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clave: "consejo_estado:providencia:25000233600020180111402-71063-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: la jurisprudencia ha precisado que la buena fe es un principio general"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-09-01"
radicado: "25000233600020180111402"
numero: "71063"
ponente: "JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ"
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# Consejo de Estado: la jurisprudencia ha precisado que la buena fe es un principio general

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-09-01
- **Radicado:** 25000233600020180111402
- **Número interno:** 71063
- **Ponente:** JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** FONDO DE ADPATACION
- **Demandado:** CONSTRUCTORA DOUQUEM LTDA.
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020180111402-71063-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000233600020180111402/9DA2C84C2FA6A8E9E2864EE3DA7870D5F3CF0DCA0CB81A4C6479EBCD52B6BB76/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201801114021100103

## Regla de decisión

El sentido atribuido a las cláusulas debe ser compatible con una forma de ejecución respetuosa de los deberes de corrección y lealtad.

## Problema jurídico

¿Conforme a lo pactado en el otrosí 5, la obligación del contratista consistía en reembolsar al Fondo los costos efectivamente incurridos por el Interventor de Obra encargado del seguimiento técnico del proyecto, mas no en pagar una suma fija predeterminada?

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿Procede ordenar el pago de las mayores cantidades de diseño, dado que los TCC y el contrato no excluían su reconocimiento salvo en el caso de que los sobrecostos provinieran de imprecisiones o…
- ¿El Tribunal habría omitió considerar que el estudio de amenaza entregado por el Fondo presentaba deficiencias técnicas, adicional que la entidad no definió con claridad los parámetros para la…
- ¿Respecto de los reparos formulados por el apelante contra la decisión de negar el pago de los diseños de las sedes educativas El Molino y Balconcitos…

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 410 de 1971, art. 871
- Ley 84 de 1873, art. 1603

## Extracto

Al referirse a los costos pactados entre la entidad estatal y el Interventor de Obra, y no a las erogaciones incurridas durante el período de mayor permanencia, los TCC dispusieron que, en este tipo de supuestos, la cuantía de la obligación dineraria del contratista se determinaría con base en los honorarios acordados para remunerar los servicios de seguimiento técnico durante un plazo adicional al inicialmente previsto, los cuales, desde el punto de vista contable, representaban un costo para la entidad estatal. Esto se confirma con la cláusula segunda y el anexo 1 del contrato 028 de 2014 celebrado entre el Fondo y el Interventor de Obra, en los que se pactó un precio fijo por los servicios de seguimiento técnico conforme a lo ofertado, y no un mecanismo de reembolso de gastos.

