Titulación de la relatoría 35.675 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / ACTIVIDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTROVERSIA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / DERECHO PRIVADO / PERSONA JURÍDICA PRIVADA / ACTO ADMINISTRATIVO / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / ETAPA PRECONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿Los actos precontractuales de los prestadores de servicios públicos solo tienen naturaleza de acto administrativo cuando existe habilitación legal expresa?
Respuesta al problema jurídico: Si
La especialidad con la que el legislador estableció el régimen de los actos y contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, en línea con el mandato constitucional que ampara dicha singularidad, quedó establecido en los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994 que impuso la aplicación del derecho privado a su actividad, como regla general. En relación con los actos precontractuales, esta Corporación en sentencia del 3 de septiembre de 2020 unificó su jurisprudencia para precisar que, derivado de su régimen especial, los prestadores de servicios públicos no están habilitados constitucional ni legalmente para emitir actos administrativos, salvo en los casos que la ley les atribuya tal potestad, y subrayó que la selección de un contratista no hace parte de tales excepciones. De esta forma, las manifestaciones de voluntad expuestas en el ámbito precontractual no tienen la connotación de actos administrativos, sino que corresponden a actuaciones que se gobiernan bajo las reglas del derecho común. La demanda que dio curso a la presente causa fue presentada en febrero de 2017, es decir, antes de proferirse la sentencia de unificación señalada. En ella, el actor reflejó la doble perspectiva que para ese momento había sobre la naturaleza de esos actos, planteando como pretensiones principales las relacionadas con el desconocimiento de las reglas que EPM definió para la selección de un contratista y la forma en que el actor aspiraba ser resarcido; de manera subsidiaria, propuso la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho (en similares términos) en caso de que el juez estimara que la aceptación de la oferta era un acto administrativo. Aun cuando la providencia que es objeto de impugnación data del 26 de junio de 2024, esto es, casi cuatro años después de que esta Colegiatura profiriera la sentencia de unificación referida, sin explicación atendible, el a quo se remitió al EGCAP para solventar la controversia y avanzó en un examen de legalidad frente a la decisión de aceptación de la oferta al entender que se trataba de un acto administrativo. En esa línea, concluyó que no hubo vulneración de las reglas del pliego y, por tanto, no había lugar a analizar la pretensión de nulidad del contrato, pues ésta era consecuencial a la primera declaración. La Sala debe corregir la ruta de análisis planteada, para señalar que la disputa del actor no está llamada a ser definida como un asunto encaminado a desvirtuar la presunción de legalidad de un acto administrativo, bajo un régimen que no le asiste. Más allá de que en la alzada no se cuestionó el régimen con que el a quo analizó los actos precontractuales (EGCAP), al ser un asunto de orden público, esta instancia está llamada a efectuar el examen bajo el régimen legal que le corresponde. Precisión que, además, es necesaria para resolver el recurso de apelación en punto a definir si la existencia de las incorrecciones aducidas respecto de la conformación de la tasa AU se erigió en un comportamiento constitutivo de responsabilidad precontractual, no de ilegalidad, que es la base de la indemnización de perjuicios reclamados.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a los actos precontractuales, revisar: sentencia de 3 de septiembre de 2020, rad. 42003, C.P. Alberto Montaña Plata.
FUENTE FORMAL:
LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 31, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 32
MEDIO DE CONTROL / ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGOCIO JURÍDICO / ETAPA PRECONTRACTUAL / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTROVERSIA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Problema jurídico:
¿Es procedente el medio de control de controversias contractuales promovido por la parte actora, considerando que los cuestionamientos formulados se circunscriben a la etapa precontractual y que el contrato objeto de controversia está regido por el derecho privado?
Respuesta al problema jurídico: No
La parte actora promovió el medio de control de controversias contractuales. Como pretensiones principales formuló súplicas orientadas a establecer la responsabilidad precontractual de EPM por considerar que su propuesta debió ser escogida, y como pretensión consecuencial pidió que se declarara la nulidad del contrato CT-2016-001501 suscrito por EPM y Emprestur; así como la condena por los perjuicios generados al no haber sido seleccionada. Teniendo en cuenta que el medio de control se determina por la fuente generadora del daño, y que en el caso concreto los cuestionamientos se dirigen contra un acto de carácter privado, el daño aducido no puede tener origen en un reproche de ilegalidad contra un acto administrativo previo. Tampoco el medio de control de controversias contractuales que promovió el actor resultaba procedente por la sola suscripción del negocio jurídico, en tanto y cuanto los reparos expresados en la demanda anidan exclusivamente en la etapa precontractual. En este punto se precisa que la causal de nulidad del contrato basado en la ilegalidad de los actos previos sólo está disponible para negocios jurídicos sometidos al EGCAP conforme al art. 44.4 de la Ley 80 de 1993, pero no es aplicable a los negocios regidos por el derecho privado. De este modo, y en línea con la jurisprudencia unificada, las actuaciones en sede precontractual que desplieguen las ESP deben ser analizadas bajo el medio de control de reparación directa, dispositivo diseñado para examinar la responsabilidad de la administración con fuente en hechos, omisiones, operaciones administrativas, y “cualquier otra causa” generadora de un daño antijurídico, según se desprende del artículo 140 del CPACA. Así, aunque despunta inadecuada la ruta procesal escogida por el actor, ello no obsta para que la Sala avance en el análisis de fondo del asunto, eso sí, ciñéndose a las premisas decantadas: naturaleza del acto, medio de control, y régimen de derecho privado, como guía de la decisión.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 140, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44 NUMERAL 4
CONTRATO / FORMACIÓN DEL CONTRATO / ACUERDO DE VOLUNTADES / RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / PRINCIPIO DE LIBERTAD CONTRACTUAL / PERSONA JURÍDICA PRIVADA / ACTIVIDAD CONTRACTUAL / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / NORMA DE DERECHO PRIVADO / CULPA IN CONTRAHENDO / ACTO PRECONTRACTUAL / NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO PRECONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿Puede configurarse responsabilidad precontractual por parte de una entidad estatal sometida a un régimen exceptuado de contratación cuando defrauda las expectativas legítimas de un proponente, en contravención de los principios de buena fe y lealtad contractual?
Respuesta al problema jurídico: No
Al analizar este modelo de responsabilidad, la Sección Tercera18 de esta Corporación explicó que desde sus orígenes, el régimen de responsabilidad precontractual descansaba en las nociones de dolo y violencia, como delitos, antes de que se erigieran en vicios del consentimiento; posteriormente consideró como un injusto que en la etapa de tratativas preliminares uno de los negociantes decidiera romper injustificadamente con ellas o asumiera un comportamiento desleal o incorrecto causando daño a otro, y diferenció entre la libertad de los negociantes para sustraerse de las negociaciones de forma justificada, respecto de los casos en que lo hacían culposamente causando un daño. De allí derivó la premisa consistente en que en la etapa precontractual las partes asumen una obligación de “diligentia in contrahendo”, esto es, el deber de desplegar un comportamiento correcto y leal, cuya inobservancia es fuente de reparación de daños. Entonces, en los eventos en que alguna de las partes decide apartarse de manera unilateral e intempestiva de las negociaciones o asume una conducta negligente y causa un daño a quien confió en la seriedad de los acercamientos -culpa in contrahendo- es posible activar este instituto. La conducta que da lugar a esta forma de responsabilidad es aquella que contraviene la buena fe, y representa el comportamiento “incorrecto y desleal, culposo, falto de diligencia, cuidado, e incluso omisivo en la etapa de negociaciones o tratativas preliminares (…)”; características que para ser aducidas como fuente de daños imponen precisar previamente las condiciones particulares de cada relación negocial para analizar si la conducta realizada representa una de tales incorrecciones. En el ordenamiento jurídico nacional la responsabilidad precontractual se fundamenta en el artículo 863 del Código de Comercio, con proyección en los artículos 871 ib. y 1603 del Código Civil que, con redacción similar, y en una lectura integral que incluye el camino de formación del contrato, exige a las partes el deber de obrar conforme a los postulados de la buena fe y el respeto a los derechos y expectativas de los sujetos involucrados tanto en el estadio precontractual, como contractual. (…) Si bien los acercamientos negociales aun cuando tienen la característica de no imponer la celebración del contrato ni generar obligaciones en su etapa germinal, “cuando han llegado a tal punto que permita prever que el contrato debería poderse formalizar y una de las partes rompe las negociaciones sin un justo o atendible motivo (culpa in contrahendo, es decir, culpa en el curso de negociaciones contractuales; responsabilidad precontractual), la contraparte tendrá derecho al resarcimiento del daño” La plataforma que determina la estructura de análisis de la responsabilidad in contrahendo, descansa en la demostración de un actuar no conducido bajo el principio de la buena fe exenta de culpa y de una repercusión cierta en el patrimonio del afectado, que corresponde al elemento del daño. En estos términos, el examen de esta clase de responsabilidad impone identificar el tipo de tratos que se están desenvolviendo entre las partes, para definir el mayor o menor grado de consolidación en el que avanza el pretendido negocio jurídico y sus bases, dentro de una multiplicidad de rutas pre negociales. Este razonamiento, aplicado a la actividad precontractual de los prestadores de servicios públicos impone, primeramente, identificar el tipo de negociación utilizada para lograr el acercamiento de las voluntades, análisis en el que resulta determinante acudir al manual de contratación de la respectiva ESP –pues no será lo mismo estar en presencia, p. ej., de una oferta mercantil, que frente a una invitación o convocatoria a presentar ofertas, entre otras figuras–. En segundo lugar, se habrá de definir los deberes incumplidos conforme a los cuales se formula el reproche de conducta, con el objeto de determinar la existencia o no del daño que se reclama; y, en tercer lugar, la existencia de un perjuicio indemnizable derivado de aquel daño. En estos casos, como el daño se concreta en la ruptura o desconocimiento del deber de actuar de buena fe en los tratos preliminares, la Sala debe referirse a los denominados deberes secundarios que explican aquel postulado. Éstos se fundan en los principios de lealtad y corrección, e imponen a quienes avanzan en el periodo de negociaciones manifestar las circunstancias personales, objetivas, directas o indirectas que puedan rodear tal etapa e incidir en un futuro negocio jurídico, y se concretan en los deberes de información, secreto, protección y conservación, y de no abandonar las negociaciones sin justa causa, entre otros. En cuanto al deber de información, cuyas raíces devienen del derecho romano, se pregonó la máxima “caveta emptor o bien emptor debet ese curiosus” que explicaba que cada una de las partes que iba a suscribir un contrato tenía que informarse y adquirir los conocimientos necesarios para determinar si el negocio jurídico satisfacía o no sus intereses28. De ahí que en la estructuración de la responsabilidad precontractual se entendió que toda persona que emprendiera tratos negociales debía manifestar a su par en la negociación -como deber de conducta- las circunstancias subjetivas y objetivas de significativa importancia que pudieran afectar la concreción del negocio o su desarrollo normal, incluyendo aspectos técnicos de la operación y posibles riesgos a futuro. (...) El contenido de este deber entraña dos aspectos centrales: que la información sea relevante y que sea suficiente. La Corte Suprema de Justicia ha señalado que “…dentro de los deberes de corrección y lealtad que se exigen a toda persona que emprenda tratos negociales, se encuentra el que atañe con las informaciones o declaraciones que está llamado a suministrar, cuando a ellas hay lugar, en relación con el objeto, circunstancias o particularidades del acuerdo en camino de consumación, y cuya importancia, si bien variable, resulta substancial para efectos de desembarazar el consentimiento del destinatario de artificios o vicios que lo afecten”. Este deber se proyecta en doble perspectiva, pues puede ser punto de quiebre en el actuar de buena fe que regenta la etapa precontractual ante el rompimiento de las negociaciones por omisión o insuficiencia de la información otorgada; pero también puede constituirse en génesis de un vicio del consentimiento ante la concreción del negocio jurídico en esas condiciones; así que goza de reconocimiento en ambos escenarios. Para el caso concreto basta situarse en la primera de tales perspectivas. (…) El art. 2.16 de los Principios Unidroit consagra que si una de las partes proporciona información confidencial en el curso de una negociación, la otra no podrá revelarla o utilizarla de forma injustificada, sin importar que el negocio llegue o no a celebrarse; premisa que sella la trascendencia de los postulados que emanan del principio de buena fe, de forma transversal al derecho, que irradia el período precontractual . Por su parte, el deber de protección y conservación se orienta a la custodia y salvaguarda de los bienes objeto de la negociación, incluyendo las relaciones con personas vinculadas al posible negocio jurídico a celebrar, evitando daños patrimoniales o personales que se puedan generar en el interregno de las tratativas. El deber de no abandonar las negociaciones sin justa causa reprocha que se generen “falsas expectativas en torno a la celebración de un contrato que nunca se perfeccionará, manifestando por lo menos prudencia a la hora de retirarse del proceso de negociación” La escuela italiana precisa que este comportamiento es doloso cuando una de las partes inicia y continúa las tratativas con la intención de no concretar el negocio; y, culposo, cuando se induce a la otra parte a confiar en la conclusión del mismo sin haber la suficiente determinación. El Consejo de Estado ha señalado que el interés negativo es aquel que compensa los perjuicios generados ante las negociaciones frustradas y, en la misma línea indicada por la Corte Suprema de Justicia, ha precisado que incluye el daño emergente (gastos ocasionados con motivo de tales negociaciones) y el lucro cesante, pero no aquel derivado del “incumplimiento de la propia relación negocial proyectada … sino de la pérdida que significa el … haber confiado en que el otro negociador haría lo necesario para llegar a la perfección del vínculo contractual proyectado” . A diferencia del anterior, el interés positivo se materializa en la expectativa de cumplimiento de las prestaciones que surgen del contrato válidamente celebrado y los eventuales beneficios que pueda reportar la cabal ejecución de sus prestaciones; de ahí que este tipo de perjuicios apunta a la defraudación de tal interés o ejecución exacta del contrato, y en la práctica implica ser colocado patrimonialmente como si el contrato hubiera desplegado su efecto principal, el cumplimiento. Conforme a las anteriores distinciones, en el esquema de responsabilidad por culpa in contrahendo el perjuicio resarcible corresponde al interés negativo o de confianza, situación que difiere de la actuación precontractual que se rige por el EGCAP en la que se reconoce el interés positivo –en la medida que quien lo aduce reclama para sí el derecho de haber sido adjudicatario y, de ahí, el de haber celebrado el contrato estatal–.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la buena fe, revisar: Corte Constitucional, sentencia de 1 de diciembre de 1994, C-544 de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía; sentencia de 5 de julio de 2018, rad. 59530, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Referente al perjuicio resarcible por la responsabilidad por culpa in contrahendo, revisar: sentencia de 15 de noviembre de 2019, rad. 38241, C.P. Martín Bermúdez Muñoz y sentencia de 18 de mayo de 2000, rad.11725, C.P. Ricardo Hoyos Duque.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 863, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 87, DECRETO 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603
OFERTA COMERCIAL / ACUERDO DE VOLUNTADES / CONTRATO / CELEBRACIÓN DE CONTRATO / ELEMENTOS DEL CONTRATO / OFERTA / PROPUESTA DEL PROPONENTE / PRESUPUESTOS PARA LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA
Problema jurídico:
¿Puede una invitación a presentar propuestas ser considerada jurídicamente como una oferta mercantil irrevocable, en los términos del artículo 846 del Código de Comercio, pese a no contener una manifestación inequívoca de voluntad de contratar ni los elementos esenciales del negocio jurídico?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a oferta mercantil es un acto firme, inequívoco, preciso y completo, con una expresión de voluntad decidida a celebrar un contrato, en el que no hay duda de que está plasmado un proyecto de negocio con la incorporación de todos los elementos esenciales del mismo. De manera que la aceptación por parte del interesado ocasiona el nacimiento del contrato, en tanto no requiera un requisito de perfeccionamiento adicional. Al ser un acto unilateral que contiene una manifestación de voluntad indiscutible, trae aparejada una consecuencia definida por la ley, y es su carácter irrevocable (art. 846 del C. Co). Por su parte, las invitaciones a presentar propuestas distan de la certidumbre que irradia la oferta, pues son manifestaciones dirigidas a una o varias personas a emprender negociaciones de forma que, de acuerdo con unos condicionamientos y en un esquema de selección, se pueda llegar a la escogencia de una de ellas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 846
PLIEGO DE CONDICIONES / ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / OBLIGACIÓN DEL CONTRATANTE FRENTE AL PLIEGO DE CONDICIONES
Problema jurídico:
¿Se puede afirmar que el documento de Emprestur, desconoció las reglas del pliego que establecieron que la tarifa hora propietario era inmodificable y sus componentes no podían estar comprendidos en la tasa AU, pues ello conducía a un doble pago por algunos conceptos?
Respuesta al problema jurídico: No
La naturaleza de inmodificable asignada a la tarifa hora propietario, no se ve diluida por la mención que el documento de Emprestur hizo al registrar factores pertenecientes a esta categoría; justamente la individualización efectuada respecto de la THP y la Tasa AU, dotó a cada cual de una identidad propia que permite separarlas. No podrá entenderse que por el hecho de registrar en aquel cuadro factores asociados a ambos conceptos, ello conllevaría a un doble pago, pues bastaba identificar el contenido de cada uno para conocer su clasificación. Esto, en línea con la premisa de que un mismo concepto no podía estar incluido en los dos segmentos. Fiel al análisis que se ha efectuado, ha de recordarse que todo lo que no estuviera comprendido en la THP, debía estar incluido en la tasa AU, lo que confirma el criterio de exclusión fijado en el pliego. Al examinar el multicitado documento de “ANÁLISIS PROYECTO EPM MENSUALES Y TOTALES ESTIMADOS”, se observa que allí estaba planteado un esquema de costos y gastos que permitía analizar la información contenida y verificar si con ella EPM tenía por justificado el porcentaje de tasa AU. Por tanto, se itera, bastaba que las cifras entregadas permitieran entender si la tasa AU quedaba explicada, para cumplir. Lo anterior, concuerda con el postulado del pliego que únicamente requirió, como regla general, que el ofrecimiento consistiera en la determinación de un porcentaje sobre la THP, para definir la referida tasa. Luego, la regla secundaria –que autorizó a EPM a solicitar su detalle– apuntó a que la información entregada fuera clara en procura de efectuar el ejercicio de constatación de la entidad, pero no exigió un formato o cuadro específico para hacerlo, lo que haría primar lo sustancial sobre lo formal, como regla de principio establecida para tal proceso de selección. De ahí que EPM podía constatar de forma sustancial el tipo de costo o gasto indicado, al adelantar la evaluación.
ETAPA PRECONTRACTUAL / PRINCIPIOS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL / OBLIGACIONES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES / NATURALEZA JURÍDICA DEL PLIEGO DE CONDICIONES / OBLIGACIÓN DEL CONTRATANTE FRENTE AL PLIEGO DE CONDICIONES / BUENA FE
Problema jurídico:
¿Puede considerarse que el ejercicio de evaluación financiera realizado por EPM sobre la tasa AU, incluyendo escenarios de mayor carga tributaria sin exigir el desglose de las ventajas competitivas de los proponentes, se ajustó a los principios de buena fe precontractual y a las reglas del pliego sin vulnerar el marco de competencia empresarial?
Respuesta al problema jurídico: Si
Para la Subsección, el comportamiento de EPM de analizar en el plano económico la viabilidad de la tasa ofrecida y, para ello, realizar ejercicios de sensibilización financiera en los que se proyectaron escenarios de mayor carga tributaria y evaluaron sus efectos, corresponde a una medida adecuada a las pautas que informan la función económica y jurídica atribuida a la tasa AU en el pliego y al ámbito de competencia que lo justifica, todo lo cual, pone en evidencia un comportamiento ajustado al principio de buena fe en la etapa precontractual. Y es que la referida tasa nunca estuvo dirigida a escrutar, y menos valorar, la estructura de funcionamiento de los proponentes. Ese factor contenía valoraciones asociadas a las ventajas competitivas de cada empresa y, además, abarcaba los riesgos estimados por el oferente al hacer la proposición; de manera que la ESP, en esa figura, demarcó los roles y riesgos que iba a asumir el transportador elegido (un experto), respecto de las decisiones estratégicas con las que podía gestionar su capacidad administrativa. Allí anida la razón de que el pliego únicamente exigiera indicar una cifra en términos porcentuales como tasa AU, lo que se constata en que para presentar las ofertas no se requería del soporte o desglose de los ejercicios internos de los participantes, criterio que estaba enderezado al reconocimiento de una valoración que expresara las máximas ventajas competitivas ligadas a la organización y administración de cada empresa, y a la libre determinación de las utilidades que el proponente estableciera. Estas reglas, al ser leídas en clave de la naturaleza netamente competitiva del sector de prestación de los servicios públicos domiciliarios, permiten considerar que hay cierta información tanto de los competidores como de los contratantes que no debe ser puesta en conocimiento de otros sujetos, ni siquiera por cuenta de un proceso de selección. El perfil de la tasa AU es uno de tales escenarios, así que el diseño de las pautas relativas a la suficiencia de señalar un porcentaje en esta materia obedece a una comprensión del propio campo de la actividad empresarial, donde no es razonable, ni se justifica, revelar a sus competidores el detalle de las ventajas que lo benefician. Sería tanto como exigir dar a conocer el know how que es, precisamente, una sumatoria de conocimientos, desarrollos y experiencias que aportan valor y posicionamiento a la actividad que desarrolla su titular. La misma perspectiva debe guiar el entendimiento de la pauta bajo la cual EPM se reservó el derecho de solicitar explicaciones o justificaciones relacionadas con el detalle de los componentes de la tarifa AU, pues su interpretación no podrá estar en contra de la naturaleza de la tasa, ni imponer al oferente revelar, por esta vía, el detalle de sus ventajas competitivas (que es la esencia de esta figura). Bajo esta óptica, lo que enseña tal estipulación es que ante la solicitud de EPM en torno a la explicación de la composición de la tasa AU, el proponente debía lograr justificar los detalles necesarios que confirmaran que el porcentaje ofertado por dicha tasa tenía factibilidad para cubrir los gastos y costos asociados a este factor. Lejos de que EPM, en este camino, tuviera que incursionar en el pormenor de cada rubro (en tanto los valores por administración y utilidades podrían estar distribuidos en diferentes centros de costos, ser compensados, o absorbidos total o parcialmente), el porcentaje de la tasa seguía siendo, desde su confección, el marco de análisis como factor global de modelación. En estos términos, Emprestur explicó que no requeriría recursos adicionales en perspectiva de gastos administrativos y utilidades, y abrió el modelo económico para llegar a tal ofrecimiento, indicando que correspondía al sistema de costos ABC. Por su parte, EPM revisó las cifras señaladas en el cuadro, discriminó las que correspondían a THP y las que se catalogaban como parte de la tasa AU, se pronunció sobre los errores que el actor adujo sobre los conceptos de “mantenimiento y reparaciones”, “impuesto de renta”, y “margen después de impuestos”; y, a partir de allí, avanzó en las sensibilidades plasmadas en el escenario de mayor estrés financiero. Este ejercicio dictaminó que, aún bajo la representación de cálculo sobre una tasa del 1.47%, proyectada con un aumento del 42% de la base impositiva, el porcentaje ofertado tenía factibilidad. Conforme a lo anterior, quedarían cubiertos todos los gastos administrativos señalados en el cuadro justificativo, e incluso el negocio dejaba utilidades. De modo que el ejercicio desplegado fue adecuado a los fines de la selección, por lo que la Sala no encuentra un escenario de vulneración de las tratativas negociales, siendo incluso más riguroso de lo que la naturaleza de la tasa imponía; y, a la par, solventó las observaciones de Ingetrans sobre los impuestos cuya composición había cuestionado. Se precisa que no se trataba de ajustar la tasa y sus valores, pues ello era un asunto interno de la empresa, y en efecto la tasa no se modificó; sino de constatar que sus bases respondieran afirmativamente ante la predicción de determinadas variables, en este caso el mayor costo en el ámbito impositivo, y la clasificación de los componentes en su estructura de valoración, sin ingresar en las ventajas competitivas ofertadas. En contra de lo anterior, el actor habría tenido que desacreditar que Emprestur contaba con esa capacidad de funcionamiento, personal, oficinas, entre otros, reflejadas en la tasa AU, así como demostrar que EPM, bajo las reglas del pliego, tenía la obligación de profundizar hasta ese punto. Y ninguno de estos postulados tienen respaldo probatorio, ni fundamento en las reglas de la invitación.Lo dicho hasta acá, lleva a señalar que no existió una ruptura por parte de EPM de los principios que informan la etapa precontractual, pues la ESP no sorprendió a los interesados en aquella invitación con una postura descaminada que merezca reproche, teniendo en cuenta que las bases de las pautas informadas, y la claridad con que se puso en conocimiento la estructura del valor - precio a proponer, dejó establecido el marco de competencia empresarial en el que transitaría la selección, sin que se sostenga reproche alguno que comprometa la responsabilidad de EPM por culpa in contrahendo.
ETAPA PRECONTRACTUAL / PRINCIPIOS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL / BUENA FE / PRINCIPIO DE LA BUENA FE / FORMACIÓN DEL CONTRATO / ACUERDO DE VOLUNTADES / CULPA IN CONTRAHENDO / DAÑO / INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO / PERJUICIOS / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS
Problema jurídico:
¿Puede afirmarse que, en el marco de la responsabilidad in contrahendo, el perjuicio reclamable ante una ruptura injustificada de las tratativas precontractuales se limita al interés negativo o de confianza, sin que sea procedente exigir la utilidad esperada de la eventual celebración del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como corolario del análisis efectuado en esta providencia, la Sala quiere remarcar la distinción entre el daño y el perjuicio que se puede reclamar bajo el circuito que atañe a la responsabilidad in contrahendo. Tal y como quedó expresado párrafos atrás, en la actividad precontractual regida por el derecho privado, el daño se hace consistir en la ruptura intempestiva e injustificada de los tratos previos en desconocimiento del deber de actuar de buena fe, así que este panorama reclama el examen de tal postulado y de los deberes secundarios que lo informan. Ante la constatación de tal ruptura, es decir, evidenciado el daño, el perjuicio susceptible de reclamo e indemnización corresponde al interés negativo o de confianza, puesto que aquello que es objeto de reparación es el súbito abandono de quien avanza en un estado negocial y se margina de éste, a costa del daño cierto, relevante y patrimonialmente objetivo que tal conducta genera en el sujeto que confió razonadamente en la concreción de un negocio jurídico. La Sala es asertiva en precisar que el daño que así se gesta, no se concibe ni se corresponde con el interés positivo o de cumplimiento; es decir, quien aduce esta responsabilidad en juicio no puede postular a su favor la utilidad que le habría reportado la celebración del negocio jurídico, y ello deriva de la aplicación del artículo 863 del Código de Comercio que reconoce en los acercamientos y tratativas la función jurídica de aproximar las voluntades con la posibilidad de contratar o no, pero con el límite que demarca el deber de actuar de buena fe sin despojarse de los deberes de conducta asociados a éste. Por manera que no habiendo un derrotero que imponga bajo el derecho común un destino de adjudicación o su equivalente, como sí ocurre, por regla general, frente a los procesos de selección regidos bajo el EGCAP, escapa de esta modalidad de reparación el perjuicio que exceda esta etapa, lo que descarta que su proyección se cimiente en lo que habría sido la suscripción y ejecución cumplida del contrato. Más allá de que esta Sala no halló configurado el daño aducido, lo que basta para negar las pretensiones –aspecto que con lógica impide avanzar en un análisis de perjuicios– la Subsección no se reserva la mención de que el actor reclamó un interés positivo que según el régimen jurídico aplicable al proceso de contratación del que participó, y dentro del cual se profirió la carta de aceptación demandada, no corresponde al que atañe a la etapa precontractual; manifestación que únicamente se hace por resultar ilustrativo en torno a las precisiones inherentes al régimen. En ese orden de ideas, sin lesión de los deberes que se imponen en la fase de negociación en sede de responsabilidad in contrahendo, la Sala concluye que no se presentó el daño que se reclama; en este sentido, no sólo porque las pretensiones de responsabilidad no están llamadas a ser declaradas, sino también en tanto el perjuicio que se aduce no corresponde a la lesión susceptible de haberse inferido, la Sala verifica la falta de acreditación del daño susceptible de indemnización, requisito ineludible de toda reparación.
CONDENA EN COSTAS / CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA / CONDENA EN COSTAS A PARTICULAR / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Es procedente condenar en costas a la parte apelante cuando el recurso interpuesto es resuelto desfavorablemente, conforme a lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso y el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas en esta instancia, cuya liquidación y ejecución se regirán por el Código General del Proceso. El artículo 365 del citado Estatuto, en su numeral 1, dispone que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. Atendiendo a lo ordenado en la citada norma, se condenará en costas a la parte demandante, quien interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia y se le resolvió desfavorablemente. Adicionalmente, el artículo 361 ibidem prevé que las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados causados durante el trámite de la controversia. El pleito de la referencia corresponde a una controversia de reparación directa con cuantía que implicó que la parte demandada vencedora (EPM E.S.P. y Emprestur S.A.) tuviera que designar y sufragar abogados que ejercieran la defensa judicial de sus intereses, expensas que se generan por la sola vigilancia del proceso , motivo por el cual la Sala fijará las agencias en derecho en la suma equivalente a tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes, suma que se dividirá en partes iguales a favor de cada una de las demandadas. Ante esta definición, se impone la liquidación de las costas de manera concentrada por parte del Tribunal de origen, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la condena en costas, revisar: sentencia de 19 de febrero de 2021, rad. 64401, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 19 de marzo de 2021, rad. 68836, C.P. María Adriana Marín; sentencia de 17 de junio de 2022, rad. 67178, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 21 de noviembre de 2022, rad. 68941, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 3 de febrero de 2023, rad. 69319, C.P. William Edgardo Barrera Muñoz; auto de 9 de abril de 2021, rad. 64150, C.P. María Adriana Marín y auto de 19 de marzo de 2021, rad.65183, C.P: José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366