estado por daños alegados, dado que no se probó una falla en el servicio por parte de las autoridades, estas actuaron con diligencia frente a actividades ilegales de una organización, y el daño fue consecuencia del actuar imprudente del propio contratista, quien no utilizó los mecanismos legales disponibles para reclamar su acreencia conforme a la Ley 1116 de 2006. Además, la Sala declaró fundado el impedimento manifestado por un consejero debido a que algunos de sus parientes invirtieron en la organización en cuestión, configurándose así la causal de interés directo o indirecto prevista en el artículo 141 del Código General del Proceso. Asimismo, la Sala se abstiene de condenar en costas al no evidenciarse temeridad ni mala fe por parte de los intervinientes en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿El impedimento manifestado por el consejero F. I. M. debe declararse fundado, dado que algunos de sus parientes invirtieron en el Grupo DMG S.A.…¿Al no evidenciarse temeridad ni mala fe por parte de los intervinientes en el proceso, la Sala debe abstenerse de imponer condena en costas conforme al artículo 171 del CCA…
¿Se ejerció de forma oportuna el medio de control de acción de reparación directa dentro del término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA, en observancia de la fecha del daño, la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial y la fecha de radicación de la demanda? Sí
El contratista debe presentar oportunamente la acción de reparación directa dentro del término de dos años previsto en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contados desde la ocurrencia del daño o desde que el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este, siempre que demuestre la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. En este caso, la acción se ejerció dentro del plazo legal, ya que el daño se produjo el 15 de marzo de 2015, la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 29 de julio de 2016 y la demanda se radicó el 15 de diciembre de 2016, cumpliendo así con el requisito temporal para ejercer el medio de control. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos legales para evitar la caducidad de la acción y asegurar la estabilidad y certeza del derecho.síntesis automática
También resuelve:¿Se encuentran, en forma debida, legitimadas en la causa por activa las personas que integran el núcleo familiar de la víctima del daño antijurídico, y por pasiva las entidades estatales demandadas…¿Puede declararse la responsabilidad extracontractual del Estado cuando se acredita la existencia de un daño antijurídico que la víctima no tenía el deber jurídico de soportar y cuya causación es…¿Puede imputarse responsabilidad extracontractual al Estado por los daños causados por la acción de grupos armados insurgentes…
Auto interlocutorio — Auto que inadmite demanda2025-10-01Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZRad. 11001032600020250007800LEY 1437 REPETICION
¿El consejo de Estado es competente para conocer de la acción de repetición formulada contra el Representante a la Cámara por hechos ocurridos durante el ejercicio de sus funciones, atendiendo al factor subjetivo de competencia y a la garantía de la doble conformidad? Sí
El contratista no puede ejercer la acción de repetición contra el Representante a la Cámara por hechos ocurridos durante el ejercicio de sus funciones, ya que la competencia del Consejo de Estado para conocer de estos casos está limitada a servidores públicos específicamente enlistados en la legislación, y el Representante a la Cámara no se encuentra en dicha lista. Además, la demanda de repetición debe cumplir con los requisitos formales como la legitimación en la causa, la acreditación de la calidad de agente del Estado, la condena judicial, la conciliación, la constancia del pago total de la indemnización y la oportunidad en la presentación del medio de control. En este caso, la falta de acreditación de la calidad de agente público del demandado en su condición de Representante a la Cámara llevó a la inadmisión de la demanda, lo que implica que el contratista no podrá obtener el reembolso de las sumas pagadas por cuenta de una condena judicial en contra del Representante a la Cámara.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda de repetición debe cumplir con los presupuestos procesales, en lo relativo a la legitimación en la causa, la acreditación de la calidad de agente del Estado, una condena judicial…¿A pesar de encontrarse acreditada la legitimación en la causa por activa del Congreso de la República, debe inadmitirse la demanda por falta de acreditación de la legitimación en la causa por…¿Se encuentran acreditados los presupuestos procesales para la admisión de la demanda de repetición, consistentes en la existencia de una condena judicial contra un entidad del Estado y la prueba del…
¿Es procedente repetir lo pagado por indexación? No
El contratista no puede repetir lo pagado por indexación ya que esta actualización monetaria representa el mismo valor que se pagó originalmente, y la pérdida de capacidad adquisitiva debe ser asumida por la entidad estatal como una forma de compensación por haber tenido el capital a su disposición durante un tiempo. En este caso, la Corporación Autónoma Regional de Defensa de la Meseta de Bucaramanga no sufrió una afectación patrimonial al pagar la indexación, lo que implica la ausencia de uno de los presupuestos esenciales para ejercer el medio de control de repetición. La Sala consideró que la repetición es una acción subsidiaria para proteger el patrimonio público, y dado que no hubo detrimento patrimonial, las pretensiones del medio de control de repetición son improcedentes. Esto implica que el contratista no puede exigir la restitución de sumas pagadas por indexación, ya que no se ha producido un detrimento patrimonial del Estado que pueda ser imputado a la conducta del agente estatal.síntesis automática
También resuelve:¿El pago de la indexación por parte de la corporación autónoma demandante no le representó una afectación patrimonial?¿El medio de control de repetición solo se activa cuando ocurre un detrimento patrimonial del Estado que puede ser imputable a la conducta dolosa o gravemente culposa de uno de sus agentes?¿La restitución del dinero adeudado por el Estado a un ciudadano que no tenía la obligación legal de asumir patrimonialmente una contribución por valorización…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve impedimento2024-05-20Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000233600020180011701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe declararse fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, ya que se encuentra incurso en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso, en cuanto fue asesor de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y emitió conceptos verbales y/o escritos sobre las cuestiones materia del proceso? Sí
El consejero de Estado debe declararse impedido cuando dio consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, conforme al numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso. En este caso, el consejero manifestó su impedimento porque, años atrás, había sido asesor de una unidad administrativa de servicios públicos y había emitido conceptos verbales o escritos sobre las cuestiones que se discuten en el proceso. La Subsección consideró que esa situación fáctica se enmarca en el numeral 12 de la causal, por lo que declaró fundado el impedimento, con base en los hechos expuestos por el consejero en su manifestación. La decisión se apoya en el hecho de haber dado concepto sobre la materia del litigio, y el consejero no conoce del asunto. Se trata de una aplicación de la causal que ordena separar del proceso al magistrado que previamente se pronunció sobre los temas del litigio.síntesis automática
¿Se configuró el daño antijurídico por privación injusta de la libertad? No
El contratista no obtiene indemnización por privación injusta de la libertad porque no se configura el daño antijurídico, elemento esencial para la responsabilidad del Estado, ya que la privación de libertad cumplió con los plazos legales y fue necesaria, proporcional y razonable, basada en pruebas materiales que indicaban la posible participación delictiva del procesado. La Sala confirmó que la medida de aseguramiento fue legal y ajustada a derecho, respetando las garantías y derechos fundamentales del procesado, y que la Fiscalía y la Rama Judicial cumplieron con los plazos establecidos en la Ley 906 de 2004, lo que implica que no existe responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve:¿Se concluye que la privación de la libertad de la demandante cumplió con los términos dispuestos en la ley procesal penal?¿De los elementos materiales probatorios se podía inferir razonablemente que la imputada podía ser partícipe de las conductas delictivas que se investigaban?¿El procedimiento de captura estuvo ajustado a derecho, pues se cumplió con la normatividad que regulaba dicho trámite y se respetaron las garantías procesales y los derechos fundamentales de la…
¿Se configuró el daño antijurídico como elemento primario y esencial de la responsabilidad? No
El demandante no logra configurar el daño antijurídico como elemento primario de la responsabilidad del Estado, ya que no acredita la existencia de un perjuicio que satisfaga los requisitos legales, ni demuestra que la medida de aseguramiento impuesta haya carecido de proporcionalidad o razonabilidad, o que haya sido arbitraria. La Sala confirma la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, al constatar que la medida de aseguramiento cumplió con los requisitos legales previstos en la ley penal vigente y no se probó que la Fiscalía hubiera causado un daño antijurídico al procesado, lo que hace infructuoso el análisis de la responsabilidad del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Se allegó prueba alguna que permitiera vislumbrar que la medida de aseguramiento carecía de proporcionalidad, razonabilidad o que fuera arbitraria?¿La medida privativa de la libertad no quebrantó lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y garantizó los derechos del procesado?¿En manos del juez está la labor de definir el régimen de responsabilidad aplicable y la motivación que sustente la decisión que se habrá de adoptar?
