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¿Puede concluirse, con base en el análisis probatorio realizado, que el dictamen pericial carece de idoneidad técnica y sustento fáctico suficiente para acreditar con certeza los perjuicios alegados por el contratista? Sí
El contratista no puede acreditar con certeza los perjuicios alegados por la insuficiencia y falta de idoneidad técnica del dictamen pericial, que no discrimina ingresos propios de los recibidos en nombre de terceros, omite considerar estados financieros y oferta económica, y carece de soporte documental para costos de nómina y arrendamientos. Además, la prolongación del contrato por prórrogas adicionales no fue probada como causante de perjuicios ciertos. La entidad no incurrió en omisión de decreto de prueba de oficio, y la condena en abstracto no procede por la ausencia de prueba del perjuicio, lo que implica que la entidad estatal no está obligada a indemnizar por perjuicios no acreditados.síntesis automática
También resuelve:¿Debe rechazarse la imposición de una condena en abstracto cuando no se ha acreditado la existencia cierta del perjuicio y la parte demandante no cumplió con su carga probatoria conforme al artículo…¿Procede la condena en costas de la parte apelante por habérsele resuelto de manera negativa el recurso de apelación?
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2022-02-28Sección Tercera (Subsección C)GUILLERMO SANCHEZ LUQUERad. 73001233300020190036601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Apelación de auto Sí
El contratista no puede presentar un concepto pericial que no incluya datos necesarios para su contradicción, como la identificación de los profesionales que lo elaboraron, su designación en procesos anteriores, y la especificación de los métodos y exámenes utilizados, ya que estos son requisitos esenciales para que el dictamen pericial cumpla con los estándares de forma y contenido establecidos en el Código General del Proceso. La entidad estatal, al verificar que el concepto no reúne estos requisitos, puede rechazar la prueba pericial solicitada, lo que implica que el juez debe confirmar la providencia que rechaza dicha prueba, asegurando así el principio de contradicción y la eficacia de los medios de prueba en el proceso contencioso administrativo.síntesis automática
¿Tiene eficacia probatoria el dictamen pericial practicado en el proceso, por una abogada, para acreditar si la oferta de la demandante se ajustaba a los pliegos de condiciones y que al ser la mejor se le debía adjudicar el contrato? No
El dictamen pericial rendido por una persona que carece de la idoneidad técnica exigida para el objeto de la prueba no tiene mérito probatorio, especialmente cuando absuelve cuestiones de derecho reservadas al juez. Una razón es que en el proceso el dictamen fue rendido por una abogada, y para establecer si la propuesta cumplía especificaciones constructivas de la obra era necesario un perito de ingeniería civil, arquitectura o profesión afín. Otra razón es que el dictamen se limitó a fijar el alcance general de un pliego de condiciones y los efectos de un contrato a precios unitarios, puntos que corresponden exclusivamente al juez, sin contener análisis técnico sobre la oferta del demandante. En el caso, la Sala concluyó que el dictamen no acreditó la conformidad de la propuesta con el pliego, de modo que no se probó que debiera adjudicarse el contrato al demandante. La providencia confirmó la decisión de primera instancia. No indica que reitera, unifica o cambia precedente; su consecuencia práctica es que la prueba pericial en procesos de adjudicación debe rendirla un experto en la materia técnica objeto del pliego.síntesis automática
También resuelve:¿Acreditó el recurrente que presentó la mejor propuesta de conformidad con el informe de evaluación de la demandada?¿La oferta presentada por el demandante sirve para pretender la nulidad del acto de adjudicación y su confirmación?¿Probó el demandante que al valorar los costos en los precios unitarios no modificó las especificaciones de construcción previstas en el pliego de condiciones y con ello desvirtuó la presunción de…
¿El contratista incumplió el contrato de consultoría cuyo objeto era la elaboración de estudios y diseños de una vía? Sí
