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Auto interlocutorio — Auto que dispone trámite de sentencia anticipada2022-11-08Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 11001032600020150014500LEY 1437 REPETICION
¿Corresponde determinar si el demandado es responsable por la suma que debió pagar el DAS por la condena impuesta? Sí
La parte demandante adujo que el demandado… era director del DAS y fue condenado penalmente como autor mediato del homicidio de [la víctima]. Los familiares de [la víctima] demandaron en reparación directa al DAS y el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró responsable a esa entidad y condenó al pago de perjuicios, en sentencia del 12 de octubre de 2012. Solicitan que se declare que [el demandado] es responsable de la condena [impuesta]. De conformidad con el artículo 182A CPACA, el Despacho fijará el litigio de la siguiente forma: Corresponde a la Sala determinar si [el demandado] es responsable por la suma que debió pagar el DAS, por la condena impuesta por el Tribunal Administrativo del Atlántico.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve nulidades procesales2025-04-28Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 68001233300020180073901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El incidente de nulidad procesal propuesto por la demandante, relacionado con las causales establecidas en los numerales 2 y 5 del artículo 133 del CGP, es procedente? No
El contratista no puede interponer un incidente de nulidad procesal basado en las causales establecidas en los numerales 2 y 5 del artículo 133 del Código General del Procedimiento Administrativo, ya que dichas causales no se configuran en el caso presente. La causal del numeral 2 requiere la pretermisión integral de una instancia, lo cual no ocurre cuando el juez considera pruebas presentadas en una instancia previa, mientras que la causal del numeral 5 se refiere a la omisión de una oportunidad probatoria, lo cual no se da en este caso. Además, la nulidad procesal propuesta por el contratista estaría originada en una sentencia contra la cual no procede recurso, por lo que debería ser ventilada mediante el recurso de revisión y no por medio de un incidente. Esta decisión reitera y matiza precedentes anteriores, estableciendo que el incidente de nulidad procesal no es procedente cuando no se cumplen las condiciones específicas de las causales del artículo 133 del CGP.síntesis automática
¿Cuáles son los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición? Sí
El contratista puede valerse de cualquier medio legalmente válido para acreditar el pago de la condena en la acción de repetición, conforme a la libertad probatoria consagrada en el Código Civil y recogida en el Código de Procedimiento Civil y el Código General del Proceso. Desde 2013, la corporación ha reiterado que los documentos expedidos por entidades públicas tienen plena validez y capacidad probatoria como documentos públicos, salvo tacha de falsedad o contradicción probatoria por parte de la contraparte. Esto implica que el contratista puede presentar documentos de naturaleza pública para acreditar el pago, sin necesidad de medios adicionales de prueba, siempre que la contraparte no logre demostrar su falsedad o contradicción.síntesis automática
También resuelve:¿El ordenamiento jurídico permite que el deudor pueda valerse de cualquier medio de prueba legalmente válido para acreditar el pago de la condena en la acción de repetición?¿Se acreditó el pago de la condena con documentos de naturaleza pública?¿Se acreditó una conducta gravemente culposa en cabeza de los miembros del Ejército en el operativo militar que dé lugar a la prosperidad de la acción de repetición?
