Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.
¿El Departamento de Casanare entregó la titularidad de los recursos a los beneficiarios de los subsidios, por lo cual es improcedente el reembolso de estos al no ser ejecutados? No
El contratista no puede evitar el reembolso de los subsidios no ejecutados si la entidad estatal no transfirió la titularidad de los recursos a los beneficiarios de manera definitiva, reservándose el derecho de reasignar los fondos en caso de incumplimiento. En este caso, el departamento entregó los recursos al municipio para la construcción de viviendas, pero estableció condiciones y requisitos que los beneficiarios debían cumplir para consolidar el subsidio, y en caso de incumplimiento, los fondos retornarían al departamento. El municipio, responsable de la administración de los recursos, entregó el dinero a la junta de beneficiarios sin verificar el cumplimiento de las condiciones, lo que facilitó el mal manejo de los fondos y la falta de construcción de las viviendas acordadas. Por lo tanto, la entidad estatal puede exigir el reembolso de los subsidios no ejecutados, lo que implica que los contratistas deben cumplir con las condiciones establecidas para evitar responsabilidades financieras.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó que la Unión Temporal recibió parte de los fondos aportados por el Departamento para la ejecución del proyecto de vivienda?¿Ante la prosperidad parcial de los recursos de apelación procede la condena en costas?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de adición o complementación de providencias2024-05-20Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020170033401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los intereses remuneratorios corresponden a la retribución del capital por el tiempo durante el cual el acreedor no tiene a su disposición determinada suma de dinero y en cuya fórmula de cálculo se incluye, además del rendimiento, el riesgo de incumplimiento o insolvencia y la pérdida del poder adquisitivo? Sí
Los intereses remuneratorios retribuyen el capital durante el tiempo en que el acreedor no tiene a su disposición determinada suma de dinero y solo se deben cuando lo estipula el negocio jurídico o lo dispone la ley, pues son extraños a la mora. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, por su naturaleza y función se causan durante el plazo existente entre la constitución de la obligación y el día del pago o restitución del capital, y su fórmula de cálculo incluye, además del rendimiento, el riesgo de incumplimiento o insolvencia y la pérdida del poder adquisitivo. Segundo, son exigibles en las oportunidades acordadas en el título obligacional o, en su defecto, en la ley. Tercero, los intereses moratorios son las sumas que se deben a título de indemnización de perjuicios desde que el deudor se constituye en mora y son incompatibles con los remuneratorios. La providencia reitera ese criterio; en la práctica, el acreedor que pretenda intereses remuneratorios debe acreditar la estipulación negocial o el precepto legal que los prevé, y no puede derivarlos de la mora.síntesis automática
También resuelve:¿Los intereses moratorios son las sumas que se deben pagar a título de indemnización de perjuicios desde el momento en que se constituye en mora el deudor, esto es…¿Resulta procedente la adición del fallo de segunda instancia proferido por esta Corporación, al observarse que, pese a no haber lugar al reconocimiento de intereses sobre la suma reconocida en la…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de adición o complementación de providencias2024-06-17Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 25000233600020180027901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se omitió pronunciamiento sobre las sumas que el Distrito Capital debe devolver a la aseguradora? No
El artículo 287 permite adicionar, de oficio o a petición de parte, las sentencias en las cuales se ha omitido resolver algún aspecto de la litis; sin embargo, en este caso particular no se dejó de resolver el aspecto de la controversia indicado por la parte demandante en la solicitud de adición, por lo cual esta será negada de conformidad con lo siguiente… las pretensiones 4 y 5 de la demanda fueron resueltas en la forma solicitada, de manera expresa e inequívoca, en el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia cuya adición se pretende se evidencia que no es cierto que en la sentencia de 12 de abril de 2024 se hubiera omitido un pronunciamiento expreso en relación con las súplicas de condena 4 y 5 de la demanda; además, la Sala también precisó la razón por la cual no se indicó una suma líquida de dinero, consistente en la ausencia de certeza en relación con el valor a devolver…