¿No se configuró el daño antijurídico pues no transcurrieron más de doscientos cuarenta (240) días para calificar el mérito de la instrucción penal, desde que el sindicado fue privado de la libertad de forma efectiva? Sí
El contratista no puede obtener reparación por una privación injusta de la libertad si la Fiscalía cumple con los plazos legales y los requisitos para la medida de aseguramiento, como lo establece el artículo 365 numeral 4 y el artículo 15 transitorio de la Ley 600 de 2000, y si la medida de aseguramiento se fundamenta en dos indicios graves y pruebas directas, según lo dispuesto en el artículo 356 de la misma ley. En este caso, la entidad estatal no causó un daño antijurídico al cumplir con los plazos y requisitos legales, y la medida de aseguramiento se basó en dos indicios graves y dos declaraciones juramentadas que permitieron inferir preliminarmente la responsabilidad del sindicado en los delitos por los que era investigado. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos y requisitos legales para la medida de aseguramiento y la necesidad de fundamentarla adecuadamente para evitar la responsabilidad patrimonial del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿La medida de aseguramiento se fundamentó en dos indicios graves de responsabilidad frente al delito de receptación y en las versiones juramentadas frente al delito de rebelión?¿Se decretó la detención preventiva de la libertad del sindicado con fundamento en dos indicios graves de responsabilidad y en dos pruebas directas?¿Transcurrieron más de cinco días hábiles contados a partir de la indagatoria para que el funcionario judicial definiera su situación jurídica?
¿Se configuró responsabilidad patrimonial por riesgo excepcional por parte del Ejército Nacional en el ejercicio de una actividad legítima y lícita, ocasionando la muerte de un civil por un disparo que sufrió proveniente de un proyectil con arma de fuego de dotación oficial ocurrida en una intervención militar, causando un daño a la víctima y rompiendo el equilibrio frente a las cargas públicas? Sí
El Estado, en su calidad de responsable patrimonial, asume la reparación del daño causado por el uso de armas de dotación oficial durante la ejecución de una actividad legítima y lícita, siempre que se demuestre la existencia de un riesgo excepcional que excede razonablemente el asumido por las víctimas y que este se materialice en un daño concreto. La Sala confirma que la entidad pública no puede eximirse de responsabilidad alegando diligencia en el actuar, sino que debe probar la existencia de una causa extraña como fuerza mayor o hecho exclusivo de la víctima o de un tercero. En este caso, la evidencia probatoria demuestra la intervención armada del Ejército Nacional y el uso de armas de fuego, lo que configura el riesgo excepcional y la responsabilidad patrimonial del Estado, independientemente de la existencia de una falla del servicio. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la teoría del riesgo excepcional y su aplicación en casos de uso de armas de dotación oficial, implicando que el Estado debe reparar los daños causados en operativos militares que rompen el equilibrio frente a las cargas públicas.síntesis automática
También resuelve:¿Debe otorgarse valor probatorio a las pruebas documentales y testimoniales trasladadas del proceso penal militar y disciplinario allegadas al expediente contencioso administrativo?¿La declaración de responsabilidad patrimonial del Estado en el caso concreto, encuentra soporte en los principios de equidad y solidaridad?¿Procede el reconocimiento de perjuicios morales a favor de los demandantes con ocasión de la muerte de un civil por un disparo que sufrió proveniente de un proyectil con arma de fuego de dotación…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve impedimento2025-03-10Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 08001233300020200012402LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los impedimentos se encuentran instituidos en nuestra legislación como garantía de la imparcialidad que deben tener los funcionarios judiciales en el desempeño de su labor, garantizándose de esta forma la objetividad y legitimidad de sus decisiones, mediante causales que son de carácter excepcional y taxativa? Sí
Las causales de impedimento y recusación son taxativas y de interpretación restrictiva, pues no pueden extenderse a motivos distintos de los que la ley expresamente señala. Estas causales, previstas en el artículo 141 del Código General del Proceso y en el artículo 130 del CPACA, buscan garantizar la imparcialidad y objetividad de las decisiones. El juez debe apartarse del conocimiento del proceso cuando su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, sea servidor público de nivel directivo, asesor o ejecutivo en una de las entidades públicas que concurren al proceso como parte o como tercero interesado, según el numeral 3 del artículo 130 del CPACA. En el caso concreto, la cónyuge del juez ejercía el cargo de procuradora judicial y actuaba como agente del Ministerio Público, cuyo nivel funcional se equipara al directivo de la entidad que concurría al proceso, y el impedimento fue declarado fundado. Como consecuencia práctica, el juez debe examinar si el vínculo de su familiar encuadra en una causal taxativa antes de conocer del asunto.síntesis automática
