Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2025-10-20Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 70001233100019980074801ACCION CONTRACTUAL
¿Puede el juez prescindir del dictamen pericial decretado de oficio, debido a la imposibilidad material manifestada por la sociedad perita para elaborarlo con la información disponible? Sí
Mediante auto del 4 de agosto de 2025 este despacho negó las solicitudes deprecadas por la sociedad perita. AI efecto, explicó, por una parte, que carecía de objeto requerir nuevamente a Electro Atlántico S.A.S. para que proveyera la información que la auxiliar de la justicia echa de menos, en razón a que el apoderado de la sociedad actora en memorial del 12 de marzo de 2025 manifestó que no contaba con la información que la perita consideraba necesaria para Ilevar a cabo el dictamen pericial encomendado. Por otra parte, se precisó que no había lugar a “mantener la suspensión” deprecada, por cuanto esta no existió y, en todo caso, el plazo adicional que le fue concedido a la perita feneció el 14 de julio de 2025, sin que esta allegara el resultado de la labor que le fue encomendada.
¿Se cumplen los presupuestos de procedencia de la demanda para estudiar de fondo el caso en concreto? Sí
La Subsección resolverá el problema jurídico… , habida consideración de la competencia que le asiste para ello, en atención a lo dispuesto por los artículos 129 y 132.5 del Código Contencioso Administrativo (en lo sucesivo “CCA”), y al ejercicio oportuno que de la acción de controversias contractuales realizaron los accionantes, de conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 136.10 del CCA. De igual manera, debido a que tanto FONADE como Órbita Arquitectura e Ingeniería S.A. y C&C Arquitectura e Ingeniería S.A. (quienes conformaron la UT &C Órbita Beisbol) se encuentran legitimados en la causa por pasiva y por activa, toda vez que son los extremos de la relación contractual que suscitó la controversia bajo análisis en esta sede judicial.
También resuelve:¿Demostró FONADE los perjuicios que afirma le fueron causados, con ocasión del incumplimiento contractual en que incurrió la UT C&C Orbita Béisbol…
¿La demanda fue presentada dentro del término establecido para el medio de control de repetición? Sí
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164, numeral 2, literal l) del CPACA, la demanda de repetición debe presentarse dentro de un término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente a la fecha en la que efectivamente se realizó el pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo con el que la entidad contaba para pagar. En este caso, el pago se realizó antes del vencimiento del plazo legal previsto para ello, por lo que para determinar el término de caducidad debe tenerse en cuenta la fecha del pago. Como este fue realizado el 27 de septiembre de 2012, la demanda de repetición presentada el 8 de septiembre de 2014 se radicó oportunamente.
También resuelve:¿Por la fecha en que ocurrieron los hechos imputables al agente estatal, le son aplicables las disposiciones sustanciales del Código Contencioso Administrativo y no hay lugar a dar aplicación a las…¿Con las pruebas aportadas se acredita la calidad de agente del Estado del demandado?¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
¿Procede la acción de repetición como medio judicial idóneo para el recobro contra agentes estatales cuando se acredita la existencia de una condena judicial, la calidad de servidor público y el pago de la indemnización, aun cuando los hechos ocurrieron antes de la vigencia de la Ley 678 de 2001? Sí
El contratista no puede fundar una acción de repetición contra la entidad estatal para el recobro de una indemnización cuando los hechos que dieron origen a la condena judicial ocurrieron antes de la vigencia de la Ley 678 de 2001, a menos que se acrediten la existencia de la condena, la calidad de servidor público del agente estatal y el pago de la indemnización. La Sala confirma que la acción de repetición es el medio judicial idóneo para el recobro, siempre y cuando se cumplan los presupuestos procesales y la demanda sea oportuna. Sin embargo, si el demandado no fue vinculado a las actuaciones penales, disciplinarias o de reparación directa, no se puede trasladar el juicio de valor realizado sobre su conducta para sustentar la responsabilidad patrimonial del Estado. Además, la culpa o imprudencia del agente estatal debe ser grave para que se declare su responsabilidad patrimonial, y no basta con acreditar una conducta culposa o imprudente. Si el demandado estuvo representado por un curador ad litem, la condena en costas es improcedente.síntesis automática
También resuelve:¿Puede fundarse la responsabilidad del agente estatal en una acción de repetición en decisiones proferidas dentro de procesos penales…¿Es procedente declarar la responsabilidad patrimonial de un agente estatal en una acción de repetición cuando se acredita una conducta culposa o imprudente…¿La condena en costas es improcedente al acreditarse que el demandado estuvo representado por curador ad litem?
¿Puede considerarse que la suscripción de múltiples documentos individuales entre el INVISBU y los beneficiarios de vivienda constituye la celebración de múltiples contratos independientes, distintos del contrato celebrado entre el INVISBU y Fénix? No
El contratista no puede celebrar múltiples contratos independientes con los beneficiarios de vivienda cuando ya existe un contrato único entre la entidad estatal y el constructor principal, ya que la suscripción de documentos individuales responde a necesidades operativas y no a la creación de contratos separados. La entidad estatal y el constructor principal son las partes del contrato, mientras que los beneficiarios son considerados terceros, ya que no han expresado su consentimiento directo ni han sido representados adecuadamente. Además, el contrato celebrado por el INVISBU para la construcción de viviendas en respuesta a una situación de desastre se rige por el derecho privado y no por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, lo que permite la aplicación de excepciones y facultades especiales previstas en la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato celebrado por el INVISBU para la construcción de viviendas, con ocasión de una situación de desastre, se encontraba sujeto al derecho privado y no al Estatuto General de Contratación de…¿Debe el juez analizar las pretensiones contractuales aunque no se haya formulado reclamación expresa o reserva al suscribir actos como prórrogas, adiciones o suspensiones?¿Puede el contratista exigir el reconocimiento de mayores costos derivados de las prórrogas del contrato, cuando previamente acordó expresamente que estas no generarían gastos adicionales?
¿Ante la falta de acreditación de la fecha en que se efectuaron los pagos en dólares estadounidenses respecto de los computadores objeto del contrato de suministro, era improcedente aplicar la fórmula de reajuste por la variación de la Tasa Representativa del Mercado en favor de la Unión Temporal demandante? Sí
El contratista no puede aplicar la fórmula de reajuste por la variación de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) en favor de la Unión Temporal demandante cuando no acredita la fecha en que se efectuaron los pagos en dólares estadounidenses por los computadores objeto del contrato de suministro, ya que la cláusula de reajuste establece que solo se aplica si la variación de la TRM supera el 8,81%, lo cual requiere pruebas precisas sobre la fecha de los pagos. La entidad estatal actuó de buena fe al negarse a aplicar la fórmula por falta de evidencia, garantizando al contratista la posibilidad de allegar la información faltante. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con la carga de la prueba en contratos estatales que implican pagos en moneda extranjera, y subraya que la falta de acreditación de la fecha de los pagos impide la aplicación de la fórmula de reajuste, lo que puede afectar significativamente los reclamos por sobrecostos.síntesis automática
También resuelve:¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto por tratarse de una controversia contractual en la que es parte una persona jurídica sin ánimo de lucro de…¿Computadores para Educar es una persona jurídica sin ánimo de lucro de carácter público y con capital estatal, que cuenta con capacidad plena para acudir a los procesos judiciales?¿Al tratarse de una asociación constituida por entidades del orden nacional, su régimen de contratación será aquel que rige a dichas entidades públicas que conformaron a la persona jurídica sin ánimo…
¿En el medio de control de repetición, la sola sentencia del proceso de reparación directa es prueba suficiente del elemento subjetivo? No
En la acción de repetición, la sola sentencia del proceso de reparación directa no constituye prueba suficiente del elemento subjetivo, esto es, del dolo o de la culpa grave del agente. La regla se sostiene en tres razones. Primera, las presunciones de la Ley 678 de 2001 no pueden aplicarse a conductas anteriores a su vigencia, y en el caso los hechos ocurrieron antes de ella. Segunda, la sentencia de reparación directa aplicó un régimen objetivo de imputación sin analizar la falla del servicio ni la conducta concreta del agente demandado, de modo que no ofrece el juicio subjetivo que la repetición exige. Tercera, sin prueba autónoma de la conducta, el elemento subjetivo no queda acreditado, y el recurso único de apelación no permite modificar la decisión que negó las pretensiones. La providencia confirma esa negativa. En la práctica, la entidad que promueva la repetición debe aportar pruebas propias del dolo o de la culpa grave y no puede limitarse a invocar la condena previa.síntesis automática
También resuelve:¿Es posible aplicar la presunción de dolo alegada en la demanda y en el recurso de apelación?¿La demanda se presentó oportunamente dentro de los dos años siguientes al pago de la condena?¿En razón a que el demandado fue representado por curador ad-litem y que este no realizó ninguna actuación en esta instancia, se considera razonable no condenar en costas a la entidad demandante?
¿Se encuentra probado que al contratista no se le hubiesen cancelado obras o labores adicionales? No
El contratista no logra demostrar que la entidad estatal no le haya cancelado obras o labores adicionales, ni que haya sufrido perjuicios por el mayor valor pagado para construir las obras o por la mayor permanencia en obra, ni que se le hubiera cobrado el impuesto de guerra en relación con las obras adicionales, debido a la insuficiencia y falta de pruebas periciales que no acreditan adecuadamente los perjuicios y costos reales asumidos durante la ejecución del contrato. La Sala reitera que para establecer la existencia de perjuicios y sobrecostos, es necesario contar con pruebas que demuestren los costos reales y no solo con cálculos basados en índices generales, lo que implica que en casos similares, el contratista debe presentar evidencias concretas y detalladas para acreditar sus reclamaciones.síntesis automática
También resuelve:¿Se encuentran demostrados los perjuicios sufridos por el contratista por el mayor valor pagado para construir las obras o por la mayor permanencia en obra?¿Se encuentra acreditado que se hubiera cobrado a la entidad contratista el impuesto de guerra en relación con las obras adicionales?
¿La parte demandante incumplió con su carga probatoria toda vez que no demostró el daño? Sí
En la acción de nulidad y restablecimiento frente a un acto precontractual, el demandante debe probar el daño para obtener la indemnización, y no basta con demostrar que la entidad se apartó del deber de buena fe o de los principios de la función administrativa. Una razón es que el demandante debía acreditar los costos asociados a la etapa precontractual, que corresponden al interés negativo, y no los pidió ni los probó. Otra razón es que si se analizara el interés positivo, es decir, la utilidad esperada del contrato frustrado, tampoco se acreditó su valor. En el caso, la Sala reconoció que la entidad no actuó de buena fe durante la invitación y la adjudicación, pero concluyó que de ese comportamiento no puede predicarse un daño, porque el daño no se acreditó, y confirmó la negación de las pretensiones. La providencia cita precedente sobre el interés positivo; no indica si reitera, unifica o cambia precedente, y su consecuencia práctica es que la irregularidad precontractual solo genera indemnización si el proponente prueba el perjuicio con soportes concretos.síntesis automática
También resuelve:¿El demandante debía demostrar que con motivo de la elaboración y presentación de la oferta se le causaron perjuicios que debían ser indemnizados?¿En la sentencia impugnada el juez decidió no darle valor al dictamen pericial por presentar inconsistencias e imprecisiones que afectaban su credibilidad?¿Se evidencia que el Instituto de Seguros Sociales faltó al deber de buena fe en la etapa precontractual y contravino los principios de igualdad e imparcialidad?
¿Puede concluirse, con base en el análisis probatorio realizado, que el dictamen pericial carece de idoneidad técnica y sustento fáctico suficiente para acreditar con certeza los perjuicios alegados por el contratista? Sí
El contratista no puede acreditar con certeza los perjuicios alegados por la insuficiencia y falta de idoneidad técnica del dictamen pericial, que no discrimina ingresos propios de los recibidos en nombre de terceros, omite considerar estados financieros y oferta económica, y carece de soporte documental para costos de nómina y arrendamientos. Además, la prolongación del contrato por prórrogas adicionales no fue probada como causante de perjuicios ciertos. La entidad no incurrió en omisión de decreto de prueba de oficio, y la condena en abstracto no procede por la ausencia de prueba del perjuicio, lo que implica que la entidad estatal no está obligada a indemnizar por perjuicios no acreditados.síntesis automática
También resuelve:¿Debe rechazarse la imposición de una condena en abstracto cuando no se ha acreditado la existencia cierta del perjuicio y la parte demandante no cumplió con su carga probatoria conforme al artículo…¿Procede la condena en costas de la parte apelante por habérsele resuelto de manera negativa el recurso de apelación?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-09-20Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 54001233300020190028401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El juez debe establecer si la medida cautelar solicitada es imprescindible para la protección del derecho objeto del litigio? Sí
El juez debe establecer si la medida cautelar solicitada es imprescindible para proteger el derecho objeto del litigio, asegurando que se cumplan los requisitos legales como la acreditación del perjuicio material y la necesidad de la medida cautelar. La Sala revoca la medida cautelar de suspensión provisional dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, al no encontrar acreditados los elementos que permitan apreciar la ilegalidad en el proceder de la entidad demandada ni la necesidad de la medida cautelar. La regla reitera la importancia de que la solicitud de medida cautelar esté debidamente sustentada y que el juez evalúe rigurosamente la legalidad del acto administrativo acusado, lo que implica que las partes deben presentar pruebas suficientes para demostrar la necesidad de la medida cautelar y la existencia de un perjuicio material.síntesis automática
También resuelve:¿La actuación desplegada por la entidad demandada se revela arbitraria o abiertamente contraria al derecho de defensa de la accionante?¿La solicitud de medida cautelar debe estar debidamente sustentada, expresando los motivos por los cuales se debe acceder a dicha medida?¿La medida cautelar de suspensión provisional es una figura excepcional y restrictiva, derivada del principio de legalidad?
¿El proceso de contratación directa para la construcción de las obras resulta suficiente para desvirtuar la existencia de los perjuicios sufridos por la entidad contratante? No
La existencia del perjuicio por la entrega deficiente del objeto de un contrato de consultoría no se desvirtúa con argumentos sobre el proceso de contratación directa posterior, sino con prueba de que el producto cumplía las exigencias contractuales de calidad. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la frustración del objeto pactado en la consultoría fue determinante, y el argumento sobre la contratación directa no acredita que los productos satisficieran la necesidad contratada. Segunda, la cuantificación del perjuicio se fundó en la efectividad del amparo de calidad por el valor asegurado, y esa cuantificación no fue desvirtuada por la parte actora. Tercera, conforme a la carga de la prueba, quien alega el cumplimiento de la calidad debía demostrarlo. La providencia revoca la decisión de primera instancia y mantiene la cuantificación del acto. La consecuencia práctica es que el contratista que pretende desvirtuar la indemnización por calidad deficiente debe probar la calidad del producto y no basta con la existencia de otro proceso de contratación.síntesis automática
También resuelve:¿Los productos resultantes de la consultoría satisficieron la necesidad para la cual fueron contratados?¿El dictamen pericial carece de la fuerza probatoria necesaria para desvirtuar los hechos que le dieron sustento al acto administrativo demandado?¿La declaratoria del siniestro trató de ocultar la negligencia en adelantar la construcción de la obra?
¿Resulta procedente la nulidad de los actos administrativos por medio de la cuales se declaró incumplido del contrato, la ocurrencia del siniestro del contrato de compraventa y se ordenó la liquidación del mismo, al observarse falsa motivación por haberse desconocido el contrato modificatorio donde se acordó entre las partes el precio de las unidades que el contratista debía entregar? Sí
Los actos que declaran el incumplimiento de un contrato y ordenan su liquidación son nulos por falsa motivación cuando recalculan el precio de las unidades desconociendo el contrato modificatorio en el que las partes lo fijaron. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que la entidad volvió a tasar el valor de los vehículos para 2009 pese a que las partes habían firmado un modificatorio para ese efecto. La segunda es que el cálculo de 2010 no aplicó el valor pactado en ese modificatorio. La tercera es que, si la entidad consideraba que el contratista la indujo en error con la guía de valores, debía demandar la nulidad del contrato modificatorio y no recalcular los precios. En el caso concreto, la Sala confirma la nulidad de los actos. Respecto de la prueba pericial, el dictamen no debía considerarse para calcular la condena, porque el perito no explicó el origen de sus cifras ni aportó soporte alguno. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El dictamen pericial debió considerarse para¿Resulta procedente hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria y reconocer intereses moratorios a los interesados, cuando se observa que la cláusula penal perdió vigencia por la declaratoria de…¿Resulta procedente que en el cruce de cuentas que se realiza en la liquidación judicial del contrato, se excluya del pago a cargo de la demandada el abono que hizo al contratista…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-06-06Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 52001233300020180024501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El recurso de reposición es procedente contra el auto que niega el decreto de pruebas, por lo que la adecuación del recurso al de apelación fue una decisión equivocada por parte del Tribunal? Sí
El recurso de reposición procede contra todos los autos interlocutorios dictados en el proceso contencioso administrativo, salvo norma legal restrictiva expresa. La providencia analiza la actuación de un tribunal que había adecuado erróneamente un recurso de reposición interpuesto contra un auto denegatorio de pruebas testimoniales para tramitarlo como apelación. Al resolver el caso, el despacho superior aclara que, conforme al artículo 242 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021, la reposición es el mecanismo idóneo frente a cualquier auto que no cuente con una prohibición legal específica. Como el ordenamiento no restringe la procedencia del recurso de reposición frente a los autos que niegan decretar pruebas testimoniales solicitadas por las partes, se concluye que la adecuación procesal efectuada por el tribunal de primera instancia fue equivocada, restableciendo la competencia para tramitar el recurso interpuesto.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el Consejo de Estado revisar la procedencia de un recurso interpuesto, incluso si fue concedido por el juez de primera instancia?¿Es procedente decretar la inspección judicial únicamente cuando no sea posible demostrar los hechos por otros medios probatorios?¿Debe confirmarse el rechazo de una solicitud probatoria cuando los documentos requeridos ya obran en el expediente por haber sido previamente decretados como prueba?
¿Se demostró que la actuación del demandado en repetición fue negligente de forma que pueda atribuírsele responsabilidad patrimonial? No
En la acción de repetición, la sentencia que anula el acto de desvinculación no prueba por sí misma el dolo ni la culpa grave del servidor, de modo que la responsabilidad patrimonial exige demostrar su conducta. La regla se apoya en tres razones. Primera, la presunción de dolo por desviación de poder solo opera cuando se acredita el hecho que la configura, esto es, un fin particular o arbitrario perseguido por la administración. Segunda, la entidad demandante debe aportar el acto administrativo de declaratoria de insubsistencia, pues la sola sentencia de nulidad y restablecimiento no permite inferir el elemento subjetivo. Tercera, la carga de la prueba recae en el accionante, que no puede beneficiarse de presunciones cuyo supuesto de hecho no está configurado. Por ello, la providencia niega las pretensiones de la demanda. En la práctica, la repetición fracasa cuando el actor se limita a la sentencia condenatoria y no aporta los actos y las pruebas que acrediten la conducta del agente.síntesis automática
También resuelve:¿La sentencia no analizó ninguna prueba en la que se evidenciara que el demandante obró con desviación de poder?¿El acto de insubsistencia demandado no persiguió las razones del buen servicio público porque la Administración no probó que su retiro haya obedecido a tales razones?¿Se estudia si se configura el supuesto de hecho de la presunción de dolo alegada por la parte demandante?
¿Las presunciones legales de la Ley 678 de 2001 no son aplicables al presente asunto en tanto la entidad demandante no cumplió con la carga de identificar el evento de la norma que resultaba aplicable al caso concreto, para que el demandado pudiera ejercer su derecho defensa y contradicción frente a esa presunción alegada? Sí
El contratista no puede beneficiarse de las presunciones legales de la Ley 678 de 2001 en una acción de repetición si la entidad demandante no identifica claramente el evento de la norma aplicable, lo que impide al demandado ejercer su derecho a la defensa y contradicción. La Sala determina que la entidad debe cumplir con la carga de probar el elemento subjetivo de la responsabilidad, en este caso el dolo, y no puede ampliar las pretensiones al estudio de la responsabilidad por culpa grave en los alegatos de conclusión y en el recurso de apelación, ya que esto afectaría el derecho de defensa del demandado. Además, la Sala concluye que la entidad no acreditó dolo en el acto de declaratoria de insubsistencia del funcionario de libre nombramiento y remoción, dado que la demandada desconocía la condición de pre-pensionado del afectado y no había sido informada de esta situación, lo que implica que no puede ser considerada responsable por actuar en ausencia de dolo. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los requisitos de procedibilidad en la acción de repetición y la necesidad de acreditar claramente el elemento subjetivo de la responsabilidad.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de repetición debe ser estudiada conforme a los fundamentos de la demanda cuyo contenido alegó únicamente el dolo como elemento subjetivo de responsabilidad…¿El acto de declaratoria de insubsistencia del funcionario de libre nombramiento y remoción fue expedido por la funcionaria del ICBF en ausencia de dolo…¿La tasación de las agencias en derecho se hace en virtud de la naturaleza, calidad y duración de la gestión del apoderado de la demandada?
¿En el marco del medio de control de repetición, se materializó la imputación subjetiva contra el exsoldado a título de dolo o culpa grave ? No
Cuando una entidad estatal es condenada con fundamento en la falla del servicio, esa condena no basta para probar el dolo o la culpa grave del servidor en el proceso de repetición. La regla se sostiene en tres razones. Primera, el juez de repetición debe valorar si la desatención de los deberes funcionales fue de tal magnitud que obligue al servidor a restituir la condena, sin que baste insistir en el incumplimiento del deber legal que motivó la condena. Segunda, las providencias de reparación directa que sustentaban la pretensión imputaban riesgo excepcional, no falla, y sus consideraciones no prueban por sí solas la imputación subjetiva. Tercera, el uso de un arma de dotación oficial, sin prueba de los demás elementos de tiempo, modo y lugar, no permite deducir dolo ni culpa grave, que es requisito de la repetición según el artículo 90 de la Constitución. Por ello se confirmó la negativa de las pretensiones. La providencia reitera esa jurisprudencia sobre la prueba de la culpa grave.síntesis automática
También resuelve:¿Ser condenada una entidad del Estado con fundamento en la falla del servicio, es suficiente para probar el dolo o culpa grave del funcionario en el proceso de repetición?¿En un proceso de repetición se reclama probar no solo la condena impuesta al Estado y su cumplimiento, sino también la culpa grave o el dolo del agente?¿La condena a una entidad estatal a través de un juicio previo conlleva la responsabilidad del agente o exagente del Estado que eventualmente hubiere dado lugar a la misma?
¿La conducta dolosa debe quedar establecida de manera plena e individualizada en el proceso de repetición? Sí
En la acción de repetición, la conducta dolosa del agente debe quedar establecida de manera plena e individualizada dentro del propio proceso, sin que la sentencia que declaró la nulidad de los actos por desviación de poder acredite automáticamente la responsabilidad subjetiva del demandado. La regla se apoya en que ese juicio previo y diferente tiene otro objeto, de manera que el juez de la repetición debe hacer una valoración autónoma e independiente de la prueba del elemento subjetivo. Además, la carga probatoria recae sobre la entidad que pretende el reembolso, que no puede limitarse a reproducir las consideraciones de las sentencias que la condenaron. En el asunto, la entidad se limitó a afirmaciones sobre una supuesta conducta dolosa, basadas en las mismas consideraciones de las sentencias condenatorias, y no probó el actuar doloso que fundaba su pretensión reversiva. La Sala confirmó la decisión que negó las pretensiones. En la práctica, la acción de repetición no prospera cuando el dolo se afirma pero no se prueba en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Existe prueba de la conducta dolosa del demandado en repetición?¿Las sentencias que declararon la nulidad de los actos y ordenaron el restablecimiento del derecho ordenando unos pagos solo acreditan lo que allí se decide?¿El Tribunal declaró la nulidad de los actos administrativos que declararon la insubsistencia por cuanto tuvieron como móvil las desavenencias que tenía el juez con su empleada?
¿Se acreditó la culpa grave de los demandados en repetición? No
El contratista no acredita la culpa grave de los demandados en un medio de control de repetición, ya que la Sala determina que la única prueba presentada, un estudio técnico para la restructuración de la planta de personal, no demuestra la autoría ni la responsabilidad de los demandados en su elaboración. Además, la decisión de modificar la planta de personal fue adoptada por el Consejo Directivo de la Industria Licorera de Caldas, órgano competente según la ordenanza de la Asamblea Departamental de Caldas, y no por los demandados. La Sala reitera que para prosperar la acción de repetición es necesario acreditar la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente estatal, lo que no se logra en este caso, por lo que confirma la decisión de negar las pretensiones de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿No se acreditó la existencia de culpa grave por parte de los demandados?¿En los casos en que el Estado es obligado a reparar un daño debe repetir contra su agente cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este?¿La condición de agentes estatales de los demandados está acreditada, según las resoluciones de nombramiento y las actas de posesión?
¿La metodología para definir los honorarios por la realización de los diseños arquitectónicos, fue fijada conforme a lo pactado en el contrato y a las reglas del pliego de condiciones? Sí
Cuando el pliego de condiciones y el contrato fijan una metodología para calcular los honorarios de los diseños arquitectónicos, esa metodología obliga a las partes y no puede sustituirse por otra que el contratista considere más conveniente, aunque también esté prevista en la normativa aplicable. La regla se sostiene en que la metodología fue establecida desde el pliego, explicada a todos los proponentes y reflejada en una cláusula del contrato, de modo que lo pactado prima sobre la pretensión posterior de cambiarla. Además, el concepto de la interventoría señaló que la metodología aplicada es una de las que contempla el Decreto 2090 de 1989, lo que confirma su validez frente a la alternativa propuesta. En el asunto, el contratista pretendió que se aplicara otra metodología que le resultaba más favorable, y la Sala confirmó que los honorarios debían calcularse con la metodología pactada, que fue la que efectivamente se aplicó. En la práctica, el contratista no puede cambiar la base de liquidación de sus honorarios por una distinta a la acordada.síntesis automática
También resuelve:¿La cuantía es un factor para determinar la competencia en lo contencioso administrativo?¿El demandante está legitimado en la causa por activa al ser el contratista de la relación jurídica cuestionada?¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, empezó a contar desde la fecha de finalización del contrato de consultoría?