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Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-08-02Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000233600020190086001LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Sala confirma la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El contratista no puede modificar el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, ya que esta norma procesal es de orden público y obligatorio cumplimiento. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada la excepción de caducidad al considerar que la demanda presentada por el contratista fue extemporánea, pues venció el plazo para la liquidación bilateral del convenio interadministrativo el 31 de mayo de 2017, y la demanda se presentó el 10 de diciembre de 2019, fuera del término legal. La Sala confirma esta decisión, rechazando la demanda y no pronunciándose sobre la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, lo que implica que el contratista no podrá ejercer las pretensiones planteadas en la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿El término para la liquidación bilateral venció el 31 de mayo de 2017, siendo esta la fecha a tener en cuenta para realizar el cómputo de la caducidad?¿Se confirma el auto proferido por el Tribunal por haber operado la caducidad del medio de control y la prescripción derivada del contrato de seguro?
¿Se probó un caso fortuito o fuerza mayor, en los términos del artículo 64 del Código Civil; esto es, de un imprevisto que no era posible resistir? No
El caso fortuito o la fuerza mayor, en los términos del artículo 64 del Código Civil, exige un imprevisto que no era posible resistir, de modo que la parte que lo invoca debe demostrar tanto su imprevisibilidad como su irresistibilidad. Una razón es que las solicitudes que la parte presentó a la entidad contenían las razones que, a su juicio, justificaban el cambio de predios, pero no se demostró el carácter imprevisible ni irresistible de esas razones. Otra razón es que aunque los documentos acompañados demostraron el compromiso e inversión de recursos y algunas actividades previstas, no se acreditó que esos recursos se invirtieran según el plan operativo anual ni que las actividades se ajustaran a las exigencias técnicas del convenio. En el caso, la Sala no encontró probada la fuerza mayor alegada para el incumplimiento del convenio, por lo que modificó la sentencia apelada en el monto a restituir y en el valor proporcional de la cláusula penal. Su consecuencia práctica es que el asociado que invoca la fuerza mayor para justificar el incumplimiento debe demostrar la imprevisibilidad e irresistibilidad del hecho y la correcta ejecución de los recursos.síntesis automática
También resuelve:¿Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta?¿Procede la condena en costas contra la parte a la que se le resolvió desfavorablemente el recurso de apelación?
¿Se modifica la sentencia apelada para declarar la caducidad del medio de control jurisdiccional de controversias contractuales? Sí
El cesionario promotor de un convenio asociativo pretende el restablecimiento del equilibrio económico del negocio, alterado por el no pago de la contribución a cargo de los beneficiarios del proyecto, la tardanza en la realización de desembolsos y las mayores cantidades de obra requeridas por las entidades demandadas. La parte demandante apeló para insistir en el derecho al restablecimiento de la ecuación financiera del contrato y en el análisis del impacto de la suspensión de la ejecución contractual. No obstante, al examinar la oportunidad de la acción interpuesta, la corporación judicial advierte que operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de controversias contractuales, lo que impone revocar el fallo de primera instancia y decretar la respectiva caducidad conforme a las normas del estatuto procesal administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿La caducidad inició a contabilizarse desde la finalización del convenio, que según acuerdo, expiraba al vencimiento de la vigencia de los subsidios?¿Los subsidios otorgados por el municipio para la culminación de las obras no impactaban la terminación del convenio, porque el plazo se sujetó al vencimiento de los subsidios del orden nacional?¿Se condenará en costas de esta instancia a la parte apelante en favor de las entidades demandadas?
¿La parte demandante acreditó haber cumplido la obligación estipulada en la cláusula séptima del convenio para que se hiciera exigible la obligación a cargo de la Gestora Urbana de Ibagué de pagar el 20% final del valor de los subsidios, es decir, presentar las escrituras de las viviendas? No
En los contratos bilaterales, ninguno de los contratantes está en mora mientras el otro no cumpla lo pactado, conforme al artículo 1609 del Código Civil, de modo que quien reclama el pago de un saldo debe acreditar antes su propio cumplimiento. Una razón es que en el convenio la obligación de escriturar las viviendas recaía en los demandantes y no se estipuló que la entidad gestora la asumiera, y no existe modificación contractual que lo establezca. Otra razón es que el pago del saldo final solo procedía cuando se acreditara la escrituración, y el trámite incidental de condena no sirve para verificar el cumplimiento de las obligaciones del demandante, sino solo para fijar el monto. En el caso, los demandantes no acreditaron la escrituración de las veintisiete viviendas, aunque alegaron problemas de desenglobe de los lotes. La Sala revocó la sentencia de primera instancia y negó las pretensiones. Su consecuencia práctica es que la parte que exige el saldo de un convenio debe demostrar, con los documentos que el convenio le exige, que cumplió antes de reclamar.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro del término establecido en la ley?¿De acuerdo con la normatividad vigente y teniendo en cuenta la prosperidad del recurso de apelación, es procede la condena en costas en segunda instancia contra la parte vencida?
