Titulación de la relatoría 22.342 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / ACTO CONTRACTUAL / ACTIVIDAD CONTRACTUAL / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALTA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DEL CONTROL DE LEGALIDAD / BUEN MANEJO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / AUTO QUE ORDENA LA EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE GARANTÍA CONTRACTUAL / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE SEGURO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE HACE EFECTIVA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Los actos jurídicos adoptados por las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliaros en el desarrollo de su actividad contractual son actos administrativos?
Respuesta al problema jurídico: No
De conformidad con el Acuerdo 68 de 1995, Emsersopó es una empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal, cuyo objeto se limita a la prestación de servicios públicos esenciales domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. (...) La Ley 142 de 1994 (...) definió que los actos y contratos de las ESP, cualquiera sea su naturaleza jurídica se regulan por el derecho privado, salvo que la Constitución Política o la ley dispongan lo contrario. (...) El régimen de derecho común implica que las partes actúan en escenarios de equivalencia negocial, con las mismas condiciones de que gozan los particulares en sus relaciones contractuales, sin las estructuras rígidas asociadas a un régimen legal específico, como el que fue fijado por el EGCAP para las materias que regula. (...) Al no existir previsión constitucional o legal que conduzca a excluir el contrato No. 26 del 27 de mayo de 2011 de ese régimen especial, se concluye que se rigió por el derecho común. (...) En concordancia con el reconocimiento del régimen al cual están sometidos los actos y contratos de las ESP, los actos que profieren no tienen la condición de administrativos, por lo cual no pueden examinarse como tales, sino bajo las normas que los rigen y los institutos que su naturaleza les impone (...). Ante la constatación del régimen al que se sujetó el contrato No. 26 de 2011, es dable colegir que los actos enjuiciados no tienen la condición de administrativos, pues más allá del nombre con el que fueron rotulados, lo cierto es que para su expedición no medió el ejercicio de una prerrogativa pública, razón por la cual, en consonancia con la mencionada posición unificada de la Corporación, serán analizados bajo la naturaleza que les corresponde. (...) En consonancia con las reglas de unificación (...), la Sala se abstendrá de realizar un estudio de legalidad de las mencionadas resoluciones a partir de las causales de nulidad previstas por el legislador frente a los actos administrativos, pues esta herramienta se refiere a un juicio de validez de los elementos de esa clase de manifestaciones unilaterales de la administración, sin que por ello se produzca una variación a la causa petendi, ni se desconozcan las garantías procesales de las partes involucradas en este proceso. La Sala desplegará sus facultades interpretativas y decisorias bajo el cauce de las reglas del derecho común y de conformidad con los términos en que se concedió la póliza 33-44-101051838 y sus condiciones generales.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la naturaleza de los actos proferidos por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarias en el marco de su actividad contractual, consultar providencia de 9 de mayo de 2024, Exp. 76001-23-31-000-2006-03320-03(53962), C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 15
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO JURÍDICO UNILATERAL / PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / OCURRENCIA DEL SINIESTRO / PRUEBA DEL SINIESTRO / PAGO FRACCIONADO DEL SINIESTRO / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE SEGURO / COBRO DE LA PÓLIZA DE SEGURO / BUEN MANEJO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿El pacto de facultades unilaterales por las partes del contrato estatal, en este caso, tendientes a declarar la ocurrencia material del riesgo amparado y a hacer efectiva la garantía, implica la asunción u otorgamiento de poderes o prerrogativas propias de la administración pública, de las cuales carecía la empresa de servicios públicos domiciliaria demandada?
