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CONTROVERSIAS DEL CONTRATO ESTATAL

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Consejo de Estado Providencia

Se confirmará la sentencia de primera instancia

Sentencia — Sentencia 2022-07-13 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 05001233100019990043501 ACCION CONTRACTUAL
¿El contrato celebrado con una empresa de servicios públicos está sujeto al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se configuró desequilibrio económico del contrato? No
El contratista no puede solicitar la revisión del desequilibrio económico del contrato celebrado con una empresa de servicios públicos, ya que este tipo de contratos no están sujetos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, conforme al artículo 31 de la Ley 142 de 1994. La Sala establece que la revisión de la excesiva onerosidad de las prestaciones debe ajustarse al artículo 868 del Código de Comercio, que requiere que las circunstancias extraordinarias afecten una prestación de futuro cumplimiento, lo cual no se da en este caso, ya que las reclamaciones se basan en actividades ya realizadas. Esta decisión reitera y confirma la interpretación de que los contratos de servicios públicos no están regidos por el estatuto de contratación estatal, limitando así las posibilidades de revisión de desequilibrios económicos en contratos celebrados bajo el derecho privado.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

¿Compete al Consejo de Estado conocer en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por una entidad de naturaleza pública como el Banco Agrario de Colombia S.A.?

Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación 2022-02-11 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 11001032600020210024100 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Compete al Consejo de Estado conocer en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por una entidad de naturaleza pública como el Banco Agrario de Colombia S.A.? Sí
La Corporación conoce en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales originados en contratos estatales, según el numeral 7 del artículo 149 del CPACA, cuando una entidad pública interviene en el conflicto. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la controversia del laudo surgió de un contrato de gerencia integral celebrado por una entidad que, aunque es sociedad de economía mixta, tiene régimen de empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, por lo que se trata de un conflicto originado en un contrato estatal. La segunda es que, por el criterio orgánico, la competencia recae en la Sección Tercera. En el caso concreto, el despacho verificó además que el recurso cumple los requisitos de oportunidad y forma del artículo 40 de la Ley 1563 de 2012, pues fue presentado y sustentado ante el tribunal arbitral con indicación de la causal, dentro de los treinta días siguientes a la notificación, y por ello lo admite. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe el juez admitir el recurso de anulación interpuesto con el lleno de los requisitos de oportunidad y de forma consagrados en el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012?
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-04-28 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020190065701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Al existir un acto administrativo mediante el cual la administración manifestó su voluntad de extinguir la relación contractual y realizar el respectivo cruce de cuentas con el contratista, acto que se presume legal, no puede emitirse una sentencia en la que se afirme que fue la entidad contratante quien incumplió el contrato? Sí
El contratista no puede obtener una sentencia que declare la incumplimiento del contrato por parte de la entidad estatal si ésta ha emitido un acto administrativo legal que liquida unilateralmente la relación contractual y realiza el cruce de cuentas correspondiente, ya que mientras este acto esté vigente, no es procedente emitir una sentencia que declare la responsabilidad del contratante. La Sala modificó la sentencia apelada y se inhibió de estudiar de fondo las pretensiones de la demanda debido a que el contratista no impugnó la legalidad del acto administrativo que liquidó unilateralmente la orden de compra, lo que hace imposible determinar si la entidad incumplió el contrato y debe pagar al contratista el valor de los bienes no recibidos e indemnizar los perjuicios causados. Esta decisión reitera la importancia de impugnar la legalidad de los actos administrativos que liquidan unilateralmente contratos estatales para poder estudiar de fondo las pretensiones de la demanda.síntesis automática
También resuelve: ¿Se solicitó que se ordenara a la Policía recibir los toldillos y pagar el valor de los bienes más la indemnización de los perjuicios causados? ¿Debido a que no se impugnó la legalidad del acto administrativo que liquidó unilateralmente la orden de compra, es imposible estudiar de fondo las súplicas de la demanda? ¿Cuando se pretenda la declaración de incumplimiento del contrato por parte de la entidad contratante y exista un acto de liquidación unilateral, este acto debe ser demandado…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La Sala confirmará la sentencia apelada que denegó las súplicas de las demandas

