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¿Resulta procedente reconocer el desequilibrio económico del contrato de interventoría por mayor permanencia en obra derivada de la falta de gestión y mala planeación del proyecto de obra, cuando se observa que en el contrato se pactó una etapa de revisión y ajuste de los estudios y diseños entregados por la entidad, y que la contratista, al momento de la presentación de la propuesta, afirmó que conocía dichos documentos? No
El contratista no puede obtener el reconocimiento de un desequilibrio económico en un contrato de interventoría debido a una mayor permanencia en obra derivada de la falta de gestión y mala planeación del proyecto, cuando en el contrato se pactó una etapa de revisión y ajuste de los estudios y diseños entregados por la entidad y el contratista afirmó conocer dichos documentos al presentar la oferta. Además, la Sala rechaza la pretensión del contratista por falta de prueba, ya que no aportó documentos ni pruebas técnicas que demuestren la realización de actividades adicionales o la mayor permanencia en obra y la utilidad dejada de percibir. La decisión confirma que la demandante debe ser condenada en costas y agencias en derecho, lo que implica que debe asumir los gastos del proceso judicial.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente reconocer el desequilibrio económico del contrato de interventoría por mayor permanencia en obra derivada de la falta de gestión y mala planeación del proyecto de obra…¿Debe condenarse en costas a la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación?
¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad frente a las pretensiones de la demanda de reconvención? Sí
Cuando el contrato no se liquida ni de forma bilateral ni de forma unilateral, el término de dos años para demandar su controversia se cuenta una vez cumplido el plazo de dos meses para la liquidación bilateral contado desde el vencimiento del plazo convenido, al cual se suma el plazo de la liquidación unilateral. Esta regla se apoya en el numeral v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, que fija esa subregla para los contratos cuya liquidación no se realizó. Por ello el cómputo no inicia en la terminación del contrato, sino al agotarse los plazos de liquidación pactados o legales. En el caso concreto la cláusula del contrato permitía liquidar bilateralmente dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo y la entidad tenía dos meses adicionales para liquidar unilateralmente, y como ninguna liquidación se produjo, se aplicó la subregla. La sala modificó la sentencia en cuanto a la caducidad de la reconvención. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la falta de liquidación del contrato extiende el término de caducidad hasta el agotamiento de los plazos de liquidación.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó el incumplimiento del contrato por parte del consorcio por cuanto se demostró que el levantamiento arquitectónico del Hospital fue defectuoso?¿Procede la condena únicamente del pago de la cláusula penal porque el Ministerio no acreditó perjuicios adicionales?¿La aseguradora debe responder por el valor asegurado por garantía de cumplimiento y no por garantía de calidad?
¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de controversias contractuales, considerando que el término fue suspendido por la solicitud de conciliación ante el agente del Ministerio Público, y que, a pesar de que el requisito de procedibilidad no fuera obligatorio, en lo que respecta a la suspensión del término, la ley no distingue entre los procesos en los que el trámite de conciliación sea requisito de procedibilidad y aquellos en que no? No
El contratista no puede alegar la caducidad de la acción de controversias contractuales cuando el término de caducidad fue suspendido por la presentación de una solicitud de conciliación ante el agente del Ministerio Público, independientemente de que el trámite de conciliación no sea un requisito de procedibilidad, ya que la ley no distingue entre procesos en los que la conciliación es obligatoria y aquellos en que no lo es. La suspensión del término de caducidad opera hasta que se expida la constancia de no conciliación o hasta que se venza el plazo de tres meses, reanudándose el término una vez finalizado este periodo. En la práctica, esta regla reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la suspensión del término de caducidad, permitiendo que los contratistas puedan interponer acciones de controversias contractuales sin temor a la caducidad cuando han solicitado conciliación, incluso en casos en los que la conciliación no es un requisito de procedibilidad.síntesis automática
También resuelve:¿La existencia de inconsistencias en los estudios, diseños y planos entregados por el INVÍAS para construir la vía, afectaron la ejecución de la obra de forma tal que ocasionara que el contratista…¿Para reconocer el desequilibrio a favor del contratista se requiere la existencia de hechos imprevistos no imputables al contratista…¿Resulta procedente el restablecimiento de la ecuación financiera a favor del contratista, del contrato de obra pública pactado a precios unitarios…
¿El contratista demandado -Aecom- tenía la obligación de verificar la calidad de los diseños de las obras de acceso al casco urbano de Gramalote? No
El contratista no tiene la obligación de verificar la calidad de los diseños de las obras de acceso al casco urbano de Gramalote, ya que dicha responsabilidad no surge del contrato de gerencia del proyecto ni del nexo entre este y los contratos de interventoría de diseños y consultoría para la elaboración de diseños. La Sala establece que cada contrato tiene su objeto específico y que el principio de relatividad de los contratos implica que cada contratista es responsable ante la entidad estatal de las obligaciones derivadas de su propio contrato, sin asumir responsabilidades por las actuaciones de otros contratistas. Además, los estudios previos del contrato de gerencia integral del proyecto no establecen la obligación de revisar la calidad de los diseños ni de examinar los criterios técnicos utilizados por el interventor. Esta decisión reitera la importancia de definir claramente las responsabilidades en los contratos de obra y matiza la interpretación de la obligación de resultado en contratos de gerencia de proyecto.síntesis automática
También resuelve:¿Debe condenarse en costas a la parte demandante Fondo de Adaptación, puesto que, el recurso de apelación le fue desfavorable?