También resuelve:¿Debe separarse del conocimiento del proceso al consejero cuya cónyuge ejerce el
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2025-09-01Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 08001233100020060184703ACCION CONTRACTUAL
¿Los procesos promovidos ante esta jurisdicción con anterioridad al 2 de julio de 2012, seguirán rigiéndose por las normas procesales del CCA y el CPC? Sí
El contratista sigue rigiendo sus procesos promovidos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo con anterioridad al 2 de julio de 2012 por las normas procesales del Código Contencioso Administrativo y del Código de Procedimiento Civil, conforme al artículo 308 del Código Procesal Administrativo Contencioso Actualizado. Además, el magistrado ponente tiene competencia para resolver el recurso de reposición y el auto que niega la nulidad procesal, siempre que se cumplan los requisitos de procedencia, oportunidad y sustentación. Asimismo, la notificación por estado se considera surtida con la inserción de la providencia en el estado electrónico, sin necesidad de constancia física del sello o fecha del estado, conforme a los artículos 9 del Decreto 806 de 2020 y 9 de la Ley 2213 de 2022. Por último, el plazo para interponer el incidente de liquidación de condena comienza desde el momento en que se efectúa la notificación por estado, y la nulidad se considera saneada si el actor presenta recurso sin proponer la nulidad que ahora alega. El recurso de apelación no es procedente en contra del auto que niega la nulidad procesal, reiterando la competencia del magistrado ponente para resolver estos trámites.síntesis automática
También resuelve:¿En la providencia a notificar no tenía que constar el sello o la mención de la fecha del estado, ya que este último se fijaba de manera virtual con el contenido de la providencia?¿Desde el momento en que se efectuó la notificación por estado es cuando comenzó el plazo de 60 días para interponer el incidente?¿El recurso de apelación no resulta procedente en contra el auto que niega la nulidad procesal?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve impedimento2025-05-19Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 11001032600020240018200LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Procede declarar fundado el impedimento presentado por el consejero de Estado y, como consecuencia, queda separado del conocimiento del recurso extraordinario de anulación contra el laudo, por amistad íntima con un arbitro que integró el Tribunal que profirió el laudo del 21 de agosto de 2024, contra el cual se interpone el recurso extraordinario de anulación? Sí
El consejero de Estado queda separado del conocimiento del recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral cuando existe una amistad íntima con un árbitro que intervino en el proceso, conforme a lo dispuesto en el artículo 141.9 del Código General del Proceso y el artículo 18 de la Ley 1563 de 2012, que establece que los jueces que conozcan de estos recursos están impedidos si hubo una relación cercana con quienes participaron en el proceso arbitral. La Sala reitera que las causales de impedimento son taxativas y deben interpretarse restrictivamente para garantizar la imparcialidad del juez, lo que implica que el consejero debe abstenerse de conocer el recurso si se configura alguna de las causales legales, en este caso, la amistad íntima con un árbitro del laudo recurrido.síntesis automática
¿Cumplieron las capturas y su legalización los requisitos previstos en los artículos 297 y 303 de la Ley 906 de 2004, sin causar un daño antijurídico que el Estado deba reparar conforme al artículo 90 de la Constitución Política? Sí
El Estado asume responsabilidad patrimonial extracontractual cuando se acredita la existencia de un daño antijurídico y su debida imputación, entendido aquel como el perjuicio que la persona no tiene el deber jurídico de soportar conforme al artículo 90 de la Constitución Política. En el presente litigio se examinan las capturas y su legalización conforme a los artículos 297 y 303 de la Ley 906 de 2004, determinando la ausencia de responsabilidad patrimonial por parte de la Fiscalía General de la Nación ante la legalidad de los procedimientos restrictivos de la libertad cuestionados en la demanda de reparación directa.síntesis automática
