Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →
⚠ Atención: tienes 1 filtro marcado (BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURÍSTICO) que seguirá activo al buscar hasta que lo quites. Ver en buscador Quitar todos
← Volver a sentencias
Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: no debe resolverse el caso desde la perspectiva del desequilibrio económico y financiero del contrato

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2025-07-11
Radicado
52001233300020170045103
Número interno
72160
Ponente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
ORLANDO EDMUNDO REVELO, RICHARD JAVIER MOSQUERA BENAVIDES
Demandado
FUNDACIÓN DEL ALTO MAGDALENA, EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -ECOPETROL-

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: no debe resolverse el caso desde la perspectiva del desequilibrio económico y financiero del contrato

Lo que dijo la Sala

La Sala destaca que el contrato No. 058 de 2013 fue suscrito por la Fundación del Alto Magdalena, entidad sin ánimo de lucro conformada con aportes de entidades públicas y privadas, cuyo accionista mayoritario es Ecopetrol S.A., de forma que este negocio, según lo previsto en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, se somete a las normas del derecho privado. Dicho de otra forma, se encuentra exceptuado de la aplicación del estatuto general de contratación de la administración pública.… En este contexto, la figura del desequilibrio económico y financiero del contrato prevista en el EGCAP no es aplicable al presente asunto, y tampoco se encuentra contemplada, con los atributos de aquel régimen, en los estatutos civil y comercial que gobiernan la contratación de los particulares.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede basar su reclamación en la figura del desequilibrio económico y financiero del contrato cuando el negocio jurídico se rige por el derecho privado, ya que esta figura está prevista en el estatuto general de contratación de la administración pública y no en el derecho civil o comercial. La Sala destaca que el contrato en cuestión fue suscrito por una entidad sin ánimo de lucro, sujeta a las normas del derecho privado, por lo que no aplica la revisión del contrato por desequilibrio económico. En su lugar, el caso debe resolverse desde la perspectiva del incumplimiento contractual, conforme a la normativa del derecho privado y el artículo 868 del Código de Comercio, lo que implica analizar si la entidad demandada incumplió sus obligaciones contractuales y si la extensión del plazo del contrato fue imputable a dicha entidad. Esta decisión reitera y matiza precedentes anteriores, enfatizando la importancia de distinguir entre los regímenes de contratación pública y privada en la interpretación y aplicación de las normas contractuales.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Debe resolverse el caso desde la perspectiva del desequilibrio económico y financiero del contrato, en lugar de la óptica del incumplimiento contractual, según la causa petendi, los argumentos esbozados por el recurrente y el respectivo régimen contractual?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Decreto 410 de 1971, art. 868
  • Ley 489 de 1998, art. 96
  • Ley 80 de 1993, arts. 27 y 5 núm. 1

También resuelve

  • ¿Puede considerarse que la Fundación del Alto Magdalena incurrió en incumplimiento contractual por supuestas falencias en la etapa de planeación del contrato de obra No. 058 de 2013…
  • ¿Resulta procedente condenar en costas a la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONTRATO DE ENTIDAD ESTATAL CON ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO CONTRATO DE ENTIDAD PÚBLICA CON ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO RÉGIMEN LEGAL DE LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO CONTRATACIÓN ESTATAL CON ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO EVENTOS DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO APLICACIÓN DE LA EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO PROCEDENCIA DE LA EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO NORMATIVA DEL CONTRATO NORMATIVA DE LA EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO OTROSÍ AL CONTRATO SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL CONDICIONES DEL CONTRATO ESTATAL ACUERDO DE VOLUNTADES CONSENTIMIENTO CONSENTIMIENTO EXPRESO FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA BUENA FE CONTRACTUAL APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL MUTUO CONSENTIMIENTO FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA CARGA DE LA PRUEBA EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA CONDENA EN COSTAS COSTAS PROCESALES CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES AGENCIAS EN DERECHO CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Equilibrio económico del contrato Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Adición y prórroga del contrato Régimen del contrato: ¿Ley 80 o derecho privado? Condena en costas y agencias en derecho

Documentos relacionados

Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Consejo de Estado 2023-10-27 Sección Tercera (Subsección A)
El Consejo de Estado es competente para conocer del presente proceso en segunda instancia
Consejo de Estado 2024-11-18 Sección Tercera (Subsección A)
Razón por la cual no se puede predicar que las madres comunitarias ostenten la calidad de funcionarias públicas.
