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DECISIÓN ADMINISTRATIVA

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Consejo de Estado Providencia

No es procedente controvertir el monto de las agencias en derecho a través de la corrección de la sentencia.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de corrección de providencias 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 73001233300020120017001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿No es procedente controvertir el monto de las agencias en derecho a través de la corrección de la sentencia? Sí
La Sala encuentra que la solicitud de la parte demandante no encuadra en los supuestos de corrección de sentencia, por lo que se negará. El artículo 286 del CGP establece que la corrección de las providencias procede cuando se haya incurrido en error puramente aritmético, omisión, cambio o alteración de palabras siempre que estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella. La solicitud de corrección de sentencia no es la oportunidad procesal para debatir asuntos de fondo. La procedibilidad o no de la condena en costas y agencias en derecho, no es un argumento llamado a prosperar por cuanto es un aspecto propio del fallo de segunda instancia, la cual no es susceptible de controvertirse a través de recursos ordinarios.
También resuelve: ¿La omisión en la información atribuible a la parte solicitante no es una causal para la corrección de la providencia?
NO CORRIGE
Consejo de Estado Providencia

La decisión administrativa emitida dentro del proceso de cobro coactivo, no constituye una condena judicial o una conciliación cuyo reembolso pueda ser pretendido mediante la acción de repetición.

Sentencia — Sentencia 2023-07-14 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 15001233100020060140601 ACCION DE REPETICION
¿La decisión administrativa emitida dentro del proceso de cobro coactivo, no constituye una condena judicial o una conciliación cuyo reembolso pueda ser pretendido mediante la acción de repetición? Sí
La decisión que adopta la administración dentro de un proceso de cobro coactivo no constituye una condena judicial ni una conciliación, por lo que no puede ser objeto de reembolso mediante la acción de repetición. La regla se justifica en que el mandamiento de pago es un acto administrativo que genera efectos jurídicos y contiene una obligación de pago clara, expresa y exigible, expedida como manifestación de la autotutela administrativa. Además, la acción de repetición presupone que la entidad haya pagado una condena impuesta por la jurisdicción o una conciliación que ponga fin a un daño antijurídico causado por agentes del Estado, presupuestos que no se cumplen con un acto de cobro. En el caso, la entidad demandante buscó recuperar aportes, intereses, gastos de representación e impuesto al valor agregado pagados por una obligación del cobro coactivo, y la Sala confirmó la negativa de las pretensiones. En la práctica, esos pagos no pueden recuperarse por esta vía.síntesis automática
También resuelve: ¿El Instituto de Seguros Sociales puede acudir a la jurisdicción coactiva para hacer efectivos los créditos contenidos en títulos ejecutivos generados por sus dependencias del nivel nacional? ¿El procedimiento de jurisdicción coactiva es mixto, esto es, administrativo mientras esté a cargo de funcionarios administrativos y jurisdiccional en los eventos en que la Ley obliga a remitir las… ¿Se cumplió el requisito objetivo de procedencia de la acción de repetición, consistente en la existencia de una condena judicial, conciliación u otra forma alternativa de terminación de conflictos?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No se configuró la causal de anulación de 2012 de decisión infra petita

Sentencia — Sentencia 2022-11-28 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 11001032600020220011800 RECURSO DE ANULACION LAUDO ARBITRAL
¿Se configuró la causal de anulación prevista en el numeral 9.° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 de decisión infra petita? No
El contratista no puede configurar la causal de anulación prevista en el numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 por decisión infra petita, ya que el Tribunal de Arbitraje resolvió las pretensiones expresamente solicitadas en la demanda y no omitió pronunciarse sobre ellas. El laudo arbitral, basado en la valoración de las pruebas y la aplicación de las normas pertinentes, resolvió adecuadamente las pretensiones de la demanda, sin variar la causa petendi ni realizar una nueva valoración de las pretensiones. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y confirma que el Tribunal de Arbitraje debe pronunciarse sobre lo solicitado en la demanda para evitar la configuración de la causal de anulación por decisión infra petita.síntesis automática
También resuelve: ¿El Tribunal de Arbitramento se pronunció acerca de lo expresamente solicitado en las pretensiones? ¿El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC violó el derecho al debido proceso de la empresa certificadora, comoquiera que no motivó su decisión? ¿El Panel Arbitral desde un primer momento estimó que a título indemnizatorio, únicamente habría lugar a reconocer el lucro cesante?
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

DirecTV cumplió todas las obligaciones a su cargo objeto del acuerdo de pago

Sentencia — Sentencia 2025-09-19 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020160122302 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La obligación de devolución pactada en el acuerdo de pago suscrito entre la CNTV y Galaxy, condicionada a una eventual decisión judicial o administrativa favorable a Galaxy y/o Sky, resulta exigible ante el acaecimiento de dicha condición suspensiva? Sí
El contratista puede establecer una obligación condicional en un acuerdo de pago con la entidad estatal, siempre y cuando dicha condición no contravenga la Constitución, la ley, el orden público y los principios de la buena administración. En este caso, la Sala determinó que la cláusula novena del acuerdo de pago, que establece la devolución de sumas de dinero en caso de una decisión judicial o administrativa favorable al contratista, es válida y eficaz, pues no transgrede los límites de la autonomía privada de la entidad estatal y cumple con los requisitos del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Esta decisión reitera la posibilidad de que las entidades estatales celebren contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y el cumplimiento de los fines estatales, siempre y cuando se respeten los principios y finalidades del ordenamiento jurídico aplicable.síntesis automática
También resuelve: ¿La cláusula novena del acuerdo de pago celebrado entre la CNTV y DirecTV resulta válida y eficaz en el marco del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? ¿Es el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) responsable del cumplimiento de la obligación condicional pactada en la cláusula novena del acuerdo de pago suscrito… ¿Se entiende cumplida la condición suspensiva establecida en la cláusula novena del acuerdo de pago del 14 de diciembre de 2005…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Tampoco es suficiente dicho argumento para desvirtuar la cuantificación de los perjuicios del acto demandado

Sentencia — Sentencia 2024-02-05 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000232600020090087102 ACCION CONTRACTUAL
¿El proceso de contratación directa para la construcción de las obras resulta suficiente para desvirtuar la existencia de los perjuicios sufridos por la entidad contratante? No
La existencia del perjuicio por la entrega deficiente del objeto de un contrato de consultoría no se desvirtúa con argumentos sobre el proceso de contratación directa posterior, sino con prueba de que el producto cumplía las exigencias contractuales de calidad. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la frustración del objeto pactado en la consultoría fue determinante, y el argumento sobre la contratación directa no acredita que los productos satisficieran la necesidad contratada. Segunda, la cuantificación del perjuicio se fundó en la efectividad del amparo de calidad por el valor asegurado, y esa cuantificación no fue desvirtuada por la parte actora. Tercera, conforme a la carga de la prueba, quien alega el cumplimiento de la calidad debía demostrarlo. La providencia revoca la decisión de primera instancia y mantiene la cuantificación del acto. La consecuencia práctica es que el contratista que pretende desvirtuar la indemnización por calidad deficiente debe probar la calidad del producto y no basta con la existencia de otro proceso de contratación.síntesis automática
También resuelve: ¿Los productos resultantes de la consultoría satisficieron la necesidad para la cual fueron contratados? ¿El dictamen pericial carece de la fuerza probatoria necesaria para desvirtuar los hechos que le dieron sustento al acto administrativo demandado? ¿La declaratoria del siniestro trató de ocultar la negligencia en adelantar la construcción de la obra?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

¿Cuenta la Empresa de Acueducto con competencia legal para imponer y hacer efectiva la cláusula penal frente al garante por medio del acto de declaratoria de caducidad del contrato con fundamento en la Ley 80 de 1993 sin requerir nuevo procedimiento?

Sentencia — Sentencia 2026-04-17 Sección Tercera (Subsección B) DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA Rad. 25000233600020220013101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuenta la Empresa de Acueducto con competencia legal para imponer y hacer efectiva la cláusula penal frente al garante por medio del acto de declaratoria de caducidad del contrato con fundamento en la Ley 80 de 1993 sin requerir nuevo procedimiento? Sí
El contratista no puede impugnar la competencia de la entidad estatal para imponer y hacer efectiva la cláusula penal frente al garante mediante el acto de declaratoria de caducidad del contrato, sin necesidad de un nuevo procedimiento, ya que la Ley 80 de 1993 y el CPACA otorgan a la entidad la facultad de declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal en el mismo acto administrativo. La entidad debe vincular a la aseguradora en el trámite previo a la adopción de la decisión de caducidad, lo que permite hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato sin requerir un procedimiento adicional. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y confirma que la declaratoria de caducidad es constitutiva del siniestro, permitiendo a la entidad cuantificar el perjuicio y hacer efectiva la garantía sin necesidad de un nuevo procedimiento judicial.síntesis automática
También resuelve: ¿La declaratoria de caducidad del contrato permite hacer efectiva la cláusula penal frente a las aseguradoras, como constitutiva del siniestro de incumplimiento conforme al artículo 18 de la Ley 80… ¿Declaratoria de caducidad del contrato constituye siniestro de incumplimiento y habilita pago de la cláusula penal frente al garante conforme al artículo 18 de la Ley 80 de 1993? ¿La declaratoria de caducidad del contrato, en cuanto acto constitutivo del siniestro de incumplimiento conforme a la Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia del Consejo de Estado…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: Aclaración voto

Aclaración voto — Aclaración de voto 2022-09-14 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 88001233300020120006103 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El debido proceso que debe garantizarse se refiere al deber de notificar el acto, sin perjuicio del ejercicio de contradicción y defensa previo? Sí
Aún haciendo abstracción de la referida regulación especial, los artículos 141 y 282 del Decreto-ley 01 de 1984 imponían de manera general el deber de la administración de vincular a los interesados a las actuaciones administrativas… , de modo que la decisión solo podía ser adoptada previa posibilidad de que los interesados pudieran ejercer su derecho de contradicción, según lo dispuesto en el artículo 35 ibidem. Considero que la regla contenida en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, según la cual “el acaecimiento del siniestro que amparan las garantías será comunicado por la entidad pública al respectivo asegurador mediante la notificación del acto administrativo que así lo declare”, no puede entenderse como derogatoria del debido proceso que debe garantizarse en el curso de la actuación, únicamente se refiere al deber de notificar el acto, sin perjuicio del ejercicio de contradicción y defensa previo.
También resuelve: ¿El debido proceso es aplicable a toda actuación administrativa, incluida la de declaratoria del siniestro contractual?
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: Aclaración voto

Aclaración voto — Aclaración de voto 2024-04-12 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 05001233300020230030801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las medidas cautelares con las que cuenta el juez de lo contencioso administrativo se limita a la lista taxativa de la norma? No
Considero que el argumento [que resolvió negar las medidas cautelares solicitadas] es equivocado… . Desconoce una interpretación sistemática que permite concluir que las medidas cautelares en la Ley 1437 de 2011 no son taxativas. Una interpretación que incluya la revisión de los artículos 103, 229 y 230 del CPACA, permite entender que las medidas cautelares con las que cuenta el juez de lo contencioso administrativo no se limita a la lista taxativa que propone el artículo 230 del CPACA. Incluso, debe tenerse en cuenta: 1) que así lo han entendido diferentes decisiones de esta Corporación y 2) que esa interpretación se acompasa con el querer del legislador que buscaba darle herramientas al juez de lo contencioso administrativo para lograr la efectividad de los derechos.
También resuelve: ¿La decisión mayoritaria no explicó por qué las medidas cautelares pedidas no eran de aquellas previstas en los numerales 4 y 5 del artículo 230 del CPACA? ¿El argumento para negar las medidas cautelares era porque no reunieron los requisitos previstos en el artículo 231 del CPACA para su decreto?
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: no se estaba en presencia del ejercicio de una función administrativa y frente a un procedimiento de esa naturaleza

Aclaración voto — Aclaración de voto 2024-01-15 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 05001233300020130051101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se estaba en presencia del ejercicio de una función administrativa y frente a un procedimiento de esa naturaleza? No
Dado el régimen jurídico aplicable al contrato, en este caso no se estaba en presencia del ejercicio de función administrativa y, por lo mismo, tampoco frente a un procedimiento de esa naturaleza, sino a uno convencional que no puede equipararse a aquél, pues se rige exclusivamente, por lo acordado por las partes en ejercicio de la autonomía de su voluntad y del ejercicio de las facultades convencionalmente concedidas por una parte a otra. El análisis debió basarse en lo que estipularon las partes de cara a las condiciones y trámites que debían cumplirse para que la entidad pública pudiera declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal pactada, so pena de desconocer las estipulaciones contractuales que la habilitaban para ello, sin calificar ni equiparar el procedimiento a uno sancionatorio administrativo.
También resuelve: ¿Correspondía determinar si la entidad pública demandada había ejercido, en los términos estipulados en el contrato, la facultad de declarar el incumplimiento del contratista y de hacer efectiva la… ¿Pese a la improcedencia de estudiar las resoluciones demandadas como si se tratara de verdaderos actos administrativos, ello no impedía que se analizaran según su verdadera naturaleza y alcance como…