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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la liquidación bilateral es una actuación posterior a la terminación normal o anormal

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Fecha
2022-02-28
Radicado
76001233300020180020601
Número interno
65483
Ponente
NICOLAS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
CONSORCIO MORENO TAFURT S.A.
Demandado
MUNICIPIO DE PALMIRA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la liquidación bilateral es una actuación posterior a la terminación normal o anormal

Relevancia Matiza la jurisprudencia.

Lo que dijo la Sala

Debe recordarse que la liquidación bilateral es una actuación posterior a la terminación normal o anormal, que supone un acuerdo de voluntades que finiquita la relación negocial, en virtud del cual las partes determinan si existen prestaciones, obligaciones o derechos a su cargo, realizan un balance de las cuentas y, si es del caso, efectúan las reclamaciones, ajustes y reconocimientos a que haya lugar.… Dicha liquidación, que surge del acuerdo entre las partes, adquiere la característica de un negocio jurídico y, como tal, resulta vinculante para las partes, de tal suerte que no puede ser desconocido posteriormente ante la instancia judicial por parte de quien lo suscribe, salvo que se invoque algún vicio del consentimiento (error, fuerza o dolo) o se deje expresa constancia de la existencia de salvedades o discrepancias respecto del cruce de cuentas que allí se consigna.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede desconocer posteriormente ante la instancia judicial un acta de liquidación bilateral del contrato estatal, salvo que se invoquen vicios del consentimiento o se deje constancia de salvedades o discrepancias, ya que esta liquidación es un negocio jurídico vinculante que finiquita la relación negocial y realiza un balance de cuentas entre las partes. Además, la entidad estatal no puede controvertir en la acción de controversias contractuales aquellos aspectos en los que el contratista no haya manifestado expresamente su desacuerdo en el acta de liquidación, lo que restringe el ejercicio de la acción contractual a los temas específicamente discrepados. Estas reglas reiteran y matizan la jurisprudencia existente, reforzando la importancia de la formalidad y el acuerdo mutuo en la liquidación de contratos estatales, y limitan la capacidad de las partes para cuestionar aspectos no discrepados en el acta de liquidación.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La liquidación bilateral es una actuación posterior a la terminación normal o anormal, que supone un acuerdo de voluntades que finiquita la relación negocial, en virtud del cual las partes determinan si existen prestaciones, obligaciones o derechos a su cargo, realizan un balance de las cuentas y, si es del caso, efectúan las reclamaciones, ajustes y reconocimientos a que haya lugar, por lo que adquiere la característica de un negocio jurídico y, como tal, resulta vinculante para las partes, de tal suerte que no puede ser desconocido posteriormente ante la instancia judicial por parte de quien lo suscribe?

Respuesta: Si

También resuelve

  • ¿El ejercicio de la acción contractual se encuentra circunscrito a la posibilidad de controvertir exclusivamente aquellos aspectos frente a los cuales el demandante hubiere manifestado expresamente…
  • ¿Las condiciones económicas y/o financieras que las partes tuvieron en cuenta al momento de presentar oferta y de celebrar el contrato, debe mantenerse durante el cumplimiento y ejecución del mismo…
  • ¿El incumplimiento contractual supone la inobservancia de las obligaciones contraídas por virtud de la celebración del negocio jurídico…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CONCEPTO DE ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO CONTROL JUDICIAL DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO EQUILIBRIO DEL CONTRATO ESTATAL CONCEPTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO CONCEPTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL EVENTOS DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO PRINCIPIO DE REBUS SIC STANTIBUS PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL MEDIOS DE PRUEBA PRUEBA TESTIMONIO DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO TESTIGO SOSPECHOSO TESTIMONIO SOSPECHOSO VALORACIÓN DE LA PRUEBA VALORACIÓN INTEGRAL DE LA PRUEBA VALORACIÓN JUDICIAL DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA VÍNCULO LABORAL EXISTENCIA DE VÍNCULO LABORAL CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS PRECIO UNITARIO ESTIMATIVO AIU EN EL CONTRATO ESTATAL PRECIO DEL CONTRATO PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL VALOR DEL CONTRATO ESTATAL PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COSTOS DE ADMINISTRACIÓN EN EL CONTRATO ESTATAL RUBRO DE IMPREVISTOS EN EL CONTRATO ESTATAL UTILIDAD UTILIDAD DEL CONTRATO ESTATAL ESTIPULACIONES DEL CONTRATO CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO COSTO DIRECTO DEL CONTRATO ESTATAL COSTOS DIRECTOS COSTOS DIRECTOS DEL CONTRATO ESTATAL PLIEGO DE CONDICIONES CONCEPTO DE PLIEGO DE CONDICIONES CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES OBLIGACIÓN DEL CONTRATANTE FRENTE AL PLIEGO DE CONDICIONES INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DEL PLIEGO DE CONDICIONES INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL FUNCIÓN INTERPRETATIVA DEL JUEZ INTERPRETACIÓN DEL JUEZ HERMENÉUTICA JURÍDICA APLICACIÓN DE LA HERMENÉUTICA JURÍDICA MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PRECIO PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL MUNICIPIO CONTROVERSIAS CONTRA ENTIDAD TERRITORIAL ENTIDAD TERRITORIAL PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MORA EN EL PAGO INCUMPLIMIENTO DEL PAGO OBRA PÚBLICA ADICIONAL OBRAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EJECUCIÓN DE OBRA ADICIONAL NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL PLANOS ARQUITECTÓNICOS OMISIÓN ADMINISTRATIVA OMISIÓN DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA OMISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEBERES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA OBLIGACIONES DEL PROPONENTE CARENCIA DE ESTUDIO PREVIO PARA OBRA PÚBLICA ESTUDIO PREVIO PARA OBRA PÚBLICA ETAPA PRECONTRACTUAL PRINCIPIOS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL OBLIGACIONES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CARGA DE LA PRUEBA EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA REAJUSTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONTROVERSIAS EN EL CONTRATO DE OBRA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA INTERÉS MORATORIO POR NO PAGO OPORTUNO INTERÉS MORATORIO COBRO DEL INTERÉS MORATORIO FALTA DE RECONOCIMIENTO DEL INTERÉS MORATORIO IMPROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO CONDENA EN COSTAS COSTAS PROCESALES APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CONCEPTO DE COSTAS PROCESALES CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS NATURALEZA DE LAS COSTAS PROCESALES PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS APELACIÓN DE LA SENTENCIA RECURSO DE APELACIÓN NEGACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN AGENCIAS EN DERECHO EXONERACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO ACTUACIÓN DE LAS PARTES DEL PROCESO ACTUACIÓN PROCESAL ACTUACIÓN EN EL PROCESO SEGUNDA INSTANCIA

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Titulación de la relatoría 46.628 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / CONTROL JUDICIAL DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿La liquidación bilateral es una actuación posterior a la terminación normal o anormal, que supone un acuerdo de voluntades que finiquita la relación negocial, en virtud del cual las partes determinan si existen prestaciones, obligaciones o derechos a su cargo, realizan un balance de las cuentas y, si es del caso, efectúan las reclamaciones, ajustes y reconocimientos a que haya lugar, por lo que adquiere la característica de un negocio jurídico y, como tal, resulta vinculante para las partes, de tal suerte que no puede ser desconocido posteriormente ante la instancia judicial por parte de quien lo suscribe? Respuesta al problema jurídico: Si [D]ebe recordarse que la liquidación bilateral es una actuación posterior a la terminación normal o anormal, que supone un acuerdo de voluntades que finiquita la relación negocial, en virtud del cual las partes determinan si existen prestaciones, obligaciones o derechos a su cargo, realizan un balance de las cuentas y, si es del caso, efectúan las reclamaciones, ajustes y reconocimientos a que haya lugar. (…) Dicha liquidación, que surge del acuerdo entre las partes, adquiere la característica de un negocio jurídico y, como tal, resulta vinculante para las partes, de tal suerte que no puede ser desconocido posteriormente ante la instancia judicial por parte de quien lo suscribe, salvo que se invoque algún vicio del consentimiento (error, fuerza o dolo) o se deje expresa constancia de la existencia de salvedades o discrepancias respecto del cruce de cuentas que allí se consigna. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la naturaleza jurídica de la liquidación bilateral del contrato estatal, consultar providencias de 6 de agosto de 1998, Exp. 10496, C.P. Ricardo Hoyos Duque; de 10 de septiembre de 2007, Exp. 16370, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 20 de octubre de 2014, Exp. 27777, C.P. Enrique Gil Botero. LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONTROL JUDICIAL DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿El ejercicio de la acción contractual se encuentra circunscrito a la posibilidad de controvertir exclusivamente aquellos aspectos frente a los cuales el demandante hubiere manifestado expresamente su desacuerdo o salvedad en el acto de la liquidación final del contrato por mutuo acuerdo, quedando excluido aquello respecto de lo cual se hubiere guardado silencio o respecto de lo que no se hubiere formulado discrepancia expresa por parte del contratista en el acta de liquidación bilateral? Respuesta al problema jurídico: Si [D]e manera uniforme y reiterada esta Corporación ha señalado que el ejercicio de la acción contractual se encuentra circunscrito a la posibilidad de controvertir exclusivamente aquellos aspectos frente a los cuales el demandante hubiere manifestado expresamente su desacuerdo o salvedad en el acto de la liquidación final del contrato por mutuo acuerdo, quedando excluido aquello respecto de lo cual se hubiere guardado silencio o respecto de lo que no se hubiere formulado discrepancia expresa por parte del contratista en el acta de liquidación bilateral, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1602 del Código Civil. (…) Con todo, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que esta exigencia en el sentido de haber dejado las respectivas constancias en el acta de liquidación bilateral, tiene aplicación siempre que los hechos que fundamentan la reclamación sean anteriores a la suscripción del acta o se proyecten desde ese momento hacia el futuro, de tal manera que pueda entenderse que al celebrar el acuerdo liquidatario las partes en realidad dispusieron de sus derechos y obligaciones (…). NOTA DE RELATORÍA: Sobre la imposibilidad de controvertir en mediante la acción de controversias contractuales, aquellos aspectos o temas en relación con los cuales el accionante no hubiere manifestado expresamente su discrepancia en el acto de la liquidación final del contrato por mutuo acuerdo, consultar providencias de 2 de mayo de 2013, Exp. 23949, C.P. Hernán Andrade Rincón; de 20 de octubre de 2014, Exp. 27777, C.P. Enrique Gil Botero; de 27 de mayo de 2015, Exp. 38695, C.P. Hernán Andrade Rincón (E); de 6 de febrero de 2020, Exp. 63123, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; y de 6 de julio de 2020, Exp. 49166, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602 PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EQUILIBRIO DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONCEPTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / EVENTOS DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE REBUS SIC STANTIBUS / PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA / FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Las condiciones económicas