Titulación de la relatoría 24.439 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DE LA SENTENCIA DE NULIDAD / COSA JUZGADA / EFECTO ERGA OMNES / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DEBIDO PROCESO / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / PRUEBA PERICIAL
Problema jurídico:
¿La sentencia que negó la nulidad de los mismos actos administrativos contractuales en otro proceso produce efectos de cosa juzgada respecto de un cargo de nulidad que no hizo parte de la causa petendi juzgada?
Respuesta al problema jurídico: No
La Sala debe pronunciarse sobre los efectos que tiene, en el proceso de la referencia, la Sentencia de 10 de agosto de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en el proceso de controversias contractuales 76001-23-33-007-2017-01644-01, en el cual se discutió la legalidad de los mismos actos administrativos objeto del presente proceso. El inciso primero del artículo 189 del CPACA dispone que (se trascribe): “la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada”. En vista de que la Sentencia de 10 de agosto de 2026 negó las pretensiones de nulidad de los actos administrativos enjuiciados en el proceso al que puso fin, dicha providencia produce “cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada”. De los cargos de nulidad formulados en la demanda que dio origen al proceso de la referencia, la Sala centrará su análisis en aquel según el cual los actos administrativos fueron expedidos con desconocimiento del debido proceso, debido a que, durante el procedimiento administrativo, el Distrito negó injustificadamente una prueba pericial que cumplía todos los requisitos para ser decretada y que tenía por objeto demostrar el porcentaje de ejecución del contrato de concesión y controvertir lo señalado al respecto en un informe de interventoría. Lo anterior no hizo parte de la causa petendi juzgada en el proceso de controversias contractuales 76001-23-33-007–2017-01644-00/01, por lo que, en relación con este aspecto específico, la Sentencia de 10 de agosto de 2026 no produce efectos de cosa juzgada.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la providencia que, en otro proceso de controversias contractuales, negó las pretensiones de nulidad formuladas contra los mismos actos administrativos y cuyos efectos de cosa juzgada se analizan, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 10 de agosto de 2026, exp. 76001-23-33-007-2017-01644-01.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 189 INCISO 1
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INTERÉS JURÍDICO DIRECTO / INTERÉS PARA DEMANDAR LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / GARANTÍAS CONTRACTUALES / OTROSÍ AL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE SEGURO
Problema jurídico:
¿Las aseguradoras garantes de un contrato estatal, pese a ser terceros respecto de este, están legitimadas en la causa por activa para pretender la declaratoria de nulidad absoluta de un acuerdo modificatorio del contrato y la nulidad de los actos administrativos contractuales que inciden directamente en su situación jurídica?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]as demandantes están legitimadas para pretender la declaratoria de la nulidad absoluta del otrosí 13 y de la nulidad de los actos administrativos proferidos en el procedimiento administrativo (…). El inciso final del artículo 141 del CPACA dispone que “el Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato”. (…) Las demandantes, aunque son terceros respecto del contrato de concesión y de sus modificatorios, tienen un interés directo para pretender la nulidad absoluta del otrosí 13. Según lo indicado en la demanda, este acuerdo modificatorio se celebró con el único objeto de que el Distrito no perdiera la competencia para proferir las resoluciones enjuiciadas, por lo que la eventual nulidad absoluta del otrosí traería consigo la nulidad, por falta de competencia temporal, de los actos administrativos a través de los cuales se adoptaron decisiones que afectaron directamente los intereses de las coaseguradoras. En ese orden de ideas, es claro que las demandantes alegaron la nulidad absoluta del otrosí 13 en la medida en que las decisiones que se adoptaran al respecto incidían directamente en su situación jurídica, mas no porque pretendieran cuestionar en abstracto la legalidad de este negocio jurídico, caso en el cual no tendrían legitimación en la causa. De