Titulación de la relatoría 63.797 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
COMPETENCIA / COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / SENTENCIA / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / EMPLEADO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ / MULTA / DECLARATORIA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / GARANTÍA CON EL CONTRATO DE SEGURO / SINIESTRO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONFIGURACIÓN DEL SINIESTRO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO / RIESGO ASEGURABLE / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / CONTRATO DE SEGURO / ENTIDAD ASEGURADORA / CARGA PROCESAL / ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Cuenta la Empresa de Acueducto con competencia legal para imponer y hacer efectiva la cláusula penal frente al garante por medio del acto de declaratoria de caducidad del contrato con fundamento en la Ley 80 de 1993 sin requerir nuevo procedimiento?
Respuesta al problema jurídico: Si
Por su parte, la Resolución 890 de 2021, que confirmó la Resolución 834 de 2021, también analizó la supuesta incompetencia para imponer unilateralmente el “valor de la cláusula penal”, (...) De acuerdo con lo citado, el acto administrativo invocó como fundamento para hacer efectiva unilateralmente la cláusula penal el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. La Sala desestimará la nulidad porque la normativa del Estatuto General de Contratación otorga la competencia para hacer efectivo el siniestro, lo que comprende ordenar el pago de la cláusula penal. (...). Por lo tanto, si la entidad declaró el incumplimiento previamente en el marco de la caducidad, por sustracción de materia, no podría ejercer un poder excepcional diferente para volver a declararlo. (...) En segundo lugar, el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 debe interpretarse armónicamente con el numeral 3 del artículo 99 del CPACA, que establece lo siguiente (…) Los contratos o los documentos en que constan sus garantías, junto con el acto administrativo que declara el incumplimiento o la caducidad (…). Esto es así, además, porque la entidad estatal debe vincular a la aseguradora dentro de la actuación administrativa previa a la expedición del acto administrativo de caducidad. (...) Cabe indicar que este procedimiento es aplicable pues, como se explicó previamente, la declaratoria de caducidad está precedida de la constatación por parte de la entidad estatal del “incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista”, tal como lo establece el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. (...) De esta manera, no tendría un sentido útil que la norma exija vincular a la aseguradora para declarar la caducidad y, luego, la entidad deba nuevamente realizar un procedimiento judicial para poder hacer efectiva la cláusula penal con miras a hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato. (...). Establecido lo anterior, cabe advertir que las aseguradoras recurrentes aseveraron que el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 no puede ser el fundamento de la competencia administrativa para hacer efectiva la cláusula penal, porque simplemente regula un procedimiento administrativo. La Sala destaca que el razonamiento expuesto en esta providencia no plantea que la competencia provenga de dicho artículo. Simplemente, se advierte que esta norma permite constatar que las aseguradoras deben vincularse en el trámite previo a la adopción de la decisión administrativa de caducidad. (...) En cuarto lugar, esta lectura es concordante con la jurisprudencia reiterada de esta corporación en relación con procesos en los que era aplicable el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública antes de la modificación realizada por el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. (...) La Sala destaca que, antes de que se profiriera el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que introdujo la facultad de declarar el incumplimiento para imponer la cláusula penal, la doctrina discutía si, en los contratos regidos por la Ley 80 de 1993, la cláusula de caducidad permitía hacer efectiva la cláusula penal pactada: algunos autores consideraban que no podía hacerse uso de la prerrogativa, otros pensaban que esa efectividad debía hacerse efectiva en la liquidación del contrato y un sector argumentaba que solo podía ejercerse de la mano con el acto que declara la caducidad del contrato. (...) Ese evento versa sobre la misma discusión que se presenta actualmente en relación con la facultad de imponer la cláusula penal, por parte de entidades que, como la Empresa de Acueducto, tienen un régimen especial contratación, sujeto al derecho privado con posibilidad de ejercer cláusulas excepcionales. Efectivamente, el supuesto de hecho es similar, teniendo en cuenta que antes del artículo 17 de la Ley 1150 no había norma que expresamente se refiera a la competencia de hacer efectiva la cláusula penal. (...) Para zanjar ese debate, entonces, la jurisprudencia armónicamente indicó que la caducidad apareja la posibilidad de hacer efectiva la cláusula penal así: (...) La expresión del artículo 18 de la Ley 80 de 1993 recogió la postura jurisprudencial de acuerdo con la cual el acto administrativo que declaraba el siniestro era constitutivo de ese suceso, en la medida en que tenía el privilegio de la “ejecutoriedad”. (....) En concordancia con lo expuesto, la jurisprudencia de esta corporación ha diferenciado entre los actos constitutivos del siniestro y los declarativos. En el primer evento, que se presenta cuando se declara la caducidad del contrato, el acto es el siniestro mismo y, por ende, hace efectiva la garantía lo cual conlleva tasar el perjuicio. En el segundo evento, el acto simplemente permite demostrar la ocurrencia del siniestro, pero es preciso agotar el trámite de reclamación previsto en el Código de Comercio. (...) en ausencia del artículo 17 de la Ley 1150 de 2011, la jurisprudencia de manera uniforme ha interpretado que la decisión de declarar la caducidad del contrato es constitutiva del siniestro de incumplimiento y, por ende, permite a la entidad cuantificar el perjuicio con miras a hacer efectiva la garantía. (...) De esta manera, el Consejo de Estado apoyó al sector de la doctrina que, en los primeros días de expedición de la Ley 80, entendió que el acto de declaratoria de caducidad conllevaba de suyo poder estimar los perjuicios para efectos de hacer efectiva la garantía (...) Estas mismas conclusiones son aplicables entonces a la facultad que tienen las empresas de servicios públicos domiciliarios de imponer la cláusula penal en el acto mediante el cual declaran la caducidad. (....) Ahora bien, en el recurso de apelación, las aseguradoras fundaron su postura contraria a estas conclusiones en cuatro providencias que no varían el sentido de lo señalado previamente, por los siguientes motivos: (...) La sentencia proferida en el expediente 39113 no estudió la posibilidad de que la caducidad del contrato comportara la posibilidad de hacer efectiva la cláusula penal. Únicamente analizó si, al margen de dicho acto administrativo, las entidades podían imponer las multas y hacer efectiva la cláusula penal, lo cual estaba vedado antes de la Ley 1150 de 2007. (...) El auto del 20 de abril de 2014 y la sentencia del 19 de junio de 2019 analizaron casos de entidades de derecho privado que no podían hacer uso de las cláusulas previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993: en la primera providencia, se estudió un negocio jurídico celebrado por Ecopetrol en el marco del derecho privado; en el (...) Finalmente, se advierte que no es necesario estudiar los argumentos relativos a si el Decreto 1082 de 2015 resulta aplicable en el sub examine o si el acto de delegación solo comprendía la posibilidad de aplicar las “cláusulas excepcionales”. En efecto, como se explicó previamente, la Empresa de Acueducto sí contaba con competencia para expedir el acto, dado que la Ley 80 de 1993 señala que la caducidad es constitutiva del siniestro. (...). En conclusión, la Empresa de Acueducto sí tenía competencia para hacer efectiva la cláusula penal respecto del garante. Lo anterior, habida cuenta de que, con base en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, expidió un acto administrativo en el que declaró la caducidad del contrato.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la procedencia de imponer la cláusula penal por el solo acaecimiento de la caducidad, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de noviembre de 2019, exp. 11001-03-26-000-2009-00034-00 (36.600) A, C. P. María Adriana Marín. Sobre la posibilidad de hacer efectiva la cláusula penal antes de la Ley 1150 de 2007, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 4 de noviembre de 2004, exp. 68001-23-15-000-2002-0564-01 (24.225), C. P. Ramiro Saavedra Becerra.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2011 - ARTÍCULO 17, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 99 NUMERAL 3, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 18, RESOLUCIÓN 890 DE 2021
RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ / RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ / FUNCIONES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ / CADUCIDAD DEL CONTRATO / CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA EXCEPCIONAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO / COMISIÓN DE REGULACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / FACULTADES DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO
Problema jurídico:
¿La declaratoria de caducidad del contrato permite hacer efectiva la cláusula penal frente a las aseguradoras, como constitutiva del siniestro de incumplimiento conforme al artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y al artículo 99 del CPACA?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el presente caso, la Empresa de Acueducto unilateralmente les hizo efectiva la cláusula penal a las aseguradoras. En efecto, en el artículo cuarto de la Resolución 834 de 2021, confirmado por la Resolución 890 de 2021. (....) La parte actora argumenta que esa decisión se expidió sin competencia. (...) En la Resolución 834 de 2021, la Empresa de Acueducto estudió el argumento referente a la falta de competencia para imponer la cláusula penal (...) Por su parte, la Resolución 890 de 2021, que confirmó la Resolución 834 de 2021, también analizó la supuesta incompetencia para imponer unilateralmente el “valor de la cláusula penal”, (...) De acuerdo con lo citado, el acto administrativo invocó como fundamento para hacer efectiva unilateralmente la cláusula penal el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. La Sala desestimará la nulidad porque la normativa del Estatuto General de Contratación otorga la competencia para hacer efectivo el siniestro, lo que comprende ordenar el pago de la cláusula penal. (...) Como se indicó previamente, el inciso final del artículo 18 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública preceptúa que la “declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento”. ( ....) Las aseguradoras aseveran que esta expresión no puede ser interpretada de forma tal que otorgue la facultad de expedir actos administrativos en los que se haga efectiva unilateralmente la cláusula penal. (...) En concordancia con lo expuesto, las aseguradoras aseveran que la anterior regulación consagra un poder excepcional al derecho privado diferente de las cláusulas excepcionales reguladas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993. (....) Lo anterior, sin embargo, no es preciso, dado que la declaratoria de caducidad constituye el siniestro lo que conlleva de suyo que pueda hacerse efectiva la cláusula penal pecuniaria en relación con el garante. Esto es así por varios motivos: (...) En primer lugar, el artículo 17 de la Ley 1150 no prevé la posibilidad de imponer directamente la cláusula penal. La prerrogativa otorgada a la entidad consiste en la posibilidad de “declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato” (....). Así, el poder excepcional consiste en que, previo a hacer efectiva la cláusula penal, la entidad debe declarar el incumplimiento. (....) Por lo tanto, si la entidad declara la caducidad del contrato no puede declarar nuevamente el incumplimiento en una decisión administrativa diferente, pues el acto de caducidad ya es en sí mismo una declaratoria de incumplimiento. En efecto, el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 preceptúa que el acto administrativo de caducidad se puede expedir ante la presencia de un “incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización” (....). Por lo tanto, si la entidad declaró el incumplimiento previamente en el marco de la caducidad, por sustracción de materia, no podría ejercer un poder excepcional diferente para volver a declararlo. (...) En segundo lugar, el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 debe interpretarse armónicamente con el numeral 3 del artículo 99 del CPACA (...) La disposición citada es aplicable en el sub iudice, porque el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 señala que cuando “la inclusión sea forzosa [de cláusulas excepcionales], todo lo relativo a tales cláusulas se regirá, en cuanto sea pertinente, por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993”. En ese sentido, como se trata de estudiar los alcances del acto administrativo de caducidad, es preciso tener en cuenta que el artículo 77 de la Ley 80 de 1993 remite a la regulación del CPACA. (....) Como se puede observar, el artículo 99 prevé que prestan mérito ejecutivo (i) el contrato o los documentos en los que están las garantías, (ii) cuando estén acompañados de un acto administrativo que declara el incumplimiento o la caducidad.(...) En relación con el segundo supuesto, es preciso destacar que el legislador no exige que se aporten dos actos diferentes: bien puede que la entidad haya expedido la caducidad, en los términos del artículo 18 de la Ley 80 de 1993, o es válido que se haya declarado el incumplimiento con miras a hacer efectiva la cláusula penal, (...) Así, en la expresión “junto con el acto administrativo que declara el incumplimiento o la caducidad”, el vocablo “o” cumple funciones disyuntivas, y no copulativas. Una lectura contraria conllevaría que las entidades regidas por la Ley 80 deban siempre declarar conjuntamente la caducidad de los contratos con el incumplimiento del contrato con miras a hacer efectiva la cláusula penal. Así, esta segunda facultad sería inane pues siempre requeriría que se declare la caducidad del contrato. (...) esto es fundamental porque, para iniciar el cobro coactivo, basta con adjuntar el acto de caducidad, lo que demuestra que la entidad puede fijar el monto de los perjuicios y constituir una obligación clara, expresa y exigible. (....) En tercer lugar, carecería de sentido que, luego de declarar la caducidad, que ha sido considerada por la jurisprudencia con la medida “más drástica que el contratante le puede imponer a su contratista”, la entidad estatal deba iniciar una nueva actuación ante el juez del contrato o ante sí misma para hacer efectiva la cláusula penal. l(...) Esta normativa prevé que, en derecho privado, se debe presentar una reclamación ante la aseguradora. En dicha reclamación ha de demostrarse la ocurrencia del siniestro y la cuantía del daño. La aseguradora deberá pagar el monto asegurado dentro del mes siguiente a que se radique la reclamación que cumpla conanterior carga probatoria. De no hacerlo, se causan intereses moratorios a una tasa equivalente al interés bancario corriente aumentado en la mitad. (...) El legislador de la Ley 80 de 1993 era consciente de esa regulación del Código de Comercio. Por esto, expresamente determinó que el acto administrativo que declare la caducidad es constitutivo de siniestro: en este supuesto, las entidades estatales no deben agotar el trámite ante la aseguradora, sino que el mismo acto administrativo hace efectiva la garantía, lo cual incluye necesariamente tener en cuenta la tasación de perjuicios establecida en las cláusulas penales pactadas. (....) Esto es así, además, porque la entidad estatal debe vincular a la aseguradora dentro de la actuación administrativa previa a la expedición del acto administrativo de caducidad. (....) Cabe indicar que este procedimiento es aplicable pues, como se explicó previamente, la declaratoria de caducidad está precedida de la constatación por parte de la entidad estatal del “incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista”, tal como lo establece el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. (...) De esta manera, no tendría un sentido útil que la norma exija vincular a la aseguradora para declarar la caducidad y, luego, la entidad deba nuevamente realizar un procedimiento judicial para poder hacer efectiva la cláusula penal con miras a hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato. (...) Establecido lo anterior, cabe advertir que las aseguradoras recurrentes aseveraron que el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 no puede ser el fundamento de la competencia administrativa para hacer efectiva la cláusula penal, porque simplemente regula un procedimiento administrativo. La Sala destaca que el razonamiento expuesto en esta providencia no plantea que la competencia provenga de dicho artículo. Simplemente, se advierte que esta norma permite constatar que las aseguradoras deben vincularse en el trámite previo a la adopción de la decisión administrativa de caducidad. (....) En cuarto lugar, esta lectura es concordante con la jurisprudencia reiterada de esta corporación en relación con procesos en los que era aplicable el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública antes de la modificación realizada por el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. (....) La Sala destaca que, antes de que se profiriera el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que introdujo la facultad de declarar el incumplimiento para imponer la cláusula penal, la doctrina discutía si, en los contratos regidos por la Ley 80 de 1993, la cláusula de caducidad permitía hacer efectiva la cláusula penal pactada: algunos autores consideraban que no podía hacerse uso de la prerrogativa, otros pensaban que esa efectividad debía hacerse efectiva en la liquidación del contrato y un sector argumentaba que solo podía ejercerse de la mano con el acto que declara la caducidad del contrato. (....) Ese evento versa sobre la misma discusión que se presenta actualmente en relación con la facultad de imponer la cláusula penal, por parte de entidades que, como la Empresa de Acueducto, tienen un régimen especial contratación, sujeto al derecho privado con posibilidad de ejercer cláusulas excepcionales. Efectivamente, el supuesto de hecho es similar, teniendo en cuenta que antes del artículo 17 de la Ley 1150 no había norma que expresamente se refiera a la competencia de hacer efectiva la cláusula penal. (...) Para zanjar ese debate, entonces, la jurisprudencia armónicamente indicó que la caducidad apareja la posibilidad de hacer efectiva la cláusula penal, así: (...) . La expresión del artículo 18 de la Ley 80 de 1993 recogió la postura jurisprudencial de acuerdo con la cual el acto administrativo que declaraba el siniestro era constitutivo de ese suceso, en la medida en que tenía el privilegio de la “ejecutoriedad”. En concordancia con esta posición, en sentencia del 20 de noviembre de 2008, la Subsección B del Consejo de Estado sostuvo que, antes de la Ley 1150, las entidades solo podían hacer efectiva la garantía (lo que incluía hacer efectiva la cláusula penal pactada) a través del acto administrativo de caducidad. (....). En concordancia con lo expuesto, la jurisprudencia de esta corporación ha diferenciado entre los actos constitutivos del siniestro y los declarativos. En el primer evento, que se presenta cuando se declara la caducidad del contrato, el acto es el siniestro mismo y, por ende, hace efectiva la garantía lo cual conlleva tasar el perjuicio. En el segundo evento, el acto simplemente permite demostrar la ocurrencia del siniestro, pero es preciso agotar el trámite de reclamación previsto en el Código de Comercio. (....)De acuerdo con lo expuesto, en ausencia del artículo 17 de la Ley 1150 de 2011, la jurisprudencia de manera uniforme ha interpretado que la decisión de declarar la caducidad del contrato es constitutiva del siniestro de incumplimiento y, por ende, permite a la entidad cuantificar el perjuicio con miras a hacer efectiva la garantía. (....) . De esta manera, el Consejo de Estado apoyó al sector de la doctrina que, en los primeros días de expedición de la Ley 80, entendió que el acto de declaratoria de caducidad conllevaba de suyo poder estimar los perjuicios para efectos de hacer efectiva la garantía, (....) . Estas mismas conclusiones son aplicables entonces a la facultad que tienen las empresas de servicios públicos domiciliarios de imponer la cláusula penal en el acto mediante el cual declaran la caducidad. (....) Ahora bien, en el recurso de apelación, las aseguradoras fundaron su postura contraria a estas conclusiones en cuatro providencias que no varían el sentido de lo señalado previamente, por los siguientes motivos: (....) La sentencia proferida en el expediente 39113 no estudió la posibilidad de que la caducidad del contrato comportara la posibilidad de hacer efectiva la cláusula penal. Únicamente analizó si, al margen de dicho acto administrativo, las entidades podían imponer las multas y hacer efectiva la cláusula penal, lo cual estaba vedado antes de la Ley 1150 de 2007. (....) El auto del 20 de abril de 2014 y la sentencia del 19 de junio de 2019 analizaron casos de entidades de derecho privado que no podían hacer uso de las cláusulas previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993: en la primera providencia, se estudió un negocio jurídico celebrado por Ecopetrol en el marco del derecho privado; en el segundo, un contrato suscrito por una empresa de servicios públicos sin la inclusión de cláusulas excepcionales (...) La sentencia del 29 de noviembre de 2019 resolvió una demanda de nulidad del Decreto 2474 de 2008, que reglamentó Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. No obstante, en esa providencia se reiteró que la caducidad, por sí misma, da lugar a imponer la cláusula penal:. Finalmente, se advierte que no es necesario estudiar los argumentos relativos a si el Decreto 1082 de 2015 resulta aplicable en el sub examine o si el acto de delegación solo comprendía la posibilidad de aplicar las “cláusulas excepcionales”. En efecto, como se explicó previamente, la Empresa de Acueducto sí contaba con competencia para expedir el acto, dado que la Ley 80 de 1993 señala que la caducidad es constitutiva del siniestro. (...) En conclusión, la Empresa de Acueducto sí tenía competencia para hacer efectiva la cláusula penal respecto del garante. Lo anterior, habida cuenta de que, con base en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, expidió un acto administrativo en el que declaró la caducidad del contrato.
NOTA DE RELATORÍA:
obre la responsabilidad extracontractual del Estado y los criterios de imputación del daño, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de octubre de 2012, exp. 05001-23-24-000-1996-00680-01(20738), C. P. Enrique Gil Botero; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 20 de noviembre de 2008, exp. 05001-23-26-000-1992-01369-01 (17031), C. P. Ruth Stella Correa Palacio. Sobre la responsabilidad extracontractual del Estado y los criterios de imputación del daño, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 20 de noviembre de 2008, exp. 25000-23-26-000-2001-02301-01 (29.857), C. P. Danilo Rojas Betancourth. Sobre la responsabilidad extracontractual del Estado y los criterios de imputación del daño, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de agosto de 2000, exp. CE-SEC3-EXP2000-N11318 (11318), C. P. Jesús María Carrillo Ballesteros; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de agosto de 2009, exp. 20001-23-31-000-1999-00639-01 (21.432), C. P. Mauricio Fajardo Gómez. obre la caducidad como la medida mas drástica contra el contratista, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de octubre de 2012, exp. 05001-23-24-000-1996-00680-01 (20.738), C. P. Enrique Gil Botero. Sobre el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 1º de diciembre de 2025, exp. 25000-23-36-000-2021-00621-01 (73.138), C. P. Fredy Hernando Ibarra Martínez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 2474 DE 2008, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 31, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 15, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 16, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 18
DECLARATORIA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CÓDIGO DE COMERCIO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DERECHO PRIVADO / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / SINIESTRO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / OCURRENCIA DEL SINIESTRO / ACTIVIDAD ASEGURADORA / ENTIDAD ASEGURADORA / OBLIGACIÓN DE GARANTÍA DE LA ASEGURADORA / OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ASEGURADORA / TASACIÓN DE PERJUICIOS
Problema jurídico:
¿Declaratoria de caducidad del contrato constituye siniestro de incumplimiento y habilita pago de la cláusula penal frente al garante conforme al artículo 18 de la Ley 80 de 1993?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a expresión del artículo 18 de la Ley 80 de 1993 recogió la postura jurisprudencial de acuerdo con la cual el acto administrativo que declaraba el siniestro era constitutivo de ese suceso, en la medida en que tenía el privilegio de la “ejecutoriedad (...) En concordancia con esta posición, en sentencia del 20 de noviembre de 2008, la Subsección B del Consejo de Estado sostuvo que, antes de la Ley 1150, las entidades solo podían hacer efectiva la garantía (lo que incluía hacer efectiva la cláusula penal pactada) a través del acto administrativo de caducidad (...) En concordancia con lo expuesto (...) ha diferenciado entre los actos constitutivos del siniestro y los declarativos. En el primer evento, que se presenta cuando se declara la caducidad del contrato, el acto es el siniestro mismo y, por ende, hace efectiva la garantía lo cual conlleva tasar el perjuicio. En el segundo evento, el acto simplemente permite demostrar la ocurrencia del siniestro, pero es preciso agotar el trámite de reclamación previsto en el Código de Comercio (...) De acuerdo con lo expuesto, en ausencia del artículo 17 de la Ley 1150 de 2011, la jurisprudencia de manera uniforme ha interpretado que la decisión de declarar la caducidad del contrato es constitutiva del siniestro de incumplimiento y, por ende, permite a la entidad cuantificar el perjuicio con miras a hacer efectiva la garantía. (...) De esta manera, el Consejo de Estado apoyó al sector de la doctrina que, en los primeros días de expedición de la Ley 80, entendió que el acto de declaratoria de caducidad conllevaba de suyo poder estimar los perjuicios para efectos de hacer efectiva la garantía (....) Estas mismas conclusiones son aplicables entonces a la facultad que tienen las empresas de servicios públicos domiciliarios de imponer la cláusula penal en el acto mediante el cual declaran la caducidad. (...) ahora bien, en el recurso de apelación, las aseguradoras fundaron su postura contraria a estas conclusiones en cuatro providencias que no varían el sentido de lo señalado previamente, por los siguientes motivos: (...) La sentencia proferida en el expediente 39113 no estudió la posibilidad de que la caducidad del contrato comportara la posibilidad de hacer efectiva la cláusula penal. Únicamente analizó si, al margen de dicho acto administrativo, las entidades podían imponer las multas y hacer efectiva la cláusula penal, lo cual estaba vedado antes de la Ley 1150 de 200769. (...) El auto del 20 de abril de 2014 y la sentencia del 19 de junio de 2019 analizaron casos de entidades de derecho privado que no podían hacer uso de las cláusulas previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993: en la primera providencia, se estudió un negocio jurídico celebrado por Ecopetrol en el marco del derecho privado segundo, un contrato suscrito por una empresa de servicios públicos sin la inclusión de cláusulas excepcionales (…) La sentencia del 29 de noviembre de 2019 resolvió una demanda de nulidad del Decreto 2474 de 2008, que reglamentó Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. No obstante, en esa providencia se reiteró que la caducidad, por sí misma, da lugar a imponer la cláusula penal (…) Finalmente, se advierte que no es necesario estudiar los argumentos relativos a si el Decreto 1082 de 2015 resulta aplicable en el sub examine o si el acto de delegación solo comprendía la posibilidad de aplicar las “cláusulas excepcionales”. En efecto, como se explicó previamente, la Empresa de Acueducto sí contaba con competencia para expedir el acto, dado que la Ley 80 de 1993 señala que la caducidad es constitutiva del siniestro. (...) En conclusión, la Empresa de Acueducto sí tenía competencia para hacer efectiva la cláusula penal respecto del garante. Lo anterior, habida cuenta de que, con base en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, expidió un acto administrativo en el que declaró la caducidad del contrato. (...) El segundo cargo de nulidad está fundado en la premisa según la cual la Empresa de Acueducto debía reducir proporcionalmente la cláusula penal en relación con el avance en la ejecución del contrato de obra. (...) La Sala destaca que está probado que las aseguradoras plantearon ese asunto en el procedimiento administrativo y la entidad denegó la petición en las Resoluciones 834 y 890 de 2021. (...) Como se puede observar, la Empresa de Acueducto asevera que hay tres argumentos para desestimar la reducción del pago de la cláusula penal en proporción al cumplimiento del contrato: primero, que hubo renuncia expresa por parte de las aseguradoras; segundo, que los perjuicios de la entidad fueron mayores; y tercero, que el contrato contenía una obligación indivisible. (...) La Sala solo estudiará el primer asunto porque, estando demostrado que hubo pacto en contra de la reducción proporcional prevista en el artículo 867 del Código de Comercio, se torna innecesario estudiar los demás argumentos que justificaban la inaplicación de dicha norma. (....) Conforme la norma anterior, el juez puede reducir equitativamente el monto de la cláusula penal cuando la obligación principal se haya cumplido en parte. (...). La jurisprudencia de esta corporación ha sostenido que puede pactarse en contra de la reducción proporcional. Así las cosas, la regulación del artículo 867 del Código de Comercio es aplicable cuando las partes no se regulen en contra de la reducción proporcional de la cláusula penal. (....) en el presente asunto, está acreditado lo siguiente: (...) Las partes pactaron la cláusula penal pecuniaria como estimación anticipada de perjuicios, sin indicar si debía reducirse proporcionalmente cuando hubiera un cumplimiento parcial de las obligaciones del contrato: (...) Igualmente, en la cláusula novena, referente a las garantías y seguros, previó en su parágrafo 3 “la asegurado (sic) debe manifestar de manera expresa, que renuncia a la aplicación de la CLÁUSULA DE PROPORCIONALIDAD” (...) Por su parte, está acreditado que la póliza de seguros 11-45-101073244 fue otorgada por Seguros del Estado S.A. en coaseguro con Zurich Colombia Seguros S.A y garantizó el “EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO” celebrado entre el consorcio contratista y la Empresa de Acueducto. (...) Así mismo, se encuentra demostrado que, en la póliza, se incluyó la nota 9, conforme con la cual “SEGUROS DEL ESTADO S.A. RENUNCIA A LA APLICACION DE LA CLAUSULA DE PROPORCIONALIDAD”80 (mayúsculas sostenidas sin tildes dentro del texto). (...) Por su parte, en las condiciones generales del contrato de seguro se estableció expresamente que la cláusula penal se reduciría en proporción con el cumplimiento contractual, (...) De acuerdo con los documentos citados, es claro que el numeral 1.1.4. de las condiciones generales del contrato de seguro establecía, en concordancia con el artículo 867 del Código de Comercio, que la cláusula penal debía rebajarse en proporción al cumplimiento de las obligaciones del contrato de obra recibidas por la Empresa de Acueducto. Sin embargo, para cumplir la previsión del parágrafo 3 de la cláusula novena del contrato de obra, en la póliza otorgada expresamente se indicó que las aseguradoras renunciaron a la “cláusula de proporcionalidad”, por lo que es claro que la Empresa de Acueducto podía hacer efectiva la totalidad del valor previsto en la cláusula penal. (...) Ahora bien, en el recurso de apelación, las aseguradoras aseveraron que la nota 9 no fue una renuncia a la reducción proporcional del pago de la cláusula penal. De hecho, indicaron que el tribunal confundió dos figuras, a saber: la “renuncia a la aplicación de la cláusula de proporcionalidad” y “la reducción proporcional del pago de la cláusula penal”. (...) La Sala no comparte la argumentación planteada por tres motivos: en primer lugar, la postura citada parte del supuesto según el cual no se pueden “dejar de aplicar las normas las normas civiles (art. 1596 CC) y comerciales (art. 867 CCo)”. No obstante, como se indicó previamente, estas admiten pacto en contrario. De hecho, ello ocurre, por ejemplo, cuando se pacta que la pena se impone ante el incumplimiento total o parcial de la obligación (...) En segundo lugar, las aseguradoras no fundamentan la fuente legal o contractual que permitiría deducir el entendimiento que le dieron a la expresión “cláusula de proporcionalidad” (...) Para la Sala, por el contrario, es claro que, una interpretación armónica del contrato de seguro permite constatar que la nota de la póliza justamente se incluyó con miras a que no se aplicara la previsión de las condiciones generales de seguros que establecía que debía reducirse la cláusula penal “PROPORCIONALMENTE EN LA PARTE QUE EL CONTRATISTA HUBIERA CUMPLIDO Y QUE EL ASEGURADO HUBIERA ACEPTADO” (...). En tercer y último lugar, que el contrato de seguro solo cubra la indemnización de perjuicios hasta el monto de la cobertura o si la reducción de la cláusula penal sería aplicable al contratista de obra son aspectos irrelevantes para determinar que si debe rebajarse proporcionalmente el monto la cláusula penal. (...) Es indudable que el artículo 1088 del Código de Comercio prevé que “los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento”. También es cierto que el artículo 1089 del mismo código señala que la “indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario”. De los artículos citados, sin embargo, no se deduce que deba realizarse una reducción de la cláusula penal, que es lo discutido en este caso (...) Adicionalmente, esas normas justamente permiten ver que, aunque el contrato de seguro es accesorio al asegurado, es autónomo de él. Al respecto, esta Subsección ha señalado que “si bien el contrato de seguro de cumplimiento está íntimamente ligado con el contrato garantizado, constituye un negocio jurídico autónomo (...). Por lo anterior, la discusión de si la reducción de la cláusula penal era aplicable al contratista de obra no es pertinente, pues se reitera que las aseguradoras expresamente renunciaron a ella. (...) En conclusión, la Sala estima que no era menester reducir la cláusula penal pues las aseguradoras expresamente renunciaron a esa posibilidad en la nota 9 de la póliza de seguros 11-45-101073244
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la caducidad como la medida mas drástica contra el contratista, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de octubre de 2012, exp. 05001-23-24-000-1996-00680-01 (20.738), C. P. Enrique Gil Botero. Sobre el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 1º de diciembre de 2025, exp. 25000-23-36-000-2021-00621-01 (73.138), C. P. Fredy Hernando Ibarra Martínez. Sobre la responsabilidad extracontractual del Estado y los criterios de imputación del daño, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de octubre de 2012, exp. 05001-23-24-000-1996-00680-01 (20.738), C. P. Enrique Gil Botero; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 20 de noviembre de 2008, exp. 05001-23-26-000-1992-01369-01 (17.031), C. P. Ruth Stella Correa Palacio; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 20 de noviembre de 2008, exp. 25000-23-26-000-2001-02301-01 (29.857), C. P. Danilo Rojas Betancourth; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de agosto de 2000, exp. CE-SEC3-EXP2000-N11318 (11.318), C. P. Jesús María Carrillo Ballesteros; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de agosto de 2009, exp. 20001-23-31-000-1999-00639-01 (21.432), C. P. Mauricio Fajardo Gómez. Sobre la caducidad como la medida más drástica contra el contratista, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de octubre de 2012, exp. 05001-23-24-000-1996-00680-01 (20.738), C. P. Enrique Gil Botero. Sobre el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 1º de diciembre de 2025, exp. 25000-23-36-000-2021-00621-01 (73.138), C. P. Fredy Hernando Ibarra Martínez.z.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1075, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1077, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1080, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 18
CADUCIDAD DEL CONTRATO / CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARATORIA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / GARANTÍAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿La declaratoria de caducidad del contrato, en cuanto acto constitutivo del siniestro de incumplimiento conforme a la Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia del Consejo de Estado, faculta a la Empresa de Acueducto para imponer la cláusula penal y hacer efectiva la garantía sin requerir habilitación adicional ni actuación distinta?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala destaca que, antes de que se profiriera el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que introdujo la facultad de declarar el incumplimiento para imponer la cláusula penal, la doctrina discutía si, en los contratos regidos por la Ley 80 de 1993, la cláusula de caducidad permitía hacer efectiva la cláusula penal pactada: algunos autores consideraban que no podía hacerse uso de la prerrogativa, otros pensaban que esa efectividad debía hacerse efectiva en la liquidación del contrato y un sector argumentaba que solo podía ejercerse de la mano con el acto que declara la caducidad del contrato. (...). Ese evento versa sobre la misma discusión que se presenta actualmente en relación con la facultad de imponer la cláusula penal, por parte de entidades que, como la Empresa de Acueducto, tienen un régimen especial contratación, sujeto al derecho privado con posibilidad de ejercer cláusulas excepcionales. Efectivamente, el supuesto de hecho es similar, teniendo en cuenta que antes del artículo 17 de la Ley 1150 no había norma que expresamente se refiera a la competencia de hacer efectiva la cláusula penal. (...) Para zanjar ese debate, entonces, la jurisprudencia armónicamente indicó que la caducidad apareja la posibilidad de hacer efectiva la cláusula penal. (...). La expresión del artículo 18 de la Ley 80 de 1993 recogió la postura jurisprudencial de acuerdo con la cual el acto administrativo que declaraba el siniestro era constitutivo de ese suceso, en la medida en que tenía el privilegio de la “ejecutoriedad”. (...) antes de la Ley 1150, las entidades solo podían hacer efectiva la garantía (...) a través del acto administrativo de caducidad. En ese sentido, las entidades únicamente podían ejercer ese poder público durante el plazo de ejecución contractual: (...) En concordancia con lo expuesto, la jurisprudencia de esta corporación ha diferenciado entre los actos constitutivos del siniestro y los declarativos. En el primer evento, que se presenta cuando se declara la caducidad del contrato, el acto es el siniestro mismo y, por ende, hace efectiva la garantía lo cual conlleva tasar el perjuicio. En el segundo evento, el acto simplemente permite demostrar la ocurrencia del siniestro, pero es preciso agotar el trámite de reclamación previsto en el Código de Comercio. (...) en ausencia del artículo 17 de la Ley 1150 de 2011, la jurisprudencia de manera uniforme ha interpretado que la decisión de declarar la caducidad del contrato es constitutiva del siniestro de incumplimiento y, por ende, permite a la entidad cuantificar el perjuicio con miras a hacer efectiva la garantía. (...). De esta manera, el Consejo de Estado apoyó al sector de la doctrina que, en los primeros días de expedición de la Ley 80, entendió que el acto de declaratoria de caducidad conllevaba de suyo poder estimar los perjuicios para efectos de hacer efectiva la garantía (...). Estas mismas conclusiones son aplicables entonces a la facultad que tienen las empresas de servicios públicos domiciliarios de imponer la cláusula penal en el acto mediante el cual declaran la caducidad. (...) Ahora bien, en el recurso de apelación, las aseguradoras fundaron su postura contraria a estas conclusiones en cuatro providencias que no varían el sentido de lo señalado previamente, por los siguientes motivos: (...). La sentencia proferida en el expediente 39113 no estudió la posibilidad de que la caducidad del contrato comportara la posibilidad de hacer efectiva la cláusula penal. Únicamente analizó si, al margen de dicho acto administrativo, las entidades podían imponer las multas y hacer efectiva la cláusula penal, lo cual estaba vedado antes de la Ley 1150 de 2007. (...) El auto del 20 de abril de 2014 y la sentencia del 19 de junio de 2019 analizaron casos de entidades de derecho privado que no podían hacer uso de las cláusulas previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993: en la primera providencia, se estudió un negocio jurídico celebrado por Ecopetrol en el marco del derecho privado; en el segundo, un contrato suscrito por una empresa de servicios públicos sin la inclusión de cláusulas excepcionales. (...) La sentencia del 29 de noviembre de 2019 resolvió una demanda de nulidad del Decreto 2474 de 2008, que reglamentó Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. No obstante, en esa providencia se reiteró que la caducidad, por sí misma, da lugar a imponer la cláusula penal: De acuerdo con lo anterior, para la Sala es claro que, en ambos casos, en el evento de que se haya pactado cláusula penal pecuniaria, dado que, como ya se explicó en otro aparte de esta providencia, la misma constituye el cálculo anticipado y definitivo de los perjuicios que sufrirá la entidad ante el incumplimiento contractual de su contratista, en caso de que se declare la caducidad del contrato o su incumplimiento, sólo habrá lugar a disponer la efectividad de la respectiva cláusula penal, cuyo pago se podrá ordenar al contratista y a su garante. (...) En efecto, como se explicó previamente, la Empresa de Acueducto sí contaba con competencia para expedir el acto, dado que la Ley 80 de 1993 señala que la caducidad es constitutiva del siniestro. (...). En conclusión, la Empresa de Acueducto sí tenía competencia para hacer efectiva la cláusula penal respecto del garante. Lo anterior, habida cuenta de que, con base en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, expidió un acto administrativo en el que declaró la caducidad del contrato.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la responsabilidad extracontractual del Estado y los criterios de imputación del daño, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de marzo de 1988, exp. CE-SEC3-EXP1988-N4913 (4913), C. P. Antonio José de Irisarri Restrepo. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 4 de noviembre de 2004, exp. 68001-23-15-000-2002-0564-01 (24.225), C. P. Ramiro Saavedra Becerra. Sobre el ejercicio del poder público por las entidades limitado al plazo de ejecución contractual y la responsabilidad extracontractual del Estado, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 20 de noviembre de 2008, exp. 05001-23-26-000-1992-01369-01 (17.031), C. P. Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 20 de noviembre de 2008, exp. 25000-23-26-000-2001-02301-01 (29.857), C. P. Danilo Rojas Betancourth. Sobre la imposición de multas, la declaratoria de incumplimiento y la improcedencia de declarar el siniestro mediante acto administrativo, así como la necesidad de formular la reclamación ante la aseguradora conforme al Código de Comercio, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de octubre de 2005, exp. 14579, C. P.; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de febrero de 2005, exp. 25765, C. P.; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 16 de julio de 2015, exp. 25000-23-26-000-1999-00405-01 (32.301), C. P. Hernán Andrade Rincón.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 18
PÓLIZA DE SEGURO / COBRO DE LA PÓLIZA DE SEGURO / EXIGIBILIDAD DE LA PÓLIZA DE SEGURO / PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / PROPORCIONALIDAD / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CONSORCIO / RESPONSABILIDAD DEL CONSORCIO / CÓDIGO DE COMERCIO / NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE SEGURO / COBERTURA DEL CONTRATO DE SEGURO / SEGURO DE DAÑOS / PERJUICIO PATRIMONIAL / NEGOCIO JURÍDICO
Problema jurídico:
¿La renuncia expresa de las aseguradoras a la cláusula de proporcionalidad en la póliza de seguro habilita a la Empresa de Acueducto para exigir el pago íntegro de la cláusula penal sin aplicar reducción proporcional por cumplimiento parcial del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l segundo cargo de nulidad está fundado en la premisa según la cual la Empresa de Acueducto debía reducir proporcionalmente la cláusula penal en relación con el avance en la ejecución del contrato de obra. (...) la Empresa de Acueducto asevera que hay tres argumentos para desestimar la reducción del pago de la cláusula penal en proporción al cumplimiento del contrato: primero, que hubo renuncia expresa por parte de las aseguradoras; segundo, que los perjuicios de la entidad fueron mayores; y tercero, que el contrato contenía una obligación indivisible. (...). La Sala solo estudiará el primer asunto porque, estando demostrado que hubo pacto en contra de la reducción proporcional prevista en el artículo 867 del Código de Comercio, se torna innecesario estudiar los demás argumentos que justificaban la inaplicación de dicha norma. (...), el juez puede reducir equitativamente el monto de la cláusula penal cuando la obligación principal se haya cumplido en parte. (...). La jurisprudencia de esta corporación ha sostenido que puede pactarse en contra de la reducción proporcional. Así las cosas, la regulación del artículo 867 del Código de Comercio es aplicable cuando las partes no se regulen en contra de la reducción proporcional de la cláusula penal. (...) en las condiciones generales del contrato de seguro se estableció expresamente que la cláusula penal se reduciría en proporción con el cumplimiento contractual (...) De acuerdo con los documentos citados, es claro que el numeral 1.1.4. de las condiciones generales del contrato de seguro establecía, en concordancia con el artículo 867 del Código de Comercio, que la cláusula penal debía rebajarse en proporción al cumplimiento de las obligaciones del contrato de obra recibidas por la Empresa de Acueducto. Sin embargo, para cumplir la previsión del parágrafo 3 de la cláusula novena del contrato de obra, en la póliza otorgada expresamente se indicó que las aseguradoras renunciaron a la “cláusula de proporcionalidad”, por lo que es claro que la Empresa de Acueducto podía hacer efectiva la totalidad del valor previsto en la cláusula penal. Ahora bien, en el recurso de apelación, las aseguradoras aseveraron que la nota 9 no fue una renuncia a la reducción proporcional del pago de la cláusula penal. De hecho, indicaron que el tribunal confundió dos figuras, a saber: la “renuncia a la aplicación de la cláusula de proporcionalidad” y “la reducción proporcional del pago de la cláusula penal (...) La Sala no comparte la argumentación planteada por tres motivos: en primer lugar, la postura citada parte del supuesto según el cual no se pueden “dejar de aplicar las normas las normas civiles (art. 1596 CC) y comerciales (art. 867 CCo)”. No obstante, como se indicó previamente, estas admiten pacto en contrario. De hecho, ello ocurre, por ejemplo, cuando se pacta que la pena se impone ante el incumplimiento total o parcial de la obligación (...) La Sala destaca que está probado que las aseguradoras plantearon ese asunto en el procedimiento administrativo y la entidad denegó la petición en las Resoluciones 834 y 890 de 2021. (....), las aseguradoras no fundamentan la fuente legal o contractual que permitiría deducir el entendimiento que le dieron a la expresión “cláusula de proporcionalidad” (...) Para la Sala, por el contrario, es claro que, una interpretación armónica del contrato de seguro permite constatar que la nota de la póliza justamente se incluyó con miras a que no se aplicara la previsión de las condiciones generales de seguros que establecía que debía reducirse la cláusula penal “PROPORCIONALMENTE EN LA PARTE QUE EL CONTRATISTA HUBIERA CUMPLIDO Y QUE EL ASEGURADO HUBIERA ACEPTADO”. (...) En tercer y último lugar, que el contrato de seguro solo cubra la indemnización de perjuicios hasta el monto de la cobertura o si la reducción de la cláusula penal sería aplicable al contratista de obra son aspectos irrelevantes para determinar que si debe rebajarse proporcionalmente el monto la cláusula penal. (...) Es indudable que el artículo 1088 del Código de Comercio prevé que “los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento”. También es cierto que el artículo 1089 del mismo código señala que la “indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario”. De los artículos citados, sin embargo, no se deduce que deba realizarse una reducción de la cláusula penal, que es lo discutido en este caso (...), esas normas justamente permiten ver que, aunque el contrato de seguro es accesorio al asegurado, es autónomo de él. Al respecto, esta Subsección ha señalado que “si bien el contrato de seguro de cumplimiento está íntimamente ligado con el contrato garantizado, constituye un negocio jurídico autónomo. Por lo anterior, la discusión de si la reducción de la cláusula penal era aplicable al contratista de obra no es pertinente, pues se reitera que las aseguradoras expresamente renunciaron a ella. (...) En conclusión, la Sala estima que no era menester reducir la cláusula penal pues las aseguradoras expresamente renunciaron a esa posibilidad en la nota 9 de la póliza de seguros 11-45-101073244.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las inhabilidades e incompatibilidades en la contratación estatal, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto del 20 de febrero de 2014, exp. 68001-23-31-000-2010-00262-01 (45.310), C. P. Ramiro Pazos Zambrano. Sobre la aplicación del derecho privado en los contratos estatales y su prevalencia frente a interpretaciones extensivas del régimen público, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 19 de junio de 2019, exp. 85001-23-31-001-2008-00076-01 (39.800), C. P. Alberto Montaña Plata. Sobre la improcedencia de hacer efectiva la cláusula penal mediante acto administrativo antes de la Ley 1150 de 2007, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 4 de noviembre de 2004, exp. 68001-23-15-000-2002-0564-01 (24.225), C. P. Ramiro Saavedra Becerra. Sobre la inaplicabilidad de la remisión al derecho común prevista en el artículo 822 del Código de Comercio cuando existe regulación especial, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de enero de 2023, exp. 15001-23-33-000-2019-00076-01 (67.430), C. P. Fredy Hernando Ibarra Martínez; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 19 de septiembre de 2025, exp. 25000-23-26-000-2012-00936-01 (69.029), C. P. Fredy Hernando Ibarra Martínez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1088, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1089, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 867
PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARATORIA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / PRUEBA / APORTE DE LA PRUEBA / CAUSALES DE NULIDAD / ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / DECISIÓN ADMINISTRATIVA / DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE AUDIENCIA O DE DEFENSA / DERECHO DE DEFENSA / DEBIDO PROCESO / DESVIRTUACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN / CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INFRACCIÓN DE NORMA SUPERIOR / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / AMPARO AL DEBIDO PROCESO / DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿La decisión de la Empresa de Acueducto de no compensar el valor de la cláusula penal con las sumas adeudadas al contratista, debido a la existencia de embargos sobre dichas acreencias y en el marco de un trámite administrativo que garantizó el derecho de defensa, vulneró normas superiores o configuró falsa motivación o violación del debido proceso?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]l último cargo de nulidad discute la decisión de la Empresa de Acueducto de no compensar el monto de la cláusula penal con las sumas adeudadas al contratista. Al respecto, el acto administrativo sostuvo lo siguiente: (…) En la Resolución 834 de 2021, la entidad consideró que procedía la compensación. No obstante, en el momento de estudiar los saldos a favor del contratista constató que sobre esas sumas pesaban embargos (…) En el recurso de reposición, las aseguradoras, en esencia, alegaron lo mismo planteado en los cargos de nulidad del acto. La Resolución 890 confirmó en su integridad la decisión anterior (…) Por una parte, se violaron las normas superiores porque el artículo 1088 del Código de Comercio y las condiciones generales del contrato de seguro obligaban a que la Empresa de Acueducto realizara la compensación. (…) El acto adolece de falsa motivación y se expidió vulnerando el debido proceso de las aseguradoras, porque nunca sometió a contradicción las pruebas que demostraban que los saldos del contratista habían sido embargados. En ese sentido, no se dio oportunidad a las aseguradoras de expresar sus opiniones, lo cual vulnera el artículo 42 del CPACA. Así, la entidad debió poner en conocimiento de las aseguradoras las pruebas de los embargos antes de adoptar la decisión administrativa, pero no lo hizo (…) La norma anterior señala que el contrato de seguros de daños es indemnizatorio y no puede constituir fuente de enriquecimiento del beneficiario, motivo por el cual las aseguradoras sostienen que procedía la compensación. (…) En ese sentido, destacan que el parágrafo segundo de la cláusula décima segunda del contrato de obra, que reguló la cláusula penal, estableció que las “sumas que por concepto de liquidación de daños relacionadas con los eventos mencionados en esta Cláusula, podrán ser compensadas de cualquier desembolso pendiente en virtud del presente Contrato a cargo de la EAB ESP”. (…) Esto es concordante con el parágrafo 2 del de la cláusula quinta de las condiciones generales del contrato de seguro que también establecieron la compensación (…) A pesar de lo anterior, es innegable que el artículo 1720 del Código Civil establece que la compensación no procede en relación con sumas embargadas (…) De acuerdo con lo expuesto, es claro que, en cumplimiento del artículo 1720 del Código Civil, la Empresa de Acueducto no podía compensar las sumas que adeudaba al contratista por cuanto estaban embargadas. (…) En lo que versa sobre el segundo cargo, no se observa la configuración de la falsa motivación ni la vulneración del derecho de audiencia de defensa. (…) En el presente caso, la falsa motivación se fundamentaría por la inexistencia del fundamento fáctico para no realizar la compensación. En particular, las aseguradoras aducen que desconocieron las pruebas que acreditan los embargos existentes. (….) La Sala destaca, sin embargo, que el artículo 88 del CPACA consagra la presunción de legalidad de los actos administrativos (…). Cabe indicar que de la anterior norma, se ha derivado que los fundamentos indicados en las decisiones administrativas también se presumen veraces. En ese sentido, quien pretende la nulidad del acto administrativo es quien debe desvirtuar si son ciertos, o no, los fundamentos fácticos expuestos en él. Por ello, esta Subsección ha señalado que “las decisiones demandadas están revestidas de presunción de legalidad y de veracidad, de modo que correspondía al demandante desvirtuarla” (…). En el asunto bajo estudio, entonces, a las aseguradoras les correspondía demostrar que los saldos a favor del contratista reconocidos en la Resolución 834 de 2021 no habían sido embargados. No obstante, las demandantes no desplegaron actividad probatoria al respecto. (…) Por su parte, el artículo 29 de la Carta Política consagra que el debido proceso aplica “a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. El legislador cuenta libertad de configuración para ponderar cómo se garantiza ese debido proceso en la regulación del trámite administrativo (…). En el presente caso, la Empresa de Acueducto aplicó el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, como se indicó previamente103 la causal de nulidad de violación del derecho de audiencia de defensa se presenta cuando hay (i) un yerro sustancial, de forma tal que de no cometerse hubiera cambiado el sentido de la decisión administrativa; y (ii) cuando se cercenan las prerrogativas fundamentales de defensa del sujeto vinculado a la actuación administrativa, lo cual ocurre, entre otros casos, cuando no se le notifica la actuación administrativa o cuando se le elimina la posibilidad de presentar descargos o allegar pruebas. (…). En el caso concreto, las aseguradoras no probaron que se presentara ninguno de los dos tipos de vicios. Por una parte, no acreditó que, de haberse dado traslado de las pruebas que acreditaban el embargo, hubiera variado la decisión de no compensar los saldos del contratista. (….). Por la otra parte, los demandantes tampoco demostraron que no se les hubiera notificado de la actuación administrativa o que se les hubiera negado la posibilidad de presentar descargos y pruebas. Todo lo contrario, en el expediente se acreditó que las aseguradoras fueron citadas a la audiencia, presentaron descargos y en desarrollo de estos aportaron pruebas. (…) En síntesis, la Sala desestima las pretensiones de la demanda porque (i) declaratoria de caducidad del contrato conlleva la posibilidad de hacer efectiva la cláusula penal en relación con el garante; (ii) no debía reducirse proporcionalmente la cláusula penal; y (iii) no se le vulneraron las garantías de audiencia y defensa de las aseguradoras en el trámite administrativo.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la posibilidad de hacer efectiva la cláusula penal antes de la Ley 1150 de 2007, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 4 de noviembre de 2004, exp. 68001-23-15-000-2002-0564-01 (24.225), C. P. Ramiro Saavedra Becerra.. Sobre la procedencia de imponer la cláusula penal por el solo acaecimiento de la caducidad, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de noviembre de 2019, exp. 11001-03-26-000-2009-00034-00 (36.600) A, C. P. María Adriana Marín. Sobre la naturaleza jurídica del contrato de seguro de cumplimiento como negocio autónomo, pero ligado al contrato garantizado, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 6 de julio de 2020, exp. 08001-23-31-000-2002-02837-02 (56.088), C. P. Alberto Montaña Plata. Sobre la posibilidad de pactar en contra de la reducción proporcional, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de enero de 2023, exp. 15001-23-33-000-2019-00076-01 (67.430), C. P. Fredy Hernando Ibarra Martínez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1088, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 867, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 88
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / LEY DE COSTAS / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas pese a lo previsto en la Ley 2080 de 2021?
Respuesta al problema jurídico: Si
Ahora bien, como el recurso de apelación no prosperó, las aseguradoras deberán ser condenadas en costas y agencias en derecho de segunda instancia, de conformidad con lo ordenado en el artículo 188 del CPACA110. Las costas serán tasadas y liquidadas en forma concentrada por el tribunal de primera instancia, de acuerdo con los artículos 365 y 366 del CGP. (...) Las aseguradoras señalan que la condena en costas de primera instancia no debió ser impuesta, por cuanto la Ley 2080 de 2021 estableció que procede solo cuando hay manifiesta carencia de fundamento en las demandas. La Sala confirmará la decisión de primera instancia porque esa lectura de la norma no es precisa.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366, LEY 2080 DE 2021