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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la prestación de los servicios públicos domiciliarios se encuentra enmarcada en un régimen propio

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Fecha
2024-05-09
Radicado
76001233100020060332003
Número interno
53962
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
AG CONSULTORES AMBIENTALES LTDA.
Demandado
EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO -EMSIRVA E.S.P.

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la prestación de los servicios públicos domiciliarios se encuentra enmarcada en un régimen propio

Lo que dijo la Sala

La determinación de asignar a los servicios públicos domiciliarios un régimen propio, específico y especializado se concretó en la expedición de la Ley 142 de 1994 que, según las pautas trazadas en la Carta Política, definió un régimen de intervención, regulación y control en esta materia, separándolo del marco clásico de la función pública para dotar de autonomía el nuevo concepto del servicio público domiciliario.… La autonomía de este régimen se explica, además, en que el legislador estableció que para resolver cualquier dificultad de interpretación o vacío sobre la aplicación de las disposiciones de servicios públicos a los que se refiere esa ley, o las demás que surjan de tal mandato, se acudirá a sus principios generales sin distinguir si la prestación se hace a través de una entidad pública, privada o mixta; de modo que todos los prestadores quedan sujetos en iguales condiciones a sus normas.… A su turno…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

Los actos y los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios se rigen, como regla general, por el derecho privado, pues la prestación de estos servicios está sometida a un régimen propio, específico y especializado que se separa del marco clásico de la función pública. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, la Ley 142 de 1994 definió un régimen de intervención, regulación y control de los servicios públicos domiciliarios que dota de autonomía a ese concepto frente a la función pública. Segundo, para resolver dificultades de interpretación o vacíos normativos la ley acude a sus principios generales sin distinguir si el prestador es público, privado o mixto, de modo que todos quedan sujetos en iguales condiciones. Tercero, el legislador excluyó de forma expresa la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública a estos prestadores, salvo que la ley disponga otra cosa, de modo que sus actos contractuales no contienen prerrogativas de poder público que den lugar a actos administrativos. La providencia unifica el criterio sobre el régimen aplicable; en la práctica, el derecho privado es la regla general y solo cede cuando la ley autoriza expresamente un ámbito normativo diverso.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La prestación de los servicios públicos domiciliarios se encuentra enmarcada en un régimen propio, específico y especializado, en el que se determinó que a los actos y a los contratos de los prestadores se les aplica el derecho privado?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 142 de 1994, arts. 13 y 31
  • Constitución Política

También resuelve

  • ¿Resulta legalmente admisible que cuando una entidad estatal celebra un contrato que se rige por las normas del derecho privado, se pacten cláusulas cuya ejecución corresponda a una de ellas…
  • ¿Los actos unilaterales que emite una entidad estatal en desarrollo de contratos regidos por el derecho privado, como los proferidos por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios…
  • ¿Debe unificarse la jurisprudencia del Consejo de Estado para definir la naturaleza de los actos jurídicos adoptados por los prestadores de servicios públicos domiciliarios con motivo de su actividad…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS ACTIVIDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NATURALEZA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN LEY APLICABLE AL CONTRATO NORMATIVA DEL CONTRATO NORMAS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL PRINCIPIO DE LIBERTAD CONTRACTUAL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO ESTATAL CLÁUSULA EXORBITANTE DEL CONTRATO ESTATAL CLÁUSULA EXCEPCIONAL DEL CONTRATO ESTATAL CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA ACTIVIDAD CONTRACTUAL ACTO CONTRACTUAL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS REQUISITOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO FALTA DEL ACTO ADMINISTRATIVO MARCO LEGAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DERECHO A LA LIBERTAD DE EMPRESA UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL SENTENCIA DE UNIFICACIÓN SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL EXPEDICIÓN DE SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL FALLO DE UNIFICACIÓN REGLA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES APLICACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES ALCANCE DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN APLICABILIDAD DE LA REGLA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN EFECTOS DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DEMANDA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE INEPTA DEMANDA INEXISTENCIA DE INEPTITUD DE LA DEMANDA IMPROCEDENCIA DEL FALLO INHIBITORIO IMPROCEDENCIA DE LA SENTENCIA INHIBITORIA ESTUDIO DE FONDO DE LA SENTENCIA EXAMEN DE FONDO ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA APLICACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA ADECUACIÓN DE LA DEMANDA INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CONCEPTO DE ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL OBJETIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NORMATIVA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NORMATIVA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL CLASES DE CLÁUSULAS DEL CONTRATO ELEMENTO ACCIDENTAL DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL OBLIGACIÓN CONTRACTUAL OBLIGACIONES DEL CONTRATO OBLIGACIONES DEL CONTRATO ESTATAL CONTRATO DE OBRA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO VALIDEZ DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DEBERES DEL CONTRATISTA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA INTERRUPCIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA TRATAMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS OBRA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS VERTIMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS PERMISO DE VERTIMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS PERMISO AMBIENTAL CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL INEXISTENCIA DE LA PRUEBA DEL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO FALTA DE PRUEBA DAÑO FALTA DE PRUEBA DEL DAÑO INEXISTENCIA DE DAÑO FALTA DE CERTEZA DE LA OCURRENCIA DEL DAÑO MORA ADMINISTRATIVA

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Titulación de la relatoría 45.187 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / ACTIVIDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / NATURALEZA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Problema jurídico: ¿La prestación de los servicios públicos domiciliarios se encuentra enmarcada en un régimen propio, específico y especializado, en el que se determinó que a los actos y a los contratos de los prestadores se les aplica el derecho privado? Respuesta al problema jurídico: Si La determinación de asignar a los servicios públicos domiciliarios un régimen propio, específico y especializado se concretó en la expedición de la Ley 142 de 1994 que, según las pautas trazadas en la Carta Política, definió un régimen de intervención, regulación y control en esta materia, separándolo del marco clásico de la función pública para dotar de autonomía el nuevo concepto del servicio público domiciliario. (...) La autonomía de este régimen se explica, además, en que el legislador estableció que para resolver cualquier dificultad de interpretación o vacío sobre la aplicación de las disposiciones de servicios públicos a los que se refiere esa ley, o las demás que surjan de tal mandato, se acudirá a sus principios generales sin distinguir si la prestación se hace a través de una entidad pública, privada o mixta; de modo que todos los prestadores quedan sujetos en iguales condiciones a sus normas. (...) A su turno, estableció que los actos y contratos de las entidades estatales que prestan tales servicios es el derecho privado. Y, para no dejar duda en torno a esta regla, hizo expresa mención sobre la no aplicación en estos casos del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo los casos en que la ley disponga otra cosa (art. 31). De modo que los actos contractuales emitidos por empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, por regla general, se rigen por el derecho privado. (...) Que el régimen aplicable a los actos y los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios sea el derecho privado, implica que comparten la naturaleza que tienen aquellos en el tráfico negocial propio del derecho común; es decir, se trata de un escenario donde no obran prerrogativas de poder público o de autoridad, que son las notas distintivas que dan lugar a la expedición de actos administrativos (...). La aplicación del derecho privado obra como regla general, sin perjuicio de que la misma ley autoriza a los prestadores de servicios públicos domiciliarios a incursionar en un ámbito normativo diverso (...). NOTA DE RELATORÍA: Sobre la noción de servicio público, consultar providencia de la Corte Constitucional, C-037 de 2003. Acerca del régimen de contratos celebrados por empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, consultar providencia de la Corte Constitucional, C-066 de 1997. Acerca de la naturaleza de los actos de las empresas de servicios públicos domiciliarios, consultar providencia de 3 de septiembre de 2020, Exp. 42003, C.P. Alberto Montaña Plata; de la Corte Constitucional, T-220 de 2005; T-558 de 2006. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 150 NUMERAL 23, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 333, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 334, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 365, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 367, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 13, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 31 CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / LEY APLICABLE AL CONTRATO / NORMATIVA DEL CONTRATO / NORMAS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE LIBERTAD CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA EXORBITANTE DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA EXCEPCIONAL DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Resulta legalmente admisible que cuando una entidad estatal celebra un contrato que se rige por las normas del derecho privado, se pacten cláusulas cuya ejecución corresponda a una de ellas, en aplicación de la autonomía de la voluntad y la libertad contractual que predomina en este tipo de relaciones nacionales? Respuesta al problema jurídico: Si [C]on fundamento en el postulado de la autonomía de la voluntad -eje central en que se edifica la institución de los contratos-, el ordenamiento jurídico reconoce a los sujetos la facultad de autorregular sus intereses y de dotar de efectos jurídicos vinculantes a tales actos dentro de los límites que impone la ley, el orden público y las buenas costumbres. (...) La afirmación de tal autonomía se expresa a través de la denominada libertad negocial o contractual, cuyo cimiento en la esfera constitucional se halla en los artículos 13 y 16 de la Carta Política; a partir de allí, con proyección en los diversos escenarios en que tiene desarrollo el derecho de los contratos, son las partes quienes determinan las reglas que van a regir sus acuerdos y la manera en que mejor se satisfacen sus intereses; se itera, en clave de los límites y preceptos superiores que demarcan tal potestad. (...) De modo que la concreción en este escenario de un negocio jurídico materializa el principio de la autonomía de la voluntad, en tanto permite a los individuos definir si celebran o no un contrato y, de hacerlo, el alcance que éste tiene a través del pacto de estipulaciones específicas que determinan el objeto, derechos, obligaciones y deberes entre ellos. Esta premisa normativa no es sino el reconocimiento de que son las partes las llamadas a definir el ámbito y alcance de lo que esperan y ofrecen en un determinado acuerdo, pues al margen de los vicios que en sede de nulidad puedan presentarse, por su propia y libre determinación quedan unidas bajo un lazo o relación jurídica amparada por la fuerza coercible del derecho. (...) Tan precisa, directa y reveladora es la voluntad contractual como fuente de las obligaciones, que el legislador la revistió de carácter normativo al asignar efectos de ley al contrato; de esa manera las partes definen en unión y de común acuerdo todo el negocio jurídico incluyendo, si así lo convienen, la liquidación por parte de una de ellas, sin que se advierta en el ordenamiento jurídico algún impedimento para llegar a un pacto en tal sentido. Este tipo de acuerdos entre sujetos de derecho privado es válido, de manera que cuando la Administración funge como tal, es decir, cuando su actividad se sujeta a las normas de derecho civil o comercial, está en posibilidad de estipular estas cláusulas y las demás que autoriza el ejercicio de la autonomía de la voluntad, como cualquier otro sujeto que actúa en el ámbito de la lex privata. (...) Aunque este entendimiento es pacífico en la actual jurisprudencia, ello no siempre fue así. En lo que atañe al pacto de este tipo de cláusulas en contratos sometidos al derecho privado, esta Colegiatura sostuvo que las entidades estatales exceptuadas del estatuto de contratación pública no podían convenir tales estipulaciones, porque no contaban con la habilitación legal para hacerlo; sin embargo, la jurisprudencia recondujo esa postura (...). De manera que cuando una entidad estatal celebra un contrato que se rige por las normas del derecho privado, es legalmente admisible que se pacten cláusulas cuya ejecución corresponda a una de ellas, aunque el ejercicio de tales facultades no tenga origen en una prerrogativa atribuida por ley a la contratante, sino en la libertad contractual en la que se fundamentó dicho acuerdo, de modo que si la entidad materializa las atribuciones unilaterales pactadas a través de éstos, se trata de actos contractuales y no administrativos. NOTA DE RELATORÍA: Acerca del principio de la autonomía de la voluntad, consultar providencia de la Corte Constitucional, C-341 de 2003. Sobre el pacto de una cláusula que confiere una facultad unilateral en contratos estatales regidos por el derecho privado, consultar providencias de 2013, Exp. 25681, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 20 de febrero de 2014, Exp. 45310, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; de 24 de agosto de 2016, Exp. 41783, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E); de 19 de julio de 2017, Exp. 57934, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 9 de julio de 2021, Exp. 50289, C.P. Martín Bermúdez Muñoz. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 13, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 16, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602 CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / ACTIVIDAD CONTRACTUAL / ACTO CONTRACTUAL / ACTIVIDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / REQUISITOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALTA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / MARCO LEGAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / DERECHO A LA LIBERTAD DE EMPRESA / PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Los actos unilaterales que emite una entidad estatal en desarrollo de contratos regidos por el derecho privado, como los proferidos por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, corresponden a la categoría de actos contractuales y no a la de actos administrativos? Respuesta al problema jurídico: Si [E]s posible indicar que la naturaleza de los actos unilaterales que emite una entidad estatal en desarrollo de contratos regidos por el derecho privado, se afilia a la categoría de actos contractuales y no a la de actos administrativos. En estos términos, cuando una entidad pública está sometida al régimen de derecho común debe “actuar en las mismas condiciones que un particular, por lo cual no estaba habilitada para expedir un acto administrativo”, ni puede adjudicarse, por sí misma, competencias que son de rango legal -sin perjuicio de aquellas hipótesis en que el legislador ha autorizado de manera excepcional la posibilidad de que las ESP puedan expedir actos administrativos-. (...) Esta plataforma autoriza volver sobre las bases que explican la noción y elementos del acto administrativo, pues permite clarificar el mecanismo procesal que se corresponde con la naturaleza del acto objeto de examen, indicando, desde ahora, que si no se trata de un acto administrativo, aunque sí de un acto jurídico contractual, el medio de control de nulidad y restablecimiento no está disponible para efectuar su examen, aun como pretensión promovida en sede de controversias contractuales, pues su objeto se dirige a enjuiciar la presunción de legalidad que sólo acompaña a tales actos, los administrativos, atributo del que carecen los actos contractuales emitidos en desarrollo de negocios jurídicos sujetos al derecho común. (...) La noción de acto administrativo y sus elementos, también permite a la Sala ilustrar el escenario en que se ubica el sub examine pues los actos de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, con indiferencia de si son entidades públicas, privadas o mixtas, no ostentan el carácter de administrativos, conclusión a la que se arriba por medio de la constatación de que en estos casos dichas empresas no actúan -por regla general- en ejercicio de prerrogativas de poder. Este contexto confirma que el atributo relacionado con el ejercicio de tales prerrogativas consustanciales a la expedición de actos administrativos, no se identifica con el que atañe al régimen contractual de los prestadores de servicios públicos domiciliarios. (...) El servicio público implica una ejecución material o técnica en aplicación de mandatos constitucionales y legales para satisfacer las necesidades sociales, y se desarrolla en un marco económico de libertad de empresa y competencia, aspecto que descarta, por regla de principio, atributos de poder. (...) De modo que como los servicios públicos domiciliarios versan sobre la prestación de una actividad en condiciones de libre mercado, no es viable la aplicación de tratos diferenciados o prerrogativas a favor de los agentes públicos; por ende, se establece el actuar de todos los prestadores en condiciones equiparables en un panorama en el que “está fuera de discusión que el esquema general y usual de prestación de los servicios públicos sea el de la competencia en el mercado”, pues allí no cabe el uso de potestades administrativas en lo usual de sus escenarios. (...) Este aserto conduce a la Sala a reafirmar, en concordancia con la armonía y reconocimiento del régimen al cual están sometidos los contratos de las ESP, en la ausencia de uno de los requisitos esenciales para tener por configurado un acto administrativo en sus actos jurídicos contractuales, esto es, el ejercicio de una prerrogativa de poder (...). Por consiguiente, resulta opuesto a su naturaleza asignarles el carácter administrativo ante sus profundas distancias, pues ello significa negar su propia condición, lo que desdice abruptamente del régimen al cual están sometidos; de modo que así se presenten o sean nombrados sus actos como administrativos, es definitivo que no corresponden a tal categoría, ni la adquieren por la fuerza de su sola denominación. (...) Lo dicho conduce a que no sea procedente, por regla general, el examen judicial de los actos contractuales de las ESP como se hace frente a los actos administrativos. Entonces, si se advierte que el acto sometido a verificación no fue proferido en ejercicio de prerrogativas administrativas, esto es, no es un acto administrativo, resulta un contrasentido analizarlo como tal, dejando de lado el verdadero examen que demanda la solución definitiva del conflicto. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la naturaleza de los actos proferidos por entidades estales en desarrollo de contratos regidos por el derecho privado, consultar providencias de 13 de mayo de 2004, Exp. 50001-23-31-000-2003-00020-01(AP), C.P. María Elena Giraldo Gómez; de 30 de junio de 2011, Exp. 32018, C.P. Ruth Stella Corea Palacio; de 19 de junio de 2019, Exp. 39800, C.P. Alberto Montaña Plata; de 19 de junio de 2020, Exp. 46589, C.P. María Adriana Marín; de 19 de junio de 2020, Exp. 64471, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 3 de septiembre de 2020, Exp. 42003, C.P. Alberto Montaña Plata; de 24 de septiembre de 2020, Exp. 44707, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; de 17 de marzo de 2021, Exp. 38237, C.P. Alberto Montaña Plata; de 21 de mayo de 2021, Exp. 57822, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; de 21 de octubre de 2021, Exp. 36697, C.P. Guillermo Sánchez Luque; de 18 de noviembre de 2021, Exp. 57537, C.P. Martín Bermúdez Muñoz; de 23 de noviembre de 2022, Exp. 66700, C.P. Alberto Montaña Plata; de 12 de diciembre de 2022, Exp. 66729, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. En relación con los elementos de existencia del acto administrativo, consultar providencia de 6 de junio de 1978, Exp. 10198. FUENTE FORMAL: LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 32 UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / EXPEDICIÓN DE SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / FALLO DE UNIFICACIÓN / REGLA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / ACTO CONTRACTUAL / ACTIVIDAD CONTRACTUAL / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALTA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿Debe unificarse la jurisprudencia del Consejo de Estado para definir la naturaleza de los actos jurídicos adoptados por los prestadores de servicios públicos domiciliarios con motivo de su actividad contractual y, determinar en ese sentido, que no son actos administrativos? Respuesta al problema jurídico: Si Salvo las excepciones legales, los actos jurídicos adoptados por los prestadores de servicios públicos domiciliarios con motivo de su actividad contractual, no son actos administrativos y se rigen por la normatividad civil y comercial, así como por las reglas atinentes a su régimen especial. Por tal razón, para controvertirlos a través del medio de control de controversias contractuales, el demandante no tiene la carga de solicitar su anulación. SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / ALCANCE DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / REGLA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / APLICABILIDAD DE LA REGLA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / FALLO DE UNIFICACIÓN / EXPEDICIÓN DE SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / EFECTOS DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / ACTO CONTRACTUAL / ACTIVIDAD CONTRACTUAL / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / DEMANDA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE INEPTA DEMANDA / INEXISTENCIA DE INEPTITUD DE LA DEMANDA / IMPROCEDENCIA DEL FALLO INHIBITORIO / IMPROCEDENCIA DE LA SENTENCIA INHIBITORIA / ESTUDIO DE FONDO DE LA SENTENCIA / EXAMEN DE FONDO / ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / APLICACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / ADECUACIÓN DE LA DEMANDA / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ Problema jurídico: ¿Dada la unificación de la jurisprudencia del Consejo de Estado en lo relativo a la naturaleza de los actos jurídicos adoptados por los prestadores de servicios públicos domiciliarios con motivo de su actividad contractual, cuando en los asuntos pendientes de solución se hubiere solicitado la nulidad de tales actos, se debe adecuar e interpretar la demanda y reconducirla para fallarla de fondo, conforme a la presente unificación? Respuesta al problema jurídico: Si En los asuntos pendientes de solución bajo los que se hubiere solicitado la nulidad de tales actos por considerarlos actos administrativos, no podrá declararse la inepta demanda ni los jueces pueden inhibirse de emitir una decisión de fondo. En garantía del derecho de acceso a la administración de justicia y la aplicación del principio iura novit curia, se debe adecuar e interpretar la demanda y reconducirla para fallarla de fondo, conforme a la presente unificación. CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CONCEPTO DE ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / NORMATIVA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / NORMATIVA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / CLASES DE CLÁUSULAS DEL CONTRATO / ELEMENTO ACCIDENTAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / OBLIGACIONES DEL CONTRATO / OBLIGACIONES DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE LIBERTAD CONTRACTUAL / CONTRATO DE OBRA Problema jurídico: ¿La etapa de liquidación del contrato estatal de origen legal es exclusiva del régimen de derecho público, dado que, en el régimen de derecho privado, como lo es el que gobierna los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, tiene origen y corresponde a un pacto accesorio, respecto de lo cual no existe una norma que imponga llevar a cabo su realización? Respuesta al problema jurídico: Si En aplicación de las normas que gobiernan los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, hay que señalar que la cláusula de liquidación tiene origen y corresponde a un pacto accesorio, de modo que no existe en el curso final del contrato una norma que les imponga llevar a cabo su realización, como si sucede bajo el EGCAP. (...) Este panorama, junto con el marco normativo que hace distinción entre el régimen de derecho público y el de derecho privado, permite advertir la existencia de una etapa de liquidación de origen legal que es exclusiva del primero de ellos y que en su itinerario involucra la potestad unilateral de liquidación y la intervención del juez -ya sea para controvertir la presunción de legalidad de tales determinaciones, o para reprochar la omisión de dicho deber-. Se trata de un procedimiento que no es extensivo o aplicable a los contratos sometidos al derecho privado, pues además de que no son compatibles por su origen, atributos, objeto y finalidades, no existe una previsión o un tratamiento análogo que así lo disponga bajo las normas del derecho común. (...) Como el procedimiento de liquidación que estableció la ley de contratación pública corresponde al corte de cuentas del negocio jurídico en el que se incorpora el balance integral de lo acontecido a nivel técnico, económico y jurídico, y al ser el instrumento que define su estado de ejecución y cumplimiento pudiendo comprender los acuerdos, conciliaciones y transacciones para poner fin a las divergencias presentadas, se tiene que la función legal atribuida a la liquidación en el régimen público contractual obra como cierre integral y definitivo de todo tipo de relación surgida de la ejecución del contrato. (...) Por oposición a lo anterior, al acudir al régimen privado, tal procedimiento o fase de liquidación no existe como imperativo general, como tampoco se presume que está dotado de ese contenido. Bastaría recordar la connotación accesoria que tienen las cláusulas relacionadas con la liquidación del contrato para advertir la ausencia de un mandato legal en tal sentido y, por ende, la inexistencia de una ruta obligada para llegar a ese destino. (...) Valga decir que en estos casos, como la liquidación es fruto de las estipulaciones acordadas por las partes, éstas se comprometen a intentar concertar el balance del negocio jurídico como protagonistas de lo acontecido en el itinerario contractual, se trata de una obligación en que el papel central se mantiene en la autonomía de la voluntad y en el principio de libertad negocial, a partir del cual, son ellas quienes en ese momento definen si se logra o no un arqueo concertado y el alcance del mismo. (...) A su vez, si lo pactado es o subsidiariamente corresponde a una cláusula de liquidación unilateral bajo el derecho común, el resultado de tal gestión sigue siendo parte de una obligación contractual en cabeza de quien fue designado para realizar dicho encargo, en los términos en que tal autorización fue conferida. (...) [A]l revisar la naturaleza y estructura del negocio jurídico sub lite, se advierte que corresponde a un contrato de obra –conforme al régimen de derecho común al que está sometido– el cual está regulado en el Código Civil bajo el capítulo de “LOS CONTRATOS PARA LA CONFECCION DE UNA OBRA MATERIAL”. (...) En cuanto a su fase conclusiva, constata la Sala que para este tipo contractual no hay una norma que disponga que las partes deben agotar una etapa de liquidación, y que haya lugar a que una de ellas pueda hacerlo unilateralmente, por lo que tales aspectos quedaron librados a la autonomía de la voluntad. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la etapa de liquidación de los contratos, consultar providencia de 23 de octubre de 2020, Exp. 41277, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2053, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2054, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2059 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / VALIDEZ DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿La falta de disponibilidad de uso del área destinada para las obras contratadas, impidió el normal transcurso del contrato de obra suscrito entre el demandante y la empresa de servicios públicos domiciliarios EMSIRVA E.S.P., con repercusión sobre la liquidación del contrato? Respuesta al problema jurídico: No [D]e cara a los límites trazados en las pretensiones de la demanda y el recurso interpuesto contra la decisión del Tribunal, se impone circunscribir el examen del sub lite a determinar el acierto de las bases de la liquidación del contrato, en clave del incumplimiento que el contratista atribuye a su contraparte -circunstancias que trastocaron la normal ejecución del contrato y le generaron perjuicios por mayor permanencia en obra-, a saber: a) la disponibilidad para el uso del área destinada para las obras a realizarse (...). En relación con este aspecto, la sociedad actora manifestó que se dificultó el inicio de las obras puesto que el área prevista para ello estaba siendo utilizada por Emsirva para construir un vaso de almacenamiento de residuos sólidos. (...) [S]í existió un retardo en la entrega del área requerida para la instalación de la planta de tratamiento pues ello debía ocurrir al momento de la firma del acta de inicio de la obra, o sea desde el 15 de septiembre de 2005, pero sucedió hasta el 3 de octubre de esa anualidad dado que la empresa modificó el lugar inicialmente previsto para tal fin; no obstante, y sin el propósito de desconocer dicha demora, lo cierto es que ésta no denota la envergadura requerida para asignar la declaratoria de incumplimiento del pacto a la empresa, en atención a los efectos que en realidad reportó al adecuado transcurso del negocio jurídico. (...) Constata la Sala que la indicada tardanza no paralizó el inicio de las tareas encomendadas al contratista pues de forma paralela a la realización de las labores para la adecuación del sitio de la obra, (...) [la contratista] debía adelantar los trabajos tendientes a la recepción, fabricación y ensamble de los equipos requeridos, cometido que podía desarrollar desde la fábrica o desde el mismo lugar de ejecución del contrato y que adelantó durante ese lapso (...). Así las cosas, no hay evidencia de que la demora en la entrega del área dispuesta para la obra hubiera generado un impacto o repercusión seria en el avance de la prestación pactada, al menos eso es lo que revelan las pruebas aportadas por el actor dado que, al margen de ésta, la contratista pudo adelantar otras labores primordiales para el cumplimiento del objeto, sin que demostrara en el proceso, v. gr., que hubiese tenido que asumir el costo de alquiler de maquinaria que por esta causa se viera paralizada, o personal cesante destinado exclusivamente a adelantar actividades en el sitio de las obras, o cualquier situación que hiciera evidencia de un real perjuicio sufrido con el desfase inicial, lo cual no se constata con el simple transcurso del tiempo sino con la acreditación cierta y cuantificable del perjuicio irrogado. Contrario a ello, se observa que si bien el contratista hizo expresión de tal retraso también subrayó su capacidad de ir realizando la actividad de preensamble para luego llevar los equipos al relleno sanitario, sin manifestación de que se le hubiese generado una pérdida o afectación susceptible de restitución o resarcimiento. ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / OBLIGACIONES DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / DEBERES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / INTERRUPCIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / VALIDEZ DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Las fallas en el suministro de energía eléctrica impidieron el normal transcurso del contrato de obra suscrito entre el demandante y la empresa de servicios públicos domiciliarios EMSIRVA E.S.P., con repercusión sobre la liquidación del contrato, por ser imputables a la entidad contratante? Respuesta al problema jurídico: No Las fallas en el suministro de energía eléctrica. (...) [La contratista] indicó que se alteró la normal ejecución del negocio con ocasión de problemas técnicos con el suministro del fluido eléctrico que llegaba a las instalaciones de la planta de tratamiento de lixiviados. (...) La instalación del suministro de energía, en conjunto con todas las tareas vinculadas a esta actividad, hacía parte de las obligaciones contractuales que fueron estipuladas con el fin de poner en funcionamiento la planta de tratamiento, toda vez que la contratista se comprometió a realizar “las obras de adecuación en sitio y ubicación de los servicios de energía …". En esa medida, la elaboración de los trabajos necesarios para poner en marcha este servicio correspondía a la sociedad actora que, además, conocía las exigencias de funcionamiento en lo relativo al voltaje y amperaje de los equipos que aportó para la realización del objeto contractual. (...) Por ende, lo que se observa es que la aludida suspensión contractual tuvo como propósito acordar con el contratista un lapso para que superara el inconveniente técnico advertido respecto al suministro del fluido eléctrico, encargo que no puede trasladarse a la empresa contratante pues corresponde a una de las obligaciones del contratista en orden al funcionamiento de la planta de tratamiento; tal obligación es consistente con la conducta del contratista quien ante la vicisitud ocurrida manifestó ofrecer solución a través de transformadores, sin expresar que ello escapara al alcance de sus trabajos o le implicara costos por fuera de lo pactado. (...) De manera que se trataba de un riesgo que la contratista asumió y que se comprometió ejecutar en el camino de lograr el objeto convenido; por tanto, no son de recibo para la Sala las alegaciones relativas al supuesto incumplimiento de la contratante relacionados con la estabilización de la energía, comoquiera que la instalación de los medios necesarios para ello no hacía parte de los compromisos adquiridos bajo el contrato, ni era parte de sus responsabilidades ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA / TRATAMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS / OBRA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS / VERTIMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS / PERMISO DE VERTIMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS / PERMISO AMBIENTAL / CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA / OBLIGACIONES DEL CONTRATO / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / VALIDEZ DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿La exigencia al contratista de los permisos ante la CVC para realizar el vaciado de los lixiviados constituyó el cumplimiento de condiciones no pactadas en el contrato de obra suscrito entre el demandante y la empresa de servicios públicos domiciliarios EMSIRVA E.S.P., con repercusión sobre la liquidación del contrato, al generar unos sobrecostos por mayor permanencia? Respuesta al problema jurídico: No La concesión de los permisos ante la CVC para realizar el vaciado de los lixiviados. (...) La parte actora afirmó que la demandada le exigió el cumplimiento de condiciones no pactadas, como el vertimiento de los lixiviados tratados en observancia de las normas de la CVC, circunstancia que utilizó la contratante como fundamento para no autorizar el pago de las actas de avance de obra, lo que le generó unos sobre costos por mayor permanencia. (...) Analizados los (...) medios probatorios, observa la Sala que el tratamiento de los lixiviados hasta alcanzar su vertimiento constituyó un propósito esencial del contrato, en donde la tarea de obtención de los permisos ambientales requeridos para realizar dicho vertimiento, al tenor de los diferentes documentos contractuales aludidos, estaba a cargo de la empresa seleccionada para celebrar el contrato. (...) Así las cosas, no tienen eco los argumentos aducidos por la contratista respecto del reproche así elevado contra el contratante, pues en los términos y documentos referidos, y de manera explícita en su misma propuesta, el contratista se comprometió a cumplir con las normas requeridas por la CVC y a tramitar el permiso exigido ante dicha entidad como elementos inherentes e intrínsecos a la finalidad y objeto del contrato, ejecución de las obras “para el vaciado y tratamiento de 230.000 m3 de lixiviados …”. (...) De hecho, la inobservancia en el acatamiento de las normas ambientales derivó en un incumplimiento esencial o importante del negocio jurídico, en tanto no se logró uno de los principales objetivos del contrato, esto es, que en el tratamiento final de los residuos líquidos se lograran los niveles requeridos por las normas ambientales para obtener la autorización de su vertimiento; de nada serviría la ejecución de unas obras y su recibo, si éstas no contaban con las autorizaciones ambientales para su puesta en marcha, de cara a los fines del contrato. Así, este incumplimiento sustancial de las prestaciones pactadas derivó en la falta de pago total del objeto convenido (...). ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL PAGO / INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DE LA PRUEBA DEL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / TRATAMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS / OBRA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS / VERTIMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS / PERMISO DE VERTIMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS / PERMISO AMBIENTAL / CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / VALIDEZ DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿Se acreditó la falta de pago de la totalidad de la obra ejecutada por el contratista y, como consecuencia de esta, el incumplimiento de las obligaciones a cargo de la administración en el contrato de obra suscrito entre el demandante y la empresa de servicios públicos domiciliarios EMSIRVA E.S.P., con repercusión sobre la liquidación del contrato? Respuesta al problema jurídico: No Falta de pago de la totalidad de la obra ejecutada. (...) Al respecto, (...) [la contratista] manifestó que, pese a que ejecutó aproximadamente el 94% de la obra, la entidad solo le pagó el 54% del valor del contrato. Señaló que la entidad dejó de pagar las facturas de venta 2176 y 2181, correspondientes, la primera, al pago del acta de avance de obra No. 2, por un valor de $194’436.480 y, la segunda, por concepto del acta de avance de obra No. 3, por la suma de $220’669.335. (...) Al examinar el expediente, encuentra la Sala que carece de fundamento probatorio la aseveración esgrimida por la actora, puesto que sólo obra el balance remitido por la contratista a la empresa al momento de promover la liquidación bilateral del negocio jurídico, al que acompañó de fotocopias que contenían unos registros fotográficos de los equipos, las cuales no constituyen elemento de convicción suficiente, comoquiera que las imágenes aportadas no son nítidas, se trata de fotocopias a blanco y negro, y de baja definición, que no permiten constatar que los bienes que allí aparecen sean los equipos reclamados por la demandante, y no es posible determinar sus características e identificación, ni corroborar el año y tampoco el lugar en que fueron tomadas, como tampoco su autor. (...) En suma, ante una llana manifestación del demandante (...), no es posible concluir que tales sucesos se encuentran probados, puesto que ninguna de las partes del contrato goza de una prerrogativa que permita tener por ciertos los supuestos que señala en su demanda y, contrario a ello, la ley establece una regla de juicio que ata la comprobación de tal hipótesis a la actividad demostrativa que deriva de la utilización oportuna de los diversos medios de convicción; razón por la cual no es procedente realizar un juicio de responsabilidad por un presunto incumplimiento contractual, huérfano de prueba sobre la supuesta falta de inclusión por parte de la interventoría de: un sistema de aireación mixto, dos electrodos que se desprendieron de la barcaza en el momento de realización del inventario, cuatro unidades de filtros y dos unidades de clarificación, dada la precariedad que se evidencia de la fotocopia de unas fotos -que fue lo aportado- por lo que, en consecuencia, no es posible acceder a tal petición. (...) Asimismo, en los términos de los informes de interventoría -también vertidos en el acto de liquidación-, la entidad se negó a pagar dos actas de obra argumentando que el tratamiento de los residuos líquidos no cumplió con la normativa ambiental. (...) [E]l cumplimiento del objeto del contrato estaba atado a la observancia de la normativa ambiental, con el propósito de descargar los residuos líquidos tratados en las fuentes hídricas dispuestas para tal fin y, con ello, liberar el espacio de almacenamiento de las lagunas de Emsirva. De manera que, para lograr el cometido pactado, la contratista debía acogerse a las citadas previsiones, con el fin de alcanzar los criterios de calidad previstos en éstas y obtener el pago acordado al vaciar los metros cúbicos de lixiviados tratados. (...) Al examinar el avance del convenio negocial, constata la Sala que la entidad canceló la primera acta parcial de obra al verificar el cumplimiento del 100% de ejecución de los dos primeros ítems de pago -constituidos por: 1) ingeniería, diseño, ensamble de equipos, y 2) acondicionamiento de sitio, red hidráulica y eléctrica, obras civiles-; sin embargo, como se vio, se abstuvo de cancelar las actas de avance 2 y 3 cuyo pago se pidió mediante las facturas 2176 y 2181, al advertir que la contratista no alcanzó el vertimiento de la totalidad de los metros cúbicos presupuestados. (...) De modo que como la descarga de las aguas tratadas constituía un requisito ineludible para alcanzar el ítem 4 de pago, esto es, tratamiento secundario para el cumplimiento de las normas de vertimiento de residuos líquidos de la CVC garantizado con niveles finales aceptables de DBO, DQO, SST, metales pesados y patógenos, y la sociedad actora no logró los criterios de calidad exigidos por la autoridad ambiental para el vertimiento de los lixiviados tratados, la Sala considera fundado el no pago de las últimas actas de avance obra conforme a lo pactado en el negocio jurídico, conducta que acató el principio de normatividad (artículo 1602 del Código Civil), toda vez que las partes expresamente indicaron que “la medida para el pago del contrato será el metro cúbico extraído, tratado y descargado” (...), razón por la cual no hay lugar a considerar que la empresa incumplió el acuerdo negocial al no cancelar las sumas correspondientes a las últimas actas de obra. FUENTE FORMAL: DECRETO 1594 DE 1984 - ARTÍCULO 120, DECRETO 1594 DE 1984 - ARTÍCULO 72, DECRETO LEY 2811 DE 1974 - ARTÍCULO 134, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, LEY 99 DE 1993 - ARTÍCULO 31 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / FALTA DE PRUEBA / DAÑO / FALTA DE PRUEBA DEL DAÑO / INEXISTENCIA DE DAÑO / FALTA DE CERTEZA DE LA OCURRENCIA DEL DAÑO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / MORA ADMINISTRATIVA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿Debe reconocerse indemnización de perjuicios por mayor permanencia en obra del contratista, al tener que asumir sobrecostos directos de personal y funcionamiento, por la demora en la liquidación del contrato de obra suscrito entre el demandante y la empresa de servicios públicos domiciliarios EMSIRVA E.S.P.? Respuesta al problema jurídico: No Incrustada en la pretensión segunda de la demanda inicial se solicitó “el pago de costos directos de personal y/o funcionamiento, por la no liquidación del contrato, hasta la liquidación del mismo”. Sobre esta pretensión la única mención que se hace en los hechos de la demanda se limita a mencionar que la falta de liquidación del contrato “… le está generando al contratista unos perjuicios y sobrecostos que desequilibran económicamente el contrato”. Ninguna mención adicional en tal escrito o en el que reformó la demanda incorporando nuevos hechos se efectuó sobre la indemnización así reclamada. (...) De manera concreta la Sala recaba en que uno de los principales elementos de la responsabilidad contractual reside en la acreditación del daño. Bajo el expediente y, además, según el recuento hecho de las pruebas solicitadas y decretadas por el propio Tribunal en la sentencia recurrida, no obra medio de prueba o convicción que acredite los costos reclamados por la no liquidación del contrato. En este sentido, no basta simplemente expresar la existencia de un daño sino que se impone que éste se haya configurado y esté respaldado en material de prueba necesario y suficiente para avanzar en su análisis. Tampoco el paso del tiempo, a la llana, es factor suficiente y constitutivo de un perjuicio, en tanto el actor es el llamado a cumplir con la carga de la prueba para sostener su petición. (...) Por esta razón, la pretensión de indemnización por costos directos de personal y funcionamiento por demora en la liquidación del contrato, será negada (...). Corolario delo anterior y en atención a lo expuesto a lo largo de esta providencia, la Sala negará las súplicas insistidas en la apelación.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=760012331000200603320031100103