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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la caducidad de las acciones se ha instituido como aquel fenómeno jurídico-procesal

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Fecha
2021-12-10
Radicado
25000232600020110015101
Número interno
47629
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
CONSTRUCTORA CANAAN S.A. Y OTROS
Demandado
BOGOTA D.C. SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL, DISTRITO CAPITAL

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la caducidad de las acciones se ha instituido como aquel fenómeno jurídico-procesal

Relevancia Reitera la jurisprudencia.

Lo que dijo la Sala

Como lo ha expuesto esta Subsección en otros pronunciamientos, la caducidad de las acciones se ha instituido como aquel fenómeno jurídico-procesal por medio del cual el legislador limita en el tiempo el derecho de acción, entendido este como “el derecho de poner en actividad la rama jurisdiccional para que se surta un proceso”. Su fundamento se encuentra en la necesidad de brindar seguridad jurídica al conglomerado social con el fin de evitar la paralización del tráfico jurídico; por ende, protege los intereses colectivos y generales.… Dicha institución es de orden público, por lo que es irrenunciable y puede ser declarada de oficio por el juez. Por consiguiente, el efecto extintivo de la acción por caducidad actúa al verificarse el plazo, per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede presentar una acción contractual después de que caduca el término legal, que se inicia a partir de la firma del acta de liquidación bilateral o, en su defecto, del plazo que tenía la entidad para realizarla, según lo establecido en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. Esta regla se fundamenta en la necesidad de brindar seguridad jurídica al conglomerado social, protegiendo los intereses colectivos y generales mediante la institución de la caducidad de la acción, que es de orden público e irrenunciable. La Sala reitera su jurisprudencia sobre la contabilización del término de caducidad en contratos que requieren liquidación, lo que implica que las partes deben cumplir rigurosamente con los plazos establecidos para evitar la caducidad de la acción contractual.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La caducidad de las acciones se ha instituido como aquel fenómeno jurídico-procesal por medio del cual el legislador limita en el tiempo el derecho de acción, que opera por mandato normativo al verificarse el cumplimiento del plazo extintivo?

Respuesta: Si

También resuelve

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Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DERECHO DE ACCIÓN EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN CARGA DE LAS PARTES EN LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA ALCANCE DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA PROTECCIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTROL JUDICIAL DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL OBSERVACIONES A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL RECLAMACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL TEORÍA DEL ACTO PROPIO PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS PRINCIPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM NON VALET PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO ACTO PROPIO BUENA FE CONTRACTUAL APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL PRINCIPIO DE LA BUENA FE ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE CERTIFICADO DE CONTADOR PÚBLICO ADMISIBILIDAD DEL CERTIFICADO DE CONTADOR PÚBLICO EFICACIA DEL CERTIFICADO DE CONTADOR PÚBLICO VALOR PROBATORIO DEL CERTIFICADO DE CONTADOR PÚBLICO REQUISITOS DEL CERTIFICADO DEL CONTADOR DOCUMENTO PÚBLICO PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRINCIPIO DE ECONOMÍA PRINCIPIO DE ECONOMÍA DEL CONTRATO ESTATAL MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA CARGA DE LA PRUEBA APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA ACREDITACIÓN DEL DAÑO FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO PRUEBA DEL DAÑO FALTA DE PRUEBA DEL DAÑO FALTA DE PRUEBA FALTA DE CERTEZA DE LA OCURRENCIA DEL DAÑO NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTRATO DE OBRA PÚBLICA INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL MORA EN EL PAGO MORA EN EL PAGO DE LA FACTURA COBRO DEL INTERÉS MORATORIO INTERESES MORATORIOS POR NO PAGO OPORTUNO REQUISITOS DEL PAGO OBLIGATORIEDAD DE LA FACTURA PRUEBA DEL INTERÉS MORATORIO IMPROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE INTERÉS MORATORIO MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA RECONOCIMIENTO DE MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA OBRAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO VARIACIÓN DEL PRECIO INCREMENTO DEL PRECIO PRECIO DEL PROPONENTE PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL AJUSTE DE PRECIO REAJUSTE DE PRECIO REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL TÉRMINO DEL CONTRATO AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO CONDENA EN ABSTRACTO PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN ABSTRACTO ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA ACTIO IN REM VERSO EVENTOS DE PROCEDENCIA DEL ACTIO IN REM VERSO NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACTIO IN REM VERSO OBJETO DE LA ACTIO IN REM VERSO REQUISITOS DEL ACTIO IN REM VERSO SUBSIDIARIEDAD DE LA ACTIO IN REM VERSO IMPROCEDENCIA DE LA ACTIO IN REM VERSO

Guías del tema

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Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Equilibrio económico del contrato Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Adición y prórroga del contrato Prestaciones ejecutadas sin contrato

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Titulación de la relatoría 32.064 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / DERECHO DE ACCIÓN / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / CARGA DE LAS PARTES EN LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PROTECCIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿La caducidad de las acciones se ha instituido como aquel fenómeno jurídico-procesal por medio del cual el legislador limita en el tiempo el derecho de acción, que opera por mandato normativo al verificarse el cumplimiento del plazo extintivo? Respuesta al problema jurídico: Si Como lo ha expuesto esta Subsección en otros pronunciamientos, la caducidad de las acciones se ha instituido como aquel fenómeno jurídico-procesal por medio del cual el legislador limita en el tiempo el derecho de acción, entendido este como “el derecho de poner en actividad la rama jurisdiccional para que se surta un proceso”. Su fundamento se encuentra en la necesidad de brindar seguridad jurídica al conglomerado social con el fin de evitar la paralización del tráfico jurídico; por ende, protege los intereses colectivos y generales. (…) Dicha institución es de orden público, por lo que es irrenunciable y puede ser declarada de oficio por el juez. Por consiguiente, el efecto extintivo de la acción por caducidad actúa al verificarse el plazo, per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular. NOTA DE RELATORÍA: En relación con el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción, consultar providencias de 15 de mayo de 2017, Exp. 41483, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 25 de abril de 2018, Exp. 58890, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 17 de septiembre de 2018, Exp. 61018, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Acerca de la facultad del juez para declarar de oficio la caducidad de la acción, consultar sentencia Corte Constitucional, de 8 de agosto de 2001, Exp. C-832. Sobre la operancia por mandato legal de la caducidad de la acción, consultar providencia de 21 de noviembre de 2013, Exp. 48598, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Problema jurídico: ¿En los contratos que requieran de liquidación, como lo son los contratos de tracto sucesivo y los que señala el artículo 60 de la ley 80 de 1993, la contabilización del término de caducidad de la acción contractual inicia a partir de la firma del acta, es decir desde el momento en que dicho acto jurídico se realiza por mutuo acuerdo entre las partes, o si éste no se realiza, a partir del término que tenía la entidad contratante para su realización? Respuesta al problema jurídico: Si La caducidad de la acción ha sido regulada en el ámbito de las controversias contractuales en el artículo 136 del CCA prescribiendo que el término de caducidad será de dos (2) años y que en los contratos que requieran de liquidación, como lo son los contratos de tracto sucesivo y los que señala el artículo 60 de la ley 80 de 1993, la contabilización de aquel término inicia a partir de la firma del acta, es decir desde el momento en que dicho acto jurídico se realiza por mutuo acuerdo entre las partes, o si éste no se realiza, a partir del término que tenía la entidad contratante para su realización, como se observa en los literales c) y d) del numeral 10 del citado artículo 136 del CCA. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el acto jurídico de liquidación del contrato como parámetro para contabilizar el término de caducidad de las acciones contractuales, consultar providencias de 20 de octubre de 2014, Exp. 27777, C.P. Enrique Gil Botero. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL: 10, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60 LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONTROL JUDICIAL DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿El acta de liquidación bilateral es un negocio jurídico que nace de la autonomía negocial de quienes suscribieron el contrato estatal y que se orienta a dar firmeza o definición a las prestaciones mutuas entre sí, cuyo control judicial se encuentra sometido a la existencia de salvedades expresas de alguno de los suscribientes sobre dicho cruce de cuentas? Respuesta al problema jurídico: Si Frente a la naturaleza jurídica del acta de liquidación bilateral, la jurisprudencia de la Corporación ha entendido que es un negocio jurídico que nace de la autonomía negocial de quienes suscribieron el contrato estatal y que se orienta a dar firmeza o definición a las prestaciones mutuas entre sí, de tal suerte que constituye definición de sus créditos y deudas recíprocas, no susceptible de enjuiciarse ante el órgano jurisdiccional, como no sea que se acredite algún vicio del consentimiento que conduzca a la invalidación de la misma, tales como: error, fuerza o dolo; o que se hubiese planteado salvedades expresas por alguno de los suscribientes sobre dicho cruce de cuentas, al momento de su diligenciamiento. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la naturaleza jurídica del acta de liquidación bilateral, consultar providencias de 6 de julio de 2005, Exp. 14113, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 28 de febrero de 2013, Exp. 25199, C.P. Danilo Rojas Betancourth; de 6 de julio de 2020, Exp. 49166, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿El acta de liquidación del contrato estatal se puede realizar con posterioridad al término pactado o supletorio de 4 meses para su adopción por mutuo acuerdo y del período de 2 meses en que la administración es habilitada para proferirla unilateralmente, pero dentro de los dos (2) años posteriores al vencimiento del plazo para la liquidación unilateral? Respuesta al problema jurídico: Si En cuanto al momento en que se debe suscribir (…) [el] acta de liquidación, esta Corporación en auto de unificación del 1 de agosto de 2019, con fundamento en lo preceptuado por el artículo 164 del CPACA, determinó que ello se puede realizar con posterioridad al término pactado o supletorio (de 4 meses) para su adopción por mutuo acuerdo y del período (de 2 meses) en que la administración es habilitada para proferirla unilateralmente, pero dentro de los dos (2) años posteriores al vencimiento del plazo para la liquidación unilateral. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el momento en que se debe suscribir el acta de liquidación del contrato estatal, consultar providencia de 1 de agosto de 2019, Exp. 62009, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Las pruebas documentales que son aportadas en copia simple que han sido objeto de contradicción por las partes sin que las tacharan de falsas, cuentan con valor probatorio? Respuesta al problema jurídico: Si En vista de que algunos documentos fueron allegados al plenario en copia simple, se reitera el criterio establecido por la Sala Plena de Sección Tercera, frente al valor como prueba de estas cuando han obrado en el plenario a lo largo del proceso y han sido objeto de contradicción por las partes sin que las tacharan de falsas, evento en el que dichas copias son susceptibles de valoración e idóneas para determinar la convicción del juez frente a los hechos materia de litigio, pues, de lo contrario, se desconocería el principio constitucional de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal y el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, lo que, a su vez, iría en contra de las nuevas tendencias del derecho procesal. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de las copias simples, consultar providencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero. ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / CONTROL JUDICIAL DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OBSERVACIONES A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / RECLAMACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TEORÍA DEL ACTO PROPIO / PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS / PRINCIPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM NON VALET / PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO / ACTO PROPIO / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA BUENA FE / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE Problema jurídico: ¿Debe el juez abordar aquel petitum que no fue objeto de discrepancia expresa por el contratista en el acto de liquidación bilateral del contrato? Respuesta al problema jurídico: No A efectos de resolver el caso sub lite, la Sala observa que la demandante formuló unas pretensiones en la demanda que no guardan total correspondencia con las salvedades que ella consignó en el acta de liquidación bilateral (…), pues, en este último acto la contratista no hizo mención alguna sobre la mora en los pagos del anticipo y del acta final de obra, ni tampoco dejó constancia del desequilibrio económico del contrato ocasionado por la contribución especial de guerra descontada por la SED, con base en la Ley 1106 de 2006. Por lo anterior, esta Colegiatura, con fundamento en la jurisprudencia de la Corporación, no abordará aquel petitum que no fue objeto de discrepancia expresa por la contratista en el acto de liquidación del contrato por mutuo acuerdo, con fundamento en lo preceptuado en el artículo 1602 del Código Civil, que impediría la procedencia de tales reclamaciones por desconocer lo acordado en el acta de liquidación, amén de que, en respeto del principio de buena fe, no es lícito a las partes venir contra sus propios actos -“venire contra factum propium non valet”-. En consecuencia, esta Subsección, para adelantar la revisión del acta de liquidación bilateral (…), se circunscribirá a las salvedades consignadas por la contratista en el citado negocio jurídico y que fueron objeto de reclamo en la demanda de controversias contractuales. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la imposibilidad de controvertir en mediante la acción de controversias contractuales, aquellos aspectos o temas en relación con los cuales el accionante no hubiere manifestado expresamente su discrepancia en el acto de la liquidación final del contrato por mutuo acuerdo, consultar providencia de 6 de julio de 2020, Exp. 49166, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. FUENTE FORMAL: LEY 1106 DE 2006, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602 CERTIFICADO DE CONTADOR PÚBLICO / ADMISIBILIDAD DEL CERTIFICADO DE CONTADOR PÚBLICO / EFICACIA DEL CERTIFICADO DE CONTADOR PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL CERTIFICADO DE CONTADOR PÚBLICO / REQUISITOS DEL CERTIFICADO DEL CONTADOR / DOCUMENTO PÚBLICO Problema jurídico: ¿El juez debe analizar si el certificado emanado de un contador público, es claro, preciso y ceñido estrictamente a la verdad, para ser considerado como una certificación con carácter de documento público en sede judicial? Respuesta al problema jurídico: Si De acuerdo con los artículos 10 y 69 de la Ley 43 de 1990, el certificado emanado de un contador público, entendido este como un sujeto fedatario público de sus actos en temas contables, debe ser claro, preciso y ceñido estrictamente a la verdad; requisitos estos que debe reunir tal documento, para ser considerado como una certificación, con carácter de documento público, en sede judicial. Tales exigencias están plenamente justificadas, en razón a la función que el legislador le encomendó a los contadores públicos y, en consecuencia, con la responsabilidad especial que tales profesionales asumen frente al Estado y a sus clientes. (…) El juez, a su vez, debe analizar el contenido y los elementos que se tuvieron en cuenta para expedir el certificado emitido por el profesional de la contaduría pública, a efectos de llevar su convencimiento sobre los hechos que se busca probar, por lo cual deben, entre otros aspectos, expresar que la contabilidad se lleva de acuerdo con las prescripciones legales o que los libros se encuentran registrados en la Cámara de Comercio, detallar los libros, cuentas, asientos y comprobantes internos y externos en los que constan los hechos objeto de prueba. Por consiguiente, un documento suscrito por contador público que contuviera simples afirmaciones acerca de las operaciones contables de que dan cuenta, no es una certificación, con los alcances que la ley le confiere. Lo anterior no implica una formalidad o solemnidad imperativa sobre la redacción del certificado del contador, sino que se exige que sea completo, detallado y coherente, que permita así establecer que en la contabilidad del comerciante se evidencia la historia clara, completa y fidedigna de los asientos individuales, y el estado general de los negocios, como lo prescribe el artículo 48 del Código de Comercio. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el cumplimiento de las exigencias prescritas en el artículo 69 de la Ley 43 de 1990 en los certificados suscritos por contador público para su idoneidad probatoria, consultar providencias de 27 de enero de 2011, Exp. 17222, C.P. Hugo Fernando Bastidas Barcenas; de 7 de noviembre de 2012, Exp. 16964, C.P. Hugo Fernando Bastidas Barcenas; de 5 de marzo de 2020, Exp. 49464, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 4 de diciembre de 2020, Exp. 48745, C.P. José Roberto Sáchica Mendez; y de la Corte Constitucional, de 10 de mayo de 2000, Exp. C-530. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 48, LEY 43 DE 1990 - ARTÍCULO 10, LEY 43 DE 1990 - ARTÍCULO 69 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / PRINCIPIO DE ECONOMÍA / PRINCIPIO DE ECONOMÍA DEL CONTRATO ESTATAL / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / CARGA DE LA PRUEBA / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / ACREDITACIÓN DEL DAÑO / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / PRUEBA DEL DAÑO / FALTA DE PRUEBA DEL DAÑO / FALTA DE PRUEBA / FALTA DE CERTEZA DE LA OCURRENCIA DEL DAÑO / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿Cuándo en el proceso se demuestre la mayor permanencia en la obra imputable a la entidad contratante, debe el juez reconocer las consecuencias negativas por incremento de los costos de administración, aunque no fueran acreditadas a plenitud por la demandante? Respuesta al problema jurídico: No [L]a demandante dijo haber afrontado sobrecostos con ocasión de la pluralidad de modificaciones que le fueron introducidas al contrato de obra, tanto como por las suspensiones del plazo contractual que fue necesario convenir (…). De acuerdo con los (…) documentos contractuales, el contrato de obra fue suspendido en 84 días