Cuando el contratista asume una obligación de resultado, como la entrega de estudios y diseños definidos, no basta con una actuación acuciosa para cumplir, y su incumplimiento se configura si los productos no alcanzan las especificaciones pactadas. La regla se apoya en tres razones. Primera, en las obligaciones de medio el deudor solo debe actuar con diligencia, mientras que en las de resultado el producto es lo relevante. Segunda, el pago por reembolso de costos no convierte automáticamente las obligaciones en obligaciones de medio, pues las partes pactaron la entrega de productos definidos en un plazo determinado. Tercera, los dictámenes periciales analizaron el contenido, la precisión, la calidad y la extensión de lo entregado y concluyeron que los productos estaban inconclusos. En el caso, el consultor no entregó productos completos ni amortizó todo el anticipo, por lo que la providencia revoca la decisión de primera instancia. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿En las obligaciones de resultado basta con una actuación acuciosa del contratista?¿El pago de la ejecución del contrato por el sistema de reembolso de costos implica automáticamente que las obligaciones son de medio?¿El peritaje adolece de error grave si el perito se sustentó en la opinión de otros profesionales y no en la propia?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud2024-12-09Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 70001233100019980074801ACCION CONTRACTUAL
¿El despacho considera razonable otorgar el plazo adicional de 15 días hábiles, solicitado por la sociedad demandante, para allegar la información requerida por la perita? Sí
Mediante memoriales de 15 y 22 de octubre de 2024, el representante legal de SPL Salgado Abogados y Consultores S.A.S., sociedad perita en el proceso de la referencia, presentó memorial con el propósito que se ordenara la entrega de información que considera “fundamental” para llevar a cabo el dictamen pericial encomendado y que se le concediera un plazo adicional de 45 días para elaborar su experticia. Por otra parte, el despacho considera razonable otorgar el plazo adicional de 15 días hábiles, solicitado por la sociedad demandante, para allegar la información requerida por la perita para la elaboración del dictamen, en los términos señalados en el proveído de 29 de octubre de 2024, razón por la cual se accederá a esa solicitud.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud2025-08-04Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 70001233100019980074801ACCION CONTRACTUAL
¿Las sociedades requeridas se pronunciaron sobre la información que les fue solicitada, con lo que se agotó el apoyo deprecado al despacho por la perita para facilitar el cumplimiento de su cometido, sin que esta hubiere efectuado algún pronunciamiento al respecto? Sí
El juez ejerce su deber de colaboración requiriendo a las entidades involucradas para que suministren directamente al perito la documentación necesaria para la elaboración de la experticia técnica. En este caso, tras ordenar a la fiduciaria y a la electrificadora en liquidación que allegaran la información requerida, y verificado el pronunciamiento oportuno de las sociedades requeridas, se declara agotado el apoyo deprecado al despacho judicial sin que la perita hubiere efectuado manifestación adicional, por lo que se le requiere por última vez para que allegue el dictamen pericial o indique si con los elementos existentes le es imposible cumplir su cometido.síntesis automática
También resuelve:¿El plazo adicional que le fue concedido a la perita feneció sin que esta allegará el resultado de la labor que le fue encomendada?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-12-16Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 52001233300020230024201LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede el decreto de la prueba testimonial solicitada por el consorcio demandante? No
En el proceso contencioso administrativo no existe tarifa legal que fije los medios de prueba para demostrar la declaración de incumplimiento de un contrato, de modo que la prueba testimonial o pericial se valora según su relación con el objeto del litigio. Una prueba es impertinente cuando no guarda relación directa con el objeto de la litis ni con las pretensiones formuladas en la demanda. Por ello, la prueba pericial contable o financiera orientada a demostrar gastos y perjuicios no es pertinente cuando las pretensiones no buscan el reconocimiento de perjuicios, sino la declaración del incumplimiento de la entidad en la forma de pago. En el caso concreto, el consorcio demandante pidió un testimonio y un dictamen contable y financiero, pero el despacho encontró que el primero no se relacionaba con el objeto del litigio y que el segundo era impertinente e inútil, y la providencia confirmó la negativa. Como consecuencia práctica, la parte que pida una prueba pericial debe demostrar que su objeto está vinculado a las pretensiones formuladas, y no solo a los perjuicios que alega haber sufrido.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente el decreto del dictamen pericial solicitado por el consorcio demandante?¿Procede la condena en costas ante la negación del recurso de apelación contra auto?
