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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: indicó que en las actas de las visitas realizadas por la Secretaría no se dejó constancia acerca de esa situación

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Fecha
2024-05-22
Radicado
25000233600020160246901
Número interno
66391
Ponente
NICOLAS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
DISTRITO CAPITAL
Demandado
FUNDACION MULTIACTIVA EMPRENDIMIENTO, SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: indicó que en las actas de las visitas realizadas por la Secretaría no se dejó constancia acerca de esa situación

Lo que dijo la Sala

En el expediente se encuentra acreditado que, el 27 de marzo de 2013, el Distrito Capital de Bogotá – Secretaría Distrital de Integración Social y la Fundación Multiactiva Emprendiendo, entidad sin ánimo de lucro, suscribieron el convenio de asociación No. 4843, cuyo objeto consistió, según su cláusula primera, en aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para garantizar el acceso a una “alimentación nutricionalmente adecuada e inocua” y desarrollar el componente de inclusión social a través de la promoción de estilos de vida saludable y vigilancia nutricional con la población atendida en el centro de acogida día-noche y centro de autocuidado de la Secretaría Distrital de Integración Social.… En el recurso de apelación presentado por la actora contra la sentencia del 1° de abril de 2020, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

Cuando una entidad pública demanda el incumplimiento de un convenio de asociación, la carga de demostrar el incumplimiento recae en ella, y no basta con requerimientos que no precisan los bienes, servicios y circunstancias de modo, tiempo y lugar del aporte que la entidad alega incumplido. La regla se sostiene en tres razones: la carga de la prueba corresponde a quien alega el incumplimiento, conforme al principio de autorresponsabilidad probatoria; los oficios de requerimiento del supervisor no identifican el objeto del aporte pactado, de modo que no pueden servir de sustento del incumplimiento; y el convenio asigna a la entidad sin ánimo de lucro un aporte de bienes y servicios cuyo contenido debía precisarse en el convenio para ser exigible. En el caso, no hubo prueba del incumplimiento de las obligaciones de aporte, de seguridad social ni de pago de salarios, por lo que se confirmó la negativa de las pretensiones. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que el supervisor debe precisar en sus requerimientos los bienes y servicios concretos que la entidad asociada debe acreditar.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿La Fundación incumplió las obligaciones del convenio de asociación, en los términos alegados por la entidad pública demandante?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Decreto 777 de 1992, arts. 1 y 2
  • Ley 1150 de 2007, art. 11
  • Ley 1437 de 2011, arts. 162 núm. 1 y 166 núm. 5

También resuelve

  • ¿A la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, en tanto la controversia gira en torno al convenio de asociación que fue suscrito por una…
  • ¿Cualquiera de las partes de la relación contractual puede pedir la declaratoria de incumplimiento del contrato?
  • ¿Cualquier entidad estatal puede celebrar el convenio de asociación con personas jurídicas particulares, con observancia de los principios de la función administrativa?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONVENIO DE ASOCIACIÓN INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN DISTRITO CAPITAL ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN ALIMENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES BIENES Y SERVICIOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL APORTE PARAFISCAL PAGO DEL SALARIO PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN LABORAL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FALTA DE PRUEBA HABITANTE DE LA CALLE INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE PRINCIPIO DE LA AUTORRESPONSABILIDAD INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA INSUFICIENCIA PROBATORIA FALTA DE DILIGENCIA DE LAS PARTES DEL PROCESO CONTRATO SALARIO PROVEEDOR FACTURA TASACIÓN DE PERJUICIOS PRETENSIONES DE LA DEMANDA NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA CONDUCTAS PROCESALES FALTA DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA RADICACIÓN DE LA DEMANDA APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ENTIDAD TERRITORIAL COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA PROCESO DE DOBLE INSTANCIA CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA SALARIO MÍNIMO LEGAL PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA CONTRATO ESTATAL PARTES DEL CONTRATO DEMANDA DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL CONTRATO DECLARATORIA DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL REVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL MINISTERIO PÚBLICO INTERÉS DIRECTO NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA ORDENAMIENTO JURÍDICO