Respuesta al problema jurídico: No
En el escenario del conflicto que ahora ocupa la atención de la Sala, la demandante alegó que la asegurada no podía expedir los “actos administrativos” tendientes a declarar la ocurrencia material del riesgo amparado y a hacer efectiva la garantía, y añadió que el contrato de seguro no podía constituirse como fuente de tal competencia, de ahí que no estaba obligada al pago de la suma asegurada. (...) Bajo el régimen jurídico que gobernó el contrato No. 26 de 2011, Emsersopó carecía de competencia para proferir actos administrativos, sin que una convención particular pudiera atribuirle una facultad de esa naturaleza, puesto que las prerrogativas públicas sólo emanan de la Constitución o la ley (arts. 6 y 121 constitucionales). El contrato de seguro de cumplimiento que celebraron dos particulares tampoco podían dotarla de tales prerrogativas. Sin embargo, como ya en otras oportunidades lo ha señalado esta Subsección, resulta inadmisible el entendimiento que la demandante pretende darle a las condiciones generales de la póliza que ella misma redactó (...). Un entendimiento como el predicado por la demandante conduciría a restar cualquier efecto útil a lo estipulado, por lo cual, lo que resulta jurídicamente acertado es analizar las condiciones generales de la póliza a partir de lo que fue la verdadera intención de las partes del contrato de seguro –es decir, la contratista tomadora y Seguros del Estado– de cara a la forma y requisitos que debía cumplir la asegurada –Emsersopó– para obtener el pago de la indemnización en caso de que se configurara alguno de los siniestros amparos; todo esto en el escenario del régimen legal que resulta aplicable a esta clase de contratos. (...) Para esta Sala, en la solución de los conflictos de naturaleza contractual, las partes y el juez deben emplear las herramientas de interpretación que conduzcan a tal objetivo, que comprenden desde aquellas que indagan por la intención común de las partes, en procura de preferir el propósito o designio de los sujetos sobre el significado literal de las palabras –artículo 1618 C.C– hasta aquellas que privilegian el entendimiento que produzca un efecto –artículo 1620 C.C.–. (...) [A] partir de la causa del contrato de seguro de cumplimiento y las estipulaciones que quedaron consignadas en las condiciones generales de la póliza, la intención de los contratantes fue clara al establecer que para hacer efectiva la garantía en caso de ocurrencia del riesgo en los eventos amparados Emsersopó “proferirá el acto administrativo correspondiente”, en el que “procederá a cuantificar el monto de la pérdida o a hacer efectiva la cláusula penal, ordenando su pago”. (...) El hecho de que en las condiciones generales del contrato de seguro se indicara de manera errónea que para hacer efectiva la garantía Emsersopó debía declarar la ocurrencia del siniestro a través de lo que denominaron un “acto administrativo”, no desdice de que la intención de los contratantes en cuanto a que la manifestación unilateral de Emsersopó era el medio establecido para lograr la efectividad de la garantía. (...) Como el negocio jurídico plasma la autonomía y libertad de los sujetos que en él intervienen, por medio de la inclusión de los pactos que se ajusten a su querer y propósito, no es viable desconocer que con la estipulación de un procedimiento para la efectividad de la garantía las partes buscaron establecer un trámite especial para la declaración, cuantificación y cobro de la indemnización en caso de configuración de los riesgos amparados con la póliza de cumplimiento, de manera que la Sala no puede pasar por alto ese ánimo convencional que no comporta una vulneración del ordenamiento jurídico superior, comoquiera que dicha interpretación no puede contrariarlo. (...) Resalta la Subsección, (...) que estipulaciones de este tipo no contravienen el orden público, ni suponen la alteración o desconocimiento de normas inmodificables, en la medida que no se dejó al arbitrio de Emsersopó la configuración o constitución del siniestro, lo cual vulneraría los artículos 1054 y 1055 del Código de Comercio. Lo pactado solo supuso que, para hacer efectiva la póliza, como ocurre con cualquier otro beneficiario (art. 1077, Código de Comercio), la asegurada tenía a su cargo la obligación de acreditar el cumplimiento de las condiciones que dan lugar al surgimiento de la obligación de pago en cabeza de la aseguradora, para lo cual, por voluntad de esta última y no por prerrogativas de la ley, debía expedir un acto unilateral que diera cuenta de ello, lo cual tampoco vulnera el orden público, en la medida que no impide a la aseguradora demostrar lo contrario o cualquier otro hecho o circunstancia excluyente de su responsabilidad. Se añade que la fijación del procedimiento para hacer efectivo el siniestro