igual forma, y según la jurisprudencia reiterada de esta corporación, las coaseguradoras están legitimadas para pretender la nulidad de los actos administrativos contractuales por medio de los cuales se adoptaron decisiones que impactaron directamente su situación jurídica. No tienen, en cambio, legitimación para pretender la declaratoria del incumplimiento del contrato de concesión. Al respecto, esta Subsección ha precisado que el interés legítimo que les permite a las garantes ejercer el medio de control de controversias contractuales “no se extiende a la reclamación de los derechos y garantías propias del contratista (tomador), quien, en virtud de la relación contractual con la entidad contratante es el legitimado para demandar los aspectos relacionados con el contrato estatal afianzado y reivindicar judicialmente sus propios intereses”.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el interés directo como medio de legitimación de un tercero para intervenir en el proceso, en razón de que las resultas pueden incidir o afectar sus intereses, ver: Corte Constitucional, sentencia C-221 de 14 de abril de 1999, M. P. Fabio Morón Díaz. Sobre la legitimación de las coaseguradoras para pretender la nulidad de los actos administrativos contractuales por medio de los cuales se adoptaron decisiones que impactaron directamente su situación jurídica, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 1 de diciembre de 2025, exp. 70039, C. P. Fredy Hernando Ibarra Martínez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141 INCISO FINAL
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / GARANTÍAS CONTRACTUALES / RELACIÓN CONTRACTUAL / DERECHOS DEL CONTRATISTA / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE SEGURO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Están legitimadas en la causa por activa las aseguradoras que actúan como garantes del contratista para pretender que se declare el incumplimiento de las obligaciones económicas a cargo de la entidad contratante, cuyo acreedor es el contratista?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]as demandantes están legitimadas para pretender la declaratoria de la nulidad absoluta del otrosí 13 y de la nulidad de los actos administrativos proferidos en el procedimiento administrativo, mas no para pretender la declaratoria del incumplimiento del contrato de concesión. (…) [E]sta Subsección ha precisado que el interés legítimo que les permite a las garantes ejercer el medio de control de controversias contractuales “no se extiende a la reclamación de los derechos y garantías propias del contratista (tomador), quien, en virtud de la relación contractual con la entidad contratante es el legitimado para demandar los aspectos relacionados con el contrato estatal afianzado y reivindicar judicialmente sus propios intereses”. En ese sentido, la pretensión dirigida a que “se declare que el [Distrito] incurrió en incumplimiento del contrato de concesión […] al incumplir con las obligaciones económicas a su cargo derivadas del mismo” debía ser formulada por Vías de Cali en calidad de contraparte contractual del Distrito y de acreedora de las obligaciones de pago cuyo incumplimiento se alegó (…). [L]a Sala decidirá declarar la falta de legitimación en la causa de las demandantes respecto de la pretensión de incumplimiento contractual (…).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el interés legítimo que les permite a las garantes ejercer el medio de control de controversias contractuales, el cual no se extiende a la reclamación de los derechos y garantías propias del contratista (tomador), ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 1 de diciembre de 2025, exp. 70039, C. P. Fredy Hernando Ibarra Martínez.
OTROSÍ AL CONTRATO / PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA DESVIACIÓN DE PODER / INEXISTENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER / CAUSA ILÍCITA / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CONTRATACIÓN ESTATAL / CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DESVIACIÓN DE PODER / FINALIDAD DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Procede declarar la nulidad absoluta de un acuerdo modificatorio de un contrato estatal por desviación de poder y causa ilícita, cuando se desvirtúa que su celebración tuviera por objeto ampliar el plazo contractual para imponer una sanción y no se acreditan los elementos configurativos de esas causales?
