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clave: "consejo_estado:providencia:76001233100020060332003-53962-sentencia-unificacion"
titulo: "Consejo de Estado: la prestación de los servicios públicos domiciliarios se encuentra enmarcada en un régimen propio"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-05-09"
radicado: "76001233100020060332003"
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# Consejo de Estado: la prestación de los servicios públicos domiciliarios se encuentra enmarcada en un régimen propio

- **Título oficial / radicado:** Sentencia Unificación — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-05-09
- **Radicado:** 76001233100020060332003
- **Número interno:** 53962
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** AG CONSULTORES AMBIENTALES LTDA.
- **Demandado:** EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO -EMSIRVA E.S.P.
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:76001233100020060332003-53962-sentencia-unificacion
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/76001233100020060332003/7DE88054E3AAD84375D67C3D4C568ECABE9FB31C4E12BFB8CC41909511C51E1F/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=760012331000200603320031100103

## Problema jurídico

¿La prestación de los servicios públicos domiciliarios se encuentra enmarcada en un régimen propio, específico y especializado, en el que se determinó que a los actos y a los contratos de los prestadores se les aplica el derecho privado?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿Resulta legalmente admisible que cuando una entidad estatal celebra un contrato que se rige por las normas del derecho privado, se pacten cláusulas cuya ejecución corresponda a una de ellas…
- ¿Los actos unilaterales que emite una entidad estatal en desarrollo de contratos regidos por el derecho privado, como los proferidos por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios…
- ¿Debe unificarse la jurisprudencia del Consejo de Estado para definir la naturaleza de los actos jurídicos adoptados por los prestadores de servicios públicos domiciliarios con motivo de su actividad…

## Fundamentos jurídicos

- Ley 142 de 1994, arts. 13 y 31
- Constitución Política

## Extracto

La determinación de asignar a los servicios públicos domiciliarios un régimen propio, específico y especializado se concretó en la expedición de la Ley 142 de 1994 que, según las pautas trazadas en la Carta Política, definió un régimen de intervención, regulación y control en esta materia, separándolo del marco clásico de la función pública para dotar de autonomía el nuevo concepto del servicio público domiciliario.… La autonomía de este régimen se explica, además, en que el legislador estableció que para resolver cualquier dificultad de interpretación o vacío sobre la aplicación de las disposiciones de servicios públicos a los que se refiere esa ley, o las demás que surjan de tal mandato, se acudirá a sus principios generales sin distinguir si la prestación se hace a través de una entidad pública, privada o mixta; de modo que todos los prestadores quedan sujetos en iguales condiciones a sus normas.… A su turno…

## Síntesis temática

Los actos y los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios se rigen, como regla general, por el derecho privado, pues la prestación de estos servicios está sometida a un régimen propio, específico y especializado que se separa del marco clásico de la función pública. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, la Ley 142 de 1994 definió un régimen de intervención, regulación y control de los servicios públicos domiciliarios que dota de autonomía a ese concepto frente a la función pública. Segundo, para resolver dificultades de interpretación o vacíos normativos la ley acude a sus principios generales sin distinguir si el prestador es público, privado o mixto, de modo que todos quedan sujetos en iguales condiciones. Tercero, el legislador excluyó de forma expresa la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública a estos prestadores, salvo que la ley disponga otra cosa, de modo que sus actos contractuales no contienen prerrogativas de poder público que den lugar a actos administrativos. La providencia unifica el criterio sobre el régimen aplicable; en la práctica, el derecho privado es la regla general y solo cede cuando la ley autoriza expresamente un ámbito normativo diverso.

## Descriptores temáticos

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, ACTIVIDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, NATURALEZA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN, CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO, CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN, LEY APLICABLE AL CONTRATO, NORMATIVA DEL CONTRATO, NORMAS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL, PRINCIPIO DE LIBERTAD CONTRACTUAL, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO ESTATAL, CLÁUSULA EXORBITANTE DEL CONTRATO ESTATAL, CLÁUSULA EXCEPCIONAL DEL CONTRATO ESTATAL, CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, ACTIVIDAD CONTRACTUAL, ACTO CONTRACTUAL, CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, REQUISITOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO, INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, FALTA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, MARCO LEGAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, DERECHO A LA LIBERTAD DE EMPRESA, UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL, SENTENCIA DE UNIFICACIÓN, SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL, EXPEDICIÓN DE SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL, FALLO DE UNIFICACIÓN, REGLA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL, REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL, MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, APLICACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, ALCANCE DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN, APLICABILIDAD DE LA REGLA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL, APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN, EFECTOS DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN, DEMANDA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO, IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE INEPTA DEMANDA, INEXISTENCIA DE INEPTITUD DE LA DEMANDA, IMPROCEDENCIA DEL FALLO INHIBITORIO, IMPROCEDENCIA DE LA SENTENCIA INHIBITORIA, ESTUDIO DE FONDO DE LA SENTENCIA, EXAMEN DE FONDO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, APLICACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA, ADECUACIÓN DE LA DEMANDA, INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA, INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, CONCEPTO DE ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, CONDICIONES DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, OBJETIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, NORMATIVA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, NORMATIVA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL, CLASES DE CLÁUSULAS DEL CONTRATO, ELEMENTO ACCIDENTAL DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, OBLIGACIONES DEL CONTRATO, OBLIGACIONES DEL CONTRATO ESTATAL, CONTRATO DE OBRA, ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL POR LA ADMINISTRACIÓN, MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA, SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL, FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL, ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, VALIDEZ DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, DEBERES DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, INTERRUPCIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TRATAMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, OBRA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, VERTIMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, PERMISO DE VERTIMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, PERMISO AMBIENTAL, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL, INCUMPLIMIENTO DEL PAGO, INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL, INEXISTENCIA DE LA PRUEBA DEL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO, FALTA DE PRUEBA, DAÑO, FALTA DE PRUEBA DEL DAÑO, INEXISTENCIA DE DAÑO, FALTA DE CERTEZA DE LA OCURRENCIA DEL DAÑO, MORA ADMINISTRATIVA

