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¿Procede la declaración de excesiva onerosidad sobrevenida cuando el contrato agotó su ejecución y carece de prestaciones futuras susceptibles de reajuste o terminación judicial? No
La excesiva onerosidad sobrevenida no procede cuando el contrato agotó su ejecución y carece de prestaciones futuras susceptibles de reajuste o de terminación judicial, pues la figura exige que la alteración de las condiciones afecte prestaciones pendientes. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 868 del Código de Comercio consagra la figura, que la doctrina y la jurisprudencia también denominan teoría de la imprevisión, sin que deba confundirse con otras instituciones; el régimen de derecho privado del contrato, conforme a los artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, excluye las disposiciones del Estatuto General de Contratación sobre equilibrio económico; y la pretensión debe interpretarse dentro del marco de la excesiva onerosidad, para verificar si se configura. Por ello, cuando las prestaciones ya fueron ejecutadas, no existe objeto sobre el cual predicar el ajuste judicial de la prestación. La providencia de primera instancia se confirma en lo relativo a esta pretensión.síntesis automática
También resuelve:¿Cumple el Consorcio la carga argumentativa y probatoria necesaria para controvertir la decisión de primera instancia?¿Procede la condena en costas y agencias en derecho de segunda instancia cuando el recurso de apelación de la parte demandante recibe una decisión desfavorable?
¿Procede la condena en costas procesales en primera instancia en el caso concreto, en cuanto existió temeridad procesal o mala fe por parte del hoy demandante al repetir sin fundamento en contra de los demandados, al entorpecer y/o dilatar el desarrollo normal del proceso y al someterlos a asumir el pago de honorarios para su defensa? No
En la acción de repetición no procede condenar en costas en primera instancia cuando no se acredita temeridad ni mala fe de la parte demandante, ni una conducta que entorpezca o dilate el proceso, y que el pago de honorarios de la defensa de los demandados no demuestra por sí solo la temeridad. Una razón es que el demandante tuvo motivos para vincular al agente, pues la demanda y las pruebas mostraban su contacto con el paciente, la realización de análisis de síntomas y su influencia en el diagnóstico, de modo que la demanda no fue infundada ni caprichosa. Otra razón es que las demoras del proceso se debieron a causas ajenas a la entidad, como la notificación de un demandado en el exterior, la posesión de la curadora ad litem, la reconstrucción del expediente y las medidas de descongestión. En el caso, la Sala confirmó la decisión que se abstuvo de condenar en costas, y señaló que, bajo el régimen del Código Contencioso Administrativo, no era posible condenar en costas a la demandante. Su consecuencia práctica es que la mera absolución por falta de elemento subjetivo no basta para imponer costas al demandante en repetición.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la condena en costas procesales en segunda instancia, en razón a que las partes procesales actuaron con temeridad o mala fe?
¿Se configuró la caducidad de la acción de controversias contractuales? Sí
El contratista no puede beneficiarse del término de suspensión del artículo 21 de la Ley 640 de 2001 para evitar la caducidad de la acción de controversias contractuales sin acreditar que radicó la solicitud de conciliación prejudicial y que dicha solicitud fue declarada fallida, lo que implica que la entidad estatal no confesó haber realizado la audiencia de conciliación prejudicial en el escrito de contestación de la demanda, y que la parte actora no cumplió con su carga probatoria de demostrar la suspensión del término de caducidad. La Sala modifica la sentencia para declarar la caducidad de la acción, reafirmando que el derecho de acceso a la administración de justicia no exime a las partes de sus deberes y cargas procesales. Además, la Sala determina que no habrá lugar a la imposición de costas y agencias en derecho, ya que la parte vencida no actuó con temeridad o mala fe dentro del proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Solo habrá lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado con temeridad o mala fe dentro del proceso?
¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando el contrato no es liquidado inicia a partir del cumplimiento del plazo máximo que da la ley para tal efecto? Sí
El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando el contrato no es liquidado inicia a partir del cumplimiento del plazo máximo que da la ley para tal efecto. En este caso, la demanda se presentó dentro del término de caducidad, el contrato terminó el 29 de octubre de 2007 y no fue liquidado, por lo cual, los dos años de caducidad se computarían desde el plazo máximo para realizar la liquidación unilateral, conforme a lo dispuesto en el literal d) del numeral 10 del artículo 136 del CCA.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó que el cambio de los precios en los insumos para la ejecución de la obra provocó la ruptura del equilibrio económico del contrato?¿Cuál es el criterio de procedencia en costas en asunto regido por el CCA?
