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¿La determinación del a quo de incluir en la liquidación judicial un saldo a favor del municipio de Palmira, constituye una inobservancia al principio de congruencia, en la medida en que está definiendo aspectos relacionados con el incumplimiento de la aludida obligación contractual? No
La liquidación judicial de un contrato puede incluir un saldo a favor de una de las partes sin que ello vulnere el principio de congruencia, cuando la determinación se limita a establecer las cuentas del negocio con base en el soporte financiero acreditado y no decide sobre el incumplimiento. Una razón es que el saldo fijado a favor de la entidad correspondía a un concepto de defensa judicial que no fue ejecutado, ni ordenado ni reconocido al contratista, de modo que el juez solo reportó el balance final. Otra razón es que el reparo de la apelación se limitó a un cálculo matemático, sin acreditar que las prestaciones se ejecutaron y debían pagarse, por lo que no pudo establecerse el efectivo cumplimiento que lo sustentara. En el caso, la Sala confirmó la sentencia que fijó el saldo y no encontró prosperidad en el primer cargo de la apelación. Su consecuencia práctica es que el recurrente que objeta un saldo de liquidación judicial debe acreditar con pruebas la ejecución de las prestaciones que reclama.síntesis automática
También resuelve:¿El a quo tuvo en consideración todos los documentos que mostraban la ejecución a cabalidad de la obligación contenida en el otrosí 2 relacionada con la presentación de demandas de lesividad?¿La confesión realizada por el accionado en la contestación de la demanda, relacionada con el recibo efectivo reconocido por concepto de proyección de actos administrativos de compartibilidad…¿Se acreditó el cumplimiento de la obligación emanada del otrosí 2 al contrato de prestación de servicios, asociada a la proyección de actos administrativos de compartibilidad o no de la pensión?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-03-17Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 76001233300020200128701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente decretar la prueba relativa al informe juramentado del representante legal del municipio de Jamundí, dado que el artículo 217 del CPACA prohíbe la confesión de los representantes legales, pero, en su inciso segundo, habilita al representante administrativo de la entidad pública a rendir informe escrito bajo juramento sobre los hechos debatidos? No
El contratista no puede solicitar el decreto de un informe juramentado del representante legal de la entidad estatal, ya que el artículo 217 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prohíbe la confesión de los representantes legales, aunque permite que el representante administrativo de la entidad rinda un informe escrito bajo juramento sobre los hechos debatidos. En este caso, la parte demandante no especificó los hechos sobre los cuales el representante legal debía pronunciarse, lo que implica un incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 217. Además, la entidad estatal no puede recibir cuestionarios para formular preguntas al representante en la audiencia de pruebas, y la parte actora no proporcionó los términos necesarios para solicitar el informe. Por lo tanto, la Sala confirmó la decisión que negó la prueba, lo que implica que en la práctica, cualquier solicitud de informe juramentado del representante legal debe cumplir rigurosamente con los requisitos legales y especificar claramente los hechos a debatir.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente decretar el testimonio del gerente de la firma, a pesar de que el mismo está encaminado a demostrar hechos posteriores a los analizados, los cuales, en todo caso…
¿Puede considerarse válida una confesión judicial emitida por una persona que no ostenta representación legal ni poder dispositivo sobre los derechos de la entidad involucrada? No
La confesión judicial solo es válida cuando el confesante tiene capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulta de lo confesado, según el artículo 191 del Código General del Proceso, de modo que quien comparece al proceso sin ser representante legal de la entidad no puede obligarla con su declaración. Además, el incumplimiento de un pliego de condiciones no puede deducirse de pruebas técnicas practicadas bajo condiciones distintas de las previstas en el pliego, porque esos resultados no son comparables entre sí. Una prueba realizada bajo parámetros diferentes no basta para probar un incumplimiento contractual, aun cuando la diferencia que se alega, como el voltaje de carga de una batería, corresponda a la realidad. En el caso concreto, la declaración de un integrante de un equipo profesional no configuró confesión, y la prueba de reemplazo se hizo en condiciones distintas de las del pliego, de modo que la providencia confirmó la decisión de primera instancia. Como consecuencia práctica, la parte que quiera demostrar un incumplimiento técnico debe practicar la prueba bajo los parámetros exigidos en el pliego de condiciones.síntesis automática
También resuelve:¿Puede afirmarse que se incurrió en un incumplimiento de los pliegos de condiciones cuando las pruebas técnicas practicadas no son equiparables por haberse realizado bajo condiciones diferentes?¿Puede considerarse suficiente una prueba técnica realizada bajo parámetros distintos para probar un incumplimiento contractual?¿Debe desestimarse un cargo de apelación cuando no se controvierte la prueba documental que acredita la idoneidad de una entidad participante en un proceso de selección?