¿Procede complementar la sentencia, en el sentido de aceptar la tacha de falsedad formulada por la Terminal de Transportes del Socorro S.A., respecto del otrosí No. 3 al contrato de prestación de servicios No. 1 de 2010, aspecto frente al cual el Tribunal no realizó pronunciamiento alguno? Sí
El contratista puede solicitar la adición de la sentencia para aceptar una tacha de falsedad en un otrosí del contrato, siempre y cuando la falsedad esté debidamente acreditada mediante pruebas como el cotejo grafológico, tal como lo permite el artículo 287 del Código General del Proceso. Sin embargo, la terminación unilateral del contrato no produce efectos si el contrato ya se encuentra terminado en el momento de la decisión unilateral, y no se acredita un incumplimiento contractual que justifique la liquidación judicial del contrato. Por tanto, la condena en costas contra la parte vencida en el proceso es procedente conforme al artículo 188 del Código Procesal Administrativo y el artículo 365 del Código General del Proceso, y se fijan agencias en derecho en base al Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.síntesis automática
También resuelve:¿Procede declarar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la entidad demandada terminó unilateralmente el contrato de prestación de servicios?¿Se acreditó que la entidad demandada incumplió el contrato de prestación de servicios al terminarlo anticipadamente, lo cual produjo efectos?¿Procede revocar la decisión de condenar a la TTS a cancelar el valor pendiente por pagar, por el supuesto incumplimiento contractual…
Auto interlocutorio — Auto que decide sobre excepciones previas2025-07-01Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 11001032600020200001000LEY 1437 REPETICION
¿Al presente asunto le resultan aplicables el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Código General del Proceso, por ser las disposiciones procesales vigentes a la fecha de presentación de la demanda? Sí
El contratista no puede prosperar en la excepción previa de inepta demanda en un medio de control de repetición, ya que las copias simples de documentos que dan cuenta del proceso original gozan de eficacia probatoria y se presumen auténticas, salvo que la parte contraria las tache de falsas. Además, los documentos elaborados por las entidades públicas son válidos y tienen capacidad probatoria para acreditar el pago de la condena, lo que permite subsanar la irregularidad procesal sin necesidad de declarar la demanda inepta. Esta decisión reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la valoración de documentos públicos y la libertad probatoria en la acreditación del pago, lo que implica que las entidades estatales deben aceptar la validez de los documentos elaborados por ellas mismas para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente declarar configurada la excepción de inepta demanda del medio de control de repetición, a pesar de haberse acreditado: i) una debida acumulación de pretensiones; y…
Auto interlocutorio — Auto que dispone trámite de sentencia anticipada2025-06-24Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 11001032600020210021800LEY 1437 REPETICION
¿Teniendo en cuenta que la demanda fue presentada el 24 de septiembre de 2021, se le debe aplicar el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo? Sí
El contratista debe aplicar el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y las modificaciones introducidas por la Ley 2080 de 2021, siempre que la demanda haya sido presentada después del 24 de septiembre de 2021, fecha en que entraron en vigencia dichas disposiciones, salvo las excepciones previstas en el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021. Además, el magistrado ponente es quien debe proferir el auto que dispone el trámite de la sentencia anticipada, conforme a los artículos 125-3 y 182A del CPACA. La sentencia anticipada permite al juez dictar sentencia sin agotar las etapas procesales previas cuando se trate de asuntos de puro derecho, no haya necesidad de practicar pruebas, o cuando las pruebas solicitadas sean impertinentes, inconducentes o inútiles, según lo dispuesto en el artículo 182A-1 del CPACA. En el caso examinado, se configuran los presupuestos para dictar sentencia anticipada, ya que las pruebas solicitadas son documentales y fueron aportadas con la demanda sin que se haya formulado tacha alguna, lo que permite dar aplicación a los artículos 212 y 168 del CPACA y CGP respectivamente.síntesis automática
También resuelve:¿El auto mediante el cual se prescinde de la audiencia inicial con el fin de dictar la sentencia anticipada debe ser proferido por el magistrado ponente?¿La sentencia anticipada autoriza al juez para prescindir de las etapas procesales que normalmente deberían agotarse previamente para dictar sentencia…¿Se configuran los presupuestos para dictar sentencia anticipada, pues, las pruebas solicitadas son documentales y fueron aportadas con la demanda, el escrito de intervención y…
¿Lo que procedía en este caso era hacer el balance de lo amortizado para solicitar en sede de liquidación el valor no amortizado como una deuda del contratista con la entidad? Sí
El contratista no puede declarar el incumplimiento del contrato por no amortización del anticipo, ya que lo procedente es hacer el balance de lo amortizado para solicitar en sede de liquidación el valor no amortizado como una deuda del contratista con la entidad. En el acta de ajuste definitivo se establece que el valor por amortizar es de mil sesenta millones setecientos veintitrés mil setecientos cincuenta y nueve pesos con doce centavos ($1.060.723.759,12), sin incluir valores o descuentos por incumplimiento del contrato. La Sala modifica la jurisprudencia al indicar que no es posible decretar la liquidación judicial del contrato mientras se encuentre pendiente otro proceso judicial en el que se presenten pretensiones económicas sobre el contrato, lo que impide la liquidación judicial hasta que no queden reclamaciones por resolver. Las actas parciales, el acta final de recibo de obra y el acta de ajuste final dan cuenta que el contratista no amortizó el valor total del anticipo, y la caducidad del medio de control de controversias contractuales se cuenta desde el plazo máximo para liquidar el contrato, que vence dos años después de la terminación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó que se encuentra en curso otro proceso judicial en el que se presentaron pretensiones económicas sobre el contrato?¿Las actas parciales, el acta final de recibo de obra y el acta de ajuste final dan cuenta que el contratista no amortizó el valor total del anticipo?¿La caducidad del medio de control de controversias contractuales se cuenta desde el plazo máximo para liquidar el contrato?
¿El fallo de responsabilidad patrimonial o en sede de legalidad ata al juez de la repetición? No
El fallo de responsabilidad patrimonial del Estado o de nulidad del acto no ata al juez de la repetición, de modo que la conducta dolosa o gravemente culposa del agente debe acreditarse en el proceso de repetición con prueba propia. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la sentencia condenatoria contra el Estado no es prueba suficiente de la conducta del agente, porque en repetición se realizan valoraciones distintas sobre el comportamiento del servidor y no sobre la responsabilidad del Estado. Segunda, la declaración judicial de afectación de un derecho o de antijuridicidad del daño no acredita la conducta dolosa o culposa del agente que lo propició. Tercera, la entidad que pretende repetir debe expresar la causal de la presunción de dolo o culpa grave y acreditar sus supuestos en el proceso, con oportunidad de defensa para el demandado. En el caso no se acreditó el aspecto volitivo del demandado, por lo que la providencia revoca la decisión de primera instancia. La consecuencia práctica es que la condena previa no sustituye la prueba del dolo o de la culpa grave en la acción de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La desviación de poder manifestada está respaldada en el acervo probatorio?¿Las atribuciones otorgadas a un funcionario público para gestionar y concretar un acto deben dirigirse principalmente al cumplimiento de los fines del Estado?¿El acto administrativo fue proferido por el demandado ostentando la calidad de servidor público?
¿Se configuró el fenómeno preclusivo de la caducidad? Sí
El término de caducidad para la acción de repetición se cuenta desde el día siguiente al vencimiento del plazo que tenía la entidad para pagar la condena, y si el pago se realiza fuera de ese plazo, el término de dos años corre desde el día siguiente a la fecha límite de pago. La regla se apoya en el término de dieciocho meses que el artículo 177 del Decreto 01 de 1984 fijaba para cumplir la condena, contado desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia, y en el artículo 164 literal l de la Ley 1437 de 2011, que establece el término de dos años para demandar. Por ello, el pago tardío no prorroga el plazo para repetir sino que lo desplaza al vencimiento del plazo legal. En el asunto, la entidad realizó el último pago después del término legal y la demanda se presentó vencido el plazo de dos años, por lo que la Sala declaró configurado el fenómeno de la caducidad y negó las pretensiones. En la práctica, la entidad que paga tarde la condena debe calcular la caducidad de la repetición desde la fecha límite de pago y no desde el pago efectivo.síntesis automática
También resuelve:¿El pago de los perjuicios fue cancelado al apoderado de los demandantes a través del despacho judicial que conoció del proceso por vía ejecutiva?¿El mérito probatorio de los documentos públicos lo asigna el juez luego de la apreciación de las pruebas en conjunto?¿La caducidad, dado su carácter de orden público, es indisponible y puede ser declarada de oficio por el juez?
¿El demandante en la acción de repetición acreditó que la conducta desplegada por el demandado comportara una actuación gravemente culposa? No
A la luz del exiguo material probatorio, la Sala concluye que no se acreditó que la conducta desplegada por el ex funcionario [del Incoder] comportara una actuación gravemente culposa. En este caso, en contravía de las exigencias que requiere la prueba del elemento subjetivo de la acción de repetición, el demandante se limitó a consignar afirmaciones en torno a una supuesta conducta gravemente culposa con base en las mismas consideraciones expuestas por el tribunal administrativo en la sentencia que condenaron al Instituto, dejando de probar la presunción de culpa grave con base en la cual soportó la pretensión reversiva. Por consiguiente, se confirmará la decisión impugnada que negó las pretensiones de la demanda.
También resuelve:¿Se probó que el demandado hubiese obrado de manera imprudente y negligente para la adopción de la decisión que declaró insubsistente el nombramiento?¿Se probó una conducta gravemente culposa imputable al demandado?¿Los documentos obrantes en el proceso acreditan que el INCODER pagó la totalidad de la obligación impuesta?
¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca? Sí
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conforme a la vocación de doble instancia del proceso y la cuantía de la demanda que excede los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La caducidad del medio de control de controversias contractuales es un mecanismo irrenunciable que limita el ejercicio del derecho de acción, operando como sanción por falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial, y no admite suspensión salvo en casos de solicitud de conciliación extrajudicial. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el impugnante, garantizando así el derecho de impugnación contra una decisión judicial. Esta sentencia reitera y confirma la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y establece límites claros para el ejercicio del recurso de apelación.síntesis automática
También resuelve:¿La consecuencia por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar?¿El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el impugnante?¿Lo que se está cuestionando es el acto de liquidación del contrato y no propiamente el cumplimiento obligacional de parte del contratista?
¿La solicitud de conciliación prejudicial se presentó cuando ya había operado la caducidad? Sí
El término de 4 meses pactado para realizar la liquidación bilateral del contrato corrió entre el 4 de agosto y el 4 de diciembre de [2008] y el de 2 meses para que el Distrito lo hiciera unilateralmente, entre el 5 de diciembre de 2008 y el 5 de febrero de 2009, por lo cual el plazo para presentar la demanda operó entre el día 6 de esos mismos mes y año y el 6 de febrero de 2011. La solicitud de conciliación prejudicial se presentó el 13 de octubre de 2011, es decir, cuando ya había operado la caducidad, por lo cual no tuvo la virtualidad de suspender el término. Como la demanda se presentó el 12 de enero de 2012, se concluye que fue extemporánea. Al margen de la fecha en que se firmó la denominada acta de liquidación y más allá de los reproches que motivaron la alzada que se asociaron a tal aspecto, la demanda se presentó de manera extemporánea, lo que impone a la Sala confirmar la decisión de primera instancia.
También resuelve:¿Resulta cuestionable que la parte demandante pretenda desconocer lo consignado expresamente en el documento que ella misma aportó?¿Se conduce al supuesto de inexistencia de liquidación dado que tampoco hubo un acto unilateral que adoptara el balance final del negocio jurídico?¿En la interpretación de las normas que consagran la caducidad como en el análisis de los supuestos fácticos de cada caso, deben aplicarse los principios pro homine, pro actione y pro damato?
¿El resultado lesivo consistente en la muerte de la víctima fue consecuencia de un actuar doloso de parte del conscripto demandado en repetición? Sí
La presunción de dolo que la Ley 678 de 2001 asocia a la condena penal del agente se mantiene cuando el demandado no la desvirtúa, y el elemento subjetivo de la acción de repetición se acredita con esa presunción. La regla se sostiene en que el hecho que da base a la presunción debe estar debidamente acreditado y en que la condena penal por dolo, como coautor del delito que causó la muerte de la víctima, dio lugar a la presunción. Por ello, el agente debe demostrar lo contrario para desvirtuarla. En el asunto, el demandado fue condenado penalmente a título de dolo, participó en la comisión del delito y nunca negó su participación, por lo que la Sala concluyó que el resultado lesivo fue consecuencia de su actuar doloso y revocó la sentencia de primera instancia para acceder a las pretensiones. En la práctica, la condena penal por dolo fija el elemento subjetivo en la repetición si el agente no lo desvirtúa.síntesis automática
También resuelve:¿Para cuantificar la condena de repetición, se debe atender el grado de participación del agente en la producción del daño?¿El servidor o exservidor público fue declarado penal o disciplinariamente responsable a título de dolo, por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del…¿Se ordenará que a cargo del demandado estará la obligación de atender el reembolso del treinta por ciento (30%) del valor total que debió pagar la entidad demandante?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de las controversias relativas a la validez de contratos de prestación de servicios celebrados por entidades públicas, conforme al artículo 104 del CPACA. En la presente providencia, la Sala determinó que el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para desatar los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia dictada por el tribunal administrativo, en atención a la vocación de doble instancia del proceso y dado que la pretensión de mayor valor formulada en la demanda superaba los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la presentación de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro del término legal?¿Dependiendo de la tipología contractual, se define la modalidad de selección?¿El acuerdo de voluntades celebrado por las partes se enmarca en la tipología contractual de prestación de servicios?
¿La parte demandada desvirtuó las presunciones de dolo y culpa grave ? Sí
En este proceso, el demandado desvirtuó la presunción de dolo y culpa grave (arts. 5.4 y 6.1 Ley 678 de 2001). Sólo se probó que un juzgado impuso medida de aseguramiento contra el demandado, pero no se acreditó que fue declarado penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por el daño que sirvió de fundamento para la condena a la entidad demandante. No se acreditaron… las circunstancias de modo en que ocurrió el disparo, ni que el daño fue consecuencia de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. El Tribunal estimó que la conducta de la víctima incidió en la ocurrencia del accidente y no fue posible establecer cómo ocurrió el disparo, conforme a las pruebas técnicas de este proceso.
También resuelve:¿Se valora si la desatención del deber funcional del servidor público fue de tal magnitud que lo obliga a restituir al Estado la condena en su contra?¿El demandado tiene la posibilidad de desvirtuar la presunción legal?¿El término para formular la acción de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad?
¿Es posible otorgar eficacia probatoria a la prueba aportada en medio magnético por el demandante, considerando que, pese a que la entidad demandada refutó de manera general su contenido, para atacar a través de la figura del desconocimiento la presunción de autenticidad que opera sobre el documento, no bastaba con que la parte en contra de la cual se aduce manifieste de manera general e injustificada que no le consta que el documento corresponda a quien la otra lo haya atribuido, sino que debe expresar los motivos que la llevan a hacer esa afirmación? Sí
El contratista puede otorgar eficacia probatoria a la prueba aportada en medio magnético, incluso cuando la entidad demandada refuta de manera general su contenido, siempre y cuando esta última exprese los motivos que la llevan a desconocer el documento, en lugar de hacerlo de manera general e injustificada. La presunción de autenticidad que opera sobre el documento no se desvirtúa simplemente por la falta de una certificación o constancia de autenticidad, y la entidad demandada debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 272 del Código General del Proceso para desconocer un documento. Esta regla reitera la importancia de la buena fe en la valoración de la prueba documental y matiza la interpretación de la figura del desconocimiento en el contexto de la prueba en medio magnético, lo que implica que las entidades estatales deben justificar adecuadamente cualquier refutación de la autenticidad de los documentos presentados en el proceso.síntesis automática
También resuelve:¿La base de datos aportada en medio magnético por el demandante, acredita que la liquidación unilateral del contrato de aseguramiento realizada por el Municipio es nula por falsa motivación…¿En vigencia del C.P.A.C.A., resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte vencida en el proceso, esto es, a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
¿Se configuró la excepción de inepta demanda por haberse ejercido el medio de control de controversias contractuales? Sí
Cuando el daño que se reclama en una demanda de controversias contractuales tiene origen en actos administrativos expedidos por el agente liquidador de una entidad en liquidación que rechazaron una reclamación, la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de controversias contractuales. La regla se sostiene en tres razones: los actos del agente liquidador que deciden sobre acreencias son actos administrativos que exteriorizan la voluntad de la administración de manera particular y concreta; esos actos gozan de presunción de legalidad, que debe desvirtuarse a través del medio de control correspondiente; y el daño reclamado proviene de la decisión que rechazó la reclamación y no del incumplimiento del contrato. En el caso, la demanda no cuestionó esos actos, por lo que se configuró la ineptitud de la demanda y se confirmó la decisión que la declaró. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la reclamación contra el rechazo de una acreencia en un proceso liquidatorio debe demandarse mediante nulidad y restablecimiento dentro de su término.síntesis automática
También resuelve:¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de controversias que giran en torno a la actividad de una entidad pública?¿Cuando lo que se persigue es la nulidad de un acto administrativo de carácter particular y concreto que se considera ilegal…¿Procede la valoración de los documentos aportados en copia simple que no fueron tachados de falsedad por alguna de las partes en la oportunidad procesal pertinente?
¿La acción de controversias contractuales se presentó dentro de los 2 años contados a partir del vencimiento del término para liquidar bilateral o unilateralmente el convenio interadministrativo No. 1128 del 18 de julio de 2005? Sí
El contratista presenta la acción de controversias contractuales dentro de los dos años contados a partir del vencimiento del término para liquidar bilateral o unilateralmente el convenio interadministrativo, siempre que no se haya establecido un plazo específico para la liquidación unilateral y el legislador no haya previsto un término distinto. En este caso, el convenio interadministrativo No. 1128 del 18 de julio de 2005 estipuló que la liquidación se efectuaría de común acuerdo dentro de los cuatro meses siguientes a su terminación, y que, vencido este plazo, el Invías procedería a liquidarlo de forma unilateral sin señalar un término específico. La Sala, de conformidad con su jurisprudencia, consideró que el plazo de dos meses previsto en el literal (d) del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo es aplicable en ausencia de un plazo específico para la liquidación unilateral. Así, el término para liquidar el convenio bilateralmente venció el 1° de mayo de 2008, mientras que el plazo para liquidarlo unilateralmente expiró el 2 de julio de 2008, permitiendo que la acción de controversias contractuales se presentara dentro del plazo legal, reiterando la jurisprudencia sobre el cómputo del término de caducidad en este tipo de casos.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente valorar los documentos que fueron aportados al proceso en copia simple, si los mismos no fueron tachados de falsos?¿Cuentan con mérito probatorio las declaraciones que rindieron los testigos, a pesar de que uno de ellos desconoce lo acontecido en el marco del convenio interadministrativo y de que los demás no…¿El acuerdo de voluntades celebrado entre el INVÍAS y el municipio de Puerto Inírida tiene las características propias de un convenio interadministrativo…
¿Se probó la culpa grave del demandado en la declaratoria de nulidad del acto administrativo mediante el que declaró la insubsistencia de un cargo? No
La acción fue ejercida por el departamento de Bolívar, entidad que resultó condenada al declararse la nulidad del acto por medio del cual se declaró insubsistente al señor… .… [El demandado], como agente estatal… fue quien, en su condición de gobernador de Bolívar, expidió el decreto anulado por la jurisdicción contenciosa administrativa.… En esa perspectiva, la sola declaración de nulidad de un acto y la condena al Estado no equivale automáticamente a la culpa grave del funcionario, pues el criterio del juez contencioso administrativo —en el fallo de nulidad y restablecimiento del derecho— no ata al juez de la repetición, el cual debe centrarse en un verdadero juicio de responsabilidad subjetiva y personal del agente, según las pruebas legalmente acopiadas…
También resuelve:¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición contra agentes o exagentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa…¿La Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia, por lo que los hechos o actuaciones que ocurrieron con anterioridad a ella continuarán rigiéndose por la normativa…¿Las partes pueden acudir a cualquier medio legalmente válido para probar el pago de una obligación?
¿Se encuentra probado el incumplimiento de la entidad contratante en el reconocimiento de los perjuicios, de los sobrecostos, de las mayores inversiones y cantidades de obra como fuente del rompimiento del equilibrio económico del contrato, considerando que todas las suspensiones del contrato de obra se suscribieron por las partes de mutuo acuerdo y sin que la contratista hubiera consignado su inconformidad sobre tales decisiones en dichos documentos? No
Las suspensiones de un contrato de obra pactadas de mutuo acuerdo, sin que el contratista deje constancia de su inconformidad en los documentos, no permiten atribuir a la entidad un incumplimiento que genere sobrecostos o el rompimiento del equilibrio económico. La regla se apoya en tres razones. Primera, las suspensiones se firmaron de común acuerdo y el contratista no dejó consignada su inconformidad en esos documentos, aunque las dos primeras se dieron por causa de la entidad. Segunda, el listado de obligaciones del contrato no incluye sobrecostos, perjuicios ni mayores inversiones, y el valor a pagar se fijó con la cantidad de obra ejecutada, entregada y recibida por la interventoría. Tercera, no existe fundamento que permita acreditar que la entidad incumplió las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato. En consecuencia, la petición de reconocimiento de sobrecostos, perjuicios y mayores inversiones no tiene vocación de prosperar. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente arribar un pronunciamiento en relación con las pretensiones de desequilibrio económico del contrato estatal, fundadas en la ejecución de actividades ya ocurridas…¿Resulta errada la posición asumida por el tribunal de primera instancia en torno a establecer que, sin existir observación sobre los contratos adicionales ni actas de suspensión y reinicio…¿La sentencia apelada resulta incongruente y debe revocarse, por cuanto la demanda no incluyó pretensión alguna en torno a la declaratoria y devolución de los supuestos mayores valores descontados…