¿La caducidad corresponde a una figura jurídica de orden público, a través de la cual el legislador limita el espacio temporal en que puede accederse a la jurisdicción en ejercicio del derecho de acción? Sí
El contratista no puede acceder a la jurisdicción para ejercer su derecho de acción una vez que ha transcurrido el límite temporal establecido por la ley, ya que la caducidad es una figura jurídica de orden público que limita el espacio temporal en que se puede ejercer el derecho de acción, protegiendo así la seguridad jurídica y el debido proceso. En el caso específico, la demanda fue presentada catorce años después de la configuración de la caducidad, lo que la hace inadmisible, ya que el cómputo del término de caducidad se rige por la ley vigente al momento de iniciarse el plazo, no por la que esté en vigor al momento de presentar la demanda. Esta regla reitera la jurisprudencia existente sobre la aplicación del artículo 40 de la Ley 153 de 1887 para determinar la norma aplicable al cómputo del término de caducidad, lo que implica que las partes deben ser conscientes de la importancia de presentar sus demandas dentro del plazo establecido por la ley vigente al momento de la ocurrencia del hecho que da lugar a la acción.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó de forma oportuna la declaración de nulidad absoluta del contrato de comodato 045 del 19 de abril de 1990, celebrado entre el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y la Cooperativa…¿Procede la condena en costas en los eventos en que no prospera la demanda?
¿La facultad convencional de Ecopetrol S.A. para liquidar unilateralmente el contrato le permitía materializar dicha liquidación mediante la expedición de un acto administrativo? No
El contratista no puede solicitar que el juez revise o modifique una fórmula de reajuste de precios pactada en el contrato estatal, argumentando que resulta insuficiente, ya que la fórmula es un acuerdo entre las partes y tiene fuerza obligatoria. La Sala rechaza la pretensión del Tribunal de restar efecto vinculante a la fórmula de reajuste, al considerar que no existe un enriquecimiento sin causa en la aplicación correcta de dicha fórmula. Esta decisión matiza la interpretación de que el juez puede modificar unilateralmente cláusulas contractuales basándose en criterios de equidad, reafirmando la autonomía de la voluntad privada en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Debe aplicarse el principio pro actione para considerar oportuna la demanda de controversias contractuales, ante la incertidumbre sobre la fecha en que la Unión Temporal conoció la Resolución No. 2…¿Puede el juez revisar o modificar una fórmula de reajuste pactada solo porque resulte “insuficiente”, como sostuvo el Tribunal?¿Podía la Unión Temporal desconocer la forma de reajuste que había acordado en el Acta No. 1 de febrero de 2005?
¿Operó el fenómeno jurídico de caducidad de la acción porque la demanda se presentó por fuera de los dos años siguientes al vencimiento del plazo para el pago de la condena? Sí
El contratista no puede ejercer la acción de repetición si presenta la demanda fuera del plazo de dos años contados desde el día siguiente al vencimiento del plazo para el pago de la condena. En este caso, la sentencia de 20 de septiembre de 2000, que impuso la condena, quedó ejecutoriada el 3 de noviembre de 2000, y el plazo para efectuar el pago se extendió hasta el 4 de mayo de 2002, es decir, dieciocho meses después de la ejecutoria. Como los documentos presentados no acreditan la fecha exacta del pago, el término de caducidad se computa desde el 5 de mayo de 2002, por lo que la demanda presentada el 11 de enero de 2006 es extemporánea, operando la caducidad de la acción. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre el cómputo del término de caducidad y su configuración en casos similares, lo que implica que cualquier demanda presentada fuera del plazo establecido será declarada caduca.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó temeridad o mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas?
¿Es procedente la condena en costas contra la entidad demandante cuando no se acredita dolo o culpa grave de los ex funcionarios en la expedición de un acto administrativo anulado judicialmente? No
El contratista no es condenado en costas cuando no se acredita dolo o culpa grave de los ex funcionarios en la expedición de un acto administrativo anulado judicialmente, ya que la Sala considera que la entidad demandante no actuó con temeridad ni mala fe, elementos necesarios para la condena en costas. La Sala reitera que la acción de repetición no es un proceso ejecutivo, sino declarativo, donde se debate la responsabilidad de los agentes del Estado, y en este caso, la parte recurrente no logró demostrar la existencia de dolo o culpa grave. Por lo tanto, la Sala confirma la sentencia de primera instancia que se abstuvo de condenar en costas a la entidad demandante, lo que implica que en casos similares, si no se acredita la mala fe o temeridad, no procederá la condena en costas.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó temeridad o mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas?