¿El monto a cargo de la aseguradora por concepto de cláusula penal derivada del incumplimiento parcial del convenio de asociación, se calcula de forma proporcional a partir del valor asegurado en la póliza de cumplimiento? No
El contratista no puede calcular el monto a cargo de la aseguradora por concepto de cláusula penal derivada del incumplimiento parcial del convenio de asociación de forma proporcional al valor asegurado en la póliza de cumplimiento, sino que debe hacerlo respecto al valor del contrato tal como fue estipulado en el convenio. La reducción proporcional de la cláusula penal se realiza respecto del monto de la pena estipulada, no del valor asegurado, y la aseguradora será condenada a pagar la suma correspondiente a la cláusula penal proporcionalmente al incumplimiento, sin superar el valor asegurado. Al confirmarse la sentencia de primera instancia, la parte que interpone el recurso de apelación y resulta desfavorablemente resuelta será condenada en costas y agencias en derecho, de acuerdo con los criterios establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y la ley.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente la condena en costas y agencias en derecho en contra de la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación…
¿Se debe hacer efectiva la cláusula penal del contrato? Sí
El contratista debe reintegrar al ente estatal los recursos no ejecutados conforme al convenio interadministrativo, y la cláusula penal se hace efectiva en proporción al incumplimiento, según la ejecución del 75% de las actividades y el 25% de los recursos no utilizados. La compañía aseguradora solo está obligada a pagar la cláusula penal, no el reintegro de los fondos, ya que este no se considera un perjuicio derivado del incumplimiento contractual. La entidad estatal debe acreditar la ejecución del 100% del primer desembolso para recibir el segundo, y al determinar las sumas a reintegrar, se debe considerar el porcentaje de ejecución del convenio. Esta decisión modifica precedentes, estableciendo criterios claros para la aplicación de cláusulas penales y la responsabilidad de las compañías aseguradoras en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿La compañía aseguradora solo será condenada al pago de la cláusula penal?¿Para realizar el segundo desembolso debía acreditarse la ejecución del 100% del desembolso de la vigencia inmediatamente anterior?¿Al establecerse las sumas de dinero a ser reintegradas por la asociación indígena debió tenerse en cuenta el porcentaje de ejecución de las actividades del convenio interadministrativo?
¿Procede aplicar el régimen de derecho privado al convenio objeto de controversia? Sí
El contratista puede aplicar el régimen de derecho privado al convenio objeto de controversia si este cumple con los requisitos establecidos en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, que permite la asociación entre entidades estatales y privadas sin ánimo de lucro para desarrollar actividades vinculadas a los cometidos y funciones de la entidad estatal, y si el convenio no regula aspectos específicos que requieran del derecho público. La entidad estatal debe verificar que el convenio no se desvíe de su objeto y finalidad, y que las partes cumplan con sus obligaciones contractuales de coordinación, seguimiento y control. La Sala modificó la decisión anterior, declarando el incumplimiento del convenio tanto por parte del contratista como de la entidad asociada, debido a la falta de evidencias que acrediten el ejercicio efectivo de las labores de acompañamiento y seguimiento. Además, la entidad estatal puede amparar la garantía de cumplimiento con la cláusula penal actualizada dentro del límite asegurado en la póliza, siempre y cuando esta no amplíe la cobertura contratada ni constituya una obligación adicional a cargo del asegurador.síntesis automática
También resuelve:¿Incumplió la ONIC los deberes contractuales de coordinación, seguimiento y control?¿Amparó la garantía de cumplimiento la cláusula penal actualizada dentro del límite asegurado en la póliza?¿Procede liquidar judicialmente el convenio de asociación y fijar un saldo a favor de la entidad únicamente por concepto de cláusula penal ante la falta de acreditación de recursos no ejecutados?
¿Procede actualizar la suma por concepto de la cláusula penal que se reconoció en primera instancia por el incumplimiento del convenio y que no fue cuestionado por MADR? Sí
Cuando el contratista ejecuta solo una parte de las actividades pactadas, la cláusula penal se reduce de manera proporcional al cumplimiento parcial, aunque la entidad no haya cuestionado esa reducción en la apelación. Esta regla se apoya en los artículos 1596 del Código Civil y 867 del Código de Comercio, que permiten ajustar la pena a la obligación efectivamente incumplida. Por ello, el monto de la pena se calcula sobre el porcentaje no ejecutado del convenio y no sobre su valor total. En el caso concreto el tribunal estableció que se ejecutó el noventa por ciento de las actividades del plan operativo, y la penalidad proporcional fue fijada en una suma que luego se actualizó desde la fecha de terminación del convenio hasta la fecha de la sentencia. La sala modificó la condena en ese sentido. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la cláusula penal se liquida proporcionalmente al incumplimiento parcial y se actualiza desde la terminación del convenio.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente realizar el reintegro por parte de Asogras y a favor del Tesoro Nacional de los recursos que le fueron desembolsados y no ejecutó en el desarrollo del convenio?¿Procede el reconocimiento del interés moratorio causado sobre los dineros a ser reintegrados por Asogras?¿Es procedente practicar la liquidación judicial del convenio de asociación y adicionar la sentencia en este sentido?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-09-17Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 54001233300020230018901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe rechazarse, por falta de jurisdicción, la demanda que en ejercicio del medio de control de controversias contractuales se presentó contra el municipio de San José de Cúcuta, cuando el Tribunal Arbitral que conoció en virtud de claúsula compromisoria declaró su falta de competencia frente a valores de naturaleza tributaria, en la controversia que, gira en torno al incumplimiento, desequilibrio económico y liquidación judicial de un convenio de asociación? No
El contratista no debe rechazarse por falta de jurisdicción la demanda que en ejercicio del medio de control de controversias contractuales se presentó contra el municipio, cuando el Tribunal Arbitral que conoció en virtud de cláusula compromisoria declaró su falta de competencia frente a valores de naturaleza tributaria, en la controversia que gira en torno al incumplimiento, desequilibrio económico y liquidación judicial de un convenio de asociación. La Sala sostiene que, en ausencia de un juez competente, la decisión del tribunal arbitral sobre su propia competencia prevalece sobre cualquier otra proferida por un juez ordinario o contencioso administrativo, en virtud del principio kompetenz-kompetenz. Esto implica que, si el tribunal arbitral declara su falta de competencia, la demanda debe ser devuelta a la parte interesada para que promueva el proceso arbitral, salvo que la controversia sea de naturaleza tributaria, en cuyo caso corresponde a la justicia contenciosa administrativa. Esta decisión reitera y matiza precedentes, estableciendo que la competencia del tribunal arbitral se limita a los asuntos de libre disposición y excluye aquellos que la ley reserva a la justicia estatal, como los tributos.síntesis automática
También resuelve:¿Puede vulnerarse el acceso a la administración de justicia si la jurisdicción de lo contencioso administrativo no asume la competencia…
¿La pretensión de liquidación judicial se fundamentó en una causa que evidencia un conflicto entre las partes? No
Cuando la pretensión de liquidación judicial de un convenio interadministrativo no se funda en un conflicto concreto entre las partes sobre el alcance o el cumplimiento de sus obligaciones, el juez no puede liquidar el negocio y la pretensión no está llamada a prosperar. La regla se sostiene en tres razones: si el conflicto que motiva el proceso no existe, cualquier pronunciamiento del juez para liquidar el negocio suplantaría a las partes en la ejecución de deberes que solo a ellas les corresponde cumplir; la pretensión de liquidación debe estar soportada en una causa clara y específica, cualquiera que sea el régimen jurídico aplicable al negocio; y la mera omisión de liquidar, sin un conflicto sobre el balance de cuentas, no basta para acudir al juez. En el caso, la demandante sostuvo que, como las partes no liquidaron el convenio de forma bilateral ni unilateral, correspondía al juez completar esa etapa, por lo que se revocó la sentencia de primera instancia y se negó la pretensión. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la liquidación judicial exige demostrar un conflicto específico sobre las cuentas entre las partes.síntesis automática
También resuelve:¿La demandante se limitó a señalar que la liquidación debía realizarse para culminar el proceso de liquidación del convenio interadministrativo?¿Obran los elementos probatorios suficientes que permitan establecer con certeza el resultado final del convenio?¿El objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es de naturaleza eminentemente contradictoria, encaminada a juzgar las controversias y litigios originados en el marco de los negocios…
¿Se garantizó el debido proceso en la declaratoria de incumplimiento y posterior terminación unilateral del convenio? Sí
Cuando la entidad declara el incumplimiento y ordena la terminación unilateral de un convenio, debe permitirse al garante conocer la actuación y controvertir sus fundamentos, aunque la audiencia de citación no sea obligatoria. La regla se apoya en que el garante, por su condición, debe poder conocer la actuación con base en la cual se declara el incumplimiento y se exige el pago de perjuicios, y en que esa posibilidad de contradicción se materializa mediante la notificación o la audiencia que pone en conocimiento la situación, sus eventos y consecuencias. Con ello se protege el debido proceso en el procedimiento sancionatorio. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. En el caso, la citación efectiva del garante a la audiencia se encontraba acreditada, y la sentencia de primera instancia se revocó. Como consecuencia práctica, la entidad que termina unilateralmente un convenio debe documentar que el garante tuvo oportunidad real de intervenir antes de exigirle el pago de perjuicios.síntesis automática
También resuelve:¿La competencia del juez de segunda instancia la delimitan los cargos planteados contra la decisión recurrida?¿Los cuestionamientos contra la decisión del a quo se deben formular dentro del término establecido para apelar, para que puedan ser analizados por el juez de segunda instancia y deben hacer parte de…¿La Subsección, en aplicación del principio pro actione, en garantía de acceso y protección a los derechos de contradicción y defensa…
¿Puede el ad quem, salvo las excepciones hechas por el legislador, volver sobre temas no discutidos del fallo impugnado que son aceptados por el recurrente, porque omite debatirlos en la sustentación del recurso de apelación o porque expresamente los elimina de la discusión manifestando su asentimiento en relación con ellos? No
El juez de segunda instancia no puede volver sobre los temas no discutidos del fallo impugnado que el recurrente acepta, ya sea porque omite debatirlos en la sustentación de la apelación o porque los excluye expresamente de la discusión, salvo las excepciones que haya establecido el legislador. La regla se sostiene en que la finalidad del recurso de alzada es que el superior revise los aspectos de la decisión de primer grado que se acusan de erróneos o contrarios al ordenamiento, de modo que esos aspectos delimitan su competencia material. Además, los puntos aceptados por el recurrente quedan cobijados por la presunción de legalidad y acierto que acompaña a las providencias judiciales. En el caso, la Sala confirmó la sentencia impugnada en los términos del recurso. En la práctica, el alcance de la revisión queda delimitado por los argumentos de apelación y por los aspectos del fallo que el apelante no acepta.síntesis automática
También resuelve:¿Puede la Sala pronunciarse de oficio frente a la declaratoria de nulidad del negocio jurídico que originó el proceso, cuando dicha decisión no fue cuestionada en el recurso y cuando no advierte…¿Se probó el incumplimiento del convenio de asociación en estudio por parte del Banco Inmobiliario Metropolitano en liquidación, de cara a las obligaciones de resultado…
¿El medio de control de controversias contractuales es el medio de control procedente para conocer sobre la responsabilidad contractual? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el convenio… fue suscrito por el municipio de Puerto Boyacá [y la corporación] -entidad con un 51% de capital público- en el marco de sus funciones. El Consejo de Estado es competente para desatar los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, [conforme] el artículo 150 y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, [dado] que la pretensión [mayor], supera los 500 SMLMV. En virtud del artículo 141 del CPACA, cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, [se] declare el incumplimiento, [se] condene a quien se considere responsable a indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y condenas.
También resuelve:¿El municipio de Puerto Boyacá contaba con dos años para impugnar el contrato, contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la decisión que liquidó unilateralmente el acuerdo convencional?¿En virtud de la colaboración que debe preponderar entre las entidades del Estado, existe la posibilidad de cooperación entre estas, mediante la celebración de convenios interadministrativos?¿En los contratos administrativos las relaciones negociales no se encuentran sujetas a un objetivo común, pues la contratista actúa a cambio de una retribución patrimonial por el cumplimiento de la…
¿Permite el marco constitucional y legal vigente en Colombia que las entidades del Estado, en conjunto con actores del sector privado, adelanten proyectos de vivienda de interés social como mecanismo para garantizar el derecho fundamental a una vivienda digna, en cumplimiento de los principios de colaboración público-privada y de la función social de la propiedad? Sí
El contratista y la entidad estatal pueden celebrar convenios de asociación para desarrollar proyectos de vivienda de interés social, garantizando el derecho fundamental a una vivienda digna, en cumplimiento de los principios de colaboración público-privada y la función social de la propiedad, siempre que se establezcan con precisión el objeto, término de duración, obligaciones de las partes, aportes y forma de coordinación de esfuerzos, sin relación conmutativa ni remuneración directa. Esta regla reitera y matiza precedentes, permitiendo que entidades estatales y particulares aúnen esfuerzos mediante uniones temporales o consorcios para formular y ejecutar planes de vivienda, aplicando la normativa vigente sobre convenios de asociación, y facilitando la ejecución de proyectos en contextos de emergencia pública.síntesis automática
También resuelve:¿Permite el ordenamiento jurídico colombiano que las entidades estatales y los particulares celebren convenios de asociación con el fin de formular y ejecutar planes de vivienda…¿Resulta aplicable el Decreto 777 de 1992 a un convenio de asociación celebrado el 19 de agosto de 2011?¿Resulta procedente aplicar la regla general del cómputo de la caducidad en un convenio regido por el derecho privado, aun cuando no se haya pactado expresamente la posibilidad de liquidación…
¿El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cumplió la carga probatoria sobre la existencia de la obligación relativa a predios libres de gravámenes y autorizados? No
La entidad estatal demandante asume la carga probatoria de demostrar los hechos en que funda sus pretensiones de incumplimiento contractual, conforme al artículo 1757 del Código Civil y el artículo 167 del Código General del Proceso. La corporación judicial revoca parcialmente la sentencia de primera instancia al concluir que la ejecución de obras en un predio afectado por medidas cautelares o la sustitución de inmuebles sin autorización previa no constituyen por sí mismas un incumplimiento contractual imputable al contratista, toda vez que la administración no acreditó el daño ni la exigencia contractual infringida. Asimismo, la sala absuelve a la compañía aseguradora y declara que no hay lugar a condena en costas en esta instancia procesal.síntesis automática
También resuelve:¿El cambio de uno de los predios sin aviso al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sin acreditación de titularidad…¿Justifica la confesión ficta, la declaratoria de incumplimiento del convenio por ejecución inadecuada de rubros y omisiones contractuales de Fensuagro como el cambio de predio sin reporte…¿Procede la acumulación de la cláusula penal indemnizatoria con la restitución de las sumas entregadas en virtud del convenio?
¿Puede una entidad estatal negarse válidamente a realizar desembolsos pactados en un convenio de asociación cuando estos están sujetos al cumplimiento de condiciones suspensivas no acreditadas dentro del plazo de ejecución contractual? Sí
El contratista no puede exigir válidamente el cumplimiento de desembolsos pactados en un convenio de asociación cuando estas obligaciones están sujetas a condiciones suspensivas no cumplidas dentro del plazo de ejecución contractual, según establece la Sala. La entidad estatal puede negarse a realizar estos desembolsos si las condiciones suspensivas no se han acreditado, ya que la exigibilidad de dichas obligaciones depende de la ocurrencia de dichos eventos futuros. La Sala reitera que la realización de los desembolsos debe cumplir con los requisitos y condiciones establecidos en el convenio, y que la falta de cumplimiento de estas condiciones dentro del plazo contractual impide que la obligación se haga exigible. Esto implica que la entidad estatal no incumple el convenio al no efectuar los desembolsos cuando las condiciones no se han cumplido, y que la Sala revoca la decisión de declarar probada la excepción de contrato no cumplido en favor del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural incumplió el convenio de asociación al no efectuar el segundo y tercer desembolsos pactados…¿Vulnera el principio de congruencia y el debido proceso que el juez declare probada una excepción no propuesta expresamente por la parte demandada, si está debidamente acreditada en el expediente?¿Puede declararse la responsabilidad contractual del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) por el supuesto incumplimiento de su obligación de liquidar bilateralmente un convenio…
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación en segunda instancia en contratos estatales por razón de su cuantía, conforme al artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y su legitimación en la causa se acredita tanto para la entidad pública como para el contratista. La competencia del juez de segunda instancia se limita a los argumentos del recurso de apelación, conforme al artículo 328 del Código General del Proceso, y no puede reformar puntos íntimamente relacionados con la modificación salvo que sea indispensable, garantizando la non reformatio in pejus. Además, el reconocimiento de componentes de utilidad (AIU) en un convenio de asociación para el desarrollo de vivienda de interés social es improcedente cuando no se pactó precio y el vínculo negocial es no conmutativo, ya que la Ley 388 de 1997 permite la celebración de contratos de fiducia sin las limitaciones del régimen de contratación estatal, pero no establece una regulación especial para proyectos de vivienda de interés social. Esta decisión reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y limita la actuación del juez en apelaciones, mientras que matiza la posibilidad de reconocer AIU en convenios de asociación para vivienda de interés social.síntesis automática
También resuelve:¿El contratista y la entidad pública contratante como partes del negocio jurídico que sirve como fuente de la controversia, se encuentran legitimados para acudir al proceso?¿La competencia del juez de segunda instancia se encuentra delimitada por los argumentos del recurso de apelación?¿Es improcedente el reconocimiento de componentes de utilidad (AIU) en un convenio de asociación para el desarrollo de vivienda de interés social…
¿Las partes del Convenio regido por el derecho privado, pactaron la facultad de que una de ellas pudiera declarar el incumplimiento de la otra e imponer la cláusula penal pecuniaria? No
El contratista no puede declarar unilateralmente el incumplimiento de la otra parte y aplicar la cláusula penal pecuniaria en un convenio regido por el derecho privado, ya que dicha facultad no fue pactada en el acuerdo de voluntades, lo que implica una extralimitación de funciones y actuación sin competencia. La Sala concluye que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural no tenía facultad para emitir actos administrativos en el marco del convenio especial de cooperación técnico-científico, y que cualquier intento de declarar el incumplimiento de la otra parte sería ilegal por violar la inmunidad de jurisdicción. Esto lleva a declarar el incumplimiento del convenio por parte del Ministerio al exceder las facultades conferidas en el mismo, lo que implica que las partes deben actuar conforme a las cláusulas pactadas y no pueden imponer sanciones fuera de ellas.síntesis automática
También resuelve:¿El programa Agro Ingreso Seguro estuvo integrado por dos componentes, el de apoyos económicos directos y el de apoyos a la competitividad para preparar el sector agropecuario ante su proceso de…¿El convenio especial tenía la naturaleza de un negocio jurídico conmutativo?¿El convenio especial de cooperación se configuró en un negocio jurídico que el juez por la vía de interpretación podía readecuar para efectos de desentrañar la voluntad de las partes?
¿La Fundación incumplió las obligaciones del convenio de asociación, en los términos alegados por la entidad pública demandante? No
Cuando una entidad pública demanda el incumplimiento de un convenio de asociación, la carga de demostrar el incumplimiento recae en ella, y no basta con requerimientos que no precisan los bienes, servicios y circunstancias de modo, tiempo y lugar del aporte que la entidad alega incumplido. La regla se sostiene en tres razones: la carga de la prueba corresponde a quien alega el incumplimiento, conforme al principio de autorresponsabilidad probatoria; los oficios de requerimiento del supervisor no identifican el objeto del aporte pactado, de modo que no pueden servir de sustento del incumplimiento; y el convenio asigna a la entidad sin ánimo de lucro un aporte de bienes y servicios cuyo contenido debía precisarse en el convenio para ser exigible. En el caso, no hubo prueba del incumplimiento de las obligaciones de aporte, de seguridad social ni de pago de salarios, por lo que se confirmó la negativa de las pretensiones. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que el supervisor debe precisar en sus requerimientos los bienes y servicios concretos que la entidad asociada debe acreditar.síntesis automática
También resuelve:¿A la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, en tanto la controversia gira en torno al convenio de asociación que fue suscrito por una…¿Cualquiera de las partes de la relación contractual puede pedir la declaratoria de incumplimiento del contrato?¿Cualquier entidad estatal puede celebrar el convenio de asociación con personas jurídicas particulares, con observancia de los principios de la función administrativa?
¿Es procedente la reducción del porcentaje de la cláusula penal pecuniaria en proporción al incumplimiento acreditado, teniendo en cuenta el objeto del convenio de asociación que consistió en el repoblamiento bufalino sostenible en los municipios del Departamento de Santander? No
Si bien comparto el sentido de la decisión aprobada por la mayoría de la Subsección… , discrepo del análisis efectuado respecto de la reducción del porcentaje de la cláusula penal pecuniaria en proporción al incumplimiento acreditado, por cuanto, el objeto del convenio de asociación, consistente en el repoblamiento bufalino sostenible en los municipios del Departamento de Santander, no es susceptible de división, circunstancia que impide la modificación de la condena en el porcentaje de incumplimiento acreditado como se desarrolla en la decisión.