¿El contrato de consultoría suscrito por FONADE se encuentra exceptuado de la aplicación del estatuto de contratación estatal, por corresponder al giro ordinario de su objeto social, y en consecuencia, no son aplicables al caso los artículos 5 y 27 de la Ley 80 de 1993 sobre el mantenimiento del equilibrio financiero del contrato ni los artículos 3, 4, 24, 25 y 28 de ese mismo ordenamiento invocado por la parte apelante en su recurso? Sí
El contratista no tiene derecho a reclamar sobrecostos ni a considerar que la entidad estatal incumplió el contrato cuando existen diferencias entre las áreas estimadas y las finalmente diseñadas, dado que el contrato se pactó a precio global y abarcaba todos los costos directos e indirectos relacionados con la realización de los diseños. La entidad contaba con anteproyectos que estimaban una posible área a diseñar, pero el resultado preciso solo se determinaría con los diseños definitivos, por lo que no se acreditó que la parte contratante desconociera la extensión y alcance de lo pactado. Además, aunque se realizaron modificaciones en la acomodación de la población carcelaria dentro del grupo 1, la ocupación estimada de cada centro penitenciario se mantuvo inalterada, lo que implica que el contrato no se pactó a precios unitarios por metro cuadrado de diseño. Esta regla reitera la jurisprudencia sobre la interpretación de contratos a precio global en proyectos de infraestructura, limitando las reclamaciones de sobrecostos basadas en diferencias de área en diseños finales.síntesis automática
También resuelve:¿El solo hecho de existir diferencia entre las áreas estimadas y las finalmente diseñadas, otorga derecho al contratista a reclamar sobrecostos y constituye incumplimiento de la demandada…¿Procede el reconocimiento de sobrecostos derivados de la variación de la fuente hídrica para el Centro Carcelario y Penitenciario de Puerto Triunfo…¿Procede el reconocimiento al contratista de sobrecostos derivados de la supuesta exigencia de FONADE de ejecutar trabajos no previstos en el contrato?
¿La metodología para definir los honorarios por la realización de los diseños arquitectónicos, fue fijada conforme a lo pactado en el contrato y a las reglas del pliego de condiciones? Sí
Cuando el pliego de condiciones y el contrato fijan una metodología para calcular los honorarios de los diseños arquitectónicos, esa metodología obliga a las partes y no puede sustituirse por otra que el contratista considere más conveniente, aunque también esté prevista en la normativa aplicable. La regla se sostiene en que la metodología fue establecida desde el pliego, explicada a todos los proponentes y reflejada en una cláusula del contrato, de modo que lo pactado prima sobre la pretensión posterior de cambiarla. Además, el concepto de la interventoría señaló que la metodología aplicada es una de las que contempla el Decreto 2090 de 1989, lo que confirma su validez frente a la alternativa propuesta. En el asunto, el contratista pretendió que se aplicara otra metodología que le resultaba más favorable, y la Sala confirmó que los honorarios debían calcularse con la metodología pactada, que fue la que efectivamente se aplicó. En la práctica, el contratista no puede cambiar la base de liquidación de sus honorarios por una distinta a la acordada.síntesis automática
También resuelve:¿La cuantía es un factor para determinar la competencia en lo contencioso administrativo?¿El demandante está legitimado en la causa por activa al ser el contratista de la relación jurídica cuestionada?¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, empezó a contar desde la fecha de finalización del contrato de consultoría?
