Titulación de la relatoría 57.224 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RELACIÓN CONTRACTUAL / TÉRMINO DEL CONTRATO / PLAZO DEL CONTRATO ADICIONAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO / OTROSÍ AL CONTRATO / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL / ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Conforme a lo pactado en el otrosí 5, la obligación del contratista consistía en reembolsar al Fondo los costos efectivamente incurridos por el Interventor de Obra encargado del seguimiento técnico del proyecto, mas no en pagar una suma fija predeterminada?
Respuesta al problema jurídico: No
Al referirse a los costos pactados entre la entidad estatal y el Interventor de Obra, y no a las erogaciones incurridas durante el período de mayor permanencia, los TCC dispusieron que, en este tipo de supuestos, la cuantía de la obligación dineraria del contratista se determinaría con base en los honorarios acordados para remunerar los servicios de seguimiento técnico durante un plazo adicional al inicialmente previsto, los cuales, desde el punto de vista contable, representaban un costo para la entidad estatal. Esto se confirma con la cláusula segunda y el anexo 1 del contrato 028 de 2014 celebrado entre el Fondo y el Interventor de Obra, en los que se pactó un precio fijo por los servicios de seguimiento técnico conforme a lo ofertado, y no un mecanismo de reembolso de gastos. En consecuencia, el parámetro aplicable para definir la suma a cargo de Constructora Douquem eran las condiciones económicas convenidas entre el Fondo de Adaptación y el Interventor de Obra, no la información contable de Ingetec S.A.S. correspondiente a ese período. La Sala también considera que esta interpretación es la que mejor se ajusta al principio de buena fe. Aunque el Código Civil no lo incluye expresamente entre los criterios hermenéuticos previstos en el Título XIII de su Libro IV, la interpretación contractual debe estar orientada por dicho principio, conforme a los artículos 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio, que lo consagran como rector del desenvolvimiento de los negocios jurídicos. En este sentido, la jurisprudencia ha precisado que la buena fe es “un principio general —e informador— del derecho, amén de un estándar o patrón jurídico, sobre todo en el campo de la hermenéutica negocial y de la responsabilidad civil” Por lo tanto, el sentido atribuido a las cláusulas debe ser compatible con una forma de ejecución respetuosa de los deberes de corrección y lealtad. Concretamente, como señala la doctrina, el principio de buena fe implica atribuir significado a los textos considerando los siguientes criterios: (i) la lealtad y corrección en su elaboración, lo que supone que la intención de las partes fue expresarse con honestidad, sin buscar confusiones ni oscuridades; y (ii) que el sentido adoptado sea el que mejor se avenga con el desenvolvimiento leal de la relación contractual. En este caso, los deberes de lealtad y corrección propios del principio de buena fe conducen a concluir que, en virtud del otrosí 5, Constructora Douquem se obligó a pagar $474’000.000 por la mayor permanencia del Interventor de Obra. Los considerandos del acuerdo precisaron que este se fundaba en un arreglo directo, cuyo contenido fue descrito en la comunicación CD-123-13-OB-094-15 en los siguientes términos: “Constructora Douquem acepta pagar la mayor permanencia de la interventoría hasta por un valor de cuatrocientos setenta y cuatro millones de pesos ($474.000.000), de acuerdo con los costos tasados por Ingetec S.A. y entregados en la sesión de la Audiencia llevada a cabo el día 21 de julio de 2015; el monto resultante será descontado al finalizar el contrato del depósito en garantía establecido en el mismo. Se adjunta en un (1) folio”. El folio mencionado en este considerando del otrosí fue anexado al dictamen pericial aportado con la contestación de la demanda. En dicho documento se consignó una cuantificación clara y determinada de los honorarios exigidos por el Interventor de Obra, sin referencia a una metodología de reembolso de gastos efectivamente incurridos. A partir de esa cuantificación, Constructora Douquem asumió la obligación dineraria y el Fondo aceptó la modificación contractual que motivó el archivo del procedimiento administrativo de caducidad en curso contra el contratista. Así, la obligación de asumir “los costos tasados por Ingetec S.A. y entregados en la sesión de la Audiencia llevada a cabo el día 21 de julio de 2015” se concretaba en el pago de $474’000.000, suma que corresponde al valor consignado en el documento respectivo (...). Finalmente, la Sala considera que esta interpretación es la que mejor se aviene al desenvolvimiento leal de la relación contractual. Tanto el numeral 26 del apartado 2.2.3 del Anexo 3 de los TCC como los considerandos del otrosí 5 evidencian el propósito de mantener patrimonialmente indemne a la entidad estatal frente a los mayores costos que debiera asumir por el servicio de interventoría, cuando su prolongación más allá del plazo inicialmente previsto fuera imputable al contratista. Aceptar la interpretación en que se funda el reparo de Constructora Douquem implicaría atenuar ese efecto y trasladar a la entidad un sobrecosto ajeno a su conducta, originado en la ambigüedad derivada de una preposición incorporada por iniciativa de la contratista. Tal resultado sería incompatible con el desenvolvimiento leal de la relación contractual. En conclusión, se confirmará este punto de la decisión impugnada porque Constructora Douquem estaba obligada a pagar una suma determinada de $474’000.000 por la mayor permanencia del Interventor de Obra, derivada de la prórroga del plazo del contrato cuya ejecución estaba a su cargo y era objeto de seguimiento.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la buena ge contractual, revisar: Corte Suprema de Justicia, sentencia de 2 de agosto de 2001, rad. 6146, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo y Corte Suprema de Justicia, sentencia de 23 de noviembre de 2020, SC4527-2020, M.P. Francisco Ternera Barrios.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MAYOR VALOR DE LOS COSTOS / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / CONFLICTO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / OBLIGACIÓN DEL CONTRATANTE FRENTE AL PLIEGO DE CONDICIONES / MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Procede ordenar el pago de las mayores cantidades de diseño, dado que los TCC y el contrato no excluían su reconocimiento salvo en el caso de que los sobrecostos provinieran de imprecisiones o faltantes en los diseños?