¿Se acreditaron los requisitos de procedencia del medio de control de repetición, entre ellos la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal? No
El contratista no acredita los requisitos de procedencia del medio de control de repetición, entre ellos la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal. La Sala confirmará la sentencia apelada, aunque por las razones que se expondrán en esta decisión, que están relacionadas con la ausencia de prueba del elemento subjetivo. A pesar de que se probaron los elementos objetivos de la acción de repetición, no se acreditó que una conducta gravemente culposa del demandado hubiera determinado, o al menos incidido de modo eficiente, en los hechos por los cuales el Estado acordó el pago de una indemnización a favor de las víctimas de la emboscada de que fueron objeto militares de dicho Batallón el 7 de febrero de 1998.síntesis automática
También resuelve:¿Se observó temeridad o mala fe en el actuar de la parte actora que haga procedente la condena en costas?
¿La impugnación propuesta estuvo debidamente sustentada desde el plano material? No
Cuando el recurso de apelación contra una sentencia se limita a transcribir los argumentos de la demanda y de los alegatos de primera instancia, sin formular inconformidad alguna contra las razones de la sentencia recurrida, la impugnación no está debidamente sustentada desde el plano material y el tribunal no puede decidir sobre esos aspectos. La regla se sostiene en tres razones: la apelación debe confrontar los argumentos del fallo impugnado para delimitar el objeto de la segunda instancia; la reproducción literal de escritos anteriores carece de objeto de discusión frente a la decisión; y, por ello, no es posible emitir decisión sobre las pretensiones que la apelación no cuestionó. En el caso, la sala confirmó la sentencia en lo relativo a esas pretensiones, y frente a la condena en costas de primera instancia negó la procedencia de la condena al no existir temeridad ni mala fe. El documento cita una sentencia de la sección sobre las circunstancias de indebida sustentación; la consecuencia práctica es que el apelante debe señalar qué razón concreta de la sentencia controvierte.síntesis automática
También resuelve:¿De acuerdo con el Código Contencioso Administrativo, aplicable a este proceso, debió condenarse en costas de primera instancia al ente demandado por haber sido la parte vencida?¿El fallo recurrido envuelve una contradicción, porque afirmó que el ente demando había pagado una suma que, luego, condenó a pagar y, si existía duda sobre el pago…¿Al ser desestimadas las pretensiones de incumplimiento contractual, debió desestimarse, a su vez, la pretensión de liquidación del contrato por ser consecuencial —no autónoma— a aquellas…
¿Se acreditaron los requisitos de procedencia de la acción de repetición, entre ellos la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal? No
El contratista no acredita los requisitos de procedencia de la acción de repetición, entre ellos la conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal, al no cumplir con la carga de la prueba conforme al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, ya que no presenta pruebas conducentes y pertinentes para demostrar la culpa grave o el dolo del demandado. En este caso, la Sala confirmó la decisión de negar las pretensiones de la demanda por falta de prueba sobre la culpa grave y el dolo, lo que implica que el contratista debe aportar evidencias claras y relevantes para establecer la responsabilidad del agente estatal en casos similares.síntesis automática
También resuelve:¿Se configuró la caducidad de la acción de repetición?¿Existió temeridad de la parte actora que haga procedente la condena en costas?
¿El consorcio cumplió los requisitos de habilitación previstos en el marco de la licitación pública, para la adjudicación de un contrato de concesión de infraestructura vial? No
El contratista no cumple los requisitos de habilitación previstos en el marco de la licitación pública para la adjudicación de un contrato de concesión de infraestructura vial, ya que debe demostrar el cumplimiento de todas las exigencias financieras establecidas en el pliego de condiciones, incluyendo la calificación crediticia global de la entidad financiera, que en este caso era de al menos BBB de Standard & Poor’s Corporation o su equivalente. La entidad financiera del consorcio presentó una calificación de BBB-, lo cual es inferior a la requerida, ya que la calificación BBB- indica una posición de pago menor a la de BBB. Además, la calificación presentada fue una evaluación nacional, no global, lo que no cumple con los estándares internacionales exigidos por el pliego de condiciones. Esta decisión reitera la importancia de cumplir rigurosamente con los requisitos financieros establecidos en el pliego de condiciones para ser considerado un proponente admisible en procesos de licitación pública.síntesis automática
También resuelve:¿El pliego de condiciones estableció que la entidad financiera debía tener una calificación global de al menos BBB de Standard & Poor’s Corporation o su equivalente?¿Procede la condena en costas en segunda instancia?