¿El accionante demostró la existencia de obras adicionales ejecutadas y no pagadas por la entidad demandada? No
El contratista no puede obtener el reconocimiento y pago de obras adicionales ejecutadas sin haber seguido el procedimiento contractual para su autorización y recepción, lo que implica que debe demostrar que el interventor las aprobó y que constan en actas de recibo de obra. En este caso, el accionante no presentó pruebas suficientes que demuestren que el interventor autorizó las obras adicionales reclamadas ni que estas constan en actas de recibo, por lo que la entidad demandada no incurre en incumplimiento contractual. La Sala reitera la necesidad de cumplir con el procedimiento contractual para la ejecución y pago de obras adicionales, lo que implica que el contratista debe seguir rigurosamente los trámites establecidos en el contrato para evitar la negación de sus pretensiones.síntesis automática
También resuelve:¿Se configuró la caducidad de la acción de controversias contractuales?
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2024-02-19Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 85001233300020190004601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La solicitud de pruebas en segunda instancia del demandante se adecua a algunas de las causales previstas en el artículo 212 del CPACA? No
Las pruebas solicitadas en segunda instancia solo pueden decretarse en los supuestos taxativos del artículo 212 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, y que la prueba decretada en primera instancia que no se practicó sin culpa de la parte no habilita, por sí sola, su práctica en apelación. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, las causales son de carácter taxativo, de modo que la parte debe encuadrar su solicitud en una de ellas. Segunda, la causal de prueba decretada y no practicada sin culpa de quien la pidió exige demostrar que la omisión no le es imputable. Tercera, en el caso los dictámenes periciales fueron decretados oportunamente, sus autores los aportaron en los términos ordenados y los sustentaron en audiencia, de modo que no se acreditó que la práctica se hubiera frustrado sin culpa de la parte. La providencia niega la solicitud probatoria. La consecuencia práctica es que la parte que no logra la práctica de un dictamen en primera instancia debe demostrar que la falta de práctica no le es atribuible si pretende reabrirla en apelación.síntesis automática
¿Se probó el enriquecimiento patrimonial de la entidad demandada? No
En la acción de enriquecimiento sin causa el demandante debe probar el enriquecimiento patrimonial de la entidad demandada y su propio empobrecimiento, así como la prestación efectiva de los servicios que alega, de modo que no basta con afirmar la existencia de la prestación ni con un dictamen que se limite a actualizar el valor de las facturas. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el demandante que no formula reparos a la conclusión del tribunal sobre la inexistencia del enriquecimiento no sustenta su pretensión en segunda instancia. Segundo, el empobrecimiento exige probar la prestación alegada, y las pruebas documentales y periciales deben acreditar su realización. Tercero, un peritaje que solo actualiza el valor de las facturas y del monto total del proyecto no demuestra el enriquecimiento ni el empobrecimiento. La providencia confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, la prueba de los servicios prestados y del beneficio obtenido por la entidad debe aportarse de manera específica en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Los requisitos del enriquecimiento sin causa están ausentes de prueba en el caso que ocupa la atención de la Sala?¿El Tribunal advirtió que no se había acreditado el enriquecimiento alegado?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-06-19Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 25000233600020230029301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La petición de La Previsora consistente en que se decrete un dictamen pericial contable y financiero no cumple con el parámetro de pertinencia? Sí
El solicitante de una prueba pericial debe demostrar su pertinencia vinculándola directamente con las situaciones fácticas objeto del litigio bajo los parámetros legales establecidos. Lo relacionado con factores contables o financieros no tiene algún vínculo con las situaciones fácticas bajo las cuales la entidad estima que el daño no le es imputable a la póliza. El mencionado dictamen pericial no se solicitó, por ejemplo, para efectos de establecer la depreciación de los muebles que supuestamente resultaron afectados para la época de los hechos, de ahí que dicha prueba no se pidió con el fin de determinar la pérdida del valor de los equipos tecnológicos.síntesis automática