Sentencia — Sentencia 2024-09-11 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020190071601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El porcentaje de cumplimiento del contrato de obra coincide con el porcentaje de costos variables reconocidos al consorcio interventor? Sí
El contratista no puede reclamar el reconocimiento de costos variables adicionales al porcentaje de cumplimiento del contrato de obra, ya que estos costos dependen directamente del avance de la obra verificado por la interventoría. La Sala establece que el consorcio interventor reconoció un 25,51% de avance en el contrato de obra, por lo que ese mismo porcentaje es el que corresponde a los costos variables, coincidiendo con el informe final y la acta de liquidación del contrato. La regla reitera que el pago de costos variables en contratos de interventoría está vinculado al avance efectivo de la obra, y no puede ser reclamado por el contratista si no se demuestra un incumplimiento por parte de la entidad estatal en la verificación del avance de obra.síntesis automática
También resuelve: ¿El reconocimiento de los costos variables dependía de la verificación del avance de obra de un tercero, circunstancia conocida por el consorcio interventor desde el inicio del proceso de selección… ¿La parte actora no logró acreditar que el Distrito Capital de Bogotá con ocasión de la ejecución del contrato de consultoría hubiera incurrido en una errónea lectura del porcentaje ejecutado por… ¿Dado que la propia interventoría determinó en el informe final del contrato de obra que el contratista solo había logrado el cumplimiento de un 25,51%…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La resolución de adjudicación contractual proferida por el municipio de Bucaramanga se encuentra amparada con la presunción

Sentencia — Sentencia 2024-02-19 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 68001233300020120017302 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La resolución de adjudicación contractual proferida por el municipio de Bucaramanga se encuentra amparada con la presunción de legalidad? Sí
La resolución de adjudicación de un contrato de obra pública goza de presunción de legalidad, por lo que la pretensión de nulidad absoluta del contrato fundada en la invalidez de ese acto no prospera en el medio de control de controversias contractuales. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, mientras el acto no sea anulado en el medio de control pertinente, conserva la presunción de legalidad que impide declarar prima facie la nulidad absoluta del contrato. Segunda, el medio de control de controversias contractuales no permite estudiar la validez de ese acto administrativo, de modo que la pretensión depende de una causal ajena a la invalidez del acto. Tercera, la nulidad absoluta del contrato hubiera podido examinarse si se hubiera fundado en una causal distinta a la del acto de adjudicación, lo que no ocurrió. La providencia confirma la sentencia de primera instancia. La consecuencia práctica es que, para impugnar la validez de un contrato a partir de la adjudicación, el demandante debe demandar el acto por la vía adecuada o fundar la nulidad en una causal propia del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿En el sub judice resulta procesalmente procedente estudiar la validez de la resolución de adjudicación? ¿La pretensión principal de la demanda radica en la nulidad absoluta del contrato de obra pública? ¿Se ejerció oportunamente el medio de control de controversias contractuales?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Contrato estatal: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-08-22 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 85001233300020130026901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuál es el juez competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal dentro del medio de control de controversias contractuales? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por un Tribunal Administrativo en el marco del medio de control de controversias contractuales, siempre y cuando la cuantía del contrato lo imponga. La competencia del Consejo de Estado en segunda instancia se regula por la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y se aplica a los casos en que una de las partes es una entidad territorial. Además, la Sala determina que la entidad pública incurre en incumplimiento del contrato cuando desatiende sus deberes de planeación, como en el caso de no disponer de los terrenos necesarios para la ejecución del contrato de obra pública. Asimismo, la omisión de las partes en plantear salvedades durante la ejecución del contrato no constituye un beneplácito en las omisiones de la administración, sino que debe analizarse en función de las circunstancias particulares del caso y la valoración probatoria. Estas decisiones reiteran y matizan precedentes sobre competencia judicial, incumplimiento contractual y valoración probatoria en contratación estatal, lo que implica una mayor precisión en la interpretación y aplicación de la normativa vigente.síntesis automática
También resuelve: ¿Cuál es la pauta del conteo de la caducidad de la acción de controversias contractuales frente a un contrato liquidado bilateralmente bajo la vigencia del CCA? ¿Incurre en incumplimiento del contrato la entidad pública que desatiende los deberes de planeación? ¿La omisión de las partes en plantear las salvedades en la ejecución del contrato constituye un beneplácito en las omisiones de la administración?
Consejo de Estado Providencia

No se demostró que la liquidación unilateral del contrato afectó patrimonialmente a la contratista demandante

