Titulación de la relatoría 31.525 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
SENTENCIA CONDENATORIA / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / EFECTOS DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / POTESTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO / FACULTAD SANCIONATORIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EXPLOTACIÓN DE LA MINA
Problema jurídico:
¿En el marco de un contrato de concesión minera, cuándo procede la imposición de multa por incumplimiento contractual en la etapa de explotación?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e concluye que, en tanto la decisión impositiva de la multa, como aquella que al resolver el recurso de reposición la confirmó, se expidieron el 20 de junio de 2016 y el 23 de diciembre de 2016, respectivamente, se colige que fueron expedidas en el transcurso de la etapa de explotación. Despejado este panorama, se evidencia que, a los cinco años de haber iniciado la etapa de explotación, mediante Resolución 00606 del 20 de junio de 2016, la Agencia Nacional de Minería impuso multa al concesionario Pedro Eduardo García Realpe, equivalente a 155 SMLMV, con base en la omisión en el cumplimiento de varias obligaciones contractuales, (…) El Decreto 2222 de 1993, vigente para la época de celebración del contrato FAD-111 y cuya aplicación resultaba obligatoria en la medida en que constituía el reglamento de higiene y seguridad en las labores mineras a cielo abierto, en su artículo 13 establece que el explotador está obligado a elaborar y mantener actualizados los planos y registros de los avances y frentes de explotación de acuerdo con el desarrollo de la mina. Por su parte, el artículo 14 indica que los registros de los avances y frentes de explotación se refieren principalmente al diseño que incluye secuencia y cronología de actividades, diseño y control de estabilidad de taludes, ubicación de botaderos, almacenamiento de capa vegetal, estériles y mineral, control de aguas, vías de acceso, y de una manera general, la naturaleza e importancia de las variaciones topográficas que se ejecuten en el área de la mina. Igualmente prescribe esa norma que los planos deben actualizarse por lo menos dos veces por año al final de cada semestre. Así pues, si bien el cumplimiento de la obligación de actualizar los planos de actividades mineras estaba sujeto al transcurso de intervalos semestrales, lo cierto es que su acatamiento se debía extender durante toda la etapa de explotación. De lo evidenciado en precedencia la Sala advierte que, contrario a lo señalado por el apelante, cuando se profirieron los actos administrativos sancionatorios, tras agotarse el plazo previsto para las dos primeras etapas, -exploración, construcción y montaje- la fase contractual en la que por razón del transcurso del plazo se hallaba era la de explotación, la cual inició en junio de 2011. Cuestión diferente es que materialmente no se estuvieran adelantando actividades propias de esa etapa, debido a la conducta de abandono que el concesionario observó frente a su ejecución y al incumplimiento de las obligaciones contraídas. (…) No se observa en este proceso que el contrato hubiera sido objeto de suspensión, de tal suerte que la inactividad carecía de justificación jurídica válida que facultara al demandante a apartarse del cumplimiento de lo pactado en los términos acordados, y menos que, por el hecho de no hacerlo, la entidad debiera abstenerse de ejercer su función fiscalizadora sobre el cabal cumplimiento de lo convenido. Se suma a lo anotado, las obligaciones desatendidas que se concretaron en la ausencia de la señalización informativa y preventiva de los frentes de área de explotación del título, en no subsanar las falencias referidas a seguridad en higiene minera y seguridad industrial, no contar con brigada de emergencia y no presentar con planos actualizados de labores de explotación minera resultaban exigibles durante la etapa de explotación, tal cual se sustentó en los actos administrativos impugnados, por manera que no se le estaba requiriendo por cuenta de esas decisiones el incumplimiento de obligaciones atinentes a etapas ya fenecidas. Lo dicho basta para desestimar el tercer cargo de la apelación, habida cuenta de que existió mérito fáctico y jurídico suficiente para apoyar la imposición de la multa que se impugna y, por tanto, no se configuró la alegada falsa motivación.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 2222 DE 1993
CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / FACULTAD DE IMPOSICIÓN DE MULTA DE LA ENTIDAD ESTATAL
Problema jurídico:
¿Cuáles son los parámetros para la imposición y tasación de la multa por incumplimiento contractual en el contrato de concesión minera?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e recuerda que el artículo 111 de la Ley 1450 de 2011, norma erradamente aplicada por la entidad, establece que las multas previstas en el artículo 115 de la Ley 685 de 2001 se incrementarán hasta en mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cada vez y para cada caso de infracción de las obligaciones contractuales. De conformidad con ese tope, la Agencia procedió a tasar la multa impuesta en la suma equivalente a 125 SMLMV, es decir, el 12,5% del límite máximo. A su turno, el artículo 115 de la Ley 685 de 2001 y la cláusula décima quinta del contrato FAD-111 señalan que podrían imponerse al concesionario multas sucesivas de hasta treinta (30) salarios mínimos mensuales, cada vez y para cada caso de infracción de las obligaciones emanadas del contrato. En ese orden, con el propósito de tasar el monto de la multa que habrá de imponerse en contra del demandante, se calculará el 12,5% del tope máximo de 30 salarios mínimos mensuales previsto en las disposiciones aplicables, de lo cual se obtiene una suma equivalente a 3.75 salarios mínimos mensuales, que será el valor a que se condene a pagar al concesionario por concepto de multa.
FUENTE FORMAL:
LEY 1450 DE 2011 - ARTÍCULO 111, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 115
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / AGENCIA NACIONAL MINERA / ENTIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA / EXPLORACIÓN DE LA MINA / EXPLOTACIÓN DE MINERALES
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuál es la competencia para la resolver los conflictos por la nulidad del acto administrativo contractual de imposición de multa por incumplimiento contractual de contrato de concesión minera?
Respuesta al problema jurídico: Si
Se tiene presente que el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), vigente a partir del 2 de julio de 2012, prescribe que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se encuentra instituida para conocer, “además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, (…) en los que estén involucradas las entidades públicas”. En esta oportunidad se encuentran en controversia circunstancias atinentes a la nulidad de las resoluciones por las cuales la Agencia Nacional de Minería impuso multa al concesionario Pedro Eduardo García Realpe, en el marco del contrato de concesión minera No. FAD-111. Así las cosas, la Agencia Nacional de Minería, al ser una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la rama ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, ostenta la naturaleza de entidad pública, por lo que, con sujeción a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 104 del CPACA, esta jurisdicción es competente para conocer del presente asunto. En razón a que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 293 de la Ley 685 de 2001: “De las acciones referentes a los contratos de concesión que tengan por objeto la exploración y explotación de minas, conocerán, en primera instancia, los tribunales administrativos con jurisdicción en el lugar de su celebración”, al haber sido proferida la sentencia que se impugna en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, compete a esta Corporación asumir el conocimiento del asunto en segunda instancia. En consonancia con lo anterior, se advierte que de conformidad con lo dispuesto Artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 615
CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cómo es el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando se discuta la nulidad del acto administrativo contractual de imposición de multa por incumplimiento contractual de contrato de concesión?