¿El régimen jurídico de contratación de las Universidades Públicas, como otros de los denominados regímenes especiales, no es exclusivamente el derecho privado, sino que lo es “salvo las excepciones consagradas en la Ley"? Sí
El contratista no puede declarar la nulidad del acto de liquidación unilateral proferido por la entidad estatal, como las universidades públicas, cuando el contrato se rige por el derecho privado y no se allega prueba del estatuto interno que regula los actos administrativos de la universidad. La Sala confirmó que el régimen jurídico de contratación de las universidades públicas no es exclusivamente el derecho privado, sino que lo es salvo las excepciones consagradas en la Ley 30 de 1992, y que los reglamentos internos de estas instituciones pueden establecer cuáles de sus actos son administrativos. Sin embargo, en este caso, el contratista no cumplió con su deber probatorio de demostrar que el acto de liquidación era un acto administrativo, por lo que la Sala rechazó la pretensión de declarar la nulidad del acto y reconoció la regla general de que el régimen de los contratos es el derecho privado. Esto implica que el acto de liquidación no es un acto administrativo, sino un acto contractual unilateral sin naturaleza de acto administrativo, y que el contratista debe demostrar la naturaleza jurídica del acto para poder anularlo.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente declarar la nulidad de los actos de liquidación unilateral proferidos por la Universidad Tecnológica de Pereira y, en consecuencia…¿Resulta procedente declarar el incumplimiento del contrato de obra celebrado por la Universidad Tecnológica de Pereira, por el ejercicio indebido de la facultad de liquidar unilateralmente…¿A los contratos estatales especiales sometidos al derecho privado, como los celebrados por las Universidades Públicas, les resultan aplicables las normas relacionadas con el equilibrio económico del…
¿La sola variación del diseño durante la ejecución de un contrato es suficiente para dar por acreditados los defectos o deficiencias en la planeación y estructuración del proyecto? No
El contratista no puede alegar defectos en la planeación y estructuración del proyecto basándose únicamente en la variación del diseño durante la ejecución del contrato, ya que la Sala no encontró pruebas que demuestren dichos defectos ni incumplimiento por parte de la entidad estatal en su deber de planeación, y considera que la modificación de diseños es común en contratos de obra debido a la imposibilidad de prever todos los eventos que pueden surgir durante la ejecución. Además, la Sala confirma que el aumento en las cantidades de obra en un contrato a precios unitarios no constituye un reajuste o revisión del contrato, sino un alea normal, y que la parte demandante debe demostrar un riesgo extraordinario para reclamar un desequilibrio financiero, lo que no fue evidenciado en este caso. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre la necesidad de pruebas concretas para acreditar defectos en la planeación y la imposibilidad de reajustar precios basándose únicamente en el aumento de cantidades de obra.síntesis automática
También resuelve:¿El recurrente no presentó reparos concretos en contra de los argumentos del Tribunal relacionados con la falta de pruebas sobre la configuración del desequilibrio económico?¿El aumento en las cantidades de obra en un contrato a precios unitarios es un alea normal del contrato?¿El riesgo de variación de fuentes de material era un riesgo que había sido asignado a la contratista y había expresamente sido aceptado por esta con la suscripción del contrato?
¿La elección de la modalidad de pago, o de remuneración de cada una de las obligaciones, implica una asignación de obligaciones y riesgos entre las partes? Sí
El contratista no puede solicitar reajustes de precios en un contrato estatal pactado sin fórmula de reajuste, ya que la elección de la modalidad de pago implica una asignación de riesgos entre las partes, y el juez no puede contrariar lo acordado por las partes en ausencia de una revisión basada en la ruptura del equilibrio económico o la excesiva onerosidad. Además, el contratista no puede ejecutar mayores cantidades de obra sin el visto bueno de la entidad contratante, según lo pactado en el contrato. Asimismo, la entidad debe suministrar información técnica adecuada y suficiente para que el contratista pueda cumplir con el objeto del contrato, y en ausencia de pruebas que demuestren lo contrario, no puede ser declarado el incumplimiento. Finalmente, en caso de que se haya pagado indebidamente, se ordenará la devolución del reembolso que el consorcio contratista debía reintegrar a la entidad, como restablecimiento del derecho. Esta sentencia reitera y matiza precedentes sobre la interpretación de las cláusulas contractuales y la responsabilidad de las partes en la contratación estatal, limitando la capacidad del juez para modificar acuerdos previamente establecidos.síntesis automática
También resuelve:¿Se pactó que el contratista no podía ejecutar mayores cantidades de obra sin el visto bueno de la entidad contratante?¿En el expediente no obra ninguna prueba que demuestre que los estudios previos, planos, y diseños no fueron adecuados o que no se encontraban de conformidad con los estándares técnicos requeridos?¿Se ordenará, en caso de haber sido pagado, la devolución del “reembolso” que el consorcio contratista debía reintegrar a la ESP?
