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¿Los actos administrativos que declararon unilateralmente el incumplimiento y la caducidad del contrato fueron expedidos sin competencia y en consecuencia procede su nulidad, en razón a que esta facultad de la Administración fue suprimida temporalmente cuando entró en vigencia la Ley 80 de 1993 y derogó el Decreto 222 de 1983? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad de los actos administrativos que declaran unilateralmente el incumplimiento y la caducidad del contrato, cuando estos se expiden sin la competencia legal correspondiente, ya que la Ley 80 de 1993 derogó temporalmente la facultad de las entidades para declarar incumplimientos y caducidades hasta la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007. Además, la entidad pierde su competencia para declarar la caducidad una vez vencido el plazo pactado para la ejecución del contrato. Asimismo, el debido proceso debe garantizarse en todas las actuaciones administrativas, permitiendo al afectado ejercer su derecho de contradicción y defensa. Estas reglas implican que los actos administrativos que no respetan estas garantías y competencias pueden ser declarados nulos, protegiendo así los derechos del contratista en el marco de la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Para la procedencia de la declaratoria de caducidad del contrato es necesario que el plazo pactado para su ejecución esté vigente, porque de haber finalizado…¿El derecho al debido proceso debe garantizarse en las actuaciones administrativas y conlleva a que el afectado pueda ejercer su derecho de contradicción y defensa?¿Ante la ausencia de pruebas sobre el detrimento patrimonial y la falta de acreditación de los perjuicios materiales, procede la negativa de las pretensiones económicas o la condena en abstracto?
¿La imposición de la cláusula penal pecuniaria en favor de la entidad contratante como consecuencia directa e inequívoca de la declaratoria de caducidad del contrato, se encontraba sujeta al límite temporal de la ejecución del contrato estatal? Sí
El contratista no puede imponer la cláusula penal pecuniaria en favor de la entidad estatal como consecuencia directa de la declaratoria de caducidad del contrato estatal, ya que esta decisión está sujeta al límite temporal de la ejecución del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. La cláusula penal se efectiviza como resultado de la caducidad del contrato, por lo que si esta declaratoria es anulada, la efectividad de la cláusula penal también queda sin sustento. Además, el valor de la condena impuesta debe actualizarse para compensar la pérdida de su valor adquisitivo, sin que esto represente una reforma en contra del apelante, utilizando la fórmula de actualización de la condena basada en el IPC. Esta decisión reitera y refuerza la obligación de respetar los plazos contractuales y la necesidad de actualizar las condenas monetarias para mantener su valor real.síntesis automática
También resuelve:¿El valor de la condena impuesta se debe actualizar para compensar la pérdida de su valor adquisitivo, sin que ello corresponda a alguna reforma de la decisión en contra del apelante?
¿El juez de segunda instancia está facultado para pronunciarse sobre cargos que aunque no fueron alegados en la demanda, fueron objeto de pronunciamiento por el juez de primera instancia, y de sustentación del recurso de apelación? Sí
El juez de segunda instancia está facultado para pronunciarse sobre cargos que, aunque no fueron alegados en la demanda, fueron objeto de pronunciamiento por el juez de primera instancia y de sustentación en el recurso de apelación, siempre y cuando las partes no cuestionen esos puntos en el recurso de alzada. La Sala reitera que entre la vigencia de la Ley 80 de 1993 y la expedición de la Ley 1150 de 2007, la administración no tenía competencia para declarar el incumplimiento de contratos estatales, lo que implica la nulidad de actos administrativos que pretendan hacerlo. Asimismo, la Sala confirma la nulidad de la declaración de caducidad del contrato cuando esta se expide después de vencido el plazo de ejecución, pues la finalidad de la declaración de caducidad es impedir la paralización del contrato mientras este esté vigente. Estas decisiones reafirman las competencias y limitaciones de la administración en la gestión contractual y la importancia de la temporalidad en la aplicación de medidas contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la nulidad del acto administrativo que declaró el incumplimiento del contrato de suministro celebrado antes de la expedición de la Ley 1150 de 2007 y en vigencia de la Ley 80 de 1993…¿Procede la nulidad del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato por haber sido expedido cuando había vencido el plazo de ejecución?