calendarios y prorrogado en 490 días calendarios, con fundamento, en la mayoría de las ocasiones, en la necesidad de que el Consultor entregara los diseños ajustados correspondientes (…). Se puede apreciar, también, en estos documentos, que existieron serios inconvenientes durante el desarrollo del contrato de obra, atribuibles a las graves falencias de los diseños que suministró la SED a la contratista, que obligaron a que el plazo contractual se prolongara de manera significativa (…). No actuó, entonces, la SED, de manera eficiente y eficaz, ni obró conforme lo exigía una debida atención de los principios de economía y de planeación del contrato, y no queda duda que causó con su proceder mayor permanencia en obra por parte de su contratista, quien ha venido a este contencioso a demandar el reconocimiento y condenas al pago de los sobrecostos que de aquel derivó, pretensión ésta que lleva a la Sala a verificar si tales sobrecostos le fueron reconocidos a la aquí demandante en sede administrativa. (…) Sin embargo, y pese a que dentro del proceso se demostró que la mayor permanencia en la obra obedeció a la demora en la entrega de espacios del bloque A, así como a la ejecución de actividades no previstas y de mayores cantidades de obra, según consta en el escrito (…) de la interventoría dirigido a la SED (…), la demandante no cumplió en este proceso contencioso con la carga probatoria que suportaba conforme al artículo 177 del CPC, de probar a plenitud la existencia de tales sobrecostos administrativos y su cuantía por mayor permanencia en la obra ocasionados por las circunstancias descritas. (…) Con fundamento en las anteriores consideraciones, se colige que a pesar de que hubo incumplimiento de la contratante en su deber de planeación, que ocasionó la ampliación del plazo contractual de manera significativa, sus consecuencias negativas por incremento de los costos de administración por mayor permanencia en obra no fueron acreditadas a plenitud por la demandante. En consecuencia, no se demostró la existencia y certeza de un daño resarcible, y no solo de su cuantía, como presupuesto de la responsabilidad contractual, en contra de la demandada. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la debida atención de los principios de economía y de planeación en la contratación estatal, consultar providencias de 3 de diciembre de 2007, Exp. 24715, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 29 de abril de 2015, Exp. 21081, C.P. Hernán Andrade Rincón. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 139, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 249, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 77, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 10 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / MORA EN EL PAGO / MORA EN EL PAGO DE LA FACTURA / COBRO DEL INTERÉS MORATORIO / INTERESES MORATORIOS POR NO PAGO OPORTUNO / REQUISITOS DEL PAGO / OBLIGATORIEDAD DE LA FACTURA / PRUEBA DEL INTERÉS MORATORIO / IMPROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO / IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE INTERÉS MORATORIO / FALTA DE PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿Procede el reconocimiento de intereses moratorios por demoras en el pago del valor de las actas de recibo parcial de obra, cuando el demandante no acredita el cumplimiento de los requisitos contractuales pactados para el pago y en consecuencia, el momento exacto en que se hizo exigible? Respuesta al problema jurídico: No La demandante reclama, además, que la SED no realizó el pago oportuno del valor de las actas de recibo parcial de obra, toda vez que estas fueron canceladas en plazos mayores a 30 días, y, en consecuencia, estaba obligada al reconocimiento y pago de los intereses moratorios. Para determinar el incumplimiento de la SED en el pago oportuno del valor consignado en las actas de avance parcial, y, por consiguiente, el pago de intereses moratorios, la Sala al revisar el contenido del pliego de condiciones y del contrato de obra, advierte que la contratante estaba obligada a realizar los pagos parciales de manera mensual, según la liquidación arrojada de la medición de obras ejecutadas, en un plazo de 30 días calendario, previa presentación de factura, una vez se cumpliera con los requisitos establecidos en el contrato, siempre que existiera disponibilidad de la Programación Anual Mensualizada de Caja PAC, de la Secretaría de Educación del Distrito y de la Dirección Distrital de Tesorería. (…) Así las cosas, la Sala no encuentra procedente la pretensión indemnizatoria incardinada al pago de los intereses moratorios por el pago inoportuno de las actas de avance parcial, en razón a que la CONSTRUCTORA (…) no cumplió con la carga probatoria que le exige el artículo 177 del CPC de demostrar el momento exacto en que se hizo exigible el pago de aquellas a la SED, conforme a los artículos 1608 y 1615 del CC, es decir, no probó la fecha de radicación de las facturas de venta ante la SED o la aceptación de esta última de los aludidos títulos valores, a partir de la cual se iniciaba la contabilización de los 30 días calendarios que se pactó como plazo contractual, vencidos los cuales se hacía exigible la descrita obligación. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, LEY 83 DE 1873 - ARTÍCULO 1615, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1608 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / RECONOCIMIENTO DE MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / OBRAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / FALTA DE PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿Debe el juez reconocer el pago de actividades que no pueden considerarse como labores ajenas o independiente al contrato de obra, cuya cantidad exacta realmente ejecutada no fue acreditada en el proceso? Respuesta al problema jurídico: No La sociedad (…) afirma en el libelo de la demanda que durante el desarrollo del contrato surgió la necesidad de ejecutar actividades que no estaban contempladas en el Anexo Técnico N. 1 (cuadro de cantidades y precios unitarios), es el caso de la limpieza general, el retiro y transporte de escombros y el apuntalamiento de la estructura y stand by de equipo; y que, no obstante que se ejecutaron, no se pactó un precio para retribuir su realización, mientras que en otras, a pesar de que se acordó un valor unitario, la SED no pagó la totalidad de las cantidades ejecutadas. (…) [S]e colige que las actividades de limpieza general, el retiro y transporte de escombros no se podían considerar como labores ajenas al contrato de obra, pues, en los pliegos de condiciones se dejó claro que aquellas estaban en cabeza de la contratista como una obligación que debía ejecutar. (…) La reclamación por concepto de activo de limpieza general carece de sustento probatorio, puesto que se encuentra mal fundamentada en una asimilación de actividades que se habían producido en otros bloques, de modo que la parte demandante no honró la carga de probar, conforme al artículo 177 del CPC, la cantidad exacta que en realidad ejecutó. Por consiguiente, no se puede reconocer el pago de suma alguna por tal concepto. (…) En cuanto a la reclamación incardinada al reconocimiento y pago de la actividad de retiro y transporte de escombros, (…) [e]sta Subsección al revisar el citado documento, observa que sí se establecieron de manera clara y expresa las actividades que incluían el retiro de sobrantes o de demolición, guardando correspondencia con las citadas obligaciones a cargo de la contratista estipuladas en los pliegos y en el contrato de obra. (…) Así las cosas, esta pretensión indemnizatoria es improcedente, pues, ante la claridad del Anexo N. 2 “Relación de Cantidades y Precios Unitarios” (…), la contratista debió prever al momento de elaborar la propuesta el valor del retiro y transporte de escombros dentro de las actividades que lo incluían. (…) Por otra parte, lo concerniente a los costos que asumió la contratista por el apuntalamiento de la estructura y stand by de equipos, (…) ante la ausencia de pruebas que acrediten la existencia de los costos asumidos por la demandante por el apuntalamiento de la estructura y stand by de equipos, la Sala considera que la pretensión formulada por la demandante en orden a cobrar los valores por esos conceptos resulta impróspera, pues la interesada no cumplió con la carga probatoria que prescribe el artículo 177 del CPC. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / VARIACIÓN DEL PRECIO / INCREMENTO DEL PRECIO / PRECIO DEL PROPONENTE / PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / AJUSTE DE PRECIO / REAJUSTE DE PRECIO / REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / PRINCIPIO DE ECONOMÍA DEL CONTRATO ESTATAL / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO DEL CONTRATO / AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN ABSTRACTO / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN ABSTRACTO Problema jurídico: ¿La variación de los valores de los insumos que componen las actividades de construcción que plasmó el oferente en su propuesta, constituye desequilibrio económico del contrato susceptible de ser restablecido con cargo a la entidad contratante, como consecuencia del incumplimiento de los principios de economía y de planeación, que provocó la extensión de los tiempos de ejecución del contrato, aunque en el contenido del pliego de condiciones de la Licitación Pública se estableciera que el valor allí señalado incluía cualquier incremento de costos durante el proceso de ejecución del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si Como fundamento de su pretensión de restablecimiento del equilibrio económico del contrato por variación de precios de insumos, la demandante expresa en el escrito introductorio que (…) como el contrato tuvo una vigencia mayor a la descrita, (…) los valores de los insumos que componen las actividades de construcción que plasmó en la propuesta sufrieron un incremento, el cual no fue reconocido por la demandada. Tal situación considera, ocasionó el desequilibrio económico del contrato de obra y, por consiguiente, reclama que la SED reconozca y cancele las sumas