NORMATIVA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN ACUERDO DE VOLUNTADES REQUISITOS DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN ENTIDAD ESTATAL PERSONA JURÍDICA PRIVADA PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA CONTRATO DE FOMENTO INEXISTENCIA DE RELACIÓN CONMUTATIVA CELEBRACIÓN DE CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO FINALIDAD DEL CONTRATO ESTATAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO GOBIERNO INTERÉS PÚBLICO PLAN DE DESARROLLO CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN ENTIDAD PÚBLICA ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO DERECHO PRIVADO CONTRATACIÓN ESTATAL INAPLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NEGOCIO JURÍDICO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL PLAZO PARA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL PRINCIPIO DE LA BUENA FE PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA GARANTÍAS DEL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRUEBA DOCUMENTAL DOCUMENTO COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO TACHA DE FALSEDAD EN DOCUMENTO COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA CARGA DE LA PRUEBA CONCEPTO DE CARGA DE LA PRUEBA FALLO DESESTIMATORIO EFECTOS DE LA FALTA DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA VALORACIÓN DEL ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO CONFESIÓN VALORACIÓN DE LA CONFESIÓN CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS RECURSO DE APELACIÓN CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS INTERVENCIÓN DE LAS PARTES DEL PROCESO INTERVENCIÓN PROCESAL DESIGNACIÓN DEL APODERADO

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Titulación de la relatoría 36.143 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONVENIO DE ASOCIACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / DISTRITO CAPITAL / ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO / OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / ALIMENTACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES / BIENES Y SERVICIOS / APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL / APORTE PARAFISCAL / PAGO DEL SALARIO / PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES / PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN LABORAL / CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES / FALTA DE PRUEBA / HABITANTE DE LA CALLE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / PRINCIPIO DE LA AUTORRESPONSABILIDAD / INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA / INSUFICIENCIA PROBATORIA / FALTA DE DILIGENCIA DE LAS PARTES DEL PROCESO / CONTRATO / SALARIO / PROVEEDOR / FACTURA / TASACIÓN DE PERJUICIOS / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONDUCTAS PROCESALES / FALTA DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA / COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Problema jurídico: ¿La Fundación incumplió las obligaciones del convenio de asociación, en los términos alegados por la entidad pública demandante? Respuesta al problema jurídico: No En el expediente se encuentra acreditado que, el 27 de marzo de 2013, el Distrito Capital de Bogotá – Secretaría Distrital de Integración Social y la Fundación Multiactiva Emprendiendo, entidad sin ánimo de lucro, suscribieron el convenio de asociación No. 4843, cuyo objeto consistió, según su cláusula primera, en aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para garantizar el acceso a una “alimentación nutricionalmente adecuada e inocua” y desarrollar el componente de inclusión social a través de la promoción de estilos de vida saludable y vigilancia nutricional con la población atendida en el centro de acogida día-noche y centro de autocuidado de la Secretaría Distrital de Integración Social. […] En el recurso de apelación presentado por la actora contra la sentencia del 1° de abril de 2020, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la recurrente centró su reproche en afirmar que, contrario a lo afirmado por el fallador de primer grado, las pruebas aportadas al proceso dan cuenta del incumplimiento por parte de la Fundación respecto de su obligación de aportar bienes y servicios por valor de $469’600.000, así como también de la obligación de realizar los aportes a seguridad social integral y parafiscales y de asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal contratado para la ejecución del convenio de asociación. […] Hecho el recuento probatorio […], la Sala advierte que la Fundación en efecto sí debía efectuar un aporte de $469’600.000, representado en bienes y servicios; y que si bien hubo varios requerimientos por parte del supervisor del convenio de asociación a la aquí demandada para que allegara los soportes que acreditaran el cumplimiento de esa obligación y diera las explicaciones correspondientes, lo cierto es que en ninguno de esos oficios se evidencia cuáles eran los bienes y servicios que constituían el aporte de la Fundación, así como tampoco las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que debían llevarse a cabo […]. […] Así las cosas, lo que la Sala evidencia, contrario a lo expuesto en el recurso de apelación, es que en el sub examine no hay sustento probatorio del incumplimiento alegado respecto de la obligación que le asistía a la Fundación de aportar al convenio $469’600.000, porque en el proceso ni siquiera se acreditó cuáles eran los bienes y servicios que constituían ese aporte ni la forma “gradual” como debía llevarse a cabo, ni la cantidad de alimentos que debía suministrarse en cada centro de acogida para los habitantes de la calle, ni cuántos ciudadanos de la calle se beneficiarían; así como tampoco se sustentó en modo alguno cuál en concreto fue el estado de ejecución del convenio, es decir, qué compromisos se atendieron y en qué forma lo fueron y cuáles, por el contrario, se incumplieron y el grado o medida en que el incumplimiento se materializó. Esto demuestra que la parte actora no cumplió con la carga probatoria que le correspondía […]. […] En este caso, entonces, se advierte que la demandante inobservó el principio autorresponsabilidad porque, además de que las pruebas que aportó al proceso no resultan suficientes para demostrar el incumplimiento alegado, tampoco hubo diligencia de su parte en tanto, en desconocimiento de los artículos 162.1 y 166.5 del CPACA, no allegó las documentales que se encontraban en su poder, […] todo lo cual, en consecuencia, no deja otro camino a la Sala que desestimar la pretensión de incumplimiento objeto de estudio. […] El Tribunal a quo desechó la pretensión de incumplimiento relacionada con la falta de realización de los aportes a seguridad social correspondientes a algunos periodos, porque las pruebas no brindaban certeza. Indicó que en las actas de las visitas realizadas por la Secretaría no se dejó constancia acerca de esa situación; que se hicieron unos requerimientos, pero que no se acreditó qué ocurrió con ellos, además de que tampoco se allegaron los soportes de esos requerimientos […]. […] Por otra parte, respecto del reproche de incumplimiento atinente al pago de salarios y de honorarios al personal encargado de la ejecución del convenio, el Tribunal también negó esa pretensión por ausencia de material probatorio, pues no se acreditó el número de trabajadores, los contratos mediante los cuales se vinculó al personal, los salarios acordados, así como tampoco se demostró qué proveedores contrató la demandada, qué facturas no pagó y por concepto de qué servicios. A todo lo anterior agregó que la tasación de perjuicios por obligaciones presuntamente incumplidas no era prueba suficiente para acceder a su petición. […] De entrada se anticipa, al igual que en el análisis precedente, que la parte actora incumplió con su carga probatoria, pues no allegó los documentos que tenía en su poder, como la totalidad del expediente administrativo contractual, anexo técnico, estudios previos, propuesta de la Fundación, cronograma para el cumplimiento del convenio, ni prueba alguna adicional que diera cuenta de la ejecución del convenio y de aspectos relacionados con el personal vinculado para el desarrollo del objeto convenido, lo cual impide establecer el incumplimiento atribuido en la demanda, máxime porque las pruebas que allegó la entidad carecen de suficiencia demostrativa para sacar avante sus pretensiones […]. […] Se concluye del análisis precedente que ninguna de las piezas probatorias obrantes en el expediente demuestra los supuestos fácticos en que se basan las pretensiones de la demanda, toda vez que el presente proceso se encuentra huérfano de material probatorio que acredite el incumplimiento demandando a la Fundación con ocasión del convenio de asociación celebrado con la Secretaría. Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, no sin antes señalar que llama la atención de la Sala la conducta procesal asumida por la demandada, pues pese a hacerse parte, no contestó la demanda y no intervino en ninguna de las etapas del proceso, dejando a la deriva del decurso procesal la suerte de sus intereses, lo que a todas luces resulta reprochable, no solo porque se aparta de la diligencia y cuidado que debe observarse en la defensa de los propios intereses en los asuntos litigiosos, sino porque no se compadece, desde luego, con el deber de colaboración con la Administración de Justicia. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 355, DECRETO 777 DE 1992 - ARTÍCULO 1, DECRETO 777 DE 1992 - ARTÍCULO 2, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 162 NUMERAL 1, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 166 NUMERAL 5, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 320, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 96, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 15, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 61 RADICACIÓN DE LA DEMANDA / APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONVENIO DE ASOCIACIÓN / ENTIDAD TERRITORIAL / DISTRITO CAPITAL / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / SALARIO MÍNIMO LEGAL / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿A la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, en tanto la controversia gira en torno al convenio de asociación que fue suscrito por una entidad territorial? Respuesta al problema jurídico: Si Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, vigente a la fecha de radicación de la demanda y, por lo mismo, aplicable al presente proceso, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, en tanto la controversia gira en torno al convenio de asociación No. 4843 de 2013 que fue suscrito entre una entidad territorial, como lo es el Distrito Capital de Bogotá, y la Fundación. Por su parte, esta Sala del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 1° de abril de 2020, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo previsto en el artículo 150 y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, en razón de que la pretensión mayor excede los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de presentación de la demanda. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 5, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 157, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2 CONTRATO ESTATAL / PARTES DEL CONTRATO / DEMANDA / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL CONTRATO / DECLARATORIA DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / REVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / MINISTERIO PÚBLICO / INTERÉS DIRECTO / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES / CONVENIO DE ASOCIACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA Problema jurídico: ¿Cualquiera de las partes de la relación contractual puede pedir la declaratoria de incumplimiento del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si En virtud de lo previsto en el artículo 141 del CPACA, cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento, se anulen los actos administrativos contractuales, se condene a quien se considere responsable a indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y condenas. El legislador también previó que el Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, la que también puede ser declarada de oficio por el juez. Dado que la controversia formulada en este caso se refiere a la responsabilidad contractual de la Fundación por incumplir las obligaciones contenidas en el convenio de asociación No. 4843 de 2013, el medio de control procedente es el de controversias contractuales, ya que se está ventilando la desatención de diversas obligaciones, solicitándose que se declare su incumplimiento. […] De conformidad con lo establecido en el artículo 141 del CPACA, cualquiera de las partes de la relación contractual puede pedir la declaratoria de incumplimiento, de ahí que la legitimación en la causa en este tipo de controversia se encuentre, en principio, en cabeza de los extremos del acuerdo de voluntades. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141 ORDENAMIENTO JURÍDICO / CONVENIO DE ASOCIACIÓN / NORMATIVA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / ACUERDO DE VOLUNTADES / REQUISITOS DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / ENTIDAD ESTATAL / PERSONA JURÍDICA PRIVADA / PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN Problema jurídico: ¿Cualquier entidad estatal puede celebrar el convenio de asociación con personas jurídicas particulares, con observancia de los principios de la función administrativa? Respuesta al problema jurídico: Si En el ordenamiento jurídico colombiano, los convenios de asociación tienen origen en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, norma que previó dicho acuerdo de voluntades bajo los siguientes parámetros: (i) cualquier entidad estatal puede celebrar el convenio con personas jurídicas particulares, con observancia de los principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política; (ii) la finalidad este tipo de acuerdos es el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones de la entidad estatal; […] y (iii) los convenios deben establecer con precisión su objeto, término de duración, obligaciones de las partes, los aportes que cada uno debe hacer y la forma en que coordinaran sus esfuerzos. NOTA DE RELATORÍA: Sobre las características de los convenios de asociación, en lo que respecta al aspecto subjetivo y en cuanto a su objeto, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de marzo de 2024, rad. 55596, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de abril de 2020, rad. 46963, C. P. Ramiro Pazos Guerrero. Sobre la posibilidad de aportes en común en el convenio de asociación que no puede interpretarse como transferencia de recursos, cita: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 23 de febrero de 2006, rad. 1710, C. P. Luis Alberto Álvarez Jaramillo. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 209, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 96 CONVENIO DE ASOCIACIÓN / CONTRATO DE FOMENTO / ACUERDO DE VOLUNTADES / INEXISTENCIA DE RELACIÓN CONMUTATIVA / BIENES Y SERVICIOS / CELEBRACIÓN DE CONTRATO / OBJETO DEL CONTRATO / FINALIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / PARTES DEL CONTRATO / GOBIERNO / ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO / ENTIDAD ESTATAL / PERSONA JURÍDICA PRIVADA / INTERÉS PÚBLICO / PLAN DE DESARROLLO Problema jurídico: ¿El contrato de fomento y el convenio de asociación se diferencian el uno del otro en cuanto a las autoridades y particulares que los celebran; el objeto contractual y su finalidad y la forma como pueden participar las entidades y los particulares durante la ejecución? Respuesta al problema jurídico: Si [E]n este punto resulta ilustrativo y útil precisar las diferencias existentes entre los convenios de asociación y los contratos de fomento, habida cuenta de que en múltiples ocasiones, incluso en esta Corporación, se les ha dado un tratamiento idéntico, como si fueran lo mismo, cuando lo cierto es que, según ya lo ha aclarado la Sección Tercera del Consejo de Estado, tales acuerdos de voluntades, el contrato de fomento y el convenio de asociación, aun con la similitud de que ambos no generan una relación conmutativa en tanto no hay un intercambio de bienes y/o servicios entre los sujetos que los suscriben, claramente se diferencian el uno del otro en cuanto a las autoridades y particulares que los celebran; el objeto contractual y su finalidad y la forma como pueden participar las entidades y los particulares durante la ejecución. En efecto, los contratos de fomento tienen origen constitucional –artículo 355 de la CP-, mientras que los convenios de asociación son de creación legal -artículo 96 de la Ley 489 de 1998- (fundamento normativo). Los extremos en los contratos son el Gobierno, en sus distintos órdenes, nacional y territorial, y las entidades sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad; en cambio, los convenios pueden ser celebrados por cualquier entidad estatal con personas jurídicas particulares, bien sean o no sin ánimo de lucro, porque el legislador no distinguió al respecto (aspecto subjetivo). El objeto de los contratos consiste en el impulso de programas y actividades de interés público acordes con los planes de desarrollo, las cuales son desarrolladas por entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad. Por su parte, los convenios se celebran para el desarrollo mancomunado de actividades en relación con los cometidos y las funciones que les asigna la ley a las entidades públicas. Esto significa que en los contratos se apoyan las actividades del particular, mientras que en los convenios se desarrollan actividades de los entes públicos, pero con asocio de personas jurídicas privadas (objeto y finalidad contractual). Así, como lo ha dicho la jurisprudencia y partiendo del hecho de que en los contratos de fomento el particular es el que ejecuta el programa de interés público, aquel tiene la potestad de desempeñarse con autonomía, pese a los recursos entregados por la entidad pública. En los convenios de asociación el particular sí ve limitada su autonomía en la ejecución, dado que la finalidad de estos acuerdos de voluntades consiste en desarrollar actividades asignadas por la ley a la entidad estatal, sobre las cuales, por supuesto, el ente público es el que debe dirigirlas y controlarlas para lograr su cometido (participación de los sujetos en la ejecución). NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tratamiento idéntico que se le ha dado a los convenios de asociación y los contratos de fomento, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de octubre de 2017, rad. 53390, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de mayo de 2018, rad. 55756, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de febrero de 2018, rad. 55147, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 12 de septiembre de 2013, rad. 2146, C. P. William Zambrano Cetina. Sobre las diferencias entre los convenios de asociación y los contratos de fomento, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de abril de 2020, rad. 46963, C. P. Ramiro Pazos Guerrero; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de julio de 2021, rad. 48957, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 355, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 96 CONVENIO DE ASOCIACIÓN / CONTRATO DE FOMENTO / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / ENTIDAD PÚBLICA / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / DERECHO PRIVADO / REQUISITOS DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / CONTRATACIÓN ESTATAL / INAPLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN Problema jurídico: ¿El régimen aplicable a los convenios de asociación, al igual que a los contratos de fomento, es el derecho privado? Respuesta al problema jurídico: Si Las diferencias plasmadas con antelación entre los convenios de asociación y los contratos de fomento, sobre todo las concernientes en cuanto a su objeto y finalidad, han llevado a un sector de la jurisprudencia a señalar que tienen un impacto en el régimen que les aplica a esos acuerdos […]. Dicho de otro modo, para la celebración de los contratos de fomento son aplicables los requisitos y las formalidades para la contratación entre particulares (derecho privado), según lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 777 de 1992, que desarrolló el artículo 335 de la CP; mientras que para los convenios de asociación resultan exigibles las reglas que rigen la actividad contractual de la entidad pública que lo celebre, que en este caso particular, solo a manera de ejemplo y de seguirse ese derrotero jurisprudencial, sería el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, porque el convenio lo suscribió el Distrito de Bogotá. No obstante lo anterior, otro sector de la jurisprudencia ha asumido una postura diferente que es la que comparte esta Sala de Subsección, consistente en que, a pesar de las diferencias existentes entre los convenios de asociación y los contratos de fomento, el régimen jurídico aplicable para ambos es el mismo (derecho privado), punto en el que convergen por expresa disposición del legislador […]. […] De acuerdo con el criterio jurisprudencial puesto de presente, se advierte que es clara la remisión que el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 hace al artículo 355 de la Constitución Política, a efectos de que los convenios de asociación se celebren bajo los mismos requisitos y formalidades que los contratos de fomento, que son los concernientes para la contratación entre particulares (derecho privado), de conformidad con lo reglamentado en el artículo 1° del Decreto 777 de 1992, cuerpo normativo que, se insiste, desarrolló el artículo 355 ibidem. Es preciso señalar que, si bien los contratos y los convenios desarrollan un objeto y finalidad distintas, lo cierto es que ello no significa, en modo alguno, que se les aplique un régimen jurídico diferente –o, en otras palabras, que los convenios no se rijan por las reglas de contratación entre particulares que sí le aplican a los contratos de fomento para su celebración-, porque el legislador, en el marco de ese margen amplio con el que cuenta para regular la contratación pública, dispuso expresamente, en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, que los convenios se celebrarían de conformidad con lo previsto en el artículo 355 de la CP, esto es, bajo las mismas reglas de los contratos de fomento, las del derecho común, de acuerdo con la reglamentación prevista en el Decreto 777 de 1992. Entender lo contrario, es decir, que por el objeto y finalidad diferentes que persiguen los contratos de fomento y los convenios de asociación no es posible que les aplique el mismo régimen jurídico, en este caso el derecho privado, sería desconocer no solamente la ley, concretamente el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, sino también la libertad de configuración con la cuenta el legislador en materia de contratación. Por todo lo expuesto, esta Sala de Subsección concluye que el régimen aplicable a los convenios de asociación, al igual que a los contratos de fomento, es el derecho privado y no el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), por la sencilla pero suficiente razón de que así lo consagró el legislador. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la imposibilidad de aplicar el régimen exceptuado del artículo 355 constitucional a los convenios de asociación, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de abril de 2020, rad. 46963, C. P. Ramiro Pazos Guerrero. Sobre la aplicación del mismo régimen jurídico a los convenios de asociación y los contratos de fomento, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de julio de 2021, rad. 48957, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2023, rad. 52787, C. P. Guillermo Sánchez Luque; Corte Constitucional, sentencia del 11 de mayo de 2023, C-154/23, M. P. José Fernando Reyes Cuartas. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 355, DECRETO 777 DE 1992 - ARTÍCULO 1, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 96 INCISO 2 TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DEMANDA / NEGOCIO JURÍDICO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / ACUERDO DE VOLUNTADES / CONVENIO DE ASOCIACIÓN Problema jurídico: ¿El punto de referencia para computar el término para ejercer el derecho de acción es la liquidación del contrato, en relación con aquellos que requieren esa actuación? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l CPACA, para efectos de determinar a partir de cuándo debe computarse el término de caducidad, establece una serie de reglas para los eventos en que la demanda tiene origen en un negocio jurídico, entre las cuales existe una que hace relación a los contratos que requieren de liquidación, actuación que en el caso bajo análisis viene a ser el punto de referencia para computar el término para ejercer el derecho de acción, toda vez que en el presente caso las partes estipularon la liquidación del acuerdo de voluntades. Se precisa, además, que estas reglas del estatuto procesal también resultan aplicables a los convenios de asociación. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J ACUERDO DE VOLUNTADES / DERECHO PRIVADO / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / PLAZO PARA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE LA BUENA FE / PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA / PARTES DEL CONTRATO / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / GARANTÍAS DEL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Problema jurídico: ¿Los acuerdos de voluntades que se rigen por las normas del derecho privado requieren del trámite de liquidación? Respuesta al problema jurídico: No Como lo ha señalado la jurisprudencia, los acuerdos de voluntades que se rigen por dichas normas [derecho privado] no requieren del trámite de liquidación, a menos que los contratantes, en ejercicio de su autonomía de la voluntad, pacten la obligación de liquidarlo […]. […] [E]s menester analizar si es posible pactar o no la liquidación unilateral en un negocio jurídico que se rige las normas derecho privado, tema que no ha sido uniforme ni pacífico en la jurisprudencia, pues se han presentado posturas divergentes, aspecto que resulta relevante dilucidar dada su clara incidencia en el cómputo de la caducidad. A la vista de lo anterior, es del caso realizar un breve esbozo sobre las posturas existentes al respecto, tal como a continuación pasa a exponerse: Una primera postura ha sido planteada en el entendido de que en los contratos estatales regidos por el derecho privado las partes no pueden atribuirse la potestad de liquidar unilateralmente esos negocios jurídicos, porque tal facultad deviene de la ley, específicamente del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y las normas del derecho común no prevén esa competencia. Bajo ese derrotero, la jurisprudencia ha señalado que el plazo previsto para liquidación unilateral no es posible tenerlo en cuenta para efectos del cómputo de la caducidad. […] En suma, de acuerdo con el planteamiento anterior, bajo la óptica de que no es posible que la entidad liquide unilateralmente los contratos estatales regidos por derecho privado –aun cuando se haya pactado-, en estos casos el término de los 2 años de la caducidad se ha computado a partir del vencimiento del plazo con el que contaban las partes para liquidarlo bilateralmente. Una segunda postura ha sido esgrimida en el entendido de que es válido el pacto de la liquidación unilateral en los contratos estatales sometidos al derecho común, mientras que no exista norma que lo prohíba. Es una tesis en la que se privilegia la autonomía de la voluntad de las partes y el principio de buena fe y la confianza legítima generada entre las partes del contrato sobre los términos dispuestos para su liquidación, razonamiento hacia el que recientemente ha venido inclinándose la Sección Tercera de esta Corporación. En ese contexto, la jurisprudencia ha dicho que para el conteo de caducidad debe tenerse en cuenta el plazo previsto en el negocio para la liquidación unilateral. […] En estos casos, siguiendo el derrotero de la segunda postura, los 2 años de la caducidad se han computado a partir del vencimiento del plazo con el que contaba la entidad para liquidar unilateralmente el contrato, bajo el entendimiento de que el pacto es válido –pues la ley no lo prohíbe-. También, en los asuntos en los que no es objeto de controversia la legalidad de la estipulación contractual en la que se acuerda la liquidación unilateral, con mayor razón habría de tenerse en cuenta, para efectos del conteo de la caducidad, el lapso pactado para liquidación unilateral, privilegiándose el principio autonomía de la voluntad de las partes. […] Recuérdese, además, que la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, en providencia de unificación del 1° de agosto de 2019, consideró que en caso de duda sobre la aplicación de normas y reglas de caducidad debe privilegiarse una interpretación favorable al ejercicio de la acción, en garantía del derecho de acceso a la Administración Justicia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la postura según la cual en los contratos estatales regidos por el derecho privado las partes no pueden atribuirse la potestad de liquidarlos unilateralmente, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 30 de mayo de 2019, rad. 61849, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de diciembre de 2022, rad. 62370, C. P. Nicolás Yepes Corrales. Sobre la postura según la cual es válido pactar la liquidación unilateral en los contratos estatales sometidos al derecho privado, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de febrero de 2017, rad. 56562, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de agosto de 2020, rad. 51673, C. P. Martín Bermúdez Muñoz. Sobre el deber de privilegiarse una interpretación favorable sobre la aplicación de normas y reglas de caducidad, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de unificación del 1 de agosto de 2019, rad. 62009, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 118 INCISO 7, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 118 INCISO 8, LEY 4 DE 1913 - ARTÍCULO 62, LEY 640 DE 2001 - ARTÍCULO 20, LEY 640 DE 2001 - ARTÍCULO 21, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 61, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618 PRUEBA DOCUMENTAL / DOCUMENTO / COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / TACHA DE FALSEDAD EN DOCUMENTO / COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO Problema jurídico: ¿Es posible valorar los documentos aportados en copia simple que no fueron tachados de falsedad por alguna de las partes en la oportunidad procesal pertinente? Respuesta al problema jurídico: Si En virtud de lo dispuesto en el artículo 246 del CGP, la Sala analizará los documentos aportados en copia simple; además, se precisa que aquellos no fueron tachados de falsedad por alguna de las partes en la oportunidad procesal pertinente, y tampoco existe alguna disposición que haga exigible el requisito de las copias auténticas o de una determinada copia. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 246 JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA / CARGA DE LA PRUEBA / PRINCIPIO DE LA AUTORRESPONSABILIDAD / CONCEPTO DE CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / FALLO DESESTIMATORIO Problema jurídico: ¿En los eventos en los que la parte actora no cumple con la carga de la prueba procede la desestimación de las pretensiones, que conllevaría a un fallo adverso a sus intereses? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisprudencia de la Corporación ha sido enfática en señalar que la carga de la prueba se constituye en un principio de autorresponsabilidad que tienen las partes en litigio para que los hechos que sirven de sustento a las normas jurídicas, cuya aplicación reclaman, aparezcan demostrados en el proceso y que, además, le indica al juez cómo debe fallar cuando no aparezcan probados tales hechos. Es así que, si la parte actora demuestra los supuestos fácticos sobre los cuales sustenta sus pretensiones, consecuencialmente obtiene una sentencia favorable a su peticiones; contrario sensu, si dicha parte asume una conducta contraria, no cumpliendo con la carga de la prueba exigida en el artículo 167 de CGP, procede la desestimación de las pretensiones, que conllevaría a un fallo adverso a sus intereses. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el principio de autorresponsabilidad que constituye la carga de la prueba, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de marzo de 2014, rad. 29732, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167 FALTA DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA / EFECTOS DE LA FALTA DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / VALORACIÓN DEL ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / CONFESIÓN / VALORACIÓN DE LA CONFESIÓN Problema jurídico: ¿La falta de contestación de la demanda hará presumir como ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a jurisprudencia ha señalado que en ningún caso la falta de contestación de la demanda podría facultar al demandante para desatender el deber procesal que le asiste o, más bien, para relevar automática e injustificadamente la carga de la prueba que le corresponde atender, lo que consecuencialmente lleva a afirmar que esa conducta omisiva no constituye plena prueba de la responsabilidad alegada, pues para ello se requiere la valoración conjunta del material probatorio. El mencionado artículo 97 del CGP establece que la falta de contestación de la demanda hará presumir como ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda. La confesión, aunque constituye medio de prueba, ha de valorarse en conjunto con los demás elementos probatorios y conforme con los parámetros sobre su apreciación. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los efectos de la falta de contestación de la demanda frente al demandante, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de agosto de 2018, rad. 57649, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de mayo de 2015, rad. 34927, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Sobre la confesión ficta, que es una presunción legal que admite prueba en contrario, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de julio de 2021, rad. 49051, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 165, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 97 CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / RECURSO DE APELACIÓN / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / INTERVENCIÓN DE LAS PARTES DEL PROCESO / INTERVENCIÓN PROCESAL / DESIGNACIÓN DEL APODERADO Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas a cargo de la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con el artículo 188 del CPACA y con la disposición especial del artículo 365-1 del CGP, procede la condena en costas a cargo de la parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación, siempre y cuando “en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”. En este caso, a pesar de que a la parte actora se le resolvió de manera desfavorable el recurso de apelación que interpuso contra la sentencia de primera instancia, no hay lugar a condenarla en costas porque estas no se causaron, dado que la parte demandada no intervino en ninguna de las etapas del proceso y ni siquiera designó apoderado para atender el asunto. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201602469011100103