¿El régimen jurídico que gobierna el contrato de obra celebrado entre Fonade y la unión temporal Antiguo Idema 2010, es del Estatuto General de la Administración Pública, Ley 80 de 1993? Sí
El régimen de contratación aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado de carácter financiero se rige por normas especiales que excluyen la aplicación del Estatuto General de Contratación a partir de las modificaciones legales pertinentes. El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo se sometió temporalmente al Estatuto General de Contratación bajo la vigencia del artículo 26 de la Ley 1150 de 2007. Sin embargo, dicha disposición fue derogada expresamente por la Ley 1450 de 2011, estableciendo que la contratación de entidades financieras estatales como Fonade queda exceptuada de la referida normativa pública. En consecuencia, para contratos celebrados con anterioridad a dicha modificación normativa, rigen las reglas vigentes al momento de su perfeccionamiento jurídico.síntesis automática
También resuelve:¿El ejercicio de la potestad excepcional de la caducidad solo puede ser ejercida por la administración pública mientras esté vigente el plazo general del contrato?¿La entidad estatal ejerció dentro del término legal su competencia para declarar la caducidad del contrato estatal?¿Resultaba procedente ordenar la liquidación judicial del contrato y establecer un saldo a favor del contratista, pese a la existencia de una liquidación unilateral en firme no controvertida…
¿Las Resoluciones Nos. 66 del 21 de junio y 97 del 19 de agosto, ambas de 2011, están falsamente motivadas ya que al corregirse la identificación del nombre de la aseguradora se le vulneró el debido proceso de la demandante y no se le permitió interponer recursos contra la Resolución No. 97 del 19 de agosto de 2011? Sí
El contratista no puede alegar nulidad por falsa motivación ni vulneración del debido proceso por errores en la notificación del acto administrativo, ya que estos vicios no afectan la materialidad del acto sino su ejecutoriedad, y la falta de competencia de la entidad estatal no puede ser analizada de oficio si no fue planteada en la demanda inicial. La Sala reitera que la nulidad por falsa motivación requiere que el error de hecho o derecho sea suficiente para llevar al administrado a cuestionar la decisión, y que la notificación es un acto independiente del acto administrativo que no invalida este último. Esto implica que el contratista no puede interponer recursos basados en estos vicios y que la entidad estatal debe tener competencia para expedir el acto administrativo en el momento de su expedición.síntesis automática
También resuelve:¿Es posible analizar de oficio la falta de competencia de la entidad estatal municipal para la expedición del acto administrativo que declara la caducidad del contrato?¿La indebida notificación del acto administrativo se constituye en un vicio de nulidad del acto administrativo?¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas a quien resulta vencido en el proceso o se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
¿El contratista no puede desconocer el alcance de sus propios acuerdo en virtud del principio de buena fe contractual? Sí
El contratista no puede desconocer el alcance de sus propios acuerdos en virtud del principio de buena fe contractual, ya que este principio impone a las partes el deber de actuar con rectitud, honradez, lealtad y corrección recíproca durante toda la ejecución del contrato, y prohíbe ir contra los propios actos, lo que significa que las partes deben mantener un comportamiento coherente con sus propias acciones anteriores. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y refuerza la importancia de la interpretación objetiva de la buena fe en la contratación estatal, lo que implica que el juez debe valorar lo pactado por las partes y determinar las responsabilidades que recaen sobre cada una en función de la ejecución de las obligaciones contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿La suspensión del contrato opera de forma temporal?¿La declaratoria de caducidad del contrato procede únicamente durante el término de ejecución?¿La factura o su equivalente es la prueba idónea del pago de honorarios de quienes ejercen profesiones liberales?
¿Frente a la declaratoria de desierto del recurso de apelación, procede automáticamente el grado jurisdiccional de la consulta? Sí
El contratista puede recurrir al grado jurisdiccional de consulta ante la declaratoria de desierto del recurso de apelación, procediendo automáticamente este grado cuando la entidad no sustenta adecuadamente su apelación, conforme al artículo 184 del Código Contencioso Administrativo vigente en 1998. La entidad estatal tiene potestades excepcionales como interpretar, modificar y terminar unilateralmente el contrato, así como declarar su caducidad ante el incumplimiento del contratista, siempre que esta facultad se ejerza durante el plazo de ejecución del contrato y no en la etapa de liquidación. Además, el incumplimiento del plazo de ejecución del contrato implica que el contratista entra en mora y puede ser demandado por el incumplimiento contractual, permitiendo la aplicación de las normas del derecho común como fundamento de la responsabilidad estatal ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.síntesis automática
También resuelve:¿Cuáles son las potestades excepcionales o cláusulas exorbitantes de la Administración en materia contractual?¿Cuál es la etapa pertinente para declarar la caducidad del contrato, bien dentro de su ejecución o bien dentro de su liquidación?¿Cuál es el término de ejecución del contrato y cuáles son sus implicaciones al incumplirse?