También resuelve:¿La ausencia de mención de una suma de dinero específica impide el cobro de la obligación impuesta en el fallo de segunda instancia?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-04-12Sección Tercera (Subsección B)MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZRad. 05001233300020230030801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El CPACA regula expresamente las medidas cautelares procedentes en los procesos declarativos que se adelantan ante la jurisdicción contencioso administrativa? Sí
Las medidas cautelares en los procesos declarativos de la jurisdicción de lo contencioso administrativo se rigen por el CPACA, que regula expresamente cuáles proceden, de modo que el juez no puede decretar medidas que no figuran en su listado aunque el Código General del Proceso las contemple. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, el artículo 229 del CPACA autoriza las medidas que el juez considere necesarias para proteger provisionalmente el objeto del litigio y la efectividad de la sentencia, pero el juzgador queda limitado por el listado del artículo 230. Segundo, la remisión al Código General del Proceso no permite acudir a medidas que el CPACA no contempla cuando este regula expresamente la materia, y en ese listado no se encuentran la inscripción de la demanda ni el embargo. La providencia revoca el auto que decretó medidas de urgencia con sustento en el Código General del Proceso y niega su decreto; en la práctica, la parte que solicite una medida cautelar debe identificarla entre las previstas en el artículo 230 del CPACA.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de adición o complementación de providencias2024-04-12Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 05001233300020210035901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente la adición del fallo para resolver la totalidad de excepciones propuestas por la aseguradora, puesto que la de compensación no se resolvió? Sí
En efecto, Liberty Seguros SA propuso la excepción de compensación y, aunque reconoció estar obligada a pagar determinadas sumas con ocasión de los amparos contratados con ella, indicó que de estos debía restarse el importe de las facturas descontados al contratista.… Verificado en su integridad el texto de la sentencia de 30 de noviembre de 2023, se advierte que esa precisa excepción no fue decidida, por lo cual es procedente la solicitud de adición del fallo; aunque las apelantes fueron EPM y Azacan SAS, Liberty Seguros SA no tenía interés para recurrir la sentencia de primera instancia porque le fue totalmente favorable, en esas condiciones, aunque no funge como recurrente, era del caso resolver la totalidad de las excepciones propuestas por ella y, como así no se hizo, hay lugar a adicionar el fallo en los términos del artículo 287 del CGP
También resuelve:¿Debe prosperar la excepción de compensación aunque el supuesto de hecho de la excepción de compensación invocada por la aseguradora…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-08-02Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000233600020190086001LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Sala confirma la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El contratista no puede modificar el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, ya que esta norma procesal es de orden público y obligatorio cumplimiento. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada la excepción de caducidad al considerar que la demanda presentada por el contratista fue extemporánea, pues venció el plazo para la liquidación bilateral del convenio interadministrativo el 31 de mayo de 2017, y la demanda se presentó el 10 de diciembre de 2019, fuera del término legal. La Sala confirma esta decisión, rechazando la demanda y no pronunciándose sobre la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, lo que implica que el contratista no podrá ejercer las pretensiones planteadas en la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿El término para la liquidación bilateral venció el 31 de mayo de 2017, siendo esta la fecha a tener en cuenta para realizar el cómputo de la caducidad?¿Se confirma el auto proferido por el Tribunal por haber operado la caducidad del medio de control y la prescripción derivada del contrato de seguro?
¿Debe declararse el incumplimiento del contrato de obra pública por parte del Distrito Capital de Bogotá – Fondo Ciudad Bolívar, al no reintegrar en forma oportuna el valor de los descuentos denominados retegarantía, por no haber liquidado el contrato dentro de los términos legales para tal efecto? No
El Consorcio Parques CB5 pretende que se declare que el Distrito Capital de Bogotá – Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar incumplió el contrato número COP-277-2018 suscrito entre ellos porque la entidad contratante no lo liquidó y, en consecuencia, no reintegró en forma oportuna al contratista las retenciones del 10% sobre el valor de cada acta parcial pagada (denominado por las partes retegarantía), lo cual estaba sujeto a la liquidación del contrato, la cual reclama sea dispuesta judicialmente.
También resuelve:¿Debe condenarse en costas procesales en ambas instancias a la parte vencida en el proceso?
¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales en los casos en los que el contrato estatal no fue liquidado inicia desde el día siguiente a la fecha en la que debió ser este liquidado? Sí
El contratista puede iniciar una acción de controversias contractuales cuando el contrato estatal no ha sido liquidado, y el término de caducidad de dos años para presentar la demanda comienza a computarse desde el día siguiente a la fecha en que debió ser liquidado el contrato, lo que implica que si el contrato no fue liquidado en la fecha prevista, el plazo para la acción de controversias inicia desde esa fecha. Además, ante la acreditación del incumplimiento del contrato por parte de la entidad estatal, procede la exigencia de la cláusula penal pactada en el mismo, salvo que se demuestre que el incumplimiento es imputable a factores externos no controlables por la entidad. En casos de incumplimiento parcial, la entidad debe reintegrar solo lo no ejecutado, mientras que los recursos efectivamente invertidos no son objeto de devolución, a menos que se pruebe que la entidad no cumplió con sus obligaciones contractuales de manera diligente. Estas reglas reiteran y matizan precedentes existentes, proporcionando mayor claridad sobre el cómputo del término de caducidad y los efectos del incumplimiento en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿Ante la acreditación del incumplimiento del contrato por parte de la entidad procede la exigencia de la cláusula penal pactada en el mismo?¿Procede la devolución del dinero de lo que se ejecutó en el contrato ante el incumplimiento por parte de la entidad en la ejecución de este?
¿El pago que realizó la entidad constituyó un pago indemnizatorio? No
El contratista no puede ejercer el medio de control de repetición para recuperar el pago indemnizatorio realizado por la entidad estatal, ya que la acción de repetición está orientada a proteger el patrimonio público y en este caso no se ha afectado el patrimonio de la entidad, ni por la devolución del dinero ni por el pago de la corrección monetaria. La Sala considera que la pérdida de capacidad adquisitiva del capital pagado debe ser asumida por el Estado, no por el contratista, por lo que la repetición por indexación es improcedente. Además, los intereses de mora no resultan imputables al demandado ya que no tenía la obligación de hacer el pago, ese rubro corresponde a la demora en que incurrió la entidad. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la finalidad del medio de control de repetición y la protección del patrimonio público, limitando su aplicación en casos donde no se ha producido una afectación real al patrimonio estatal.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de repetición tiene una finalidad de interés público como es la protección del patrimonio público?¿Las pretensiones son improcedentes, porque el patrimonio público de la demandante no se vio afectado por la devolución del dinero ni por el pago de la corrección monetaria de la suma que fue…¿Los intereses de mora no resultan imputables al demandado ya que no tenía la obligación de hacer el pago, ese rubro corresponde a la demora en que incurrió la entidad?
¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo estipulado para la liquidación bilateral del convenio interadministrativo? Sí
Cuando las partes de un convenio interadministrativo acuerdan liquidarlo de común acuerdo y no pactan la posibilidad de una liquidación unilateral, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales se cuenta desde el día siguiente al vencimiento del plazo estipulado para la liquidación bilateral. Esta regla aplica el numeral iv) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, que contempla esa subregla para los negocios que requieren liquidación. Su fundamento es que la liquidación unilateral solo opera si se pactó expresamente, de modo que, en silencio del convenio, el plazo de caducidad se ancla a la liquidación bilateral. En el caso concreto el convenio se firmó con un plazo de ejecución y una cláusula que remitía a la Ley 80 de 1993 para liquidar dentro de cuatro meses, y la demanda se presentó dentro de los dos años siguientes al vencimiento de ese plazo. Por ello la sala modificó la decisión de primera instancia. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el término se calcula desde el plazo de liquidación bilateral y no desde la terminación del convenio.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio de Montería incumplió el Convenio de Apoyo Financiero No. 2060220 de 2006 celebrado con Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (luego Ministerio de Vivienda…¿Es procedente acceder a la pretensión de restitución del valor de la tubería no instalada?¿Resulta improcedente la condena en costas por prosperidad parcial del recurso de apelación?