Respuesta al problema jurídico: No
La parte demandante, para sustentar su pretensión de nulidad absoluta del otrosí 13 por desviación de poder y causa ilícita, se limitó a señalar que, con este negocio jurídico, el Distrito “no [buscaba] ‘el cumplimiento de los fines estatales’, sino contar con tiempo extra para resolver las recusaciones presentadas por el contratista [y] para imponer la sanción respectiva”. En contraste con ello, la Sala advierte que el otrosí 13, en lugar de representar una ampliación del plazo contractual (...), realmente implicó una reducción del plazo. (…) [L]a fecha de terminación del contrato pasó de ser el 19 de junio de 2017, como lo habían estipulado las partes en la cláusula decimoquinta del acta de mutuo acuerdo, a ser el 19 de febrero de 2017, de acuerdo con lo pactado en la cláusula primera del otrosí 13. Lo anterior desvirtúa la razón por la cual se alegó la nulidad absoluta del negocio jurídico, pues este no representó una ampliación del plazo contractual. Ante la falta de otros argumentos de la parte demandante para sustentar las causales de desviación de poder y de causa ilícita, y en vista de que la Sala tampoco advierte que los sujetos que suscribieron el otrosí 13 –es decir, el Secretario de Infraestructura y Valorización del Distrito y los representantes de Vías de Cali– persiguieran un interés particular, personal o arbitrario, ni que el motivo que los indujo a celebrar este negocio jurídico estuviera prohibido por la ley o resultara contrario a las buenas costumbres o al orden público, se negará la pretensión referida a la nulidad absoluta.
NEGACIÓN DEL DECRETO DE PRUEBA / INFORME DEL INTERVENTOR / OPORTUNIDAD PARA EL APORTE DE LA PRUEBA / CONDUCENCIA DE LA PRUEBA / PERTINENCIA DE LA PRUEBA PERICIAL / REQUISITOS DE LA PRUEBA PERICIAL / PRUEBA ÚTIL / DECRETO DE PRUEBA / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
Problema jurídico:
¿Puede una autoridad administrativa rechazar una prueba pericial solicitada por el contratista o el garante en un procedimiento administrativo sancionatorio contractual, sin motivar la decisión con base en los criterios legales de conducencia, pertinencia, utilidad, oportunidad y licitud de la prueba?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala estima que el Distrito negó sin una justificación válida el decreto de la prueba pericial que Mapfre Seguros Generales de Colombia solicitó con el fin de demostrar el porcentaje de ejecución del contrato y de controvertir un informe de interventoría que se adujo en su contra (…). El ordenamiento jurídico colombiano establece los criterios que tanto jueces como autoridades administrativas deben observar al momento de decidir sobre el decreto de pruebas. Siempre que se satisfagan estos criterios habrá lugar a decretar la prueba, y solo en caso de que no se verifique alguno de ellos resultará procedente negar el decreto de la prueba. El artículo 47 del CPACA dispone, en términos similares a como lo hace el artículo 168 del CGP, que “serán rechazadas de manera motivada, las inconducentes, las impertinentes y las superfluas y no se atenderán las practicadas ilegalmente”; y, de acuerdo con el literal b) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, la oportunidad para “aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad” es al momento de presentar los descargos. (…) En principio, el procedimiento administrativo en el que se adoptan decisiones como la declaratoria de caducidad del contrato se desarrolla según el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011; no obstante, en casos de vacíos, por ejemplo, el relativo a los supuestos para negar el decreto de pruebas, es aplicable el artículo 47 del CPACA. (…) [L]as autoridades administrativas no pueden negar arbitrariamente o bajo cualquier justificación el decreto de determinada prueba; por el contrario, aunque tengan cierto margen de discrecionalidad para decidir sobre el decreto de pruebas, deben considerar que, por mandato legal, además de tener que motivar siempre su decisión, esta motivación debe basarse en los criterios legales de conducencia, pertinencia, utilidad, oportunidad y licitud. (…) [L]a prueba pericial solicitada con el objeto de demostrar el porcentaje de ejecución del contrato satisfacía todos los criterios legales para ser decretada, y la escasa motivación de la entidad para negarla, circunscrita a señalar que el informe de interventoría de 1 de agosto de 2016 era “claro y preciso”, no justificaba válidamente su decisión. En primer lugar, para la Sala es clara la pertinencia de la prueba pericial, en la medida en que esta tenía por objeto demostrar el cumplimiento del contrato de concesión por parte de Vías de Cali, que era precisamente el aspecto objeto de discusión en el procedimiento administrativo contractual. (…) [R]esulta claro que la prueba pericial solicitada podía contribuir a esclarecer un hecho que guardaba directa relación con el procedimiento administrativo y que era objeto de controversia, de allí su utilidad. (…) En tercer lugar, la prueba pericial fue solicitada por Mapfre Seguros Generales de Colombia en la oportunidad que prevé el literal b) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 para ello, es decir, al presentar sus descargos.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 47, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86 LITERAL B, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 168
NEGACIÓN DEL DECRETO DE PRUEBA / INFORME DEL INTERVENTOR / CONTROVERSIA DE LA PRUEBA / PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA PERICIAL / GARANTÍA PROCESAL / DERECHO DE DEFENSA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / DEBIDO PROCESO
Problema jurídico:
¿Constituye una razón válida para negar el decreto de la prueba pericial solicitada por el contratista o el garante para controvertir el informe de interventoría en que se fundamenta la entidad en el procedimiento administrativo sancionatorio contractual, la claridad y precisión de dicho informe?
Respuesta al problema jurídico: No
[S]i el Distrito, para tener por acreditado el porcentaje de ejecución del contrato, contó con un informe técnico presentado por la interventoría, resulta razonable entender que el contratista y/o el garante podían solicitar una prueba de la misma naturaleza técnica que tenía aquella que se adujo en su contra para demostrar ese aspecto. De lo contrario, sería desventajoso y vulneraría, entre otros, el derecho de defensa y contradicción que los citados al procedimiento administrativo no cuenten con los mismos medios probatorios que las entidades tienen a disposición para adelantar la actuación administrativa y motivar su respectiva decisión. (…) [E]l hecho de que el informe de interventoría fuera, a juicio de la entidad, “claro y preciso”, no era una razón válida para negar el decreto de la prueba pericial solicitada. Este argumento conduciría a establecer una regla según la cual siempre que los informes de interventoría en que se basa la entidad para adelantar el procedimiento administrativo sean claros y precios, las pruebas solicitadas por el contratista y/o el garante con el objeto de controvertir el contenido de dichos informes deben ser negadas. Lo anterior desconoce la garantía que en virtud del debido proceso probatorio tienen los citados a un procedimiento administrativo para controvertir las pruebas que se presenten en su contra. Naturalmente, la entidad, para tomar decisiones que afecten al contratista y al garante, debe basarse en pruebas “claras y precias”, pero aun cuando ello sea así debe garantizar que estos sujetos tengan la oportunidad de controvertir tales pruebas. En ese sentido, el ejercicio de esta garantía no depende de la claridad y precisión que puedan o no tener las pruebas de la entidad.
SOLICITUD DE DICTAMEN PERICIAL / NEGACIÓN DEL DECRETO DE PRUEBA / VIOLACIÓN DEL DERECHO DE CONTRADICCIÓN / VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA / DEBATE PROBATORIO / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / DESVIRTUACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / CONTROVERSIA DE LA PRUEBA / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IRREGULARIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE AUDIENCIA O DE DEFENSA
Problema jurídico:
¿La negación injustificada de una prueba pericial que cumplía los requisitos para ser decretada y guardaba directa relación con la actuación administrativa contractual, constituye una vulneración del debido proceso y del derecho de defensa capaz de desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos expedidos por la entidad?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala declarará la nulidad de las Resoluciones 41510210137, 41510210139 y 4151021163 de 2017, debido a que fueron proferidas por el Distrito con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa. (…) El derecho fundamental al debido proceso se encuentra consagrado en el artículo 29 de la Constitución y, específicamente para el ámbito sancionatorio contractual, en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. En aras de garantizar este derecho, en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 se estableció el procedimiento que deben seguir las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para efectos de declarar el incumplimiento, cuantificar los perjuicios, imponer multas y sanciones, así como hacer efectiva la cláusula penal. En lo que resulta pertinente para resolver el caso, el inciso cuarto del artículo 29 constitucional reconoce el “derecho […] a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra” y, en concordancia con ello, el literal b) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 dispone que, en desarrollo de la audiencia, “se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad” (…). [L]as posibilidades que tienen el contratista y el garante de “aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad” hacen parte de las garantías mínimas que se derivan del debido proceso en materia probatoria y son, sin duda, una manifestación del derecho de defensa y contradicción, (...). [R]esulta evidente que el Distrito negó injustificadamente una prueba pericial que cumplía todos los requisitos para ser decretada y guardaba directa relación con un procedimiento en el que se discutía el cumplimiento de un contrato, pues precisamente estaba dirigida a demostrar técnicamente el porcentaje de ejecución de ese contrato. Con esta actuación, la entidad (…) coartó el derecho de defensa y contradicción, así como las garantías probatorias atadas a él, al privar a Mapfre Seguros Generales de Colombia de la posibilidad de aportar una prueba con la cual pretendía sustentar su defensa y controvertir una prueba técnica presentada en su contra. Estas garantías de “aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad” (…), son la base para el adecuado ejercicio del derecho de defensa y contradicción, en otras palabras, permiten su materialización. De allí que, para la Sala, su desconocimiento en este caso evidencia una vulneración al debido proceso de Mapfre Seguros Generales de Colombia lo suficientemente significativa para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos enjuiciados.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la violación del debido proceso con entidad suficiente para derruir la presunción de legalidad del acto administrativo, sin que el administrado tenga la carga de demostrar que habría podido obtener un resultado diferente cuando fue la Administración quien lo privó de la posibilidad de defenderse, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 1 de diciembre de 2025, exp. 73138, C. P. Fredy Hernando Ibarra Martínez. En el mismo sentido, sobre la nulidad, por desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, de los actos administrativos proferidos en un procedimiento sancionatorio en el que el término concedido al contratista para rendir sus descargos, así como la decisión de no ampliarlo, afectaron su derecho a la defensa, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 30 de enero de 2026, exp. 69090. Sobre las garantías mínimas que deben respetarse en materia probatoria, entre ellas, el derecho a presentar y solicitar pruebas y el derecho a controvertir las que se presenten en contra, ver: Corte Constitucional, sentencia C-1270 de 20 de septiembre de 2000, M. P. Antonio Barrera Carbonell, reiterada en la sentencia C-34 de 29 de enero de 2014, M. P. María Victoria Calle Correa.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86 LITERAL B
RESTITUCIÓN DE DINERO / PAGO DE LA PÓLIZA DE SEGURO / PÓLIZA DE GARANTÍA CONTRACTUAL / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / PRUEBA DEL PAGO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede ordenar el reintegro de las sumas que el garante hubiera pagado por concepto de una cláusula penal impuesta mediante actos administrativos que son declarados nulos por la jurisdicción contencioso-administrativa, aunque no se haya aportado al proceso prueba de dicho pago?
Respuesta al problema jurídico: Si
Al proceso no se aportó prueba del pago alegado en la demanda; sin embargo, en caso de que las demandantes hayan realizado algún pago al Distrito por concepto de la cláusula penal que se hizo efectiva en los actos administrativos que serán declarados nulos, este último deberá reintegrarlos.
PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / REVOCATORIA PARCIAL DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿Procede condenar en costas a la entidad demandada cuando, como consecuencia de la revocatoria parcial de la sentencia de primera instancia, se declara la nulidad de los actos administrativos demandados y aquella resulta vencida en el proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como consecuencia de la decisión de revocar parcialmente la Sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarar la nulidad de los actos administrativos enjuiciados, la Sala considera que la parte vencida en el proceso no fue la demandante, sino la demandada, razón por la cual esta será condenada al pago de las costas de ambas instancias, de conformidad con los artículos 188 del CPACA y 365.1 del CGP. Las costas serán liquidadas de forma concentrada por el Tribunal de origen.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1