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## Texto del documento

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / ACTIVIDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / NATURALEZA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Problema jurídico:
¿La prestación de los servicios públicos domiciliarios se encuentra enmarcada en un régimen propio, específico y especializado, en el que se determinó que a los actos y a los contratos de los prestadores se les aplica el derecho privado?
Respuesta al problema jurídico: Si
La determinación de asignar a los servicios públicos domiciliarios un régimen propio, específico y especializado se concretó en la expedición de la Ley 142 de 1994 que, según las pautas trazadas en la Carta Política, definió un régimen de intervención, regulación y control en esta materia, separándolo del marco clásico de la función pública para dotar de autonomía el nuevo concepto del servicio público domiciliario. (...) La autonomía de este régimen se explica, además, en que el legislador estableció que para resolver cualquier dificultad de interpretación o vacío sobre la aplicación de las disposiciones de servicios públicos a los que se refiere esa ley, o las demás que surjan de tal mandato, se acudirá a sus principios generales sin distinguir si la prestación se hace a través de una entidad pública, privada o mixta; de modo que todos los prestadores quedan sujetos en iguales condiciones a sus normas. (...) A su turno, estableció que los actos y contratos de las entidades estatales que prestan tales servicios es el derecho privado. Y, para no dejar duda en torno a esta regla, hizo expresa mención sobre la no aplicación en estos casos del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo los casos en que la ley disponga otra cosa (art. 31). De modo que los actos contractuales emitidos por empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, por regla general, se rigen por el derecho privado. (...) Que el régimen aplicable a los actos y los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios sea el derecho privado, implica que comparten la naturaleza que tienen aquellos en el tráfico negocial propio del derecho común; es decir, se trata de un escenario donde no obran prerrogativas de poder público o de autoridad, que son las notas distintivas que dan lugar a la expedición de actos administrativos (...). La aplicación del derecho privado obra como regla general, sin perjuicio de que la misma ley autoriza a los prestadores de servicios públicos domiciliarios a incursionar en un ámbito normativo diverso (...).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la noción de servicio público, consultar providencia de la Corte Constitucional, C-037 de 2003. Acerca del régimen de contratos celebrados por empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, consultar providencia de la Corte Constitucional, C-066 de 1997. Acerca de la naturaleza de los actos de las empresas de servicios públicos domiciliarios, consultar providencia de 3 de septiembre de 2020, Exp. 42003, C.P. Alberto Montaña Plata; de la Corte Constitucional, T-220 de 2005; T-558 de 2006.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 150 NUMERAL 23, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 333, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 334, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 365, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 367, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 13, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 31
CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / LEY APLICABLE AL CONTRATO / NORMATIVA DEL CONTRATO / NORMAS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE LIBERTAD CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA EXORBITANTE DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA EXCEPCIONAL DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULAS EXORBITANTES DEL CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Resulta legalmente admisible que cuando una entidad estatal celebra un contrato que se rige por las normas del derecho privado, se pacten cláusulas cuya ejecución corresponda a una de ellas, en aplicación de la autonomía de la voluntad y la libertad contractual que predomina en este tipo de relaciones nacionales?
Respuesta al problema jurídico: Si
[C]on fundamento en el postulado de la autonomía de la voluntad -eje central en que se edifica la institución de los contratos-, el ordenamiento jurídico reconoce a los sujetos la facultad de autorregular sus intereses y de dotar de efectos jurídicos vinculantes a tales actos dentro de los límites que impone la ley, el orden público y las buenas costumbres. (...) La afirmación de tal autonomía se expresa a través de la denominada libertad negocial o contractual, cuyo cimiento en la esfera constitucional se halla en los artículos 13 y 16 de la Carta Política; a partir de allí, con proyección en los diversos escenarios en que tiene desarrollo el derecho de los contratos, son las partes quienes determinan las reglas que van a regir sus acuerdos y la manera en que mejor se satisfacen sus intereses; se itera, en clave de los límites y preceptos superiores que demarcan tal potestad. (...) De modo que la concreción en este escenario de un negocio jurídico materializa el principio de la autonomía de la voluntad, en tanto permite a los individuos definir si celebran o no un contrato y, de hacerlo, el alcance que éste tiene a través del pacto de estipulaciones específicas que determinan el objeto, derechos, obligaciones y deberes entre ellos. Esta premisa normativa no es sino el reconocimiento de que son las partes las llamadas a definir el ámbito y alcance de lo que esperan y ofrecen en un determinado acuerdo, pues al margen de los vicios que en sede de nulidad puedan presentarse, por su propia y libre determinación quedan unidas bajo un lazo o relación jurídica amparada por la fuerza coercible del derecho. (...) Tan