¿Teniendo en cuenta que el pago de la condena se realizó luego del vencimiento del plazo de dieciocho meses previsto en la norma, y que la demanda se presentó después del término de dos años señalado en la misma Ley, se debe rechazar la demanda por caducidad de la acción de repetición? Sí
La acción de repetición caduca cuando el pago de la condena se efectúa después del vencimiento del plazo de dieciocho meses con que cuenta la administración para pagarla, pues en ese caso el término de dos años se cuenta desde el vencimiento de ese plazo, conforme al artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y a las sentencias C-832 de 2001 y C-394 de 2002. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que, según el comprobante de egreso, el pago se efectuó el 8 de marzo de 2001, después del vencimiento de los dieciocho meses, de modo que el término se contó desde el 11 de noviembre de 2000 y la demanda debía presentarse hasta el 11 de noviembre de 2002. La segunda es que la demanda se presentó el 22 de abril de 2003, cuando la acción ya había caducado. Por ello la Sala confirma la decisión de primera instancia que declaró la caducidad y se abstiene de condenar en costas a la parte recurrente, porque no se evidenció temeridad ni mala fe. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Al no evidenciarse temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de la parte recurrente, debe exonerarse de la condena en costas…
¿La acción de controversias contractuales interpuesta por el Invías fue presentada dentro del término de caducidad previsto en el artículo 136 del CCA, teniendo en cuenta la suspensión derivada de la solicitud de conciliación extrajudicial? No
El contratista no puede presentar la acción de controversias contractuales fuera del término de caducidad previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, ya que este es una norma de orden público que no puede ser modificada por la voluntad de las partes, salvo en casos específicos como la liquidación bilateral del contrato. En este caso, la entidad estatal presentó la solicitud de conciliación extrajudicial tres días antes de que venciera el término de caducidad, lo que suspendió temporalmente el cómputo del plazo, pero no permitió que la acción fuera presentada a tiempo. La Sala revocó la sentencia de primera instancia que liquidó el contrato y declaró la caducidad de la acción, sin condenar en costas debido a la ausencia de temeridad o mala fe en el actuar de las partes.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el término de caducidad de la acción ser modificado por la voluntad de las partes una vez iniciado su cómputo?¿Procede la condena en costas cuando no se evidencia temeridad o mala fe en el actuar de las partes y la acción es declarada caducada?
¿Operó la caducidad de la acción, en razón al incumplimiento de las cargas procesales en cabeza de la actora, porque la admisión de la demanda se produjo tardíamente? No
La entidad estatal no opera la caducidad de la acción de repetición en razón al incumplimiento de las cargas procesales en cabeza de la actora, debido a que la admisión de la demanda se produjo dentro del plazo establecido. La acción de repetición tiene un término de caducidad de dos años, contados a partir del día siguiente a la pagada la condena por la entidad o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de los dieciocho meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia. En este caso, la demanda fue presentada en febrero de 2004, lo que la hace válida, incluso considerando los siete días que tardó la demandante en allegar la documentación requerida.síntesis automática
También resuelve:¿Deben reconocerse costas procesales a favor del demandado, de acuerdo con una interpretación objetiva del artículo 55 de la Ley 446 de 1998…
¿Al presente proceso en ejercicio de la acción de repetición le es aplicable el régimen jurídico contenido en la Ley 678 de 2001? No
El régimen jurídico contenido en la Ley 678 de 2001 no es aplicable al proceso en ejercicio de la acción de repetición contra un agente del Estado, ya que los hechos ocurrieron en diciembre de 1993, con anterioridad a su vigencia. Además, la acción de repetición no se puede apoyar en la sentencia del proceso de reparación directa, ya que no le es oponible al demandado y la responsabilidad del Estado se analizó "bajo la arista de la responsabilidad presunta". No se demostró que el agente cometiera una conducta dolosa o gravemente culposa que justifique la condena patrimonial.síntesis automática
También resuelve:¿Se configuró la culpa grave en la conducta del agente por lo cual debe responder patrimonialmente por la condena pagada por el Estado?¿Cuál es el criterio de procedencia para la condena en costas en vigencia del Código Contencioso Administrativo?
