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Consejo de Estado
Providencia
La Sala revocará la decisión de declarar la caducidad
Sentencia — Sentencia
2022-07-13
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 50001233100020060084501
ACCION CONTRACTUAL
¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de controversias contractuales, considerando que el término fue suspendido por la solicitud de conciliación ante el agente del Ministerio Público, y que, a pesar de que el requisito de procedibilidad no fuera obligatorio, en lo que respecta a la suspensión del término, la ley no distingue entre los procesos en los que el trámite de conciliación sea requisito de procedibilidad y aquellos en que no? No
El contratista no puede alegar la caducidad de la acción de controversias contractuales cuando el término de caducidad fue suspendido por la presentación de una solicitud de conciliación ante el agente del Ministerio Público, independientemente de que el trámite de conciliación no sea un requisito de procedibilidad, ya que la ley no distingue entre procesos en los que la conciliación es obligatoria y aquellos en que no lo es. La suspensión del término de caducidad opera hasta que se expida la constancia de no conciliación o hasta que se venza el plazo de tres meses, reanudándose el término una vez finalizado este periodo. En la práctica, esta regla reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la suspensión del término de caducidad, permitiendo que los contratistas puedan interponer acciones de controversias contractuales sin temor a la caducidad cuando han solicitado conciliación, incluso en casos en los que la conciliación no es un requisito de procedibilidad.síntesis automática
También resuelve:
¿La existencia de inconsistencias en los estudios, diseños y planos entregados por el INVÍAS para construir la vía, afectaron la ejecución de la obra de forma tal que ocasionara que el contratista…
¿Para reconocer el desequilibrio a favor del contratista se requiere la existencia de hechos imprevistos no imputables al contratista…
¿Resulta procedente el restablecimiento de la ecuación financiera a favor del contratista, del contrato de obra pública pactado a precios unitarios…
Consejo de Estado
Providencia
La sentencia de primera instancia será confirmada
Sentencia — Sentencia
2024-02-19
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000233600020130158301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se probó la supuesta afectación a los intereses de la demandante como consecuencia de la mayor permanencia en obra? No
La contestación extemporánea de la demanda produce un indicio grave en contra del demandado, pero ese indicio no suple la prueba de los sobrecostos por mayor permanencia en obra, que debe acreditarse con precisión por quien los alega. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el indicio es una prueba indirecta que no permite establecer la dimensión real de la afectación alegada. Segunda, el dictamen pericial practicado en segunda instancia carece de respaldo técnico o científico, pues sus conclusiones son apreciaciones subjetivas que no resultan de un método propio de la profesión del perito. Tercera, el perito no cumplió la labor para la cual fue llamado, lo que impide tener el dictamen como prueba idónea. La providencia confirma la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones. La consecuencia práctica es que la parte que reclama sobrecostos por mayor permanencia debe aportar prueba técnica idónea de su magnitud, pues la extemporaneidad de la contestación no la releva de esa carga.síntesis automática
También resuelve:
¿La contestación extemporánea de la demanda por la demandada tiene por efecto la presunción de veracidad de sus fundamentos de hecho?
¿Es indispensable acreditar específicamente cuáles fueron los mayores costos y que estos hayan sido empleados realmente en el sitio de la construcción?
¿Tanto la falta de licencias como la modificación de estudios y diseños ocasionaron las múltiples suspensiones del contrato?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
No debe declararse la nulidad procesal de la sentencia de primera instancia, y de todos los actos del proceso hasta el auto admisorio de la demanda, porque hay un litisconsorcio necesario entre Allianz y la UT contratista.
Sentencia — Sentencia
2024-08-23
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 85001233300020160006101
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe declararse la nulidad procesal de la sentencia de primera instancia, y de todos los actos del proceso hasta el auto admisorio de la demanda, porque hay un litisconsorcio necesario entre Allianz y la UT contratista? No
El contratista no debe ser declarado en litisconsorcio necesario con la entidad aseguradora, ya que la relación entre ambas no es indispensable para que uno de ellos actúe en el proceso, configurándose así un litisconsorcio cuasinecesario. Además, las objeciones al dictamen pericial presentadas por la aseguradora no constituyen un error grave, afectando solo la credibilidad y solidez técnica de la prueba, pero no su validez. Asimismo, la UT contratista no tiene la obligación de corregir y ajustar los diseños de la obra, y el incumplimiento en la entrega de los planos no justifica hacer efectiva la garantía de cumplimiento por el 100% del valor estipulado, ya que no se demostró un nexo causal entre la deficiencia en los diseños y la inejecución de las obras. Por último, la entidad estatal rechaza la pretensión de nulidad de las resoluciones impugnadas, al no acreditarse adecuadamente la inversión del anticipo por parte del contratista.síntesis automática
También resuelve:
¿Los dictámenes periciales adolecen de error grave por las deficiencias técnicas y metodológicas expresadas por la parte demandante?
¿Le asistía a la UT contratista el deber de corregir y ajustar los diseños de la obra que eran objeto del contrato núm. 320 de 2011?
¿El contratista manejó e invirtió adecuadamente los recursos del anticipo pactado?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
En el recorrido de entrega únicamente se identificó un aspecto pendiente de ser corregido por el contratista de obra
Sentencia — Sentencia
2025-04-28
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 25000233600020190040601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente declarar que entre el Instituto de Desarrollo Urbano y el Ejército Nacional se celebró el convenio interadministrativo No. 8 de 2012, cuyo objeto fue cumplido por parte de dicho Instituto? Sí
El contratista cumple con el objeto del convenio interadministrativo celebrado con la entidad estatal cuando ejecuta la obra civil y entrega el acta de recibo final, acreditando así el cumplimiento de las obligaciones pactadas, independientemente de los aportes económicos realizados por la entidad. En este caso, el IDU y el Ejército Nacional celebraron el convenio interadministrativo No. 8 de 2012 para la construcción de la Alameda, y el IDU cumplió con sus obligaciones al contratar y supervisar la obra, entregando la Alameda al Ejército Nacional en septiembre de 2015. A pesar de que el Ejército Nacional no aportó el capital completo estipulado en el convenio, el IDU ejecutó la obra y recibió los rendimientos financieros correspondientes, lo que demuestra el cumplimiento del convenio por parte del IDU, reiterando la importancia de la ejecución efectiva de las obras para declarar el cumplimiento del convenio interadministrativo.síntesis automática
También resuelve:
¿Se acreditó que el Instituto de Desarrollo Urbano incurrió en gastos adicionales para cumplir con el objeto y las obligaciones pactadas en el convenio interadministrativo No. 8 de 2012…
¿Resulta procedente declarar judicialmente liquidado el convenio interadministrativo No. 8 de 2012 con un saldo a favor del Instituto de Desarrollo Urbano…
¿Resulta procedente reconocer intereses moratorios sobre el saldo a favor del IDU, a pesar de que dicho valor corresponde al perjuicio material en la modalidad de daño emergente?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Se configuró la caducidad de la pretensión de nulidad absoluta del negocio jurídico
Sentencia — Sentencia
2025-05-30
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020190046401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configuró la caducidad de la pretensión de nulidad absoluta del negocio jurídico? Sí
La pretensión de nulidad absoluta de un contrato estatal caduca a los dos años contados desde el día siguiente al perfeccionamiento del negocio jurídico, conforme al literal j) del artículo 164 del CPACA, salvo que se interponga mientras el negocio se encuentre vigente. La regla se apoya en que el término se cuenta desde el perfeccionamiento y no desde la ejecución, y en que la demanda cabe mientras el negocio se encuentre vigente. Por ello, la fecha de perfeccionamiento es determinante para establecer la oportunidad. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. En el caso, la demanda se presentó más de tres años después del perfeccionamiento y cuando el contrato ya no estaba vigente, por lo que se configuró la caducidad de la pretensión de nulidad absoluta. Como consecuencia práctica, la pretensión de nulidad absoluta debe formularse dentro de los dos años o mientras el contrato se mantenga vigente, so pena de caducidad.síntesis automática
También resuelve:
¿La formulación de las pretensiones adolece de una notable imprecisión y falta de claridad en tanto no se identificó cuáles de ellas eran principales, subsidiarias y consecuenciales?
