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Consejo de Estado
Providencia
Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida
Sentencia — Sentencia
2024-08-23
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000233600020140042302
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de recursos de apelación contra sentencias proferidas por tribunales administrativos en controversias contractuales que involucran a empresas de servicios públicos domiciliarios, debido a que estos procesos se rigen por el derecho privado y no requieren liquidación administrativa, lo que implica que el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia a partir del día siguiente a la terminación del contrato, según establece el artículo 136.10 literal b) del Código Contencioso Administrativo. Además, el juez de segunda instancia tiene la facultad de pronunciarse oficiosamente sobre la caducidad del medio de control, lo que reitera la jurisprudencia unificada de la Sección Tercera del Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve:
¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse oficiosamente frente a la caducidad del medio de control?
¿El acto de liquidación que hizo Empresas Públicas de Cundinamarca E.S.P. S.A está revestida de los atributos propios de un acto administrativo?
¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales en los asuntos que no requieren de liquidación, inicia a partir del día siguiente a la terminación del contrato?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2026-06-16
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Rad. 13001233300020150082801
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los actos expedidos por las empresas de servicios públicos domiciliarios en desarrollo de contratos sometidos al régimen de derecho privado, tienen naturaleza de actos administrativos? No
El contratista no puede ejercer unilateralmente la facultad de declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal en un contrato regido por el derecho privado basándose en disposiciones de la Ley 1474 de 2011, si las partes no incorporaron expresamente dicha ley en el acuerdo de voluntades. En este caso, la entidad estatal pretendió aplicar la Ley 1474 de 2011 para declarar el incumplimiento del contratista, sin que las partes hubieran acordado su inclusión en el contrato. La Sala estableció que la atribución de potestades unilaterales en contratos de derecho privado requiere un pacto claro y expreso, y no basta con la vigencia formal de una disposición legal que forme parte del EGCAP. La regla reitera la importancia de la autonomía de la voluntad en la contratación estatal, matizando que la incorporación de normas del EGCAP debe ser explícita y no puede ser asumida por la mera vigencia de la ley. Esto implica que las partes deben ser cuidadosas al definir las facultades y procedimientos que regirán el contrato, evitando asumir que las disposiciones del EGCAP se aplican automáticamente.síntesis automática
También resuelve:
¿La facultad de la contratante para declarar unilateralmente el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal en un contrato regido por el derecho privado podía ejercerse con fundamento en las…
¿La Empresa conculcó el debido proceso del Consorcio por variar los señalamientos de incumplimiento contractual al agregar, con posterioridad a la citación…
¿Le era exigible al actor formular la respectiva censura por incongruencia en el recurso de reposición que interpuso en contra de la Resolución 87 del 20 de diciembre de 2013?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Las manifestaciones de voluntad expuestas en el ámbito precontractual no tienen la connotación de actos administrativos
Sentencia — Sentencia
2025-09-01
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 05001233300020170031501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los actos precontractuales de los prestadores de servicios públicos solo tienen naturaleza de acto administrativo cuando existe habilitación legal expresa? Sí
El contratista no puede promover el medio de control de controversias contractuales para cuestionar actos precontractuales de una empresa de servicios públicos domiciliarios, ya que estos actos no tienen la naturaleza de acto administrativo salvo que exista habilitación legal expresa, como establece la Ley 142 de 1994. La jurisprudencia unificada de la corporación sostiene que los actos precontractuales de las empresas de servicios públicos domiciliarios se rigen por el derecho privado y no por el EGCAP, por lo que el medio adecuado para analizar cualquier controversia derivada de estos actos es el de reparación directa. Esto implica que el contratista debe utilizar el medio de control de reparación directa para reclamar responsabilidad precontractual y no el de controversias contractuales, ya que este último es inaplicable a los actos privados y a las etapas precontractuales.síntesis automática
También resuelve:
¿Es procedente el medio de control de controversias contractuales promovido por la parte actora, considerando que los cuestionamientos formulados se circunscriben a la etapa precontractual y que el…
¿Puede configurarse responsabilidad precontractual por parte de una entidad estatal sometida a un régimen exceptuado de contratación cuando defrauda las expectativas legítimas de un proponente…
¿Puede una invitación a presentar propuestas ser considerada jurídicamente como una oferta mercantil irrevocable, en los términos del artículo 846 del Código de Comercio…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La pérdida de oportunidad puede ser considerada un daño autónomo indemnizable dentro del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado.