También resuelve:¿Cumplieron las solicitudes y la imposición de medidas de aseguramiento los presupuestos establecidos en los artículos 295, 306, 308 y 310 de la Ley 906 de 2004…¿La Rama Judicial incurre en responsabilidad patrimonial por el vencimiento del término previsto en el numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004…¿Cumplió la Fiscalía General de la Nación el término previsto en la Ley 906 de 2004 para presentar escrito de acusación, sin causar un daño antijurídico que el Estado deba reparar conforme al…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve impedimento2024-05-20Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020230014800LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Debe declararse fundado el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, ya que se encuentra incurso en el numeral 9 del artículo 141 del Código General del Proceso, en cuanto tiene una relación de amistad íntima con uno de los árbitros que profirió el Laudo arbitral cuya anulación solicita? Sí
Los impedimentos de los servidores judiciales son taxativos y tienen por objeto garantizar la imparcialidad con que deben desempeñar su labor, de modo que, cuando se configura una de las causales previstas en la ley, el funcionario debe separarse del conocimiento del asunto. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Código General del Proceso establecen de manera taxativa las causales de impedimento y recusación, por lo que solo las previstas en la ley pueden fundar la separación. Segundo, la relación de amistad íntima con uno de los árbitros que profirieron el laudo cuya anulación se solicita encuadra en la causal 9 del artículo 141 del Código General del Proceso, de modo que la causal debe declararse configurada cuando el funcionario manifiesta esa circunstancia. Tercero, cuando el impedimento obedece a una de las circunstancias descritas en la ley, corresponde declararlo fundado y separar al funcionario del conocimiento del asunto. En la práctica, el servidor que mantenga una relación personal cercana con alguno de los árbitros debe manifestarlo oportunamente para que se decida su separación.síntesis automática
¿Si el demandado no alega la existencia de la cláusula compromisoria —porque no contestó la demanda— debe concluirse que renunció tácitamente a someter este asunto a la justicia arbitral? Sí
El contratista puede renunciar tácitamente a la cláusula compromisoria de un contrato estatal si no alega su existencia en la demanda, lo que permite que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conozca del asunto, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo. Esta regla se aplica cuando la entidad demandada no contesta la demanda, y el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver recursos de apelación contra sentencias de tribunales administrativos, siempre y cuando la cuantía de la pretensión supera el límite establecido. Además, la entidad estatal puede ser responsable extracontractualmente por los daños causados a terceros derivados de decisiones administrativas que impidan la ejecución del contrato, como el cierre y liquidación de una empresa industrial y comercial del Estado, según el artículo 206 de la Ley 222 de 1995. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior sobre la renuncia tácita a la cláusula compromisoria, lo que implica que las partes deben ser más cautelosas al no responder a las demandas para evitar renunciar a la justicia arbitral.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia, dado que resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos?¿La pretensión segunda alude a la responsabilidad extracontractual de las entidades socias, administradoras del Ingenio, por virtud de que adoptaron la decisión de cerrar la operación y procedieron a…¿Hay una pretensión extracontractual, en cuanto la responsabilidad reclamada a los socios de la sociedad en liquidación, no se deriva de una inobservancia obligacional en el marco de un vínculo…
¿Se acreditó la calidad de servidor o exservidor público del demandado en repetición? No
El contratista no acredita la calidad de servidor o exservidor público del demandado en repetición, ya que incumple con la carga procesal de probar este elemento esencial, lo que impide la procedencia del medio de control de repetición. La Sala establece que para que proceda la repetición, es necesario demostrar la calidad de agente estatal del demandado, y en este caso, no se presentaron pruebas documentales como el acto de nombramiento o posesión, o certificación por parte del jefe de personal, que demuestren la vinculación laboral del demandado con el Estado en el momento de los hechos. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los requisitos legales y probatorios para ejercer el medio de control de repetición, lo que implica que la entidad demandante debe aportar pruebas concluyentes sobre la calidad de servidor público del demandado para que la acción sea procedente.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de repetición tiene carácter patrimonial y deberá ejercerse en contra del servidor, consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa?¿Para que proceda la repetición debe probarse la calidad de agente del Estado del demandado?¿La entidad demandante no aportó al plenario el acto de nombramiento o posesión del demandado, o certificación por parte del jefe de personal de la Armada Nacional?