¿Se configuró la causal de impedimento frente a uno de los consejeros de la Sección Tercera, de haber intervenido como apoderado de la contraparte en procesos judiciales anteriores? Sí
El contratista no puede solicitar la prórroga automática del contrato de concesión porque esta fue pactada como una alternativa subordinada al cumplimiento de requisitos específicos establecidos en el Acuerdo 41 de 1993, que no fue aportado al expediente. Además, la entidad estatal no incurrió en falta de jurisdicción al conocer del caso, ya que la renuncia tácita a la cláusula compromisoria se produjo antes de la jurisprudencia que exige una renuncia expresa. Por último, se acepta el impedimento del consejero de la Sección Tercera por haber actuado como apoderado de la contraparte en procesos judiciales anteriores, lo que configura la causal prevista en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso. Estas decisiones reafirman las reglas sobre la interpretación de cláusulas contractuales, la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa y las causales de impedimento de los funcionarios judiciales.síntesis automática
También resuelve:¿Ante la procedencia de la renuncia tácita a la cláusula compromisoria, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo guarda competencia para conocer de la presente acción contractual ejercida…¿La prórroga automática fue pactada en el contrato como una alternativa sometida a la voluntad de las partes y al cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo 41 de 1993?¿Ante la dificultad para determinar el monto de los perjuicios materiales sufridos por la parte actora por cuenta de la inhabilidad sobreviniente consecuencia de la declaratoria de caducidad del…
¿Procede la nulidad parcial del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato y lo liquidó unilateralmente, en cuanto ordenó hacer efectivo el amparo de anticipo a cargo de la aseguradora sin que se hubiera acreditado un uso o apropiación indebida? Sí
La garantía de anticipo cubre el uso o la apropiación indebida del anticipo, pero no la no amortización de este, de modo que la entidad no puede hacer efectivo el amparo de anticipo por ese último concepto. La regla se apoya en el alcance del amparo que el reglamento vigente para la época de los hechos exigía en las garantías únicas de cumplimiento, según el Decreto 679 de 1994. Por ello, la devolución de la parte no amortizada del anticipo, ordenada en la liquidación unilateral, no permite cobrar el amparo a la aseguradora si no se acreditó un uso indebido. En el asunto, la entidad ordenó hacer efectivo el amparo de anticipo al declarar la caducidad, sin acreditar uso o apropiación indebida, por lo que la Sala anuló parcialmente los actos demandados en esa parte. En la práctica, el amparo de anticipo exige probar el uso indebido y no basta con el saldo no amortizado del anticipo.síntesis automática
También resuelve:¿En el pliego de condiciones se previó la inclusión de cláusulas excepcionales, por ser obligatorias en contratos suscritos por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de…¿EPM estaba facultado para declarar la caducidad del contrato, debido a que en el pliego de condiciones se reguló la inclusión de cláusulas excepcionales en los que se otorgaba esa potestad a la…¿La declaratoria de caducidad del contrato administrativo estuvo motivada en el incumplimiento por parte del contratista que dio lugar a la suspensión de la ejecución de las obras?
¿Si los hechos que originan la reclamación son atribuidos a una conducta antijurídica de la parte contraria, por transgresión de lo pactado en el acuerdo de voluntades, el asunto debe tratarse bajo la óptica de la responsabilidad contractual, por incumplimiento, y no como el restablecimiento del equilibrio contractual? Sí
El contratista no puede basar su reclamación en el artículo 5.1 de la Ley 80 de 1993 para solicitar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato cuando los hechos que originan la controversia son atribuidos a una conducta antijurídica de la parte contraria, ya que el incumplimiento contractual y el desequilibrio económico del contrato requieren un tratamiento distinto en cuanto a sus causas y efectos jurídicos. La Sala confirma que si los hechos reclamados son consecuencia de una transgresión del acuerdo de voluntades, el asunto debe ser abordado bajo la óptica de la responsabilidad contractual por incumplimiento, matizando precedentes anteriores que podrían haber permitido una interpretación más amplia del artículo en cuestión. Esto implica que las partes deben apegarse a las reglas específicas de responsabilidad contractual para resolver controversias relacionadas con incumplimientos.síntesis automática
También resuelve:¿Esta Corporación tiene competencia para conocer del recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal, en el marco del medio de control de controversias contractuales…¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de la oportunidad prevista por la ley?¿Las partes se encuentran legitimadas en la causa por activa y por pasiva, por ser las entidades que suscribieron el contrato objeto de la controversia?
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para decidir las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para decidir las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas, como lo establece el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998. En este caso, el Ministerio de Transporte, como entidad pública, ostenta competencia para conocer del asunto. La Sala también tiene competencia para conocer de esta controversia en segunda instancia, ya que las pretensiones de contenido económico superan los 500 S.M.L.M.V., lo que implica un proceso de doble instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente la acción de controversias contractuales para controvertir la legalidad de la declaración de caducidad del contrato, su liquidación unilateral y la declaración del siniestro?¿La sentencia de primer grado desconoció lo consignado en el artículo 302 del Código de Procedimiento Civil por cuanto resultó desfavorable para ambos extremos procesales?¿La falta de contestación de la corrección de la demanda releva a la parte de su carga de probar los hechos en los cuales funda sus pretensiones ?
Sentencia — Sentencia2023-04-24Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 11001032600020230000700LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El laudo arbitral objeto de recurso le son atribuibles los vicios referidos en el artículo 41, numerales 2, 7, 8 y 9 de la Ley 1563 de 2012, es decir, si el laudo debe ser anulado por haberse proferido sin competencia de los árbitros; contener decisiones no proferidas en derecho sino en conciencia, y que ese vicio sea manifiesto en el laudo; adolecer de errores aritméticos y violar el principio de congruencia por no haber resuelto sobre cuestiones sujetas al arbitramento, en específico, excepciones y alegaciones de la entidad estatal convocada? Sí
El tribunal de arbitramento designado que profiere un laudo judicial para liquidar un contrato estatal carece absolutamente y de manera total de competencia para reconocer reclamaciones económicas cuyos fundamentos fácticos y jurídicos ya fueron materia de debate principal en un proceso arbitral anterior en el cual se declaró formalmente la extinción de los efectos del pacto arbitral, incurriendo de esta manera en la causal específica de anulación prevista en el numeral segundo del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 al resolver pretensiones sobre las cuales operó de manera evidente la manifiesta pérdida de competencia de los respectivos árbitros habilitados, afectando de forma directa, grave y definitiva la validez jurídica de la decisión adoptada.síntesis automática
También resuelve:¿ Hay falta de competencia para examinar pretensiones formuladas en el arbitramento, en el que cesaron los efectos del pacto arbitral por no pago de honorarios?¿Hay falta de competencia del tribunal de arbitramento para resolver sobre materias ya decididas en acto administrativo de declaratoria de caducidad del contrato?¿Cuáles son los presupuestos que determinan la competencia de la jurisdicción para resolver el recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral?
¿El acta de recibo final de obra es un elemento excluyente de responsabilidad contractual del contratista en aquellos eventos en los que posteriormente se adviertan vicios ocultos o defectos constructivos? No
El acta de recibo final de obra no exime al contratista de su responsabilidad por vicios ocultos o defectos constructivos que puedan surgir posteriormente, ya que esta acta solo certifica la conformidad externa de la obra con el plan acordado y las normas técnicas aplicables, conforme al artículo 2060 numeral 4 del Código Civil y la remisión normativa del artículo 13 de la Ley 80 de 1993. La liquidación del contrato, que sigue posteriormente, es un acto jurídico complejo que permite una revisión exhaustiva de todos los aspectos del contrato, incluyendo la calidad de los materiales y el cumplimiento de plazos, lo que puede revelar incumplimientos no detectados en el acta de recibo. En el caso concreto, la acta de recibo final dejó constancia explícita de que no eximía al contratista ni a la interventoría de sus obligaciones y responsabilidades contractuales, reiterando que la entrega formal de la obra no implica una declaración definitiva sobre el cumplimiento total de las obligaciones del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Pueden surgir en la liquidación situaciones de incumplimiento no detectadas en el acta de recibo?¿El acta de recibo final de obra exime al contratista o a la interventoría de sus obligaciones y responsabilidades?¿El principio de buena fe contractual impone a las partes de una relación negocial el deber de actuar con rectitud, honradez, lealtad y coherencia con sus actos previos…
¿Se acreditó una afectación grave y directa de la ejecución del contrato de concesión suscrito para la prestación del servicio de salud, que diera lugar a la declaratoria de su caducidad por incumplimiento del concesionario? Sí
En el contrato de concesión de servicios de salud, la caducidad por incumplimiento del concesionario procede cuando se acredita una afectación grave y directa de la ejecución del contrato. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el concesionario asumió la prestación, operación y gestión total del servicio público, y estaba obligado a prestar los servicios de conformidad con la normatividad vigente, de modo que su incumplimiento grave compromete el objeto del contrato. Segunda, la afectación de la ejecución debe ser directa y de entidad suficiente para justificar la declaratoria, y no basta una dificultad transitoria. En el caso, la providencia confirma la declaratoria de caducidad porque la ejecución del contrato resultó gravemente afectada por el incumplimiento del concesionario. La providencia resalta que la afectación debe ser directa frente a la ejecución del contrato. En la práctica, la entidad que declare la caducidad debe documentar la afectación grave y directa de la prestación del servicio, pues esa prueba sustenta la decisión.síntesis automática
