Titulación de la relatoría 28.844 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EVENTOS DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿El incumplimiento contractual se refiere al proceder contrario de una o ambas partes respecto de las obligaciones contraídas al suscribir el acuerdo de voluntades, mientras que el desequilibrio económico surge ante una modificación sustancial de la simetría prestacional originalmente pactada, que es ajena y externa a las partes contratantes?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisprudencia de esta Corporación se ha ocupado de trazar unos parámetros que permiten distinguir las causas y finalidades inherentes a la necesidad de restablecer el equilibrio económico del contrato estatal respecto de la estructura tradicional de la responsabilidad contractual que descansa en las nociones de incumplimiento y daño. Hay que indicar que, a partir del contenido normativo que trae el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, algunos sectores de la doctrina y la jurisprudencia indicaron que el incumplimiento contractual podía ser una de las causas del rompimiento del equilibrio económico del contrato, sin embargo, esta posición ha sido aclarada por la Sección Tercera de esta Corporación en el sentido de precisar que el incumplimiento contractual tiene origen en la conducta antijurídica de un contratante, mientras que la obligación de restablecer el equilibrio económico surge a partir de circunstancias sobrevenidas y ajenas a la voluntad de las partes. (...) Así, la determinación de incumplimiento contractual se sitúa en el proceder contrario de una o ambas partes respecto de las obligaciones contraídas al suscribir el acuerdo de voluntades que, de cara a su connotación y relevancia, generan insatisfacción en el acreedor de la obligación incumplida, ya sea por una llana falta de cumplimiento, o porque éste resulta tardío o defectuoso, desconociendo o alterando el núcleo de la prestación debida. Por su parte, el desequilibrio económico surge ante una modificación sustancial de la simetría prestacional originalmente pactada, que es ajena y externa a las partes contratantes, en tanto tiene por génesis la existencia de circunstancias sobrevenidas (teoría de la imprevisión), o se presenta como consecuencia del ejercicio legítimo de los actos de autoridad de la Administración (como el caso del hecho del príncipe y del ius variandi), cuyo impacto es capaz de romper la medida de equivalencia recíproca en que se fundaron las mutuas prestaciones de los contratantes, es decir, la ecuación contractual acordada. (...) En línea de lo anterior, y por sus efectos patrimoniales, resulta igualmente relevante marcar la separación entre estos institutos, pues como el reconocimiento económico que deriva del incumplimiento contractual se inscribe en el marco de la responsabilidad patrimonial por antijuridicidad de la conducta, ello conduce a la reparación integral de los perjuicios, tanto patrimoniales (daño emergente y lucro cesante) como extrapatrimoniales, en la medida en que se acrediten dentro del proceso, tal como lo dispone el artículo 90 de la Constitución Política (cuando el incumplimiento sea imputable a las entidades estatales) y los artículos 1546 y 1613 a 1616 del Código Civil, en armonía con el 16 de la Ley 446 de 1998. A su turno, cuando se fractura el equilibrio económico solo hay lugar al restablecimiento del sinalagma funcional pactado al momento de proponer o contratar, es decir, la Administración se verá obligada a llevar a su contratista a un punto de no pérdida; lo que permite contrastar el efecto indemnizatorio de la primera, frente al efecto compensatorio de la segunda.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las distinciones entre el incumplimiento contractual y el desequilibrio
económico del contrato, consultar providencias de 25 de julio de 2019, Exp. 41297, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; de 12 de septiembre de 2019, Exp. 44779, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; de 14 de septiembre de 2016, Exp. 50907, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 14 de septiembre de 2016, Exp. 50907, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; y de 20 de mayo de 2022, Exp. 50499, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 16, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1546, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1613, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1614, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1616, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1815
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EVENTOS DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ / INTERPRETACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FUNCIÓN INTERPRETATIVA DEL JUEZ / INTERPRETACIÓN DEL JUEZ / PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL / PROCEDENCIA DEL PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL
Problema jurídico:
¿La imprecisión en identificar indistintamente el incumplimiento contractual y el rompimiento del equilibrio económico del contrato como causa de las reclamaciones de una demanda, no constituye un obstáculo para resolver de fondo el conflicto, puesto que, en aplicación del principio iura novit curia, es al juez al que corresponde la aplicación correcta del derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a imprecisión en identificar indistintamente el incumplimiento contractual y el rompimiento del equilibrio económico del contrato como causa de las reclamaciones de una demanda, no constituye un obstáculo para resolver de fondo el conflicto, puesto que, en aplicación del principio iura novit curia, es al juez al que corresponde la aplicación correcta del derecho, sin que, en manera alguna, ello signifique una vulneración del debido proceso de la contraparte, en la medida que, en dicha labor, el juez debe ajustarse a la causa petendi invocada en la demanda. Al respecto, esta Subsección ha dicho que, en estos casos, “en atención al principio constitucional que impone la prevalencia de lo sustancial sobre la forma, corresponderá al juez de la causa determinar en cada caso concreto desde cuál óptica debe emprenderse el respectivo análisis”.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la aplicación del principio iura novit curia, consultar providencias de 13 de noviembre de 2018, Exp. 55230, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 19 de febrero de 2021, Exp. 47255, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La liquidación constituye la etapa que busca vestir de punto final las relaciones negociales que emergen del contrato estatal, en orden a establecer el estado de ejecución y cumplimiento de las mutuas prestaciones objeto del pacto; cuya capacidad definitoria no solo es económica y contable, pues tiene el carácter de acto jurídico negocial autónomo, productor de efectos jurídicos?
Respuesta al problema jurídico: Si
La liquidación, de cara a los contratos sometidos al régimen fijado en la Ley 80 de 1993 y leyes modificatorias, como fase conclusiva del acuerdo de voluntades, es la etapa que busca vestir de punto final las relaciones negociales que emergen del contrato estatal, en orden a establecer el estado de ejecución y cumplimiento de las mutuas prestaciones objeto del pacto; por ello, y de cara a la función jurídica y económica atribuida por ley, la liquidación ha sido definida como el corte de cuentas del contrato, cuya capacidad definitoria no solo es económica y contable, pues tiene el carácter de acto jurídico negocial autónomo, productor de efectos jurídicos. (...) Al lado de lo anterior, es de señalar que la liquidación se proclama como algo más que el finiquito de una relación interpartes, pues entraña no solo la materialización de variados principios de la función administrativa, sino también, otros tanto como el de la buena fe convencional. De aquí que se indique que los efectos de tal acto están vinculados a la seguridad jurídica y presupuestal de los recursos del Estado, pues en ella se constatan varios fines: (i) la realización del interés general, fundamento ontológico del contrato celebrado; (ii) la utilización definitiva de los recursos públicos vinculados a tales fines; (iii) procura el cierre de los aspectos presupuestales y la definición de los compromisos económicos de la Administración; y, (iv) por esta vía, se pretende disminuir la litigiosidad en aspectos que pueden ser revisados y acordados por las partes, entre otros. (...) Para llegar a tal destino, la liquidación es una etapa en el itinerario contractual en que las partes recogen los elementos jurídico-económicos relevantes ocurridos en la ejecución del contrato, acuerdan los “ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar”, y llegan, mediante la suscripción del acta de liquidación a un resultado final que expresa “los acuerdos, conciliaciones y transacciones (...) para poner fin a las divergencias presentadas” (art. 60 de la Ley 80 de 1993) (se destaca); de no lograrse tal acuerdo, corresponderá a la entidad pública contratante liquidar el contrato de manera unilateral, en línea de la realización de los principios superiores anotados, evitando el escenario de la latencia e indefinición en las relaciones contractuales del Estado.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / CONTROL JUDICIAL DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OBSERVACIONES A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / RECLAMACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA / ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ALCANCE DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / APLICACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Problema jurídico:
¿Cuándo se trata de contratos que se han liquidado en forma bilateral, en virtud del principio de la buena fe que debe inspirar el comportamiento de los contratantes, el estudio de las pretensiones de la acción contractual está hilado, de forma ineludible, a la existencia de salvedades, las cuales deben quedar expresas en el acta de liquidación, y deben tener contenido claro y concreto?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l acta de liquidación bilateral, al ser contenedora de las expresiones de voluntad de las partes y de conformidad con los efectos asignados por ley, es un negocio jurídico al interior del contrato en el que los contratantes, en perspectiva de lo ejecutado, (i) realizan el arqueo, cotejo y constatación de todos los aspectos que son llevados al balance definitivo del contrato, (ii) valoran sus resultados, y (iii) acuerdan su estado de ejecución final. (...) Como cualquier otro negocio jurídico, al acuerdo liquidatorio antes referido, se atribuyen los efectos derivados de los principios de normatividad de los contratos (artículo 1602 del Código Civil) y de buena fe contractual (artículo 1603 del Código Civil), de modo que los pactos alcanzados adquieren intangibilidad y, por tanto, no pueden ser desconocidos por las partes, ni invalidados, salvo por el consentimiento de ellas mismas o por causas legales; igualmente, en el marco de tales acuerdos, las partes pueden dejar salvedades respecto de los puntos que no quedan contenidos en el negocio jurídico, y frente a ellos, como es apenas natural, no se podrá oponer la fuerza vinculante de la liquidación bilateral. Al final de cuentas este es un acto de carácter negocial. (...) Sobre esto último, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado, de forma consistente, que en virtud del principio de la buena fe que debe inspirar el comportamiento de los contratantes, las partes no pueden resguardarse en salvedades genéricas y vagas para luego hacer valer toda clase de reclamaciones en sede judicial. En ese sentido, se ha dicho que las salvedades que habilitan una reclamación por conceptos no incluidos en el finiquito de cuentas deben ser expresas, claras y específicas, por lo que, aunque no se exige que en su contenido se detallen exhaustivamente las circunstancias alrededor de la reclamación, sí es necesario que suministren un mínimo de certeza y concreción que permita a las partes conocer qué aspectos no quedan comprendidos en el acuerdo bilateral. (...) De esta manera, el efecto negocial que emerge del acta de liquidación, impone remarcar el carácter bilateral de los acuerdos logrados, puesto que en esta etapa ambos contratantes, como protagonistas del camino contractual recorrido, están en capacidad de expresar su voluntad en orden a concertar una mutua declaratoria de paz y salvo; pero también, en ejercicio de su libertad contractual, se habrá de dejar constancia de los asuntos que escapan a tal negocio jurídico, en caso de que dicho evento ocurra. Allí anida la exigencia de que tales salvedades deban corresponder a manifestaciones claras y concretas que aporten certeza respecto a las materias o conceptos que no hacen parte del finiquito integral convenido entre ellas y, por ende, pueden ser llevadas a juicio para lograr tal definición –criterio de razón suficiente que, a su turno, excluye de tener por salvedad aquella manifestación genérica carente de descripción y contenido–. (...) De este modo, cuando se trata de contratos que se han liquidado en forma bilateral, el estudio de las pretensiones está hilado, de forma ineludible, a la existencia de salvedades, las cuales (i) deben quedar expresas en el acta de liquidación, por estar referidas a un contrato estatal donde la forma escrita es requisito ad substantian actus; y (ii) deben tener contenido (claro y concreto), en los términos señalados por la jurisprudencia, con miras a la identificación de los conceptos y motivos por los cuales determinados asuntos quedan excluidos de tal negocio jurídico; en otras palabras, no puede tratarse de una expresión de salvedad en vacío.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / CONTROL JUDICIAL DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OBSERVACIONES A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / RECLAMACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA BUENA FE / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA / EXPRESIÓN GENÉRICA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Resulta admisible que la demandante reclame ante la jurisdicción una mayor permanencia en obra por incumplimiento contractual atribuido a su contratante, teniendo en cuenta que ello contraviene lo convenido en el acta de liquidación bilateral, en tanto la salvedad u objeción que manifestó resultó en una afirmación vaga e imprecisa, en virtud de la cual no es viable desprender verdaderas razones de inconformidad que puedan ser susceptibles de reclamación?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala procede a analizar si la salvedad que dejó consignada el contratista en el acta de liquidación bilateral tiene la precisión y certeza para abrir paso el examen de los puntos que, a juicio del demandante, y ahora censor, deben ser declarados a su favor. (...) Obra en el expediente el acta de liquidación final del contrato de obra (...) suscrita (...) por los representantes legales (...) de la Interventoría técnica adelantada por la Universidad Nacional de Colombia, por el Supervisor designado por la SED y el Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educación, en la cual las partes efectuaron el balance financiero y de ejecución del contrato, indicando el valor del contrato y sus adiciones, el presupuesto ejecutado, así como la existencia de un saldo final reconocido a favor del contratista por $82’422.879,23, (...). Luego de detallar y pasar por las actas parciales de pago referidas a la obra ejecutada, a la amortización del anticipo, y de poner de presente lo relativo al desarrollo del contrato, reseñando las actas de iniciación, suspensión, reinicio, modificación de cantidades de obra, contratos adicionales y prórrogas, las partes concluyeron que con la suscripción de dicho documento “quedan extinguidas todas las obligaciones surgidas entre el Distrito Capital – Secretaría de Educación y el Contratista, por concepto del Contrato de Obra (...)”. Seguidamente, en el cierre del acta, el contratista incluyó la salvedad de “reclamar por la vía que corresponde los daños sobrecostos y perjuicios sufridos con ocasión de la suscripción ejecución y liquidación del presente contrato” (...). En este escenario, se observa que la salvedad formulada por el contratista, tal como lo refirió el a quo, es expresión de una objeción genérica de inconformidad, sin que en ella se advierta la precisión y claridad que permita establecer la presencia de un asunto controversial, al punto que ni siquiera el acta da cuenta de los aspectos que pudieran haber motivado tal anotación, como evidencia de que los mismos fueron objeto de análisis, discusiones y propuestas de solución a las mismas. (...) Resulta ineludible recordar (...) el valor normativo que ostenta la liquidación bilateral, acuerdo de voluntades que adquiere la característica de un negocio jurídico y que, como tal, es intangible y no puede ser desconocido por ninguna de las partes, pues es ley para ellas (art. 1602, Código Civil); por esta razón, y por cuanto la actora no demandó la nulidad del acta por vicios en el consentimiento o por vulnerar una norma imperativa, sus efectos le son oponibles y vinculantes, sin que sea admisible en sede judicial la formulación de reclamos no cobijados en salvedades claras, expresas y concretas. (...) Con otras palabras, a pesar de que el contratista indicó reservarse el derecho a efectuar unos reclamos, dado que no identificó los