Respuesta al problema jurídico: No
La cláusula sexta del contrato, sobre la forma de pago, reprodujo las reglas de remuneración previstas en los TCC. En su parágrafo tercero se incorporó el siguiente texto: “El valor final de cada contrato corresponderá a la sumatoria del valor de los ítems ofertados y aceptados para la Etapa 1 referente al Diseño, (…) siendo claro que no se pagarán sobrecostos por imprecisiones o faltantes en los diseños, ya que ellos son absoluta responsabilidad del Contratista quien asumirá los mayores costos o sobrecostos que esas imprecisiones o faltantes generen”. Adicionalmente, para especificar el valor de los ítems ofertados en la Etapa de Diseños, se incorporó una tabla que relacionaba el área definida por el Fondo para cada sede con el precio unitario por metro cuadrado ofertado por Constructora Douquem (IVA incluido). Con base en esa relación se calculaba el monto total del diseño, lo que evidencia que el pago dependía exclusivamente de multiplicar el área previamente fijada por el Fondo por el precio unitario ofertado (...). En conclusión, el derecho crediticio de Constructora Douquem consistía en recibir el pago resultante de multiplicar el precio unitario por metro cuadrado ofertado por el área definida por el Fondo para cada sede educativa. El contratista no tenía derecho ni la entidad estatal estaba obligada a reconocer sumas adicionales por actividades o estudios realizados sobre el área total del lote o exteriores. La fórmula de remuneración acordada, obligatoria para las partes conforme al artículo 1602 del Código Civil, se refería exclusivamente al área neta proyectada de la sede educativa, no a la extensión del globo de terreno. La conclusión anterior se refuerza al advertir que el pago se limitaba al área de las sedes definida por el Fondo. Pese a ello, Constructora Douquem debía ejecutar estudios que no se restringían a dicha área. Así lo preveían los TCC en el apartado sobre el alcance de las actividades de diseño: “Para los tres tipos de desarrollo de diseño de intervención antes definidos y de acuerdo con el grupo adjudicado, se deben realizar estudios de riesgo detallados, los estudios técnicos y el diseño integral de proyecto, el cual incluye áreas exteriores (las áreas exteriores, descubiertas y complementarios), tramitar licencias y permisos requeridos según corresponda para cada proyecto particular”. En el mismo sentido, el anexo n.º 3 de los TCC, relativo a los requerimientos detallados de diseño y construcción, precisaba que el levantamiento topográfico debía abarcar la totalidad del lote, al disponer lo siguiente: “El Contratista deberá realizar el Levantamiento topográfico para la determinación exacta de linderos, del área y perímetro real de cada predio, incluyendo las zonas colindantes, en una distancia como mínimo de 50 mt de ancho, respecto a los límites prediales”. Lo anterior explica que, en cada uno de los veintitrés formatos presentados por Constructora Douquem como parte de su oferta, se mantuvieran dos notas aclaratorias incluidas en la proforma publicada con los TCC. La primera indicaba: “El valor ofertado correspondiente a Estudios y Diseños técnicos de cada proyecto, incluye la totalidad de los Costos asociados a la ejecución y desarrollo de los trabajos objeto de la presente convocatoria (…). Este valor se entiende como único sin lugar a ningún reconocimiento económico adicional por dichos conceptos” . La segunda precisaba: “El Proponente manifiesta y declara total conocimiento de que el Área correspondiente a cada uno de los proyectos relacionadas en el ANEXO 2, incluidas para el cálculo de la presente oferta, son estimadas sobre Tipologías Aplicables, y que las mismas podrán tener variaciones sin que ello dé lugar a ningún reconocimiento económico adicional”. En consecuencia, Constructora Douquem no tenía derecho a exigir el pago por metros cuadrados adicionales a los definidos por el Fondo para el diseño de cada sede educativa. Las pretensiones de Constructora Douquem y los reparos formulados contra la sentencia de primera instancia no son atendibles. Desconocen las estipulaciones contractuales previamente analizadas, que constituyen ley para las partes. Las comunicaciones enviadas por el contratista al Fondo reclamando el pago de “mayores cantidades de diseño” —remitidas, dicho sea de paso, mucho tiempo después del acta de recibo de tales productos y de su cobro—, así como el dictamen pericial aportado con la demanda de reconvención reformada, se fundan en la inobservancia de lo expresamente convenido: la remuneración del contratista en la Etapa de Diseños se determinaba con base en el producto entre el precio unitario ofertado y el área proyectada de la sede, no por la extensión del globo de terreno. El dictamen pericial partió de la premisa según la cual la diferencia entre el área total de cada lote y el área señalada por el Fondo para efectos de remuneración constituye “mayores cantidades de diseño”, por lo que debía ser objeto de pago adicional por parte de la entidad. (...) Este planteamiento no puede ser acogido por las razones expuestas previamente y, además, porque no se funda en una circunstancia sobrevenida en la ejecución del contrato que no hubiera podido preverse al momento de presentar la oferta. Por el contrario, el contrato establecía que el contratista solo tendría derecho a recibir el valor resultante de multiplicar el área definida por el Fondo para cada sede por los precios unitarios ofertados. De acuerdo con las especificaciones de diseño, dichas actividades no se limitaban al área neta de las sedes, sino que incluían también los espacios exteriores. En conclusión, la Sala confirmará la decisión de negar las pretensiones principales y subsidiarias de la demanda relacionadas con las mayores cantidades de diseños.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602
PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / PLANOS ARQUITECTÓNICOS / DEBERES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIONES DEL PROPONENTE / ETAPA PRECONTRACTUAL / OBLIGACIONES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL / PRINCIPIOS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL / ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿El Tribunal habría omitió considerar que el estudio de amenaza entregado por el Fondo presentaba deficiencias técnicas, adicional que la entidad no definió con claridad los parámetros para la aprobación de los estudios detallados de riesgos y que el costo real de su elaboración fue subestimado en los estudios previos?
Respuesta al problema jurídico: No
La única prueba sobre los presuntos sobrecostos en la elaboración de los estudios detallados de riesgos es el dictamen pericial técnico aportado con la demanda de reconvención reformada. Ahora bien, el peritaje no cuantificó los sobrecostos derivados de la deficiente calidad del estudio de amenaza entregado por el Fondo ni de la indefinición de criterios para su aprobación, sino que aplicó la misma metodología expuesta en el análisis de las mayores cantidades de diseño: identificó un saldo por pagar a partir de la diferencia entre (i) el valor obtenido al multiplicar el precio unitario de los análisis de riesgo por el área total de los lotes de cada una de las veintitrés sedes y (ii) el valor resultante de aplicar ese mismo precio a la superficie definida por el Fondo para cada sede y considerada por el proponente en su oferta (…). En consecuencia, no se probó el daño consistente en un incremento de costos en la elaboración de los estudios detallados de riesgos, que presuntamente habría sido causado por el incumplimiento del Fondo al haber entregado el documento de amenaza sin la idoneidad requerida, así como por la indefinición técnica de los parámetros para su aprobación. En la demanda de reconvención no se solicitó una declaración autónoma sobre el incumplimiento de la obligación del Fondo de entregar al contratista el documento de amenaza con un nivel técnico mínimo ni sobre la supuesta indefinición de los criterios para su aprobación. Sea como sea, las pruebas obrantes en el expediente no acreditan que el análisis de amenaza entregado por la entidad presentara defectos técnicos, es decir, que la prestación se hubiera ejecutado defectuosamente (Código Civil, art. 1613). Esta valoración sobre la calidad técnica del documento, que exige conocimientos especializados (CGP, art. 226), no fue abordada en el dictamen pericial allegado con la demanda de reconvención y carece de respaldo en otro medio probatorio. Por otra parte, ni el dictamen ni los documentos obrantes en el expediente aportan elementos de corroboración a la hipótesis de que los criterios para la aprobación de tales estudios de riesgos estuvieran técnicamente indefinidos. Por el contrario, la Sala advierte que en el Anexo 3 de los TCC, donde se establecieron los requerimientos específicos de las actividades de diseño y construcción, se precisó claramente el contenido que debían tener y la forma en que debían presentarse, requisitos que debían cumplirse para su aprobación por el Interventor de Diseños. (…) En el expediente no hay prueba de las razones que motivaron esta modificación ni de una eventual insuficiencia de la suma para cubrir los costos de su elaboración. Con todo, el contratista aceptó expresamente esta condición al presentar su oferta por este ítem por un valor total de $19’977.196. Además, no se acreditó que durante la ejecución del contrato sobreviniera un hecho imprevisible al momento de presentar la oferta que hiciera excesivamente oneroso el cumplimiento de la prestación ya ejecutada y, por tanto, no susceptible de revisión (Código de Comercio, art. 868). En consecuencia, le corresponde a Constructora Douquem asumir por su cuenta los eventuales sobrecostos que se hubieran causado (que no fueron probados), tal como lo establecieron los TCC al señalar que “no se reconocerá costo alguno al contratista” en la hipótesis de “valores mal estimados en su propuesta” y por reclamaciones basadas en que “los costos ofrecidos son más bajos a los de mercado”. En conclusión, la Sala confirmará la negativa de este grupo de pretensiones. No se probó la existencia de sobrecostos ni su vinculación causal con un incumplimiento del Fondo derivado de la calidad de los documentos suministrados o de la supuesta indefinición de los parámetros de revisión. Además, conforme a las reglas de remuneración previstas en el contrato, el pago por los estudios detallados de riesgos se limitaba al resultado de multiplicar el área determinada por el Fondo para cada sede por el precio unitario ofertado para la Etapa de Diseños.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 868, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 226, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1613
CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / COLEGIO / COLEGIO PÚBLICO / OTROSÍ AL CONTRATO / PLANOS DE CONSTRUCCIÓN / PLANOS DE OBRA PÚBLICA / CONSTRUCCIÓN / OBLIGACIÓN DE PAGAR SUMA DE DINERO / DERECHO CREDITICIO / FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA / NEGOCIO JURÍDICO / INTERPRETACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO / FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA / RIESGO / LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN / TRÁMITE DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN / INEXISTENCIA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN / FALTA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN / VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Respecto de los reparos formulados por el apelante contra la decisión de negar el pago de los diseños de las sedes educativas El Molino y Balconcitos, la Sala debe confirmar la decisión de negar el pago de los productos elaborados por Constructora Douquem en la Etapa de Diseños —distintos del análisis detallado de riesgos— de estas dos sedes educativas?
Respuesta al problema jurídico: Si
Esta determinación se sustenta en dos razones: (i) no se acreditó que, una vez entregado el análisis detallado de riesgos, el Fondo o el Interventor de Diseños hubieran confirmado la viabilidad del lote, condición necesaria para ejecutar las actividades subsiguientes de la Etapa de Diseños; y (ii) en el otrosí 2 al contrato de obra, las partes pactaron expresamente que el Fondo solo tendría la obligación de pagar el análisis detallado de riesgos de dichas sedes. (...) De acuerdo con lo anterior, está probado que Constructora Douquem entregó estudios y diseños de las sedes El Molino y Balconcitos —adicionales al análisis detallado de riesgos— antes de que el Interventor de Diseños le manifestara formalmente que no era viable su ejecución. También está probado que dichos estudios y diseños se elaboraron a pesar de que los análisis detallados de riesgos elaborados por el mismo contratista concluían que no era viable su construcción. Además, en septiembre de 2013, antes de la entrega de las versiones finales, el municipio de Pacho había negado la licencia de construcción por el riesgo que ello representaba. Según los TCC, la continuación del proceso de diseño de cada sede requería, en primer lugar, que el Fondo confirmara su viabilidad con base en la información presentada por el contratista. En el expediente no obra constancia de dicha confirmación. En ausencia de esta prueba, corresponde al contratista asumir los costos asociados a la elaboración de productos adicionales para las sedes El Molino y Balconcitos, ya que no se trató de una circunstancia sobrevenida e imprevisible, ni de una imposición de la entidad, sino de una decisión propia que no se alineaba con la secuencia prevista en el contrato para la Etapa de Diseño. Esta conclusión se refuerza porque sus propios análisis reflejaban la inviabilidad del proyecto y porque tal circunstancia también fue advertida por una de las entidades territoriales al negar la licencia de construcción. Conforme a lo previsto en los TCC, en esta hipótesis de inviabilidad solo procede la “liquidación y pago del ítem referente al estudio detallado de riesgos -análisis general de riesgos y diseños de alternativas de mitigación del riesgo para cada sede”. Como en el expediente obra constancia del pago anticipado del 100% de esta actividad por parte del Fondo , la entidad no tiene la obligación de pagar ningún saldo adicional. La conclusión de que Constructora Douquem únicamente tenía derecho a recibir el valor de los análisis detallados de riesgos de las dos sedes excluidas también se fundamenta en el acuerdo plasmado en el otrosí 2. Este documento se suscribió el 22 de septiembre de 2014, con posterioridad a los hechos relativos a la entrega de los estudios que sustentan la reclamación del contratista. En él, las partes formalizaron la exclusión de El Molino y Balconcitos del alcance del proyecto y acordaron adicionar el valor del contrato en $517’115.894 para remunerar obras de mitigación en otras sedes educativas identificadas durante la Etapa de Diseños. Al fijar el nuevo valor del contrato, las partes no solo incorporaron la adición destinada a remunerar actividades adicionales de la Etapa de Construcción, sino que también definieron de forma expresa el monto a reconocer por los diseños. En particular, estipularon que, respecto de las sedes El Molino y Balconcitos, únicamente se pagaría el precio ofertado en el anexo 6 para el ítem de estudio detallado de riesgos (...). Así, en el contexto del otrosí 2, el contratista no tiene derecho a exigir el pago de sumas adicionales al valor ofertado en el anexo 6 por los análisis detallados de riesgos de las dos sedes excluidas. La conclusión no se sustenta en la ausencia de salvedades al momento de suscribir el acuerdo, sino en que dicho negocio jurídico definió expresamente el alcance de su derecho crediticio por estas actividades, lo cual constituye una ley para las partes.
INTERÉS MORATORIO / PAGO DE INTERÉS MORATORIO / IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE INTERÉS MORATORIO / PERJUICIOS / PERJUICIO MATERIAL / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / NEGACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / NEGACIÓN DE LA CONDENA EN PERJUICIOS / PRUEBA / FALTA DE PRUEBA
Problema jurídico:
¿Debe revocarse la decisión que negó el reconocimiento de intereses por la mora en el pago de los diseños debido a una indebida valoración probatoria. Según el demandante, los documentos aportados acreditarían que el contratista (i) presentó los documentos de cobro en debida forma, de modo que el Fondo incurrió en mora al no efectuar oportunamente el pago de las sumas correspondientes, y (ii) cumplió sus obligaciones en la Etapa de Diseño?
Respuesta al problema jurídico: No
La Sala confirmará la decisión del Tribunal, por lo que no hay lugar al reconocimiento de los intereses moratorios ni de los perjuicios materiales reclamados. (...) Así las cosas, para acreditar la mora del Fondo en el pago de los productos de esta primera etapa, el contratista tenía la carga de probar (CGP, art. 167) dos hechos: (i) que radicó ante la entidad estatal la factura acompañada de los documentos indicados en el contrato —esto es, el certificado de aportes parafiscales y la certificación del Interventor de Diseños sobre el cumplimiento de las condiciones para el pago, la cual incluía la aprobación de los productos— y (ii) que el Fondo efectuó el pago una vez vencido el término de diez días calendario siguientes a la radicación de estos documentos. En la demanda de reconvención, el contratista afirmó que la aprobación de los diseños no se produjo conforme al cronograma presentado y aprobado por la Interventoría de Diseños, debido a tardanzas en su revisión y a la formulación de observaciones que consideró injustificadas, lo que provocó el desplazamiento de las fechas previstas para los pagos. En esta línea, en el expediente obran comunicaciones del 2 de octubre de 2013 y del 10 de noviembre de 2014, en las que Constructora Douquem expuso dicha demora como justificación frente a los requerimientos formulados por el retraso en la entrega de los productos. Sin embargo, no hay prueba en el expediente de la aprobación del cronograma detallado de esta etapa que debía ser entregado por Constructora Douquem. En todo caso, más allá del dicho de la parte, no se probó que las observaciones efectuadas por el Interventor de Diseños carecieran de sustento técnico, es decir, que se hubiesen formulado sin atenerse a los parámetros para la elaboración de los productos, especialmente los previstos en el Anexo 3 de los TCC. La ocurrencia y valoración de este hecho —que requiere conocimientos técnicos especializados— no fue abordada en el dictamen pericial técnico aportado con la demanda de reconvención reformada ni se deduce de los documentos del expediente. En este orden de ideas, no se acreditó que tales observaciones hubiesen tenido por objeto impedir ilícitamente el cumplimiento de la condición de la que dependía la exigibilidad del pago, hipótesis en la que se tendría por cumplida (Código Civil, art. 1538). Finalmente, no se probó que Constructora Douquem hubiera presentado las facturas con anterioridad a las fechas de los documentos anexos al dictamen pericial aportado con su demanda de reconvención, los cuales se invocaron como sustento para la reclamación de intereses moratorios.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1538
PAGO / PAGO TARDÍO / PAGO TARDÍO DE ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL / OTROSÍ AL CONTRATO / PRÓRROGA DEL CONTRATO / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INTERÉS MORATORIO / IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE INTERÉS MORATORIO / PERJUICIOS / PRUEBA DE LOS PERJUICIOS / INEXISTENCIA DE LA PRUEBA DE LOS PERJUICIOS
Problema jurídico:
¿Se debe negar las pretensiones, pues únicamente se acreditó la mora en el pago de las actas de obra 1 a 3, cuyos efectos fueron regulados expresamente por las partes en el otrosí 5, mediante el cual se otorgó al contratista un anticipo adicional para cubrir el impacto de dicha mora?
Respuesta al problema jurídico: Si
Del examen de los documentos incorporados al expediente, la Sala concluye que el Fondo incurrió en mora en el pago de ciertas actas parciales de obra, aunque por un lapso menor al determinado en el dictamen pericial. (…). En contraste con lo anterior, respecto de las facturas asociadas a las actas de obra 4 a 18, no se probó la constitución en mora del Fondo. Si bien las fechas de emisión de estas quince facturas coinciden con las registradas en el dictamen pericial, no obra constancia de su radicación ante la entidad estatal junto con los documentos exigidos contractualmente. En el plenario solo reposan las comunicaciones remisorias de tales facturas al Interventor de Obra —no al Fondo—, con sello de recibido para su revisión y aprobación120. No obstante, el término para el pago no se computaba desde esa fecha, sino a partir de su presentación al Fondo con la aprobación previa del acta de avance y medición de cantidades. Por consiguiente, respecto de este grupo de actas, no se acreditó la mora en el pago por parte del Fondo. (…) Como se desprende de los considerandos del otrosí 5, las partes reconocieron expresamente los impactos económicos asociados a las demoras en el pago de actas de obra anteriores, dentro de las cuales se encontraban las actas 1 a 3 —únicas respecto de las cuales se acreditó la constitución en mora—. En ese mismo texto se dejó constancia de que la prórroga del plazo contractual respondía a causas imputables al contratista, razón por la cual este asumió el pago de los honorarios del interventor por su mayor permanencia. No obstante, y pese a que ya se había iniciado un procedimiento administrativo de caducidad, el Fondo acordó entregar un anticipo adicional equivalente al 10% del valor inicialmente estimado para la Etapa de Construcción. Según lo pactado, esta financiación tenía por objeto aliviar el flujo de caja del contratista y neutralizar los efectos de las demoras que este alegó por la entrega del anticipo inicial —no atribuibles a incumplimiento del Fondo— y por el pago de las actas de obra. En este contexto, resulta improcedente ordenar el pago de intereses por la mora —o de otros perjuicios materiales, cuya existencia no fue probada— en el abono de las sumas facturadas por las actas de obra 1 a 3. Esto no obedece a una renuncia expresa al cobro ni a la ausencia de salvedades en los doce otrosíes firmados después del 20 de marzo de 2015, sino a que el acuerdo de voluntades contenido en el otrosí 5 reguló expresamente los efectos de esos retrasos. Desconocer lo allí pactado vulneraría el principio de normatividad de los negocios jurídicos (Código Civil, art. 1602) y el carácter obligatorio del acuerdo logrado por las partes.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente al principio de normatividad de los negocios jurídicos y el carácter obligatorio del acuerdo logrado por las partes, revisar: Consejo de Estado, sentencia de 27 de julio de 2023, rad. 39121, C.P. Guillermo Sánchez Luque.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602
MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PRÓRROGA DEL CONTRATO / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / ACUERDO DE VOLUNTADES / OTROSÍ AL CONTRATO / ANTICIPO DEL CONTRATO / ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL / COSTOS / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Se debe revocar la decisión de primera instancia y reconocer los costos en que habría incurrido por la mayor permanencia originada en la prórroga pactada en el otrosí 4, en la medida que las causas que la motivaron habrían sido incumplimientos imputables al Fondo y, por tanto, no estaba obligado a incluir salvedades en dicho otrosí para conservar su derecho a reclamar tales sobrecostos?
Respuesta al problema jurídico: No
La Sala confirmará la decisión de negar este grupo de pretensiones, pues de las cinco razones que motivaron la prórroga pactada en el otrosí 4 solo una corresponde a un incumplimiento contractual imputable al Fondo: el retraso de algunos días en el pago de las actas de avance de obra 1 a 3. No obstante, como se indicó anteriormente, mediante el acuerdo de otorgar a Constructora Douquem un anticipo adicional del 10%, las partes regularon de forma definitiva los efectos de esa situación, por lo que no procede efectuar reconocimientos adicionales. Como ha señalado la Subsección, en determinados contratos, la ampliación del plazo de ejecución puede generar costos adicionales. Aunque el alcance de la obra o de los servicios inmateriales no se modifiquen, la extensión del tiempo para completar las actividades implica que el contratista deba mantener activos recursos como personal, campamentos u otros, lo que incrementa los costos asociados al cumplimiento del objeto contractual, pese a que los ingresos, representados en el precio pactado, permanezcan constantes. Esta situación, si bien no cuenta con una definición legal, se designa comúnmente como mayor permanencia. Para determinar quién debe soportar los costos derivados de la mayor permanencia, se deben valorar sus causas. En principio, si la causa determinante de la extensión del plazo consiste en un incumplimiento imputable al dueño de la obra, este debe asumir dichos costos mediante el pago de una indemnización de perjuicios al contratista que los soportó (Código Civil, art. 1613). Por otra parte, si la prórroga no se origina en el comportamiento antijurídico de las partes, sino en eventos externos y sobrevenidos que afectan la economía del contrato y la programación de obra, el análisis se traslada al esquema de distribución de riesgos contractuales. En este caso, si un riesgo previsto es el causante de la mayor permanencia y fue asumido por la entidad contratante, esta debe asumir sus consecuencias patrimoniales conforme al mecanismo pactado en el contrato. A la inversa, si la causa determinante de la mayor permanencia es un incumplimiento imputable al contratista, este debe soportar los costos asociados, sin que sea procedente trasladárselos al contratante, pues nadie puede beneficiarse de su propia culpa. Del mismo modo, le corresponde asumir dichos costos cuando la causa obedece a la materialización de un riesgo que, conforme al contrato, fue asumido por él. En el recurso de apelación, Constructora Douquem afirmó lo siguiente: “cuando el acuerdo, en este caso de prorrogar el contrato, surge por situaciones imputables a incumplimientos de la entidad estatal, no se debe exigir que el contratista haya dejado salvedades” . En esta línea, sostuvo que “la mayoría de los retrasos se causaron por incumplimientos de la entidad estatal contratante”. La Subsección ha señalado que no puede suponerse que los acuerdos derivados del incumplimiento de una obligación contractual tengan, por sí solos, la virtud de purgar ese incumplimiento y exonerar de responsabilidad a la parte incumplida, ni que la falta de salvedades genere necesariamente dicho efecto. Por ello, ha precisado que “es menester que, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, así se manifieste de manera expresa, a través de renuncias a las futuras reclamaciones” . Ahora bien, esta exigencia no impide que las partes regulen, por sí mismas, los efectos derivados del incumplimiento. En tales casos, debe respetarse lo que haya sido convenido en virtud de lo dispuesto en el artículo 1602 del Código Civil. En conclusión, de las cinco razones que motivaron la prórroga pactada en el otrosí 4 solo una corresponde a un incumplimiento contractual imputable al Fondo: el retraso de algunos días en el pago de las actas de avance de obra 1 a 3. Sin embargo, en virtud del acuerdo de las partes de otorgar a Constructora Douquem un anticipo adicional del 10%, ellas regularon y zanjaron de manera definitiva los efectos de esa situación, de modo que no procede efectuar reconocimientos adicionales. Por ello, la Sala confirmará la decisión de negar este grupo de pretensiones.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente al término de mayor permanencia, revisar: Consejo de Estado, sentencia de 7 de febrero de 2025, rad. 70250, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Referente al pago de indemnización o compensación en un contrato, revisar: Consejo de Estado, sentencia de 24 de septiembre de 2021, rad. 54004, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 106, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1613
CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS / OTROSÍ AL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PROPUESTA DEL PROPONENTE / CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / PRUEBA PERICIAL / INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA PERICIAL / INEFICACIA DE LA PRUEBA PERICIAL / PLAZO / AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Procede revocar la decisión que negó el reconocimiento de las sumas derivadas del reajuste de los precios unitarios pactados por indebida valoración probatoria, en cuanto el Tribunal habría desconocido que el dictamen pericial allegado justificó técnicamente la procedencia del reajuste y cuantificó el valor resultante?
