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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el contrato celebrado entre Hospital de Yopal E.S.E. y AAA Alliance S.A.S. es un negocio jurídico regido

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Fecha
2024-08-13
Radicado
85001233300020200003901
Número interno
68176
Ponente
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
SOCIEDAD AAA ALLIANCE S.A.S.
Demandado
HOSPITAL DE YOPAL E.S.E.

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el contrato celebrado entre Hospital de Yopal E.S.E. y AAA Alliance S.A.S. es un negocio jurídico regido

Lo que dijo la Sala

De conformidad con los artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, el Hospital de Yopal como Empresa Social del Estado, es una entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, y sus contratos son negocios jurídicos sometidos al derecho privado, en los que discrecionalmente pueden pactarse las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de la Contratación Pública.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

Los contratos celebrados por una empresa social del Estado son negocios jurídicos sometidos al derecho privado, en los que pueden pactarse discrecionalmente las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de la Contratación Pública. Esta regla se apoya en los artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, que dan a la empresa el carácter de entidad pública descentralizada con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Por ello, la presencia de facultades exorbitantes no cambia la naturaleza privada del negocio, sino que habilita a la entidad a ejercer ciertas potestades unilaterales. En el caso concreto el contrato de prestación de servicios se rige por normas civiles y comerciales y contiene facultades de declaración de caducidad, interpretación, modificación y terminación unilaterales, que fueron pactadas por la empresa. La sala confirmó la sentencia. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la empresa social del Estado puede pactar cláusulas exorbitantes en contratos regidos por el derecho privado.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El contrato celebrado entre Hospital de Yopal E.S.E. y AAA Alliance S.A.S. es un negocio jurídico regido por las reglas y principios civiles y comerciales, en el que se pactaron facultades exorbitantes?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 100 de 1993, arts. 194 y 195
  • Ley 1474 de 2011, art. 86

También resuelve

  • ¿El Hospital de Yopal desconoció las reglas procedimentales previstas en la ley para la declaratoria de caducidad contractual e imposición de multas afectando el debido proceso y la defensa del…
  • ¿El Hospital de Yopal incurrió en desviación de poder porque persiguió un interés distinto al público al expedir las Resoluciones 263 y 380 de 2019?
  • ¿Los motivos de las resoluciones demandadas, fueron falsos o alejados de la realidad contractual, teniendo en cuenta el incumplimiento mutuo justificante de la exceptio non adimpleti contractus?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

HOSPITAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NATURALEZA JURÍDICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN CLÁUSULA EXORBITANTE DEL CONTRATO ESTATAL CLÁUSULA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL FACULTAD DECLARATORIA DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO CLÁUSULA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA CITACIÓN A AUDIENCIA INASISTENCIA A AUDIENCIA DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA DESVIACIÓN DE PODER CONCEPTO DE DESVIACIÓN DE PODER ACTO ADMINISTRATIVO ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERÉS GENERAL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA INEXISTENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO PRESUPUESTOS DE LA EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO CARGA DE LA PRUEBA EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS

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Titulación de la relatoría 12.585 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

HOSPITAL / EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / NATURALEZA JURÍDICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CLÁUSULA EXORBITANTE DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / FACULTAD DECLARATORIA DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / CLÁUSULA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿El contrato celebrado entre Hospital de Yopal E.S.E. y AAA Alliance S.A.S. es un negocio jurídico regido por las reglas y principios civiles y comerciales, en el que se pactaron facultades exorbitantes? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con los artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, el Hospital de Yopal como Empresa Social del Estado, es una entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, y sus contratos son negocios jurídicos sometidos al derecho privado, en los que discrecionalmente pueden pactarse las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de la Contratación Pública. En este sentido, el contrato 54 de 2015 suscrito por el citado Hospital y AAA Alliance S.A.S. es un negocio jurídico regido por las reglas y principios civiles y comerciales, en el que se pactaron facultades exorbitantes del Hospital de declaración de caducidad, interpretación, modificación y terminación unilaterales del contrato (cláusulas 23ª a 25ª) y cuyo ejercicio, cuando suponen la imposición de sanciones, multas o cobros de cláusula pecuniarias, debe garantizar el debido proceso a través de las ritualidades del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 194, LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 195, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86 CLÁUSULA EXORBITANTE DEL CONTRATO ESTATAL / CLÁUSULA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / FACULTAD DECLARATORIA DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA / CITACIÓN A AUDIENCIA / INASISTENCIA A AUDIENCIA / DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONTRACTUAL / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA Problema jurídico: ¿El Hospital de Yopal desconoció las reglas procedimentales previstas en la ley para la declaratoria de caducidad contractual e imposición de multas afectando el debido proceso y la defensa del contratista? Respuesta al problema jurídico: No En el caso concreto, la prueba documental da cuenta de que, por medio de la notificada Resolución 211 de 2019, el Hospital citó a audiencia de incumplimiento contractual del 12 de junio de 2019 al contratista y a la Aseguradora, con la exposición clara y detallada de su motivación, como da cuenta el contenido de la citada resolución . Llegada la fecha indicada, el Hospital reprogramó la diligencia por petición de la Aseguradora ante la falta de comparecencia del contratista, según indica el acta de la diligencia . En la nueva audiencia programada para el 20 de junio de 2019, el contratista tampoco acudió; hallándose presentes la Aseguradora y el supervisor del contrato, el Hospital expuso las causas del incumplimiento, las obligaciones desatendidas, las pruebas de respaldo y los perjuicios padecidos, al paso que otorgó el espacio para que los convocados rindieran sus descargos, como hizo el ente asegurador, y finalmente expidió la Resolución 263 de 2019, que fue notificada en estrados a la Aseguradora y por estado al contratista ausente, según muestra el contenido del acta . Pese a que el contratista no asistió a la diligencia del 20 de junio de 2019, el Hospital permitió que interpusiera su recurso de reposición fuera de ella, mismo que decidió mediante Resolución 380 de 2019 con la cual puso fin al procedimiento sancionatorio. La Sala constata que el Hospital no violó el derecho al debido proceso ni desconoció el derecho de audiencia y de defensa del contratista demandante, pues este conoció oportunamente los motivos y razones del incumplimiento que se le imputó, tuvo la oportunidad en dos oportunidades de rendir descargos, aportar sus pruebas y controvertir evidencias, y a pesar de ello, nada hizo para hacer valer sus intereses y demostrar en el trámite de la actuación administrativa la inexistencia del incumplimiento del negocio jurídico. Los derechos al debido proceso y defensa aparejan cargas para sus titulares, como las de asistir a las diligencias que se disponen en desarrollo de la actuación administrativa como parte de su garantía, solo de esta manera pueden realizarse y exigir su protección o indemnidad. El contratista reprocha en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, que el Hospital resolvió el recurso de reposición mediante la Resolución 380 de 2019, expedida fuera de la diligencia del 20 de junio de ese año, en la que se llevó a cabo la audiencia concentrada de incumplimiento contractual según las voces del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, pero desconoce que si de rigor procesal se trata, su recurso debió ser presentado y sustentado ese mismo 20 de junio de 2019 en audiencia, y como nada de ello ocurrió8 , el acto administrativo hubiera adquirido firmeza en los términos del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011; en esa medida, la decisión del Hospital de permitir al contratista ausente presentar su recurso de reposición fuera de la diligencia y posteriormente decidirlo, lejos de representar una irregularidad procedimental, constituyó una garantía adicional a los derechos del contratista. Por lo tanto, el cargo no tiene vocación de prosperidad. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 87, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86 DESVIACIÓN DE PODER / CONCEPTO DE DESVIACIÓN DE PODER / ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INTERÉS GENERAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / INEXISTENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER Problema jurídico: ¿El Hospital de Yopal incurrió en desviación de poder porque persiguió un interés distinto al público al expedir las Resoluciones 263 y 380 de 2019? Respuesta al problema jurídico: No La desviación de poder está intrínsecamente relacionada con el elemento teleológico del acto administrativo, pues las atribuciones otorgadas a un funcionario público para gestionar y concretar un acto, deben dirigirse principalmente al cumplimiento de los fines del Estado, el interés general, la satisfacción de las necesidades colectivas y la garantía y efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política; por ende, si una autoridad dicta un acto utilizando una competencia que la ley le ha otorgado, pero con una finalidad extraña al interés general, ese acto es ilegal por desviación de poder (...) La Sala no encuentra que, bajo la alegada desviación de poder, el actor haya demostrado en el caso concreto un vicio de tal naturaleza, en tanto sus argumentos se circunscribieron al desacuerdo con la motivación de los actos demandados, bajo la premisa de que sí cumplió con las obligaciones a su cargo, pero de manera alguna planteó la existencia de elementos fácticos o jurídicos tendientes a indicar que las demandadas hubiesen actuado con propósitos, fines o intereses distintos a los definidos en las resoluciones que se acusan y a la competencia ejercida por la administración, contrarios a los intereses públicos, o distintos a las finalidades concretas que la ley buscó satisfacer al otorgar a las demandadas la competencia para proferirlos, en el caso concreto, como consecuencia del incumplimiento del convenio. Por tanto, el cargo no prospera. FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARA LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / PRESUPUESTOS DE LA EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Los motivos de las resoluciones demandadas, fueron falsos o alejados de la realidad contractual, teniendo en cuenta el incumplimiento mutuo justificante de la exceptio non adimpleti contractus? Respuesta al problema jurídico: No En esa medida, no cabe alegar en defensa del contratista la excepción de contrato no cumplido en los términos definidos en el artículo 1609 del Código Civil, ya que hallándose en incumplimiento de sus obligaciones por cuenta de la demora en los servicios de cardiología, falta de evolución de pacientes de cardiología y cirugía vascular, falta de ejecución de procedimientos diagnósticos, fallas en la socialización de los protocolos y guías de manejo, falta de disponibilidad de especialistas, falta de inventario de equipos y falencias en el sistema de garantía de calidad, que encontró probado el Tribunal y que no desconoció ni reprochó en su apelación, el contratista no logró demostrar que esos incumplimientos tuviesen origen en la desatención por parte del Hospital de sus obligaciones de pago, además que tampoco hay evidencia de que el contratista hubiera caído en imposibilidad económica o financiera por el supuesto no pago del Hospital, pues el mismo modelo económico definido en el contrato le permitía prestar servicios a terceros y obtener de allí un lucro, mismo que efectivamente venía obteniendo como certificó su contador mediante documento del 5 de julio de 2017.En orden a acreditar que el incumplimiento del contrato -reconocido y aceptado por el demandante- que sustentó los actos demandados, tuvo origen en el no pago de los valores que le correspondían a la entidad demandada, la parte actora tenía la carga de acreditar no solo el desconocimiento de esa prestación de la contratante, sino además su magnitud y su incidencia en el cumplimiento de las prestaciones a su cargo, lo cual no es posible de establecer partir de las solas certificaciones y oficios allegados como única prueba para tal fin, en tanto no dan cuenta de las facturas efectivamente presentadas, su valor y su fecha de presentación, y menos aún, permiten establecer la razonabilidad de que su falta de pago conllevara a la imposibilidad de cumplir con sus prestaciones, especialmente ante la evidencia de que el contratista recibía ingresos por cuenta de los servicios que prestaba y facturaba directamente a terceros, los cuales, el demandante no afirmó y mucho menos acreditó resultaran insuficientes para continuar con la operación de la unidad. 47. Así las cosas, no hay mérito probatorio que permita afirmar que la decisión que encontró infundada la falsa motivación del acto administrativo integrado por las Resoluciones 263 y 380 de 2019 sea errada y, por tanto, el cargo de la apelación que así lo sugiere no prospera. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1609 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas contra la parte actora en la medida en que fracasaron los cargos de apelación que formuló? Respuesta al problema jurídico: Si En consideración a que este proceso se rige por el artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en armonía con el artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala condenará en costas a la parte actora en la medida en que fracasaron los cargos de apelación que formuló y se confirmará la sentencia de primera instancia. Como dicha condena no requiere la apreciación o calificación de una conducta temeraria, sino la verificación objetiva de quién resultó vencido, conforme con el numeral 1 Ídem. La liquidación de las costas se debe adelantar de manera concentrada en el Tribunal que conoció del proceso en primera instancia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 366 del Código General del Proceso. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 47

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=850012333000202000039011100103