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clave: "consejo_estado:providencia:25000233600020220013101-72359-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: la Empresa de Acueducto sí tenía competencia para hacer efectiva la cláusula penal respecto del garante"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2026-04-17"
radicado: "25000233600020220013101"
numero: "72359"
ponente: "DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA"
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# Consejo de Estado: la Empresa de Acueducto sí tenía competencia para hacer efectiva la cláusula penal respecto del garante

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2026-04-17
- **Radicado:** 25000233600020220013101
- **Número interno:** 72359
- **Ponente:** DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección B)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** SEGUROS DEL ESTADO, ZURICH COLOMBIA S.A.
- **Demandado:** EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020220013101-72359-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000233600020220013101/84DB6E1EF291A76D8BE1350EDECC5D74009673B49B754C549124322CFF843FB1/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000202200131011100103

## Relevancia jurídica

Reitera la jurisprudencia.

## Problema jurídico

¿Cuenta la Empresa de Acueducto con competencia legal para imponer y hacer efectiva la cláusula penal frente al garante por medio del acto de declaratoria de caducidad del contrato con fundamento en la Ley 80 de 1993 sin requerir nuevo procedimiento?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿La declaratoria de caducidad del contrato permite hacer efectiva la cláusula penal frente a las aseguradoras, como constitutiva del siniestro de incumplimiento conforme al artículo 18 de la Ley 80…
- ¿Declaratoria de caducidad del contrato constituye siniestro de incumplimiento y habilita pago de la cláusula penal frente al garante conforme al artículo 18 de la Ley 80 de 1993?
- ¿La declaratoria de caducidad del contrato, en cuanto acto constitutivo del siniestro de incumplimiento conforme a la Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia del Consejo de Estado…

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1150 de 2011, art. 17
- Ley 1437 de 2011, art. 99 núm. 3
- Ley 1474 de 2011, art. 86

## Extracto

Esto es así, además, porque la entidad estatal debe vincular a la aseguradora dentro de la actuación administrativa previa a la expedición del acto administrativo de caducidad.… Cabe indicar que este procedimiento es aplicable pues, como se explicó previamente, la declaratoria de caducidad está precedida de la constatación por parte de la entidad estatal del “incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista”, tal como lo establece el artículo 18 de la Ley 80 de 1993.… De esta manera, no tendría un sentido útil que la norma exija vincular a la aseguradora para declarar la caducidad y, luego, la entidad deba nuevamente realizar un procedimiento judicial para poder hacer efectiva la cláusula penal con miras a hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.… . En conclusión, la Empresa de Acueducto sí tenía competencia para hacer efectiva la cláusula penal respecto del garante.

## Síntesis temática

El contratista no puede impugnar la competencia de la entidad estatal para imponer y hacer efectiva la cláusula penal frente al garante mediante el acto de declaratoria de caducidad del contrato, sin necesidad de un nuevo procedimiento, ya que la Ley 80 de 1993 y el CPACA otorgan a la entidad la facultad de declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal en el mismo acto administrativo. La entidad debe vincular a la aseguradora en el trámite previo a la adopción de la decisión de caducidad, lo que permite hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato sin requerir un procedimiento adicional. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y confirma que la declaratoria de caducidad es constitutiva del siniestro, permitiendo a la entidad cuantificar el perjuicio y hacer efectiva la garantía sin necesidad de un nuevo procedimiento judicial.

## Descriptores temáticos

COMPETENCIA, COMPETENCIA ADMINISTRATIVA, SENTENCIA, IMPOSICIÓN DE LA MULTA, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL, EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, EMPLEADO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, MULTA, DECLARATORIA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, GARANTÍA CON EL CONTRATO DE SEGURO, SINIESTRO, ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO, EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, CONFIGURACIÓN DEL SINIESTRO, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO, INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL, EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, CLÁUSULAS DEL CONTRATO, GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO, RIESGO ASEGURABLE, COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO, CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL, PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, CONTRATO DE SEGURO, ENTIDAD ASEGURADORA, CARGA PROCESAL, ACTO ADMINISTRATIVO, RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA, CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, FUNCIONES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, CADUCIDAD DEL CONTRATO, CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, CLÁUSULA EXCEPCIONAL, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, FACULTADES DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO, CÓDIGO DE COMERCIO, DERECHO PRIVADO, CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO, OCURRENCIA DEL SINIESTRO, ACTIVIDAD ASEGURADORA, OBLIGACIÓN DE GARANTÍA DE LA ASEGURADORA, OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ASEGURADORA, TASACIÓN DE PERJUICIOS, CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, CLÁUSULA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, GARANTÍAS CONTRACTUALES, PÓLIZA DE SEGURO, COBRO DE LA PÓLIZA DE SEGURO, EXIGIBILIDAD DE LA PÓLIZA DE SEGURO, PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO, PROPORCIONALIDAD, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CONSORCIO, RESPONSABILIDAD DEL CONSORCIO, NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO, COBERTURA DEL CONTRATO DE SEGURO, SEGURO DE DAÑOS, PERJUICIO PATRIMONIAL, NEGOCIO JURÍDICO, PRETENSIONES DE LA DEMANDA, PRUEBA, APORTE DE LA PRUEBA, CAUSALES DE NULIDAD, ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, DECISIÓN ADMINISTRATIVA, DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE AUDIENCIA O DE DEFENSA, DERECHO DE DEFENSA, DEBIDO PROCESO, DESVIRTUACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, FALSA MOTIVACIÓN, CONTRATO DE OBRA, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, INFRACCIÓN DE NORMA SUPERIOR, ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, AMPARO AL DEBIDO PROCESO, DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, CONDENA EN COSTAS, COSTAS PROCESALES, LEY DE COSTAS, IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES, CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA

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## Texto del documento

COMPETENCIA / COMPETENCIA ADMINISTRATIVA / SENTENCIA / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / EMPLEADO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ / MULTA / DECLARATORIA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / GARANTÍA CON EL CONTRATO DE SEGURO / SINIESTRO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONFIGURACIÓN DEL SINIESTRO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO / RIESGO ASEGURABLE / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / CONTRATO DE SEGURO / ENTIDAD ASEGURADORA / CARGA PROCESAL / ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Cuenta la Empresa de Acueducto con competencia legal para imponer y hacer efectiva la cláusula penal frente al garante por medio del acto de declaratoria de caducidad del contrato con fundamento en la Ley 80 de 1993 sin requerir nuevo procedimiento?
Respuesta al problema jurídico: Si
Por su parte, la Resolución 890 de 2021, que confirmó la Resolución 834 de 2021, también analizó la supuesta incompetencia para imponer unilateralmente el “valor de la cláusula penal”, (...) De acuerdo con lo citado, el acto administrativo invocó como fundamento para hacer efectiva unilateralmente la cláusula penal el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. La Sala desestimará la nulidad porque la normativa del Estatuto General de Contratación otorga la competencia para hacer efectivo el siniestro, lo que comprende ordenar el pago de la cláusula penal. (...). Por lo tanto, si la entidad declaró el incumplimiento previamente en el marco de la caducidad, por sustracción de materia, no podría ejercer un poder excepcional diferente para volver a declararlo. (...) En segundo lugar, el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 debe interpretarse armónicamente con el numeral 3 del artículo 99 del CPACA, que establece lo siguiente (…) Los contratos o los documentos en que constan sus garantías, junto con el acto administrativo que declara el incumplimiento o la caducidad (…). Esto es así, además, porque la entidad estatal debe vincular a la aseguradora dentro de la actuación administrativa previa a la expedición del acto administrativo de caducidad. (...) Cabe indicar que este procedimiento es aplicable pues, como se explicó previamente, la declaratoria de caducidad está precedida de la constatación por parte de la entidad estatal del “incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista”, tal como lo establece el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. (...) De esta manera, no tendría un sentido útil que la norma exija vincular a la aseguradora para declarar la caducidad y, luego, la entidad deba nuevamente realizar un procedimiento judicial para poder hacer efectiva la cláusula penal con miras a hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato. (...). Establecido lo anterior, cabe advertir que las aseguradoras recurrentes aseveraron que el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 no puede ser el fundamento de la competencia administrativa para hacer efectiva la cláusula penal, porque simplemente regula un procedimiento administrativo. La Sala destaca que el razonamiento expuesto en esta providencia no plantea que la competencia provenga de dicho artículo. Simplemente, se advierte que esta norma permite constatar que las aseguradoras deben vincularse en el trámite previo a la adopción de la decisión administrativa de caducidad. (...) En cuarto lugar, esta lectura es concordante con la jurisprudencia reiterada de esta corporación en relación con procesos en los que era aplicable el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública antes de la modificación realizada por el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. (...) La Sala destaca que, antes de que se profiriera el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que introdujo la facultad de declarar el incumplimiento para imponer la cláusula penal, la doctrina discutía si, en los contratos regidos por la Ley 80 de 1993, la cláusula de caducidad permitía hacer efectiva la cláusula penal pactada: algunos autores consideraban que no podía hacerse uso de la prerrogativa, otros pensaban que esa efectividad debía hacerse efectiva en la liquidación del contrato y un sector argumentaba que solo podía ejercerse de la mano con el acto que declara la caducidad del contrato. (...) Ese evento versa sobre la misma discusión que se presenta actualmente en relación con la facultad de imponer la cláusula penal, por parte de entidades que, como la Empresa de Acueducto, tienen un régimen especial contratación, sujeto al derecho privado con posibilidad de ejercer cláusulas excepcionales. Efectivamente, el supuesto de hecho es similar, teniendo en cuenta que antes del artículo 17 de la Ley 1150 no había norma que expresamente se refiera a la competencia de hacer efectiva la cláusula penal. (...) Para zanjar ese debate, entonces, la jurisprudencia armónicamente indicó que la caducidad apareja la posibilidad de hacer efectiva la cláusula penal así: (...) La expresión del artículo 18 de la Ley 80 de 1993 recogió la postura jurisprudencial de acuerdo con la cual el acto administrativo que declaraba el siniestro era constitutivo de ese suceso, en la medida en que tenía el privilegio de la “ejecutoriedad”. (....) En concordancia con lo expuesto, la jurisprudencia de esta corporación ha diferenciado entre los actos constitutivos del siniestro y los declarativos. En el primer evento, que se presenta cuando se declara la caducidad del contrato, el acto es el siniestro mismo y, por ende, hace efectiva la garantía lo cual conlleva tasar el perjuicio. En el segundo evento, el acto simplemente permite demostrar la ocurrencia del siniestro, pero es preciso agotar el trámite de reclamación previsto en el Código de Comercio. (...) en ausencia del artículo 17 de la Ley 1150 de 2011, la jurisprudencia de manera uniforme ha interpretado que la decisión de declarar la caducidad del contrato es constitutiva del siniestro de incumplimiento y, por ende, permite a la entidad cuantificar el perjuicio con miras a hacer efectiva la garantía. (...) De esta manera, el Consejo de Estado apoyó al sector de la doctrina que, en los primeros días de expedición de la Ley 80, entendió que el acto de declaratoria de caducidad conllevaba de suyo poder estimar los perjuicios para efectos de hacer efectiva la garantía (...) Estas mismas conclusiones son aplicables entonces a la facultad que tienen las empresas de servicios públicos domiciliarios de imponer la cláusula penal en el acto mediante el cual declaran la caducidad. (....) Ahora bien, en el recurso de apelación, las aseguradoras fundaron su postura contraria a estas conclusiones en cuatro providencias que no varían el sentido de lo señalado previamente, por los siguientes motivos: (...) La sentencia proferida en el expediente 39113 no estudió la posibilidad de que la caducidad del contrato comportara la posibilidad de hacer efectiva la cláusula penal. Únicamente analizó si, al margen de dicho acto administrativo, las entidades podían imponer las multas y hacer efectiva la cláusula penal, lo cual estaba vedado antes de la Ley 1150 de 2007. (...) El auto del 20 de abril de 2014 y la sentencia del 19 de junio de 2019 analizaron casos de entidades de derecho privado que no podían hacer uso de las cláusulas previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993: en la primera providencia, se estudió un negocio jurídico celebrado por Ecopetrol en el marco del derecho privado; en el (...) Finalmente, se advierte que no es necesario estudiar los argumentos relativos a si el Decreto 1082 de 2015 resulta aplicable en el sub examine o si el acto de delegación solo comprendía la posibilidad de aplicar las “cláusulas excepcionales”. En efecto, como se explicó previamente, la Empresa de Acueducto sí contaba con competencia para expedir el acto, dado que la Ley 80 de 1993 señala que la caducidad es constitutiva del siniestro. (...). En conclusión, la Empresa de Acueducto sí tenía competencia para hacer efectiva la cláusula penal respecto del garante. Lo anterior, habida cuenta de que, con base en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, expidió un acto administrativo en el que declaró la caducidad del contrato.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la procedencia de imponer la cláusula penal por el solo acaecimiento de la caducidad, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de noviembre de 2019, exp. 11001-03-26-000-2009-00034-00 (36.600) A, C. P. María Adriana Marín. Sobre la posibilidad de hacer efectiva la cláusula penal antes de la Ley 1150 de 2007, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 4 de noviembre de 2004, exp. 68001-23-15-000-2002-0564-01 (24.225), C. P. Ramiro Saavedra Becerra.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2011 - ARTÍCULO 17, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 99 NUMERAL 3, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 18, RESOLUCIÓN 890 DE 2021
RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ / RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ / FUNCIONES DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ / CADUCIDAD DEL CONTRATO / CADUCIDAD DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA EXCEPCIONAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO / COMISIÓN DE REGULACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / FACULTADES DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO
Problema jurídico:
¿La declaratoria de caducidad del contrato permite hacer efectiva la cláusula penal frente a las aseguradoras, como constitutiva del siniestro de incumplimiento conforme al artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y al artículo 99 del CPACA?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el presente caso, la Empresa de Acueducto unilateralmente les hizo efectiva la cláusula penal a las aseguradoras. En efecto, en el artículo cuarto de la Resolución 834 de 2021, confirmado por la Resolución 890 de 2021. (....) La parte actora argumenta que esa decisión se expidió sin competencia. (...) En la Resolución 834 de 2021, la Empresa de Acueducto estudió el argumento referente a la falta de competencia para imponer la cláusula penal (...) Por su parte, la Resolución 890 de 2021, que confirmó la Resolución 834 de 2021, también analizó la supuesta incompetencia para imponer unilateralmente el “valor de la cláusula penal”, (...) De acuerdo con lo citado, el acto administrativo invocó como fundamento para hacer efectiva unilateralmente la cláusula penal el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. La Sala desestimará la nulidad porque la normativa del Estatuto General de Contratación otorga la competencia para hacer efectivo el siniestro, lo que comprende ordenar el pago de la cláusula penal. (...) Como se indicó previamente, el inciso final del artículo 18 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública preceptúa que la “declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento”. ( ....) Las aseguradoras aseveran que esta expresión no puede ser interpretada de forma tal que otorgue la facultad de expedir actos administrativos en los que se haga efectiva unilateralmente la cláusula penal. (...) En concordancia con lo expuesto, las aseguradoras aseveran que la anterior regulación consagra un poder excepcional al derecho privado diferente de las cláusulas excepcionales reguladas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993. (....) Lo anterior, sin embargo, no es preciso, dado que la declaratoria de caducidad constituye el siniestro lo que conlleva de suyo que pueda hacerse efectiva la cláusula penal pecuniaria en relación con el garante. Esto es así por varios motivos: (...) En primer lugar, el artículo 17 de la Ley 1150 no prevé la posibilidad de imponer directamente la cláusula penal. La prerrogativa otorgada a la entidad consiste en la posibilidad de “declara

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

se dio oportunidad a las aseguradoras de expresar sus opiniones, lo cual vulnera el artículo 42 del CPACA. Así, la entidad debió poner en conocimiento de las aseguradoras las pruebas de los embargos antes de adoptar la decisión administrativa, pero no lo hizo (…) La norma anterior señala que el contrato de seguros de daños es indemnizatorio y no puede constituir fuente de enriquecimiento del beneficiario, motivo por el cual las aseguradoras sostienen que procedía la compensación. (…) En ese sentido, destacan que el parágrafo segundo de la cláusula décima segunda del contrato de obra, que reguló la cláusula penal, estableció que las “sumas que por concepto de liquidación de daños relacionadas con los eventos mencionados en esta Cláusula, podrán ser compensadas de cualquier desembolso pendiente en virtud del presente Contrato a cargo de la EAB ESP”. (…) Esto es concordante con el parágrafo 2 del de la cláusula quinta de las condiciones generales del contrato de seguro que también establecieron la compensación (…) A pesar de lo anterior, es innegable que el artículo 1720 del Código Civil establece que la compensación no procede en relación con sumas embargadas (…) De acuerdo con lo expuesto, es claro que, en cumplimiento del artículo 1720 del Código Civil, la Empresa de Acueducto no podía compensar las sumas que adeudaba al contratista por cuanto estaban embargadas. (…) En lo que versa sobre el segundo cargo, no se observa la configuración de la falsa motivación ni la vulneración del derecho de audiencia de defensa. (…) En el presente caso, la falsa motivación se fundamentaría por la inexistencia del fundamento fáctico para no realizar la compensación. En particular, las aseguradoras aducen que desconocieron las pruebas que acreditan los embargos existentes. (….) La Sala destaca, sin embargo, que el artículo 88 del CPACA consagra la presunción de legalidad de los actos administrativos (…). Cabe indicar que de la anterior norma, se ha derivado que los fundamentos indicados en las decisiones administrativas también se presumen veraces. En ese sentido, quien pretende la nulidad del acto administrativo es quien debe desvirtuar si son ciertos, o no, los fundamentos fácticos expuestos en él. Por ello, esta Subsección ha señalado que “las decisiones demandadas están revestidas de presunción de legalidad y de veracidad, de modo que correspondía al demandante desvirtuarla” (…). En el asunto bajo estudio, entonces, a las aseguradoras les correspondía demostrar que los saldos a favor del contratista reconocidos en la Resolución 834 de 2021 no habían sido embargados. No obstante, las demandantes no desplegaron actividad probatoria al respecto. (…) Por su parte, el artículo 29 de la Carta Política consagra que el debido proceso aplica “a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. El legislador cuenta libertad de configuración para ponderar cómo se garantiza ese debido proceso en la regulación del trámite administrativo (…). En el presente caso, la Empresa de Acueducto aplicó el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, como se indicó previamente103 la causal de nulidad de violación del derecho de audiencia de defensa se presenta cuando hay (i) un yerro sustancial, de forma tal que de no cometerse hubiera cambiado el sentido de la decisión administrativa; y (ii) cuando se cercenan las prerrogativas fundamentales de defensa del sujeto vinculado a la actuación administrativa, lo cual ocurre, entre otros casos, cuando no se le notifica la actuación administrativa o cuando se le elimina la posibilidad de presentar descargos o allegar pruebas. (…). En el caso concreto, las aseguradoras no probaron que se presentara ninguno de los dos tipos de vicios. Por una parte, no acreditó que, de haberse dado traslado de las pruebas que acreditaban el embargo, hubiera variado la decisión de no compensar los saldos del contratista. (….). Por la otra parte, los demandantes tampoco demostraron que no se les hubiera notificado de la actuación administrativa o que se les hubiera negado la posibilidad de presentar descargos y pruebas. Todo lo contrario, en el expediente se acreditó que las aseguradoras fueron citadas a la audiencia, presentaron descargos y en desarrollo de estos aportaron pruebas. (…) En síntesis, la Sala desestima las pretensiones de la demanda porque (i) declaratoria de caducidad del contrato conlleva la posibilidad de hacer efectiva la cláusula penal en relación con el garante; (ii) no debía reducirse proporcionalmente la cláusula penal; y (iii) no se le vulneraron las garantías de audiencia y defensa de las aseguradoras en el trámite administrativo.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la posibilidad de hacer efectiva la cláusula penal antes de la Ley 1150 de 2007, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 4 de noviembre de 2004, exp. 68001-23-15-000-2002-0564-01 (24.225), C. P. Ramiro Saavedra Becerra.. Sobre la procedencia de imponer la cláusula penal por el solo acaecimiento de la caducidad, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de noviembre de 2019, exp. 11001-03-26-000-2009-00034-00 (36.600) A, C. P. María Adriana Marín. Sobre la naturaleza jurídica del contrato de seguro de cumplimiento como negocio autónomo, pero ligado al contrato garantizado, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 6 de julio de 2020, exp. 08001-23-31-000-2002-02837-02 (56.088), C. P. Alberto Montaña Plata. Sobre la posibilidad de pactar en contra de la reducción proporcional, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de enero de 2023, exp. 15001-23-33-000-2019-00076-01 (67.430), C. P. Fredy Hernando Ibarra Martínez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1088, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 867, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 88
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / LEY DE COSTAS / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas pese a lo previsto en la Ley 2080 de 2021?
Respuesta al problema jurídico: Si
Ahora bien, como el recurso de apelación no prosperó, las aseguradoras deberán ser condenadas en costas y agencias en derecho de segunda instancia, de conformidad con lo ordenado en el artículo 188 del CPACA110. Las costas serán tasadas y liquidadas en forma concentrada por el tribunal de primera instancia, de acuerdo con los artículos 365 y 366 del CGP. (...) Las aseguradoras señalan que la condena en costas de primera instancia no debió ser impuesta, por cuanto la Ley 2080 de 2021 estableció que procede solo cuando hay manifiesta carencia de fundamento en las demandas. La Sala confirmará la decisión de primera instancia porque esa lectura de la norma no es precisa.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366, LEY 2080 DE 2021

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2026-04-17. C.P. DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA. Rad. 25000233600020220013101. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020220013101-72359-sentencia).
