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PERSONA JURÍDICA PRIVADA

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Consejo de Estado Providencia

La declaración solicitada resulta inconducente para acreditar la dirección de notificación de las sociedades

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2024-06-14 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 41001233300020150002301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La declaración solicitada resulta inconducente para acreditar la dirección de notificación de las sociedades que integran el consorcio demandado? Sí
Cuando la parte demandada pretende probar con una declaración la dirección de notificación de sociedades privadas que integran un consorcio, la prueba es inconducente, porque las personas jurídicas de derecho privado se notifican personalmente en el canal digital informado en el registro mercantil. La regla se apoya en el artículo 199 del C.P.A.C.A., que ordena esa forma de notificación, y se sostiene en dos razones: el certificado de existencia y representación legal es el medio idóneo para acreditar la dirección y el cambio de representante legal, y la declaración testimonial no suple ese documento público. En el caso, el auto admisorio ordenó notificar por correo electrónico a los representantes legales de las sociedades integrantes, por lo que la declaración solicitada no era pertinente para acreditar la notificación ni el incidente de nulidad propuesto, y se confirmó la negativa del decreto. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que, para discutir la notificación de una sociedad, la parte debe revisar y aportar el registro mercantil y no una declaración de testigos.síntesis automática
También resuelve: ¿La declaración solicitada resulta pertinente para acreditar las afirmaciones en las que se sustenta el incidente de nulidad?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No se probó la alteración grave de la ecuación económica contractual

Sentencia — Sentencia 2022-03-30 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 76001233100020110129701 ACCION CONTRACTUAL
¿Se probó la alteración grave de la ecuación económica contractual y fue antijurídica la conducta de la entidad demandada? No
La alteración grave del equilibrio económico del contrato debe probarse por quien la alega, y el simple incremento de un tributo no basta para acoger las pretensiones económicas del contratista. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el gravamen de la estampilla alcanzaba a los documentos de cobro de obligaciones a cargo de la empresa pública, por lo que no hubo aplicación retroactiva del acuerdo municipal que lo creó. La segunda es que el contratista no allegó la propuesta económica del contrato ni otra prueba que permitiera concluir que el cobro adicional alteró gravemente el equilibrio o lo dejó en pérdida. En consecuencia, se negaron las pretensiones de la demanda por falta de prueba del desequilibrio y de la conducta antijurídica de la entidad. El documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que el contratista no obtiene la compensación reclamada por el tributo.síntesis automática
También resuelve: ¿La sociedad contratista acreditó la alteración grave del equilibrio financiero del contrato? ¿Se acreditó el desequilibrio económico del contrato? ¿Fue antijurídica la conducta de Metro Cali SA de aplicar el acuerdo del Concejo Municipal?
Consejo de Estado Providencia

La causa de las cancelaciones de los eventos musicales programados en el Aguinaldo Boyacense coordinado por el Consejo Superior de Policía, es imputable al contratista en el marco del manejo de los negocios privados con los artistas y, por tanto, deben ser asumidos bajo su propio riesgo financiero.

