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Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Providencia
En cuanto a la pretensión de liquidación judicial del contrato se declarará probada la ex-cepción de pleito pendiente
Sentencia — Sentencia
2026-05-13
SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección C)
JOSE ELVER MUÑOZ BARRERA
Rad. 25000233600020220004500
ACCION CONTRACTUAL
¿Debe ordenarse la devolución de los valores descontados al contratista por con-cepto de descuentos? ¿Se acreditaron los elementos necesarios para que se entienda configurado el des-equilibrio económico del contrato? En caso de que se haya configurado el desequi-librio económico, ¿qué monto debe reconocerse al contratista? ¿Debe liquidarse judicialmente el contrato de obra No. 1-01-25400-1477 de 2019, celebrado entre las partes demandante y demandada? No
El contratista no obtiene la devolución de los valores descontados ni la liquidación judicial del contrato si no acredita que la cláusula de descuentos es ineficaz o que los descuentos fueron arbitrarios e injustificados, y si no demuestra la configuración del desequilibrio económico del contrato; en este caso, la entidad estatal probó que el contratista incumplió con 60 de los 61 hitos del contrato y que el cronograma incumplido fue elaborado por el contratista mismo. Además, la Sala declara probada la excepción de pleito pendiente, ya que un proceso de controversias contractuales en curso busca declarar el incumplimiento del contratista, condenarlo a reintegrar el anticipo y pagar descuentos e indemnizaciones, y liquidar judicialmente el contrato, lo que implica que la liquidación del contrato en cuestión se resolverá en ese proceso.síntesis automática
Consejo de Estado
Providencia
Deben analizarse las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios bajo las reglas del derecho privado, al no tener naturaleza de actos administrativos las actuaciones precontractuales adelantadas por entidades sometidas al régimen contractual previsto en la Ley 142 de 1994.
Sentencia — Sentencia
2026-04-17
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 25000233600020200029801
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Deben analizarse las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios bajo las reglas del derecho privado, al no tener naturaleza de actos administrativos las actuaciones precontractuales adelantadas por entidades sometidas al régimen contractual previsto en la Ley 142 de 1994? Sí
Las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios se rigen por el derecho privado, conforme a los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, y deben resolverse con fundamento en el artículo 90 de la Constitución y en las normas del Código de Comercio y del Código Civil. La regla se sostiene en tres razones: el objeto de la entidad contratante es la prestación de servicios públicos domiciliarios, lo que determina el régimen de sus procesos de selección; la ausencia de naturaleza de acto administrativo de las actuaciones precontractuales no impide que la jurisdicción conozca de la controversia, pues el medio de control de controversias contractuales se mantiene; y las pretensiones de incumplimiento y de liquidación judicial del contrato se deciden con las normas civiles y comerciales aplicables. Por ello, la controversia se analiza con esas normas y no con el Estatuto General de Contratación. La providencia modifica la decisión de primera instancia en los términos de esta regla.síntesis automática
También resuelve:
¿Logró la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. demostrar que las dificultades presentadas durante la ejecución contractual obedecieron a circunstancias imprevisibles y ajenas a su…
¿Procede el reconocimiento del desequilibrio económico del contrato solicitado con fundamento en las dificultades de ejecución derivadas de la falta de información sobre intervenciones de otras…
¿Procede el reconocimiento y pago de los denominados intereses negativos solicitados por la EAAB E.S.P. respecto de los recursos administrados mediante patrimonio autónomo…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El objeto del litigio es determinar la legalidad de un acto de adjudicación a partir de la motivación fáctica y jurídica del mismo
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas
2024-12-03
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 25000233600020190081601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los testimonios solicitados por la entidad demandanda son pertinentes para determinar la legalidad de un acto de adjudicación? No