Consejo de Estado 2025-12-01 Sección Tercera (Subsección B)
¿Operó la caducidad de la acción contractual en el presente caso, teniendo en cuenta que el proceso se rige por el artículo 136 del CCA, que la terminación anticipada del convenio ocurrió el 31 de diciembre de 2011, que la demanda fue presentada el 28 de febrero de 2012 y su adición el 21 de junio de 2013, y que el término de caducidad estuvo suspendido entre el 13 de enero y el 27 de febrero de 2012 por haberse agotado el requisito de procedibilidad?
Consejo de Estado 2023-11-30 Sección Tercera (Subsección B)
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Consejo de Estado 2022-11-21 Sección Tercera (Subsección C)
Se rige por el artículo 355 de la Constitución y el Decreto 777 de 1992
Consejo de Estado 2026-09-07 Sección Tercera (Subsección A)
El juez de segunda instancia revisa integralmente el litigio y se pronuncia sin limitaciones cuando ambas partes apelan la sentencia.
Titulación de la relatoría 21.018 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE ENTIDAD ESTATAL CON ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO / CONTRATO DE ENTIDAD PÚBLICA CON ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO / RÉGIMEN LEGAL DE LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO / ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO / CONTRATACIÓN ESTATAL CON ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / EVENTOS DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO / APLICACIÓN DE LA EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DE LA EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO / NORMATIVA DEL CONTRATO / NORMATIVA DE LA EXCESIVA ONEROSIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Debe resolverse el caso desde la perspectiva del desequilibrio económico y financiero del contrato, en lugar de la óptica del incumplimiento contractual, según la causa petendi, los argumentos esbozados por el recurrente y el respectivo régimen contractual? Respuesta al problema jurídico: No [L]a Sala destaca que el contrato No. 058 de 2013 fue suscrito por la Fundación del Alto Magdalena, entidad sin ánimo de lucro conformada con aportes de entidades públicas y privadas, cuyo accionista mayoritario es Ecopetrol S.A., de forma que este negocio, según lo previsto en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, se somete a las normas del derecho privado. Dicho de otra forma, se encuentra exceptuado de la aplicación del estatuto general de contratación de la administración pública. (...) En este contexto, la figura del desequilibrio económico y financiero del contrato prevista en el EGCAP no es aplicable al presente asunto, y tampoco se encuentra contemplada, con los atributos de aquel régimen, en los estatutos civil y comercial que gobiernan la contratación de los particulares. Por el contrario, en el derecho privado, se encuentra prevista la revisión del contrato por circunstancias extraordinarias ante situaciones imprevisibles e imprevistas posteriores a la celebración del negocio y que permiten la intervención del juez ante prestaciones futuras que resulten excesivamente onerosas. Lo anterior, (...) tiene su origen en el artículo 868 del Código de Comercio (...). Esta lógica no fue aducida en el escrito de demanda, en tanto se hizo referencia a la ocurrencia de un presunto “desequilibrio económico” derivado de los mayores valores de los insumos pétreos exigidos por la comunidad (...) y del incumplimiento de la Fundación (hecho 60). Aunado a ello, se pretendió expresamente declarar, en efecto, el incumplimiento de la entidad demandada (...), lo cual se insistió en el recurso de apelación previamente reseñado. Esto conlleva a una razón adicional para considerar que la causa petendi del actor se fundó en la supuesta falta de acatamiento de los compromisos negociales de la entidad contratante, por los motivos referenciados en los párrafos precedentes. Dicho de otra forma, aun cuando el accionante empleó la expresión “desequilibrio económico” en el recuento fáctico, no por ello el litigio debe resolverse en función de este instituto, comoquiera que el mismo es propio del régimen general de contratación pública y no está previsto en las normas del derecho civil y comercial y, en todo caso, los argumentos alegados por el recurrente se refirieron a conductas antijurídicas imputadas a la entidad contratante, por lo que se reitera que el sustento de la apelación se fundó en motivos de incumplimiento. (...) En ese sentido, es viable responder el primer problema jurídico planteado, para señalar que el caso debe resolverse desde el instituto del incumplimiento contractual y no bajo la figura del desequilibrio económico del contrato consagrada en la Ley 80 de 1993. (...) Esta primera conclusión acarrea una consecuencia medular en el estudio del recurso de apelación. Dado que la demandante dirigió su reproche a insistir en que, contrario a lo afirmado por el Tribunal, la unión temporal sí informó oportunamente de las circunstancias causantes del supuesto “desequilibrio”, dichos argumentos deben ser analizados en función del incumplimiento que se le atribuyó a la entidad desde el libelo introductorio, con el fin de dilucidar si esa circunstancia fue determinante para el sentido del fallo y, por ende, si amerita su revocatoria (o si, en todo caso, las pretensiones debieron ser desestimadas). (...) Así las cosas, desde la óptica del incumplimiento contractual (tal como lo reiteró la parte demandante en su recurso de apelación), a esta Sala de decisión le corresponde determinar si la extensión del plazo del contrato fue imputable a la entidad demandada y, también, si se encuentran acreditados los supuestos de ese desacato negocial, como presupuesto de la responsabilidad que se enrostra a la Fundación. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la mayor permanencia en obra, consultar providencias de 28 de octubre de 1994, Exp. 8094, C.P. Julio Cesar Uribe Acosta; de 29 de enero de 2004, Exp. 10779, C:P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 20 de noviembre de 2008, Exp. 17031, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Acerca de la imposibilidad de aplicar la figura del desequilibrio económico y financiero del contrato cuando se encuentran regulados por el derecho privado, consultar providencias de 10 de febrero de 2021, Exp. 47068, C.P. Martín Bermúdez Muñoz; de 12 de diciembre de 2022, Exp. 66729, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 30 de agosto de 2024, Exp. 58485, C.P. José Roberto Sáchica; y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia del 12 de julio de 2024, Exp. SC-1360-2024, C.P. Martha Patricia Guzmán Álvarez. Acerca de la excesiva onerosidad sobreviniente, consultar providencia de 17 de junio de 2024, Exp. 69484, C.P. Martín Bermúdez Muñoz. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 868, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 96, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 27, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / OTROSÍ AL CONTRATO / SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / CONDICIONES DEL CONTRATO ESTATAL / ACUERDO DE VOLUNTADES / CONSENTIMIENTO / CONSENTIMIENTO EXPRESO / FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL / MUTUO CONSENTIMIENTO / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿Puede considerarse que la Fundación del Alto Magdalena incurrió en incumplimiento contractual por supuestas falencias en la etapa de planeación del contrato de obra No. 058 de 2013, a pesar de que la Unión Temporal demandante aceptó expresamente las condiciones contractuales, los compromisos adicionales pactados mediante otrosíes, y no formuló salvedades frente a los ítems modificatorios ni a los valores reconocidos durante la ejecución del contrato? Respuesta al problema jurídico: No La Unión Temporal Vías Putumayo y la Fundación del Alto Magdalena (contratista y contratante, respectivamente) celebraron el contrato de obra No. 058 de 2013, cuyo objeto fue el mantenimiento de 5 kilómetros de la vía pública entre el “Río Churuyaco – El Empalme en el tramo K4+500 a K9+500, corregimiento Cofania Jardines de Sucumbíos”. La parte actora reclamó por los supuestos gastos adicionales en que incurrió durante la ejecución del señalado acuerdo, los cuales atribuyó a las falencias de la contratante en la etapa de planeación (estudios previos y diseños), en la obtención de permisos ambientales y por haber adquirido compromisos con la comunidad de la zona de influencia de la obra que no le fueron informados. Por esos motivos, pidió que se declare el incumplimiento del negocio y se ordene a las entidades demandadas indemnizar los perjuicios causados por esa situación. (…) El incumplimiento negocial corresponde a la falta del comportamiento necesario para satisfacer las obligaciones asumidas, lo cual se concreta, en los términos del artículo 1613 del Código Civil, en la ausencia de realización, o ejecución defectuosa o tardía de la prestación debida, y da lugar a la indemnización de perjuicios en favor de la parte cumplida. (…) [L]a Sección Tercera de esta Corporación se ha referido al deber de planeación, incluso en los negocios sometidos a un régimen de derecho privado, para aclarar que su materialización se logra a partir de un compromiso compartido entre las entidades y los interesados en suscribir el negocio jurídico. También se ha indicado que dicha exigencia en el comportamiento inicia desde la etapa de selección y se ha equiparado con actuar conforme a la buena fe. Asimismo, incorpora un contenido obligacional encaminado al logro de los objetivos previstos con la ejecución del contrato estatal en cuestión, y su desconocimiento tiene por consecuencia la configuración de un evento de incumplimiento negocial. (…) Para efectos de decidir este punto, es necesario analizar los documentos precontractuales (debido al cuestionamiento sobre las falencias de los estudios previos y diseños), así como a los compromisos asumidos por las partes con la suscripción del contrato No. 058 de 2013, con el fin de determinar el alcance