## Síntesis temática

El contratista no está obligado a reembolsar al Fondo los costos efectivamente incurridos por el Interventor de Obra, sino a pagar una suma fija predeterminada de $474'000.000, como resultado de un acuerdo directo que especifica el valor por los servicios de seguimiento técnico durante un plazo adicional. Esta interpretación se basa en la cláusula segunda y el anexo 1 del contrato 028 de 2014, que establecen un precio fijo por los servicios del Interventor de Obra, y no un mecanismo de reembolso de gastos. La Sala considera que esta interpretación es coherente con el principio de buena fe, ya que mantiene el patrón contractual acordado y evita trasladar a la entidad estatal un sobrecosto ajeno a su conducta. Esta decisión modifica la interpretación anterior y establece que la obligación del contratista es pagar la suma acordada, no reembolsar costos efectivos.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, RELACIÓN CONTRACTUAL, TÉRMINO DEL CONTRATO, PLAZO DEL CONTRATO ADICIONAL, PRÓRROGA DEL CONTRATO, OTROSÍ AL CONTRATO, MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA, PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL, ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL, SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL, MAYOR VALOR DE LOS COSTOS, DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, CONFLICTO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, OBLIGACIÓN DEL CONTRATANTE FRENTE AL PLIEGO DE CONDICIONES, MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES, LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA, PRINCIPIO DE PLANEACIÓN, PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL, PLANOS ARQUITECTÓNICOS, DEBERES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL, OBLIGACIONES DEL PROPONENTE, ETAPA PRECONTRACTUAL, OBLIGACIONES EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PRINCIPIOS DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL, ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL, SOBRECOSTOS DE LA OBRA PÚBLICA, SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL, INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CONTRATO DE OBRA, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, COLEGIO, COLEGIO PÚBLICO, PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, PLANOS DE OBRA PÚBLICA, CONSTRUCCIÓN, OBLIGACIÓN DE PAGAR SUMA DE DINERO, DERECHO CREDITICIO, FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO, PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA, NEGOCIO JURÍDICO, INTERPRETACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO, FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA, RIESGO, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, TRÁMITE DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, INEXISTENCIA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, FALTA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, VALOR DEL CONTRATO ESTATAL, INTERÉS MORATORIO, PAGO DE INTERÉS MORATORIO, IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE INTERÉS MORATORIO, PERJUICIOS, PERJUICIO MATERIAL, INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL, IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, NEGACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, NEGACIÓN DE LA CONDENA EN PERJUICIOS, PRUEBA, FALTA DE PRUEBA, PAGO, PAGO TARDÍO, PAGO TARDÍO DE ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL, PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PRUEBA DE LOS PERJUICIOS, INEXISTENCIA DE LA PRUEBA DE LOS PERJUICIOS, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL, ACUERDO DE VOLUNTADES, ANTICIPO DEL CONTRATO, ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL, COSTOS, CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, PROPUESTA DEL PROPONENTE, CONTRATO ESTATAL A PRECIOS UNITARIOS, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, PRUEBA PERICIAL, INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA PERICIAL, INEFICACIA DE LA PRUEBA PERICIAL, PLAZO, AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA, ACTO ADMINISTRATIVO PRECONTRACTUAL, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CONDICIONES DEL CONTRATO, CONDICIONES DEL CONTRATO ESTATAL, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, PERITAJE, OBRA PÚBLICA, ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, DINERO, RETENCIÓN DE DINERO, MALA FE, INEXISTENCIA DE MALA FE, DETRIMENTO DEL PATRIMONIO, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, MORA, INEXISTENCIA DE MORA ADMINISTRATIVA, CONDENA EN COSTAS, CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS, IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RELACIÓN CONTRACTUAL / TÉRMINO DEL CONTRATO / PLAZO DEL CONTRATO ADICIONAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO / OTROSÍ AL CONTRATO / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL / ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Conforme a lo pactado en el otrosí 5, la obligación del contratista consistía en reembolsar al Fondo los costos efectivamente incurridos por el Interventor de Obra encargado del seguimiento técnico del proyecto, mas no en pagar una suma fija predeterminada?
Respuesta al problema jurídico: No
Al referirse a los costos pactados entre la entidad estatal y el Interventor de Obra, y no a las erogaciones incurridas durante el período de mayor permanencia, los TCC dispusieron que, en este tipo de supuestos, la cuantía de la obligación dineraria del contratista se determinaría con base en los honorarios acordados para remunerar los servicios de seguimiento técnico durante un plazo adicional al inicialmente previsto, los cuales, desde el punto de vista contable, representaban un costo para la entidad estatal. Esto se confirma con la cláusula segunda y el anexo 1 del contrato 028 de 2014 celebrado entre el Fondo y el Interventor de Obra, en los que se pactó un precio fijo por los servicios de seguimiento técnico conforme a lo ofertado, y no un mecanismo de reembolso de gastos. En consecuencia, el parámetro aplicable para definir la suma a cargo de Constructora Douquem eran las condiciones económicas convenidas entre el Fondo de Adaptación y el Interventor de Obra, no la información contable de Ingetec S.A.S. correspondiente a ese período. La Sala también considera que esta interpretación es la que mejor se ajusta al principio de buena fe. Aunque el Código Civil no lo incluye expresamente entre los criterios hermenéuticos previstos en el Título XIII de su Libro IV, la interpretación contractual debe estar orientada por dicho principio, conforme a los artículos 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio, que lo consagran como rector del desenvolvimiento de los negocios jurídicos. En este sentido, la jurisprudencia ha precisado que la buena fe es “un principio general —e informador— del derecho, amén de un estándar o patrón jurídico, sobre todo en el campo de la hermenéutica negocial y de la responsabilidad civil” Por lo tanto, el sentido atribuido a las cláusulas debe ser compatible con una forma de ejecución respetuosa de los deberes de corrección y lealtad. Concretamente, como señala la doctrina, el principio de buena fe implica atribuir significado a los textos considerando los siguientes criterios: (i) la lealtad y corrección en su elaboración, lo que supone que la intención de las partes fue expresarse con honestidad, sin buscar confusiones ni oscuridades; y (ii) que el sentido adoptado sea el que mejor se avenga con el desenvolvimiento leal de la relación contractual. En este caso, los deberes de lealtad y corrección propios del principio de buena fe conducen a concluir que, en virtud del otrosí 5, Constructora Douquem se obligó a pagar $474’000.000 por la mayor permanencia del Interventor de Obra. Los considerandos del acuerdo precisaron que este se fundaba en un arreglo directo, cuyo contenido fue descrito en la comunicación CD-123-13-OB-094-15 en los siguientes términos: “Constructora Douquem acepta pagar la mayor permanencia de la interventoría hasta por un valor de cuatrocientos setenta y cuatro millones de pesos ($474.000.000), de acuerdo con los costos tasados por Ingetec S.A. y entregados en la sesión de la Audiencia llevada a cabo el día 21 de julio de 2015; el monto resultante será descontado al finalizar el contrato del depósito en garantía establecido en el mismo. Se adjunta en un (1) folio”. El folio mencionado en este considerando del otrosí fue anexado al dictamen pericial aportado con la contestación de la demanda. En dicho documento se consignó una cuantificación clara y determinada de los honorarios exigidos por el Interventor de Obra, sin referencia a una metodología de reembolso de gastos efectivamente incurridos. A partir de esa cuantificación, Constructora Douquem asumió la obligación dineraria y el Fondo aceptó la modificación contractual que motivó el archivo del procedimiento administrativo de caducidad en curso contra el contratista. Así, la obligación de asumir “los costos tasados por Ingetec S.A. y entregados en la sesión de la Audiencia llevada a cabo el día 21 de julio de 2015” se concretaba en el pago de $474’000.000, suma que corresponde al valor consignado en el documento respectivo (...). Finalmente, la Sala considera que esta interpretación es la que mejor se aviene al desenvolvimiento leal de la relación contractual. Tanto el numeral 26 del apartado 2.2.3 del Anexo 3 de los TCC como los considerandos del otrosí 5 evidencian el propósito de mantener patrimonialmente indemne a la entidad estatal frente a los mayores costos que debiera asumir por el servicio de interventoría, cuando su prolongación más allá del plazo inicialmente previsto fuera imputable al contratista. Aceptar la interpretación en que se funda el reparo de Constructora Douquem implicaría atenuar ese efecto y trasladar a la entidad un sobrecosto ajeno a su conducta, originado en la ambigüedad derivada de una preposición incorporada por iniciativa de la contratista. Tal resultado sería incompatible con el desenvolvimiento leal de la relación contractual. En conclusión, se confirmará este punto de la decisión impugnada porque Constructora Douquem estaba obligada a pagar una suma determinada de $474’000.000 por la mayor permanencia del Interventor de Obra, derivada de la prórroga del plazo del contrato cuya ejecución estaba a su cargo y era objeto de seguimiento.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la buena ge contractual, revisar: Corte Suprema de Justicia, sentencia de 2 de agosto de 2001, rad. 6146, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo y Corte Suprema de Justicia, sentencia de 23 de noviembre de 2020, SC4527-2020, M.P. Francisco Ternera Barrios.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MAYOR VALOR DE LOS COSTOS / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / CONFLICTO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRECIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / OBLIGACIÓN DEL CONTRATANTE FRENTE AL PLIEGO DE CONDICIONES / MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Procede ordenar el pago de las mayores cantidades de diseño, dado que los TCC y el contrato no excluían su reconocimiento salvo en el caso de que los sobrecostos provinieran de imprecisiones o faltantes en los diseños?
Respuesta al problema jurídico: No
La cláusula sexta del contrato, sobre la forma de pago, reprodujo las reglas de remuneración previstas en los TCC. En su parágrafo tercero se incorporó el siguiente texto: “El valor final de cada contrato corresponderá a la sumatoria del valor de los ítems ofertados y aceptados para la Etapa 1 referente al Diseño, (…) siendo claro que no se pagarán sobrecostos por imprecisiones o faltantes en los diseños, ya que ellos son absoluta responsabilidad del Contratista quien asumirá los mayores costos o sobrecostos que esas imprecisiones o faltantes generen”. Adicionalmente, para especificar el valor de los ítems ofertados en la Etapa de Diseños, se incorporó una tabla que relacionaba el área definida por el Fondo para cada sede con el precio unitario por metro cuadrado ofertado por Constructora Douquem (IVA incluido). Con base en esa relación se calculaba el monto total del diseño, lo que evidencia que el pago dependía exclusivamente de multiplicar el área previamente fijada por el Fondo por el precio unitario ofertado (...). En conclusión, el derecho crediticio de Constructora Douquem consistía en recibir el pago resultante de multiplicar el precio unitario por metro cuadrado ofertado por el área definida por el Fondo para cada sede educativa. El contratista no tenía derecho ni la entidad estatal estaba obligada a reconocer sumas adicionales por actividades o estudios realizados sobre el área total del lote o exteriores. La fórmula de remuneración acordada, obligatoria para las partes conforme al artículo 1602 del Código Civil, se refería exclusivamente al área neta proyectada de la sede educativa, no a la extensión del globo de terreno. La