y/o financieras que las partes tuvieron en cuenta al momento de presentar oferta y de celebrar el contrato, debe mantenerse durante el cumplimiento y ejecución del mismo, en virtud de los principios pacta sunt servanda y la cláusula rebus sic stantibus, sin que toda variación de la ecuación financiera pueda pensarse como un rompimiento del equilibrio económico o financiero del contrato, comoquiera que existen riesgos propios que se derivan de la actividad contractual, los cuales deben ser asumidos por las partes? Respuesta al problema jurídico: Si [L]as condiciones económicas y/o financieras que las partes tuvieron en cuenta al momento de presentar oferta y de celebrar el contrato, debe mantenerse durante el cumplimiento y ejecución del mismo, de tal suerte que, frente al principio “pacta sunt servanda”, que como es sabido hace referencia a la firmeza y solidez del vínculo contractual, se erige la denominada “cláusula rebus sic stantibus”, instituto en virtud del cual las estipulaciones contractuales son acordadas por las partes sobre la base de las circunstancias presentes al momento en el que son convenidas, de tal suerte que, si bien los contratos son ley para las partes, ante la alteración sustancial de la economía del contrato por la ocurrencia de circunstancias sobrevinientes e impredecibles, las partes tienen derecho a pedir el restablecimiento del equilibrio económico. Con todo, debe anotarse que no toda variación de la ecuación financiera constituye un rompimiento del equilibrio económico o financiero del contrato, comoquiera que existen riesgos propios que se derivan de la actividad contractual, los cuales deben ser asumidos por las partes. En este sentido, se ha señalado que la equivalencia prestacional puede verse afectada: (i) por factores externos a las partes que se enmarquen en la denominada “teoría de la imprevisión”; (ii) por actos de la entidad contratante que modifiquen las condiciones “ius variandi”; y (iii) por actos de la administración como Estado “hecho del príncipe”. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el principio del rebus sic stantibus, consultar providencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 21 de febrero de 2012. Acerca del rompimiento del equilibrio económico o financiero del contrato, consultar providencias de 27 de enero de 2016, Exp. 38449, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 29 de enero de 2018, Exp. 52666, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602 INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL Problema jurídico: ¿El incumplimiento contractual supone la inobservancia de las obligaciones contraídas por virtud de la celebración del negocio jurídico, bien sea por su inejecución absoluta o por su ejecución imperfecta o tardía, de conformidad con las estipulaciones plasmadas en el texto contractual y todos los documentos que lo integran? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l incumplimiento contractual supone la inobservancia de las obligaciones contraídas por virtud de la celebración del negocio jurídico, bien sea por su inejecución absoluta o por su ejecución imperfecta o tardía, a lo que cabe agregar que la configuración del incumplimiento no solo se presenta por la infracción de las estipulaciones plasmadas en el texto contractual, sino también de aquellas contenidas en todos los documentos que lo integran, como es el caso, por ejemplo, de los pliegos de condiciones. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el incumplimiento contractual, consultar providencia de 6 de febrero de 2020, Exp. 63123, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / EQUILIBRIO DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL Problema jurídico: ¿Mientras la teoría del equilibrio o equivalencia de la ecuación económica procura garantizar que en la ejecución del contrato se mantengan las condiciones técnicas, económicas o financieras existentes al momento de su celebración, el incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes en virtud del negocio jurídico por ellas acordado se ubica en el marco de la responsabilidad contractual? Respuesta al problema jurídico: Si [M]ientras la teoría del equilibrio o equivalencia de la ecuación económica procura garantizar que en la ejecución del contrato se mantengan las condiciones técnicas, económicas o financieras existentes al momento de su celebración, el incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes en virtud del negocio jurídico por ellas acordado se ubica en el marco de la responsabilidad contractual, es decir, aquella que surge de la inejecución o ejecución imperfecta o tardía de una obligación estipulada en un contrato existente y válido. Por tanto, aun cuando se advierte cierta confusión en la propia legislación y la jurisprudencia, que en torno al tema tampoco ha sido del todo consistente, pues en algunas decisiones se ha identificado el incumplimiento del contrato como una de las causas generadoras de la ruptura del equilibrio económico, no deben confundirse la responsabilidad contractual y la teoría del equilibrio o equivalencia económica del contrato, dadas las diferencias que se advierten no solo en los presupuestos, sino también en los efectos o consecuencias jurídicas que emergen en uno y otro caso. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la diferenciación entre la responsabilidad por incumplimiento del contrato y desequilibrio financiero del contrato estatal, consultar providencias de 15 de febrero de 1999, Exp. 11194, C.P. Ricardo Hoyos Duque; de 21 de junio de 1999, Exp. 14943, C.P. Daniel Suarez Hernández; de 15 de julio de 2020, Exp. 28794, C.P. Guillermo Sánchez Luque; de 21 de septiembre de 2020, Exp. 47106, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 MEDIOS DE PRUEBA / PRUEBA / TESTIMONIO / DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / TESTIGO SOSPECHOSO / TESTIMONIO SOSPECHOSO / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / VALORACIÓN INTEGRAL DE LA PRUEBA / VALORACIÓN JUDICIAL DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA / VÍNCULO LABORAL / EXISTENCIA DE VÍNCULO LABORAL Problema jurídico: ¿Los testimonios que provienen de personas que tuvieron un vínculo laboral con alguna de las partes resultan sospechosos, por lo cual deben ser valorados con especial severidad, de cara a las demás pruebas que reposen en el expediente y de acuerdo con las circunstancias propias de cada asunto litigioso? Respuesta al problema jurídico: Si [C]omo los (…) testimonios provienen de personas que tuvieron un vínculo laboral con la sociedad demandante y ocuparon los cargos de residente de obra y jefe de presupuesto y control del contratista, a juicio de la Sala, en los términos del artículo 211 del Código General del Proceso se trata de testigos que se encuentran en circunstancias que pueden afectar su credibilidad o imparcialidad y, por lo tal motivo, su declaración será valorada con la especial severidad que se requiere. Al respecto, vale reiterar que conforme lo ha manifestado esta Corporación, los testimonios que resulten sospechosos no pueden desecharse de plano, sino que deben ser examinados y valorados con mayor rigurosidad, de cara a las demás pruebas que reposen en el expediente y de acuerdo con las circunstancias propias de cada asunto litigioso. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de los testimonios sospechosos, consultar providencias de 28 de febrero de 2011, Exp. 20262, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 211 CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS / PRECIO UNITARIO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿El contrato cuyo pago es pactado a precios unitarios, es aquel en el que las partes acuerdan el valor de las distintas unidades o cantidades de obra, teniendo en cuenta todos los gastos que se requieren para realizar para cada unidad o ítem pactado ? Respuesta al problema jurídico: Si [S]on numerosas las sentencias de la Sección Tercera en las que se ha precisado que el contrato cuyo pago es pactado a precios unitarios, es aquel en el que las partes acuerdan el valor de las distintas unidades o cantidades de obra, de tal suerte que “el costo directo total del contrato, será el resultado de multiplicar los precios unitarios por las cantidades de obra ejecutadas y de sumar todos los ítems necesarios para dicha ejecución”. Ahora bien, en la conformación de los precios unitarios, se tienen en cuenta todos los gastos que se requieren para realizar para cada unidad o ítem pactado (…). NOTA DE RELATORÍA: Sobre el contrato de obra a precios unitarios, consultar providencias de 29 de febrero de 2012, Exp. 16371, C.P. Danilo Rojas Betancourth; de 14 de marzo de 2013, Exp. 20524, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; y concepto de 9 de septiembre de 2008, Rad. 1920, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 89, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1627, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1649 CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS / PRECIO UNITARIO / ESTIMATIVO AIU EN EL CONTRATO ESTATAL / PRECIO DEL CONTRATO / PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / COSTOS DE ADMINISTRACIÓN EN EL CONTRATO ESTATAL / RUBRO DE IMPREVISTOS EN EL CONTRATO ESTATAL / UTILIDAD / UTILIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / ESTIPULACIONES DEL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO / CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO / COSTO DIRECTO DEL CONTRATO ESTATAL / COSTOS DIRECTOS / COSTOS DIRECTOS DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿En los contratos de tracto sucesivo el valor del contrato frecuentemente está integrado, por los costos directos y el denominado A.I.U., este último, el cual, en forma discriminada e independiente de los precios unitarios las partes pueden estipularlo en forma diferente, como a bien tengan convenir, pudiendo incluso no incorporarlo, entendiendo que los elementos que lo componen se encuentran incorporados en los precios y en el valor del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si [A]l lado de los costos directos, es decir, los que se relacionan directamente con la construcción de la obra (materiales, mano de obra, equipos, etc.), en los contratos de tracto sucesivo el valor del contrato frecuentemente está integrado, además, por el denominado A.I.U, que comúnmente se expresa como porcentaje calculado sobre los costos directos. (…) Ahora bien, en ejercicio de la autonomía de la voluntad las partes pueden pactar el A.I.U en forma discriminada e independiente de los precios unitarios o pueden estipularlo en forma diferente, como a bien tengan convenir, pudiendo incluso no incorporarlo, entendiendo que los elementos que lo componen se encuentran incorporados en los precios y en el valor del contrato. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la noción de Administración, Imprevistos y Utilidad -A.I.U.-, consultar providencia de 31 de agosto de 2011, Exp. 18080, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; y concepto de 5 de septiembre de 2018, Rad. 2386, C.P. Edgar González López. PLIEGO DE CONDICIONES / CONCEPTO DE PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / OBLIGACIÓN DEL CONTRATANTE FRENTE AL PLIEGO DE CONDICIONES / INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DEL PLIEGO DE CONDICIONES Problema jurídico: ¿El pliego de condiciones ostenta una doble naturaleza jurídica, por un lado, antes de la adjudicación del contrato, se constituye en un acto administrativo de carácter general que rige el desarrollo del proceso de selección y, por otro, una vez celebrado el contrato, se convierte en el marco jurídico que determina el contenido y alcance del negocio jurídico? Respuesta al problema jurídico: Si [C]onviene recordar que el pliego de condiciones ostenta una doble naturaleza jurídica. Por un lado, antes de la adjudicación del contrato, se constituye en un acto administrativo de carácter general que rige el desarrollo del proceso de selección y, por otro, una vez celebrado el contrato integra la relación contractual, convirtiéndose en el marco jurídico o conjunto de reglas que determina el contenido y alcance del negocio jurídico. (…) Al respecto, de manera uniforme y reiterada la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato y se imponen sobre este, constituyendo la fuente principal de los derechos y obligaciones de las partes y la base para la interpretación e integración del contrato. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la naturaleza jurídica del pliego de condiciones, consultar providencias de 3 de febrero de 2000, Exp. 10399, C.P. Ricardo Hoyos Duque; de 29 de enero de 2004, Exp. 10779, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 26 de abril de 2006, Exp. 16041, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 10 de marzo de 2011, Exp. 15666, Danilo Rojas Betancourth; de 29 de julio de 2015, Exp. 40660, C.P. Jaime Orlando Santofimio; de 2 de julio de 2021, Exp. 51910, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / FUNCIÓN INTERPRETATIVA DEL JUEZ / INTERPRETACIÓN DEL JUEZ / HERMENÉUTICA JURÍDICA / APLICACIÓN DE LA HERMENÉUTICA JURÍDICA Problema jurídico: ¿Cuándo no exista suficiente claridad o precisión en cuanto al alcance y contenido del documento contractual, se evidencie una contradicción entre las estipulaciones contenidas en el acuerdo de voluntades, e incluso cuando existe claridad en el lenguaje utilizado pero las partes le atribuyen un significado divergente a lo pactado, corresponderá al juez adelantar la labor de interpretación del negocio jurídico con miras a establecer la real intención de los contratantes y el contenido genuino de lo estipulado? Respuesta al problema jurídico: Si [E]s importante (...) resaltar que cuandoquiera que no exista suficiente claridad o precisión en cuanto al alcance y contenido del documento contractual o se evidencie una contradicción entre las estipulaciones contenidas en el acuerdo de voluntades, e incluso cuando existe claridad en el lenguaje utilizado pero las partes le atribuyen un significado divergente a lo pactado, corresponderá al juez adelantar la labor de interpretación del negocio jurídico con miras a establecer la real intención de los contratantes y el contenido genuino de lo estipulado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1618 del Código Civil, a cuyo tenor “conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras”. Al respecto, de vieja data la Corte Suprema de Justicia ha puesto de presente que la interpretación del contrato tiene por objeto dilucidar la común intención de las partes a partir de la aplicación de las distintas reglas de hermenéutica establecidas en la ley y en aras de encontrar el genuino sentido del acuerdo de voluntades (…). En este orden de ideas, el pliego de condiciones, la propuesta y el contrato suscrito deben ser interpretados de acuerdo con la naturaleza del negocio celebrado, en forma sistemática, racional y lógica, con el fin de establecer la voluntad común de los contratantes, sin dejar de lado la prevalencia obligatoria del pliego, el cual constituye la fuente principal de los derechos y obligaciones de las partes y la base para la interpretación e integración del contrato. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el deber del juez de interpretar el contrato, consultar providencias de 26 de abril de 2006, Exp. 16041, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 1 de agosto de 2002, Exp. 6907; de 27 de mayo de 2008, Exp. 11001-31-03-028-2000. En cuanto a las pautas de hermenéutica aplicables a la interpretación de los contratos estatales, consultar providencias de 9 de mayo de 2012, Exp. 22714, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 5 de marzo de 2021, Exp. 39249, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil; de 28 de febrero de 2005, Exp. 7504. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRECIO / CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS / PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / PRECIO DEL CONTRATO / PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / ESTIMATIVO AIU EN EL CONTRATO ESTATAL / COSTOS DE ADMINISTRACIÓN EN EL CONTRATO ESTATAL / RUBRO DE IMPREVISTOS EN EL CONTRATO ESTATAL / UTILIDAD / UTILIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / MUNICIPIO / CONTROVERSIAS CONTRA ENTIDAD TERRITORIAL / ENTIDAD TERRITORIAL Problema jurídico: ¿Hay lugar a reconocer el monto que fue descontado por el municipio, por el valor del A.I.U. incluido en los precios de los ítems del componente de redes secas, cuando se observa que el contratante no estaba obligado al pago de un doble A.I.U sobre los ítems que integraban dicho componente? Respuesta al problema jurídico: No [E]n el presente asunto a juicio de la Sala emerge con claridad que la voluntad de las partes consistió en pactar un contrato bajo la modalidad de precios unitarios, en donde el valor final sería el resultado de multiplicar los precios unitarios por las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, incluyendo un único A.I.U que el contratista debía plasmar en el formulario de precios y cantidades, guardando en todo caso la debida correspondencia, consistencia y coherencia con lo consignado en los análisis de precios unitarios. En efecto, en la cláusula cuarta del contrato las partes estipularon expresamente la modalidad de pago a precios unitarios, siendo claro, de igual modo, que el valor total del contrato incluiría un A.I.U. aplicable a los costos directos, tal como se desprende del cálculo del A.I.U que el propio oferente presentó en el Anexo 6 de su propuesta (…). La anterior conclusión se ve reforzada al revisar la discriminación del valor del A.I.U. que presentó en su propuesta el Consorcio (…), en donde el oferente claramente discriminó el porcentaje del 29.8% incluido en el formulario de precios y cantidades, sin alusión alguna al 18% que adicionó en los análisis de precios unitarios de algunos de los ítems del contrato. (…) La interpretación anterior se ajusta, sin duda, a la naturaleza del contrato de obra celebrado entre las partes, el cual se pactó bajo la modalidad de precios unitarios, en aplicación de la regla de hermenéutica consignada en el artículo 1621 del Código Civil según el cual el juez ha de estarse “a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato”. De igual modo, a esta misma conclusión sobre la intención real de las partes se arriba a partir de la lectura sistemática del contrato, los pliegos de condiciones y la oferta, pauta de interpretación según la cual “[l]as cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándose a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad”. En efecto, el análisis integral de lo consignado en el clausulado contractual, junto con la oferta y los pliegos, documentos que de igual modo integran el contenido negocial, pone de relieve que la intención de las partes fue acordar la aplicación de un único A.I.U sobre los costos directos, de conformidad con los precios unitarios pactados cuyo desglose, contenido en los análisis de precios unitarios, debía guardar coherencia o adecuada correspondencia con lo consignado en el formulario de precios y cantidades y en la discriminación del A.I.U. que debía presentar el oferente. Ahora bien, la actora fundó su reclamación afirmando que los ítems de redes secas fueron pactados a precio global y que en los análisis de precios de tales actividades presentados con su propuesta incluyó un A.I.U. del 18% que debe serle reconocido, en adición al A.I.U. del 29.8% general del contrato. (…) Así las cosas, en sentir de la Sala, la intención de las partes al suscribir el contrato no fue la de contemplar un doble A.I.U para algunos de los conceptos ofertados ni estipular unos ítems que se pagaban a precio global y otros a precio unitario, sino la de establecer para todos los ítems el pago bajo el sistema de precios unitarios fijos con un único A.I.U. aplicable a los costos directos y plasmar las normas que regularían la forma de liquidar el valor de cada uno de los ítems pactados y establecer el precio tanto de cada uno de los componentes que integrarían la obra, como del contrato en su integridad. (…) En este orden, a diferencia de lo señalado por la actora al reclamar una doble partida de gastos administrativos, un doble pago del rubro de contingencias imprevistas y una doble utilidad en la ejecución de las actividades eléctricas objeto del contrato, la Sala concluye que el municipio no tenía la obligación de efectuar un doble pago de A.I.U sobre unas mismas actividades, bienes y servicios, de tal suerte que la entidad no incumplió el contrato al efectuar el descuento que realizó, pues no se pactó, para el tráfico negocial, un doble y diferenciado A.I.U para algunos de los componentes del contrato y la suscripción del contrato no implica aceptación de ello por parte del contratante, toda vez que el contratista debía ceñirse al pliego y le estaba vedado hacer contraofertas así como ofertas parciales. Por lo anteriormente expuesto, como el municipio no estaba obligado al pago de un doble A.I.U sobre los ítems que integraban el componente de redes secas, al efectuar el descuento que llevó a cabo no incumplió las obligaciones a su cargo. En consecuencia, no está llamada a prosperar la pretensión encaminada al reconocimiento del monto que fue descontado del valor de los referidos ítems por parte del municipio, correspondiente al 18% de A.I.U cobrado por el Consorcio (…) en los precios unitarios de los ítems del componente de redes secas en adición al A.I.U del 29.8% sobre el valor total del contrato. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1621 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / MORA EN EL PAGO / INCUMPLIMIENTO DEL PAGO / OBRA PÚBLICA ADICIONAL / OBRAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / EJECUCIÓN DE OBRA ADICIONAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Resulta procedente el reconocimiento de costos financieros por demoras en la aprobación y pago de ítems no contractuales, cuando se observa que no se demostró que la contratista haya dado inicio a las obras adicionales antes de acordar los precios unitarios nuevos, así como tampoco que el municipio tomó un tiempo mayor del término razonable para su aprobación, ni que tuvo lugar la mora en los pagos de las actas que reflejaron la ejecución de los ítems de obra adicionales? Respuesta al problema jurídico: No [L]a parte actora señaló que durante la ejecución del contrato fue necesario llevar a cabo obras adicionales no previstas y que el contratista dio inicio a las mismas sin haber pactado previamente los precios unitarios correspondientes (…). Añadió que la entidad incurrió en demora al momento de aprobar los precios unitarios nuevos y pagó tardíamente las obras adicionales ejecutadas por el contratista (…). Al respecto, la Sala encuentra demostrado que durante la ejecución del contrato en efecto fue necesario llevar a cabo actividades no previstas inicialmente, lo que dio lugar a que las partes acordaran ítems de obra adicionales con sus respectivos precios unitarios nuevos. En efecto, (…), se encuentra acreditado que, tras surtir las actuaciones atinentes a la presentación, revisión y aprobación de los análisis de precios unitarios de los ítems adicionales, las partes suscribieron 3 acuerdos modificatorios que en términos generales tuvieron por objeto pactar nuevos precios unitarios y modificar las cantidades estimadas de algunos ítems de obra previstos en el contrato. (…) Ahora bien, revisados los hechos acreditados en el proceso en torno a la aprobación de los nuevos ítems de obra con sus correspondientes precios unitarios y la celebración de los tres otrosíes analizados, la Sala concluye, por un lado, que la parte actora no demostró que hubiera dado inicio a las obras adicionales antes de su suscripción, ni menos aún que si ello ocurrió se debió a una orden proveniente de la entidad o de la interventoría, pues a dicho efecto ninguna prueba aportó encaminada a acreditar tal circunstancia. (…) En suma, en el presente caso no se acreditó que el contratista hubiera acometido la realización de las obras adicionales antes de la aprobación de los precios unitarios nuevos, ni tampoco se probó que el municipio hubiera ordenado o autorizado ejecutarlas sin haber suscrito previamente los otrosíes en los que se pactaron dichos precios y se acordaron las modificaciones a las cantidades de obra inicialmente previstas. (…) Por otro lado, tampoco advierte la Sala que haya quedado demostrado que por parte de la entidad contratante y/o de la interventoría se hubiere incurrido en demoras o dilaciones injustificadas a propósito de la revisión y aprobación de los precios unitarios nuevos. (…) Y en cuanto a la mora en el pago de las actividades adicionales