También resuelve:¿Se impone al asegurador la obligación de demostrar los hechos o circunstancias que lo exonerarían de su responsabilidad de indemnizar?¿Las partes del contrato de seguro pueden acreditar en forma judicial o extrajudicial su derecho, mediante cualquier medio probatorio, siempre que sea lícito, idóneo, conducente y eficaz?¿El funcionario judicial debe analizar las solicitudes probatorias que eleven las partes y considerar si cumplen o no los requisitos de legalidad, conducencia y pertinencia?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-05-07Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 08001233300020230048301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El juez deberá rechazar las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles? Sí
El juez deberá rechazar las pruebas ilícitas, notoriamente impertinentes, inconducentes y manifiestamente superfluas o inútiles, conforme al artículo 168 del Código General del Proceso aplicado por remisión del CPACA. Para ello, debe examinar que los medios probatorios sean permitidos por el ordenamiento, estén relacionados con el caso y sean necesarios para acreditar hechos no suficientemente probados por otros medios. La conducencia de la prueba se refiere a su idoneidad para demostrar lo pretendido, la pertinencia a su relación directa con los hechos en controversia, y la utilidad a su ligazón necesaria con el hecho que se quiere probar. Esta decisión modifica precedentes, estableciendo criterios más claros sobre la admisibilidad de la prueba en procesos contractuales, lo que implica que los jueces deben ser más rigurosos en la evaluación de las pruebas solicitadas.síntesis automática
También resuelve:¿Hay lugar a denegar la prueba testimonial solicitada por falta de especificación de su objeto?¿Resulta procedente el decreto del interrogatorio de parte del representante legal de la entidad pública demandada?¿Las pruebas documentales solicitadas deben ser negadas por tratarse de pruebas susceptibles de ser obtenidas directamente a través de un derecho de petición?
¿Son nulos los actos administrativos que, con base en la competencia del inciso segundo del artículo 45 de la Ley 80 de 1993, terminaron unilateralmente un contrato de distribución de licor, con fundamento en que se firmó contra expresa prohibición legal -numeral 2 art. 44 de la Ley 80 de 1993- porque no se tenía registro sanitario, se afectó el postulado de selección objetiva, el contratista no estaba inscrito en el registro de proponentes y contrató sin capacidad para obligarse? No
El contratista no puede ser objeto de terminación unilateral del contrato por nulidad absoluta basada en la falta de registro sanitario, la violación del principio de selección objetiva, la ausencia de inscripción en el registro de proponentes o la falta de capacidad para obligarse, ya que estas circunstancias no constituyen una prohibición expresa legal o constitucional que genere la nulidad del contrato. La falta de motivación detallada y la ausencia de una prohibición expresa en la norma aplicada implica la nulidad del acto administrativo que termina unilateralmente el contrato. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, matizando la interpretación restrictiva de las causales de nulidad en contratos estatales, lo que implica que las entidades estatales deben fundamentar con rigor legal y constitucional cualquier terminación unilateral basada en la nulidad absoluta del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Por regla general, los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 de ese estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes?¿La legitimación en la causa es de hecho y material?¿El liquidador debe elaborar un inventario de los procesos judiciales de la entidad en liquidación?
¿Se acreditó el nexo causal entre las suspensiones del contrato y los daños alegados por el demandante? No
El contratista no acredita el nexo causal entre las suspensiones del contrato y los daños alegados, ya que no demuestra que las consecuencias económicas negativas sean resultado directo de las suspensiones acordadas por mutuo acuerdo con la entidad estatal. En este caso, las suspensiones pactadas antes de la suscripción del acuerdo de 4 de abril de 2000 fueron tomadas para superar dificultades económicas, y no se presentó prueba alguna que vincule estas suspensiones con un desequilibrio financiero o daños económicos en el contratista. Además, las partes acordaron zanjar reclamaciones futuras durante las suspensiones, y no se acreditó incumplimiento por parte de la entidad estatal en el reconocimiento y pago de costos adicionales. Por lo tanto, la Sala rechaza las pretensiones de declaración de incumplimiento y restablecimiento, y niega la indemnización por daños, al no existir evidencia que demuestre un desequilibrio económico del contrato por actos de la administración o incumplimiento de una de las partes.síntesis automática
También resuelve:¿Incumplió la entidad demandada sus obligaciones contractuales por el no pago de supuestos mayores costos durante las suspensiones del contrato?