¿Las correcciones y ajustes debían ser considerados en la programación del contratista y no lo exoneraban de cumplir con la entrega de los estudios y diseños…
¿La interventoría recomendó iniciar proceso sancionatorio, con fundamento en el reiterado incumplimiento de las obligaciones del hoy demandante?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El contratista incumplió sus obligaciones
Sentencia — Sentencia
2022-12-16
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 05001233100020060012701
ACCION CONTRACTUAL
¿El contratista incumplió sus obligaciones respecto de la programación de la obra desde un inicio? Sí
El contratista incumple sus obligaciones respecto a la programación de la obra desde el inicio, lo que se evidencia por retrasos superiores al 25% mensual en la inversión y metas físicas, sin que las modificaciones en los planos por parte de la interventoría justifiquen estos atrasos. La entidad no incumple al modificar los planos, previsto en el contrato, y el contratista no acredita justificación alguna para su incumplimiento. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, reforzando que el incumplimiento del contratista en la programación inicial invalida la excepción de contrato no cumplido, con implicaciones significativas para la responsabilidad contractual y la ejecución de obras públicas.síntesis automática
También resuelve:
¿La demandante aceptó que conocía los motivos que dieron lugar a declarar la caducidad del contrato antes de que se expidiera ese acto administrativo?
¿Los incumplimientos que dieron lugar a la declaratoria de caducidad estaban relacionados con la falta de ejecución de la obra?
¿Para el momento en que se ejecutaron las obras extras ordenadas por la Interventoría, el contratista ya había incumplido la programación de la obra ordinaria?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El fenómeno jurídico de la caducidad representa un límite o un plazo máximo, dentro del cual se debe ejercer el derecho de acción
Sentencia — Sentencia
2022-03-04
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000232600020090088801
ACCION CONTRACTUAL
¿El fenómeno jurídico de la caducidad representa un límite o un plazo máximo, perentorio y preclusivo, dentro del cual se debe ejercer el derecho de acción, de naturaleza objetiva, que corre indefectiblemente y no se interrumpe, ni se suspende salvo determinados eventos? Sí
El contratista debe ejercer su derecho de acción dentro del término de caducidad, un límite temporal perentorio y preclusivo que corre indefectiblemente y no se interrumpe ni suspende, salvo en casos específos como la conciliación extrajudicial. En contratos estatales que requieren liquidación y ésta se lleva a cabo de común acuerdo, el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia a partir del día siguiente a la fecha en que las partes liquidaron el contrato. Los contratos de tracto sucesivo, cuya ejecución se prolonga en el tiempo, son objeto de liquidación que debe llevarse a cabo de común acuerdo entre las partes o, en su defecto, de forma unilateral por la entidad estatal, con el fin de determinar el estado económico final del contrato y finiquitar la relación negocial. Esta jurisprudencia reitera y matiza precedentes, estableciendo claramente los plazos y procedimientos para la liquidación y ejercicio de acciones en contratos estatales, lo que implica una mayor certeza jurídica en la administración de contratos públicos.síntesis automática
También resuelve:
¿En los contratos estatales que requieran de liquidación y ésta se lleva a cabo de común acuerdo, la contabilización del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia a…
¿Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación…
¿Es a partir de la terminación del contrato, cuando empieza la etapa de liquidación, que deberá llevarse a cabo, en principio, de común acuerdo entre las partes…
Consejo de Estado
Providencia
La configuración de un silencio administrativo positivo solo procede en los casos expresamente previstos en disposiciones especiales, conforme al artículo 84 del CPACA.