ejecutadas por el contratista, la Sala encuentra que la parte actora no acreditó las fechas en las que presentó ante la entidad municipal las facturas correspondientes a las actas de avance de obra en las que se incluyeron las obras adicionales pactadas en los acuerdos modificatorios bajo análisis, junto con sus respectivos soportes, así como tampoco demostró las fechas en las que aquellas fueron pagadas, por lo que no es posible establecer si el municipio efectuó los pagos por fuera del plazo de 30 días hábiles pactado en la cláusula cuarta del contrato y si, por consiguiente, incurrió en mora. (…) En conclusión, como la parte actora no demostró que dio inicio a las obras adicionales antes de acordar los precios unitarios nuevos ni que ello, de haber ocurrido, tuvo lugar por imposición de la entidad territorial, así como tampoco acreditó que el municipio tomó un tiempo mayor del término razonable para su aprobación, ni probó, tampoco, que tuvo lugar la mora en los pagos de las actas que reflejaron la ejecución de los ítems de obra adicionales, la Sala no accederá a la pretensión formulada en la demanda atinente al reconocimiento de costos financieros e intereses moratorios por la mora en la aprobación y pago de los ítems de obra adicionales. PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / PLANOS ARQUITECTÓNICOS / OMISIÓN ADMINISTRATIVA / OMISIÓN DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / OMISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / DEBERES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL PROPONENTE / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CARENCIA DE ESTUDIO PREVIO PARA OBRA PÚBLICA / ESTUDIO PREVIO PARA OBRA PÚBLICA / ETAPA PRECONTRACTUAL / PRINCIPIOS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL / RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL / OBLIGACIONES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL Problema jurídico: ¿La falta de estudios y diseños o su deficiencia afecta el adecuado desarrollo de las obras, además de que puede elevar su valor por el cambio en las cantidades de obra y en las especificaciones técnicas pactadas, por lo que, la inobservancia de esta obligación a cargo de las entidades del Estado quebranta el deber de planeación, cuyo cumplimiento compete en primer término a la entidad estatal, comprometiendo la responsabilidad contractual de la administración, sin que ello signifique que al proponente no le asistan deberes de diligencia, cuidado y seriedad en la etapa previa a la celebración del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si Cabe mencionar que la falta de estudios y diseños o su deficiencia afecta el adecuado desarrollo de las obras, además de que puede elevar su valor por el cambio en las cantidades de obra y en las especificaciones técnicas pactadas. Por tal razón, la Jurisprudencia ha sostenido que la inobservancia de esta obligación a cargo de las entidades del Estado quebranta el deber de planeación cuyo cumplimiento compete en primer término a la entidad estatal, comprometiendo la responsabilidad contractual de la administración, siempre y cuando se acrediten los daños efectivamente causados por dicho incumplimiento. Ello no significa que al proponente no le asistan deberes de diligencia, cuidado y seriedad en la etapa previa a la celebración del contrato, pues su participación en el proceso de selección parte de la premisa de la experiencia y conocimiento que ostenta, pero no puede dejarse de lado que el deber de planeación en materia de contratación estatal le es exigible en primera medida a la entidad estatal, en tanto es quien elabora los estudios, análisis y documentos requeridos para la futura contratación. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el alcance del deber de planeación de las entidades estatales, consultar providencias de 31 de agosto de 2011, Exp. 18080, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; y de 13 de agosto de 2020, Exp. 46057, C.P. María Adriana Marín. Acerca del deber de planeación del contratista, consultar providencia de 13 de agosto de 2020, Exp. 46057, C.P. María Adriana Marín. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿Resulta procedente reconocer los sobrecostos que debió asumir el contratista por la mayor permanencia en obra resultante de la prórroga del plazo contractual, cuando no se acreditaron en el proceso? Respuesta al problema jurídico: No [S]e observa que el cargo de inconformidad se centró en los costos administrativos que debió asumir el contratista por la permanencia en la obra durante un período superior al previsto dadas las dos prórrogas de que fue objeto el negocio jurídico por causas no imputables al contratista y, puntualmente, por la necesidad de ejecutar actividades no previstas y modificar las cantidades de obras pactadas, toda vez que los diseños iniciales no correspondían a las condiciones que encontró el contratista al acometer los trabajos, principalmente en lo atinente a las redes de acueducto y alcantarillado. (…) [N]o bastaba con sostener que el simple paso del tiempo ocasionó gastos administrativos que el contratista tuvo que soportar y fundar la demostración de su reclamo en el testimonio antes referido. Por el contrario, era indispensable aportar las pruebas que soportaran la causación de los valores reclamados, lo cual no se encuentra acreditado en el proceso. Bajo este entendido, se tiene que la parte actora no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, teniendo en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, “[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de donde los perjuicios que se alegan requiere de prueba, cuya omisión por la demandante, a quien corresponde tal onus, impide su reconocimiento y aunque el juez posee claras facultades oficiosas para decretar pruebas y con ello auscultar algunos vacíos que en materia probatoria pudo dejar una deficiente concepción de la prueba por el extremo procesal interesado y de esta manera buscar la verdad material, dichas facultades deben utilizarse para esclarecer las partes oscuras que puedan quedar en el proceso, pero no puede esgrimirse para suplir la ritualidad probatoria que corresponde atender a las partes