precisa, directa y reveladora es la voluntad contractual como fuente de las obligaciones, que el legislador la revistió de carácter normativo al asignar efectos de ley al contrato; de esa manera las partes definen en unión y de común acuerdo todo el negocio jurídico incluyendo, si así lo convienen, la liquidación por parte de una de ellas, sin que se advierta en el ordenamiento jurídico algún impedimento para llegar a un pacto en tal sentido. Este tipo de acuerdos entre sujetos de derecho privado es válido, de manera que cuando la Administración funge como tal, es decir, cuando su actividad se sujeta a las normas de derecho civil o comercial, está en posibilidad de estipular estas cláusulas y las demás que autoriza el ejercicio de la autonomía de la voluntad, como cualquier otro sujeto que actúa en el ámbito de la lex privata. (...) Aunque este entendimiento es pacífico en la actual jurisprudencia, ello no siempre fue así. En lo que atañe al pacto de este tipo de cláusulas en contratos sometidos al derecho privado, esta Colegiatura sostuvo que las entidades estatales exceptuadas del estatuto de contratación pública no podían convenir tales estipulaciones, porque no contaban con la habilitación legal para hacerlo; sin embargo, la jurisprudencia recondujo esa postura (...). De manera que cuando una entidad estatal celebra un contrato que se rige por las normas del derecho privado, es legalmente admisible que se pacten cláusulas cuya ejecución corresponda a una de ellas, aunque el ejercicio de tales facultades no tenga origen en una prerrogativa atribuida por ley a la contratante, sino en la libertad contractual en la que se fundamentó dicho acuerdo, de modo que si la entidad materializa las atribuciones unilaterales pactadas a través de éstos, se trata de actos contractuales y no administrativos.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca del principio de la autonomía de la voluntad, consultar providencia de la Corte Constitucional, C-341 de 2003. Sobre el pacto de una cláusula que confiere una facultad unilateral en contratos estatales regidos por el derecho privado, consultar providencias de 2013, Exp. 25681, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 20 de febrero de 2014, Exp. 45310, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; de 24 de agosto de 2016, Exp. 41783, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E); de 19 de julio de 2017, Exp. 57934, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 9 de julio de 2021, Exp. 50289, C.P. Martín Bermúdez Muñoz.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 13, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 16, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602
CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / ACTIVIDAD CONTRACTUAL / ACTO CONTRACTUAL / ACTIVIDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / REQUISITOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALTA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / MARCO LEGAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / DERECHO A LA LIBERTAD DE EMPRESA / PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Los actos unilaterales que emite una entidad estatal en desarrollo de contratos regidos por el derecho privado, como los proferidos por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, corresponden a la categoría de actos contractuales y no a la de actos administrativos?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]s posible indicar que la naturaleza de los actos unilaterales que emite una entidad estatal en desarrollo de contratos regidos por el derecho privado, se afilia a la categoría de actos contractuales y no a la de actos administrativos. En estos términos, cuando una entidad pública está sometida al régimen de derecho común debe “actuar en las mismas condiciones que un particular, por lo cual no estaba habilitada para expedir un acto administrativo”, ni puede adjudicarse, por sí misma, competencias que son de rango legal -sin perjuicio de aquellas hipótesis en que el legislador ha autorizado de manera excepcional la posibilidad de que las ESP puedan expedir actos administrativos-. (...) Esta plataforma autoriza volver sobre las bases que explican la noción y elementos del acto administrativo, pues permite clarificar el mecanismo procesal que se corresponde con la naturaleza del acto objeto de examen, indicando, desde ahora, que si no se trata de un acto administrativo, aunque sí de un acto jurídico contractual, el medio de control de nulidad y restablecimiento no está disponible para efectuar su examen, aun como pretensión promovida en sede de controversias contractuales, pues su objeto se dirige a enjuiciar la presunción de legalidad que sólo acompaña a tales actos, los administrativos, atributo del que carecen los actos contractuales emitidos en desarrollo de negocios jurídicos sujetos al derecho común. (...) La noción de acto administrativo y sus elementos, también permite a la Sala ilustrar el escenario en que se ubica el sub examine pues los actos de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, con indiferencia de si son entidades públicas, privadas o mixtas, no ostentan el carácter de administrativos, conclusión a la que se arriba por medio de la constatación de que en estos casos dichas empresas no actúan -por regla general- en ejercicio de prerrogativas de poder. Este contexto confirma que el atributo relacionado con el ejercicio de tales prerrogativas consustanciales a la expedición de actos administrativos, no se identifica con el que atañe al régimen contractual de los prestadores de servicios públicos domiciliarios. (...) El servicio público implica una ejecución material o técnica en aplicación de mandatos constitucionales y legales para satisfacer las necesidades sociales, y se desarrolla en un marco económico de libertad de empresa y competencia, aspecto que descarta, por regla de principio, atributos de poder. (...) De modo que como los servicios p

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

e carece de fundamento probatorio la aseveración esgrimida por la actora, puesto que sólo obra el balance remitido por la contratista a la empresa al momento de promover la liquidación bilateral del negocio jurídico, al que acompañó de fotocopias que contenían unos registros fotográficos de los equipos, las cuales no constituyen elemento de convicción suficiente, comoquiera que las imágenes aportadas no son nítidas, se trata de fotocopias a blanco y negro, y de baja definición, que no permiten constatar que los bienes que allí aparecen sean los equipos reclamados por la demandante, y no es posible determinar sus características e identificación, ni corroborar el año y tampoco el lugar en que fueron tomadas, como tampoco su autor. (...) En suma, ante una llana manifestación del demandante (...), no es posible concluir que tales sucesos se encuentran probados, puesto que ninguna de las partes del contrato goza de una prerrogativa que permita tener por ciertos los supuestos que señala en su demanda y, contrario a ello, la ley establece una regla de juicio que ata la comprobación de tal hipótesis a la actividad demostrativa que deriva de la utilización oportuna de los diversos medios de convicción; razón por la cual no es procedente realizar un juicio de responsabilidad por un presunto incumplimiento contractual, huérfano de prueba sobre la supuesta falta de inclusión por parte de la interventoría de: un sistema de aireación mixto, dos electrodos que se desprendieron de la barcaza en el momento de realización del inventario, cuatro unidades de filtros y dos unidades de clarificación, dada la precariedad que se evidencia de la fotocopia de unas fotos -que fue lo aportado- por lo que, en consecuencia, no es posible acceder a tal petición. (...) Asimismo, en los términos de los informes de interventoría -también vertidos en el acto de liquidación-, la entidad se negó a pagar dos actas de obra argumentando que el tratamiento de los residuos líquidos no cumplió con la normativa ambiental. (...) [E]l cumplimiento del objeto del contrato estaba atado a la observancia de la normativa ambiental, con el propósito de descargar los residuos líquidos tratados en las fuentes hídricas dispuestas para tal fin y, con ello, liberar el espacio de almacenamiento de las lagunas de Emsirva. De manera que, para lograr el cometido pactado, la contratista debía acogerse a las citadas previsiones, con el fin de alcanzar los criterios de calidad previstos en éstas y obtener el pago acordado al vaciar los metros cúbicos de lixiviados tratados. (...) Al examinar el avance del convenio negocial, constata la Sala que la entidad canceló la primera acta parcial de obra al verificar el cumplimiento del 100% de ejecución de los dos primeros ítems de pago -constituidos por: 1) ingeniería, diseño, ensamble de equipos, y 2) acondicionamiento de sitio, red hidráulica y eléctrica, obras civiles-; sin embargo, como se vio, se abstuvo de cancelar las actas de avance 2 y 3 cuyo pago se pidió mediante las facturas 2176 y 2181, al advertir que la contratista no alcanzó el vertimiento de la totalidad de los metros cúbicos presupuestados. (...) De modo que como la descarga de las aguas tratadas constituía un requisito ineludible para alcanzar el ítem 4 de pago, esto es, tratamiento secundario para el cumplimiento de las normas de vertimiento de residuos líquidos de la CVC garantizado con niveles finales aceptables de DBO, DQO, SST, metales pesados y patógenos, y la sociedad actora no logró los criterios de calidad exigidos por la autoridad ambiental para el vertimiento de los lixiviados tratados, la Sala considera fundado el no pago de las últimas actas de avance obra conforme a lo pactado en el negocio jurídico, conducta que acató el principio de normatividad (artículo 1602 del Código Civil), toda vez que las partes expresamente indicaron que “la medida para el pago del contrato será el metro cúbico extraído, tratado y descargado” (...), razón por la cual no hay lugar a considerar que la empresa incumplió el acuerdo negocial al no cancelar las sumas correspondientes a las últimas actas de obra.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1594 DE 1984 - ARTÍCULO 120, DECRETO 1594 DE 1984 - ARTÍCULO 72, DECRETO LEY 2811 DE 1974 - ARTÍCULO 134, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, LEY 99 DE 1993 - ARTÍCULO 31
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / FALTA DE PRUEBA / DAÑO / FALTA DE PRUEBA DEL DAÑO / INEXISTENCIA DE DAÑO / FALTA DE CERTEZA DE LA OCURRENCIA DEL DAÑO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / MORA ADMINISTRATIVA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Debe reconocerse indemnización de perjuicios por mayor permanencia en obra del contratista, al tener que asumir sobrecostos directos de personal y funcionamiento, por la demora en la liquidación del contrato de obra suscrito entre el demandante y la empresa de servicios públicos domiciliarios EMSIRVA E.S.P.?
Respuesta al problema jurídico: No
Incrustada en la pretensión segunda de la demanda inicial se solicitó “el pago de costos directos de personal y/o funcionamiento, por la no liquidación del contrato, hasta la liquidación del mismo”. Sobre esta pretensión la única mención que se hace en los hechos de la demanda se limita a mencionar que la falta de liquidación del contrato “… le está generando al contratista unos perjuicios y sobrecostos que desequilibran económicamente el contrato”. Ninguna mención adicional en tal escrito o en el que reformó la demanda incorporando nuevos hechos se efectuó sobre la indemnización así reclamada. (...) De manera concreta la Sala recaba en que uno de los principales elementos de la responsabilidad contractual reside en la acreditación del daño. Bajo el expediente y, además, según el recuento hecho de las pruebas solicitadas y decretadas por el propio Tribunal en la sentencia recurrida, no obra medio de prueba o convicción que acredite los costos reclamados por la no liquidación del contrato. En este sentido, no basta simplemente expresar la existencia de un daño sino que se impone que éste se haya configurado y esté respaldado en material de prueba necesario y suficiente para avanzar en su análisis. Tampoco el paso del tiempo, a la llana, es factor suficiente y constitutivo de un perjuicio, en tanto el actor es el llamado a cumplir con la carga de la prueba para sostener su petición. (...) Por esta razón, la pretensión de indemnización por costos directos de personal y funcionamiento por demora en la liquidación del contrato, será negada (...). Corolario delo anterior y en atención a lo expuesto a lo largo de esta providencia, la Sala negará las súplicas insistidas en la apelación.

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia Unificación — Sentencia. 2024-05-09. Rad. 76001233100020060332003. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:76001233100020060332003-53962-sentencia-unificacion).