Sentencia — Sentencia
2025-05-05
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020170239802
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La pérdida de oportunidad puede ser considerada un daño autónomo indemnizable dentro del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado? Sí
La pérdida de oportunidad es un daño autónomo indemnizable dentro del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado, pues consiste en la frustración definitiva de la expectativa de obtener un beneficio o de evitar un menoscabo. Esta figura combina un componente de certeza, que es la existencia de una posibilidad real y seria de alcanzar el resultado favorable, con un componente de incertidumbre, derivado de la imposibilidad de determinar con exactitud si la expectativa se habría concretado sin la conducta atribuible a un tercero. Que incorpore incertidumbre no la convierte en un daño eventual o hipotético, porque lo jurídicamente relevante es que desaparece de manera definitiva la posibilidad de obtener el provecho o de evitar el detrimento, situación que merece tutela jurídica. Su explicación puede darse como mecanismo probatorio del nexo causal, como daño autónomo con perjuicio particular o como daño reparable mediante las categorías tradicionales de perjuicios, y algunos instrumentos de armonización del derecho contractual la reconocen en proporción a la probabilidad de que la expectativa se hubiera materializado. Como consecuencia práctica, la reclamación por pérdida de oportunidad debe acreditar la posibilidad real y seria que se perdió, y no solo el resultado final que no se obtuvo.síntesis automática
También resuelve:
¿La pérdida de oportunidad constituye un daño cierto y resarcible, pese a incorporar un componente de incertidumbre?
¿Constituye un daño contractual indemnizable la pérdida de oportunidad procesal derivada del incumplimiento del deber profesional del abogado frente a su cliente?
¿Requiere la procedencia de la acción de repetición que se demuestre la existencia de una condena, el pago efectivo, la calidad del agente y la calificación dolosa o gravemente culposa de su conducta?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
La prestación de los servicios públicos domiciliarios se encuentra enmarcada en un régimen propio
Sentencia Unificación — Sentencia
2024-05-09
Sección Tercera (Subsección A)
Rad. 76001233100020060332003
ACCION CONTRACTUAL
¿La prestación de los servicios públicos domiciliarios se encuentra enmarcada en un régimen propio, específico y especializado, en el que se determinó que a los actos y a los contratos de los prestadores se les aplica el derecho privado? Sí
Los actos y los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios se rigen, como regla general, por el derecho privado, pues la prestación de estos servicios está sometida a un régimen propio, específico y especializado que se separa del marco clásico de la función pública. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, la Ley 142 de 1994 definió un régimen de intervención, regulación y control de los servicios públicos domiciliarios que dota de autonomía a ese concepto frente a la función pública. Segundo, para resolver dificultades de interpretación o vacíos normativos la ley acude a sus principios generales sin distinguir si el prestador es público, privado o mixto, de modo que todos quedan sujetos en iguales condiciones. Tercero, el legislador excluyó de forma expresa la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública a estos prestadores, salvo que la ley disponga otra cosa, de modo que sus actos contractuales no contienen prerrogativas de poder público que den lugar a actos administrativos. La providencia unifica el criterio sobre el régimen aplicable; en la práctica, el derecho privado es la regla general y solo cede cuando la ley autoriza expresamente un ámbito normativo diverso.síntesis automática
También resuelve:
¿Resulta legalmente admisible que cuando una entidad estatal celebra un contrato que se rige por las normas del derecho privado, se pacten cláusulas cuya ejecución corresponda a una de ellas…
¿Los actos unilaterales que emite una entidad estatal en desarrollo de contratos regidos por el derecho privado, como los proferidos por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios…
¿Debe unificarse la jurisprudencia del Consejo de Estado para definir la naturaleza de los actos jurídicos adoptados por los prestadores de servicios públicos domiciliarios con motivo de su actividad…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Salvamento de voto: Salvamento voto
Salvamento voto — Salvamento de voto
2024-05-09
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 76001233100020060332003
ACCION CONTRACTUAL
¿El precedente jurisprudencial se refiere, en general, a toda decisión judicial que sea relevante para tomar otra decisión, la cual puede ser de dos tipos: un precedente legislativo, que genera una regla general y abstracta; y un precedente de aplicación del caso, que resuelve un caso en la forma como ha sido decidido los casos anteriores? Sí
La noción de precedente puede aplicarse, en general, a toda decisión judicial que sea relevante para tomar otra decisión y se refiere también a dos tipos de precedente: (i) un precedente denominado legislativo, en el cual la Corte enuncia una regla general y abstracta con base en la cual se decide el caso concreto y deben decidirse los casos futuros que tengan supuestos fácticos similares mediante una aplicación deductiva; este modelo se acerca a la noción de jurisprudencia de los sistemas de derecho escrito; y (ii) un precedente de aplicación del caso, en el cual la Corte simplemente resuelve un caso en la forma como ha sido decidido los casos anteriores teniendo en cuenta similitudes y diferencias mediante la aplicación de un método principalmente inductivo, que se acerca más a la noción de precedente del derecho anglosajón… .
También resuelve:
¿El Consejo de Estado tiene la facultad para adoptar reglas generales en las que interpreten las disposiciones legales o llenen lagunas normativas…
¿La adopción de reglas de unificación jurisprudencial debe ser precisa y debe ser enunciada de manera expresa, indicando cómo deben interpretarse las disposiciones legales pertinentes…
¿La regla de unificación que debió adoptarse en la sentencia no debió referirse a la calificación de los actos expedidos por las empresas de servicios públicos domiciliarios…