Respuesta al problema jurídico: No
La Sala confirmará la decisión de negar el reconocimiento de las sumas solicitadas por concepto de reajuste de los precios unitarios pactados. Este pago no procede porque en el contrato celebrado entre las partes no se previó dicho reajuste, no se configuró una excesiva onerosidad sobrevenida y la suma reclamada no se debe a título de indemnización por perjuicios derivados de un incumplimiento imputable al Fondo. El numeral 5.5 de los TCC estableció que el valor estimado del contrato se integraba por tres componentes: (i) el valor propuesto para el diseño por metro cuadrado, (ii) el AIU propuesto para la construcción y (iii) el “valor de la construcción de los colegios del grupo”. Sobre este último, se indicó que “se calculará una vez que el Fondo apruebe en cada caso particular el presupuesto VPA (Valor Presupuesto Aprobado en etapa de diseño para construcción por sede)”. Conforme a lo previsto en el numeral 3.2 de los TCC, al presentar su propuesta los oferentes no incluían un precio unitario por ítem de obra, sino un porcentaje de AIU aplicado sobre los costos directos estimados por el Fondo. Esto se justificaba porque las cantidades de obra y los presupuestos podían modificarse durante la Etapa de Diseños, una vez efectuados los análisis de riesgos y definida con mayor certeza la naturaleza de las soluciones constructivas requeridas para cada institución, incluidas las obras de mitigación. (…) La premisa conceptual sobre la que se fundó el cálculo del perito no resulta atendible para la Sala. Como se explicó previamente, el régimen aplicable al contrato no se integra por las disposiciones de la Ley 80 de 1993 que sirven de sustento positivo al principio de preservación del equilibrio entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o contratar. Tampoco es aplicable el artículo 4.8, que exige mantener las condiciones técnicas y económicas del contrato y que dispone que “las partes utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses moratorios”. Sin perjuicio de lo anterior, no se probó la ocurrencia de un evento imprevisto, imprevisible y extraordinario que hubiera tenido lugar con posterioridad al 22 de septiembre de 2014, fecha en la que se firmó el otrosí 2, se aprobó el VPA final para remunerar las obras de construcción y se convino que, salvo eventos con tales características, no habría lugar a reconocimientos económicos adicionales. Las circunstancias mencionadas escuetamente en el dictamen pericial —relativas a la localización distante y dispersa de las sedes, el mal estado de las vías de acceso y las condiciones para la provisión local de insumos— no cumplen estos requisitos. Por el contrario, se trata de situaciones que debieron ser conocidas por la Constructora Douquem durante la Etapa de Diseños, desarrollada entre el 14 de agosto de 2013 y el 19 de agosto de 2014, periodo en el cual visitó el lugar de las obras para la elaboración de estudios técnicos y se prepararon los presupuestos detallados aprobados en el otrosí 2 del 22 de septiembre de 2014. Finalmente, el Fondo no debe pagar sumas adicionales por las sucesivas prórrogas del contrato —distintas a las convenidas en los otrosíes 4 y 5 ya examinadas—, que extendieron su plazo más allá del 28 de febrero de 2014, fecha tomada por el perito para justificar el reajuste de precios. Las causas de esas prórrogas son jurídicamente atribuibles al contratista conforme a los considerandos que las sustentan, o bien, según su clausulado, no daban lugar a reconocimientos económicos adicionales por no ser imputables a la entidad estatal.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993
MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / CONFLICTO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACTO ADMINISTRATIVO PRECONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / OTROSÍ AL CONTRATO / CONDICIONES DEL CONTRATO / CONDICIONES DEL CONTRATO ESTATAL / PRUEBA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / FALTA DE PRUEBA / PERITAJE / PRUEBA PERICIAL / INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA PERICIAL / INEFICACIA DE LA PRUEBA PERICIAL
Problema jurídico:
¿Se deben negar las pretensiones de pago por las mayores cantidades de obra ejecutadas en la Etapa de Construcción?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala negará este grupo de pretensiones porque no se cumplieron las condiciones previstas en la cláusula tercera del otrosí 2 del contrato, necesarias para que procediera el reconocimiento de las mayores cantidades de obra que el demandante afirma haber ejecutado. Como se explicará, dicha cláusula no tiene carácter abusivo ni, conforme al artículo 1742 del Código Civil, aparece en ella una causa de nulidad absoluta. Tampoco se probó la ejecución de las mayores cantidades de obra reclamadas por el contratista. (...) La Sala considera que los fundamentos del dictamen, en lo relativo a las cantidades de obra supuestamente ejecutadas, carecen de solidez y exhaustividad suficientes. Para empezar, las cantidades registradas como ejecutadas en el dictamen pericial no están respaldadas en documentos técnicos —como actas de medición— que hubieran sido suscritos o validados por el Interventor de Obra o el Fondo, conforme al numeral 27 del apartado 2.2.5 del Anexo 3 de los TCC. Este numeral establecía la obligación del contratista de “Elaborar y presentar al interventor para su revisión y firma las preactas de medición de cantidades de obra, las actas de corte mensual valoradas y de entrega final”. (…) Junto con el dictamen elaborado por la ingeniera M. A. M.no se aportaron documentos que acreditaran la formación profesional y académica del señor J. G. como topógrafo ni su experiencia específica en la medición de cantidades de obra en edificaciones ya concluidas. Esta omisión compromete la fiabilidad de sus conclusiones, pues no se probó su idoneidad técnica para realizar esa labor. Además de lo referente a las calidades de la persona que realizó las visitas de campo y las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas en las sedes educativas, los fundamentos del dictamen, objetivamente considerados, carecen de solidez y exhaustividad. En el anexo 6, titulado “mayores cantidades de obra ejecutadas consolidado por ítem”, se incluyó un cuadro que comparó las “cantidades del contrato” con las “cantidades ejecutadas”, indicando la diferencia absoluta y su variación porcentual. A modo de ejemplo, en los ítems “demolición de cimentaciones enterradas” (1.3.5), “excavaciones a máquina a nivelación de terreno” (2.1.1) y “excavaciones manuales en material común” (2.1.1), se reportaron presuntas mayores cantidades de obra. Siguiendo esta metodología, el dictamen indica que, en la Escuela Rural Barro Blanco, ubicada en jurisdicción de Caparrapí (Cundinamarca), se ejecutaron mayores cantidades de obra en el ítem de “demolición de cimentaciones enterradas” (1.3.5). No obstante, la memoria técnica correspondiente a este ítem se limitó a presentar un plano de la estructura con indicación de sus dimensiones y medidas, sin incluir información adicional que permitiera verificar o cuantificar las presuntas demoliciones ejecutadas. El dictamen no precisó los procedimientos técnicos empleados para el levantamiento de cantidades de obra, pese a que esta labor se realizó después de finalizadas las actividades constructivas y pudo requerir intervenciones sobre estructuras subterráneas, como cimentaciones enterradas. Ante la ausencia de información primaria —proveniente de documentos contemporáneos a la ejecución y avalados por el Interventor de Obra o, al menos, conocidos por este— el peritaje tampoco explicó la metodología utilizada para calcular cantidades ya ejecutadas o aquellas que exigían perforaciones o excavaciones bajo nivel. Esta deficiencia se acentúa si se tiene en cuenta que, según el propio dictamen, el trabajo de campo consistió en “realizar las mediciones de las actividades que pudieran verificarse visualmente y medirse en sitio”. El perito no explicó cómo una inspección ocular podría respaldar con precisión cantidades de obra expresadas en distintas unidades de medida, como metros cúbicos de “demolición de estructuras subterráneas” (1.3.5) y “recebo común”, o kilogramos de suministro e instalación de “acero de refuerzo” (4.4.1). La Sala no desconoce que, en los anexos del dictamen relativos a algunas sedes educativas, se incluyeron declaraciones juramentadas con cuadros de cantidades de obra que detallaban los ítems, sus cantidades iniciales y las supuestas mayores cantidades ejecutadas, coincidentes con los resultados del dictamen170. Aunque el Fondo no solicitó la ratificación de dichas declaraciones —practicadas sin su citación ni intervención (CGP, art. 222)—, la Sala advierte que en ellas no se indicó la fuente de información empleada para declarar bajo juramento, y con semejante grado de precisión, la cantidad exacta de cada ítem. En el testimonio rendido dentro del proceso por J. A. V. M., arquitecto autor de tales declaraciones, solo se hizo una mención genérica al hecho de que se habrían ejecutado cantidades superiores a las contempladas en el presupuesto aprobado, sin precisar cómo obtuvo conocimiento preciso de las unidades métricas involucradas —metros cúbicos, kilogramos o metros lineales de cada ítem de obra—. Tampoco se indicó si tales cantidades fueron consignadas en documentos puestos en conocimiento del Interventor de Obra, circunstancia sobre la cual no hay evidencia en el expediente. Así, los criterios de racionalidad que orientan la valoración de la prueba —cantidad (entre más elementos de juicio respalden una hipótesis, mayor será su grado de confirmación) y variedad (mientras más diversos sean, mayor será su fuerza corroborativa)— impiden tener por probada la ejecución de mayores cantidades de obra con base en las declaraciones extraprocesales. En conclusión, la Sala negará este grupo de pretensiones por dos razones concurrentes: no se cumplieron las condiciones previstas en la cláusula tercera del otrosí 2 del contrato, requisito indispensable para el reconocimiento de mayores cantidades de obra, y no se probó la ejecución de dichas cantidades.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 222, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1742
OBRA PÚBLICA / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / DINERO / RETENCIÓN DE DINERO / MALA FE / INEXISTENCIA DE MALA FE / DETRIMENTO DEL PATRIMONIO
Problema jurídico:
¿Se debe revocar la decisión porque el Tribunal omitió considerar que, aunque el otrosí 5 autorizó a la entidad a descontar de esas sumas los honorarios adeudados al Interventor de Obra por su mayor permanencia, el Fondo se negó injustificadamente a prestar su consentimiento para liquidar el contrato, lo que lo obligaría a reintegrar las sumas actualizadas y a pagar intereses de mora?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala confirmará la negativa a este grupo de pretensiones porque la obligación de entregar a Constructora Douquem las sumas retenidas en garantía solo surgía con la liquidación del contrato; antes de la emisión de la sentencia —que define el balance de cuentas entre las partes— no existía obligación exigible y, por ende, no podía configurarse mora, que presupone un retardo culpable en el cumplimiento de una obligación de esa naturaleza. En la cláusula séptima del contrato, las partes convinieron que el 90% del valor de cada proyecto se pagaría contra las actas mensuales de obra, de cuyo monto se deduciría la cuota de amortización del anticipo y “a título de retención en garantía, el valor equivalente al 10% de cada una de las actas”. Asimismo, estipularon que “el valor correspondiente a la retención en garantía, practicada en cada acta mensual, será pagada al CONTRATISTA, previa liquidación del contrato”. En concordancia, en la cláusula decimocuarta acordaron que “la liquidación del contrato se realizará dentro de los seis (6) meses siguientes a la terminación del plazo de ejecución, plazo que podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo entre las partes”. A partir de las estipulaciones transcritas se desprenden tres conclusiones relevantes. En primer lugar, no es cierto que, como afirmó el demandante, el porcentaje de la retención en garantía fuera del 10% conforme a los TCC y del 20% según el contrato. En realidad, el valor total retenido, que ascendió a $665.620.444 según el informe final del Interventor de Obra y el dictamen pericial presentado por el contratista, corresponde al 10.01% del valor total de las obras ejecutadas en la Etapa de Construcción (sin incluir el IVA sobre la utilidad), cuyo costo ascendió a $6.647’921.827. En segundo lugar, la liquidación del contrato no constituía, en estricto sentido, una obligación a cargo del Fondo. Se trataba de una actuación conjunta, prevista en una cláusula accidental, cuyo objeto era establecer el balance final del contrato, determinar quién le debía a quién y cuánto, y finiquitar la relación jurídico-patrimonial. En dicha cláusula tampoco se atribuyó una potestad unilateral a ninguna de las partes para que, ante la falta de acuerdo, pudiera fijar por sí sola la liquidación y alterar la situación jurídica de su contraparte en virtud de una atribución convencional. Como se explicó, el Fondo tampoco estaba investido de la facultad legal para liquidar el contrato mediante acto administrativo, dado que la disposición que confiere tal competencia (Ley 1150 de 2007, art. 11) no integraba el régimen jurídico aplicable al contrato. En tercer lugar, la exigibilidad de la obligación del Fondo de pagar al contratista las sumas facturadas contra el avance de obra, pero retenidas a título de garantía, estaba sujeta a una condición: la liquidación previa del contrato. Dicha liquidación debía realizarse, en principio, mediante acuerdo entre las partes. En su defecto, por vía judicial, dado que al haberse pactado una cláusula accidental de liquidación y existir un conflicto sobre los valores que debían reconocerse en el balance final, las partes podían acudir a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo para solicitar su liquidación (CPACA, art. 141). Adicionalmente, la Sala no advierte que el Fondo haya empleado medios ilícitos para impedir la liquidación del contrato, de modo que dicha condición se tuviera por cumplida en los términos del inciso final del artículo 1538 del Código Civil. Según la última prórroga convenida en el otrosí 15, el plazo del contrato venció el 18 de noviembre de 2016. En consecuencia, el término para efectuar la liquidación bilateral expiraba el 19 de mayo de 2017. En el expediente obra un acta suscrita el 17 de mayo de 2017, en la que se consignaron las actividades adelantadas en los meses anteriores para concertar los términos de la liquidación, entre ellas: la presentación de observaciones al proyecto de acta, la terminación de planos récord, la actualización de los amparos postcontractuales y la entrega de paz y salvos pendientes por parte de proveedores y subcontratistas. El plazo para lograr un acuerdo venció sin que las partes alcanzaran consenso sobre sus términos; no obstante, mantuvieron gestiones para intentar la liquidación. El 8 de agosto de 2017, suscribieron un documento denominado “Acuerdo para culminar la etapa de liquidación del contrato”, en el que se comprometieron a “culminar las actividades pendientes necesarias para liquidar definitivamente el contrato 123 de 2013, en un plazo máximo de un mes”, sin formular imputaciones recíprocas por la ausencia de acuerdo previo. La liquidación tampoco se concretó dentro de este plazo adicional. No obstante, la Sala no advierte que la imposibilidad de alcanzar el acuerdo obedeciera a una actuación de mala fe por parte del Fondo. En la comunicación E-2018-0002663 del 20 de marzo de 2018, la entidad informó a la Constructora que “a la fecha se cuenta con el acta de liquidación revisada y aprobada por las partes”, pero aclaró que “tal como lo manifestaron en la reunión del 19 de enero de 2019, la Constructora Doquem no firmará el acta de liquidación hasta que se reevalúe el descuento por mayor permanencia de la interventoría, según Otrosí 5”. En línea con lo anterior, el 16 de abril de 2018, el contratista presentó una petición al Secretario General del Fondo solicitando que revisara las denuncias por un supuesto “detrimento patrimonial” derivado de los pagos realizados al Interventor de Obra por su mayor permanencia. Allí precisó que esa situación “afecta de manera directa la liquidación de nuestro contrato, toda vez que nuestra empresa no está dispuesta a asumir costos de interventoría inexistentes”. En este contexto, la Sala concluye que la falta de suscripción del acta de liquidación no obedeció a una actuación de mala fe del Fondo, sino a una divergencia sobre la cual —como se determinó previamente— le asistía la razón a la entidad estatal.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / DINERO / RETENCIÓN DE DINERO / MORA / INEXISTENCIA DE MORA ADMINISTRATIVA
Problema jurídico:
¿El Tribunal incurrió en un error al reconocer en el balance financiero la suma de $665’620.444 por concepto de retención en garantía, como saldo a favor del contratista, pero sin descontar dicha suma del valor reconocido al Fondo por $474’000.000. Según su planteamiento, esta operación habría arrojado un saldo neto de $197’573.247 a favor de Constructora Douquem?
Respuesta al problema jurídico: No
La Sala considera atendible este reparo. La retención en garantía constituye una cuenta por pagar del Fondo, es decir, una suma que la entidad estatal adeuda a Constructora Douquem, sin que ello implique que hubiera incurrido en mora respecto de su reintegro. En consecuencia, para establecer el saldo neto, esta suma — equivalente a $665’620.444— debía descontarse de los valores reconocidos a favor de la entidad estatal, dado que no existe prueba de que hubiese sido entregada previamente al contratista. El contratista no manifestó inconformidad con el saldo reconocido a favor del Fondo por concepto de deducciones no practicadas —$221.336,32—, que, según el proyecto de acta de liquidación aportado por la entidad estatal, corresponde a la diferencia entre las deducciones efectuadas por contribución especial de obra y estampilla pro universidad. A su vez, el Fondo —que no apeló la sentencia— no objetó el balance financiero que registra un saldo por liberar, derivado de la diferencia entre el valor total del contrato y el monto efectivamente pagado al contratista, cuantificado en $6’174.139,55 en dicho proyecto de liquidación. En consecuencia, la Sala mantendrá la liquidación practicada en primera instancia, con la única modificación de descontar de los saldos a favor del Fondo el valor correspondiente a la retención en garantía que debe entregarse al contratista . Debido a la depreciación monetaria propia de una economía inflacionaria, el saldo final resultante será actualizado desde la fecha de vencimiento del plazo para la liquidación bilateral hasta la fecha de la sentencia, a fin de preservar su valor real. La deuda solo se entiende extinguida cuando el acreedor recibe una suma equivalente en términos reales, no meramente nominales. Sobre este saldo no procede el reconocimiento de intereses de mora, como solicitó el demandante, pues la obligación solo adquirió el carácter de cierta y líquida con la sentencia; antes de su expedición no se había configurado la mora debitoria (in illiquidis non fit mora).
CONDENA EN COSTAS / CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas en segunda instancia, cuando el recurso de apelación prospera parcialmente?
Respuesta al problema jurídico: No
De acuerdo con el artículo 188 del CPACA, salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirá por las normas del CGP. Esta condena no exige valorar una conducta temeraria por parte de quien la soporta, pues, en el régimen actual, se impone con base en un criterio objetivo. Conforme a los numerales 1.º y 3.º del artículo 365 del CGP, se condenará en costas a la parte a la que se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, por lo que en la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda. El recurso de apelación prosperó parcialmente, de modo que la sentencia de primera instancia no se confirmó en todas sus partes, sino que se modificó el contenido de la liquidación judicial del contrato. En consecuencia, no procede la condena en costas en esta instancia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 3