Sentencia — Sentencia 2024-06-28 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 15001233300020150079701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La causa de las cancelaciones de los eventos musicales programados en el Aguinaldo Boyacense coordinado por el Consejo Superior de Policía, es imputable al contratista en el marco del manejo de los negocios privados con los artistas y, por tanto, deben ser asumidos bajo su propio riesgo financiero? Sí
El contratista asume el riesgo financiero de las cancelaciones de eventos musicales programados en el Aguinaldo Boyacense, ya que las gestiones para la presentación de los artistas no garantizaban el cumplimiento de los contratos, y el pago del Consejo Superior de Policía no estaba condicionado a la realización efectiva de los eventos. La Sala establece que el incumplimiento del pago por parte del Consejo no genera responsabilidad indemnizatoria para este, dado que el contratista no pudo garantizar la presentación de los artistas en las fechas acordadas. Además, la corporación determina que el Consejo Superior de Policía es una persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio, lo que implica que el conocimiento del recurso de apelación corresponde a la jurisdicción ordinaria, en cumplimiento de la decisión proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo Superior de Policía es una institución cívico social, sin ánimo de lucro con personería jurídica y patrimonio propio… ¿En cumplimiento de la decisión proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura al resolver el conflicto negativo de jurisdicciones… ¿Se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio, al no haber sido parte de los contratos enjuiciados…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-10-21 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 68001233300020240019501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para conocer de una demanda en la que se alega la presunta responsabilidad extracontractual de una entidad pública junto con sujetos de derecho privado, así como para resolver la apelación interpuesta contra el auto del Tribunal Administrativo que rechazó la demanda por caducidad del medio de control? Sí
El contratista puede interponer una demanda de reparación directa ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuando se alega la responsabilidad extracontractual de una entidad pública junto con sujetos de derecho privado, y la entidad competente es el Consejo de Estado para resolver la apelación contra un auto de Tribunal Administrativo que rechaza la demanda por caducidad del medio de control, conforme a lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 y la jurisprudencia del Consejo de Estado. Además, la Sala reitera que el medio de control de reparación directa es procedente para reclamar el reembolso de inversiones realizadas por un urbanizador cuando existe una omisión administrativa en reintegrar dichos costos, y que el recurso de apelación fue presentado y sustentado oportunamente, lo que implica que los contratistas pueden recurrir a este medio para proteger sus intereses frente a enriquecimiento sin causa por parte de entidades estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿El recurso de apelación interpuesto contra el auto que rechazó la demanda fue presentado y sustentado oportunamente? ¿Procede el medio de control de reparación directa para reclamar el reembolso de inversiones realizadas por un urbanizador… ¿Procede el medio de control de reparación directa para reclamar el resarcimiento de perjuicios derivados de un enriquecimiento sin causa por parte de entidades estatales?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver los recursos de apelación contra las sentencias dictadas

Sentencia — Sentencia 2025-07-14 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 05001233100020070292402 ACCION CONTRACTUAL
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos? Sí
El contratista es competente para ceder su posición contractual en favor de una persona jurídica privada, como una distribuidora de licores, siempre y cuando se notifique y obtenga la aceptación del gobernador del departamento, tal como lo establece la normativa de contratación estatal. Esta regla se fundamenta en que la cesión del contrato no altera el régimen jurídico aplicable, y que la legitimación en la causa tanto por activa como por pasiva se mantiene en la entidad estatal y la cesionaria. La Sala modifica precedentes al establecer que la cesión de la posición contractual y los créditos y derechos litigiosos derivados del contrato son válidos cuando se cumplen los requisitos legales, lo que implica que las partes cesionarias deben cumplir con las formalidades establecidas para mantener la validez del contrato y la legitimación en el proceso.síntesis automática
También resuelve: ¿Ante la ausencia de un pacto para la liquidación del contrato, resulta procedente aplicar las disposiciones de la Ley 80 de 1993, frente a la liquidación del contrato en el cómputo de la caducidad? ¿La unión temporal contratista cedió su posición contractual, así como los créditos y derechos litigiosos que se derivan del contrato, en favor de la distribuidora de licores cesionaria? ¿Al delimitar el alcance del recurso de apelación, en aras de la solución del mismo, corresponde mantener invariable la causa petendi?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Se cumplió la exigencia prevista en las condiciones generales del contrato de seguro consistente

Sentencia — Sentencia 2026-03-13 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 05001233300020120074803 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se cumplió la exigencia prevista en las condiciones generales del contrato de seguro consistente en la liquidación previa del contrato como presupuesto para declarar la ocurrencia del siniestro, aun cuando previamente se hubiera producido la cesión de la posición contractual del contratista? Sí
El “contrato” del que emanaban las obligaciones cuyo incumplimiento constituía el riesgo asegurado por la compañía sí se liquidó antes de que el INVÍAS declarara la ocurrencia del siniestro. En el acta del 9 de noviembre de 2009, suscrita entre el INVÍAS y el Consorcio Cesionario, se liquidó el contrato de obra 1609 del 9 de septiembre de 2005. En este documento se dejó constancia de que la entidad estatal había entregado al Consorcio Constructor, a título de anticipo, la suma de $3.821.461.730,30, de la cual no fueron amortizados $2.761.333.656,30, monto por el que se hizo efectiva la garantía. Este instrumento fue suscrito con anterioridad a la expedición de los actos demandados, dictados el 20 de abril y el 29 de diciembre de 2010.
También resuelve: ¿La liquidación del contrato estatal, es una actuación que solo procede con posterioridad a la terminación del contrato y que tiene como finalidad definir integralmente el estado económico del… ¿La cesión de la posición contractual supone la continuidad del negocio jurídico con la sustitución de una de las partes, manteniéndose intactos los derechos y obligaciones en cabeza del cesionario? ¿Conservaba la entidad estatal la competencia para liquidar el contrato y declarar la ocurrencia del siniestro, pese a la cesión de la posición contractual y a la suscripción del acta de recibo…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Debe la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo asumir el conocimiento de los procesos contractuales en los que interviene una entidad pública, independientemente del régimen jurídico aplicable al contrato.

Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente 2025-09-03 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 68001233300020180031401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo asumir el conocimiento de los procesos contractuales en los que interviene una entidad pública, independientemente del régimen jurídico aplicable al contrato? Sí
El contratista no se convierte automáticamente en parte del contrato de seguro de cumplimiento cuando actúa por cuenta ajena, manteniendo la entidad beneficiaria su calidad de tercero, salvo que el tomador actúe en su nombre y sea ratificado. Según el artículo 1037 del Código de Comercio, el tomador puede actuar por cuenta propia o ajena sin que el beneficiario se convierta en parte del contrato, a menos que ratifique las condiciones pactadas. En el caso de la entidad pública, si no participó en la celebración del contrato ni ratificó las condiciones pactadas por el contratista con la aseguradora, no puede considerarse parte tomadora del contrato de seguro de cumplimiento. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la determinación de la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa y la naturaleza jurídica del contrato, estableciendo que la entidad pública no entra a ser parte del contrato de seguro de cumplimiento si no actúa en su celebración ni ratifica las condiciones pactadas.síntesis automática
También resuelve: ¿El tomador de un contrato de seguro que actúa por cuenta ajena conserva su calidad de parte en el contrato, sin que el tercero beneficiario se convierta automáticamente en parte de la relación… ¿Puede considerarse parte tomadora del contrato de seguro de cumplimiento a la entidad pública beneficiaria del seguro, cuando no actuó en su celebración ni ratificó las condiciones pactadas por el… ¿Conserva su autonomía el contrato de seguro de cumplimiento frente al contrato estatal que garantiza, incluso cuando la entidad pública aprueba la póliza para verificar el cumplimiento de…
DECLARA FALTA DE JURISDICCION
Consejo de Estado Providencia

Las manifestaciones de voluntad expuestas en el ámbito precontractual no tienen la connotación de actos administrativos

Sentencia — Sentencia 2025-09-01 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 05001233300020170031501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los actos precontractuales de los prestadores de servicios públicos solo tienen naturaleza de acto administrativo cuando existe habilitación legal expresa? Sí
El contratista no puede promover el medio de control de controversias contractuales para cuestionar actos precontractuales de una empresa de servicios públicos domiciliarios, ya que estos actos no tienen la naturaleza de acto administrativo salvo que exista habilitación legal expresa, como establece la Ley 142 de 1994. La jurisprudencia unificada de la corporación sostiene que los actos precontractuales de las empresas de servicios públicos domiciliarios se rigen por el derecho privado y no por el EGCAP, por lo que el medio adecuado para analizar cualquier controversia derivada de estos actos es el de reparación directa. Esto implica que el contratista debe utilizar el medio de control de reparación directa para reclamar responsabilidad precontractual y no el de controversias contractuales, ya que este último es inaplicable a los actos privados y a las etapas precontractuales.síntesis automática
También resuelve: ¿Es procedente el medio de control de controversias contractuales promovido por la parte actora, considerando que los cuestionamientos formulados se circunscriben a la etapa precontractual y que el… ¿Puede configurarse responsabilidad precontractual por parte de una entidad estatal sometida a un régimen exceptuado de contratación cuando defrauda las expectativas legítimas de un proponente… ¿Puede una invitación a presentar propuestas ser considerada jurídicamente como una oferta mercantil irrevocable, en los términos del artículo 846 del Código de Comercio…
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Consejo de Estado Providencia

La muerte de la víctima es atribuible exclusivamente al hecho de un tercero

Sentencia — Sentencia 2024-01-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 08001233100020110094001 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿La muerte de la víctima es atribuible exclusivamente al hecho de un tercero? Sí
La muerte de la víctima no es imputable a las entidades demandadas y es atribuible exclusivamente al hecho de un tercero, ya que el accidente se produjo por culpa exclusiva del conductor de la camioneta que no respetó la prioridad legal del paso del tractocamión que circulaba por su derecha, y no se probó la falla del servicio por omisión en la colocación de reductores de velocidad que hubiera sido la causa eficiente del daño. La entidad demandada no pudo prever ni evitar la conducta negligente del conductor del tractocamión, lo que la exime de responsabilidad patrimonial. Esta decisión confirma la sentencia apelada y niega las pretensiones de la demanda, estableciendo que la responsabilidad del Estado no se configura en ausencia de falla del servicio y cuando el daño es exclusivamente atribuible a un hecho del tercero.síntesis automática
También resuelve: ¿El accidente se produjo por culpa exclusiva del conductor de la camioneta pues no respetó la prioridad legal del paso del tractocamión que circulaba por su derecha? ¿La parte demandante acreditó la omisión por parte de la Administración en la colocación de reductores de velocidad y que ésta hubiera sido la causa eficiente y/o adecuada del daño? ¿El hecho de que posteriormente se hubiesen instalado resaltos en la vía prueba que su ausencia el día de los hechos fue la causa eficiente del daño?
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Consejo de Estado Providencia

Indicó que en las actas de las visitas realizadas por la Secretaría no se dejó constancia acerca de esa situación

Sentencia — Sentencia 2024-05-22 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020160246901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Fundación incumplió las obligaciones del convenio de asociación, en los términos alegados por la entidad pública demandante? No
Cuando una entidad pública demanda el incumplimiento de un convenio de asociación, la carga de demostrar el incumplimiento recae en ella, y no basta con requerimientos que no precisan los bienes, servicios y circunstancias de modo, tiempo y lugar del aporte que la entidad alega incumplido. La regla se sostiene en tres razones: la carga de la prueba corresponde a quien alega el incumplimiento, conforme al principio de autorresponsabilidad probatoria; los oficios de requerimiento del supervisor no identifican el objeto del aporte pactado, de modo que no pueden servir de sustento del incumplimiento; y el convenio asigna a la entidad sin ánimo de lucro un aporte de bienes y servicios cuyo contenido debía precisarse en el convenio para ser exigible. En el caso, no hubo prueba del incumplimiento de las obligaciones de aporte, de seguridad social ni de pago de salarios, por lo que se confirmó la negativa de las pretensiones. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que el supervisor debe precisar en sus requerimientos los bienes y servicios concretos que la entidad asociada debe acreditar.síntesis automática
También resuelve: ¿A la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, en tanto la controversia gira en torno al convenio de asociación que fue suscrito por una… ¿Cualquiera de las partes de la relación contractual puede pedir la declaratoria de incumplimiento del contrato? ¿Cualquier entidad estatal puede celebrar el convenio de asociación con personas jurídicas particulares, con observancia de los principios de la función administrativa?
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Consejo de Estado Providencia

El fuero de atracción constituye un fenómeno procesal a partir del factor de conexión de la competencia

Sentencia — Sentencia 2025-02-21 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000232600020070050301 ACCION CONTRACTUAL
¿El fuero de atracción constituye un fenómeno procesal a partir del factor de conexión de la competencia, el criterio de especialidad y los principios de economía, eficiencia, eficacia, seguridad jurídica y el acceso efectivo a la administración de justicia, en la medida que extiende la jurisdicción del juez administrativo a personas de derecho privado, en los casos en que estas son demandadas de forma concomitante con sujetos de derecho público? Sí
El fuero de atracción es un fenómeno procesal que extiende la jurisdicción del juez administrativo a personas de derecho privado cuando son demandadas junto con sujetos de derecho público, siempre y cuando exista una conexión de competencia basada en la misma fuente y naturaleza del daño, y una probabilidad fundada de condena. Este criterio se aplica excepcionalmente para garantizar la economía, eficiencia y seguridad jurídica, y no altera las reglas de responsabilidad aplicables a los particulares, que siguen siendo las del derecho privado. En el caso concreto, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se pronunció sobre la responsabilidad de una sociedad privada y una persona natural, junto a la Beneficencia de Cundinamarca, por el incumplimiento de un contrato de arrendamiento que causó la pérdida de mejoras en el inmueble, debido a la conexión de hechos y daños involucrados. Esta jurisprudencia reitera y matiza la aplicación del fuero de atracción, permitiendo su uso en casos de concausalidad y litisconsorcio necesario, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.síntesis automática
También resuelve: ¿En virtud de la competencia por conexidad y el fuero de atracción, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está habilitada para pronunciarse sobre la responsabilidad de la sociedad privada… ¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa interpuesta para demandar el incumplimiento de un contrato de arrendamiento… ¿Cuenta con legitimación en la causa por activa el gerente de la sociedad demandante, al suscribir el contrato de arrendamiento motivo de controversias en su doble condición de persona natural y…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Mediante decisión del 14 de marzo de 2013 adjudicó el proceso contractual al CONSORCIO BDO

Sentencia — Sentencia 2024-02-19 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020130180702 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es procedente declarar que el consentimiento otorgado por el CONSORCIO BDO para la revocatoria directa del acto adjudicatario inicial del 14 de marzo de 2013, mediante la “Resolución 099 del 20 de marzo siguiente” estuvo viciado, pues, a juicio de la parte recurrente, los yerros que se alegaron para tal proceder no existieron, en tanto no hubo un error aritmético que variara el hecho de que la mejor oferta era la suya, ni incumplió ningún requisito del manual de contratación de la entidad, circunstancia que se debió, entre otros, a hechos como que no se le permitió al aquí apelante acceder a las propuestas en la primera etapa del procedimiento? No
La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, en adelante CAPROVIMPO, adelantó una solicitud privada de ofertas, con el objeto de contratar la "prestación de servicios de apoyo en la gestión para la ejecución de las actividades integrales de los procesos del área de operaciones, relacionados con: i) administración de aportes, 11) reconocimiento y pago de subsidio y apoyo financiero y, iii) administración de cesantías". Mediante decisión del 14 de marzo de 2013 adjudicó el proceso contractual al CONSORCIO BDO. Tras advertir que se cometieron errores en la evaluación económica de las propuestas y que no se tuvieron en cuenta algunas reglas del manual de contratación de la entidad, el 20 de marzo de 2013 CAPROVIMPO, con consentimiento previo del CONSORCIO BDO, revocó esta decisión y saneó el proceso contractual.
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para resolver controversias contractuales con ocasión de la solicitud privada de oferta donde una de las partes es una Empresa Industrial y Comercial del Estado… ¿Las consecuencias jurídicas del régimen contractual no se circunscriben únicamente al ámbito de celebración o ejecución del contrato, sino que también se extienden a los actos de las partes… ¿El giro ordinario de los negocios no abarca todo el objeto social de una entidad, sino solo aquellas actividades que se realizan de forma permanente y que…
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Consejo de Estado Providencia

La remisión al derecho privado en la educación no excluye la aplicación del Estatuto General de Contratación.

Salvamento voto — Salvamento de voto 2025-09-24 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 05001233300020180148501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La remisión al derecho privado prevista en el artículo 200 de la Ley 115 de 1994 excluye la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP) para las fases de ejecución y liquidación unilateral de los contratos estatales celebrados por entidades territoriales con confesiones religiosas para la prestación del servicio de educación? No
El intérprete judicial aplica las normas de contratación pública y las disposiciones especiales sobre prestación de servicios educativos para determinar el régimen aplicable a las entidades estatales. En este salvamento de voto se sostiene que la interpretación literal del artículo 200 de la Ley 115 de 1994 no excluye la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP) para las fases de ejecución y liquidación de los contratos celebrados con confesiones religiosas, contrastando con el artículo 93 de la Ley 30 de 1992 y aclarando que providencias previas no respaldan la exclusión del estatuto contractual.síntesis automática
También resuelve: ¿La sentencia del 1.º de junio de 2022 (Exp. 42.762) respalda la tesis de que la ejecución y liquidación de contratos estatales celebrados con iglesias o confesiones religiosas no están sometidas al…
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: la habilitación legal del artículo 96 de la Ley 489 de 1998 se refiere a personas jurídicas particulares

Aclaración voto — Aclaración de voto 2023-11-30 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 15001233300020180069302 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La habilitación legal del artículo 96 de la Ley 489 de 1998 se refiere a personas jurídicas particulares y no a personas naturales particulares? Sí
En la Sentencia se afirmó que las normas permiten que las entidades estatales en asocio con personas naturales o jurídicas particulares creen personas jurídicas con una única condición y es que sean sin ánimo de lucro. Considero errada esta afirmación, puesto que el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 permite, solamente, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de asociación o la creación de personas jurídicas… ; es decir, la habilitación legal del artículo 96 de la Ley 489 de 1998 se refiere a personas jurídicas particulares y no a personas naturales particulares. Cualquier convenio celebrado al amparo de tal norma con una persona natural lo fue en ausencia de competencia por parte de la entidad para celebrar tal contrato; razón esta por la que comparto la declaratoria de nulidad.
También resuelve: ¿Los contratos a que se refiere el artículo 355 de la Constitución constituyen una tipología negocial diferente de los convenios de asociación y la creación de personas jurídicas normados en el… ¿Los negocios jurídicos anulados fueron celebrados para eludir los procedimientos de selección que correspondían de conformidad con el EGCAP?
Consejo de Estado Providencia

El silencio del contratista en el acta de inicio no constituye una convalidación ni condona los incumplimientos contractuales previos de la entidad estatal.

Aclaración voto — Aclaración de voto 2025-08-26 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 05001233300020180162101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede interpretarse el silencio del contratista en el acta de inicio como una convalidación del presunto incumplimiento contractual anterior por parte de EPM? No
El contratista conserva su derecho a reclamar indemnizaciones por perjuicios derivados de incumplimientos contractuales previos de la administración, sin que la suscripción del acta de inicio implique renuncia o condena tácita. En su aclaración de voto, el magistrado precisa que el silencio del contratista en el acta de inicio no podía entenderse como una convalidación de la conducta contractual morosa de la entidad desplegada con anterioridad, pues ello equivaldría a presumir indebidamente la renuncia a reclamar los perjuicios causados. Conforme a los principios de la contratación estatal y la autonomía de la voluntad, los acuerdos posteriores no purgan automáticamente los incumplimientos previos ni exoneran de responsabilidad a la parte infractora sin una manifestación expresa de voluntad.síntesis automática
También resuelve: ¿Confiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP) al contratista el derecho a mantener la ecuación económica del contrato estatal frente a modificaciones o eventos… ¿Resultan aplicables los principios del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, como el derecho al restablecimiento del equilibrio económico… ¿Resulta aplicable el derecho al restablecimiento del equilibrio económico consagrado en el EGCAP a un contrato estatal celebrado por una entidad pública en un mercado liberalizado y regido por el…
Consejo de Estado Providencia

Salvamento de voto: los consorcios son titulares de derechos y obligaciones

Salvamento voto — SALVAMENTO DE VOTO 2013-09-25 Sección Tercera (Subsección A) MAURICIO FAJARDO GOMEZ Rad. 25000232600019970393001 ACCION CONTRACTUAL
¿Los consorcios son titulares de derechos y obligaciones teniendo en cuenta que no son personas? Sí
Si bien la idea original del consorcio expresó la suerte común -con sortium- a la que quedaban expuestos los hijos frente a la universalidad de bienes constituida a la muerte del padre, que les imponía el ejercicio de la potestad dominical in solidum (consortium inter frates) y no pro parte e imitando ese ámbito doméstico en el antiguo Derecho romano se admitió la comunidad entre extraños –genus societatis proprium civium Romanorum-, constituida mediante un acto especial de la voluntad privada –certa legis actus-, superado el paralelo con la colegiatura de los magistrados romanos, que inspiró a la figura e introducida la distinción entre la cosa corporal y la incorporal (el derecho), cada condómino puede disponer de su cuota parte en abstracto, desapareciendo así el consorcio en el periodo clásico, al paso que la comunidad entre extraños del ius civile vino a sustituirse por la sociedad –societatis- del ius gentium.
También resuelve: ¿La autonomía de la voluntad privada y la decisión del juez son insuficientes para constituir, autorizar o reconocer la existencia de la persona en ausencia de norma positiva? ¿Se puede admitir una persona sin capacidad pero no la capacidad sin sujeto? ¿Los consorcios y las uniones temporales no son personas jurídicas que puedan demandar directamente ni ser demandados a menos que se haga por intermedio de las personas que independiente lo integran…