amparado no hace parte de la lista taxativa de normas inmodificables en torno al contrato de seguro, de que trata el artículo 1162 del Código de Comercio, y esa ruta convencional tampoco versa o altera alguno de los elementos del contrato. (...) Para abundar en razones, en lo que a este aspecto concierne, previene la Sala que la declaración de ocurrencia de buen manejo y correcta inversión del anticipo no constituye una facultad unilateral de poder público o excepcional de la administración, toda vez que esa manifestación, así como la estimación de la cuantía del perjuicio, hacen parte de las obligaciones que a cualquier particular corresponde asumir para lograr el pago de la suma asegurada y, además, porque, como se vio, dotar convencionalmente a tales manifestaciones de entidad suficiente para hacer exigible el pago del siniestro ante la aseguradora sin seguir el camino previsto en los artículos 1077, 1080 y 1053 del Código de Comercio, no vulnera el orden público.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el alcance de la autonomía de la voluntad, consultar providencias de 4 de septiembre de 2020, Exp. 44707, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; de 8 de abril de 2024, Exp. 60718, C.P. María Adriana Marín. Acerca de la posibilidad de las partes de establecer el procedimiento para la efectividad de la garantía contractual, consultar providencia de 24 de septiembre de 2020, Exp. 44707, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 121, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1053, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1054, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1055, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1077, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1080, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1162, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1506, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1531, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1532, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1620
CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / OBJETO DEL CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / SEGURO DE DAÑOS / CONTRATO DE SEGURO DE DAÑOS
Problema jurídico:
¿El seguro de cumplimiento es una modalidad o variante del seguro de daños que persigue garantizar la indemnización de los perjuicios que se puedan derivar de la inobservancia de las obligaciones que tengan origen en otro negocio jurídico?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l seguro de cumplimiento es una modalidad o variante del seguro de daños que persigue garantizar la indemnización de los perjuicios que se puedan derivar de la inobservancia de las obligaciones que tengan origen en otro negocio jurídico; por tanto, el riesgo asumido por la aseguradora consiste en “la eventualidad del incumplimiento del deudor”. Como lo que se garantiza es el pago de los perjuicios irrogados al acreedor por la inobservancia de las obligaciones contraídas por el contratista de otra relación negocial, si éste último no se sujeta a los compromisos adquiridos y tal desconocimiento genera un perjuicio, se entenderá cumplida la condición de la que pende la materialización de la obligación de pago de la aseguradora, caso en el cual le corresponderá indemnizar los perjuicios ocasionados al asegurado –acreedor–.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el seguro de cumplimiento, consultar providencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 21 de septiembre de 2000, Exp. 6140; de 7 de mayo de 2002, Exp. 6181.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1083
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTRATO DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / BUEN MANEJO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / ACTIVIDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE SEGURO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / OCURRENCIA DEL SINIESTRO / RECONOCIMIENTO DEL SINIESTRO / ACREDITACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO / PRUEBA DEL SINIESTRO / FALTA DE PRUEBA / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / NORMATIVA DEL CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / COBRO DE LA PÓLIZA DE SEGURO / OBJECIÓN AL COBRO DE LA PÓLIZA DE SEGURO / INDEMNIZACIÓN EN EL SEGURO DE CUMPLIMIENTO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE SEGURO / COBRO DE LAS OBLIGACIONES / INEXISTENCIA DE OBLIGACIONES / PAGO DE LA PÓLIZA DE SEGURO / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Emsersopó siguió el procedimiento establecido en las condiciones generales de la póliza de cumplimiento, para hacer efectivo el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo y, en el marco de ello, acreditó debidamente la ocurrencia de ese siniestro?
Respuesta al problema jurídico: No
En la demanda y en el recurso de apelación, la demandante aseveró que se vulneró su derecho al debido proceso, en tanto se omitió adelantar el procedimiento establecido en los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011, porque no hubo audiencia ni un escenario en el que tanto la aseguradora como el contratista pudieran ejercer su derecho de defensa y contradicción, pues no se les dio oportunidad para debatir las pruebas con base en las cuales se hizo efectiva la garantía, específicamente, un informe de la interventoría que no fue objeto de verificación ni reproche. (...) [E]l contrato No. 026 de 2011 se rigió por las normas del derecho común, por lo cual no resultaba aplicable al caso el procedimiento establecido en normativas que están dispuestas para regular relaciones negociales regidas por EGCAP. No obstante, en línea con la reciente posición unificada de la Sección Tercera de esta Corporación (...), esto no impide analizar el cargo invocado desde las normas del derecho común, que se traduce en determinar si para hacer efectiva la garantía Emsersopó cumplió con las condiciones que se pactaron en la póliza para su efectividad. (...) En la cláusula 5 de las condiciones generales de la póliza (...) se estableció que para la efectividad de la garantía Emsersopó tenía la carga de acreditar la ocurrencia del siniestro y su cuantía –convención que reitera lo estipulado en el artículo 1077 del C. Co– y que de ello debía dar cuenta en un acto unilateral en el que hiciera tales declaraciones y ordenara el pago a la aseguradora. La lectura conjunta de estas estipulaciones conduce a concluir que para hacer efectiva la póliza no le bastaba a Emsersopó con solo manifestar que se habían cumplido las condiciones que daban lugar al surgimiento de la obligación de pago de la demandante, sino que tenía que fundamentar y acreditar debidamente las bases de su dicho. (...) En tales condiciones, se pone en evidencia que Emsersopó no cumplió con la carga que le correspondía de acreditar ante la aseguradora la ocurrencia del siniestro para que surgiera en cabeza de aquélla la obligación de pago de la indemnización, pues, no le bastaba con declarar a través de un acto unilateral que el siniestro había ocurrido, la cuantía de la pérdida y emitir la orden de pago, sino que tenía el deber de demostrar ante la aseguradora su dicho, lo cual no se logró con la comunicación del oficio AB-CUN-079-044-2013 del 13 de septiembre de 2013, puesto que solo esbozaba una serie de cuestionamientos frente a la destinación del anticipo para que fueran aclarados por el contratista, ni con la mención del oficio AB-CUN-079-046-2013 18 de noviembre siguiente en las resoluciones 12, 90 y sus confirmatorias, pues si bien en este documento sí se arribó a una conclusión sobre la inversión del anticipo, lo cierto es que su contenido nunca fue puesto en conocimiento de la aseguradora. (...) consecuencia, se modificará la sentencia apelada, en el sentido de señalar que no surgió la obligación de pago a cargo de la aseguradora respecto del amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo, pues al no tratarse de un acto administrativo, no es posible declarar su nulidad, sin que ello, como ya se mencionó, implique desconocer el principio de congruencia ni el derecho al debido proceso de la contraparte, puesto que el pronunciamiento se hace sin superar el objeto del proceso fijado por la intención de la demandante de que se analice si Emsersopó podía hacer efectiva la póliza de manera unilateral y, además, si cumplió con las condiciones que se pactaron en la póliza para su efectividad, lo cual se enmarca dentro de la labor que corresponde al juez de aplicar el derecho correspondiente a la situación fáctica que se pone a su consideración. (...) Comoquiera que en el sub lite no obra medio demostrativo que acredite que la demandante efectuó el pago de las sumas dispuestas en las resoluciones enjuiciadas, la Sala no ordenará su reintegró ni el reconocimiento de los intereses moratorios solicitados; no obstante, dejará a salvo en la parte resolutiva que, de haberse efectuado un pago por ese concepto, habrá lugar a su restitución debidamente actualizada a la fecha de la sentencia.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la acreditación de la ocurrencia del siniestro, consultar providencia de 18 de febrero de 2022, Exp. 53318, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1037, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1077
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte vencida en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
Habida consideración de que en este proceso se aplica el artículo 188 del CPACA, de conformidad con el numeral 1º del artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala condenará en costas de esta instancia a la parte vencida en el proceso, esto es, a la empresa demandada, puesto que el recurso resultó favorable a la apelante –aseguradora–. No se emitirá condena en costas de la primera instancia porque no se da el presupuesto que establece la ley para ello, esto es que se revoque íntegramente la providencia recurrida (art. 365, numeral 4º, CGP). Se añade que en la sentencia de primera instancia se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, el Tribunal se abstuvo de condenar en costas a las partes y ninguna de ellas apeló esa decisión, por lo cual la Sala la mantendrá. (...) Se advierte que, bajo las reglas del código en cita la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte que ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”. (...) La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del Código General del Proceso. (...) La fijación de las agencias en derecho se hará en los términos del Acuerdo 1887 de 2003. De conformidad con su artículo tercero, la Sala tomará en consideración que la demandante tuvo una participación activa en esta instancia, en tanto que instauró el recurso de alzada y presentó las alegaciones ante esta Corporación. Bajo este escenario, se fijarán las agencias en derecho por esta instancia en cinco millones cien mil pesos ($5’100.000), correspondiente al 0.5% de las pretensiones de la demanda.
FUENTE FORMAL:
ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 3, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 7, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366