¿La obligación de devolución pactada en el acuerdo de pago suscrito entre la CNTV y Galaxy, condicionada a una eventual decisión judicial o administrativa favorable a Galaxy y/o Sky, resulta exigible ante el acaecimiento de dicha condición suspensiva? Sí
El contratista puede establecer una obligación condicional en un acuerdo de pago con la entidad estatal, siempre y cuando dicha condición no contravenga la Constitución, la ley, el orden público y los principios de la buena administración. En este caso, la Sala determinó que la cláusula novena del acuerdo de pago, que establece la devolución de sumas de dinero en caso de una decisión judicial o administrativa favorable al contratista, es válida y eficaz, pues no transgrede los límites de la autonomía privada de la entidad estatal y cumple con los requisitos del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Esta decisión reitera la posibilidad de que las entidades estatales celebren contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y el cumplimiento de los fines estatales, siempre y cuando se respeten los principios y finalidades del ordenamiento jurídico aplicable.síntesis automática
También resuelve:¿La cláusula novena del acuerdo de pago celebrado entre la CNTV y DirecTV resulta válida y eficaz en el marco del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública?¿Es el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) responsable del cumplimiento de la obligación condicional pactada en la cláusula novena del acuerdo de pago suscrito…¿Se entiende cumplida la condición suspensiva establecida en la cláusula novena del acuerdo de pago del 14 de diciembre de 2005…
¿Es procedente repetir lo pagado por indexación? No
El contratista no puede repetir lo pagado por indexación ya que esta actualización monetaria representa el mismo valor que se pagó originalmente, y la pérdida de capacidad adquisitiva debe ser asumida por la entidad estatal como una forma de compensación por haber tenido el capital a su disposición durante un tiempo. En este caso, la Corporación Autónoma Regional de Defensa de la Meseta de Bucaramanga no sufrió una afectación patrimonial al pagar la indexación, lo que implica la ausencia de uno de los presupuestos esenciales para ejercer el medio de control de repetición. La Sala consideró que la repetición es una acción subsidiaria para proteger el patrimonio público, y dado que no hubo detrimento patrimonial, las pretensiones del medio de control de repetición son improcedentes. Esto implica que el contratista no puede exigir la restitución de sumas pagadas por indexación, ya que no se ha producido un detrimento patrimonial del Estado que pueda ser imputado a la conducta del agente estatal.síntesis automática
También resuelve:¿El pago de la indexación por parte de la corporación autónoma demandante no le representó una afectación patrimonial?¿El medio de control de repetición solo se activa cuando ocurre un detrimento patrimonial del Estado que puede ser imputable a la conducta dolosa o gravemente culposa de uno de sus agentes?¿La restitución del dinero adeudado por el Estado a un ciudadano que no tenía la obligación legal de asumir patrimonialmente una contribución por valorización…
¿La prescripción de los derechos derivados del contrato de seguro dispone una consecuencia extintiva derivada de la inactividad del interesado en hacer efectivos sus derechos, mediante un término ordinario y otro extraordinario, cuya aplicación dependerá del tipo de sujeto que la alega, que para el caso del beneficiario, cuando se trata de una entidad estatal, será la ordinaria? Sí
Según lo dispuesto en el artículo 1081 del Código de Comercio la acción derivada del contrato de seguro prescribe ordinaria o extraordinariamente para lo cual, en el primer caso, el término de prescripción será de dos (2) años contados desde el momento en que el interesado haya tenido o debió tener conocimiento del hecho que origina la acción, y en el segundo, tal término será de cinco (5) años, que correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.… Ahora bien, en cuanto a la posición sobre la aplicación de la prescripción ordinaria y extraordinaria en cada caso esta Sección Tercera ha tenido varias posiciones en las subsecciones A y B; sin embargo, en el presente asunto realmente el tema radica en el momento en que sucedió el siniestro y/o cuando el beneficiario o víctima conoció de ello.… Contrario al entendimiento del tribunal de primera instancia…
También resuelve:¿Debe decretarse la nulidad de los actos administrativos demandados, mediante los cuales se hizo efectivo el amparo de cumplimiento de la póliza de seguros suscrita respecto de un contrato de obra…¿Dada la nulidad de los actos mediante los cuales se hizo efectivo el amparo de cumplimiento de la póliza de seguros del contrato estatal…¿Resulta procedente condenar en costas a la parte vencida en el proceso?
¿La preclusión en aplicación del principio in dubio pro reo supone una privación injusta de la libertad? No
El contratista no puede obtener reparación por privación injusta de la libertad cuando la preclusión de la investigación se basa en el principio in dubio pro reo, ya que esta medida no implica una actuación arbitraria de la Fiscalía General de la Nación ni una privación injusta de la libertad. En el caso analizado, la Sala confirmó que la preclusión de la investigación por lavado de activos no implicaba una privación injusta de la libertad, ya que la medida de aseguramiento se había adoptado en cumplimiento de los requisitos legales y con base en indicios graves de responsabilidad. La Fiscalía aplicó el principio in dubio pro reo debido a dudas sobre la participación delictiva del contratista, lo que no constituía una actuación arbitraria ni una privación injusta de la libertad. Como resultado, la Sala reiteró que la responsabilidad patrimonial del Estado no se configura en estos casos, a menos que se demuestre claramente que la privación de la libertad fue injusta y arbitraria.síntesis automática
También resuelve:¿Resultaba razonable inferir que la ahora demandante había participado en la comisión del delito de lavado de activos?¿Para la Fiscalía se tornaba en dudosa la participación de la demandante en el delito de lavado de activos?¿Corresponde examinar si la medida de aseguramiento fue legal, razonable, proporcionada y necesaria?
