Titulación de la relatoría 13.188 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONVENIO DE COOPERACIÓN / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NULIDAD DE ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / FALTA DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL / FALTA DE COMPETENCIA TEMPORAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE ADMITE LA DEMANDA / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La Resolución 147 del 27 de diciembre de 2000 que declara el incumplimiento contractual, fue proferida con posterioridad al vencimiento del plazo previsto para la liquidación y en consecuencia, con falta de competencia temporal?
Respuesta al problema jurídico: No
Encuentra la Sala que no le asiste razón a la parte actora toda vez que, contrario a lo afirmado en el recurso, la declaratoria de incumplimiento fue realizada antes del vencimiento del plazo para liquidar el contrato, y, por ende, no fue proferida sin competencia temporal. (…) [L]a Sala puntualiza que incluso en los contratos celebrados antes de la expedición de la Ley 1150 de 2007, la declaratoria de incumplimiento era procedente una vez se vencieran los términos de las liquidaciones bilateral y unilateral, siempre que aquel trámite se surtiera antes del vencimiento del término de caducidad o antes de que se notificara el auto admisorio de la demanda, tal como sucedió en el presente caso, lo que descarta la falta de competencia temporal aducida. Adicionalmente, aunque es cierto que, como indica el demandante, para los contratos celebrados en vigencia de la Ley 80 de 1993 y previo a la expedición de la Ley 1150 de 2007, el Consejo de Estado sostuvo que esta competencia se extendía hasta los dos (2) meses siguientes al vencimiento del término previsto para la liquidación bilateral, plazo que correspondía al máximo previsto para que la entidad contratante procediera con la liquidación unilateral (…). El convenio tuvo un plazo de ejecución inicial de seis (6) meses desde su legalización, fue objeto de prórroga por dos (2) meses más y su terminación se dio el 31 de agosto de 2000; adicionalmente (…), se dispuso que sería liquidado de común acuerdo dentro de los dos (2) meses siguientes a su terminación, esto es, a más tardar el 31 de octubre de 2000, momento desde el cual iniciaba el cómputo de dos (2) meses para proceder con la liquidación unilateral. Por tanto, el plazo para efectuar la liquidación unilateral del convenio y, por ende, la competencia temporal para declarar el incumplimiento, inclusive bajo la jurisprudencia aducida por el recurrente, vencía el 31 de diciembre de 2000, por lo que al haberse realizado tal actuación el 27 de diciembre del mismo año, no hay duda de que la misma fue oportuna.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la competencia para declarar el incumplimiento contractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 9 de julio de 2014, rad. 29741, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007, LEY 80 DE 1993
SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN / FALTA DE COMPETENCIA TEMPORAL / FALTA DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL / FALTA DE NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE ADMITE LA DEMANDA / APLICACIÓN DE LA NORMA / SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO / INEXEQUIBILIDAD DE LA NORMA / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿La Resolución 101 del 25 de septiembre de 2001 fue expedida con falta de competencia temporal, al haberse proferido después de configurado el silencio administrativo negativo?
Respuesta al problema jurídico: No
El Tribunal a quo determinó que el acto mediante el cual se resolvió el recurso de reposición no fue expedido con falta de competencia temporal, en la medida que se profirió con anterioridad a la notificación del auto admisorio de la demanda conforme al artículo 60 del CCA (…). Sobre el particular, debe indicarse que la disposición normativa indicada, con fundamento en la cual el a quo determinó la competencia temporal de la entidad para proferir el acto, corresponde al texto original del artículo 60 del CCA, precisamente por cuanto la norma que pretendía modificarlo - Decreto 2304 de 1989- estableciendo la pérdida de la competencia de la administración para resolver los recursos con la ocurrencia del silencio administrativo, fue declarada inexequible. En consecuencia, no hay duda de que la norma aplicada por el a quo para establecer la competencia temporal de las entidades demandadas sí estaba vigente y era aplicable al caso concreto, razón por la que se confirmará lo decidido por el fallo de primera instancia en relación con este cargo.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 60, DECRETO 2304 DE 1989
VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / IMPOSICIÓN DE SANCIONES / DEBIDO PROCESO SANCIONATORIO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / DEBIDO PROCESO EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Problema jurídico:
¿Los actos acusados se expidieron con violación al debido proceso?
Respuesta al problema jurídico: No
En el caso concreto, la parte actora afirma que se vulneró el derecho fundamental al debido proceso, por cuanto: (i) aunque se le solicitó pronunciarse respecto del informe de interventoría, no se le advirtió que se pretendía adelantar una decisión sancionatoria, ni se le indicaron los cargos de incumplimiento y, (ii) las respuestas y observaciones que hizo no fueron leídas, estudiadas o analizadas por las entidades demandadas. (…) [L]a Sala concuerda con lo decidido en primera instancia respecto de la inexistencia de una vulneración al derecho al debido proceso de la parte actora, pues las pruebas allegadas permiten establecer que tuvo la posibilidad de intervenir en la actuación administrativa, conocer las diligencias y los incumplimientos que se le imputaban, así como controvertir los documentos con base en los cuales se profirió la decisión.
FALSA MOTIVACIÓN / CONFIGURACIÓN DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO DE APELACIÓN / FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / REITERACIÓN DE ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / REQUISITOS DE LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DEL RECURSO DE APELACIÓN / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Los actos acusados se expidieron con falsa motivación?
Respuesta al problema jurídico: No
Como fundamento de la demanda, especialmente respecto de la configuración de la falsa motivación aducida, la parte actora presentó una copia o transcripción literal exacta de lo argumentado en el recurso de reposición interpuesto en contra del acto que declaró el incumplimiento. El Tribunal a quo determinó que tales argumentos, sin que se hubiesen allegado pruebas para soportarlos, resultan insuficientes para controvertir las conclusiones de los informes de interventoría y auditoría que sustentaron los actos acusados, los cuales permiten establecer que el contrato no fue cumplido en su totalidad al no haberse cumplido los objetivos acordados y al existir sumas de dinero entregadas a CIMES cuyos soportes no fueron legalizados. En consecuencia, el fallo de primera instancia determinó que los argumentos de la demandada resultan insuficientes para desvirtuar la presunción de legalidad que cobija a los actos acusados. (…) Sobre el particular, esta Subsección de manera reiterada, ha sostenido que a través del recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada decisión judicial, por lo que el apelante tiene la carga de confrontar los argumentos del juez de primera instancia con sus propias reflexiones, carga que no se suple con la manifestación genérica de encontrarse en desacuerdo con el fallo de primera instancia, ni con la sola petición de que se revoque, como tampoco mediante la reiteración de los argumentos y razones expuestas en el curso de la primera instancia; en este sentido, la Sala ha explicado que el recurso de apelación es ajeno a la simple reiteración de las hipótesis que sirvieron como punto de partida en la construcción del proceso en primera instancia, pues éstas ya fueron objeto de comprobación y debate. (…) [L]a parte actora se limitó a transcribir los argumentos de la demanda en el recurso de reposición, dejando de exponer puntualmente razones de inconformidad en relación con el fallo apelado que puedan ser objeto de estudio, le asiste razón en cuanto a que el a quo no se pronunció expresamente respecto de la naturaleza jurídica de las prestaciones de la parte actora como obligaciones de medio o de resultado. Sin embargo, al revisar dicho aspecto, se concluye que los argumentos de la parte actora resultan insuficientes para desvirtuar su incumplimiento y acreditar la falsa motivación aducida (…). [N]o es cierto que CIMES se hubiese obligado bajo el convenio a realizar “un simple acompañamiento de asesoría y de aporte de conocimientos”, resultando tal argumento insuficiente para desvirtuar las conclusiones de los informes de interventoría y auditoría que sustentaron y motivaron la expedición de los actos acusados (…). [L]a Sala encuentra que no existen elementos de juicio para modificar la decisión del a quo al desestimar el cargo de falsa motivación.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el recurso de apelación y su argumentación, cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 26 de enero de 2011, rad. 20955, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 5 de febrero de 2021, rad. 51371, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 5 de marzo de 2021, rad. 64163, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 7 de diciembre de 2021, rad. 65962, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 16 de agosto de 2022, rad. 52803, C. P. María Adriana Marín; sentencia de 8 de mayo de 2023, rad. 59376, C. P. José Roberto Sáchica Méndez.
DESVIACIÓN DE PODER / CONCEPTO DE DESVIACIÓN DE PODER / DEMOSTRACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE PODER / ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA DESVIACIÓN DE PODER / FINALIDAD DE LA DESVIACIÓN DE PODER / PRUEBA DE LA DESVIACIÓN DE PODER / INEXISTENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER / DESVIRTUACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Los actos acusados se expidieron con desviación de poder?
Respuesta al problema jurídico: No
La Sala encuentra que efectivamente el Tribunal a quo no se refirió de manera explícita a los cargos por violación de la ley y desviación de poder. Sin embargo, por cuanto sus fundamentos de hecho son exactamente los mismos utilizados para sustentar la falsa motivación, la Sala llega a la misma conclusión referida (…). [L]a Sala no puede dejar de precisar que la falsa motivación y la desviación de poder corresponden a conceptos distintos. La desviación de poder está intrínsecamente relacionada con el elemento teleológico del acto administrativo, pues las atribuciones otorgadas a un funcionario público para gestionar y concretar un acto, deben dirigirse principalmente al cumplimiento de los fines del Estado, el interés general, la satisfacción de las necesidades colectivas y la garantía y efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política y las normas jurídicas; por ende, si una autoridad dicta un acto utilizando una competencia que la ley le ha otorgado, pero con una finalidad extraña al interés general, ese acto sería ilegal por desviación de poder. (…) Así, si bien lo que determina la desviación de poder son los fines, no siempre media la intención de adoptar una decisión que persiga un fin diferente al previsto por el ordenamiento jurídico, pues como se dijo, el propósito no siempre será particular, personal o arbitrario, pues podrá beneficiar a la misma administración. Precisada la anterior noción, la Sala no encuentra que bajo la alegada desviación de poder el actor pretenda demostrar un vicio de tal naturaleza, en tanto sus argumentos se circunscribieron al desacuerdo con la motivación de los actos demandados bajo la premisa de que sí cumplió con las obligaciones a su cargo, pero de manera alguna, planteó la existencia de elementos fácticos o jurídicos tendientes a indicar que las demandadas hubiesen actuado con propósitos, fines o intereses distintos a los definidos en las resoluciones que se acusan, contrarios a los intereses públicos, o distintos a las finalidades concretas que la ley buscó satisfacer al otorgar a las demandadas la competencia para proferirlos, en el caso concreto, como consecuencia del incumplimiento del convenio. En consecuencia, dado que la parte actora no desvirtuó la presunción de legalidad que acompaña a los actos acusados, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia.