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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: procede aplicar el régimen de derecho privado al convenio objeto de controversia

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Fecha
2026-08-10
Radicado
52001233300020180020401
Número interno
67611
Ponente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Demandado
ORGANIZACIÒN INDIGENA AWA CAMAWARI, SEGUROS DEL ESTADO S. A.

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: procede aplicar el régimen de derecho privado al convenio objeto de controversia

Regla de decisión

Procede aplicar el régimen de derecho privado al convenio objeto de controversia.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista puede aplicar el régimen de derecho privado al convenio objeto de controversia si este cumple con los requisitos establecidos en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, que permite la asociación entre entidades estatales y privadas sin ánimo de lucro para desarrollar actividades vinculadas a los cometidos y funciones de la entidad estatal, y si el convenio no regula aspectos específicos que requieran del derecho público. La entidad estatal debe verificar que el convenio no se desvíe de su objeto y finalidad, y que las partes cumplan con sus obligaciones contractuales de coordinación, seguimiento y control. La Sala modificó la decisión anterior, declarando el incumplimiento del convenio tanto por parte del contratista como de la entidad asociada, debido a la falta de evidencias que acrediten el ejercicio efectivo de las labores de acompañamiento y seguimiento. Además, la entidad estatal puede amparar la garantía de cumplimiento con la cláusula penal actualizada dentro del límite asegurado en la póliza, siempre y cuando esta no amplíe la cobertura contratada ni constituya una obligación adicional a cargo del asegurador.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Procede aplicar el régimen de derecho privado al convenio objeto de controversia?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 777 de 1992
  • Ley 489 de 1998, arts. 95 y 96
  • Constitución Política

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Lo que dijo la Sala

El artículo 96 de la Ley 489 de 1998, constituye el fundamento principal para determinar la naturaleza del convenio en atención a su objeto y finalidad. En efecto, el Ministerio se asoció con otros sujetos para desarrollar conjuntamente actividades vinculadas con los cometidos y funciones que le fueron asignados en el marco de la Cumbre Agraria. Esta caracterización no se desvirtúa por el hecho de que no todos los participantes tengan la condición de entidades sin ánimo de lucro.… Aunque los convenios de asociación regulados por el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 son distintos de los contratos de fomento previstos en el artículo 355 de la Constitución Política, ambos comparten, en principio, el régimen de derecho privado.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

CONTRATO CONTRATO DE FOMENTO ASOCIACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL ASOCIACIÓN CON ENTIDADES PRIVADAS CONVENIO DE ASOCIACIÓN NORMA DE DERECHO PRIVADO ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN REQUISITOS DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NORMATIVA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN DERECHO ADMINISTRATIVO ELEMENTOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA SUJETOS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ENTIDAD ESTATAL INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA CONTRATO DE SEGURO EFECTIVIDAD DEL CONTRATO DE SEGURO PAGO DEL CONTRATO DE SEGURO RESPONSABILIDAD EN EL CONTRATO DE SEGURO CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE SEGURO CONTENIDO DEL CONTRATO DE SEGURO OBJETO DEL CONTRATO DE SEGURO GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO COBRO DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO EXCEPCIONES EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN SALDOS A FAVOR APELACIÓN DE LA SENTENCIA RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA PROCEDENCIA DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA MEDIO DE CONTROL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES COSTAS PROCESALES CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES FALTA DE PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CONCEPTO DE COSTAS PROCESALES EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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Se configura la causal de nulidad absoluta del contrato prevista en el artículo 1741 del Código Civil, aplicable conforme al inciso primero del artículo 44 del la Ley 80 de 1993.
Titulación de la relatoría 12.560 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

CONTRATO / CONTRATO DE FOMENTO / ASOCIACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL / ASOCIACIÓN CON ENTIDADES PRIVADAS / CONVENIO DE ASOCIACIÓN / NORMA DE DERECHO PRIVADO / ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO / OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / REQUISITOS DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / NORMATIVA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN Problema jurídico: ¿Procede aplicar el régimen de derecho privado al convenio objeto de controversia? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l artículo 96 de la Ley 489 de 1998, constituye el fundamento principal para determinar la naturaleza del convenio en atención a su objeto y finalidad. En efecto, el Ministerio se asoció con otros sujetos para desarrollar conjuntamente actividades vinculadas con los cometidos y funciones que le fueron asignados en el marco de la Cumbre Agraria. Esta caracterización no se desvirtúa por el hecho de que no todos los participantes tengan la condición de entidades sin ánimo de lucro. (…) Aunque los convenios de asociación regulados por el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 son distintos de los contratos de fomento previstos en el artículo 355 de la Constitución Política, ambos comparten, en principio, el régimen de derecho privado. Ello obedece a que el inciso segundo del citado artículo 96 remite expresamente al artículo 355 constitucional, disposición desarrollada, para la época de celebración del convenio, por el Decreto 777 de 1992. En ese sentido, pese a las diferencias existentes entre ambas figuras en cuanto a su objeto, finalidad y sujetos, los convenios de asociación se rigen, en los aspectos no regulados expresamente, por las disposiciones aplicables a los contratos de fomento, esto es, en principio, por normas de derecho privado. (…) En relación con la ONIC como parte cooperante en el convenio en el caso que nos ocupa, se reitera que es una entidad sin ánimo de lucro y de derecho privado, por lo que su vínculo negocial con el Ministerio en el presente caso guarda correspondencia con lo señalado en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, en tanto establece: (…) Se desprende de lo anterior que, en el convenio examinado en el presente juicio, convergen elementos de las figuras contractuales previstas en los artículos 95 y 96 de la Ley 489 de 1998, de modo que se rige por el derecho privado, en armonía con las estipulaciones que las partes hayan previsto en ejercicio de su autonomía negocial. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el régimen jurídico aplicable a los contratos de fomento, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de julio de 2021, exp. (48.957), C.P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 355, DECRETO 777 DE 1992, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 95, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 96 DERECHO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO / CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / SUJETOS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / ENTIDAD ESTATAL / ASOCIACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL / ASOCIACIÓN CON ENTIDADES PRIVADAS / CONVENIO DE ASOCIACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / NORMATIVA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / REQUISITOS DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿Incumplió la ONIC los deberes contractuales de coordinación, seguimiento y control? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala advierte que sus obligaciones en el marco del convenio no se circunscribían al manejo o administración de los recursos, sino que comprendían deberes concretos de acompañamiento, coordinación, seguimiento y articulación del proyecto, así como la revisión y aprobación de los informes de ejecución presentados por la Asociación Awá Camawari. (…) De conformidad con el material probatorio obrante en el expediente, se encuentra acreditado que la ONIC no desplegó de manera efectiva tales funciones, en tanto: (i) no se evidencian actuaciones tendientes a verificar el avance real de las actividades previstas en el Plan Operativo; (ii) no obran constancias de revisión, observación o aprobación de los informes de ejecución que debían ser sometidos a su conocimiento; y (iii) no se acreditó su participación activa en espacios de seguimiento y articulación del proyecto. (…) Estas omisiones no constituyen una simple falta de acreditación documental, sino que evidencian el incumplimiento de obligaciones funcionalmente orientadas a garantizar la correcta ejecución del convenio, cuya inobservancia impidió la adopción oportuna de medidas de control y corrección frente a las deficiencias en la ejecución del proyecto. (…) En cuanto a la Circular 010 del 9 de noviembre de 2017, la Sala advierte que se trata de una comunicación dirigida de manera general a las asociaciones y resguardos vinculados al convenio matriz suscrito entre el Ministerio y la ONIC. (…) No obstante, el incumplimiento de la ONIC no se deriva de la expedición de esa Circular, sino de la ausencia de elementos o evidencias que acrediten el ejercicio efectivo de las labores de acompañamiento, orientación, coordinación y seguimiento que le correspondían contractualmente, ni se advierten actuaciones encaminadas a verificar y corregir oportunamente las deficiencias advertidas en la ejecución del proyecto. (…) En esa medida, se modificará la decisión adoptada en la sentencia de primera instancia y se declarará el incumplimiento del convenio de asociación objeto de litigio tanto por parte de la Asociación Awá Camawari como de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). CONTRATO DE SEGURO / EFECTIVIDAD DEL CONTRATO DE SEGURO / PAGO DEL CONTRATO DE SEGURO / RESPONSABILIDAD EN EL CONTRATO DE SEGURO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE SEGURO / CONTENIDO DEL CONTRATO DE SEGURO / OBJETO DEL CONTRATO DE SEGURO / GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO / COBRO DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO / PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / EXCEPCIONES EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Amparó la garantía de cumplimiento la cláusula penal actualizada dentro del límite asegurado en la póliza? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala advierte que la actualización de la cláusula penal no comporta el reconocimiento de una prestación distinta a la garantizada ni modifica el riesgo asumido por la aseguradora. Conforme a la reciente jurisprudencia de la Sala de Casación Civil, la indexación de la cláusula penal tiene por finalidad preservar el valor real de la obligación frente a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y garantizar el principio de plenitud del pago, sin alterar la naturaleza de la prestación debida. En esa medida, la actualización reconocida no amplía la cobertura contratada ni constituye una obligación adicional a cargo del asegurador. (…) El amparo de cumplimiento comprende la cláusula penal pactada en el convenio. En todo caso, la responsabilidad de Seguros del Estado S.A. se mantiene dentro de la suma asegurada, dado que el valor actualizado de la pena ($32.914.170) no supera el límite de cobertura previsto en la póliza n.° 37-44-101025231 ($50.000.000). (…) Se ordenará a la compañía Seguros del Estado S.A., que con cargo a la mencionada garantía de cumplimiento pague al Ministerio de Agricultura la cláusula penal que le corresponde a Awá Camawari, en la cuantía fijada en esta providencia. (…) En este punto, se destaca que no están llamadas a prosperar las excepciones de “inexistencia de perjuicio indemnizable a la luz del contrato de seguro” y “falta de cumplimiento de los requisitos para hacer exigible la póliza de seguro de cumplimiento” en la que se reitera aquella, propuestas por dicha sociedad aseguradora; pues la cláusula penal aludida fue pactada por las partes como estimación anticipada de los perjuicios, por lo cual prevalece lo establecido en el artículo 1599 del Código Civil, a cuyo tenor, (…)”.[E]n cuanto a la “improcedencia del cobro de la totalidad de la cláusula penal por presentarse cumplimiento parcial”, que alegó Seguros del Estado S.A., dicho planteamiento quedó acogido y aplicado, conforme a lo dicho por la Sala en forma precedente. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1599 LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONVENIO DE ASOCIACIÓN / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / SALDOS A FAVOR / MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA / MEDIO DE CONTROL / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿Procede liquidar judicialmente el convenio de asociación y fijar un saldo a favor de la entidad únicamente por concepto de cláusula penal ante la falta de acreditación de recursos no ejecutados? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido la procedencia de efectuar, en sede de juicio, el balance final del contrato o convenio no regulado por el EGCAP, al señalar: (…) El artículo 141 del CPACA establece que las partes de un contrato estatal podrán solicitar, entre otras cosas, la liquidación judicial cuando no se haya logrado de mutuo acuerdo, así como la adopción de otras declaraciones y condenas. No obstante, tratándose de contratos regidos por el derecho privado, dicha facultad debe analizarse atendiendo a la naturaleza del vínculo y a las reglas que lo gobiernan. (…) En el presente caso, para determinar el estado final del convenio de asociación n.° 20160617 del 1 de julio de 2016, la Sala distingue entre los recursos efectivamente desembolsados en ejecución del contrato y las sumas que se originan en la presente providencia, así: a) Información financiera del convenio (recursos efectivamente ejecutados y acreditados en el proceso): Valor total pactado: $523’200.000 Aporte a cargo del Ministerio de Agricultura: $500’000.000 Aporte a cargo de Awá Camawari (en especie): $23’200.000. Valor total desembolsado por el Ministerio de Agricultura, según lo declarado por las partes en acuerdo de prórroga del 30 de junio de 2017 y lo manifestado por Awá Camawari en comunicación del 20 de septiembre de 2016: $225’000.000. Monto total ejecutado, según informe y certificación del comité supervisor, integrado por funcionarios del Ministerio: $225’000.000. Saldos sin ejecutar respecto de los recursos efectivamente desembolsados: no se acreditaron en el proceso b) Sumas derivadas de la decisión judicial: Cláusula penal a cargo de la ONIC: $32.380.845. Cláusula penal a cargo de Awá Camawari: $32.380.845. Total, a favor de la Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: $64’761.690. En consecuencia, la liquidación judicial del convenio arroja un saldo a favor de la entidad demandante por valor de $64’761.690, correspondiente exclusivamente a las sumas derivadas de la cláusula penal impuesta en esta providencia, sin que haya lugar al reconocimiento de valores adicionales por concepto de recursos no ejecutados, en tanto estos no fueron acreditados en el proceso. NOTA DE RELATORÍA: Sobre lo dicho por la Sala de esta corporación, frente a la procedencia de estudiar las pretensiones relativas a la liquidación judicial, del contrato, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de enero de 2024, exp. (61.269), C.P. Nicolás Yepes Corrales. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141 COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / FALTA DE PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONCEPTO DE COSTAS PROCESALES / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES / IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Impedía la falta de prueba de la causación de costas y de actuación procesal relevante de la parte favorecida su imposición en segunda instancia? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l artículo 365, numeral 1 del Código General del Proceso señala que se condenará en costas “a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación” y el numeral 8 de ese mismo artículo la condiciona a “... cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”. (…) No se impondrá condena en costas en segunda instancia, pues no se acreditó su causación. En efecto, no se observa intervención procesal relevante de la parte favorecida con la decisión que dé lugar al reconocimiento de expensas o agencias en derecho en esta instancia. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=520012333000201800204011100103