¿Corresponde: i) declarar el incumplimiento del contrato No. 20090127, suscrito el primero (1°) de septiembre de 2009, entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el ciudadano Armando Pineda Pineda, y como consecuencia de ello: ii) ordenar al contratista la devolución o restitución de los fondos desembolsados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para la ejecución del contrato No. 20090127 de 2009; (ii) hacer efectiva la cláusula penal estipulada en la cláusula décima primera del contrato No. 20090127 de 2009 a favor de la entidad demandante, [...] y (iv) liquidar judicialmente el contrato No. 20090127 de 2009, conforme lo solicita la parte actora? Sí
El contratista debe devolver los fondos desembolsados y hacer efectiva la cláusula penal cuando incumple gravemente sus obligaciones contractuales, especialmente si no cumple con actividades esenciales como el establecimiento y mantenimiento de una plantación forestal, tal como ocurrió en este caso donde la especie calophyllum mariae no se adaptó y la plantación se perdió en su totalidad. La entidad estatal puede declarar el incumplimiento y liquidar judicialmente el contrato si el contratista no atiende las advertencias y requerimientos para cumplir con sus obligaciones, incluyendo la póliza de cumplimiento. Esta decisión reitera la obligación de las partes de cumplir con las obligaciones indivisibles del contrato y las consecuencias del incumplimiento grave, lo que implica la pérdida del incentivo forestal y la devolución de los valores recibidos.síntesis automática
¿La devolución de un tributo con su respectivo reajuste monetario implica una pérdida patrimonial para la entidad pública? No
En el medio de control de repetición, la devolución de un tributo con su reajuste monetario, ordenada por sentencia judicial, no constituye una obligación reparatoria ni una pérdida patrimonial de la entidad pública. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la acción de repetición exige una condena que tenga naturaleza reparatoria del daño causado a un particular, y la devolución de un tributo pagado indebidamente no reúne ese carácter. Segunda, el reajuste monetario que se reconoce con la devolución no implica un daño patrimonial para la entidad, pues corresponde al valor del tributo ya pagado. En el caso, la Sala concluye que no se acredita el primer presupuesto de la repetición, y la providencia niega las pretensiones. La providencia subraya que el valor devuelto no representa un daño indemnizable para la entidad. En la práctica, la entidad que pretenda repetir contra un funcionario por la devolución de tributos debe demostrar que la condena tuvo carácter reparatorio y produjo una pérdida patrimonial efectiva.síntesis automática
También resuelve:¿La decisión judicial que ordenó la devolución de una suma dinero por el pago de un tributo es producto de un daño antijurídico?¿La Ley 678 de 2001 reguló los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición?¿La CDMB está legitimada en la causa por activa, pues fue la entidad pública que devolvió una suma de dinero derivada de una sentencia judicial?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de corrección de providencias2024-06-28Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020140022401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las providencias judiciales en las que se hubiese incurrido en error aritmético, por omisión, cambio de palabras o de alteración de éstas, son corregibles por el juez que las dictó de oficio o a petición de parte? Sí
Al tenor de lo dispuesto por el artículo 286 [CGP], las providencias judiciales en las que se hubiese incurrido en un error puramente aritmético, por omisión, cambio de palabras o de alteración de éstas, son corregibles por el juez que las dictó de oficio o a petición de parte, en cualquier tiempo, siempre que la falencia se encuentre en la parte resolutiva o influya en esta. La Sala encuentra que no se cometieron errores en los literales a y c del ordinal segundo de la resolutiva primera de la sentencia, pues [se expuso] con claridad que la Unión Temporal tenía derecho a percibir $8.667’304.573, por haber ejecutado el 55% del contrato; no obstante, recibió $12.474’593.560 por concepto de anticipos y pagos parciales; por eso era procedente que devolviera la suma que recibió y no ejecutó, es decir, $3.807’288.987.
También resuelve:¿La obligación a cargo de La Previsora S. A. surge como consecuencia de la ocurrencia del siniestro por la cobertura del pago amparado por la póliza de seguro?