¿Acreditó el recurrente que presentó la mejor propuesta de conformidad con el informe de evaluación de la demandada? No
El informe de evaluación de propuestas, elaborado por el comité asesor, es un documento preliminar que no obliga a la entidad ni confiere derechos a los proponentes, porque puede ser corregido, aclarado o modificado, conforme al artículo 26 numeral 5 de la Ley 80 de 1993. Una razón es que la calificación contenida en el informe no es definitiva y solo la adjudicación resuelve el orden de elegibilidad. Otra razón es que en el caso el informe fue objeto de observaciones sobre la experiencia específica del proponente y sobre una inhabilidad por sanción, y la entidad acogió esas observaciones, por lo que el puntaje reclamado no era estable. En el asunto, el proponente sostenía que el mayor puntaje del informe lo convertía en la mejor propuesta, pero no demostró que, una vez recalificada su oferta, habría mantenido esa posición, y la licitación fue declarada desierta y adjudicada a otro oferente que cumplió los requisitos. La Sala confirmó la negación de las pretensiones. La providencia cita jurisprudencia reiterada de la Sección; su consecuencia práctica es que el proponente que pretende la adjudicación debe acreditar una calificación definitiva y no solo un puntaje del informe preliminar.síntesis automática
También resuelve:¿La mayor calificación del proponente fue un hecho aceptado por la demandada y debe considerarse como una confesión?¿La calificación de las propuestas realizada por el Tribunal se ajustó a los criterios del pliego y por ello la oferta de la parte demandante debía quedar en primer lugar y ser la adjudicataria del…¿La parte demandante acreditó los perjuicios derivados de los señalamientos de la entidad demandanda, sobre una presunta inhabilidad para contratar con el Estado que se configuró en otro proceso de…
¿Es procedente la declaratoria de incumplimiento del contrato celebrado entre la Corporación de Vivienda y Desarrollo Social (CORVIDE) y el demandado, pese a que la entidad efectuó la liquidación unilateral del acuerdo negocial? No
La liquidación unilateral del contrato… goza de presunción de legalidad, hecho que no fue cuestionado por el extremo demandante y tampoco fue puesto en duda por el demandado -al contrario, la aceptó expresamente en su contestación-. En tales circunstancias, es improcedente que, mediante pretensiones declarativas - como ocurre en este asunto-, se pretenda reclamar conceptos diferentes al establecido en el balance final del contrato, como ocurre con el daño emergente y el lucro reclamado en la demanda… . Sobre el particular, esta Corporación ha sostenido que, si la liquidación del contrato fue unilateral, el contratista queda en libertad de reclamar por cualquier inconformidad que tenga con ocasión de la ejecución del negocio.
También resuelve:¿La cuantía es un factor para determinar la competencia en lo contencioso administrativo?¿La legitimación en la causa por activa recae sobre la entidad territorial en virtud de la cesión de derechos y obligaciones, y la transferencia de bienes de CORVIDE…¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la liquidación del contrato de servidumbre?
¿En el accidente de tránsito entre un vehículo oficial y una motocicleta, se acreditó la culpa grave del demandado en repetición? No
Cuando el demandado en repetición no contesta la demanda, los hechos susceptibles de confesión se presumen ciertos, pero solo se tienen por probados aquellos en los que pudo intervenir de manera directa. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 97 de la Ley 1564 de 2012 presume ciertos los hechos de la demanda ante la falta de contestación, salvo que la ley le atribuya otro efecto. Segunda, la confesión exige un hecho personal del demandado, de modo que los hechos en que no intervino directamente no pueden considerarse confesados. Tercera, en el caso, el accidente de tránsito entre el vehículo oficial y la motocicleta quedó probado, pero de ese hecho no se desprende la culpa grave del demandado. Como los cargos de la apelación no desvirtuaron la decisión, se confirmó la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones. El documento no indica si reitera o matiza precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Sólo resulta posible concluir que se encuentran probados por confesión aquellos hechos en los que el demandado pudo intervenir de manera directa?¿La sentencia proferida en el proceso de reparación directa no surtió efectos, porque luego hubo un acuerdo conciliatorio?¿El juez de la repetición puede arribar a conclusiones disímiles a las expuestas, por ejemplo, por el juez de la reparación?
¿El hospital Universitario del Valle Evaristo García ESE incumplió con la obligación de liquidación del contrato? No
El contratista no incumple con la obligación de liquidación del contrato cuando la liquidación es una actuación bilateral y la entidad estatal no ha demostrado la imposibilidad de negociar la liquidación de mutuo acuerdo, tal como lo pactaron las partes en el contrato. Según el documento, la liquidación unilateral solo se activa ante la imposibilidad de negociación y requiere que el contratista presente un informe definitivo de actividades, revisado y aprobado por el Comité Técnico Operativo Proyecto SOAT y el supervisor del contrato, para tramitar el pago del saldo y la liquidación. En este caso, la entidad estatal no demostró que el contratista omitiera presentar el informe definitivo de actividades, por lo que no puede declararse el incumplimiento del contrato por parte del contratista. La Sala revoca la sentencia que declaraba el incumplimiento del contratista, confirmando que la liquidación del contrato debe ser bilateral y que la falta de presentación del informe definitivo no constituye un incumplimiento por parte del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿La utilidad del 20% surgida con ocasión del suministro del material de osteosíntesis fue confesada en el monto y concepto por parte del representante legal de la contratista?¿Procede el reconocimiento de intereses moratorios e indexación sobre las cifras resultantes de la liquidación judicial del negocio jurídico con independencia de lo establecido en el acuerdo de…¿La orden de pago del resultado del balance general de las obligaciones en favor de la parte actora puede dirigirse en contra de un tercero que no es parte del proceso?
¿Se configuró la caducidad de la acción de controversias contractuales? Sí
El contratista no puede beneficiarse del término de suspensión del artículo 21 de la Ley 640 de 2001 para evitar la caducidad de la acción de controversias contractuales sin acreditar que radicó la solicitud de conciliación prejudicial y que dicha solicitud fue declarada fallida, lo que implica que la entidad estatal no confesó haber realizado la audiencia de conciliación prejudicial en el escrito de contestación de la demanda, y que la parte actora no cumplió con su carga probatoria de demostrar la suspensión del término de caducidad. La Sala modifica la sentencia para declarar la caducidad de la acción, reafirmando que el derecho de acceso a la administración de justicia no exime a las partes de sus deberes y cargas procesales. Además, la Sala determina que no habrá lugar a la imposición de costas y agencias en derecho, ya que la parte vencida no actuó con temeridad o mala fe dentro del proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Solo habrá lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado con temeridad o mala fe dentro del proceso?