¿La ausencia de salvedades en las prórrogas y modificaciones del contrato impide que el contratista efectúe reclamaciones a través del medio de control de controversias contractuales? No
El contratista puede efectuar reclamaciones a través del medio de control de controversias contractuales incluso cuando las prórrogas y modificaciones del contrato no contienen salvedades, ya que la ley no establece que la ausencia de estas impida el ejercicio de dichos medios. El juez debe determinar la intención de las partes en cada caso, y no asumir que el silencio en los acuerdos modificatorios implica una renuncia automática a la posibilidad de formular reclamaciones. Además, para que una modificación contractual genere un acuerdo o renuncia sobre el asunto objeto del proceso judicial, es necesario que este sea expresamente abordado en el acuerdo y que las partes adopten acuerdos para su solución, lo que no ocurrió en este caso. La Sala matiza la jurisprudencia anterior, permitiendo que el contratista presente reclamaciones sin necesidad de que las partes hayan dejado salvedades en los acuerdos modificatorios.síntesis automática
También resuelve:¿El Consorcio demandante probó los perjuicios por la mayor permanencia en obra imputables a la entidad demandada, derivados del incumplimiento contractual de la Agencia por entregar diseños…¿Hay lugar a reconocer al contratista el AIU sobre la adquisición de ascensores nuevos, considerando que no se pactó en el contrato de obra pública un valor adicional por ese concepto?¿Hay lugar a reconocer al contratista el pago de transporte de ascensores nuevos, considerando que no se pactó en el contrato de obra pública un valor por ese concepto?
¿La entidad demandada incumplió el contrato de consultoría al no cancelar los honorarios pactados? Sí
El contratista tiene derecho al ajuste de sus honorarios básicos por la elaboración de diseños arquitectónicos, y la entidad estatal incumplió al no cancelar dichos honorarios, lo que se evidencia por la falta de prueba de que se haya realizado el pago. La regla establece que en contratos de cuantía determinable, como el de consultoría No. 226 de 2005, el precio puede ajustarse conforme a las condiciones pactadas en las bases del concurso y los términos de referencia, sin necesidad de suscribir un contrato adicional. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre ajustes en contratos estatales, estableciendo que la entidad debe cumplir con los ajustes de honorarios según lo pactado, y que la falta de pago constituye un incumplimiento del contrato que genera responsabilidad patrimonial.síntesis automática
También resuelve:¿Obran elementos de juicio que permitan determinar con certeza el monto del perjuicio que tienen derecho a recibir los demandantes?¿La entidad demandada no consideró procedente el ajuste en los términos planteados por el Consorcio?¿En el contrato de consultoría No. 226 de 2005 no se pactó un valor determinado, sino determinable?