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2025-07-09Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 23001233300020150028501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo conocer de una controversia contractual originada en un contrato celebrado por una entidad pública con carácter de institución financiera, cuando dicho contrato fue suscrito en desarrollo del giro ordinario de sus negocios? No
La jurisdicción de lo contencioso administrativo no conoce de las controversias contractuales originadas en contratos que una entidad pública con carácter de institución financiera celebra en desarrollo del giro ordinario de sus negocios. La regla se apoya en el numeral 1 del artículo 105 del CPACA, que excluye de esa jurisdicción esos asuntos, y en que la competencia se determina por la naturaleza del contrato y de la actividad que lo origina. Cuando el proceso ya está para sentencia de segunda instancia y se advierte esa falta de competencia, el juez la declara conforme al artículo 138 del Código General del Proceso. En el caso, la entidad demandada es una institución financiera pública y el contrato se celebró en desarrollo de su giro ordinario, por lo que el despacho declara falta de jurisdicción. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, el juez de lo contencioso declara la falta de jurisdicción, invalida la sentencia de primera instancia y remite el expediente a la jurisdicción ordinaria.síntesis automática
También resuelve:¿Puede considerarse que el contrato celebrado por FONADE con Construcciones Diserq se encuentra excluido de la jurisdicción contencioso-administrativa…¿Tiene la jurisdicción contencioso-administrativa competencia para conocer de la controversia sobre la nulidad de resoluciones expedidas por FONADE…¿Las decisiones unilaterales adoptadas por FONADE en ejecución de un contrato celebrado bajo régimen de derecho privado, pueden ser calificadas como actos administrativos sometidos al control de la…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve impedimento2024-08-30Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000233600020170146702LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe separarse del conocimiento del proceso al consejero que haya obrado como apoderado de alguna de las partes en el asunto debatido en esta oportunidad? Sí
El consejero de Estado que haya actuado como apoderado de una de las partes en el asunto debatido debe separarse del conocimiento del proceso, porque esa circunstancia configura la causal de impedimento prevista en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso. En este caso, el consejero manifestó que, antes de presentarse la demanda y a petición de una entidad distrital, había asumido la representación judicial de la entidad convocante en un tribunal de arbitramento constituido para dirimir controversias surgidas del mismo contrato estatal, causa arbitral que terminó anticipadamente por falta de pago de honorarios. La Sala constató que las circunstancias fácticas encuadraban en la causal y declaró fundado el impedimento, separando al consejero del conocimiento del asunto. La providencia aplica la causal a una actuación previa de arbitramento sobre el mismo contrato y precisa el alcance del impedimento por representación judicial anterior.síntesis automática
¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico, que debe ser cierto, real, determinado o determinable e indemnizable, y su imputación al Estado por la acción u omisión de autoridades públicas? Sí
El contratista no puede obtener la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado sin acreditar un daño antijurídico cierto, real, determinado o determinable e indemnizable, y su imputación a la acción u omisión de autoridades públicas, según establece el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia. La Sala reitera que para configurar la responsabilidad patrimonial del Estado, es necesario demostrar un daño antijurídico que no esté amparado por la ley o el derecho y que no tenga una causa justificativa, y que este daño debe ser cierto y real, no eventual o hipotético. En el caso particular, la Sala confirma la falta de pruebas que acrediten el detrimento patrimonial y los daños morales y a la honra del demandante, derivados de la imposición de medidas no privativas de la libertad y la vinculación al proceso penal por delitos de peculado y falsedad ideológica, lo que impide la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Está probado que la imposición de medidas no privativas de la libertad y la vinculación del demandante al proceso penal adelantado por los delitos de peculado por apropiación y de falsedad…¿Está probado que la imposición de medidas no privativas de la libertad y la vinculación del demandante al proceso penal adelantado por los delitos de peculado por apropiación y de falsedad…¿Debe condenarse en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
¿La muerte de la víctima es atribuible exclusivamente al hecho de un tercero? Sí
La muerte de la víctima no es imputable a las entidades demandadas y es atribuible exclusivamente al hecho de un tercero, ya que el accidente se produjo por culpa exclusiva del conductor de la camioneta que no respetó la prioridad legal del paso del tractocamión que circulaba por su derecha, y no se probó la falla del servicio por omisión en la colocación de reductores de velocidad que hubiera sido la causa eficiente del daño. La entidad demandada no pudo prever ni evitar la conducta negligente del conductor del tractocamión, lo que la exime de responsabilidad patrimonial. Esta decisión confirma la sentencia apelada y niega las pretensiones de la demanda, estableciendo que la responsabilidad del Estado no se configura en ausencia de falla del servicio y cuando el daño es exclusivamente atribuible a un hecho del tercero.síntesis automática
También resuelve:¿El accidente se produjo por culpa exclusiva del conductor de la camioneta pues no respetó la prioridad legal del paso del tractocamión que circulaba por su derecha?¿La parte demandante acreditó la omisión por parte de la Administración en la colocación de reductores de velocidad y que ésta hubiera sido la causa eficiente y/o adecuada del daño?¿El hecho de que posteriormente se hubiesen instalado resaltos en la vía prueba que su ausencia el día de los hechos fue la causa eficiente del daño?