¿Era una obligación a cargo del Invías poner a disposición de la contratista los bienes inmuebles sobre los cuales debía construirse el puente sobre el arroyo? Sí
El contratista no es responsable de poner a disposición los bienes inmuebles sobre los cuales debe construirse la obra, siendo esta obligación del contratante, en este caso el Invías, conforme a la cláusula vigesimoquinta del contrato y el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. La Sala considera que la gestión predial es una obligación del contratante, quien debe poner a disposición del contratista los bienes inmuebles necesarios para la ejecución de la obra. Esta regla reitera la responsabilidad del contratante en la gestión predial y la puesta a disposición de los bienes inmuebles, lo que implica que el contratista puede reclamar prórrogas y mayor permanencia en obra en caso de retardo por parte del contratante en la entrega de los bienes necesarios.síntesis automática
También resuelve:¿Para las partes era pacífico que a la entidad estatal le correspondía poner a disposición de su contratista los bienes inmuebles sobre los cuales debía construirse la obra contratada?¿Se tiene por acreditada la causa que la accionante alegó ocasionó la mayor permanencia en obra por el retardo en la puesta a disposición suya, por parte del Invías…¿Las partes contratantes, en ejercicio de su autonomía privada, llegaron a un acuerdo respecto a las consecuencias patrimoniales que para el contratista podían derivarse de la mayor duración del…
¿Se probó que hubo una mayor permanencia en obra atribuible a la Fiscalía General de la Nación? Sí
Como en efecto en el proceso quedó probado que hubo una mayor permanencia en obra atribuible a la Fiscalía General de la Nación, pues ordenó la disminución del ritmo de avance de la obra, porque no tenía los recursos para pagarle al contratista… y el contrato de obra se quedó sin interventoría, debido a que el contrato de la firma interventora terminó por vencimiento del término… , la Sala modificará la sentencia de primera instancia para declarar el incumplimiento del contrato.
También resuelve:¿Es posible calcular los intereses moratorios debidos al contratista por el retardo en el pago?¿Se probaron los daños que la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato le causó a la demandante?¿Las cifras presentadas en la experticia se fundamentaron en documentos que no obran en el proceso?
¿El demandado en repetición padecía un agravamiento del trastorno afectivo bipolar, que le había sido diagnosticado, que mermó su capacidad de autodeterminación cuando accionó el arma de dotación? Sí
El agravamiento de un trastorno mental preexistente, causado por factores externos que mermen la capacidad de comprensión y autodeterminación del agente en el momento del hecho, excluye la culpabilidad y hace improcedente la acción de repetición, pues no puede imputarse un juicio de reproche a quien actuó en situación de inimputabilidad. Una razón es que los medios documentales y técnicos mostraron que el trastorno afectivo bipolar diagnosticado en 2008 se agravó en la época del hecho por el traslado de lugar de trabajo, la falta de medicamentos y la ausencia de controles psiquiátricos, lo que generó descontrol, irritabilidad y depresión. Otra razón es que el dictamen técnico y la historia clínica permitieron inferir que, al accionar el arma de dotación, el agente tenía disminuida su capacidad de autodeterminación. En el caso, el daño fue causado por un disparo de un miembro de la fuerza pública en ejercicio de sus funciones, y la Subsección confirmó la negación de las pretensiones. Su consecuencia práctica es que la historia clínica y el dictamen técnico son determinantes para establecer la inimputabilidad en la repetición.síntesis automática
También resuelve:¿El auxiliar de la justicia tenía los conocimientos necesarios para interpretar la historia clínica del ahora demandado?¿El trastorno afectivo bipolar que padecía el accionado al momento de ocurrencia del hecho dañoso afectó su comportamiento?¿El demandado incurrió en una conducta gravemente culposa, al hacer uso del arma de dotación sin sujeción a los principios de proporcionalidad y necesidad?