de dichas obligaciones y a cuál de las partes fue asignada la prestación en cada caso. (...) [L]a Sala constata que la parte demandante, desde los términos establecidos en la invitación pública para ejecutar el negocio, conoció las condiciones sobre la gestión de las licencias ambientales, la fuente de los materiales y la vinculación de mano de obra no calificada de la zona de influencia para el desarrollo de las actividades. Este aspecto se materializó posteriormente en las cláusulas contractuales, de modo que la Unión Temporal Vías de Putumayo asumió la obligación de adelantar todas las actividades encaminadas conseguir los permisos requeridos según el PMA y contratar el personal de la región, según el presupuesto inicial y el plazo fijado en el negocio. (…) [Por otra parte, de] los documentos (…), se advierte que las partes, junto con el acompañamiento de la interventoría, buscaron superar las dificultades acaecidas durante la ejecución del negocio, mediante decisiones como la ampliación del plazo, el aumento de la cantidad de obra contratada y la adición de recursos al negocio. (…) Sobre dichos acuerdos suscritos durante la ejecución del contrato (en los que se incluyeron los ítems y se reconocieron mayores valores en favor del contratista), la Sala constata que la Unión Temporal Vías Putumayo manifestó estar de acuerdo con las cantidades de obra y los montos fijados en los otrosíes modificatorios, (…) sin manifestar ningún reparo al respecto. (…) Con ocasión de este último punto, se pone de presente que la Sala Plena de la Sección Tercera, en sentencia del 27 de julio de 2023, unificó su criterio con el fin de precisar que la ausencia de salvedades en los acuerdos modificatorios suscritos durante la relación negocial no impide analizar de fondo las reclamaciones de la parte demandante (…). A la luz de estas pautas, se destaca que la Unión Temporal Vías Putumayo consintió las modificaciones del negocio y asumió los compromisos adicionales, entre los que se acordó la consultoría para el ajuste de los diseños, sin ninguna oposición respecto a los valores pactados como contraprestación por cada uno de los ítems unitarios no previstos inicialmente. (…) En ese sentido, es claro que la intención de las partes al perfeccionar las variaciones del negocio consistió en adicionar aquellos ítems que eran requeridos, así como ajustarse a la realidad contractual en relación con los inconvenientes de suministro de material pétreo en la zona, sin que el contratista hubiese manifestado que lo acordado en dichos eventos fuera insuficiente para completar la obra contratada. Por el contrario, dio su consentimiento al respecto de manera libre y, en los términos del artículo 1602 del Código Civil, se obligó con su contraparte en los términos allí fijados. (…) Aunado a lo anterior, a partir de los pactos modificatorios se deriva que la parte demandada actuó de conformidad con la buena fe contractual exigida durante la ejecución de los negocios, debido a que su conducta se ajustó a la realidad negocial y, junto con la unión temporal, lograron acordar la inclusión de nuevos ítems no previstos con la finalidad de no paralizar las labores sobre la vía. (…) Así las cosas, las pretensiones que formuló la Unión Temporal Vías de Putumayo deben ser desestimadas, no por las razones que adujo el Tribunal a quo (ausencia de salvedades de manera oportuna, propia del instituto del desequilibrio económico, inaplicable al caso), sino porque los compromisos asumidos por los cocontratantes, en relación con el valor del negocio y los nuevos ítems de obra requeridos, son vinculantes y obligan a las partes en los términos convenidos. (...) A su vez, se destaca que la Unión Temporal Vías Putumayo no allegó pruebas tendientes a corroborar sus afirmaciones en relación con los sobrecostos derivados de la mayor cantidad de obra y la prolongación del plazo contractual, cuya causa imputó al supuesto incumplimiento de la entidad contratante. En este sentido, la Subsección destaca que, a la luz del principio de carga de la prueba, consagrado en el artículo 167 del CGP: “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Pese a ello, la parte actora no logró acreditar el incumplimiento de la entidad demandada, supuesto imprescindible para analizar la indemnización pecuniaria reclamada como consecuencia de la responsabilidad contractual de su cocontratante. (...) En particular, no se observa prueba alguna que acredite la existencia del acuerdo verbal supuestamente celebrado entre la Fundación y la comunidad del lugar tantas veces referido por la demandante, que habría girado -según se adujo- en torno al compromiso de comprar a dicha colectividad los materiales que serían utilizados para la obra. La demandada manifestó en su contestación desconocer dicha circunstancia, y no se aportó ningún medio documental que diese cuenta de ella, como tampoco de la reunión que la accionante dijo haber celebrado con la comunidad como consecuencia de la aparente oposición que se ejerció para impedir el desarrollo del contrato. En