Sentencia — Sentencia 2023-06-20 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 08001233100019940866701 ACCION CONTRACTUAL
¿Se demostró que la liquidación unilateral del contrato afectó patrimonialmente a la contratista demandante? No
El acta de liquidación unilateral que la entidad expide sin que el contratista acredite un daño patrimonial derivado de ella no puede ser anulada, pues sin perjuicio no se examina si el acto adolece de algún vicio. La regla se apoya en que el contrato condicionaba la liquidación unilateral a una previa declaratoria de caducidad, potestad que la entidad no ejerció, y en que el contratista no probó que hubiera efectuado pago alguno derivado del balance de cuentas. Por ello, el incumplimiento de las condiciones pactadas para la liquidación unilateral no se traduce, por sí solo, en un perjuicio indemnizable ni en la nulidad del acta. En el asunto, la Sala concluyó que el acta no afectó patrimonialmente a la contratista y revocó la sentencia en cuanto había anulado el acta de liquidación. En la práctica, la contratista que impugna el acta de liquidación debe demostrar el daño patrimonial que le causó para obtener su nulidad.síntesis automática
También resuelve: ¿El que los pantalones azules no se ajustaran a los requerimientos técnicos constituyó un incumplimiento contractual? ¿No existe mérito para acoger las pretensiones porque de la liquidación hecha por Electranta no se derivaron perjuicios patrimoniales para la demandante? ¿Habiendo sido el contrato de suministro de una sola prestación, resultó incumplido cuando al vencimiento de su plazo no se entregó la totalidad de los ítems contratados?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Se impone revocar la decisión que se adoptó en la sentencia de primera instancia

Sentencia — Sentencia 2023-10-27 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020160051501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Al momento de presentación de la demanda, el Ministerio tenía competencia para liquidar unilateralmente el contrato? Sí
Si al momento de presentarse la demanda la entidad pública tenía la competencia para liquidar unilateralmente el contrato, el juez no puede liquidarlo judicialmente, porque ello implicaría desconocer el objeto de la jurisdicción y usurpar una función que la ley asigna a la administración. Una razón es que con la demanda no se planteó una controversia contractual, pues el juez de lo contencioso administrativo solo controla, a petición de parte, la legalidad de los actos de la administración que surjan de un conflicto. Otra razón es que el ministerio conservaba la atribución de liquidar el contrato dentro del plazo legal, y no podía despojarse de ella. En el caso, la sentencia de primera instancia había ordenado al consorcio el pago de anticipos no amortizados como resultado de la liquidación judicial, y la Sala revocó esa decisión. Su consecuencia práctica es que la liquidación judicial solo procede cuando la competencia de liquidar unilateralmente ya no existe al momento de la demanda.síntesis automática
También resuelve: ¿El juez no puede realizar la liquidación judicial del contrato si al momento de la presentación de la demanda la facultad legal para definir el balance final de cuentas recaía en cabeza de la… ¿El objeto del litigio se limitó a pedir la liquidación judicial del contrato sobre los valores de los anticipos y unas contingencias judiciales? ¿El legislador puso en cabeza de la entidad contratante el seguimiento a la ejecución del contrato, para lo cual la dotó de una serie de potestades o prerrogativas públicas para asegurar los fines de…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No se probó la violación del derecho al debido proceso de la compañía contratista

Sentencia — Sentencia 2024-01-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000232600020060207701 ACCION CONTRACTUAL
¿Se probó la violación del derecho al debido proceso de la compañía contratista? No
La vulneración del derecho al debido proceso alegada contra un acto administrativo sancionatorio del contratista debe ser probada por quien la invoca, porque el supuesto de hecho del vicio requiere prueba cuya omisión impide su reconocimiento. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, conforme a la regla de la carga de la prueba, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Segunda, en el caso no se probó la infracción del debido proceso del contratista, y el cargo no tiene vocación de prosperar. Tercera, la sentencia constató que no operó la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro y que los actos no adolecen de incompetencia temporal ni de infracción de la Constitución. La providencia confirma la negativa de las pretensiones. La consecuencia práctica es que el contratista que alega el desconocimiento de su debido proceso en la sanción debe aportar las pruebas que lo demuestren, y no basta con invocar la vulneración.síntesis automática
También resuelve: ¿Se encuentra acreditado que hubiera operado la prescripción ordinaria de la acción derivada del contrato de seguro? ¿Los cargos alegados por la aseguradora y la contratista relacionados con la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro y la incompetencia temporal tienen vocación de prosperar? ¿Es deber de los contratistas constituir a favor de las entidades contratantes garantías de cumplimiento?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

¿En los contratos regidos por el derecho privado son aplicables las previsiones de la Ley 80 de 1993 que disponen el derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato?

Sentencia — Sentencia 2023-11-30 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 05001233300020210035901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En los contratos regidos por el derecho privado son aplicables las previsiones de la Ley 80 de 1993 que disponen el derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato? No
En los contratos regidos por el derecho privado, no son aplicables las previsiones de la Ley 80 de 1993 que disponen el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, y que la excesiva onerosidad sobreviniente solo puede reclamarse, conforme al artículo 868 del Código de Comercio, respecto de prestaciones de futuro cumplimiento. Una razón es que aunque en el contrato se pactaron cláusulas excepcionales, el desequilibrio alegado por el contratista no deriva del ejercicio de esas cláusulas, sino de supuestas fallas en la planeación contractual. Otra razón es que el régimen de derecho privado no admite la aplicación automática del estatuto de contratación estatal en este punto. En el caso, la sentencia de primera instancia denegó las pretensiones de la demanda de reconvención, y la Sala confirmó esa decisión en cuanto a esas pretensiones. La providencia reitera el criterio de la Sala sobre el régimen exceptuado; su consecuencia práctica es que el contratista que alega desequilibrio en un contrato de derecho privado no puede invocar el restablecimiento previsto en la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve: ¿La aseguradora garantizó el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales razón por la cual hay lugar a declarar ocurrido el siniestro? ¿Existía un porcentaje menor de materiales de obra que era entregado por EPM y que el contratista debía reintegrar mediante un procedimiento previamente establecido? ¿Los acuerdos transaccionales corresponden a acreencias laborales derivadas del contrato materia de la litis que el contratista dejó de pagar?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Se configuró la caducidad de la acción contractual

Sentencia — Sentencia 2024-08-23 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 25000232600020100067401 ACCION CONTRACTUAL
¿Se configuró la caducidad de la acción contractual? Sí
El contratista no puede presentar una demanda de controversias contractuales fuera del término de caducidad, que comienza a correr desde el día siguiente en que tuvo conocimiento del incumplimiento del contrato de seguro, tal como ocurrió en este caso el 6 de mayo de 2008. La caducidad se suspende durante la conciliación prejudicial y reanuda su cómputo una vez finalizado el plazo de tres meses, venciendo el 9 de agosto de 2010, fecha en la cual la demanda presentada el 26 de agosto de 2010 resultó extemporánea. La Sala declara la caducidad de la acción contractual, reiterando que este es un presupuesto procesal y una norma de orden público que no puede ser desatendida, lo que implica revocar la sentencia de primera instancia.síntesis automática
También resuelve: ¿Es cierto que el hospital conoció que el vehículo no pasó por un banco de enderezamiento de chasis solamente hasta que el taller informó que el impacto fue leve y no fue necesario el banco chasis? ¿El término de caducidad del contrato de seguro deberá contarse a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento? ¿La prescripción de la acción derivada del contrato de seguro se refiere a la efectividad de la póliza y la cobertura del riesgo asegurado?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La Sala debe confirmar la decisión que se adoptó en primera instancia frente a esta materia

Sentencia — Sentencia 2022-08-30 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 68001233100020090022902 ACCION CONTRACTUAL
¿La terminación del contrato estatal por efecto de la liquidación forzosa de la E.S.E. dio lugar a un rompimiento del equilibrio económico que debe ser restablecido? No
La terminación del contrato estatal por efecto de la liquidación forzosa de la E.S.E. no dio lugar a un rompimiento del equilibrio económico que deba ser restablecido. La causa que determinó la terminación del contrato obedeció a un evento de fuerza mayor, por lo que ambos contratantes quedaron liberados del cumplimiento de sus obligaciones. La E.S.E. no está llamada a indemnizar los perjuicios que se hubieran generado como consecuencia de la imposibilidad de continuar con la ejecución del contrato hasta el vencimiento del plazo pactado.síntesis automática
También resuelve: ¿Es admisible que se analicen nuevos cargos planteados en el recurso de apelación? ¿Es competencia del liquidador de una empresa estatal resolver de manera unilateral e impositiva los conflictos o litigios derivados de los contratos que hubiere celebrado la entidad durante su… ¿La Sala tiene competencia para definir el asunto relativo a la imputación de los perjuicios derivados de la terminación anticipada y unilateral del contrato por efecto de la liquidación forzosa de…
Consejo de Estado Providencia

Se configuró la excepción de cosa juzgada por identidad de partes

Sentencia — Sentencia 2024-07-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 05001233100020080031401 ACCION CONTRACTUAL
¿Se configuró la excepción de cosa juzgada por identidad de partes, de objeto y de causa? Sí
El contratista no puede volver a plantear pretensiones que ya fueron objeto de pronunciamiento en un proceso anterior, configurándose la excepción de cosa juzgada por identidad de partes, de objeto y de causa, cuando en la sentencia previa se resolvió sobre el incumplimiento del contrato y los efectos de las adiciones y prórrogas sin salvedades, lo que implica que cualquier reclamación adicional o la liquidación judicial del contrato sin reconocimiento de sumas adicionales no puede ser revisada nuevamente. La Sala modifica la jurisprudencia existente al precisar que los efectos de la cosa juzgada no alcanzan a la pretensión de liquidación judicial del contrato ni a la de enriquecimiento sin causa, pero sí a las pretensiones relacionadas con el reconocimiento de sumas adicionales, lo que implica que en casos futuros, si se cumplen los requisitos de identidad, no se podrá repetir la discusión de las mismas cuestiones ya decididas.síntesis automática
También resuelve: ¿Se confirma la decisión del a quo de liquidar el contrato sin saldo a favor ni a cargo de las partes? ¿Cuando en una sentencia se ha resuelto sobre un todo del que forma parte la cosa materia de la nueva demanda, existirá sin duda identidad de objeto? ¿Si las pretensiones formuladas en el presente caso y en el otro proceso fueron distintas, ello no puede ser motivo para descartar el requisito de identidad de objeto para la configuración de la…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

En cambio, cuando los acuerdos guarden silencio sobre el asunto reclamado, sin que de sus cláusulas se deduzca intención alguna de abandonar esa diferencia, el camino para el estudio de fondo permanece expedito, y el contratista conserva su derecho a hacer valer sus reclamaciones en la liquidación del contrato y, si es del caso, en sede judicial.

Sentencia — Sentencia 2026-03-13 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020180121302 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La ausencia de salvedades o reclamaciones expresas por parte del contratista en los acuerdos modificatorios de un contrato estatal constituye un impedimento procesal o sustancial de base legal que derive en la improcedencia automática de futuras reclamaciones judiciales? No
La ausencia de salvedades o de reclamaciones expresas del contratista en los acuerdos modificatorios de un contrato estatal no constituye un impedimento procesal ni sustancial que haga improcedentes de manera automática las reclamaciones judiciales posteriores. La regla se sostiene en tres razones: el silencio de las partes al suscribir modificaciones no puede interpretarse como renuncia a reclamar, conforme a la unificación de la Sala Plena de 27 de julio de 2023, que superó el precedente que exigía la reserva expresa; el principio de buena fe no habilita al juez para crear requisitos de procedencia no previstos en la ley; y el juez debe examinar el contenido y el contexto de los acuerdos para determinar si regularon la diferencia económica reclamada. Por ello, la declaración de extemporaneidad con base en la ausencia de glosas constituye un error de juicio. La providencia de primera instancia se confirma en la parte que resolvió el fondo.síntesis automática
También resuelve: ¿La suscripción de adiciones en valor y prórrogas en tiempo que guardan silencio sobre compensaciones económicas o que no contienen cláusulas de finiquito expreso… ¿Para la procedencia del reconocimiento de perjuicios se debe examinar la acreditación de cada rubro reclamado a la luz del material probatorio aportado por quien lo reclama? ¿Se acreditaron los perjuicios derivados de la ejecución de mayores cantidades y actividades diferenciales al objeto inicialmente pactado en el contrato?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

Sentencia — Sentencia 2023-06-28 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020160241901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia? Sí
La segunda instancia de las controversias contractuales procede cuando la cuantía de la demanda supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA, y la cuantía se fija conforme al año en que se presentó la demanda. La regla se sostiene en que esa vocación de doble instancia depende exclusivamente del valor de las pretensiones, de modo que el superior conoce de la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo cuando se cumple ese umbral. Además, el medio de control de controversias contractuales abarca la ejecución del contrato, el incumplimiento, la liquidación y los actos administrativos contractuales, lo que permite que la controversia llegue a la jurisdicción por este medio. En el asunto, la cuantía superaba el umbral para el año 2016, cuando se presentó la demanda, y la Sala asumió la competencia para conocer de la apelación interpuesta por la parte actora. En la práctica, el apelante debe verificar la cuantía del año de presentación para determinar si el recurso llega a la segunda instancia.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control de controversias contractuales es procedente para cuestionar las actuaciones desarrolladas durante la ejecución y liquidación del contrato estatal… ¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años siguientes a la fecha de suscripción del acta de liquidación bilateral del contrato? ¿Los contratos celebrados por empresas de servicios públicos se rigen principalmente por el derecho privado?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Los reproches formulados por la recurrente en la presente oportunidad no tienen vocación de prosperidad

Sentencia — Sentencia 2024-06-28 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 11001032600020230013300 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿En el recurso de anulación se pueden revisar los razonamientos jurídicos y probatorios del tribunal de arbitramento para dilucidar si son o no errados? No
El contratista no puede revisar en el recurso de anulación los razonamientos jurídicos y probatorios del tribunal de arbitramento para determinar si son errados, ya que este recurso no está instituido para calificar el análisis de fondo de la controversia ni para corregir la interpretación jurídica ni la valoración probatoria realizada por los árbitros. La Sala declara infundado el recurso de anulación cuando la recurrente cuestiona la valoración probatoria del tribunal, argumentando que dicha acción no se enmarca en la causal de anulación de fallo en conciencia y que no es competencia del Consejo de Estado revisar la interpretación y valoración de pruebas efectuadas por los árbitros, lo que implica que los reproches formulados por la parte recurrente no tienen vocación de prosperidad.síntesis automática
También resuelve: ¿En el recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral no es posible corregir la interpretación jurídica ni la valoración probatoria realizada por los tribunales de arbitraje? ¿Al Consejo de Estado no le es posible calificar la valoración probatoria ni la interpretación expuesta en el laudo arbitral? ¿En los argumentos de la recurrente se evidencia un cuestionamiento a la valoración probatoria y a la interpretación que los árbitros hicieron del clausulado del contrato?
INFUNDADO
Consejo de Estado Providencia

El rompimiento del equilibrio económico del contrato no se produce simplemente

Sentencia — Sentencia 2024-05-06 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 05001233100020100211401 ACCION CONTRACTUAL
¿La ruptura del equilibrio económico del contrato por la fijación de nuevos impuestos o gravamenes en el curso del contrato estatal se da de manera automática? No
El rompimiento del equilibrio económico del contrato estatal no se produce por el solo hecho de que el contratista deje de obtener utilidades o de que surjan mayores costos en la ejecución de sus obligaciones, pues para reconocerlo el hecho debe ser imprevisible y anormal y no haberse originado dentro del margen de riesgo propio del contrato. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 exige mantener el equilibrio respecto de las condiciones pactadas al celebrar el contrato, de modo que la alteración debe medirse frente a ese pacto. Segundo, las causas de ruptura, ya se encuadren en la teoría de la imprevisión, en el hecho del príncipe o en el ius variandi, comparten como denominador común la imprevisibilidad y la anormalidad del hecho. Tercero, las partes distribuyen los riesgos en las cláusulas o en los ajustes económicos durante la ejecución, por lo que los costos que no superan el álea normal o corresponden a esas contingencias asumidas no dan lugar a restablecimiento. En la práctica, el contratista que reclame el restablecimiento debe probar que el hecho superó el riesgo asumido en el contrato y excedió el álea normal.síntesis automática
También resuelve: ¿El silencio del contratista frente a los acuerdos modificatorios y la eventual insuficiencia de los mismos para solventar situaciones que puedan alterrar la economía del contrato… ¿Para octubre de 2006, cuando tuvo lugar la licitación que precedió al contrato de obra materia de controversia, era imprevisible la operabilidad de la contribución especial prevista en la Ley 1106… ¿Se le debía reconocer a la sociedad A.I.A. S.A. el restablecimiento del equilibrio económico del contrato N° 18 de 2007 por mayor permanencia en la obra…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No le asistió razón a la parte apelante en que la Universidad incumplió el contrato