El contratista no puede solicitar testimonios adicionales para determinar la legalidad de un acto de adjudicación, ya que estos medios de prueba son impertinentes y vulneran el debido proceso al intentar agregar explicaciones que no están consignadas en el acto administrativo cuestionado. La entidad estatal es competente para expedir actos administrativos que gozan de presunción de certeza y legalidad, y el particular demandante debe demostrar que dichos actos están falsamente motivados o que violan disposiciones legales, sin que la administración pueda solicitar pruebas adicionales para fundamentar el acto administrativo. Esta regla reitera la importancia de controvertir el acto administrativo con las consideraciones jurídicas y fácticas ya establecidas, evitando la presentación de pruebas que busquen modificar o ampliar la motivación del acto original, lo que implica que los testimonios solicitados por la entidad demandada no son pertinentes en el proceso judicial.síntesis automática
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2025-07-01
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020210058201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La suscripción sin reservas del acta de recibo final y del acta de liquidación del contrato impedía exigir al consultor su responsabilidad patrimonial por los perjuicios causados por los defectos del diseño? No
El contratista no queda eximido de su responsabilidad patrimonial por los perjuicios causados por defectos en el diseño, ni de la garantía de calidad, simplemente por suscribir sin reservas el acta de recibo final y la acta de liquidación del contrato, ya que estas no impiden exigir el cumplimiento de obligaciones subsistentes después de la liquidación contractual. La Sala considera que la suscripción sin reservas de dichos documentos no elimina la obligación del contratista de corregir, completar o aclarar los diseños entregados cuando se detecten errores o discrepancias durante la ejecución de las obras, lo que implica que la garantía de calidad es una obligación postcontractual exigible con posterioridad a la entrega de los diseños y la liquidación del contrato. Esta decisión modifica la jurisprudencia existente, reforzando la responsabilidad del contratista incluso después de la liquidación del contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿La carga de sustentación del recurso de apelación que corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la llana indicación de disenso frente a la providencia recurrida?
¿El recurso de apelación está debidamente sustentado y procede el estudio de los reparos formulados en contra de la sentencia impugnada?
¿El contrato celebrado por el consultor con la EAAB, está sometido al Estatuto General de Contratación de Administración Pública?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
No se probó que la conducta de los servidores públicos fue realizada con culpa grave
Sentencia — Sentencia
2024-06-17
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000233600020130057701
LEY 1437 REPETICION
¿Se probó que la conducta de los servidores públicos fue realizada con culpa grave? No
La entidad pública interpone el medio de control de repetición contra agentes estatales buscando el reembolso de condenas judiciales derivadas de controversias contractuales, estando obligada la parte demandante a probar plenamente los presupuestos de la responsabilidad subjetiva y la existencia de una conducta realizada con culpa grave o dolo. Para la configuración de la responsabilidad del servidor público no bastan afirmaciones genéricas en la demanda ni la simple ilegalidad de un acto administrativo, requiriéndose la demostración probatoria de que la actuación del agente constituyó una violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho o se apartó de las finalidades del Estado, sin que pueda imputarse responsabilidad a sociedades consultoras cuyos diseños no fueron los insumos aplicados en la ejecución de la obra por decisiones unilaterales de la entidad.síntesis automática
También resuelve:
¿La entidad demandante probó que los demandados procedieron de manera dolosa o gravemente culposa?
¿Está probado que los diseños elaborados por la firma consultora hayan determinado la inclusión de un túnel?
¿La entidad aduce de los servidores demandados el conocimiento de la irregularidad en que incurrían y el comportamiento omisivo?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
¿Cuenta la Empresa de Acueducto con competencia legal para imponer y hacer efectiva la cláusula penal frente al garante por medio del acto de declaratoria de caducidad del contrato con fundamento en la Ley 80 de 1993 sin requerir nuevo procedimiento?