Sentencia — Sentencia
2026-01-30
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 15001233300020180025201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La solicitud de autorización para la cesión de la participación de CONSTRUCTEC S.A.S. en la unión temporal generó silencio administrativo positivo que habilitó la sustitución del integrante sin el consentimiento previo de la entidad estatal contratante y, en consecuencia, excluyó a dicha sociedad de la responsabilidad solidaria derivada de la ejecución contractual? No
El integrante de una unión temporal no se exime de la responsabilidad solidaria derivada de la ejecución contractual mediante una solicitud de cesión de su participación que no logre configurar silencio administrativo positivo por la inobservancia de las condiciones legales sustanciales. En este litigio de controversias contractuales, la Sala modifica la sentencia de primera instancia para declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, determinando que la ficción jurídica del silencio administrativo exige un pronunciamiento insatisfecho de la entidad contratante frente a una petición formal.síntesis automática
También resuelve:
¿La entrega de 2.166 losas de concreto rígido con defectos clasificados con severidad media y baja por parte de la UTTB genera la obligación de indemnizar a INVÍAS por el menoscabo patrimonial…
¿INVÍAS acreditó un daño patrimonial imputado al incumplimiento en la entrega de los planos as built, de manera que resulte procedente imponer una condena indemnizatoria en la liquidación del…
¿Debe imputarse a la aseguradora obligación indemnizatoria a favor de INVÍAS con fundamento en el amparo de cumplimiento de la póliza n.º 43069273…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
No hay lugar al reconocimiento de los costos administrativos por la mayor permanencia en obra
Sentencia — Sentencia
2024-04-24
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000232600020120075901
ACCION CONTRACTUAL
¿Hay lugar al reconocimiento de los costos administrativos por la mayor permanencia en obra, producto de la vulneración del principio de planeación por la falta de definición de los diseños y estudios para la obra por parte del IDU? No
Cuando el pliego de condiciones impone al contratista la carga de revisar, verificar, ajustar y complementar los diseños y estudios que la entidad entrega de manera incompleta, la suspensión y la adición de tiempo y dinero derivadas de esos ajustes no configuran violación del principio de planeación ni dan lugar al reconocimiento de costos administrativos por mayor permanencia en obra. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, el contratista que presenta su oferta conociendo que la entidad no entregó diseños y estudios definitivos asume la obligación de apropiarse de ellos mediante la revisión y complementación previstas en el pliego. Segundo, la apropiación de los diseños mediante acta demuestra que el ajuste fue una obligación asumida por el contratista y no una falla de planeación imputable a la entidad. La providencia concluye que no hay lugar al reconocimiento reclamado; en la práctica, el contratista que alegue mayor permanencia por deficiencias de los diseños debe demostrar que estos le impedían ejecutar la obra en las condiciones del pliego.síntesis automática
También resuelve:
¿Procede el reconocimiento de los costos por mayor permanencia en la obra por actividades de mejoramiento que no estaban contempladas en el contrato original?
¿Procede el reconocimiento de volúmenes de rajón descontados por la interventoría en el Acta No. 7 y dejados de pagar por el IDU?