¿El fallo de responsabilidad patrimonial o en sede de legalidad ata al juez de la repetición? No
El fallo de responsabilidad patrimonial del Estado o de nulidad del acto no ata al juez de la repetición, de modo que la conducta dolosa o gravemente culposa del agente debe acreditarse en el proceso de repetición con prueba propia. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la sentencia condenatoria contra el Estado no es prueba suficiente de la conducta del agente, porque en repetición se realizan valoraciones distintas sobre el comportamiento del servidor y no sobre la responsabilidad del Estado. Segunda, la declaración judicial de afectación de un derecho o de antijuridicidad del daño no acredita la conducta dolosa o culposa del agente que lo propició. Tercera, la entidad que pretende repetir debe expresar la causal de la presunción de dolo o culpa grave y acreditar sus supuestos en el proceso, con oportunidad de defensa para el demandado. En el caso no se acreditó el aspecto volitivo del demandado, por lo que la providencia revoca la decisión de primera instancia. La consecuencia práctica es que la condena previa no sustituye la prueba del dolo o de la culpa grave en la acción de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La desviación de poder manifestada está respaldada en el acervo probatorio?¿Las atribuciones otorgadas a un funcionario público para gestionar y concretar un acto deben dirigirse principalmente al cumplimiento de los fines del Estado?¿El acto administrativo fue proferido por el demandado ostentando la calidad de servidor público?
¿Procede realizar la liquidación judicial del contrato y los reconocimientos solicitados en la demanda por concepto de actividades ejecutadas y no pagadas? No
Cuando las partes de un contrato no aportan elementos probatorios que permitan establecer el estado de las prestaciones, los conceptos y las cuantías que se adeudan entre sí, el juez no puede liquidar judicialmente el contrato, y debe negar la pretensión de liquidación. La regla se sostiene en tres razones: la liquidación judicial exige determinar el cruce final de cuentas con base en la ejecución efectiva de las obligaciones, lo que no puede hacerse con documentos que no den cuenta clara de los valores; la falta de prueba sobre la proporción en que se ejecutó el objeto contractual impide establecer las acreencias de cada parte; y la carga de demostrar las prestaciones recae en quien la reclama. En el caso, los tres grupos de pruebas no daban cuenta de los valores reclamados en la demanda, por lo que se revocó la sentencia de primera instancia y se negó la liquidación judicial. Por la fecha de la demanda, el régimen aplicable fue el Código Contencioso Administrativo. El documento no señala que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la liquidación judicial depende de que el demandante acredite con precisión las prestaciones ejecutadas y los saldos pendientes.síntesis automática
También resuelve:¿Por la fecha de presentación de la demanda, el régimen aplicable es el Código Contencioso Administrativo?¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de las controversias contractuales en las que las partes del contrato estipularon cláusula compromisoria…¿La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la liquidación judicial de un contrato estatal?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-05-07Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 08001233300020230048301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El juez deberá rechazar las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles? Sí
El juez deberá rechazar las pruebas ilícitas, notoriamente impertinentes, inconducentes y manifiestamente superfluas o inútiles, conforme al artículo 168 del Código General del Proceso aplicado por remisión del CPACA. Para ello, debe examinar que los medios probatorios sean permitidos por el ordenamiento, estén relacionados con el caso y sean necesarios para acreditar hechos no suficientemente probados por otros medios. La conducencia de la prueba se refiere a su idoneidad para demostrar lo pretendido, la pertinencia a su relación directa con los hechos en controversia, y la utilidad a su ligazón necesaria con el hecho que se quiere probar. Esta decisión modifica precedentes, estableciendo criterios más claros sobre la admisibilidad de la prueba en procesos contractuales, lo que implica que los jueces deben ser más rigurosos en la evaluación de las pruebas solicitadas.síntesis automática
También resuelve:¿Hay lugar a denegar la prueba testimonial solicitada por falta de especificación de su objeto?¿Resulta procedente el decreto del interrogatorio de parte del representante legal de la entidad pública demandada?¿Las pruebas documentales solicitadas deben ser negadas por tratarse de pruebas susceptibles de ser obtenidas directamente a través de un derecho de petición?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-08-15Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZRad. 25000233600020190021302LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Sala concluye la pertinencia, conducencia, utilidad y necesidad, de la prueba testimonial solicitada por las partes? Sí
La prueba testimonial debe decretarse cuando cumple los requisitos de pertinencia, conducencia, utilidad y necesidad del artículo 168 del Código General del Proceso, y no puede negarse por no haberse fijado en el litigio los hechos sobre los cuales versaría. Esta regla se apoya en que el criterio de pertinencia se cumple cuando el testimonio guarda conexidad con los hechos del proceso, aunque la decisión inicial de denegarlo se basara en la falta de precisión del objeto. Por ello, la negativa a decretar la prueba debe fundarse en la ausencia de esos requisitos y no en aspectos del objeto del contrato que no fueron fijados como controversia. En el caso concreto ambas partes solicitaron oportunamente la prueba testimonial, el tribunal la denegó por inutilidad, y la sala la revocó y la decretó porque cumplía los requisitos del artículo 168. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la denegación de un testimonio pedido en tiempo debe motivarse en la falta de pertinencia, conducencia, utilidad o necesidad.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado conoce, entre otros, de los recursos de apelación interpuestos contra los autos dictados por los Tribunales Administrativos?¿Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen?¿El testimonio tiene por objeto que se declare sobre los hechos objeto de prueba y, para ese efecto, debe dar cuenta de las circunstancias de tiempo…
¿La parte actora acreditó que la suma de $1.097.581.199, correspondiente a obras ejecutadas y no facturadas, constituía un saldo cierto, exigible y susceptible de compensación a favor del contratista, que debía ser tenido en cuenta al expedir los actos de caducidad y liquidación unilateral del contrato? No
El contratista no acredita que una suma específica por obras ejecutadas y no facturadas constituya un saldo cierto y exigible a su favor, que deba ser tenido en cuenta al expedir actos de caducidad y liquidación unilateral del contrato. La entidad estatal no reconoce esa suma como una obligación dineraria autónoma y aislada, sino como parte de un balance contractual más amplio que incluye otros componentes desfavorables. El contratista no puede descomponer selectivamente balances o ejercicios preliminares para extraer únicamente la partida que beneficia su tesis, sin asumir los demás componentes que integran la misma ecuación financiera. En este caso, la entidad no trató los documentos como fuentes equivalentes al momento de expedir los actos demandados, lo que confirma que la suma no puede ser trasladada de manera automática a la liquidación unilateral como una obligación definitiva. La Sala concluye que la parte actora no aportó prueba técnica o contractual idónea que acredite de manera autónoma que el contratista efectivamente ejecutó obras por el valor mencionado y que no fueron objeto de pago, por lo que la impugnación del acto administrativo no prospera.síntesis automática
También resuelve:¿La parte actora acreditó, mediante prueba técnica o contractual idónea, que el contratista ejecutó obras por valor de $1.097.581.199 que fueron recibidas a satisfacción y no pagadas…¿La suscripción unilateral del proyecto de acta de liquidación bilateral por parte de la entidad perfecciona el acuerdo liquidatorio y consolida, por sí sola, derechos u obligaciones definitivas?¿La referencia al valor de las obras ejecutadas y no facturadas en la contestación de la demanda constituye confesión judicial?
Auto interlocutorio con estado — Auto que resuelve apelación2026-01-30SECCION TERCERA CUNDINAMARCAANDREW JULIAN MARTINEZ MARTINEZRad. 11001333603620200020302ACCION CONTRACTUAL
¿Se cumplieron los presupuestos establecidos en la Ley 1437 de 2011 para negar el decreto de la prueba testimonial, el interrogatorio de parte y el informe juramentado? Sí
El contratista no puede obtener el decreto de la prueba testimonial, el interrogatorio de parte ni el informe juramentado, ya que la entidad estatal debe negar estas solicitudes cuando no cumplen con los requisitos establecidos en la Ley 1437 de 2011 y el Código General del Proceso, que exigen que las pruebas sean conducentes, pertinentes y útiles para el proceso. Además, la declaración de parte de la entidad estatal carece de validez y no es procedente decretar la propia declaración de la parte que la solicita, ya que resulta inútil y no aporta nueva información. La entidad debe decretar únicamente las pruebas necesarias para esclarecer los hechos del contrato, y en este caso, el expediente contractual y las pruebas decretadas son suficientes para resolver el debate. Esta decisión reitera y confirma precedentes sobre la limitación de testimonios y la declaración de parte en procesos de contratación estatal, lo que implica que las partes deben presentar pruebas conducentes y pertinentes para demostrar los hechos en disputa.síntesis automática
¿A partir del contenido del acta de recibo de productos No. 6 del 21 de julio de 2014 suscrita en el marco del contrato de consultoría, es posible deducir la existencia de una obligación insoluta a favor del contratista y a cargo del Departamento de Norte de Santander? Sí
En lo que concierne al primer punto identificado en el objeto de la apelación, la Sala encuentra que en el expediente obran dos actas del 21 de julio de 2014. La primera, denominada “Acta de Terminación” suscrita por el secretario de Agua Potable y Saneamiento Básico del departamento, la interventoría –Consorcio Gerencia Norte–, la supervisora designada por la entidad… y la representante del contratista, en la que se da cuenta de la terminación del negocio jurídico, con la constancia de que, en virtud de lo plasmado en las actas de terminación de productos No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, “el Consultor atendió las observaciones remitidas por el profesional revisor del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, viabilizó los proyectos asignados y cumplió con los alcances técnicos y administrativos previstos en el contrato”.
También resuelve:¿Lo pagado al contratista por el Departamento de Norte de Santander por lo adeudado en el acta de recibo de productos No. 6 del 21 de julio de 2014…¿El valor a pagar por todos los diseños a cargo del contratista en el contrato de consultoría, debía calcularse con base en el 8% del valor definitivo de las obras que determinara la ventanilla única…¿Existe un saldo pendiente de pago a favor del contratista y a cargo del Departamento de Norte de Santander, por concepto de remuneración del contrato de consultoría…
¿Se acreditó de manera idónea y fehaciente el cumplimiento efectivo de las condiciones contractuales establecidas para el pago del precio? No
El contratista no acredita de manera idónea y fehaciente el cumplimiento efectivo de las condiciones contractuales establecidas para el pago del precio, lo que impide que la entidad estatal sea declarada en incumplimiento del contrato. La Sala considera que el valor del ítem de personal debía remunerarse en virtud de los precios unitarios pactados, independientemente de los costos incurridos por el contratista. La entidad aceptó pagar el valor mensual por cada profesional y técnico asignados al proyecto, condición que no se verificó debido a la falta de pruebas que demuestren las cantidades ejecutadas y la aprobación del informe final del contrato. Además, el interrogatorio de parte practicado por el apoderado del contratista no cumple con los requisitos para ser considerado confesión y carece de valor demostrativo. La competencia del superior está limitada por los reparos concretos vertidos por el apelante, y no se puede decidir sobre pretensiones no formuladas en la demanda, como la devolución de tasas pagadas a través de estampillas departamentales.síntesis automática
También resuelve:¿Las declaraciones del interrogado sobre el cumplimiento contractual, a instancia de las preguntas formuladas por su propio apoderado, carecen de valor demostrativo?¿La competencia del superior está limitada por los reparos concretos de inconformidad vertidos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deban tomarse de oficio?¿Es procedente decidir sobre la pretensión de devolución de las tasas que el contratista pagó a través del mecanismo de estampillas departamentales y que reclamó con ocasión del recurso contra el…
¿El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cumplió la carga probatoria sobre la existencia de la obligación relativa a predios libres de gravámenes y autorizados? No
La entidad estatal demandante asume la carga probatoria de demostrar los hechos en que funda sus pretensiones de incumplimiento contractual, conforme al artículo 1757 del Código Civil y el artículo 167 del Código General del Proceso. La corporación judicial revoca parcialmente la sentencia de primera instancia al concluir que la ejecución de obras en un predio afectado por medidas cautelares o la sustitución de inmuebles sin autorización previa no constituyen por sí mismas un incumplimiento contractual imputable al contratista, toda vez que la administración no acreditó el daño ni la exigencia contractual infringida. Asimismo, la sala absuelve a la compañía aseguradora y declara que no hay lugar a condena en costas en esta instancia procesal.síntesis automática
También resuelve:¿El cambio de uno de los predios sin aviso al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sin acreditación de titularidad…¿Justifica la confesión ficta, la declaratoria de incumplimiento del convenio por ejecución inadecuada de rubros y omisiones contractuales de Fensuagro como el cambio de predio sin reporte…¿Procede la acumulación de la cláusula penal indemnizatoria con la restitución de las sumas entregadas en virtud del convenio?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-01-23Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 85001233300020230003701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente y necesario el decreto de la declaración de parte del representante legal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, solicitada por la sociedad demandada en el presente proceso? No
Los agentes del Estado no tienen poder dispositivo sobre el derecho que resulta confesable, porque la administración no puede comprometer su responsabilidad mediante confesión, en tanto no es dable renunciar a derechos de interés general. Por esa razón, el artículo 217 del CPACA, que tiene carácter de orden público, impide que el representante legal de una entidad pública sea interrogado para obtener su confesión. Cuando la parte solicita la declaración del representante legal de la entidad demandante con el propósito de que responda preguntas que tiendan a esa confesión, la prueba no es procedente. En el caso concreto, la sociedad demandada pidió el decreto de la declaración de parte del representante legal de la agencia demandante, y el auto que negó esa prueba fue confirmado. Como consecuencia práctica, la parte que pretenda obtener confesión de una entidad pública no puede hacerlo mediante el interrogatorio de su representante legal, y debe acudir a otros medios probatorios.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado conocerá -en segunda instancia- de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles…¿La prueba de la confesión de los representantes legales de entidades públicas no es válida, porque no es compatible con la naturaleza eminentemente pública de estas entidades…¿Procede la condena en costas a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
¿Tiene competencia el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer del medio de control de repetición en razón a la cuantía? Sí
La competencia en segunda instancia para conocer de la apelación contra la sentencia de un tribunal administrativo en el medio de control de repetición cuando la cuantía de la pretensión supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes corresponde al Consejo de Estado, según los artículos 150 y 152 numeral 9 del CPACA, y que la acción de repetición procede para reclamar el reembolso de lo pagado por la entidad pública condenada por actuación dolosa o gravemente culposa de un servidor o particular que cumple función pública. Una razón es que el artículo 142 del CPACA y el inciso primero del artículo 7 de la Ley 678 de 2001 atribuyen estos debates a la jurisdicción contencioso administrativa. Otra razón es que el municipio demandante reclamó el reembolso de un pago efectuado en cumplimiento de una condena, lo que encuadra en la definición de la repetición del artículo 2 de la Ley 678 de 2001. En el caso, la Sala conoció de la apelación por razón de la cuantía, y confirmó la decisión de primera instancia. Su consecuencia práctica es que la cuantía del reembolso determina la doble instancia en repetición ante el Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el medio de control de repetición en el caso sub examine, puesto que el municipio demandante solicita que se declare al demandado responsable de forma patrimonial por el pago que realizó en…¿Se configuró el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de repetición en el caso sub examine, considerando que, en virtud de las reglas de la aplicación de la Ley en el tiempo…¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado resulta aplicable al presente proceso de repetición la Ley 678 de 2001?