También resuelve:¿La cuantía es un factor para determinar la competencia en lo contencioso administrativo?¿El medio de control procedente para controvertir la legalidad del acto contractual que declara la caducidad contrato, es el de controversias contractuales?¿La legitimación en la causa por activa recae sobre las sociedades que integran la unión temporal, por ser las afectadas con la declaratoria de caducidad del contrato?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, sobre asuntos derivados de contratos de concesión mineros? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los asuntos derivados de contratos de concesión minera cuando el acto proferido en su ejecución emana de una agencia estatal de naturaleza especial, conforme al artículo 104 del CPACA. La regla se apoya en que esa agencia tiene carácter público y en que el artículo 293 de la Ley 685 de 2001 asigna el conocimiento de los asuntos derivados de estos contratos a la jurisdicción. Con base en ello, el Consejo de Estado resuelve en segunda instancia la apelación contra la sentencia del tribunal, conforme al artículo 150 del CPACA. En el caso, la resolución de la agencia minera se dictó en la ejecución de un contrato de concesión, y la sentencia de primera instancia se confirma. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, las resoluciones de la agencia minera dictadas en la ejecución de un contrato de concesión son controlables ante la jurisdicción contencioso administrativa, y su apelación corresponde a esta Corporación.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es procedente para solicitar la anulación del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato de concesión?¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la notificación del acto administrativo que declaró la caducidad del contrato de concesión…¿La Resolución No. VSC-001068 del 10 de octubre de 2017, proferida por la Agencia Nacional de Minería, adolece de una falta de competencia temporal, por el hecho de que, en su criterio…
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de apelación en segunda instancia en casos de controversias contractuales por su cuantía, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y la Ley 446 de 1998, y también por la naturaleza de la controversia que involucra a entidades públicas, según el artículo 82 del mismo código. Además, una sociedad extranjera que suscribe un contrato estatal a través de su sucursal en Colombia, aunque esta carezca de personería jurídica, tiene legitimación en la causa por activa, siempre y cuando se acredite la representación legal de la matriz, como lo establece el artículo 87 del CCA y el artículo 471 del Código de Comercio. En cuanto al cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales, este debe iniciarse el día siguiente al vencimiento del plazo para la liquidación del contrato cuando esta no se ha realizado, tal como lo dispone el artículo 136 del CCA y la Ley 446 de 1998, lo que implica que la acción es oportuna si se presenta dentro del plazo de dos años desde esa fecha.síntesis automática
También resuelve:¿Tiene legitimación en la causa por activa la sociedad extranjera que suscribe un contrato estatal mediante su sucursal en Colombia, siendo esta última carente de personería jurídica?¿Debe contarse el término de caducidad de la acción de controversias contractuales desde el día siguiente al vencimiento del plazo para la liquidación del contrato cuando esta no se ha realizado?¿El Departamento de Bolívar vulneró el debido proceso del contratista en el procedimiento que derivó en la sanción impuesta?
Sentencia — Sentencia2021-12-07Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 11001032600020210019100LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene jurisdicción y competencia para resolver el recurso extraordinario de anulación cuando se trata de recursos de anulación de laudos arbitrales originados en asuntos en los que intervenga una entidad pública? Sí
El contratista puede interponer un recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral cuando intervenga una entidad pública en el contrato, conforme a la Ley 1563 de 2012, que otorga al Consejo de Estado competencia en única instancia para resolver estos recursos. La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene jurisdicción para conocer de estos recursos siempre y cuando se cumplan los requisitos de procedibilidad establecidos en la normativa arbitral, como la interposición de recursos judiciales contra el auto que asume competencia y la presentación del recurso dentro del plazo legal. Este recurso tiene como finalidad controvertir el laudo por errores in procedendo, no por errores in iudicando, lo que limita la revisión del fondo del asunto. La regla reitera la competencia del Consejo de Estado en estos casos y establece los límites de la revisión judicial del laudo arbitral.síntesis automática
También resuelve:¿Es competente el Consejo de Estado en única instancia por tratarse de un recurso contra laudo arbitral proferido en virtud de una controversia contractual entre una entidad pública y una unión…¿La interposición de recursos judiciales contra el auto que asume competencia es un requisito de procedibilidad del recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral frente a la causal 2 de…¿A través del recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral pueden cuestionarse errores in iudicando?
