Titulación de la relatoría 35.045 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CONCURSO DE MÉRITOS / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / NATURALEZA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTROVERSIA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / VIGENCIA DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿El régimen jurídico al cual estuvo sometido el concurso de méritos No. CM-PDA-009-2017, determina la naturaleza jurídica del acto precontractual objeto de reproche, el medio de control procedente en el caso, la oportunidad para el ejercicio del medio de control, y la forma en que habrá de resolverse el asunto sometido a consideración de la Sala?
Respuesta al problema jurídico: Si
Pues bien, en este caso está probado que el concurso de méritos No. CM-PDA-009- 2017 fue iniciado, adelantado y decidido por Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter oficial que, de conformidad con el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, no está sometida al Estatuto de Contratación de la Administración Pública en la gestión de sus negocios, sino a las normas del derecho privado. Tal y como lo ha indicado esta Subsección en anteriores oportunidades, el régimen de contratación de una entidad estatal no solo tiene incidencia en el ámbito de la celebración y ejecución del contrato, sino también en la etapa de formación del negocio jurídico. De ahí que podría llegar a considerarse, a partir del régimen de contratación al cual se encuentra sometido la entidad demandada, que el concurso de méritos No. CM-PDA-009-2017 se sujetó a las normas de derecho privado, evento en el cual el caso concreto habría de abordarse bajo los lineamientos procesales y sustanciales unificados en la sentencia del 3 de septiembre de 2020, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación. No obstante lo anterior, la Sala destaca que en este caso particular el procedimiento de selección se sujetó al Estatuto de Contratación de la Administración Pública, por expresa disposición de los artículos 1° del Decreto 4548 de 2009 y 15 del Decreto 2246 de 2012 (normas vigentes para el momento en que se adelantó el proceso de selección), toda vez que, según pasa a exponerse, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. adelantó el procedimiento de selección en su calidad de gestora del Programa de Agua y Saneamiento para la Prosperidad – Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PAP – PDA), y con recursos propios de dicho programa. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 2246 de 2012, el Programa de Agua y Saneamiento para la Prosperidad – Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PAP – PDA) tiene por objeto adoptar y ejecutar un conjunto de estrategias que buscan “[…] lograr la armonización integral de los recursos y la implementación de esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, teniendo en cuenta las características locales, la capacidad institucional de las entidades territoriales y personas prestadoras de los servicios públicos y la implementación efectiva de esquemas de regionalización”. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 2246 de 2012, los gestores del Programa de Agua y Saneamiento para la Prosperidad – Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PAP – PDA), son los responsables de la implementación y seguimiento a la ejecución de las estrategias y los asuntos relacionados con el agua potable y saneamiento básico. Dentro de sus funciones, se destaca aquella que les permite adelantar los procesos de contratación con cargo a los recursos del PAP – PDA, una vez los proyectos hayan sido viabilizados. Lo anterior, con sujeción al Estatuto de Contratación de la Administración Pública, según lo prescribe el artículo 15 del Decreto 2246 de 2012, (…). Ahora bien, en el expediente obra el certificado de existencia y representación legal de Empresas públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., que demuestra que su objeto social principal no estaba limitado solamente a la prestación de servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios, sino que también comprendía, valga resaltar, la posibilidad de desempeñarse como gestora del Plan Departamental de Aguas del departamento de Cundinamarca, que luego pasó a denominarse Programa de Agua y Saneamiento para la Prosperidad – Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PAP – PDA). Sobre este particular, (…). También está demostrado, como anticipadamente se advirtió, que en este específico caso Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. actuó en su calidad de gestora del programa al que se ha hecho referencia, previa designación como gestora del mismo que le hiciera el departamento de Cundinamarca mediante el Decreto Departamental No. 00180 del 22 de septiembre de 2008. Ciertamente, el acto de apertura del concurso de méritos No. CM-PDA-009-2017, el pliego de condiciones y el acto administrativo demandado demuestran que Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. adelantó el procedimiento de selección (i) en su calidad de gestora del Programa de Agua y Saneamiento para la Prosperidad – Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PAP – PDA); y (ii) con recursos provenientes del Programa de Agua y Saneamiento para la Prosperidad – Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PAP – PDA). Vistas así las cosas, es claro que en este caso la entidad demandada no actuó en su condición de empresa de servicios públicos domiciliarios, de la cual se predica el régimen de contratación privado establecido en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, sino en calidad de gestora del PAP – PDA, con el objetivo concreto de perseguir la materialización de los cometidos de la política pública del sector del agua y saneamiento básico, lo que en consecuencia supone que el régimen que gobernó el proceso de selección objeto de estudio fue el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. En tal sentido, la Sala advierte que el caso sometido a estudio debe ser abordado, procesal y sustancialmente, bajo el entendido de que el acto cuestionado es un acto administrativo, cuyo examen, se insiste, debe ser efectuado a la luz de las reglas propias del Estatuto de Contratación de la Administración Pública.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la incidencia del régimen de contratación de una entidad estatal en la etapa de formación del negocio jurídico, revisar: sentencia de 17 de junio de 2024, rad. 66688, C.P. Nicolás Yepes Corrales. Referente a los contratos estatales regidos por el derecho privado, revisar: sentencia de 3 de septiembre de 2020, rad. 42003, C.P. Alberto Montaña Plata.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 2246 DE 2012 - ARTÍCULO 15, DECRETO 2246 DE 2012 - ARTÍCULO 3, DECRETO 2246 DE 2012 - ARTÍCULO 5, DECRETO 4548 DE 2009 - ARTÍCULO 1, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 31
COMPETENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿La Sala es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 29 de enero de 2021, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con fundamento en lo previsto en el artículo 104 del CPACA, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer del presente asunto, porque el objeto del litigio gira en torno a la legalidad de un acto administrativo proferido por una empresa de servicios públicos de carácter oficial, como lo es Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. —entidad pública—, así como también a los contratos celebrados por tal ente. Igualmente, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante contra la sentencia del 29 de enero de 2021, conforme con lo previsto en los artículos 150 y 152 del CPACA, vigentes a la fecha de presentación de la demanda, dada la vocación de doble instancia del proceso, y en razón de que la pretensión económica formulada en la demanda excedió los 300 SMLMV que corresponden al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y los 500 SMLMV atinentes al medio de control de controversias contractuales.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152
MEDIO DE CONTROL / ALCANCE DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD / ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / APLICACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / REQUISITOS DE LA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES / PROCEDENCIA DE LA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES
Problema jurídico:
¿En el presente caso se cumplen los presupuestos necesarios para la acumulación de pretensiones, previstos en el artículo 165 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenciosos Administrativo, y en efecto, procede el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y el medio de control de controversias contractuales?
Respuesta al problema jurídico: Si
Tal y como lo advirtió el a quo en el trámite de la audiencia inicial, al momento de resolver la excepción previa de inepta demanda, en este caso la parte demandante formuló pretensiones propias del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y del medio de control de controversias contractuales. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 141 del CPACA, los medios de control referidos resultan procedentes porque Ingeniería y Consultoría Nacional INALCON S.A.S., que resultó vencida dentro del concurso de méritos No. CM-PDA-009-2017, cuestiona la legalidad del acto administrativo de adjudicación y solicita el consecuente restablecimiento del derecho, así como también pretende que se declare la nulidad de los contratos de consultoría celebrados por Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P con ocasión de la expedición de aquel. La Sala destaca que en este caso se cumplen los presupuestos necesarios para la acumulación de pretensiones, previstos en el artículo 165 del CPACA. En efecto, las pretensiones formuladas (i) son conexas, en tanto la parte demandante solicita la declaratoria de nulidad absoluta de los contratos como consecuencia de la anulación del acto administrativo de adjudicación; (ii) son de competencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera instancia, y del Consejo de Estado en segunda instancia, como quedó visto en el análisis del presupuesto anterior; (iii) no se excluyen entre sí, por el contrario, de su lectura surge sin duda que se complementan; (iv) se formularon de manera oportuna, como se verá enseguida; y (v) pueden tramitarse a través del mismo procedimiento, esto es, el ordinario.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 165
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ALCANCE DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Problema jurídico:
¿Conforme al artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenciosos Administrativo, los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y de controversias contractuales, fueron presentados dentro del término estipulado?
Respuesta al problema jurídico: Si
En lo que respecta a las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho, se tiene que la demanda fue presentada dentro del término prescrito en el literal c) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA. Ciertamente, la parte accionante reconoció que el acto administrativo de adjudicación demandado fue notificado en estrados el 18 de julio de 2017, por lo que la demanda, en principio, debía ser radicada a más tardar el 19 de noviembre del mismo año, esto es, dentro de los cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de su notificación. No obstante lo anterior, la actora presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 31 de julio de 2017, esto es, faltando 3 meses y 19 días para que operara el fenómeno de caducidad. El término de caducidad estuvo suspendido hasta el 19 de septiembre de 2017, día en que fue proferida la constancia que refleja la ausencia de ánimo conciliatorio. Así entonces, el término máximo para presentar la demanda vencía el 9 de enero de 2018, por lo que la demanda radicada el 19 de diciembre de 2017 fue oportuna. De otra parte, en lo relativo a las pretensiones de controversias contractuales, también se advierte que la demanda fue presentada dentro del término de dos (2) años contados a partir del día siguiente al perfeccionamiento del contrato, establecido literal j) del numeral segundo del artículo 164 del CPACA. Para llegar a la anterior conclusión, basta señalar que los contratos demandados fueron celebrados el 16 de agosto de 2017, por lo que la demanda interpuesta el 19 de diciembre de 2017 fue presentada de manera oportuna.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL C, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / FACULTAD DE LA PARTE DEMANDANTE / GARANTÍA PARA DEMANDAR / CAPACIDAD PARA SER PARTE / INTERÉS JURÍDICO DIRECTO
Problema jurídico:
¿Le asiste legitimación en la causa por activa a Ingeniería y Consultoría Nacional INALCON S.A.S., para solicitar la declaratoria de nulidad del acto administrativo de adjudicación y el restablecimiento del derecho, toda vez que fue parte en el concurso de méritos No. CM-PDA-009-2017?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con los artículos 138 y 141 del CPACA, Ingeniería y Consultoría Nacional INALCON S.A.S. está legitimada en la causa para solicitar la declaratoria de nulidad del acto administrativo de adjudicación y el restablecimiento del derecho, porque participó en el concurso de méritos No. CM-PDA-009-2017 y considera que sus derechos resultaron afectaron al no haber resultado adjudicataria. También está legitimada en la causa para pedir la nulidad absoluta de los contratos de consultoría suscritos, porque tiene un interés directo que deriva de haber participado en el concurso de méritos No. CM-PDA-009-2017 y no haber resultado adjudicatario de aquellos.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 138, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / CONCEPTO DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA
Problema jurídico:
¿Le asiste legitimación en la causa por pasiva a Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., respecto de las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho y, a la vez, frente a las de nulidad absoluta de los contratos, porque fue la entidad que adelantó el concurso de méritos No. CM-PDA-009-2017?
Respuesta al problema jurídico: Si
Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., por su parte, está legitimada en la causa por pasiva respecto de las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho y, a la vez, frente a las de nulidad absoluta de los contratos, porque fue la entidad que adelantó el concurso de méritos No. CM-PDA-009-2017, profirió el acto administrativo de adjudicación que se demanda y, además, celebró los contratos de consultoría reprochados por Ingeniería y Consultoría Nacional INALCON S.A.S. De otra parte, el Consorcio Cundinamarca 2017, que luego de admitirse la demanda fue vinculado al proceso, está legitimado en la causa por pasiva como litisconsorte necesario de la parte demandada, puesto que resultó adjudicatario del proceso de selección y, además, suscribió los contratos de consultoría referidos.