Respuesta al problema jurídico: Si
Para establecer la oportunidad de la interposición de la demanda, la Sala atenderá a la regla prescrita en el literal j) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, de conformidad con la cual: “En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento”. (…) Así pues, el punto inicial del término de caducidad ha de situarse en el 9 de febrero de 2017, por lo que los dos años de caducidad habrían de cumplirse el 9 de febrero de 2019. En este punto es imperativo señalar que el 6 de abril de 2017, faltando un año, diez meses y tres días para fenecer el plazo, la parte actora presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Judicial 125 para Asuntos Administrativos, trámite que culminó el 18 de mayo de 2017, tras expedirse la constancia en la cual se daba cuenta de que la audiencia se declaró fallida por ausencia de ánimo conciliatorio. A partir del día siguiente se reanudó el plazo de un año, diez meses y tres días restantes para completar los dos años de la caducidad, los cuales vencían el 21 de marzo de 2019. Como consecuencia, al haberse interpuesto la demanda el 30 de mayo de 2017, la Sala concluye que la acción se ejerció dentro del término legalmente establecido.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164
CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / CONCEPTO DE MULTA / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuál es la naturaleza y el alcance de la multa en el contrato estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
En consideración a que el presente asunto versa sobre la nulidad de una decisión impositiva de una multa en el marco de la ejecución de un contrato de concesión, la Sala considera pertinente realizar algunas reflexiones sobre la naturaleza y alcance de esta figura. Cabe precisar que los ordenamientos civil y comercial no ofrecen una definición específica de la multa. De cara a lo dicho, tanto la doctrina como la jurisprudencia han coincidido en extraer sus elementos de la regulación que disciplina la cláusula penal y cuya distinción de aquella se prescribe por las finalidades que ambas comportan, según la intención de las partes. De conformidad con el artículo 1592 del Código Civil, “La cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal”. Para la Corte Suprema de Justicia, la cláusula penal es “simplemente el avalúo anticipado hecho por las partes contratantes de perjuicios que pueden resultar por la inejecución de una obligación, su ejecución defectuosa o el retardo en el cumplimiento de la misma…”. La facultad legal que habilita a las partes para convenir la consecuencia que se desprende de la indebida conducta contractual y dirigida a garantizar el cumplimiento de la prestación pactada, procede indistintamente en el evento de inejecución, en cuyo caso la pena adquiere un carácter compensatorio o resarcitorio, o de ejecución tardía, evento en el cual su condición será moratoria. (…) Como se aprecia, en la redacción de la cláusula su finalidad fue la de fungir como una multa, bajo la comprensión de que su propósito no se dirigió a tasar anticipadamente perjuicios, sino como un mecanismo de apremio, de acuerdo con el alcance jurisprudencial otorgado a este tipo de estipulaciones previsto para conminar al contratista y así asegurar el cumplimiento del contrato.
FUENTE FORMAL:
LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1592
CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / FACULTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO / COMPETENCIA PARA LA EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN SANCIONATORIA / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / COMPETENCIA TEMPORAL / FALTA DE COMPETENCIA TEMPORAL / NORMA SANCIONATORIA / TÉRMINO CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / MULTA EN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO / MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos para la imposición de multas en la ejecución del contrato estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala considera necesario realizar las siguientes precisiones en relación con la aplicación del artículo 52 del CPACA, en el marco de la imposición de multas en desarrollo de la actividad contractual del Estado. En primer lugar, es importante poner de presente que la caducidad de la potestad sancionadora del Estado se encuentra regulada en el CPACA, en el acápite específico destinado a trazar las reglas que habrán de seguirse en los procedimientos administrativos sancionatorios que no tengan una legislación especial o no se hallen cobijados por el Código Único Disciplinario. En atención a ese marco normativo, cabe anotar que la caducidad de la potestad sancionadora prevista en el artículo 52 del CPACA, entendida como el límite temporal dispuesto para instrumentar el ius puniendi por parte de la administración, resultará aplicable en cuanto se trate del desarrollo de prerrogativas sancionadoras adoptadas en ejercicio de función administrativa habilitada expresamente por el legislador en los ámbitos específicamente autorizados por el ordenamiento jurídico. Lo anterior no puede confundirse ni hacerse extensivo a la facultad de imponer multas mediante actos administrativos en desarrollo de la ejecución de un contrato del Estado, con apoyo en las siguientes consideraciones: De entrada, se precisa que fue el mismo CPACA el que, en su artículo 47, reconoció la sustantividad de que goza la legislación sancionadora en materia de contratación estatal, al establecer en el parágrafo 1) del artículo 47 que “las actuaciones administrativas contractuales sancionatorias, incluyendo los recursos, se regirán por lo dispuesto en las normas especiales sobre la materia”. En materia de contratación estatal, la doctrina ha sostenido que el objeto primordial de las multas, como expresión del poder de control y dirección del Estado en la ejecución del negocio “es actuar en forma compulsiva sobre este [el contratista] para constreñirlo al más exacto cumplimiento de sus obligaciones”. A su turno, el Consejo de Estado, ha destacado que la multa “se define como aquella sanción pecuniaria de la cual puede hacer uso la administración (…) con el objeto de constreñir o apremiar al contratista al cumplimiento de sus obligaciones, una que vez se verifique el acaecimiento de incumplimientos parciales en vigencia del plazo contractual”. En resumen, el origen e implementación de esta herramienta, desde la perspectiva contractual, se correlaciona y encuentra justificación en los eventos en los que una de las partes incurre en incumplimiento de las obligaciones contraídas, al paso que su activación surge como consecuencia de una previsión anticipada y libremente acordada por los contratantes sobre los efectos que pueden extraerse de dicha inobservancia y que, por regla general, conlleva al pago de una suma preestablecida, sin que con esto el incumplido se releve de satisfacer la prestación debida; lo que busca es precisamente inducir a su acatamiento. El pacto sobre la multa encuentra su apoyo en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes presente desde luego en el ámbito de la contratación estatal. En virtud de este postulado, los extremos del negocio están llamados a definir cuál será el efecto y alcance del incumplimiento de las partes de un contrato, bien sea para fungir como apremio o conminación para conducir al moroso a que honre su compromiso, o como mecanismo indemnizatorio, finalidades que, se reitera, habrán de examinarse a la luz de los términos convencionales en que explícitamente se encuentre estipulada la multa.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 47, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 52, LEY 734 DE 2002
CARÁCTER TEMPORAL DE LA POTESTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO / LÍMITES DE LA POTESTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO / TÉRMINO CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / OBLIGACIONES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / OBLIGACIONES DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / IMPOSICIÓN DE LA MULTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuál es el límite temporal para imponer la multa como sanción por incumplimiento contractual?
Respuesta al problema jurídico: Si
[C]onviene agregar que el límite temporal para aplicar la sanción pecuniaria habrá de ser el acordado en el contrato, por manera que al no definirse uno, como ocurrió en el caso concreto según se desprende del texto contractual, la sanción podría ser impuesta en tanto persistiera el incumplimiento y el plazo contractual se hallara vigente, tal y como aconteció en el sublite.
MULTA EN EL CONTRATO ESTATAL / MULTA EN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO / APLICACIÓN DE LA NORMA PROCESAL / NORMA SANCIONATORIA / CONFLICTO DE LEYES / APLICACIÓN DE LA NORMA / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / NORMATIVIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / REGULACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los parámetros para determinar la ley aplicable al contrato estatal cuando hay conflicto de normas?
Respuesta al problema jurídico: Si
Sea lo primero indicar que el caso supone el enfrentamiento entre una regla general de hermenéutica sobre aplicación de las leyes y una norma positiva contenida en el Código de Minas. En efecto, el conflicto se presenta entre la regla general , contemplada en Ley 153 de 1887 , que desarrolla la máxima según la cual a todo contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración , -enunciado que, a su turno, contiene la prohibición general del efecto retroactivo de la ley a situaciones acaecidas al amparo del marco contractual preexistente- y una norma positiva en materia minera contenida en la Ley 685 de 2001 que reproduce el mismo criterio de interpretación para el caso específico del contrato de concesión, pero que, como se verá, establece un régimen exceptivo diferente. Si bien ambas guardan identidad