¿Debe declararse probada la excepción de indebido agotamiento del requisito de procedibilidad, dado que en la solicitud de la conciliación prejudicial no se incluyó ninguna pretensión relacionada con la declaratoria de nulidad de los actos expedidos por el Invías? Sí
El contratista debe agotar el trámite de conciliación prejudicial antes de acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y esta debe incluir todas las pretensiones relacionadas con la declaratoria de nulidad de actos administrativos expedidos por la entidad estatal, como el Invías, para que la demanda sea procedente. Si en la solicitud de conciliación no se incluye una pretensión específica, como la declaratoria de nulidad de un acto administrativo, la entidad estatal puede solicitar la excepción de indebido agotamiento del requisito de procedibilidad, lo que implica la inadmisión de la demanda. Además, las manifestaciones de voluntad emitidas por la entidad estatal durante la ejecución del contrato corresponden a actos contractuales de derecho privado, por lo que no tienen la presunción de legalidad y fuerza ejecutoria de los actos administrativos. Por último, la responsabilidad del Invías por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales relativas a diseños definitivos puede ser declarada si se acredita que la elaboración de nuevos diseños no estaba prevista en el contrato y se suscitó una controversia que fue resuelta mediante amigable composición, configurando así la cosa juzgada.síntesis automática
También resuelve:¿Las manifestaciones de voluntad que las entidades estatales emiten durante la ejecución de un contrato corresponden a actos contractuales de derecho privado y no a actos administrativos con…¿Resulta procedente declarar la responsabilidad del Invias por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales relativas a los diseños definitivos para la ejecución de un contrato de suministro…¿La obligación de complementar, actualizar y optimizar los estudios y diseños entregados por el Invías para la ejecución de la obra…
¿Se configuró la caducidad de la pretensión de nulidad absoluta del negocio jurídico? Sí
La pretensión de nulidad absoluta de un contrato estatal caduca a los dos años contados desde el día siguiente al perfeccionamiento del negocio jurídico, conforme al literal j) del artículo 164 del CPACA, salvo que se interponga mientras el negocio se encuentre vigente. La regla se apoya en que el término se cuenta desde el perfeccionamiento y no desde la ejecución, y en que la demanda cabe mientras el negocio se encuentre vigente. Por ello, la fecha de perfeccionamiento es determinante para establecer la oportunidad. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. En el caso, la demanda se presentó más de tres años después del perfeccionamiento y cuando el contrato ya no estaba vigente, por lo que se configuró la caducidad de la pretensión de nulidad absoluta. Como consecuencia práctica, la pretensión de nulidad absoluta debe formularse dentro de los dos años o mientras el contrato se mantenga vigente, so pena de caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿La formulación de las pretensiones adolece de una notable imprecisión y falta de claridad en tanto no se identificó cuáles de ellas eran principales, subsidiarias y consecuenciales?¿Las correcciones y ajustes debían ser considerados en la programación del contratista y no lo exoneraban de cumplir con la entrega de los estudios y diseños…¿La interventoría recomendó iniciar proceso sancionatorio, con fundamento en el reiterado incumplimiento de las obligaciones del hoy demandante?
¿El proceso de contratación directa para la construcción de las obras resulta suficiente para desvirtuar la existencia de los perjuicios sufridos por la entidad contratante? No
La existencia del perjuicio por la entrega deficiente del objeto de un contrato de consultoría no se desvirtúa con argumentos sobre el proceso de contratación directa posterior, sino con prueba de que el producto cumplía las exigencias contractuales de calidad. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la frustración del objeto pactado en la consultoría fue determinante, y el argumento sobre la contratación directa no acredita que los productos satisficieran la necesidad contratada. Segunda, la cuantificación del perjuicio se fundó en la efectividad del amparo de calidad por el valor asegurado, y esa cuantificación no fue desvirtuada por la parte actora. Tercera, conforme a la carga de la prueba, quien alega el cumplimiento de la calidad debía demostrarlo. La providencia revoca la decisión de primera instancia y mantiene la cuantificación del acto. La consecuencia práctica es que el contratista que pretende desvirtuar la indemnización por calidad deficiente debe probar la calidad del producto y no basta con la existencia de otro proceso de contratación.síntesis automática
También resuelve:¿Los productos resultantes de la consultoría satisficieron la necesidad para la cual fueron contratados?¿El dictamen pericial carece de la fuerza probatoria necesaria para desvirtuar los hechos que le dieron sustento al acto administrativo demandado?¿La declaratoria del siniestro trató de ocultar la negligencia en adelantar la construcción de la obra?
¿Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer de la controversia derivada de un contrato de obra celebrado por un patrimonio autónomo constituido con recursos públicos, aunque ese contrato se rija por el derecho privado? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene competencia para conocer de la controversia derivada del Contrato de Obra celebrado por el Patrimonio Autónomo Findeter, constituido con recursos públicos, aunque este contrato se rija por el derecho privado. Esto se debe a que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, los contratos celebrados por patrimonios autónomos constituidos mayoritariamente con recursos públicos son considerados contratos celebrados por entidades públicas para los efectos de la competencia prevista en el numeral 2 y el parágrafo del artículo 104 del CPACA. En este caso, el Contrato de Obra se origina en un Contrato Interadministrativo celebrado entre FINDETER y ICBF, y fue ejecutado por el PA Findeter, administrado por la Fiduprevisora, lo que lo convierte en un contrato celebrado por una entidad pública.síntesis automática
También resuelve:¿Cuando las partes estipularon la liquidación de un contrato que legalmente no la requería y lo liquidaron bilateralmente…¿Incurre en incumplimiento contractual el contratante que entrega estudios y diseños con vacíos o defectos sustanciales, cuando el objeto del contrato de obra incluía precisamente su revisión…¿Procede declarar el incumplimiento del contratante por la entrega tardía o defectuosa de los estudios y diseños, cuando las partes afrontaron y superaron esas falencias de mutuo acuerdo mediante…
¿El fallo de primera instancia es incongruente, porque no analiza la totalidad de las pretensiones de la demanda y de manera individualizada? Sí
El contratista puede acumular pretensiones excluyentes en un proceso contractual siempre y cuando sean planteadas como principales y subsidiarias, conforme al artículo 165.2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Sin embargo, la entidad estatal debe responder de manera individualizada a cada una de estas pretensiones para evitar la incongruencia del fallo. En este caso, el tribunal no abordó todas las pretensiones del demandante, omitiendo el análisis del abuso de la posición dominante y la actuación contraria a la buena fe, lo que configuró una incongruencia en el fallo. Además, la Sala reitera la distinción entre la responsabilidad por incumplimiento del contrato y el desequilibrio financiero del contrato estatal, estableciendo que cuando el desequilibrio es imputable al incumplimiento del ente contratante, debe restablecerse la ecuación al momento del nacimiento del contrato, mientras que si el desequilibrio es por circunstancias imprevistas no imputables al contratista, el equilibrio se restablecerá hasta un punto de no pérdida. Esta regla implica que los tribunales deben analizar cuidadosamente cada aspecto de las pretensiones y distinguir claramente entre los diferentes tipos de responsabilidad contractual para evitar incongruencias en sus fallos.síntesis automática
También resuelve:¿Cuando el desequilibrio es imputable al incumplimiento del ente contratante, tendrá que restablecerse la ecuación al momento del nacimiento del contrato; mientras que…¿El principio de buena fe que orienta las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas y disciplina tanto la celebración como la ejecución de los contratos…¿El abuso de la posición dominante puede manifestarse en el texto del contrato mediante las cláusulas que una de las partes fija unilateralmente o mediante cláusulas abusivas impuestas a la…
¿El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública resulta aplicable al contrato objeto de controversia, cuando se observa que, FONDECUN es una Empresa Industrial y Comercial del Estado que desarrolla actividades comerciales en competencia con el sector privado? No
El contratista no puede reclamar el pago de costos asociados a la elaboración de diseños adicionales durante la formación del contrato, ya que el alcance del contrato no incluyó la obligación de actualizar diseños previamente elaborados por la entidad, sino que el contratista debía elaborar los diseños necesarios para cumplir con las especificaciones técnicas definidas por la entidad. Aunque el contrato utilizó la expresión "actualización de diseños", esto no implicaba la actualización de diseños previamente proporcionados por la entidad, sino la elaboración de nuevos diseños necesarios para cumplir con las especificaciones técnicas. Además, el contratista aceptó en su propuesta que su obligación consistía en elaborar los diseños bajo las condiciones precisadas por la entidad, que excluían la existencia de diseños previos para ser evolucionados. Esta decisión reitera que las Empresas Industriales y Comerciales del Estado que desarrollan actividades comerciales en competencia con el sector privado no están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, lo que implica que su régimen contractual está determinado por las disposiciones legales aplicables a sus actividades económicas y comerciales.síntesis automática
También resuelve:¿Procede una reclamación por pago de los costos asociados a la elaboración de diseños, aun cuando el contratista —otrora oferente— pudiera haber advertido la necesidad de elaborar nuevos diseños…¿La entidad estatal incumplió su obligación de pagar de forma completa el precio del contrato al practicar un descuento de $26’584.557 por la falta de calidad de la pintura aplicada a las redes…¿La parte demandante (contratista) acreditó de qué manera el retardo en el pago de una obligación dineraria incrementó los costos de almacenaje de los bienes adquiridos por el contratista después de…
¿El régimen jurídico aplicable al contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 suscrito por el municipio de Mercaderes se enmarca en las disposiciones de la Ley 80 de 1993 y en las normas que regulan los contratos de obra pública? Sí
Los contratos de obra pública que celebran los municipios, como entidades estatales, se rigen por la Ley 80 de 1993 en cuanto a su gestión contractual, en virtud de los artículos 2 y 13 de esa ley. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 define el contrato de obra como el que celebran las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para cualquier trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago; la naturaleza estatal de la entidad determina el régimen aplicable al negocio; y el marco normativo del contrato delimita la controversia que debe resolverse en sede judicial. Por tanto, el análisis de una obra pública celebrada por un municipio, como el mejoramiento de vías terciarias mediante placa huella, debe partir de la Ley 80 de 1993 y de las normas que regulan el contrato de obra. En cuanto al contenido, esa ley establece que las estipulaciones contractuales se fijan en el negocio, lo que obliga a verificar el clausulado frente a ese estatuto. La providencia de primera instancia se confirma en este punto.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda relativa al contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 fue presentada dentro del término de dos años previsto en el ordinal v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA…¿La valoración probatoria acredita que el municipio de Mercaderes incumplió el contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 por vulneración del deber de planeación derivada de la omisión en la entrega…¿La superposición entre el contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 y un contrato departamental de consultoría sobre el mismo tramo vial configura una vulneración del deber de planeación que…
¿A partir del contenido del acta de recibo de productos No. 6 del 21 de julio de 2014 suscrita en el marco del contrato de consultoría, es posible deducir la existencia de una obligación insoluta a favor del contratista y a cargo del Departamento de Norte de Santander? Sí
En lo que concierne al primer punto identificado en el objeto de la apelación, la Sala encuentra que en el expediente obran dos actas del 21 de julio de 2014. La primera, denominada “Acta de Terminación” suscrita por el secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico del departamento, la interventoría –Consorcio Gerencia Norte–, la supervisora designada por la entidad… y la representante del contratista, en la que se da cuenta de la terminación del negocio jurídico, con la constancia de que, en virtud de lo plasmado en las actas de terminación de productos No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, “el Consultor atendió las observaciones remitidas por el profesional revisor del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, viabilizó los proyectos asignados y cumplió con los alcances técnicos y administrativos previstos en el contrato”.
También resuelve:¿Lo pagado al contratista por el Departamento de Norte de Santander por lo adeudado en el acta de recibo de productos No. 6 del 21 de julio de 2014…¿El valor a pagar por todos los diseños a cargo del contratista en el contrato de consultoría, debía calcularse con base en el 8% del valor definitivo de las obras que determinara la ventanilla única…¿Existe un saldo pendiente de pago a favor del contratista y a cargo del Departamento de Norte de Santander, por concepto de remuneración del contrato de consultoría…
¿La liquidación bilateral es una actuación posterior a la terminación normal o anormal, que supone un acuerdo de voluntades que finiquita la relación negocial, en virtud del cual las partes determinan si existen prestaciones, obligaciones o derechos a su cargo, realizan un balance de las cuentas y, si es del caso, efectúan las reclamaciones, ajustes y reconocimientos a que haya lugar, por lo que adquiere la característica de un negocio jurídico y, como tal, resulta vinculante para las partes, de tal suerte que no puede ser desconocido posteriormente ante la instancia judicial por parte de quien lo suscribe? Sí
El contratista no puede desconocer posteriormente ante la instancia judicial un acta de liquidación bilateral del contrato estatal, salvo que se invoquen vicios del consentimiento o se deje constancia de salvedades o discrepancias, ya que esta liquidación es un negocio jurídico vinculante que finiquita la relación negocial y realiza un balance de cuentas entre las partes. Además, la entidad estatal no puede controvertir en la acción de controversias contractuales aquellos aspectos en los que el contratista no haya manifestado expresamente su desacuerdo en el acta de liquidación, lo que restringe el ejercicio de la acción contractual a los temas específicamente discrepados. Estas reglas reiteran y matizan la jurisprudencia existente, reforzando la importancia de la formalidad y el acuerdo mutuo en la liquidación de contratos estatales, y limitan la capacidad de las partes para cuestionar aspectos no discrepados en el acta de liquidación.síntesis automática
También resuelve:¿El ejercicio de la acción contractual se encuentra circunscrito a la posibilidad de controvertir exclusivamente aquellos aspectos frente a los cuales el demandante hubiere manifestado expresamente…¿Las condiciones económicas y/o financieras que las partes tuvieron en cuenta al momento de presentar oferta y de celebrar el contrato, debe mantenerse durante el cumplimiento y ejecución del mismo…¿El incumplimiento contractual supone la inobservancia de las obligaciones contraídas por virtud de la celebración del negocio jurídico…