¿La constitución de la unión temporal adolecía de nulidad por objeto ilícito? Sí
No pueden surgir derechos válidos de un negocio jurídico con objeto ilícito, conforme al artículo 1525 del Código Civil, de modo que el contrato celebrado con fundamento en una asociación que no cumplió los requisitos constitucionales y legales es nulo de manera absoluta y puede declararse de oficio. Una razón es que la entidad territorial no dio cabal cumplimiento a lo dispuesto para ese tipo de asociaciones, por lo que la constitución de la unión temporal adolece de nulidad por objeto ilícito. Otra razón es que los contratos derivados de esa unión, el de obra y el de cesión celebrado después, no pueden subsistir como fuente de derechos, porque su origen es ilícito, con fundamento en los numerales 8 del artículo 2 y 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. En el caso, el tribunal había declarado probada la falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva, decisión que la Sala revocó para declarar de oficio la nulidad absoluta de la unión temporal y de los contratos derivados. Su consecuencia práctica es que la nulidad absoluta por objeto ilícito impide reconocer derechos contractuales aunque las partes carezcan de legitimación aparente.síntesis automática
También resuelve:¿Pueden surgir derechos válidos de un negocio jurídico con objeto ilícito?¿El objeto del contrato es ilícito por el hecho de haber sido el resultado de una contratación directa sin el cumplimiento de lo previsto en la ley?¿Se cuenta con elementos de juicio ciertos y claros que permitan denotar un conocimiento contentivo de mala fe y conocimiento de la ilicitud?
¿Es procedente el estudio de legalidad del acto administrativo, mediante el cual el agente liquidador de la ESE Antonio Nariño dio por terminado unilateralmente el contrato de prestación de servicios No. CSP-3742008, por cuenta de la supresión y liquidación de la ESE, ordenada por el Decreto 3870 de 2008, mediante el ejercicio de la acción de controversias contractuales? No
Las decisiones del liquidador en el proceso de liquidación de una empresa social del Estado son actos administrativos y no contractuales, por lo que la legalidad de la terminación unilateral de un contrato de prestación de servicios dispuesta en ese proceso no se estudia mediante la acción de controversias contractuales. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que, en los términos del artículo 6 del Decreto 3870 de 2008, los actos del liquidador tienen naturaleza de actos administrativos, aunque decidan sobre reclamaciones que tengan origen en contratos. La segunda es que la vía idónea para cuestionar su legalidad es la nulidad y restablecimiento del derecho. La tercera es que la demandante ya había obtenido el reconocimiento de su crédito dentro del proceso de liquidación mediante una resolución ejecutoriada, con presunción de legalidad. En el caso concreto, el Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera instancia, que había declarado probadas las excepciones de indebida escogencia de la acción y error en la acción a seguir. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Las decisiones que emite el liquidador en el proceso de liquidación de la ESE son actos administrativos?¿En eventos en los que se acredita que la parte actora actuó de mala fe y que su conducta fue temeraria, procede la condena en costas?
¿La contabilización del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia a partir de la suscripción del acta bilateral, la ejecutoria del acto administrativo de liquidación unilateral o, en defecto de las dos modalidades anteriores, desde el vencimiento del plazo para efectuarla? Sí
Cuando el contrato estatal debe liquidarse y no se ha liquidado, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales se cuenta desde la suscripción del acta bilateral de liquidación, desde la ejecutoria del acto de liquidación unilateral o, a falta de ambas, desde el vencimiento del plazo legal para practicarla, según el literal d) del artículo 136 del CCA. Las razones que sostienen la regla son tres: el cómputo del plazo es de orden público y no puede alterarse por acuerdo, la Ley 446 de 1998 incorporó en el artículo 136 los eventos que fijan el conteo, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 permite liquidar de forma extemporánea dentro del bienio siguiente, facultad cuyo ejercicio no puede convertirse en una restricción procesal. Si la facultad no se ejerció y el contrato no quedó liquidado, el plazo corre desde el vencimiento de la liquidación. La providencia reitera la jurisprudencia unificada sobre este punto, y el caso se resolvió confirmando la decisión de instancia. La consecuencia práctica es que el demandante debe verificar si el contrato fue liquidado dentro del plazo y, si no lo fue, contar la caducidad desde su vencimiento.síntesis automática
También resuelve:¿Erró el a quo al tomar como hito inicial del plazo para la incoación del medio de control de solución de controversias contractuales…¿Se acreditó temeridad o mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas?
¿El régimen aplicable a la acción de repetición se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena y el tiempo en el que estos acaecieron? Sí
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corporación, en garantía del derecho al debido proceso, contenido en el artículo 29 constitucional, es necesario definir la norma sustancial vigente en el momento de la ocurrencia de los hechos. En concreto, el reconocimiento de la mora se causó desde el 06 de abril de 1999 hasta el 18 de julio de 2001, precisando que la Ley 678 de 2001 entró en vigencia el 04 de agosto de 2001.
También resuelve:¿Los demandados incurrieron en culpa grave al incumplir de forma inexcusable lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 244 de 1995…¿Se acreditó temeridad o mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas?