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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la prueba del enervante de la responsabilidad le corresponde a quien la alega

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Fecha
2024-06-17
Radicado
25000233600020150041601
Número interno
58277
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
FAMASEG LTDA. Y GENERAL FIRE CONTROL S.A
Demandado
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la prueba del enervante de la responsabilidad le corresponde a quien la alega

Regla de decisión

La prueba del enervante de la responsabilidad le corresponde a quien la alega.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Problema jurídico

¿Al declarar el incumplimiento parcial del contrato, la Aerocivil actuó con desviación de poder, e incurrió en violación del principio de buena fe y la obligación de cooperación estipulada en el contrato, por no acceder a las solicitudes de prórroga necesarias para que el contratista cumpliera con el objeto contractual, al considerar que no era viable exceder la vigencia fiscal para la cual estaba presupuestado el pago de ese negocio jurídico?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Ley 1150 de 2007, art. 4
  • Ley 80 de 1993, art. 24 núm. 5
  • Ley 84 de 1873, arts. 1604, 1607 y 1732

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Lo que dijo la Sala

Para dar respuesta al primer problema jurídico planteado, corresponde a la Sala determinar si la Aerocivil actuó con desviación de poder, vulneró el principio de buena fe y faltó a la obligación de cooperación estipulada en el contrato, al declarar el incumplimiento parcial del contrato 1000097-OK-2010, a través de las resoluciones 06260 de 2012 y 0442 de 2013, sin haber accedido a las prórrogas requeridas y necesarias para que el contratista hubiera podido cumplir con el objeto contractual, bajo el argumento de que no era posible exceder la vigencia fiscal para la cual había sido presupuestado el pago del negocio jurídico.… En relación con el vicio de desviación de poder,… el demandante se limitó a argumentar que los actos demandados habrían sido expedidos con desviación de poder, o con ausencia o falsa motivación, porque el ente contratante no habría informado el inicio de dos procedimientos sancionatorios…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DESVIACIÓN DE PODER INEXISTENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN FORMULACIÓN DE NUEVO CARGO DE NULIDAD EN EL RECURSO DE APELACIÓN IMPROCEDENCIA DE LA FORMULACIÓN DE NUEVO CARGO DE NULIDAD EN EL RECURSO DE APELACIÓN IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN BUENA FE CONTRACTUAL APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE CONCEPTO DE BUENA FE PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD RESTRICCIONES AL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL ADICIÓN AL CONTRATO ESTATAL REQUISITOS DE LA ADICIÓN AL CONTRATO ESTATAL TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL TERMINACIÓN DEL CONTRATO VIGENCIA FISCAL IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO FALSA MOTIVACIÓN NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRATO DE COMPRAVENTA DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO CONTRACTUAL RIESGO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL RIESGO CONTRACTUAL PLIEGO DE CONDICIONES CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES FUERZA MAYOR CARACTERÍSTICAS DE LA FUERZA MAYOR CONCEPTO DE FUERZA MAYOR HECHOS CONSTITUTIVOS DE FUERZA MAYOR IMPREVISIBILIDAD DE LA FUERZA MAYOR IRRESISTIBILIDAD DE LA FUERZA MAYOR IMPROCEDENCIA DE FUERZA MAYOR INEXISTENCIA DE LA FUERZA MAYOR FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA FUERZA MAYOR AUSENCIA DE FUERZA MAYOR EXTERIORIDAD JURÍDICA EXTERIORIDAD DE LA CAUSA EXTRAÑA OBLIGACIÓN DE RESULTADO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA DEBIDO PROCESO DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE CONTRADICCIÓN DERECHO DE DEFENSA INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CONCEPTO DE ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL NORMATIVA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL VALIDEZ DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL INTERPRETACIÓN DEL JUEZ PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL MORA EN EL PAGO DE LA FACTURA INTERÉS MORATORIO CAUSACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO COBRO DEL INTERÉS MORATORIO IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE INTERÉS MORATORIO COMPENSACIÓN PAGO DE LA COMPENSACIÓN ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL EVENTOS DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN PRESUPUESTOS DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN INAPLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA CONDENA EN COSTAS COSTAS PROCESALES CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES AGENCIAS EN DERECHO CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

Guías del tema

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Titulación de la relatoría 44.305 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DESVIACIÓN DE PODER / INEXISTENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / FORMULACIÓN DE NUEVO CARGO DE NULIDAD EN EL RECURSO DE APELACIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA FORMULACIÓN DE NUEVO CARGO DE NULIDAD EN EL RECURSO DE APELACIÓN / IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / CONCEPTO DE BUENA FE / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / RESTRICCIONES AL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / ADICIÓN AL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS DE LA ADICIÓN AL CONTRATO ESTATAL / TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TERMINACIÓN DEL CONTRATO / VIGENCIA FISCAL / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿Al declarar el incumplimiento parcial del contrato, la Aerocivil actuó con desviación de poder, e incurrió en violación del principio de buena fe y la obligación de cooperación estipulada en el contrato, por no acceder a las solicitudes de prórroga necesarias para que el contratista cumpliera con el objeto contractual, al considerar que no era viable exceder la vigencia fiscal para la cual estaba presupuestado el pago de ese negocio jurídico? Respuesta al problema jurídico: No Para dar respuesta al primer problema jurídico planteado, corresponde a la Sala determinar si la Aerocivil actuó con desviación de poder, vulneró el principio de buena fe y faltó a la obligación de cooperación estipulada en el contrato, al declarar el incumplimiento parcial del contrato 1000097-OK-2010, a través de las resoluciones 06260 de 2012 y 0442 de 2013, sin haber accedido a las prórrogas requeridas y necesarias para que el contratista hubiera podido cumplir con el objeto contractual, bajo el argumento de que no era posible exceder la vigencia fiscal para la cual había sido presupuestado el pago del negocio jurídico. (...) En relación con el vicio de desviación de poder, (...) el demandante se limitó a argumentar que los actos demandados habrían sido expedidos con desviación de poder, o con ausencia o falsa motivación, porque el ente contratante no habría informado el inicio de dos procedimientos sancionatorios, sin claridad sobre las razones de cada uno de estos, pese a haber recibido cinco (5) equipos contra incendio, y haber desconocido sus propios pronunciamientos. Al haber empleado un mismo argumento como único fundamento de tres causales de nulidad del acto distintas, resulta impreciso afirmar que —como lo adujo el demandante al sustentar la alzada— al ser despachado desfavorablemente su argumento por el tribunal, no se configuraría una de dichas causales (falsa motivación), pero sí la otra (desviación de poder). Pero, ante todo, las razones por las que el actor argumentó que ente demandado habría incurrido en desviación no refieren el ejercicio de competencias administrativas contrarias a sus fines, por lo que esta causal no está llamada a prosperar, y las razones en que se funda la causal fueron modificadas en esta instancia, con lo que, su análisis en esta esta instancia conforme a la fundamentación esgrimida en sustento de la alzada conllevaría una violación del debido proceso de la contraparte, por modificación de la causa petendi. (...) El principio de buena fe, por su parte, tiene una singular incidencia en los contratos sinalagmáticos o bilaterales —como el analizado en el presente asunto—, pues busca preservar la equivalencia o proporcionalidad entre las prestaciones desde el inicio del contrato, durante su ejecución y en su terminación, comoquiera que la reciprocidad implica necesariamente que el comportamiento de una parte repercute en el ámbito de la otra. En suma, la Sección Tercera ha insistido en la prevalencia del principio “lex contractus, pacta sunt servanda” en los contratos, debido a la imperiosa necesidad de dar cumplimiento a lo pactado por las partes, en virtud del principio de la buena fe. (...) [R]esulta claro que el deber de cooperación incluido en la cláusula décimo primera del negocio jurídico bajo análisis ―en la que se estipuló que “son obligaciones a cargo de la unidad […] cooperar con el contratista en la ejecución del contrato”― no difiere del criterio de actuación que se desprende del principio de buena fe negocial, comoquiera que este se acomoda a su naturaleza y comparte el mismo propósito, que no es otro que el cumplimiento de las obligaciones pactadas bajo la égida de la reciprocidad en las prestaciones. En tal sentido, la alegada vulneración de cada uno de ellos se analizará de manera conjunta. (...) [Por otra parte,] en los contratos estatales la prórroga es posible siempre y cuando las partes de mutuo acuerdo lo estimen conveniente y necesario y, además, la respectiva entidad considere que mediante la prórroga se va a garantizar el cumplimiento de los fines estatales, sin que dicho proceder resulte contrario a la Constitución Política, la ley y el orden público. Extrapolando lo expuesto al presente asunto, debe decirse, de manera general, que la Aerocivil en ningún momento estaba obligada a acceder a las prórrogas solicitadas por el contratista, sin que este accionar, basado en la autonomía de la voluntad, pueda considerarse contrario al principio de buena fe contractual, máxime cuando, como se comprobó en el sub lite, esta entidad otorgó una extensión de plazo por noventa días, con el fin de compensar la demora en la tramitación y resolución del procedimiento de debida diligencia a cargo del fabricante de los chasises. (...) Bajo estas consideraciones, se concluye que la actuación adelantada por la Aerocivil no vulneró en ningún momento la buena fe contractual ni el deber de cooperación al que se comprometió contractualmente y, en cambio, su proceder resultó acorde tanto con los fines de la contratación estatal83, así como con las necesidades particulares del negocio jurídico celebrado, con miras a priorizar el cumplimiento del objeto contractual, lo cual se desprende del hecho de haber accedido a una prórroga que resultaba suficiente para dar cumplimiento a lo acordado, atendiendo al lapso que usualmente tardaban los protocolos de debida diligencia adelantados por la productora de los chasises —el procedimiento de debida diligencia excedió en dos meses del lapso que comúnmente tardada y la prórroga fue otorgada por tres— con el fin de salvaguardar cualquier imprevisto que pudiera presentarse. Adicionalmente, se advierte que la denegación de las múltiples solicitudes de prórroga presentadas con posterioridad a la primera prórroga convenida, con anterioridad a la finalización del plazo contractual, tampoco constituye como una violación a la buena fe o a la obligación de cooperación, comoquiera que el argumento aducido por el contratista para su procedencia era nuevamente la demora en la tramitación del procedimiento de debida diligencia, el cual, como se dejó expuesto en el párrafo anterior, ya había sido remediado a través de la adición de plazo otorgada. (...) Finalmente, está demostrado que, finalizado el plazo de ejecución contractual, el contratista entregó cinco de las doce máquinas a las que se comprometió, por lo cual fue suscrita el acta de recibo parcial. Posteriormente, el supervisor presentó el informe final del contrato, con la advertencia de que el objeto contractual no se cumplió a cabalidad. Pese a esto, la UT EICI siguió insistiendo en prorrogar el contrato para cumplir con la entrega de las máquinas de extinción de incendios, al asegurar que su ensamblaje ya estaba muy adelantado. Al respecto, debe recordarse que la Sección Tercera de esta Corporación ha precisado que «la “ratione temporis” para celebrar un contrato adicional solo sería viable jurídicamente mientras se encuentre vigente el contrato principal». Así las cosas, la posibilidad de prorrogar el plazo de un contrato solo puede ejercerse durante su vigencia, pues no resulta válido realizar modificaciones sobre un negocio jurídico ya finalizado. Por consiguiente, la Aerocivil no estaba facultada para acceder a las solicitudes de prórroga mencionadas en el párrafo anterior. (...) Entonces, al margen de la consideración que hizo el a quo en relación con la posibilidad de gestión de las vigencias futuras, este cargo por vicio de desviación de poder no prospera, pues, como se dejó plasmado, durante la ejecución contractual, la Aerocivil no vulneró el principio de la buena fe contractual ni desconoció su obligación de cooperación. NOTA DE RELATORÍA: En relación con el vicio de desviación de poder, consultar providencias de 28 de mayo de 2012, Exp 21489, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; y de la Corte Constitucional, C-456 del 2 de mayo de 1998. Acerca de la buena fe contractual, consultar providencia, de 29 de agosto de 2007, Exp. 15469, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 19 de noviembre de 2012, Exp 22043, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 3 de septiembre 2015, Exp. 33790, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Sobre la ratione temporis para celebrar un contrato adicional, consultar providencia de 20 de noviembre de 2008, Exp. 17031, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 83, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 3, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 16, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN / NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / AUSENCIA DE LA NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE COMPRAVENTA / DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO CONTRACTUAL / RIESGO DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / RIESGO CONTRACTUAL / PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / FUERZA MAYOR / CARACTERÍSTICAS DE LA FUERZA MAYOR / CONCEPTO DE FUERZA MAYOR / HECHOS CONSTITUTIVOS DE FUERZA MAYOR / IMPREVISIBILIDAD DE LA FUERZA MAYOR / IRRESISTIBILIDAD DE LA FUERZA MAYOR / IMPROCEDENCIA DE FUERZA MAYOR / INEXISTENCIA DE LA FUERZA MAYOR / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA FUERZA MAYOR / AUSENCIA DE FUERZA MAYOR / EXTERIORIDAD JURÍDICA / EXTERIORIDAD DE LA CAUSA EXTRAÑA / OBLIGACIÓN DE RESULTADO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿Las Resoluciones 06260 de 2012 y 0442 de 2013, con las cuales la Aerocivil declaró el incumplimiento parcial del contrato 1000097-OK-2010, impuso pena pecuniaria, y declaró el siniestro de correcta inversión y buen manejo del anticipo por el monto total asegurado, adolecen de falsa motivación, al desconocer que la omisión en la entrega oportuna de todos los vehículos de extinción de incendios se produjo por la demora excesiva en la tramitación de un proceso de debida diligencia a cargo del fabricante de los chasises, constituyéndose como un hecho de fuerza mayor que, conforme a la normativa aplicable y las cláusulas contractuales, eximía de responsabilidad al contratista por el atraso en la ejecución del contrato? Respuesta al problema jurídico: No El punto central de este problema se contrae a analizar si adolecen de falsa motivación las resoluciones 06260 de 2012 y 0442 de 2013, con las cuales la Aerocivil declaró el incumplimiento parcial del contrato 1000097-OK-2010 y el siniestro de correcta inversión y buen manejo del anticipo. Esto bajo el argumento de que el ente contratante omitió considerar que la causa de incumplimiento —falta de entrega oportuna de los doce carros de extinción de incendios— tuvo su génesis en un hecho constitutivo de fuerza mayor, concerniente a la demora en la tramitación de un procedimiento de debida diligencia con el fabricante de los chasises, ocasionada por los escándalos de corrupción en los que, para esa época, estaban inmiscuidas entidades estatales y funcionarios públicos colombianos. (...) Esta Subsección ha precisado que el vicio de falsa motivación se configura cuando las consideraciones fácticas o jurídicas en las que se funda un acto administrativo son contrarias a la realidad, es decir, que esta causal de anulación se manifiesta mediante un error de hecho o de derecho. (...) Así pues, con el propósito de resolver el cargo de falsa motivación, debe analizarse si la dilación en la tramitación del proceso de debida diligencia a cargo del fabricante de los chasises era, como se plasmó en las resoluciones atacadas, un riesgo que la contratista asumió o si, por el contrario, constituyó una situación de fuerza mayor que exoneraba a la contratista de responsabilidad por el atraso en la ejecución del objeto contractual. (...) Ahora bien, por regla general, se ha entendido que el extremo contractual que se encuentre en mejor capacidad para gestionar, controlar, administrar y mitigar algún riesgo o contingencia que se pueda presentar en ejercicio de la actividad contractual es quien lo debe asumir. En tal sentido, para determinar cuál de los dos extremos contractuales está en mejor posición de asumir los riesgos “debe tenerse en cuenta tanto la tipología del contrato a celebrar, como la información y los medios con los que cuentan cada una de las partes para mitigar los efectos de su ocurrencia”. (...) Descendiendo al caso concreto, se observa que la tipología del contrato 10000097-OK-2010 celebrado entre la Aerocivil y la UT EICI es la compraventa de cosa futura (bienes muebles), de conformidad con lo prescrito en los artículos 1849 y 1869 del CC, dado que tanto en el pliego de condiciones como en el texto contractual se estableció, de manera clara y precisa, que el objeto contractual era la transferencia del dominio de unos carros de extinción de incendios, para entregarse en varios aeropuertos del país, dentro de un plazo de ejecución de trescientos sesenta días calendario, en los que el contratista debía adquirir los equipos y materiales necesarios y, luego, ensamblar las máquinas. (...) En el sub examine se comprobó, adicionalmente, que el contratista se comprometió a entregar doce máquinas de extinción de incendios en un plazo previamente fijado, es decir, este compromiso era constitutivo de una obligación de resultado (...). Ahora bien, por regla general, en los contratos de compraventa —como el que se analiza en esta oportunidad— el riesgo del cuerpo cierto cuya entrega se debe está a cargo del acreedor, sin embargo, cuando el deudor se constituye en mora de efectuarla, el riesgo del cuerpo cierto debe ser asumida por este hasta su entrega”. En este orden de ideas, solo habrá cumplimiento contractual en la medida que el acreedor obtenga oportunamente la prestación a la que el deudor se obligó. (...) No obstante, la parte actora ha afirmado a lo largo de este proceso que si bien asumió los riesgos de fabricación, importación y transporte, lo cierto es que el hecho de no haber podido entregar oportunamente los doce vehículos de extinción de incendios no podría incorporarse dentro de tales riesgos, puesto que su génesis fue la demora en la tramitación del procedimiento de debida diligencia por los escándalos de corrupción que, para esa época, acechaban la institucionalidad colombiana, particularidad que —a su juicio— era imprevisible y constitutiva de fuerza mayor. (...) Al punto, esta Sección ha precisado que, en el derecho colombiano, la fuerza mayor o caso fortuito son expresiones sinónimas que se constituyen como causales eximentes de responsabilidad y se encuentran definidas en el artículo 1º de la Ley 95 de 1890 (...). De la norma citada se infiere que los hechos constitutivos de fuerza mayor deben ser imprevisibles e irresistibles. (...) Así las cosas, para que la fuerza mayor o caso fortuito puedan erigirse como una justificación de incumplimiento contractual deben impedir, de manera absoluta, la ejecución de las prestaciones contractuales a cargo de una de las partes, pues nadie está obligado a lo imposible. No debe tratarse, entonces, de un hecho que simplemente dificulte su cumplimiento. A lo anterior, debe añadirse que el hecho o acto no sea imputable al deudor que lo alega, es decir, su exterioridad, como requisito para constituirse como eximente de responsabilidad, ya que cada quien está obligado a asumir su propio riesgo (...). Por ende, para que se libere de responsabilidad al deudor, este no debe haber asumido el hecho o la situación que se alega como enervante de su responsabilidad, garantizándole al acreedor el resultado buscado; ni debe haberse presentado la circunstancia eximente de responsabilidad cuando el deudor se hubiera constituido en mora; ni puede alegarse cuando se haya perdido un cuerpo cierto hurtado o robado. En todo caso, la prueba del enervante de la responsabilidad le corresponde a quien la alega. (...) Ilustrado lo anterior, la Sala no puede pasar por alto que, según las actas de seguimiento al contrato y algunos oficios aportados al plenario, la situación alegada como fuerza mayor, es decir, la demora en la tramitación del procedimiento de debida diligencia, en efecto, tuvo su génesis en la mala imagen internacional que, para esa época, tenía el estado colombiano y, en particular, sus entidades, a causa de los escándalos de corrupción y lavado de activos que permeaban la contratación pública. (...) Derivado de lo expuesto, se concluye que la situación alegada por la parte actora no tiene el carácter de imprevisible, pues se constató que esta, desde un principio y en sede de tratativas, fue informada por Daimler Colombia S.A. sobre la necesidad de adelantar el procedimiento de debida diligencia para la adquisición de los chasises requeridos, procedimiento que iba a ser adelantado por el fabricante con los riesgos que esto suponía, y que su tramitación tendría una duración aproximada de entre tres y seis meses. (...) En relación con la irresistibilidad, se debe recordar (...) que para que un hecho pueda considerarse como irresistible, este debe imposibilitar el cumplimiento del contrato. (...) [N]ota la Sala que el contratista achacó (...) [el] incumplimiento a la demora en el proceso de debida diligencia a cargo del fabricante de los chasises. Sin embargo, los chasises se encontraban disponibles en Colombia para su adquisición desde el 16 de agosto de 2011 —fecha en que fueron nacionalizados—, es decir, a falta de un mes exacto para que concluyera el plazo contractual inicialmente pactado y que, por esta situación específica, la Aerocivil otorgó, mediante contrato adicional 1, suscrito el 9 de septiembre de 2011, una prórroga al plazo contractual por noventa días —término que (...) superó los dos meses en los que se excedió la tramitación del procedimiento de debida diligencia—. En tales condiciones, forzoso resulta concluir que, desde la fecha de nacionalización de los chasises, el contratista contaba con cerca de cuatro meses para ensamblar los vehículos de extinción de incendios, lapso sobre el cual la parte demandante no acreditó que fuera imposible el cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo con la carga que le asiste de probar la fuerza mayor. No cabe duda, entonces, que en el presente asunto el incumplimiento de la obligación de entregar los carros a los que se comprometió la UT EICE en el plazo estipulado le resultaba imputable. Por consiguiente, la circunstancia acaecida durante la ejecución del contrato y que la parte accionante considera como un hecho constitutivo de fuerza mayor tampoco tiene la condición de irresistible. (...) Finalmente, en lo relacionado a la exterioridad, debe ponerse de presente que, durante el trámite del proceso de selección, la Aerocivil nunca exigió una marca de chasises específica para el ensamblaje de las máquinas de extinción de incendios requeridas; situación que consta en el pliego de condiciones. (...) Por consiguiente, no cabe duda de que los proponentes tenían plena libertad de negociar con el fabricante o proveedor de su elección, ya fuere nacional o internacional, y por esa circunstancia fue que se previó en el pliego de condiciones que el riesgo de tardanza en la fabricación e importación de los elementos necesarios para el ensamblaje de las maquinas, como los chasises, debía ser asumido por el contratista, riesgo que fue asumido sin condicionamiento por los ahora demandantes. En consecuencia, el riesgo de adelantar negociaciones con un fabricante extranjero, por intermedio de proveedor nacional, fue decisión de la UT EICI y, por ende, la demora en la tramitación de la debida diligencia resultaba un hecho imputable a este, sin que pueda, en esta ocasión, alegar su propia culpa en beneficio propio. En este orden de ideas, la circunstancia alegada como fuerza mayor tampoco ostenta la condición de exterioridad requerida. (...) Es por ello que, a juicio de este juzgador, las resoluciones 06260 de 2012 y 0442 de 2013, por medio de las cuales la Aerocivil declaró tanto el incumplimiento contractual como el siniestro de correcta inversión y buen manejo del anticipo no están viciadas de falsa motivación, pues el demandante no acreditó que las consideraciones contenidas en dichos actos administrativos, atinentes a que el atraso en la tramitación del proceso de debida diligencia, fuera una situación constitutiva de fuerza mayor y, por el contrario, este riesgo encuadra en el asumido por el contratista al momento de suscribir el contrato, referente a la fabricación e importación de todos los elementos necesarios para ensamblar las máquinas, en este caso particular, de los chasises, y cuyo cumplimiento era una obligación a cargo del contratista, como fue estipulado en la cláusula novena del contrato. (...) En consideración a lo expuesto, la Sala no comparte la decisión del a quo de declarar la nulidad de las resoluciones 06260 de 2012 y 0442 de 2013 expedidas por la Aerocivil por falsa motivación y, en consecuencia, esta será revocada. NOTA DE RELATORÍA: Acerca del vicio de falsa motivación, consultar providencia de 20 de marzo de 2013, Exp. 22523, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Sobre la distribución de riesgos del contrato, consultar providencias de 8 de febrero de 2017, Exp. 54614, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 10 de marzo de 2023, Exp. 47756, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Sobre las obligaciones de resultado, consultar providencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 5 de noviembre de 2013, Exp. 2005-00025-01. En relación con los hechos imprevisibles e irresistibles, consultar providencia de 27 de junio de 2012, Exp. 24458, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 31 de mayo de 1965, G.J. CXI y CXII p. 126; de 13 junio 2017, Exp. 2017-00083-00; de 25 de junio de 2018, Exp. 2018-00561-00. Sobre el principio de nadie está obligado a lo imposible, consultar providencia de 6 de marzo de 2006, Exp. 13414, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Acerca de los presupuestos de la fuerza mayor, consultar providencias de 16 de marzo de 2000, Exp. 11670, C.P. Ricardo Hoyos Duque; de 2 de mayo de 2002, Exp. 13477, C.P. María Elena Giraldo Gómez; de 26 de febrero de 2004, Exp. 13833, C.P. Germán Rodríguez Villamizar; de 27 de noviembre de 2005, Exp. 14392, Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 11 de febrero de 2009, Exp. 17145, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 27 de junio de 2012, Exp. 24458, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 30 de julio de 2015, Exp. 32688, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo; de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 4 de marzo de 1939, Gaceta Judicial XLVII, pp. 703 a 708, M.P. Fulgencio Lequerica Velez. Sobre el concepto de irresistibilidad, consultar providencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 20 de noviembre de 1989, Exp. 24251. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 4, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 5, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1604, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1607, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1732, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1735, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1849, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1869, LEY 95 DE 1890 - ARTÍCULO 1 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DEBIDO PROCESO / DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE CONTRADICCIÓN / DERECHO DE DEFENSA / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿En el procedimiento sancionatorio iniciado por la Aerocivil fue vulnerado el debido proceso por no garantizarse el derecho de contradicción y defensa del contratista, dado que se emitieron dos citaciones, en un breve lapso, con diferentes fundamentos fácticos y jurídicos, sin que fuera posible identificar por cuál de estas imputaciones se adelantó la audiencia correspondiente, que, a la postre, derivó en las resoluciones por las cuales se declaró el incumplimiento contractual y el siniestro de correcta inversión y buen manejo del anticipo? Respuesta al problema jurídico: No Le compete ahora a la Sala determinar si, en efecto, la Aerocivil, al iniciar el procedimiento sancionatorio, vulneró el debido proceso, por no garantizar el derecho de contradicción y defensa del contratista, al emitir dos citaciones, con quince días de diferencia, sin que —a juicio de la parte demandante— fuera posible identificar por cuál de estas se adelantó la audiencia de descargos en la que participó, en el entendido de que tales citaciones tuvieron fundamentos fácticos y jurídicos diferentes. (...) En lo que atañe al procedimiento sancionatorio contractual, se observa que en el contrato bajo análisis este procedimiento se incluyó en la cláusula vigesimotercera, modificada a través del adicional 011, cuya redacción es idéntica a la norma contenida en el artículo 86 de la ley 1474 de 20111, la cual, en lo concerniente al problema jurídico bajo análisis, preveía que la Aerocivil, al iniciar el proceso sancionatorio, tenía la obligación de convocar, a través de un oficio citatorio, al contratista en situación de un eventual incumplimiento. Documento en el cual debía hacerse mención expresa a: (i) los hechos que soportan el posible incumplimiento, acompañado del respetivo informe del supervisor; (ii) las normas o cláusulas que se aducen violadas; y (iii) las consecuencias que podrían derivarse para el contratista. (...) De acuerdo con los hechos acreditados en este proceso, la Sala considera que, aun cuando es cierto que la Aerocivil emitió dos citaciones en un breve periodo, estas tuvieron los mismos fundamentos fácticos, atinentes a la omisión en la entrega de la totalidad de las máquinas de extinción de incendio contratadas, de modo que no son de recibo los argumentos del accionante, según los cuales no desconocía los cargos imputados que motivan la actuación administrativa. Es más, aun cuando en principio se pretendía declarar el incumplimiento total del contrato por no haberse entregado ninguno de los vehículos, en el desarrollo de la audiencia se determinó que, en efecto, el contratista sí había entregado, a satisfacción, cinco de las doce máquinas que tenía por objeto el contrato 10000097-OK-2010, aun cuando esto sucedió después de que se hubiera cumplido el plazo contractual, variación que resultó en beneficio del contratista. Adicionalmente, nota la Sala que, si bien la primera citación carecía de dos de los requisitos formales requeridos por la cláusula vigesimotercera del contrato analizado, consistentes en enunciar la normas o cláusulas posiblemente violadas y exponer las consecuencias que se podían derivar de su incumplimiento, esta falta fue subsanada en la segunda citación, con la cual se cumplió a cabalidad con la totalidad de requisitos establecidos legalmente. (...) Así las cosas, no advierte esta Sala que se hubiera presentado arbitrariedad en el procedimiento sancionatorio que siguió la Aerocivil para declarar el incumplimiento y hacer exigible la cláusula penal. En efecto, las decisiones respectivas estuvieron precedidas por una audiencia en la que se rindieron explicaciones, se practicaron pruebas y se consideraron los descargos de la parte contraria, de acuerdo con los cargos de incumplimiento que se le imputaban. En consecuencia, no se configuró la vulneración al debido proceso aducida por la demandante. FUENTE FORMAL: LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CONCEPTO DE ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / NORMATIVA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿La liquidación del contrato estatal es una etapa que está destinada para que las partes acuerden los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y, si no se logra arreglo en ello, para que la entidad se pronuncie unilateralmente sobre tales aspectos? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, la liquidación es una etapa contractual en la que las partes convienen los ajustes, revisiones y reconocimientos a los que haya lugar y, en tal sentido, lleguen a acuerdos, conciliaciones y transacciones que pongan fin a las divergencias surgidas, para poder declararse a paz y salvo. En consonancia con lo anterior, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 dispuso de un término de cuatro meses para la liquidación bilateral del contrato y, en caso de que no se llegare a un acuerdo, previó un período de dos meses contados a partir del vencimiento de este último, para que la administración lo liquide en forma unilateral. Para dar cumplimiento al deber de liquidar el contrato, que procede ante la falta de acuerdo entre las partes, corresponde a la Administración contratante definir los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, por sí y ante sí, para lo cual resulta necesario definir el alcance de las obligaciones pactadas, conforme a una interpretación del contrato y de la ley aplicable. Tal ejercicio hermenéutico se produce en una fase ulterior al vencimiento del plazo previsto para la ejecución contractual, en el contexto propio de un corte definitivo de cuentas que la Administración realiza, autorizada por la ley, a través de un acto que goza de todos los caracteres y atributos del acto administrativo, a saber: unilateralidad y ejecutividad, con el ropaje propio de la presunción de legalidad. Este acto administrativo liquidatorio puede ser declarado nulo por el juez del contrato, en todo o en parte, siempre que sea demandado por quien se encuentre legitimado para ello y se logre abatir la presunción de legalidad que lo cobija. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la liquidación del contrato estatal, consultar providencias de 3 de diciembre de 2018, Exp. 60716, C.P. Guillermo Sánchez Luque; de 1 de agosto de 2019, Exp. 62009, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / VALIDEZ DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / GRADUACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DEL JUEZ / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿Resulta procedente modificar la Resolución 1785 de 2014, por medio de la cual la Aerocivil liquidó unilateralmente el contrato 1000097-OK-2010, en lo atinente al concepto del quantum de la pena pecuniaria impuesta al contratista, por haberse incluido el IVA en su cálculo? Respuesta al problema jurídico: No En relación con la reclamación por la pena impuesta, los artículos 1596 del CC y 867 del CCo, aplicables al sub lite por remisión expresa que hace el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, establecen el derecho del deudor a que se reduzca la pena estipulada cuando la obligación principal se haya cumplido en parte y esa parte haya sido aceptada por el acreedor. (...) En el contrato bajo análisis se incluyó, en la cláusula vigésima, la pena pecuniaria en el siguiente sentido: “en caso de declaratoria de incumplimiento, la unidad impondrá al contratista una pena pecuniaria por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, a título de estimación anticipada de perjuicios”. De la lectura de esta cláusula, es claro que, en caso de incumplimiento —como el acreditado—, el contratista debía cancelar, como estimación anticipada de perjuicios, un equivalente al 20% del precio del contrato, sin que se hubiera establecido expresamente si dicho monto debía calcularse con o sin IVA. Así las cosas, se observa que en la cláusula segunda del contrato referido se pactó que “el valor total del presente contrato es por la suma de $5.790.720.000 incluido IVA”, sin que se hubiera discriminado cada componente del precio. De esta forma, en principio, la suma que debía descontarse por concepto de pena pecuniaria era de $1.158.144.000, no obstante, como el incumplimiento de la UT EICI fue parcial, pues entregó cinco de las doce máquinas de extinción de incendios, lo que equivale a un cumplimiento del 41,66% y un incumplimiento del 58,34%, el cobro proporcional de la pena pecuniaria ascendió a $675.584.000, monto que fue calculado en estos términos e incluido en la liquidación unilateral efectuada por la Aerocivil bajo el concepto de “valor liquidado en incumplimiento”. Por consiguiente, a partir de una interpretación conjunta de las cláusulas transcritas, sin que se haya acreditado que los extremos tuvieran una intención diferente, debe concluirse que el monto de la pena pecuniaria debía calcularse, como en efecto se realizó, de acuerdo con el precio total del contrato, incluido IVA, en consideración al porcentaje de ejecución real del contrato. En tal sentido, se observa que la actuación de la Aerocivil, al liquidar la pena pecuniaria, se ciñó al contenido mismo del contrato y a las normas que lo regulan, por lo que la corrección de la liquidación de la pena a cargo de la UT ElCI, suplicada en la primera pretensión subsidiaria, no prospera. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la posibilidad de graduar la cláusula penal pecuniaria, consultar providencia de 13 de agosto de 2008, Exp. 17009, C.P. Ruth Stella Corre Palacio. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 867, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1596 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / VALIDEZ DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / MORA EN EL PAGO DE LA FACTURA / INTERÉS MORATORIO / CAUSACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO / COBRO DEL INTERÉS MORATORIO / IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE INTERÉS MORATORIO / COMPENSACIÓN / PAGO DE LA COMPENSACIÓN / ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO DE ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿Resulta procedente modificar la Resolución 1785 de 2014, por medio de la cual la Aerocivil liquidó unilateralmente el contrato 1000097-OK-2010, en lo atinente a la falta inclusión de intereses moratorios por el impago de la factura 01-2011? Respuesta al problema jurídico: No Sobre el hecho de que la Aerocivil no hubiera reconocido ni calculado, en la liquidación unilateral, intereses moratorios sobre el valor de la factura 01-2011, desde el momento que debía darse el pago hasta la fecha de expedición de la resolución acusada, se debe decir que, al inicio de la ejecución contractual, el ente contratante giró al contratista, a título de anticipo, la suma de $2.895.360.000 y que, una vez entregadas cinco de las doce máquina, el contratista presentó factura por $2.412.800.000, cuyo pago fue requerido en diversas oportunidades. Así las cosas, si bien la Aerocivil desde la fecha de presentación de la factura debió amortizar con cargo al anticipo, previas las deducciones de ley, el monto de la factura, lo cierto es que esta actuación, como bien lo estableció el Tribunal a quo, fue subsanada al momento de efectuarse la liquidación unilateral. En este sentido, no cabe duda de que el reconocimiento de intereses moratorios en relación con la falta de pago de la factura 01-2011 es improcedente, pues el anticipo ―entendido como un adelanto o avance del precio del contrato, recibido por el contratista sin que ingrese a su patrimonio, destinado a apalancar el cumplimiento de su objeto156― había sido entregado previamente, y su monto superaba la suma contenida en la factura mencionada, con lo cual operó la compensación de las deudas líquidas y exigibles, de pagar el precio de los carros entregados y de reintegrar el anticipo, conforme a los artículos 1714 y 1715 del CC. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el reconocimiento de intereses moratorios, consultar providencia de 22 de junio de 2001, Exp. 13436, C.P. Ricardo Hoyos Duque; y de 11 de diciembre de 2003, Exp. 13348, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1714, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1715 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / VALIDEZ DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / EVENTOS DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / PRESUPUESTOS DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / INAPLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿Resulta procedente modificar la Resolución 1785 de 2014, por medio de la cual la Aerocivil liquidó unilateralmente el contrato 1000097-OK-2010, en lo atinente a incluir los sobrecostos por las mejoras en las características de las carrocerías y los chasises de los carros de extinción de incendios, en razón de un desequilibrio económico del contrato? Respuesta al problema jurídico: No Frente al cargo relacionado con los sobrecostos en que habría incurrido la UT EICI al mejorar las características técnicas de las carrocerías y los chasises de las máquinas de extinción de incendios, debe recordarse que, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia de esta Corporación, la ruptura del equilibrio económico da lugar a su restablecimiento solo cuando el contratista ha cumplido cabalmente con sus obligaciones, mientras que la fuerza mayor justifica no haber cumplido el contrato, ya que se trata de una omisión del cumplimiento no imputable al contratista. Por ello, “la teoría de la imprevisión no justifica la inejecución del contrato”. Por consiguiente, en la ejecución del contrato bajo estudio, en la cual se demostró la existencia de un incumplimiento contractual parcial declarado por medio de unos actos administrativos cobijados por presunción de legalidad y en el que se determinó, luego de un análisis minucioso, que no ocurrieron hechos constitutivos de fuerza mayor, la Sala no puede estudiar el desequilibrio económico alegado, pues, se itera, esta institución existe, únicamente, en los casos en los cuales las obligaciones del contrato han sido plenamente ejecutadas. Además, en caso de que procediera su estudio, este juzgador encuentra acertada la decisión del a quo en el sentido de que el demandante no logró acreditar los elementos necesarios para demostrar una ruptura del equilibrio económico del contrato, pues si bien en el plenario está demostrado que el contratista ofreció, en varias ocasiones, a la Aerocivil mejorar las características técnicas tanto de las carrocerías como de los chasises y estas no fueron debidamente aprobadas por el contratante, también se encuentra probado que aquel siempre sostuvo que tales modificaciones no implicaban un costo adicional para la unidad. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la procedencia del restablecimiento del equilibrio económico del contrato, consultar providencias de 11 de septiembre de 2003, Exp. 14781, C.P. Ricardo Hoyos Duque; de 22 de julio de 2009, Exp. 14389, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; de 28 de octubre de 2019, Exp. 40992, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 16 de diciembre de 2022, Exp. 37724, C.P. Guillermo Sánchez Luque. CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Resulta procedente condenar en costas a la parte vencida en el proceso? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 361 del CGP prevé que “las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. A su turno, los artículos 365.1 y 366 ejusdem, aplicables a los procesos contenciosos administrativos por remisión expresa del artículo 188 del CPACA, establecen que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. Su liquidación se realizará, de manera concentrada, por la secretaría del a quo, correspondiéndole a este juzgador la fijación de las agencias en derecho de segunda instancia, de acuerdo con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura. (...) Bajo tales previsiones, la Sala condenará en costas a la parte accionante, dado que interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia y este no prosperó. Para tal efecto, el Tribunal de origen efectuará la correspondiente liquidación y tasación, debiendo considerar que, en esta instancia se fijan agencias en derecho por el 0,1% de las pretensiones de la demanda. Lo anterior, con fundamento en las tarifas fijadas en el acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. FUENTE FORMAL: ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 6, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201500416011100103