¿El derecho vigente al momento de la expedición del acto administrativo es el parámetro con el que se debe evaluar la legalidad, por ello el precedente señalado por el juez a quo, referente a que la oportunidad para decretar la caducidad del contrato estatal se agota con el vencimiento del plazo de ejecución, como parámetro de concreción del contenido y alcance del artículo 18 de la Ley 80 de 1993 era el vigente al momento en que la administración resolvió declarar la caducidad del contrato? Sí
El contratista puede cuestionar la legalidad de un acto administrativo que declare la caducidad de un contrato estatal si este se expidió bajo una interpretación del artículo 18 de la Ley 80 de 1993 que ya había sido superada por la jurisprudencia vigente al momento de su expedición. La Sala establece que la oportunidad para decretar la caducidad del contrato estatal se extiende durante toda la vigencia del contrato, incluida la etapa de liquidación, y no se agota con el vencimiento del plazo de ejecución, como sostuvo un precedente judicial citado por la administración. Este precedente no constituye un parámetro adecuado para evaluar la legalidad del acto administrativo en cuestión, ya que su ratio decidendi no abordó el límite temporal de la competencia para declarar la caducidad. La regla reitera la jurisprudencia pacífica de la Sala, garantizando el derecho de igualdad y los principios de legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima.síntesis automática
También resuelve:¿En garantía del derecho de igualdad ante la ley, así como de los principios de legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima…¿El límite temporal para hacer uso de la facultad de declarar la caducidad del contrato, viene dado por los supuestos materiales que la ley ha dispuesto para su ejercicio, en tanto…
¿Cuenta la Empresa de Acueducto con competencia legal para imponer y hacer efectiva la cláusula penal frente al garante por medio del acto de declaratoria de caducidad del contrato con fundamento en la Ley 80 de 1993 sin requerir nuevo procedimiento? Sí
El contratista no puede impugnar la competencia de la entidad estatal para imponer y hacer efectiva la cláusula penal frente al garante mediante el acto de declaratoria de caducidad del contrato, sin necesidad de un nuevo procedimiento, ya que la Ley 80 de 1993 y el CPACA otorgan a la entidad la facultad de declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal en el mismo acto administrativo. La entidad debe vincular a la aseguradora en el trámite previo a la adopción de la decisión de caducidad, lo que permite hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato sin requerir un procedimiento adicional. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y confirma que la declaratoria de caducidad es constitutiva del siniestro, permitiendo a la entidad cuantificar el perjuicio y hacer efectiva la garantía sin necesidad de un nuevo procedimiento judicial.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria de caducidad del contrato permite hacer efectiva la cláusula penal frente a las aseguradoras, como constitutiva del siniestro de incumplimiento conforme al artículo 18 de la Ley 80…¿Declaratoria de caducidad del contrato constituye siniestro de incumplimiento y habilita pago de la cláusula penal frente al garante conforme al artículo 18 de la Ley 80 de 1993?¿La declaratoria de caducidad del contrato, en cuanto acto constitutivo del siniestro de incumplimiento conforme a la Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia del Consejo de Estado…
¿Para determinar la procedencia de las facultades excepcionales era necesario, como primera medida, tener claro la tipología del contrato celebrado? Sí
Me aparto de la decisión mayoritaria porque en ella se pasó por alto la naturaleza y la razón de ser del pacto y del ejercicio de las facultades excepcionales en cabeza de la entidad demandada, en un contrato regido, en principio, por el derecho común. Para determinar la procedencia de las facultades excepcionales era necesario, como primera medida, tener claro el tipo contractual que se celebró. Las exigencias normativas del artículo 31 de la Ley 142 de 1994 y de la Resolución 1 de 18 de mayo de 1995, expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, obligaban a determinar la tipología contractual, la cual no podía sobrentenderse.
También resuelve:¿El origen de las cláusulas excepcionales en el contrato de prestación de servicios públicos domiciliarios, es la necesaria continuidad en la prestación del servicio?
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