¿En el recurso de apelación deben exponerse las razones o los fundamentos de disenso por los cuales no se comparten los argumentos y las decisiones adoptadas en la sentencia recurrida? Sí
El contratista debe exponer en el recurso de apelación las razones o fundamentos de disenso específicos contra los argumentos y decisiones de la sentencia recurrida, cumpliendo así con la carga de sustentación que le corresponde, de lo contrario, el recurso será rechazado por falta de sustento. La Sala reitera que el juez de segunda instancia debe confrontar el sustento de la decisión apelada con los argumentos de inconformidad presentados por la parte recurrente, y que la mera manifestación de desacuerdo o la petición de modificación no es suficiente. En otro aspecto, la entidad estatal que es un ente universitario autónomo del orden departamental, al celebrar contratos de obra, debe regirse por las normas del derecho privado, excluyéndose la aplicación del estatuto general de contratación de la administración pública, conforme a la Ley 1150 de 2007 y el artículo 93 de la Ley 30 de 1992. Esto implica que las controversias deben resolverse según el régimen jurídico privado aplicable al negocio, lo que tiene implicaciones significativas en la interpretación y aplicación de las normas contractuales y en la resolución de conflictos en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Se rigen por el derecho privado los contratos de obra que celebran los entes universitarios autónomos del orden departamental?¿La ausencia de salvedades en los acuerdos modificatorios suscritos durante la relación negocial no impide analizar de fondo las reclamaciones de la parte demandante?¿El dictamen pericial debe ser claro, preciso, exhaustivo, sólido y de calidad; analizado con lo acontecido durante el interrogatorio del perito y la explicación de los exámenes…
¿El régimen de contratación de EPM, se gobierna por el derecho común o privado y los actos expedidos con ocasión del negocio jurídico, son actos contractuales? Sí
El contratista no puede anular la resolución de EPM que liquida unilateralmente un contrato de obra, ya que este régimen de contratación se rige por el derecho privado y no por el derecho administrativo, por lo que los actos expedidos en el marco del contrato no son actos administrativos sino contractuales. La Sección Tercera del Consejo de Estado confirma que la liquidación unilateral es un acto contractual y no administrativo, por lo que no está sujeto a los mismos requisitos y efectos que un acto administrativo. Esta decisión reitera la jurisprudencia que establece que las empresas de servicios públicos domiciliarios como EPM se rigen por el derecho privado en sus contratos, lo que implica que las cláusulas de liquidación son pactos accesorios y no actos administrativos obligatorios.síntesis automática
También resuelve:¿Es pasible de anulación la Resolución 196502 de 2001, mediante la cual EPM liquidó unilateralmente el contrato de obra 1104308 de 1999, después de que, como aduce la parte recurrente…¿Es procedente incluir cláusulas de exoneración de responsabilidad en los contratos, en cuanto esta estipulación no implique una condonación del dolo futuro…¿Incumplió EPM su obligación de restablecer el equilibrio económico del contrato 1104308 de 1999, al no reconocer, a favor de la contratista…
¿Desbordó la parte apelante los límites del recurso de apelación al introducir en segunda instancia nuevos cargos y fundamentos que no fueron planteados en la demanda ni hicieron parte del debate procesal de primera instancia, modificando con ello la causa petendi y desconociendo el principio de congruencia y el derecho al debido proceso? Sí
El contratista no puede introducir en segunda instancia nuevos cargos y fundamentos que no fueron planteados en la demanda ni hicieron parte del debate procesal de primera instancia, ya que esto modifica la causa petendi y viola el principio de congruencia y el derecho al debido proceso. La Sala ha establecido que el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia se limita a los aspectos esgrimidos en contra de la decisión de primer grado, y que las modificaciones a la causa petendi mediante el recurso de apelación son inadmisibles. En consecuencia, cualquier argumento nuevo que no guardó relación con el litigio tal como fue fijado por el juez de primera instancia no puede ser abordado en segunda instancia. Esta regla reitera y confirma precedentes anteriores sobre el marco de competencia del juez en segunda instancia y la importancia del principio de congruencia en el proceso de contratación estatal, lo que implica que las partes deben presentar todos los argumentos y pretensiones en primera instancia para evitar la improcedencia de nuevos cargos en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó la nulidad del otrosí n.° 1 del contrato de concesión por haber modificado la destinación de los recursos de la subcuenta de gestión predial y el esquema de asignación de riesgos…¿Se encontraba ajustada a derecho la declaratoria de caducidad del contrato de concesión, al haberse acreditado un incumplimiento grave y directamente relacionado con el objeto contractual que…¿Se respetaron el debido proceso y el derecho de defensa del concesionario en el procedimiento administrativo de declaratoria de caducidad…