esa medida, con el acervo probatorio no se demostró un incumplimiento de la contratante sobre este tópico. (...) En ese sentido, la Sala no comparte las reclamaciones esbozadas por la Unión Temporal Vías Putumayo en su apelación sobre el no reconocimiento de los costos adicionales derivados de supuestas falencias en la etapa de planeación (estudios previos y diseños) y las demoras en la obtención de las licencias, debido a que las mismas se fundan aspectos que fueron conocidos por el contratista desde la invitación pública y, además, se previeron en la propuesta presentada y se materializaron como acuerdos contractuales. En cuanto a los costos por los compromisos asumidos por la entidad contratante con la comunidad de la zona de influencia, no se demostró que dichos arreglos hubiesen existido, ni que acaecieran alteraciones de orden público, o de otro tipo, que imposibilitasen el ingreso de material o el desarrollo de la obra. (...) Asimismo, en relación con la prolongación del plazo contractual, se determinó que esta se debió a la necesidad de ejecutar ítems no previstos, fueron contemplados en los otrosíes modificatorios 1 y 2, por los cuales se pactó una contraprestación económica en favor del contratista. Además, se identificaron circunstancias externas a la Fundación del Alto Magdalena, como los inconvenientes en la aprobación de licencias ambientales y el suministro de material pétreo, actividades que estaban asignadas al demandante. En esta medida, la Subsección concluye que no se demostraron las razones suficientes para considerar que la ampliación del negocio obedeció a causas imputables a la entidad contratante, lo que descarta la posibilidad de predicar la ocurrencia de una situación de incumplimiento. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el deber de planeación en los negocios sometidos a un régimen de derecho privado, consultar providencias de 12 de diciembre de 2019, Exp. 61943, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 12 de diciembre de 2022, Exp. 66729, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 23 de septiembre de 2024, Exp. 65351, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Acerca del deber de planeación en la contratación estatal, consultar providencias de 19 de noviembre de 2012, Exp. 24897, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 20 de octubre de 2014, Exp. 24809, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 12 de diciembre de 2022, Exp. 66729, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 4 de junio de 2024, Exp. 69775, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez. Acerca de las salvedades en los acuerdos modificatorios suscritos durante la relación negocial, consultar providencia de 27 de julio de 2023, Exp. 39121, C.P. Guillermo Sánchez Luque. En relación con el principio de buena fe contractual, consultar providencias de 22 de junio de 2011, Exp. 18836, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 30 de agosto de 2024, Exp. 70786, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 13, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1613, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1622 CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Resulta procedente condenar en costas a la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con el artículo 188 del CPACA y según lo establecido en el numeral primero del artículo 365 del CGP, para el caso particular procede la condena en costas, en esta instancia, a la demandante, porque el recurso de apelación será resuelto desfavorablemente. A su vez, la liquidación de las costas la hará de manera concentrada el Tribunal a quo, en los términos del artículo 366 ejusdem. (...) Dentro de los conceptos comprendidos por las costas procesales se acreditan las agencias en derecho (artículo 361 del CGP). En la medida en que se encuentra acreditada la gestión de la parte demandada, en segunda instancia, a través de la designación de apoderado judicial que debió vigilar el proceso en sede de apelación, la Sala estima suficiente para que se disponga dicho concepto en favor de la Fundación del Alto Magdalena. (...) El Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda, establece que para la fijación de agencias en derecho debe tenerse en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión realizada por el apoderado, así como la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes. También señala que, en los “procesos declarativos en general”, en segunda instancia deben establecerse entre 1 y 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...) En ese sentido, es procedente fijar este rubro a cargo del extremo derrotado en su recurso de apelación, es decir, a los integrantes de la Unión Temporal Vías Putumayo (...), de manera solidaria. Dicha suma se tasa en el equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la ejecutoria de la presente providencia, en favor de la Fundación del Alto Magdalena. FUENTE FORMAL: ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=520012333000201700451031100103