respecto del supuesto sobre el cual recaen, dado que, tanto en la Ley 685 de 2001 como en la Ley 153 de 1887 se regulan aspectos relacionados con la regla de aplicación a los contratos de las leyes vigentes al tiempo de su celebración, la oposición entre una y otra se centra en el régimen exceptivo a la observancia de ese criterio de temporalidad. Al respecto se observa que el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 estableció una premisa general, según la cual en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración y, a renglón seguido, la misma norma introdujo la excepción de que la infracción será castigada con arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido. Así pues, la exégesis del artículo 38 de la Ley 153 de 1887 dicta que los contratos celebrados bajo la vigencia de una norma quedarán sometidos a su imperio hasta su extinción, al margen de que en el curso de su ejecución se expida una nueva ley tendiente a regular materias que impactan la relación contractual preexistente. Igualmente, prescribe la presencia de dos excepciones, entre ellas, la aplicación de las normas que señalan penas para el caso de incumplimiento de lo convenido, conducta que se sancionará con apego a la ley vigente al tiempo en que se hubiere cometido la infracción. Por su parte, el artículo 46 de la Ley 685 de 2001 -actual Código de Minas- mantuvo una estructura similar, en cuanto reguló lo concerniente a la normativa aplicable al contrato de concesión minera, bajo la comprensión de que se entenderán incorporadas a este las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Sin embargo, dispuso que aquella premisa sería aplicada “sin excepción o salvedad alguna”, con lo cual surge con nitidez que el legislador en el ámbito minero no contempló la excepción prevista en la regla general asociada a la ley vigente para la imposición de penas. Al contrario, la descartó al introducir que el enunciado general sería aplicado sin excepción alguna, a la par con lo cual procedió a fijar su propio régimen exceptivo frente al postulado genérico. Fue así como en este compendio se incluyó una disposición que, de manera específica, se refirió, en lo concerniente a la posibilidad de aplicar normas expedidas con posterioridad a la celebración del contrato de concesión minera, siempre que éstas amplíen, confirmen o mejoren las prerrogativas del concesionario, salvo las que prevean contraprestaciones económicas a favor del Estado o de los entes territoriales, nada de lo cual guardó conexidad alguna con el régimen sancionatorio expresamente aludido en la Ley 153 de 1887.
FUENTE FORMAL:
LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 49, LEY 685 DE 2001
APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL / APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL EN EL TIEMPO / PREVALENCIA DE LEY POSTERIOR
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos de prevalencia de la ley en el tiempo?
Respuesta al problema jurídico: Si
La ley posterior prevalece sobre la anterior. Bajo este criterio cronológico, se advierte que la Ley 685 de 2001 resulta de prevalente aplicación por ser posterior a la Ley 153 de 1887. Se precisa que la viabilidad de observar este factor exegético se desprende, además, del hecho de que ambas corresponden a la misma categoría normativa jerárquica, ya que en los dos casos están comprendidas en leyes ordinarias.
FUENTE FORMAL:
LEY 153 DE 1887, LEY 685 DE 2001
APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL / PREVALENCIA DE LA LEY ESPECIAL
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Prevalece la norma especial sobre la norma general?
Respuesta al problema jurídico: Si
La norma especial prima sobre la general. La Ley 153 de 1887 cobija un ámbito de aplicación general frente a los Códigos Nacionales, mientras que la Ley 685 de 2001 contiene el Código de Minas , por el cual se regulan las relaciones jurídicas del Estado con los particulares y las de estos entre sí, por causa de los trabajos y obras de la industria minera en sus fases de prospección, exploración, construcción y montaje, explotación, beneficio, transformación, transporte y promoción de los minerales que se encuentren en el suelo o el subsuelo, ya sean de propiedad nacional o de propiedad privada; esta última norma constituye una ley especial, cuya aplicación en esta materia habría de primar sobre el postulado general que sobre el régimen normativo de los contratos previó la Ley 153 de 1887. Es preciso indicar, en todo caso, que no obstante que el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 corresponde a una regla general de interpretación, ello no se traduce en afirmar que su operancia en cualquier escenario temático sea inmutable e inalterable y que no esté llamada a ceder ante la existencia de disposiciones especiales en las que el legislador, constitucionalmente facultado para ello, se encarga de regular asuntos específicos que supongan un alejamiento de aquella, tal como aconteció en el sublite.
FUENTE FORMAL:
LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38, LEY 685 DE 2001
APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL / APLICACIÓN DE LA LEY FAVORABLE / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD / PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / APLICACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / GRADUACIÓN DE LA MULTA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / INDEBIDA APLICACIÓN DE LA NORMA PROCESAL / APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA / NORMATIVIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos de aplicación del principio de favorabilidad en el ejercicio de la potestad sancionatoria en el marco de la ejecución de un contrato estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
Principio de favorabilidad. En la medida en que la colisión normativa presentada comporta sustancialmente el ejercicio de la potestad sancionatoria en el marco de ejecución de un contrato del Estado, la Sala considera que corresponde dar aplicación al principio de favorabilidad como criterio integrador, en cuya virtud se impone aplicar la norma más permisiva para los intereses del sancionado. Sobre la aplicación de este principio en materia administrativa, la Sala de Consulta y Servicio Civil se pronunció en un caso análogo en el que, si bien la habilitación legal para imponer la sanción existía a la luz tanto de la norma anterior como de la posterior, la diferencia entre una y otra radicaba en que, como ocurre en el sublite, se produjo una variación en el quantum de las multas (…) Relevante resulta señalar también, para este propósito, que en pronunciamiento de 2016 la Sección Primera del Consejo de Estado unificó su criterio en el sentido de considerar que “el principio de favorabilidad es aplicable en las actuaciones administrativas dirigidas a sancionar las infracciones al régimen cambiario, por tratarse de una garantía mínima del debido proceso, el cual es un derecho constitucional fundamental que debe operar no solo en las actuaciones judiciales sino en toda clase de actuaciones administrativas”. (…) [L]a Sala estima fundado el cargo de la apelación, puesto que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 685 de 2001, norma posterior y especial de prevalente observancia en el ámbito minero, la norma que gobernaba el contrato de concesión FAD -111 en materia sancionatoria sería la contenida en el artículo 115 de ese mismo código, disposición que, además, era la más favorable para el sujeto de la pena. Se insiste en que a este respecto no resultaba extensible la excepción prescrita en el numeral 2 del artículo 38 de la Ley 153 de 1887, puesto que, de un lado, la literalidad del artículo 46 del Código de Minas dictó que su aplicación se haría sin excepción alguna, y de otro, fue el legislador el que, en el ámbito minero, se encargó de establecer sus propias excepciones a la aplicación del postulado genérico. Como consecuencia, al haber sustentado la decisión impositiva de la multa en una regulación legal que no resultaba aplicable al contrato de concesión FAD-111, tal circunstancia vicia de nulidad los actos administrativos demandados por infracción de las normas en que debió fundarse, en este caso de los artículos 46 y 115 de la Ley 685 de 2001.
FUENTE FORMAL:
LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 115, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 46
PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
OBITER DICTUM
Problema jurídico:
¿Es procedente la condena en costas y liquidación de agencias en derecho contra las dos partes del proceso cuando se declara la nulidad parcial del acto administrativo contractual por incumplimiento del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala estima que, en consideración a lo consagrado en el artículo 365 del CGP, cuyo numeral 4 dispone que “cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias”, al ser revocada en su totalidad la sentencia de primera instancia, será en esta providencia en la que se proceda a condenar al pago de las costas de ambas instancias en contra de la parte vencida, que en este caso es la parte demandada, Agencia Nacional de Minería. De conformidad con el artículo 188 del CPACA y con la disposición especial del numeral cuarto del artículo 365 del CGP, para el caso particular procede la condena en costas a cargo de la parte vencida en juicio. Así las cosas, el artículo 361 del CGP establece que las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el Tribunal a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso. En el presente caso se encuentra acreditada la gestión de la parte actora, en ambas instancias, pues presentó la demanda, asistió a las audiencias e interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primer grado, de igual manera, alegó de conclusión en primera instancia. En tal sentido, la Sala estima suficiente dicha gestión para que se disponga la fijación de agencias en derecho en la liquidación de las costas, en favor de la demandante, según lo previsto en los artículos 365 y 366 del CGP. Conviene señalar que, bajo las reglas del código en cita la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina con fundamento en un criterio netamente objetivo, en este caso frente a la parte que ha resultado vencida, “siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley”. En línea con lo anterior, con apego a lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo 10554 de 2016, en materia de tarifas de agencias en derecho se tiene en cuenta lo siguiente: (…) A partir de lo expuesto, la Sala fijará las agencias en derecho de ambas instancias que estarán a cargo de la Agencia Nacional de Minería y a favor del demandante, teniendo en consideración la suma de las pretensiones económicas.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL: 4, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366