conclusión anterior se refuerza al advertir que el pago se limitaba al área de las sedes definida por el Fondo. Pese a ello, Constructora Douquem debía ejecutar estudios que no se restringían a dicha área. Así lo preveían los TCC en el apartado sobre el alcance de las actividades de diseño: “Para los tres tipos de desarrollo de diseño de intervención antes definidos y de acuerdo con el grupo adjudicado, se deben realizar estudios de riesgo detallados, los estudios técnicos y el diseño integral de proyecto, el cual incluye áreas exteriores (las áreas exteriores, descubiertas y complementarios), tramitar licencias y permisos requeridos según corresponda para cada proyecto particular”. En el mismo sentido, el anexo n.º 3 de los TCC, relativo a los requerimientos detallados de diseño y construcción, precisaba que el levantamiento topográfico debía abarcar la totalidad del lote, al disponer lo siguiente: “El Contratista deberá realizar el Levantamiento topográfico para la determinación exacta de linderos, del área y perímetro real de cada predio, incluyendo las zonas colindantes, en una distancia como mínimo de 50 mt de ancho, respecto a los límites prediales”. Lo anterior explica que, en cada uno de los veintitrés formatos presentados por Constructora Douquem como parte de su oferta, se mantuvieran dos notas aclaratorias incluidas en la proforma publicada con los TCC. La primera indicaba: “El valor ofertado correspondiente a Estudios y Diseños técnicos de cada proyecto, incluye la totalidad de los Costos asociados a la ejecución y desarrollo de los trabajos objeto de la presente convocatoria (…). Este valor se entiende como único sin lugar a ningún reconocimiento económico adicional por dichos conceptos” . La segunda precisaba: “El Proponente manifiesta y declara total conocimiento de que el Área correspondiente a cada uno de los proyectos relacionadas en el ANEXO 2, incluidas para el cálculo de la presente oferta, son estimadas sobre Tipologías Aplicables, y que las mismas podrán tener variaciones sin que ello dé lugar a ningún reconocimiento económico adicional”. En consecuencia, Constructora Douquem no tenía derecho a exigir el pago por metros cuadrados adicionales a los definidos por el Fondo para el diseño de cada sede educativa. Las pretensiones de Constructora Douquem y los reparos formulados contra la sentencia de primera instancia no son atendibles. Desconocen las estipulaciones contractuales previamente analizadas, que constituyen ley para las partes. Las comunicaciones enviadas por el contratista al Fondo reclamando el pago de “mayores cantidades de diseño” —remitidas, dicho sea de paso, mucho tiempo después del acta de recibo de tales productos y de su cobro—, así como el dictamen pericial aportado con la demanda de reconvención reformada, se fundan en la inobservancia de lo expresamente convenido: la remuneración del contratista en la Etapa de Diseños se determinaba con base en el producto entre el precio unitario ofertado y el área proyectada de la sede, no por la extensión del globo de terreno. El dictamen pericial partió de la premisa según la cual la diferencia entre el área total de cada lote y el área señalada por el Fondo para efectos de remuneración constituye “mayores cantidades de diseño”, por lo que debía ser objeto de pago adicional por parte de la entidad. (...) Este planteamiento no puede ser acogido por las razones expuestas previamente y, además, porque no se funda en una circunstancia sobrevenida en la ejecución del contrato que no hubiera podido preverse al momento de presentar la oferta. Por el contrario, el contrato establecía que el contratista solo tendría derecho a recibir el valor resultante de multiplicar el área definida por el Fondo para cada sede por los precios unitarios ofertados. De acuerdo con las especificaciones de diseño, dichas actividades no se limitaban al área neta de las sedes, sino que incluían también los espacios exteriores. En conclusión, la Sala confirmará la decisión de negar las pretensiones principales y subsidiarias de la demanda relacionadas con las mayores cantidades de diseños.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602
PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / PLANOS ARQUITECTÓNICOS / DEBERES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIONES DEL PROPONENTE / ET

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

podían acudir a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo para solicitar su liquidación (CPACA, art. 141). Adicionalmente, la Sala no advierte que el Fondo haya empleado medios ilícitos para impedir la liquidación del contrato, de modo que dicha condición se tuviera por cumplida en los términos del inciso final del artículo 1538 del Código Civil. Según la última prórroga convenida en el otrosí 15, el plazo del contrato venció el 18 de noviembre de 2016. En consecuencia, el término para efectuar la liquidación bilateral expiraba el 19 de mayo de 2017. En el expediente obra un acta suscrita el 17 de mayo de 2017, en la que se consignaron las actividades adelantadas en los meses anteriores para concertar los términos de la liquidación, entre ellas: la presentación de observaciones al proyecto de acta, la terminación de planos récord, la actualización de los amparos postcontractuales y la entrega de paz y salvos pendientes por parte de proveedores y subcontratistas. El plazo para lograr un acuerdo venció sin que las partes alcanzaran consenso sobre sus términos; no obstante, mantuvieron gestiones para intentar la liquidación. El 8 de agosto de 2017, suscribieron un documento denominado “Acuerdo para culminar la etapa de liquidación del contrato”, en el que se comprometieron a “culminar las actividades pendientes necesarias para liquidar definitivamente el contrato 123 de 2013, en un plazo máximo de un mes”, sin formular imputaciones recíprocas por la ausencia de acuerdo previo. La liquidación tampoco se concretó dentro de este plazo adicional. No obstante, la Sala no advierte que la imposibilidad de alcanzar el acuerdo obedeciera a una actuación de mala fe por parte del Fondo. En la comunicación E-2018-0002663 del 20 de marzo de 2018, la entidad informó a la Constructora que “a la fecha se cuenta con el acta de liquidación revisada y aprobada por las partes”, pero aclaró que “tal como lo manifestaron en la reunión del 19 de enero de 2019, la Constructora Doquem no firmará el acta de liquidación hasta que se reevalúe el descuento por mayor permanencia de la interventoría, según Otrosí 5”. En línea con lo anterior, el 16 de abril de 2018, el contratista presentó una petición al Secretario General del Fondo solicitando que revisara las denuncias por un supuesto “detrimento patrimonial” derivado de los pagos realizados al Interventor de Obra por su mayor permanencia. Allí precisó que esa situación “afecta de manera directa la liquidación de nuestro contrato, toda vez que nuestra empresa no está dispuesta a asumir costos de interventoría inexistentes”. En este contexto, la Sala concluye que la falta de suscripción del acta de liquidación no obedeció a una actuación de mala fe del Fondo, sino a una divergencia sobre la cual —como se determinó previamente— le asistía la razón a la entidad estatal.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / DINERO / RETENCIÓN DE DINERO / MORA / INEXISTENCIA DE MORA ADMINISTRATIVA
Problema jurídico:
¿El Tribunal incurrió en un error al reconocer en el balance financiero la suma de $665’620.444 por concepto de retención en garantía, como saldo a favor del contratista, pero sin descontar dicha suma del valor reconocido al Fondo por $474’000.000. Según su planteamiento, esta operación habría arrojado un saldo neto de $197’573.247 a favor de Constructora Douquem?
Respuesta al problema jurídico: No
La Sala considera atendible este reparo. La retención en garantía constituye una cuenta por pagar del Fondo, es decir, una suma que la entidad estatal adeuda a Constructora Douquem, sin que ello implique que hubiera incurrido en mora respecto de su reintegro. En consecuencia, para establecer el saldo neto, esta suma — equivalente a $665’620.444— debía descontarse de los valores reconocidos a favor de la entidad estatal, dado que no existe prueba de que hubiese sido entregada previamente al contratista. El contratista no manifestó inconformidad con el saldo reconocido a favor del Fondo por concepto de deducciones no practicadas —$221.336,32—, que, según el proyecto de acta de liquidación aportado por la entidad estatal, corresponde a la diferencia entre las deducciones efectuadas por contribución especial de obra y estampilla pro universidad. A su vez, el Fondo —que no apeló la sentencia— no objetó el balance financiero que registra un saldo por liberar, derivado de la diferencia entre el valor total del contrato y el monto efectivamente pagado al contratista, cuantificado en $6’174.139,55 en dicho proyecto de liquidación. En consecuencia, la Sala mantendrá la liquidación practicada en primera instancia, con la única modificación de descontar de los saldos a favor del Fondo el valor correspondiente a la retención en garantía que debe entregarse al contratista . Debido a la depreciación monetaria propia de una economía inflacionaria, el saldo final resultante será actualizado desde la fecha de vencimiento del plazo para la liquidación bilateral hasta la fecha de la sentencia, a fin de preservar su valor real. La deuda solo se entiende extinguida cuando el acreedor recibe una suma equivalente en términos reales, no meramente nominales. Sobre este saldo no procede el reconocimiento de intereses de mora, como solicitó el demandante, pues la obligación solo adquirió el carácter de cierta y líquida con la sentencia; antes de su expedición no se había configurado la mora debitoria (in illiquidis non fit mora).
CONDENA EN COSTAS / CONCEPTO DE CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas en segunda instancia, cuando el recurso de apelación prospera parcialmente?
Respuesta al problema jurídico: No
De acuerdo con el artículo 188 del CPACA, salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirá por las normas del CGP. Esta condena no exige valorar una conducta temeraria por parte de quien la soporta, pues, en el régimen actual, se impone con base en un criterio objetivo. Conforme a los numerales 1.º y 3.º del artículo 365 del CGP, se condenará en costas a la parte a la que se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, por lo que en la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda. El recurso de apelación prosperó parcialmente, de modo que la sentencia de primera instancia no se confirmó en todas sus partes, sino que se modificó el contenido de la liquidación judicial del contrato. En consecuencia, no procede la condena en costas en esta instancia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 3

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2025-09-01. C.P. JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ. Rad. 25000233600020180111402. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020180111402-71063-sentencia).