¿Procede practicar la liquidación judicial del contrato?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Es menester precisar el régimen jurídico del contrato de obra pública No. LP-OP-01- 2019
Sentencia — Sentencia
2026-10-01
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 19001233300020220028701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El régimen jurídico aplicable al contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 suscrito por el municipio de Mercaderes se enmarca en las disposiciones de la Ley 80 de 1993 y en las normas que regulan los contratos de obra pública? Sí
Los contratos de obra pública que celebran los municipios, como entidades estatales, se rigen por la Ley 80 de 1993 en cuanto a su gestión contractual, en virtud de los artículos 2 y 13 de esa ley. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 define el contrato de obra como el que celebran las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para cualquier trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago; la naturaleza estatal de la entidad determina el régimen aplicable al negocio; y el marco normativo del contrato delimita la controversia que debe resolverse en sede judicial. Por tanto, el análisis de una obra pública celebrada por un municipio, como el mejoramiento de vías terciarias mediante placa huella, debe partir de la Ley 80 de 1993 y de las normas que regulan el contrato de obra. En cuanto al contenido, esa ley establece que las estipulaciones contractuales se fijan en el negocio, lo que obliga a verificar el clausulado frente a ese estatuto. La providencia de primera instancia se confirma en este punto.síntesis automática
También resuelve:
¿La demanda relativa al contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 fue presentada dentro del término de dos años previsto en el ordinal v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA…
¿La valoración probatoria acredita que el municipio de Mercaderes incumplió el contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 por vulneración del deber de planeación derivada de la omisión en la entrega…
¿La superposición entre el contrato de obra pública No. LP-OP-01-2019 y un contrato departamental de consultoría sobre el mismo tramo vial configura una vulneración del deber de planeación que…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El sentido atribuido a las cláusulas debe ser compatible con una forma de ejecución respetuosa de los deberes de corrección y lealtad.
Sentencia — Sentencia
2025-09-01
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 25000233600020180111402
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Conforme a lo pactado en el otrosí 5, la obligación del contratista consistía en reembolsar al Fondo los costos efectivamente incurridos por el Interventor de Obra encargado del seguimiento técnico del proyecto, mas no en pagar una suma fija predeterminada? No
El contratista no está obligado a reembolsar al Fondo los costos efectivamente incurridos por el Interventor de Obra, sino a pagar una suma fija predeterminada de $474'000.000, como resultado de un acuerdo directo que especifica el valor por los servicios de seguimiento técnico durante un plazo adicional. Esta interpretación se basa en la cláusula segunda y el anexo 1 del contrato 028 de 2014, que establecen un precio fijo por los servicios del Interventor de Obra, y no un mecanismo de reembolso de gastos. La Sala considera que esta interpretación es coherente con el principio de buena fe, ya que mantiene el patrón contractual acordado y evita trasladar a la entidad estatal un sobrecosto ajeno a su conducta. Esta decisión modifica la interpretación anterior y establece que la obligación del contratista es pagar la suma acordada, no reembolsar costos efectivos.síntesis automática
También resuelve:
¿Procede ordenar el pago de las mayores cantidades de diseño, dado que los TCC y el contrato no excluían su reconocimiento salvo en el caso de que los sobrecostos provinieran de imprecisiones o…
¿El Tribunal habría omitió considerar que el estudio de amenaza entregado por el Fondo presentaba deficiencias técnicas, adicional que la entidad no definió con claridad los parámetros para la…
¿Respecto de los reparos formulados por el apelante contra la decisión de negar el pago de los diseños de las sedes educativas El Molino y Balconcitos…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: el principio de planeación se vio vulnerado por ambos sujetos contractuales
Aclaración voto — Aclaración de voto
2024-06-18
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020170114601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El principio de planeación se vio vulnerado por ambos sujetos contractuales? Sí
En la motivación se debió efectuar un análisis en torno a la falta de planeación en la que incurrieron las dos partes contractuales… . Desde el punto de vista de este Despacho, el principio de planeación sí se vio vulnerado; pero por ambos sujetos contractuales, dado que, en la etapa precontractual, no se tenía clara cuál era la necesidad concreta que la entidad buscaba satisfacer, en tanto la refacción de las sedes es una exigencia predicable -in genere- de todo ente estatal. Así, si bien es cierto que la finalidad, en últimas, fue la “REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS, CENTROS ZONALES, SEDES REGIONALES, UNIDADES APLICATIVAS Y DE SERVICIO DEL ICBF A NIVEL NACIONAL”, la contratante estaba en la obligación de determinar, de forma antepuesta a la vinculación del contratista, cuáles de dichas sedes serían objeto de intervenciones y -especialmente- la dimensión de éstas.
También resuelve:
¿La planeación que se debe observar en la etapa previa a la celebración del contrato se demanda respecto de ambos extremos precontratantes?