PLIEGO DE CONDICIONES / CONCEPTO DE PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / CONFIGURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / COPIA DEL PLIEGO DE CONDICIONES / CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES / EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / FACTORES DE EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / LÍMITES DEL PLIEGO DE CONDICIONES / NATURALEZA JURÍDICA DEL PLIEGO DE CONDICIONES / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / REQUISITOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES / VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / OBLIGACIÓN DEL CONTRATANTE FRENTE AL PLIEGO DE CONDICIONES
Problema jurídico:
¿El pliego de condiciones ha merecido el calificativo de ley de la licitación y ley del contrato, en tanto y cuanto, disciplina el desarrollo y las etapas del procedimiento administrativo de selección, así como el contrato ofrecido a los interesados en participar en la convocatoria a través de la aspiración legítima de que éste les sea adjudicado?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l cronograma del concurso de méritos No. CM-PDA-009-2017 contempló dos oportunidades para formular observaciones al pliego de condiciones, a saber: (i) en la etapa previa a la apertura del procedimiento de selección, concretamente, entre el 26 de abril y el 3 de mayo de 2017, y (ii) luego de la apertura del procedimiento de selección, específicamente, entre el 19 de mayo y el 24 de mayo de 2017 (hecho probado 4.2.). En este punto, resulta de especial relevancia advertir que la etapa de observaciones está contemplada como un espacio para que los interesados en el proceso de selección tengan participación en la construcción del pliego de condiciones, con el propósito de que estos sean confeccionados en atención a los fines perseguidos por la contratación estatal. Sobre este particular, se destaca que, si bien el pliego de condiciones nace como una manifestación unilateral de la Administración Pública, no debe perderse de vista que los interesados en contratar con el Estado son profesionales expertos en las actividades, bienes o servicios que requiere la Administración, por lo que su intervención activa en la construcción del pliego de condiciones reviste radical importancia para la confección de unos preceptos claros, justos y completos, que atiendan las finalidades de la contratación pública. Ahora bien, en el curso del proceso la parte demandante no allegó el expediente administrativo que contiene todas las actuaciones adelantadas en el marco del concurso de méritos No. CM-PDA-009-2017, a la vez que la entidad demandada tampoco hizo lo propio al contestar la demanda. Por tanto, aun cuando algunos de los medios de prueba que reposan en el plenario dan cuenta de la formulación de unas observaciones, lo cierto es que no quedó establecido cuáles fueron las observaciones concretas formuladas al pliego de condiciones en las etapas previstas para el efecto, ni quiénes las formularon, así como tampoco se conoce cuál fue la respuesta otorgada por Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. frente a las mismas. De este modo, ante la ausencia del expediente administrativo del proceso de selección, no resultaba posible concluir —como lo hizo el Tribunal de primera instancia— que la demandante no formuló observaciones en relación con los criterios de desempate aplicados por la entidad demandada al momento de proferir el acto de adjudicación cuestionado. En efecto, si bien algunos de los documentos que fueron allegados a este proceso judicial (como el acto de apertura del procedimiento de selección, las adendas Nos. 1 y 2 al pliego de condiciones y el acto administrativo de adjudicación)contienen afirmaciones que indican que sí se presentaron observaciones al pliego de condiciones, las mismas no son detalladas, en tanto no especifican el contenido de las observaciones, así como tampoco los interesados que las formularon, ni mucho menos la respuesta otorgada por la entidad demandada. De este modo, no es posible suplir la deficiencia probatoria advertida en este punto para concluir que el demandante no formuló observaciones al pliego de condiciones encaminadas a ventilar las inconformidades que sustentan su demanda. En todo caso, y al margen de lo anterior, lo cierto es que está probado que, en el marco del proceso de selección, Ingeniería y Consultoría Nacional INALCON S.A.S. sí formuló una observación frente al aparte del pliego de condiciones que estableció los criterios de desempate. En efecto, la parte demandante cuestionó el criterio de desempate referido a las mipymes, en la audiencia de apertura de sobre económico y recomendación de adjudicación (hecho probado 4.9). En tal sentido, debe precisarse que, si bien la observación no fue presentada dentro de las oportunidades previstas para el efecto, la entidad demandada dio curso a la misma y, en tal sentido, procedió a estudiarla de fondo, reiterando el contenido del aparte 6.6. del pliego de condiciones y su entendimiento acerca del articulo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015. Por lo expuesto, la Sala considera que la argumentación esgrimida por el Tribunal, en punto a la falta de observaciones frente al pliego de condiciones, no podía sustentar la decisión adoptada en la sentencia de primera instancia. Lo anterior, porque al proceso no fueron allegadas las pruebas que permitieran concluir que la demandante no atendió su deber de manifestarle a la entidad sus inconformidades en relación con el referido aparte del pliego de condiciones en las etapas previstas para el efecto, aunado al hecho de que, en cualquier caso, la parte demandante sí reprochó el criterio de desempate en el curso del procedimiento de selección, motivo por el cual no podría afirmarse, como lo hizo el Tribunal a quo, que en este caso faltó a la diligencia que, por virtud del principio de buena fe que se predica de la etapa precontractual, le exigía participar activamente en la construcción del pliego de condiciones.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente al pliego de condiciones, revisar: sentencia de 10 de octubre de 2022, rad. 67773, C.P. Adriana Polidura Castillo y sentencia de 24 de abril de 2024, rad. 63096, C.P. Nicolás Yepes Corrales.