por concepto de ajuste de precios. Sin embargo, (…) es claro que las prórrogas en el contrato fueron el resultado de una conducta antijurídica de la SED, que desatendió los principios de economía y de planeación del contrato, no a hechos externos, como los que presupone la teoría de la imprevisión. Procederá pues la Sala a determinar a continuación si, de acuerdo con lo estipulado, la SED es responsable por el daño ocasionado con la variación de precios que se presentó en la ejecución del contrato de obra celebrado. Pues bien, al revisar el contenido del pliego de condiciones de la Licitación Pública (…), del Adendo N. 1 (…) de la citada licitación y del contrato de obra observa que allí se convino que la relación contractual correspondía a precios unitarios sin fórmula de reajuste, que el valor establecido incluía cualquier incremento de costos durante el proceso de ejecución del contrato, que en el supuesto de prórrogas por situaciones no previstas y ajenas al control de la contratista, ellas no generarían costos ni reconocimiento alguno por parte de la SED; y que los valores totales contenidos en la propuesta de licitación, no serían objeto de actualización, con la advertencia al proponente que su oferta incluyera todos los cambios de precio, actualización salarial y en general todos los costos que implicaran la ejecución de la obra. Lo anterior permite inferir que la contratista, al momento de elaborar su propuesta, estaba advertida que los precios de las actividades que contemplara en su propuesta no iban a ser objeto de ajuste o actualización alguna. Sin embargo, tal previsión se extendía únicamente a los tiempos de ejecución del contrato, pero, de ninguna forma, podía extenderse a una suspensión total de 84 días calendarios y prorroga acumulada de 490 días, menos aún, por el incumplimiento de la contratante, por ser esta una conducta que, por ser contraria a derecho, no cabe prever. (…) Así las cosas, de acuerdo con el artículo 172 del CCA, será revocado el fallo apelado para, en su lugar, proferir condena genérica, para que los perjuicios ocasionados con el incremento de precios de insumos durante la ejecución del contrato de obra (…) sean liquidados conforme a las consideraciones (…). FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 172 ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / ACTIO IN REM VERSO / EVENTOS DE PROCEDENCIA DEL ACTIO IN REM VERSO / NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACTIO IN REM VERSO / OBJETO DE LA ACTIO IN REM VERSO / REQUISITOS DEL ACTIO IN REM VERSO / SUBSIDIARIEDAD DE LA ACTIO IN REM VERSO / IMPROCEDENCIA DE LA ACTIO IN REM VERSO Problema jurídico: ¿La acción de enriquecimiento sin causa o actio in rem verso resulta procedente siempre que no exista un contrato estatal, porque cuando este constituye la fuente de una controversia, la ley prevé como medio de control el de controversias contractuales? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a acción de enriquecimiento sin causa o actio in rem verso resulta procedente siempre que no exista un contrato estatal, porque cuando este constituye la fuente de una controversia, la ley prevé como medio de control el de controversias contractuales. Así las cosas, el principio del no enriquecimiento sin justa causa no puede servir de fundamento para reclamar el pago de prestaciones que se derivan de la ejecución de un contrato, pues en esos casos no hay ausencia de causa. (…) En ese sentido, atendiendo que en el caso sub examine el debate fáctico y jurídico tiene origen en un contrato estatal, el medio de control procedente era exclusivamente el de controversias contractuales, en los términos del artículo 87 del CCA, en consecuencia, por más que se plantee como pretensión subsidiaria la actio in rem verso, la Sala considera que no se puede reabrir el debate sobre la base de una reclamación fundada en el citado principio de derecho y la pretensión que le corresponde, pues si bien se afirma que la obra ejecutada costó mucho más que lo pagado por la contratante, que fue recibida por esta última a su plena satisfacción y que aquella está al servicio de la comunidad, lo cierto es que en el fondo está reclamando unas prestaciones económicas derivadas del contrato de obra (…) y que consignó expresamente como salvedades en el acta de liquidación bilateral del contrato (…). Así las cosas, resulta completamente claro que la pretensión de “no enriquecimiento sin causa contractual” por parte de la SED cuya “indemnización” pretende la demandante es a todas luces improcedente, porque deviene de una controversia contractual. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedencia de la actio in rem verso, consultar providencias de 2 de mayo de 2018, Exp. 44656, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 7 de septiembre de 2020, Exp. 50532, C.P. Martín Bermúdez Muñoz; de 23 de octubre de 2020, Exp. 48627, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; y de 3 de noviembre de 2020, Exp. 64848, C.P. Martín Bermúdez Muñoz.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000201100151011100103