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¿Cuál es la pauta del conteo de la caducidad de la acción de controversias contractuales frente a convenios en los que se ha pactado la liquidación bilateral? Sí
El contratista puede presentar una acción de controversias contractuales en el término previsto en el numeral v) de la letra j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, incluso frente a convenios interadministrativos en los que se ha pactado la liquidación bilateral, siempre y cuando se demuestre el incumplimiento del convenio. La Sala revoca la decisión de negar la pretensión de liquidación del convenio de apoyo, reconociendo la autonomía de la voluntad en la contratación estatal, lo que permite que en los convenios interadministrativos se pacte la liquidación sin que esto implique la aplicación automática del Estatuto General de Contratación. Además, la Sala se abstiene de condenar en costas de primera y segunda instancia cuando prosperan parcialmente las pretensiones y los recursos de apelación, en virtud del numeral 5 del artículo 365 del CGP, lo que implica que las partes deben asumir sus propios gastos judiciales en estos casos.síntesis automática
También resuelve:¿En el caso en particular se acreditó que la obra no pudo culminar en vigencia del Convenio de¿Es aplicable el Estatuto General de Contratación a los convenios interadministrativos y por ende puede pactarse la liquidación bilateral?¿Es procedente la condena en costas cuando prosperan parcialmente las pretensiones de la demanda y del recurso de apelación?
¿Los contratos de ejecución instantánea y los contratos u órdenes de prestación de servicios deben ser liquidados? No
Los contratos de ejecución instantánea y los contratos u órdenes de prestación de servicios celebrados por una universidad estatal no requieren liquidación, mientras que los de tracto sucesivo y los terminados por mutuo acuerdo sí deben liquidarse, según lo dispone el estatuto de contratación de la universidad. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, el artículo 93 de la Ley 30 de 1992 somete los contratos que celebran las universidades estatales u oficiales al derecho privado, salvo las excepciones consagradas en la ley, de modo que su régimen de liquidación se fija en el estatuto de contratación de la institución. Segundo, el artículo 57 de la misma ley reconoce a estas universidades un régimen especial que comprende el régimen de contratación, por lo que la clasificación interna de los contratos según su forma de ejecución determina cuáles requieren liquidación. La providencia confirma la decisión de primera instancia que declaró la caducidad del medio de control, pues la demanda fue extemporánea con independencia de la fecha de terminación que se tome; en la práctica, la clasificación del contrato dentro del estatuto determina si debía liquidarse.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de prestación de servicios celebrado es un contrato que se rige por el derecho privado?¿La parte demandante interpuso recurso frente al auto que ordenó correr traslado a las partes para alegar?¿Se condenará en costas de esta instancia a la unión temporal contratista?
¿La propuesta presentada por el Consorcio demandante cumplió las exigencias del pliego de condiciones de la licitación pública No. IDU-LP-DTE-001-2009 y, por lo tanto, debió haber sido declarada admisible por el IDU? Sí
La causal de rechazo de una propuesta por falta de veracidad en la información sobre cumplimiento de contratos estatales se circunscribe exclusivamente a las sanciones contractuales por incumplimiento impuestas por la respectiva entidad estatal. Esta regla se apoya en el texto del pliego de condiciones, que limitaba la exigencia a esas sanciones, y no en una interpretación amplia de la transparencia del proceso o de los antecedentes del proponente. Por ello, no puede rechazarse una propuesta por antecedentes distintos de las sanciones efectivamente impuestas por la entidad. En el caso concreto el consorcio había cumplido los requisitos del pliego, y la sala revocó la decisión del tribunal, al concluir que la propuesta debió declararse admisible. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el rechazo por falta de veracidad exige que exista una sanción contractual impuesta y que la exigencia esté expresamente prevista en el pliego.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la nulidad del acto administrativo de adjudicación y del contrato de obra celebrado con ocasión de la licitación pública No. IDU-LP-DTE-001-2009…¿Hay lugar al análisis de las pretensiones indemnizatorias y de restablecimiento del derecho formuladas en la demanda cuando el Tribunal declaró que respecto de ellas operó la caducidad y este punto…
¿Operó la caducidad de la acción contenciosa administrativa ejercida a través del medio de control de naturaleza contractual? No
El contratista no puede invocar la caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando la controversia surge de un contrato de seguro derivado de garantías para contratos estatales, ya que el término de caducidad se computa desde el momento en que la aseguradora niega el reconocimiento del siniestro o rechaza la reclamación formal, no desde el conocimiento preliminar de posibles inconsistencias. La Sala establece que la demanda presentada dentro del plazo desde la negativa definitiva de la aseguradora no opera la caducidad, matizando la jurisprudencia anterior sobre el cómputo del término de caducidad en este tipo de contratos. Esto implica que el contratista tiene un plazo claro para presentar la acción contenciosa administrativa a partir de la negativa de la aseguradora, protegiendo así sus derechos en controversias contractuales derivadas de seguros.síntesis automática
También resuelve:¿El Fondo de Adaptación, pese a encontrarse exceptuado del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, declaró unilateralmente el incumplimiento contractual y el siniestro amparado…¿Las pruebas acreditan la ocurrencia del siniestro amparado por la póliza No. 21-44-101140963 y el cumplimiento de la carga probatoria prevista en el artículo 1077 del Código de Comercio?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2023-09-04Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 68001233300020220037101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Bajo cualquier escenario es evidente que el actor ejerció el derecho de acción cuando había operado el fenómeno de la caducidad? Sí
En el medio de control de controversias contractuales, la suspensión de términos judiciales decretada por el Gobierno Nacional no aumenta el término de caducidad, que sigue siendo de dos años. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la suspensión solo paraliza el cómputo de los términos durante el periodo que la norma determina, y no modifica la duración del plazo previsto en la ley. Segunda, la solicitud de conciliación extrajudicial no revive un término que ya había vencido. En el caso, el término de caducidad culminó el 12 de enero de 2022, antes de la presentación de la demanda y antes de la solicitud de conciliación, por lo que la providencia confirma la caducidad declarada. Así, la suspensión no altera la duración del término, que sigue siendo de dos años. En la práctica, la parte que considere que la suspensión de términos extendió su plazo debe contar los días transcurridos antes de la suspensión, porque la suspensión no reinicia el plazo.síntesis automática
También resuelve:¿Hay que valorar las disposiciones del decreto que suspendió los términos de caducidad en consideración a la pandemia del COVID-19?¿Cómo el manual de contratación de la ESE estipulaba que los contratos de tracto sucesivo debían liquidarse, el contrato sí requería del trámite de la liquidación…¿El Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de…
¿La propuesta de la demandante fue indebidamente rechazada y el Contrato debió adjudicársele a ella? Sí
La entidad estatal que se encuentra legalmente sujeta al régimen jurídico de derecho privado en sus diferentes y complejos procesos de contratación administrativa se somete estrictamente y de manera formal a las normas del Código de Comercio y nunca al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, constituyendo formalmente los pliegos de condiciones o términos de referencia una oferta irrevocable de contrato que obliga indefectiblemente a la adjudicación formal a favor del proponente que presente la mejor oferta económica, demuestre solvencia financiera, jurídica y cumpla rigurosamente todos los requisitos habilitantes exigidos, generando plena responsabilidad precontractual indemnizable en caso de rechazo injustificado, arbitrario y antijurídico de la respectiva propuesta presentada oportunamente dentro del proceso de selección contractual.síntesis automática
También resuelve:¿Por tratarse de un proceso de selección de una entidad no sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública…¿El medio de control de reparación directa fue interpuesto dentro del término establecido en la ley?¿El incumplimiento de la obligación por parte de la entidad estatal, al abrir la convocatoria pública y no respetar las condiciones obligatorias y vinculantes establecidas en los términos de…
¿El contrato de consultoría suscrito por FONADE se encuentra exceptuado de la aplicación del estatuto de contratación estatal, por corresponder al giro ordinario de su objeto social, y en consecuencia, no son aplicables al caso los artículos 5 y 27 de la Ley 80 de 1993 sobre el mantenimiento del equilibrio financiero del contrato ni los artículos 3, 4, 24, 25 y 28 de ese mismo ordenamiento invocado por la parte apelante en su recurso? Sí
El contratista no tiene derecho a reclamar sobrecostos ni a considerar que la entidad estatal incumplió el contrato cuando existen diferencias entre las áreas estimadas y las finalmente diseñadas, dado que el contrato se pactó a precio global y abarcaba todos los costos directos e indirectos relacionados con la realización de los diseños. La entidad contaba con anteproyectos que estimaban una posible área a diseñar, pero el resultado preciso solo se determinaría con los diseños definitivos, por lo que no se acreditó que la parte contratante desconociera la extensión y alcance de lo pactado. Además, aunque se realizaron modificaciones en la acomodación de la población carcelaria dentro del grupo 1, la ocupación estimada de cada centro penitenciario se mantuvo inalterada, lo que implica que el contrato no se pactó a precios unitarios por metro cuadrado de diseño. Esta regla reitera la jurisprudencia sobre la interpretación de contratos a precio global en proyectos de infraestructura, limitando las reclamaciones de sobrecostos basadas en diferencias de área en diseños finales.síntesis automática
También resuelve:¿El solo hecho de existir diferencia entre las áreas estimadas y las finalmente diseñadas, otorga derecho al contratista a reclamar sobrecostos y constituye incumplimiento de la demandada…¿Procede el reconocimiento de sobrecostos derivados de la variación de la fuente hídrica para el Centro Carcelario y Penitenciario de Puerto Triunfo…¿Procede el reconocimiento al contratista de sobrecostos derivados de la supuesta exigencia de FONADE de ejecutar trabajos no previstos en el contrato?
¿La declaratoria de nulidad de todo lo actuado en segunda instancia, habilita la variación de la causa petendi de la demanda? No
El contratista no puede variar la causa petendi de la demanda después de que se declara la nulidad de todo lo actuado en segunda instancia, ya que la solicitud de nulidad no cumplió con los requisitos legales y no puede servir para alterar la base original del pleito. La entidad estatal, en este caso el Fondo Nacional del Ahorro, no expide actos administrativos cuando selecciona al mejor postor en licitaciones comerciales, ya que actúa en igualdad de condiciones con el sector privado, aunque esto no excluye la posibilidad de que se analice la responsabilidad precontractual del FNA si se acredita que la entidad no contrató con el mejor postor. Además, el contratista debe cumplir rigurosamente con los requisitos establecidos por la entidad para participar en la licitación, incluyendo la acreditación mediante acto administrativo del funcionamiento de sucursales o agencias en otras ciudades, lo que implica que la entidad no puede ser responsabilizada por exigir la demostración de una realidad específica para puntuar ciertos aspectos de la propuesta.síntesis automática
También resuelve:¿Las decisión precontractual adoptada por el Fondo Nacional del Ahorro por medio de la cual escogió al oferente para suscribir el contrato, es un acto administrativo susceptible de ser demandado?¿La sociedad demandante cumplió con las reglas de participación establecidas por el Fondo Nacional del Ahorro respecto de la acreditación, mediante acto administrativo…¿La exigencia de allegar con la propuesta los actos administrativos que autorizaban el funcionamiento de las sedes, era un requisito necesario para verificar la coincidencia con el registro mercantil…
¿Los convenios interadministrativos parten del fundamento previsto en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, se caracterizan por la unión de esfuerzos de entidades públicas que se adelanta con el objetivo de satisfacer una finalidad común, no se rigen de forma automática por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? Sí
El contratista y la entidad estatal, al celebrar un convenio interadministrativo, no se rigen automáticamente por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, ya que estos acuerdos se caracterizan por la unión de esfuerzos entre entidades públicas con el objetivo de satisfacer una finalidad común, como la promoción de la integración social y comunitaria. La regla se fundamenta en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, que prevé la autorregulación de estos convenios por sus propias estipulaciones, producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad de las entidades cooperantes, sin que pueda prevalecer la aplicación de regímenes o normas incompatibles con dicha finalidad. Esta decisión reitera y confirma precedentes judiciales que establecen que los convenios interadministrativos no son contratos en el sentido estricto, sino acuerdos de colaboración que buscan el interés común sin contraposición de intereses entre las partes.síntesis automática
También resuelve:¿El acuerdo de voluntades objeto de estudio corresponde a un convenio interadministrativo suscrito entre entidades estatales, Nación –Ministerio del Interior y el municipio de Gualmatán…¿El Ministerio contó con la facultad de liquidar unilateralmente el acuerdo de voluntades?¿La demanda de controversias contractuales se presentó de manera oportuna?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-08-13Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 85001233300020230008501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se confirmará la providencia por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Casanare rechazó la demanda? Sí
El contratista no puede presentar una demanda extemporánea de controversias contractuales si la liquidación del convenio interadministrativo no se realizó dentro del plazo acordado, ya que el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que el término para demandar comienza una vez realizada la liquidación del negocio jurídico o vencido el plazo para ello. En este caso, el convenio debía liquidarse a más tardar el 16 de diciembre de 2019, y la demanda fue radicada el 17 de octubre de 2023, por lo que es extemporánea y el Tribunal Administrativo de Casanare rechazó correctamente la demanda. Además, la entidad estatal no puede liquidar unilateralmente el convenio interadministrativo sin un acuerdo expreso y claro entre las partes, ya que la finalidad asociativa de estos convenios impide una aplicación automática del régimen legal de los contratos estatales. Por último, el convenio interadministrativo no constituye un contrato debido a la ausencia de remuneración entre las partes, sino que tiene como objetivo aunar esfuerzos para satisfacer una finalidad común.síntesis automática
También resuelve:¿En los convenios interadministrativos resulta válido que una de las partes realice la liquidación unilateral, siempre y cuando ello esté expresamente acordado?¿Puede predicarse que existió una remuneración de una de las partes hacia la otra?¿El trámite de cada una de las demandas es independiente y debe analizarse de manera individual el cumplimiento de los presupuestos procesales?
¿La elección de la modalidad de pago, o de remuneración de cada una de las obligaciones, implica una asignación de obligaciones y riesgos entre las partes? Sí
El contratista no puede solicitar reajustes de precios en un contrato estatal pactado sin fórmula de reajuste, ya que la elección de la modalidad de pago implica una asignación de riesgos entre las partes, y el juez no puede contrariar lo acordado por las partes en ausencia de una revisión basada en la ruptura del equilibrio económico o la excesiva onerosidad. Además, el contratista no puede ejecutar mayores cantidades de obra sin el visto bueno de la entidad contratante, según lo pactado en el contrato. Asimismo, la entidad debe suministrar información técnica adecuada y suficiente para que el contratista pueda cumplir con el objeto del contrato, y en ausencia de pruebas que demuestren lo contrario, no puede ser declarado el incumplimiento. Finalmente, en caso de que se haya pagado indebidamente, se ordenará la devolución del reembolso que el consorcio contratista debía reintegrar a la entidad, como restablecimiento del derecho. Esta sentencia reitera y matiza precedentes sobre la interpretación de las cláusulas contractuales y la responsabilidad de las partes en la contratación estatal, limitando la capacidad del juez para modificar acuerdos previamente establecidos.síntesis automática
También resuelve:¿Se pactó que el contratista no podía ejecutar mayores cantidades de obra sin el visto bueno de la entidad contratante?¿En el expediente no obra ninguna prueba que demuestre que los estudios previos, planos, y diseños no fueron adecuados o que no se encontraban de conformidad con los estándares técnicos requeridos?¿Se ordenará, en caso de haber sido pagado, la devolución del “reembolso” que el consorcio contratista debía reintegrar a la ESP?
¿Las controversias derivadas de un contrato de administración del servicio educativo sometido al derecho privado deben resolverse con arreglo a las reglas del incumplimiento contractual? Sí
Las controversias derivadas de un contrato de administración del servicio educativo con iglesias y confesiones religiosas, celebrado conforme al literal c) del artículo 4 del Decreto 2355 de 2009, se resuelven con las normas civiles y comerciales pertinentes y con la regulación especial del sector educativo, no con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 200 de la Ley 115 de 1994 establece un régimen que excluye la aplicación de las normas de contratación pública y somete el negocio al derecho privado; la regulación especial del servicio educativo rige aspectos concretos, como la idoneidad del prestador, la planeación, la cobertura y el cálculo de la remuneración; y la mención de la Ley 80 de 1993 o de la Ley 1150 de 2007 en el encabezado o en algunas estipulaciones no cambia ese régimen. Por ello, el incumplimiento de este tipo de contratos debe analizarse conforme al derecho privado y a las reglas que regulan el incumplimiento contractual en ese ámbito. La providencia de primera instancia se confirma.síntesis automática
También resuelve:¿En el contrato estatal regido por el derecho privado, la facultad de la entidad contratante para liquidar unilateralmente el contrato deriva exclusivamente del acuerdo de voluntades y no de los…¿En el contrato de administración del servicio educativo regido por el Decreto 2355 de 2009, el valor fijo por alumno determinado con fundamento en los componentes de la canasta educativa ofrecidos…¿Debe declararse el incumplimiento de la entidad territorial por no reconocer al contratista los costos derivados de la disminución de la matrícula estudiantil…
¿La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, al ser el ente corporativo de carácter público que tiene por obligación preservar el medio ambiente y desarrollar las políticas orientadas a aprovechar los recursos naturales renovables en el área de su jurisdicción, se encuentra legitimada en la causa por activa para demandar la nulidad del contrato de concesión minera? Sí
La Subsección observa que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-, al ser el ente corporativo de carácter público que tiene por obligación preservar el medio ambiente y desarrollar las políticas orientadas a aprovechar los recursos naturales renovables en el área de su jurisdicción, se encuentra legitimada en la causa por activa para demandar la nulidad del contrato de concesión minera, especialmente, si este se superpone con áreas de especial protección ambiental ubicadas en el área de su competencia territorial.
También resuelve:¿En virtud del deber de conservar las áreas de especial importancia ecológica, el Estado se encuentra facultado para excluir las actividades de exploración y explotación minera en las áreas de…¿Las disposiciones generales sobre contratos estatales son aplicables a la formulación y trámite de las propuestas de concesión minera, su suscripción, perfeccionamiento, validez…¿El contrato suscrito para la exploración y explotación minera, adolece de nulidad absoluta por objeto ilícito, al entregar en concesión un área que superpone con la reservas forestales de la Laguna…
¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en atención a la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El contratista es competente para interponer un recurso de apelación ante el Consejo de Estado contra una sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar, en virtud de la vocación de doble instancia del proceso, siempre que la pretensión de mayor valor exceda los 500 SMLMV, conforme al artículo 152 numeral 5 del Código Contencioso Administrativo. La controversia contractual surge de un convenio de apoyo financiero entre entidades territoriales y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y Fonade, por lo que el medio de control procedente es el de controversias contractuales, según el artículo 141 del mismo código. Además, el cómputo del término de caducidad para presentar la demanda debe efectuarse conforme al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, dado que el contrato aún no estaba sujeto al Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo al momento de iniciarse el plazo. Esto implica que el término de caducidad es de dos años, contados desde la suscripción del acta de liquidación bilateral o desde la ejecutoria del acto administrativo que aprueba la liquidación unilateral, o desde el vencimiento del plazo pactado para la liquidación. La sentencia reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y la aplicación del término de caducidad conforme al Código Contencioso Administrativo previo al CPACA.síntesis automática
También resuelve:¿El cómputo de la caducidad debe efectuarse con base en el artículo 136 del CCA, que estableció un término de caducidad de 2 años para las acciones contractuales?¿Los convenios interadministrativos son instrumentos de cooperación entre entidades públicas, con el propósito de cumplir conjuntamente funciones administrativas o garantizar la prestación de un…¿El acuerdo de voluntades se trató de un instrumento de cooperación interadministrativa mediante el cual la Nación destinó recursos para el mejoramiento del servicio de agua potable en dos municipios?
¿Procede dejar sin efectos las resoluciones que adoptaron decisiones unilaterales sobre la liquidación del convenio interadministrativo, al evidenciarse que la entidad demandada no tenía facultad para proferir dichos actos? Sí
El contratista no puede adoptar unilateralmente decisiones sobre la liquidación de un convenio interadministrativo si no dispone de la facultad legal o contractual para hacerlo, y si dichas decisiones se toman después de que haya caducado la acción contractual para resolver conflictos previos, lo que implica que los actos jurídicos considerados como administrativos son inexistentes y deben dejarse sin efectos. La entidad estatal no contaba con la facultad de liquidar el convenio interadministrativo unilateralmente, ya que este no se regía por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y las partes no habían establecido claramente dicha prerrogativa en el acuerdo. La Sala reitera que los convenios interadministrativos no se rigen automáticamente por el régimen general de contratación, sino que deben autorregularse según sus propias estipulaciones, lo que implica que la liquidación de estos negocios debe seguir el régimen especial que los rige, no el general.síntesis automática
También resuelve:¿El acuerdo interadministrativo de cofinanciación suscrito entre dos entidades públicas para el cumplimiento de funciones administrativas y para la prestación de servicios a su cargo…¿En los convenios interadministrativos, es posible que las entidades, en ejercicio de la autonomía que tienen para regular este tipo de acuerdos…¿Las resoluciones emitidas por la demandada en las que se liquidó unilateralmente el convenio interadministrativo, gozan de la condición de actos administrativos?
¿El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral, si así se hubiere estipulado, deberá tenerse en cuenta para el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral de los contratos estatales, cuando así se hubiere estipulado expresamente, debe tenerse en cuenta para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales. De conformidad con el numeral 2 literal j) del artículo 164 del CPACA, el término de dos años para demandar se cuenta desde el vencimiento del plazo fijado para liquidar el negocio jurídico, consolidando la oportunidad procesal de la acción cuando se interpone dentro del lapso legal.síntesis automática
También resuelve:¿No se allego el estatuto de contratación de la sociedad demandada, en calidad de E.S.P.?¿Con el otrosí las partes ajustaron los rubros relativos a los costos directos y los costos indirectos, según lo establecido en los anexos técnicos de la prórroga?¿Hay prueba de la manifestación expresa del consorcio que las suspensiones y prórrogas no generarían desbalance económico o mayores costos para la entidad contratante?
¿La contratista incumplió con la obligación de constitución de garantías cuando mencionó en la carátula de las pólizas a una sola de las entidades contratantes como asegurada, aunque en el cuerpo del documento aclaró, de forma expresa, que también estaban aseguradas las demás entidades públicas exigidas por el numeral 36 de los términos de referencia y por los contratos DG-030 y DG-031 de 2018? No
El contratista no incumple con la obligación de constitución de garantías cuando, en la carátula de las pólizas de seguro, menciona a una sola entidad como asegurada, siempre y cuando en el cuerpo del documento se aclare expresamente que también están aseguradas las demás entidades públicas requeridas por los términos de referencia y los contratos específicos. La Sala determina que la precisión en el cuerpo de la póliza evidencia que el contratista cumplió con lo dispuesto en los términos de referencia y en la cláusula de garantía del contrato, sin que la mención en la carátula a una sola entidad afecte la efectividad de la garantía. Esta decisión reitera la jurisprudencia que enfatiza la importancia del contenido sustancial de la póliza sobre aspectos formales, y confirma que la finalidad de la contratación estatal no se ve comprometida por incorrecciones en la titulación de los documentos, siempre y cuando se cumplan los requisitos esenciales pactados.síntesis automática
También resuelve:¿Constituye un incumplimiento contractual por parte de la contratista, la expedición de las pólizas de cumplimiento con un rótulo que las identifica como expedidas a favor de particulares…¿Resulta procedente condenar en costas y agencias en derecho a la parte demandante, por resolverse, de manera desfavorable…
¿La entidad contratante incumplió su obligación contractual de pago, al expedir resoluciones incluyendo saldos a su favor por concepto de obras no ejecutadas y obras ejecutadas deficientemente, sin hacer los cálculos conforme con las cláusulas del contrato? Sí
El contratista puede exigir el reembolso de pagos indebidamente descontados por la entidad estatal en la liquidación unilateral del contrato, cuando estos descuentos no se ajustan a las cláusulas contractuales que establecen las cantidades, especificaciones y valores unitarios para cada ítem, y la entidad no demuestra que la obra fue entregada a satisfacción del interventor, lo que impide que surja la obligación de pago total del contrato. La entidad incumple su obligación contractual de pago al incluir saldos a su favor por conceptos de obras no ejecutadas y obras ejecutadas deficientemente sin calcularlos conforme a las cláusulas del contrato, por lo que deberá reembolsar al contratista el monto cobrado en las actas de liquidación unilateral y actualizarlo desde la fecha de notificación del acto contractual que liquidó definitivamente el contrato.síntesis automática
También resuelve:¿El acta de entrega final no demuestra el cumplimiento cabal del objeto contratado y su suscripción tampoco hace exigible la obligación de pago total del contrato?¿La contratante estaba facultada para liquidar unilateralmente el contrato siempre y cuando no se hubiera llegado a un acuerdo para realizarlo bilateralmente?¿El contratista otorgó al contratante la facultad para que de los saldos que hubiere en su favor se descontaran y pagaran las sumas correspondientes cuando no cumpla con las obligaciones que haya…
El reconocimiento de mayores cantidades de obra en un contrato a precios unitarios exige prueba que dé certeza de la reclamación, de su efectiva realización y de su cuantificación. La ausencia de salvedades en el acta de prórroga no equivale por sí sola a una renuncia tácita, según la nota de relatoría que cita la providencia, pues esa tesis se considera superada. Lo determinante es si la prórroga incluyó expresamente las obras reclamadas, y cuando el documento no lo aclara y no hay medios que permitan confirmarlo o negarlo, la reclamación no prospera. Esta falta de prueba se extiende a la ejecución y a la cuantificación de las obras, lo que impide acceder a la pretensión. En el caso concreto, el reclamo sobre la modificación de unos baños no fue probado y el rechazo fue confirmado. El documento describe la renuncia tácita como posición superada, de modo que la regla matiza el criterio anterior sin alterar la carga probatoria del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Se contó con el concepto favorable del Comité de Contratación, dando cumplimiento con el procedimiento señalado en el manual de contratación?¿No puede afirmarse que los problemas de los estudios fueran los determinantes del incumplimiento que se le imputó al contratista?¿El tiempo adicional otorgado no supuso una ampliación del plazo sino solamente que las obras debían cumplirse aun cuando fuera de manera extemporánea?
¿Cuál es la naturaleza jurídica de los actos demandados y del contrato de compraventa suscrito por UB S.A.S. y el FNGRD, a través de la Fiduciaria La Previsora S.A., como vocera y administradora del fondo, con cargo a la subcuenta para la mitigación de emergencias COVID 19 y cuáles son las consecuencias jurídicas? Sí
Cuando un contrato se celebra con cargo a un fondo de emergencia y las partes pactan de forma expresa que se rige por el derecho privado, ese régimen se aplica a su ejecución y a las consecuencias de su incumplimiento. La regla se apoya en la cláusula en que las partes manifestaron ese régimen y en el manual de contratación del fondo, que dispuso la ejecución conforme a sus reglas, así como en las sanciones pactadas, entre ellas la multa frente al incumplimiento de las obligaciones del contratista, que podía descontarse del saldo a favor o cobrarse judicialmente. Ese acuerdo convencional define la forma en que el fondo puede hacer efectivas las consecuencias del incumplimiento. En el asunto, el contrato de compraventa suscrito con cargo a la subcuenta de mitigación de emergencias se sometió al derecho privado, y la Sala confirmó la decisión sobre la naturaleza del negocio y sus consecuencias. En la práctica, el régimen aplicable a un contrato con cargo a fondos de emergencia depende de lo que las partes pactaron expresamente en el clausulado.síntesis automática
También resuelve:¿Está configurada la falta de competencia de la UNGRD para adelantar el procedimiento sancionatorio para la imposición de multas, previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011…¿En relación con la naturaleza jurídica del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD, cuál es el régimen de contratación de la entidad y la naturaleza de los actos expedidos?¿En los contratos que no se rigen por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública pueden estipularse facultades unilaterales en favor de alguna de las partes (cláusulas…
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