motivos o circunstancias que llenaban de contenido dicha salvedad, advierte la Sala que tal manifestación no pasó de ser una mera expresión genérica, desprovista de contenido y por ello ajena a la dimensión que se exige de una salvedad –manifestación negocial de exclusión de determinados asuntos– y, por tanto, de ella no se desprende ninguna consecuencia que afecte la validez e intangibilidad del paz y salvo concertado entre las partes. Tan alejada de las exigencias que se imponían al momento de suscribir el acto y acompañar el paz y salvo que se concedía, que la anotación habla de reclamaciones por razón de la suscripción del contrato, las que se asocian a un iter contractual que ni por cercanía se asocia a las pretensiones de la demanda que dio origen a este proceso. (...) No puede obviarse que al suscribir los pactos negociales las partes deben actuar bajo el marco del principio de buena fe, desde su óptica objetiva, lo que impone desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende, en buena medida, de la lealtad y corrección de la conducta propia; por ende, ante la advertencia de circunstancias generadoras de incumplimiento contractual, la parte afectada debe informar de ellas a su cocontratante, en aras de tomar las medidas necesarias para superar dicho escenario y, en caso de no llegar a un acuerdo que supere las vicisitudes presentadas, poner de presente tales disconformidades en los pactos ulteriores que se suscriban, con el fin de anunciar la existencia y posible continuación de su debate, de modo que se evita que la otra parte sea sorprendida con circunstancias no alegadas en tiempo, de manera que cualquier reclamación o pretensión venidera es extemporánea, improcedente e impróspera por vulnerar el principio de la buena fe contractual. (...) Como consecuencia, en aplicación del principio de normatividad de los contratos y del principio de buena fe, la Sala concluye que no resulta admisible que la demandante reclame por ante la jurisdicción una mayor permanencia en obra por incumplimiento contractual atribuido a su contratante, toda vez que ello contraviene lo convenido por ella en el acta de liquidación bilateral, y ello es así en tanto la salvedad u objeción que manifestó resultó en una afirmación vaga e imprecisa, en virtud de la cual no es viable desprender verdaderas razones de inconformidad que puedan ser susceptibles de reclamación. (...) Entonces, en presencia de salvedades genéricas, no hay curso distinto que reconocer su ineficacia al provenir de una manifestación ambigua e imprecisa, desdibujada de contenido y claridad, que no permite identificar los motivos de inconformidad del contratista –pese a que éste conocía el curso contractual y las discrepancias que se hubiesen presentado durante su ejecución–, por lo que no es procedente abrir paso al estudio de las pretensiones incoadas vía jurisdiccional como acertadamente lo definió el Tribunal de primer grado de cara al análisis de la salvedad agregada por el contratista en el acta de liquidación del contrato 115 de 2006 que, arropada de total vaguedad, carece de fuerza legal para restar efectos a la decisión plena y bilateral de las partes de declararse a paz y salvo. (...) Al hilo de lo anterior, resulta improcedente el análisis de los demás cargos formulados en la censura, en tanto todos ellos aluden a reclamaciones derivadas de incumplimientos atribuidos a la entidad demandada, de modo que la existencia de una liquidación del contrato por mutuo acuerdo de las partes y sin salvedades expresas y concretas, impide el examen judicial de la mayor permanencia en obra, en atención a la fuerza vinculante del contenido del acta bilateral, “... porque las expresiones volitivas, mientras no se demuestre lo contrario, deben ser consideradas para producir los efectos que se dicen en él....” ; por consiguiente, esta Sala confirmará la decisión objeto de apelación, en cuanto negó las súplicas incoadas, por las razones ya expresadas en esta providencia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el alcance del principio de la buena fe contractual, consultar providencias de 23 de junio de 1992, Exp. 6032, C.P. Daniel Suarez Hernández; de 22 de junio de 2011, Exp. 18836, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 31 de agosto de 2011, Exp. 18080, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 9 de mayo de 2012, Exp. 22087, C.P. Enrique Gil Botero; de 19 de noviembre de 2012, Exp. 22043, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 10 de septiembre de 2014, Exp. 27648, C.P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / CONTROL JUDICIAL DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OBSERVACIONES A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / RECLAMACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / JURISPRUDENCIA / ALCANCE JURISPRUDENCIAL / APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / DESARROLLO DE LA JURISPRUDENCIA / CONTRATACIÓN ESTATAL / REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL / DEBERES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN
Problema jurídico:
¿Resultan inaplicables los requisitos esbozados en la jurisprudencia, respecto de las salvedades en el acta de liquidación en el contrato estatal, por ser un criterio auxiliar de la actividad judicial y que, según la demanda, la ley no consagra?
Respuesta al problema jurídico: No
Sobre el reparo formulado por la recurrente relativo a la inaplicabilidad de los requisitos esbozados en la jurisprudencia, al aducir que ésta constituye un criterio auxiliar de la actividad judicial y que la ley no consagra una forma particular para la determinación de las aludidas salvedades, por lo que, en su criterio, no se puede exigir un proceder específico en la formulación de dichas objeciones de cara a la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, se adelanta la Sala en aseverar que no comparte tal postura del actor, comoquiera que el requerimiento de la concreción de la inconformidad, en vigencia de la Ley 80 de 1993, tiene fundamento en un desarrollo legal en la materia como lo ha reconocido la jurisprudencia. (...) En efecto, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 -norma aplicable al caso concreto por ser la vigente al momento de la celebración del contrato-, asignó a la liquidación bilateral la connotación de un acuerdo de voluntades, calificación que implica, de manera forzosa, que su entendimiento se analiza en el contexto de las normas que rigen los negocios jurídicos, conforme a las previsiones del derecho común, en virtud de la remisión normativa prevista por el propio Estatuto de Contratación Estatal. (...) Así las cosas, el pacto que alcancen las partes, producto del ejercicio de su autonomía de la voluntad, resulta en ley para ellas con los efectos que el ordenamiento jurídico le atribuye a los negocios jurídicos, ya advertidos párrafos atrás; de manera que dicho acuerdo, en su alcance y contenido no puede ser desconocido por alguna, ni se puede pretender, con posterioridad a su suscripción, anteponer circunstancias que no fueron oportunamente informadas al otro contratante; conducta que, además, iría en contra de la lealtad y corrección que inspira los contratos bajo el principio de buena fe, tal como lo ha reconocido por décadas esta Corporación, al manifestar las dos razones principales que proveen soporte normativo a la exigencia de establecimiento de salvedades expresas y concretas en la liquidación del contrato por mutuo acuerdo de las partes (...). En esa medida, las exigencias en relación con la expresión, claridad y certeza de las salvedades no son resultado de un requerimiento caprichoso, construido por la jurisprudencia sin asiento legal, pues, como se vio, deviene de la concreción del régimen normativo aplicable a los negocios jurídicos, categoría en la que se inscribe el acta bilateral de liquidación, con las implicaciones que conlleva su celebración en el tráfico negocial. (...) Conviene señalar, además, que la sentencia antes reseñada, explicando los fundamentos normativos de las características exigidas a las salvedades, fue expedida en 2005, es decir antes de la celebración del contrato sub examen (2006) y por supuesto de forma precedente al momento en que el contratista firmó el acta de liquidación (2009), de manera que para esa época no había lugar a duda respecto de la forma y contenido en que debían ser consignadas las salvedades en el acta de liquidación. Y es que tales análisis, sin ir más lejos, ya habían sido objeto de diversas decisiones judiciales uniformes que daban cuenta de la misma interpretación normativa que acá se indica, y que, ajena al capricho, precisó que el origen de la caracterización de las salvedades deviene de la aplicación de las normas del derecho común (...).
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de las salvedades del contratista en el acta de liquidación del contrato estatal, consultar providencias de 9 de marzo de 2000, Exp. 10778, C.P. Ricardo Hoyos Duque; de16 febrero de 2001, Exp. 11689, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 6 de julio de 2005, Exp. 14113, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 20 de octubre de 2014, Exp. 27777, C.P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60