ADJUDICACIÓN DE CONTRATO / ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN / ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / PROCEDIMIENTO DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / PROCESO PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DE LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN / NULIDAD DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿De conformidad con los hechos probados, resulta procedente anular la Resolución No. 378 del 19 de julio de 2017 por medio de la cual la entidad demandada adjudicó los contratos de consultoría, ante una indebida aplicación de los criterios de desempate, y si, con fundamento en ello, hay lugar a declarar la nulidad absoluta de los contratos celebrados con ocasión de la finalización del procedimiento de selección?
Respuesta al problema jurídico: No
De otra parte, en lo que respecta al cargo de nulidad formulado contra el acto de adjudicación consistente violación de las normas a las que debía sujetarse la decisión adoptada por la demandada, sustentado en el análisis del criterio de desempate referido a las mipymes, lo primero que debe advertir la Sala es que, tal y como ha sido precisado en esta providencia, el artículo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015, vigente en el momento en que se adelantó el proceso de selección, establecía los factores que debían ser observados en caso de que varios proponentes resultaran empatados en el puntaje asignado en el trámite del proceso de selección. (...) Como se observa, el criterio de desempate acogido en el pliego de condiciones —y que fue analizado en el acto de adjudicación— otorgó el mismo orden de preferencia a las propuestas presentadas por una mipyme en forma individual, así como a las propuestas presentadas por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura conformado exclusivamente por mipymes. En este aspecto, conviene precisar que el precepto incluido en el pliego de condiciones, que fue objeto de análisis en el acto de adjudicación demandado, no benefició a los consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura que estuvieran integrados, entre otros, por una mipyme, pues es claro que el tratamiento igualitario se predicó de aquellas figuras asociativas que estuvieran conformadas exclusivamente por mipymes. Pues bien, la Sala considera que el criterio de desempate referido a las mipymes, el cual analizó la entidad demandada a la hora de adjudicar, no tiene la virtualidad de viciar de nulidad el acto demandado; por el contrario, la redacción acogida en el pliego de condiciones que marcó el derrotero del procedimiento de selección — analizada en el acto de adjudicación— parte de una lectura razonable y lógica del artículo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015, que se acompasa con los criterios teleológico y sistemático de interpretación de la ley. En efecto, atendiendo al método de hermenéutica que permite al intérprete recurrir a la “intención o espíritu” de la norma, “claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento” (artículo 27 C.C.), es cuestión que no ofrece duda que el propósito de la disposición normativa era brindar preferencia a las ofertas presentadas por mipymes nacionales, al margen de que estas participaran en un proceso de selección de manera individual o a través de las figuras asociativas —conformadas exclusivamente por mipymes— permitidas en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública. Luego no resulta acertado, como lo pretende la parte demandante, restringir la lectura del artículo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015, para entender que el beneficio allí previsto solo se predique de las mipymes que presenten ofrecimientos de manera individual, pues ello resultaría contrario a la finalidad de la disposición normativa y, además, arbitrario, en tanto no podría el juez entrar a restringir lo que no limitó la disposición normativa. La Sala añade en este punto que una lectura restrictiva del artículo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015 introduciría un trato diferencial sin una razón objetiva y razonable, lo cual resultaría lesivo del derecho a la igualdad de las mipymes que presentan un ofrecimiento a través de las distintas figuras asociativas que permite el Estatuto de Contratación de la Administración Pública. No debe perderse de vista, además, que en el ordenamiento jurídico solo se permiten tratos diferenciados en tanto cuenten una justificación objetiva y razonable, aspectos que no están demostrados en este caso, en tanto no existe justificación alguna que permita diferenciar las propuestas presentadas por una mipyme de manera individual o plural, más allá de los razonamientos efectuados por la demandante en el libelo introductorio. En esta línea, al analizar el sentido de las normas jurídicas, ante comprensiones diversas de una misma disposición legal, el intérprete ha de escoger la opción interpretativa que mejor responda a la coherencia interna del orden jurídico en su conjunto y a los derechos, principios y valores constitucionales. En este sentido, en el caso que aquí concierne, el método de interpretación sistemático de la ley, que se endereza a encontrar el sentido de las disposiciones a partir de su análisis en contexto con otras normas que guardan relación con aquella (artículo 30 C.C.), conduce a encontrar justificado el ejercicio hermenéutico que ofrece como resultado una interpretación del artículo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015, que se encuentra en armonía con las normas del Estatuto de Contratación de la Administración Pública que dan cabida a la presentación de ofertas bajo la forma de consorcios y uniones temporales y, por el contrario, lleva a desechar la propuesta interpretativa planteada por el apelante, basada en una lectura aislada del texto legal. (...) Finalmente, la Sala advierte que en el libelo introductorio la parte accionante no cuestionó que el Consorcio Cundinamarca 2017, que resultó adjudicatario en el trámite del concurso de méritos No. CM-PDA-009-2017, no estuviera integrado exclusivamente por mipymes. Ahora, aunque en el recurso de apelación se afirmó ligeramente que dicha figura asociativa estaba integrada por al menos una mipyme, lo cierto es que por la vía de la impugnación contra el fallo de primera instancia no se pueden introducir argumentos que no fueron planteados en la demanda, variando la causa petendi, so pena de la vulneración del debido proceso, porque se sorprendería a la parte contraria con cargos nuevos frente a los cuales no pudo defenderse. De este modo, la Subsección no se ocupará de abordar en esta instancia ese argumento incluido en la apelación que no fue planteado en el libelo introductorio. Vistas así las cosas, la Sala concluye que la parte accionante no desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo de adjudicación proferido en el marco del concurso de méritos No. CM-PDA-009-2017. En efecto, en el proceso quedó demostrado que el acto de adjudicación no violó los criterios de desempate establecidos en el Decreto 1082 de 2015, ni aplicó indebidamente los criterios de desempate fijados en el pliego de condiciones. De acuerdo con lo anterior, el recurso de apelación no está llamado a prosperar y, en consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho, así como también las pretensiones de controversias contractuales en tanto dependían de la prosperidad de las primeras.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1082 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2.9, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 27, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 30
AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA / MANUAL DE CONTRATACIÓN / CONTRATACIÓN ESTATAL / DEBERES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / REGLAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL
Problema jurídico:
¿Los Manuales de Contratación de Colombia Compra Eficiente son de observancia obligatoria para las entidades estatales en todos sus aspectos?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala advierte que, si bien los manuales de contratación proferidos por la referida Agencia no son obligatorios, como equivocadamente lo señaló la entidad demandada, en tanto la Agencia Nacional de Contratación Pública —Colombia Compra Eficiente— no tiene una función reguladora en materia de contratación estatal, así como tampoco la potestad reglamentaria en la materia, la cual corresponde de manera privativa al presidente de la República, lo cierto es que constituyen instrumentos que contienen lineamientos que buscan orientar a las entidades estatales en su actividad contractual. Es así que, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., al darle aplicación a las directrices fijadas por la Agencia Nacional de Contratación —Colombia Compra Eficiente—, fue diligente en la etapa de confección del pliego de condiciones, incluyendo un precepto que parte de una lectura razonable y lógica del artículo 2.2.1.1.2.2.9. del Decreto 1082 de 2015, como, en efecto, fue la que se tuvo en cuenta al momento de adjudicar.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a los documentos expedidos por la Agencia de Contratación Colombia Compra Eficiente, revisar: sentencia de 24 de marzo de
2023, rad. 53492, C.P. Guillermo Sanchez Luque.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1082 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2.9
CONDENA EN COSTAS / CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS A PARTICULAR / CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Es procedente condenar en costas a Ingeniería y Consultoría Nacional INALCON S.A.S., toda vez que se le resolvió de manera negativa el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia del 29 de enero de 2021, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 361 del CGP prevé que “las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. A su turno, los artículos 365 y 366 ejusdem, aplicables a los procesos contenciosos administrativos por remisión del artículo 188 del CPACA, establecen que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de alzada, siempre que se demuestre en el expediente su causación; y su liquidación se realizará, de manera concentrada, por la secretaría del a quo, correspondiéndole a este juzgador la fijación de las agencias en derecho de segunda instancia, de acuerdo con las tarifas señaladas por el Consejo Superior de la Judicatura, y atendiendo a la naturaleza, calidad y cuantía del proceso, así como también la actuación desplegada por la parte vencedora. Bajo este entendido, la Sala condenará en costas de segunda instancia a la parte demandante, dado que se resolvió su recuso de manera desfavorable. Para tal efecto, el Tribunal de origen efectuará la liquidación y tasación de costas. La Sala no fijará agencias en derecho en esta instancia, dado que Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P no intervino en segunda instancia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366