Sentencia — Sentencia 2024-09-23 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 41001233300020120018402 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La intención del consorcio fue aceptar una mayor permanencia en obra y la adición de unos ítems de manera consonante con la exclusión de otros, todo por el mismo precio inicial? Sí
El contratista acepta una mayor permanencia en obra y la adición de ítems, excluyendo otros, todo por el mismo precio inicial, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, lo que implica que las cláusulas acordadas deben ser consideradas válidas y no pueden ser desconocidas por el juez. La liquidación bilateral del contrato constituye un título ejecutivo con obligaciones claras, expresas y exigibles, por lo que cualquier cuestionamiento a su validez debe estar respaldado por vicios que deriven en nulidad absoluta o relativa. La Sala desestima cargos de incumplimiento y enriquecimiento sin justa causa, dado que el contratista aceptó libremente las modificaciones al contrato, sin que se acredite un perjuicio económico. Esta decisión reitera la importancia de la buena fe contractual y la teoría del acto propio en la interpretación de las modificaciones al contrato, y confirma que la liquidación bilateral es un acto jurídico válido y ejecutivo, siempre y cuando no se demuestren vicios que la anulen.síntesis automática
También resuelve: ¿La liquidación bilateral es un negocio jurídico que constituye derechos y obligaciones, al punto de que constituye un título ejecutivo con obligaciones claras, expresas y exigibles? ¿Se eliminaron otros ítems para hacer sostenible el proyecto con el presupuesto inicial? ¿Desde el mismo instante en que las dificultades de ejecución del contrato se identificaron, las partes efectuaron ajustes al acuerdo de voluntades con el objetivo de evitar la paralización de la…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que definió los medios

Sentencia — Sentencia 2022-04-20 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 85001233300220160014601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que definió los medios de controles de nulidad y restablecimiento del derecho y controversias contractuales por razón de la cuantía? Sí
La Corporación es competente en segunda instancia para conocer de la apelación contra la sentencia que decide, de manera acumulada, pretensiones de nulidad y restablecimiento y de controversias contractuales, cuando la cuantía supera los 300 salarios mínimos para la primera y los 500 para la segunda al presentarse la demanda, según los numerales 3 y 5 del artículo 152 y el artículo 150 del CPACA. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el acto de adjudicación de un contrato, expedido antes de su celebración, se cuestiona mediante nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al inciso segundo del artículo 141 del CPACA. La segunda es que el medio de controversias contractuales es el idóneo para obtener una decisión de fondo sobre las controversias del negocio estatal, incluida la nulidad del contrato y la legalidad de los actos de su ejecución y liquidación. En el caso concreto la cuantía de 2016 supera esos umbrales, por lo que la Sala es competente. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿Cuál es el medio de control procedente para cuestionar la legalidad del acto de adjudicación de un contrato estatal? ¿Cuál es el medio de control procedente para obtener una decisión de fondo frente a las controversias contractuales? ¿Cuáles son los presupuestos de procedencia para la acumulación de pretensiones?
Consejo de Estado Providencia

El documento suscrito el 30 de noviembre de 1990 constituye un contrato minero de naturaleza administrativa

Sentencia — Sentencia 2025-09-17 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 25000232600020040152202 ACCION CONTRACTUAL
¿El documento suscrito el 30 de noviembre de 1990 constituye un contrato minero de naturaleza administrativa, de modo que las controversias derivadas de él corresponden a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo? Sí
El contratista no puede alegar la inexistencia del contrato minero para desestimar la acción de controversias contractuales, ya que la naturaleza administrativa del documento suscrito el 30 de noviembre de 1990, celebrado por una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, lo convierte en un contrato administrativo conforme a las disposiciones del Decreto Ley 2655 de 1988 y el Decreto Ley 222 de 1983, por lo que las controversias derivadas de él corresponden a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Además, el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de este tipo de litigios, siempre que la cuantía del asunto supere los 500 SMLMV, tal como dispone el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. Esta sentencia reitera y matiza la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa en controversias contractuales mineras, lo que implica que las partes deben acogerse a esta jurisdicción para resolver disputas relacionadas con contratos mineros, independientemente de la existencia o no del contrato en términos formales.síntesis automática
También resuelve: ¿Corresponde al Consejo de Estado conocer, en segunda instancia, del litigio contractual minero objeto del proceso, conforme a las reglas generales de competencia previstas en el CCA tras la… ¿El hecho de que durante el análisis de fondo que se realiza en el marco de la acción de controversias contractuales, se advierta que el contrato es inexistente… ¿La pretensión de obtener la declaración de existencia e incumplimiento del vínculo contractual basta para concluir que la acción de controversias contractuales fue adecuadamente escogida…
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