Sentencia — Sentencia2023-09-07Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020230003300LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La decisión del Panel Arbitral fue tomada en derecho y la fundamentación jurídica y probatoria sustentó lógica y objetivamente las conclusiones del Laudo? Sí
En el recurso extraordinario de anulación de laudos arbitrales, el juez de anulación no puede realizar una nueva valoración de las pruebas que el tribunal arbitral tuvo en cuenta para proferir el laudo. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el control del laudo se limita a las causales legales, y la valoración probatoria del tribunal no se revisa por esa vía. Segunda, la pretensión de que la Sala se pronuncie sobre la forma en que se valoraron las pruebas excede el objeto de la anulación. En el caso, la recurrente alegó que el tribunal decidió sin sustento probatorio y que fragmentó las pruebas, pero la providencia concluye que la decisión fue tomada en derecho y que su fundamentación probatoria sustenta las conclusiones del laudo. La providencia declara infundado el recurso. En la práctica, quien impugne un laudo por indebida valoración de las pruebas debe encuadrar su reproche en una causal de anulación y no en un nuevo análisis probatorio.síntesis automática
También resuelve:¿La recurrente no acreditó que la decisión del Panel no estuviera motivada sino que no compartió la fundamentación del Laudo?¿El Laudo concluyó que la suma de dinero correspondiente al valor total de las glosas presentadas por el FOMAG sobre las cápitas ya había sido pagada a la Unión Temporal?¿La decisión del Tribunal está sustentada en derecho y en las pruebas del trámite arbitral?
¿La naturaleza jurídica de los convenios interadministrativos se caracteriza por la unidad de causa y finalidad de las entidades participantes, orientada a la cooperación y coordinación para el cumplimiento conjunto de funciones administrativas y fines de interés general, a diferencia de los contratos estatales, sustentados en intereses contrapuestos? Sí
La naturaleza jurídica de los convenios interadministrativos se caracteriza por la unidad de causa y finalidad de las entidades participantes, orientada a la cooperación y coordinación para el cumplimiento conjunto de funciones administrativas y fines de interés general, a diferencia de los contratos estatales, sustentados en intereses contrapuestos. En el caso de los convenios interadministrativos, su razón de ser se dirige a la promoción de objetivos mancomunados entre sus contrayentes, en el marco de las funciones que la ley asigna a cada una de ellas. Esta alianza genera una dinámica que potencializa el quehacer administrativo, siendo que todas ellas enlazan sus esfuerzos en una expresión única y objetiva del interés general.síntesis automática
También resuelve:¿El Municipio de Chigorodó incumplió las obligaciones asumidas en el Convenio Interadministrativo No. 282 de 2016?¿Puede el municipio exonerarse de responsabilidad alegando que el incumplimiento fue exclusivamente del contratista de la obra?¿Debe el Municipio de Chigorodó reintegrar a Prosperidad Social los recursos desembolsados para la ejecución del proyecto y sus rendimientos financieros?
¿Es competente el Consejo de Estado en única instancia para conocer de las demandas de repetición interpuestas en contra de los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional? Sí
El Consejo de Estado tiene competencia en única instancia para conocer de las demandas de repetición interpuestas en contra de los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional, conforme al numeral 13 del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y al artículo 7 parágrafo 2 de la Ley 678 de 2001, lo que implica que la entidad puede ser juzgada por esta corporación sin necesidad de un trámite de apelación. Además, el medio de control de repetición fue presentado dentro del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 del Decreto 01 de 1984, ya que el pago se realizó antes de que venciera el término legal, lo que garantiza la oportunidad del ejercicio del derecho de acción. Finalmente, los herederos carecen de legitimación en la causa por pasiva cuando la muerte del exfuncionario ocurre antes de la imposición de la condena patrimonial al Estado o antes de la radicación de la demanda, lo que implica que solo los herederos de quienes fallecieron después de presentada la demanda pueden actuar en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de repetición fue presentado dentro de los 18 meses previstos en el artículo 177 C.C.A Contencioso Administrativo?¿Los herederos carecen de legitimación en la causa por pasiva, en los eventos en que la muerte del exfuncionario es anterior a la imposición de la condena patrimonial al Estado o a la fecha en que se…¿Toda condena impuesta a una entidad corresponde a una de aquellas en virtud de la cual pueda repetir?