Sentencia — Sentencia
2026-04-17
Sección Tercera (Subsección B)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Rad. 25000233600020220013101
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuenta la Empresa de Acueducto con competencia legal para imponer y hacer efectiva la cláusula penal frente al garante por medio del acto de declaratoria de caducidad del contrato con fundamento en la Ley 80 de 1993 sin requerir nuevo procedimiento? Sí
El contratista no puede impugnar la competencia de la entidad estatal para imponer y hacer efectiva la cláusula penal frente al garante mediante el acto de declaratoria de caducidad del contrato, sin necesidad de un nuevo procedimiento, ya que la Ley 80 de 1993 y el CPACA otorgan a la entidad la facultad de declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal en el mismo acto administrativo. La entidad debe vincular a la aseguradora en el trámite previo a la adopción de la decisión de caducidad, lo que permite hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato sin requerir un procedimiento adicional. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y confirma que la declaratoria de caducidad es constitutiva del siniestro, permitiendo a la entidad cuantificar el perjuicio y hacer efectiva la garantía sin necesidad de un nuevo procedimiento judicial.síntesis automática
También resuelve:
¿La declaratoria de caducidad del contrato permite hacer efectiva la cláusula penal frente a las aseguradoras, como constitutiva del siniestro de incumplimiento conforme al artículo 18 de la Ley 80…
¿Declaratoria de caducidad del contrato constituye siniestro de incumplimiento y habilita pago de la cláusula penal frente al garante conforme al artículo 18 de la Ley 80 de 1993?
¿La declaratoria de caducidad del contrato, en cuanto acto constitutivo del siniestro de incumplimiento conforme a la Ley 80 de 1993 y la jurisprudencia del Consejo de Estado…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Contratación estatal: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2024-01-24
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020170015101
LEY 1437 REPETICION
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las demandas de repetición, que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, exservidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas? Sí
El medio de control de repetición procede contra el servidor, exservidor o particular que cumple una función pública cuando, con conducta dolosa o gravemente culposa, dio lugar a un reconocimiento indemnizatorio del Estado proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, y que el Consejo de Estado conoce de su apelación cuando la cuantía supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, los artículos 142 del CPACA y 7 de la Ley 678 de 2001 adscriben el debate a la jurisdicción contencioso administrativa, con la finalidad de obtener el reembolso. Segunda, el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 del CPACA atribuyen a la sala la segunda instancia cuando la cuantía supera el umbral legal. Tercera, la acción tiene naturaleza patrimonial y se fundamenta en el artículo 2 de la Ley 678 de 2001, en concordancia con el artículo 90 de la Constitución Política. La providencia revoca la decisión de primera instancia en lo que corresponde. La consecuencia práctica es que la apelación de sentencias de repetición que superan el umbral legal corresponde al Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve:
¿El medio de control de repetición resulta procedente para ejercerse en contra del servidor, exservidor público o particular investido de una función pública que haya dado lugar…
¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de repetición en el caso sub examine, considerando que, en virtud de las reglas de la aplicación de la Ley en el tiempo…
¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado, resulta aplicable al presente proceso de repetición la Ley 678 de 2001?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Es competente la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado para conocer del recurso
Sentencia — Sentencia
2021-12-07
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 11001032600020210000300
LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Es competente la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado para conocer del recurso de anulación y revisión de laudos arbitrales en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas? Sí
Le asiste competencia a la Sala para conocer del recurso extraordinario de anulación conforme al artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 que dispone: “Cuando se trate de recurso de anulación y revisión de laudos arbitrales en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, será competente la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado”.
También resuelve:
¿Para la configuración de la causal de anulación de fallo en conciencia la decisión adoptada debió ser proferida con total desapego del ordenamiento jurídico y en ausencia total de razones legales o…
¿Son las partes en ejercicio de su autonomía, quienes renuncian a acudir al aparato jurisdiccional estatal y deciden que la solución de sus controversias se haga en el marco de este mecanismo…
¿La procedencia del recurso extraordinario de anulación está supeditado a la existencia de errores in procedendo?
Consejo de Estado
Providencia
Las controversias derivadas del incumplimiento de los convenios interadministrativos pueden ser resueltas judicialmente a través del medio de control de controversias contractuales.
Sentencia — Sentencia
2025-02-21
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020190027001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las controversias derivadas del incumplimiento de los convenios interadministrativos pueden ser resueltas judicialmente a través del medio de control de controversias contractuales? Sí
El contratista puede resolver judicialmente controversias derivadas del incumplimiento de convenios interadministrativos a través del medio de control de controversias contractuales, ya que estos acuerdos se consideran contratos que generan derechos y obligaciones vinculantes entre entidades públicas, permitiendo la exigibilidad de las obligaciones y la posibilidad de indemnización por daños. La ausencia de una reglamentación específica para estos convenios implica que su regulación se basa en la autonomía de la voluntad y en los principios generales del derecho contractual, incluyendo la buena fe y la normatividad de los contratos, lo que permite determinar el alcance de las obligaciones y resolver conflictos derivados de su naturaleza. Los convenios interadministrativos se caracterizan por su finalidad de cooperación entre entidades públicas sin ánimo de lucro, su naturaleza atípica y su desarrollo en un plano de igualdad entre las partes, lo que implica que deben cumplirse en consonancia con la finalidad perseguida por el legislador al concebir estos instrumentos.síntesis automática
También resuelve:
¿La ausencia de una reglamentación específica para los convenios interadministrativos implica que su regulación debe basarse en la autonomía de la voluntad y en los principios generales del derecho…
¿Los convenios interadministrativos se caracterizan por su finalidad de cooperación entre entidades públicas sin ánimo de lucro…
¿El rasgo "causa" de los convenios interadministrativos explicita los principios constitucionales de coordinación y colaboración administrativa y el cumplimiento de los deberes positivos de conducta…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El contratista tenía el derecho de aportar y controvertir pruebas
Sentencia — Sentencia
2026-01-30
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 25000232600020110049101
ACCION CONTRACTUAL
¿Se debía otorgar un término suficiente para que el contratista pudiera revisar las pruebas en su contra, analizar las imputaciones que sustentaban la actuación, determinar las pruebas que presentaría para desvirtuar el incumplimiento atribuido y preparar sus descargos? Sí
El contratista debe recibir un término suficiente para revisar las pruebas en su contra, analizar las imputaciones, determinar las pruebas que presentará y preparar sus descargos, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que garantiza el debido proceso en actuaciones sancionatorias. La entidad debe formular un requerimiento previo indicando los hechos que constituyen un incumplimiento contractual, y otorgar un plazo razonable para que el contratista pueda preparar adecuadamente sus descargos. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, reiterando que el acta de terminación del contrato no puede considerarse como el requerimiento previo exigido para garantizar el debido proceso, ya que no contiene una formulación expresa de los hechos que configuran el incumplimiento ni las consecuencias jurídicas derivadas de este. Esto implica que las entidades deben cumplir con estas formalidades para evitar la nulidad de los actos administrativos sancionatorios.síntesis automática
También resuelve:
¿El acta de terminación del contrato no puede considerarse como el requerimiento previo exigido para la garantía del debido proceso…
¿El término concedido por el IDU para que el contratista rindiera sus descargos, así como la decisión de no ampliarlo, afectaron el derecho a la defensa en el procedimiento sancionatorio?
¿Todas las declaraciones de voluntad de una entidad estatal emitidas en la ejecución de un contrato sometido al EGCAP se califican como actos administrativos?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
La responsabilidad contractual exige la demostración de incumplimiento culpable y daño en los negocios del Estado.
Aclaración voto — Aclaración de voto
2025-03-18
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020190027001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El hecho de que no siempre la concreción de un riesgo propio del proyecto objeto del convenio interadministrativo conduce a la responsabilidad de la parte a cuyo cargo estaba la ejecución de la respectiva obligación es una caracteristica distintiva de este tipo de negocios respecto los demas contratos estatales? No
El incumplimiento de una obligación contractual por parte de un contratante exige la concurrencia de un comportamiento culpable y la producción de un daño para generar responsabilidad. Aunque en los convenios interadministrativos se analizan los negocios jurídicos bajo un prisma particular, la exigencia de un incumplimiento culpable y un daño aplica en toda controversia contractual relativa a la inejecución de obligaciones pactadas, sin constituir un aspecto exclusivo de dichos convenios frente a los demás contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:
¿Es posible considerar cumplida una obligación contractual en proyectos de vivienda de interés social cuando no se demuestra de manera clara la aprobación integral de los diseños técnicos exigidos ni…
¿Puede estimarse alcanzado el fin público de un convenio interadministrativo cuando los recursos asignados a un proyecto cancelado se redistribuyen a otros distintos sin la aprobación expresa de una…