desequilibrando la relación jurídico procesal entre ambos extremos, pues al juez corresponde guardar la debida neutralidad en el transcurso del proceso, salvo que se presenten o existan condiciones excepcionales que exijan a este hacer uso de las atribuciones oficiosas en materia probatoria, las cuales en el caso concreto no se advierten. Así las cosas, como la parte actora no acreditó los sobrecostos reclamados por la mayor permanencia en la obra, la Sala no accederá al reconocimiento de los valores pretendidos por concepto de mayor permanencia en obra derivada de las dos prórrogas del plazo contractual. NOTA DE RELATORÍA: Acerca del reconocimiento de perjuicios por la mayor permanencia en la obra, consultar providencia de 29 de enero 2004, Exp. 10779, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 26 de abril de 2017, Exp. 50762, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REAJUSTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTROVERSIAS EN EL CONTRATO DE OBRA / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CARGA DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / VALOR DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Hay lugar a reconocer obras pendientes de pago correspondientes a ítems cuyas cantidades fueron disminuidas, cuando no se probó la cantidad y valor de los ítems que la parte actora aduce haber ejecutado, así como tampoco el monto que fue pagado por la entidad? Respuesta al problema jurídico: No [S]eñaló el demandante que “[n]o obstante haber acordado las cantidades de obra a realizar con la Interventoría del Proyecto cálculo y los registros fotográficos para demostrar que se ejecutaron, la Interventoría modificó unilateralmente las cantidades de obra realizadas”, pagando solamente la suma de $8.079.076, en lugar de los $18.428.217.23 que efectivamente ejecutó. (…) Nuevamente ha de recordarse que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, carga que no fue debidamente satisfecha por la parte demandante. Así las cosas, no habiéndose demostrado la cantidad y valor de los ítems que la parte actora aduce haber ejecutado así como tampoco el monto que fue pagado por la entidad, no resulta posible confrontar las cantidades supuestamente ejecutadas con las que en la práctica pagó el municipio, lo que a todas luces se opone al reconocimiento de algún tipo de condena en favor del contratista por concepto de obras cuya cantidad disminuyó durante la ejecución del contrato y que, según alegó la actora, no fueron pagadas en las cantidades menores que se convinieron y que alega haber realizado. En consecuencia, esta pretensión no está llamada a prosperar. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / MORA EN EL PAGO / INTERÉS MORATORIO POR NO PAGO OPORTUNO / INTERÉS MORATORIO / COBRO DEL INTERÉS MORATORIO / FALTA DE RECONOCIMIENTO DEL INTERÉS MORATORIO / IMPROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Resulta procedente el reconocimiento de intereses moratorios por la mora en el pago del acta parcial No. 7 del contrato de obra, cuando en el proceso el extremo activo no allegó la factura correspondiente, ni acreditó la fecha en la que la misma fue radicada en el municipio de Palmira con los soportes correspondientes, así como tampoco demostró la fecha en la que tuvo lugar el pago? Respuesta al problema jurídico: No [L]a parte actora sostuvo que el acta parcial de obra No.7 fue pagada tardíamente y en consecuencia reclama el reconocimiento y pago de intereses moratorios. (…) [L]a Sala encuentra que el extremo activo no allegó la factura correspondiente al acta No. 7 ni acreditó la fecha en la que la misma fue radicada en el municipio de Palmira con los soportes correspondientes, así como tampoco demostró la fecha en la que tuvo lugar el pago que afirma haber recibido extemporáneamente, lo que impide verificar el momento en el que comenzó a correr el plazo para el pago y el tiempo que transcurrió hasta su pago efectivo, de suerte que no acreditó la parte actora el incumplimiento que adujo en el pago oportuno del valor consignado en el acta. (…) Por lo anterior, la pretensión encaminada al reconocimiento de intereses de mora por pago extemporáneo del acta de obra No. 7 (…), será despachada negativamente ante la ausencia de elementos probatorios sobre los supuestos fácticos en que se fundamenta. CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONCEPTO DE COSTAS PROCESALES / CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS / NATURALEZA DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / RECURSO DE APELACIÓN / NEGACIÓN DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN Problema jurídico: ¿Resulta procedente la condena en costas, al observar que parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, y que este no prosperó? Respuesta al problema jurídico: Si [S]e condenará en costas a la parte demandante, que interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, debido a que no prosperó el recurso que formuló, y su liquidación la hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación las costas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 AGENCIAS EN DERECHO / EXONERACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / ACTUACIÓN DE LAS PARTES DEL PROCESO / ACTUACIÓN PROCESAL / ACTUACIÓN EN EL PROCESO / SEGUNDA INSTANCIA Problema jurídico: ¿Resulta procedente la condena en agencias en derecho, cuando se observa que no se encuentra acreditada su causación, pues la parte demandada no ejerció actuación alguna ante esta Corporación durante el trámite de la segunda instancia? Respuesta al problema jurídico: No En relación con la agencias en derecho en segunda instancia, que se entienden causadas en razón de la naturaleza, calidad, cuantía del proceso y actuación desplegada por la parte vencedora, de conformidad con lo establecido en los numerales 3 y 4 del artículo 366 del Código General del Proceso, la Sala no estima procedente su fijación en esta instancia, comoquiera que en el caso concreto no se encuentra acreditada su causación, pues la parte demandada no ejerció actuación alguna ante esta Corporación durante el trámite de la segunda instancia. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=760012333000201800206011100103