⚠
Atención: tienes 1 filtro marcado
Permanece activo en tus búsquedas hasta que lo quites.
Consejo de Estado
Providencia
Debe elevarse a escrito, como solemnidad ad substantiam actus, todo contrato estatal celebrado por una entidad regida por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
Sentencia — Sentencia
2025-07-18
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 05001233300020230030802
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe elevarse a escrito, como solemnidad ad substantiam actus, todo contrato estatal celebrado por una entidad regida por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? Sí
El contratista debe elevar a escrito todo contrato estatal celebrado por una entidad regida por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, conforme a los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993, que establecen la solemnidad ad substantiam actus para tales contratos. La falta de suscripción de documentos modificatorios impide su perfeccionamiento y, por ende, su validez jurídica, lo que puede llevar a la caducidad del medio de control judicial si no se cumplen los plazos establecidos. La Sala reitera la importancia de cumplir con las formalidades legales para el perfeccionamiento del contrato estatal y la consecuencia práctica es que la entidad demandante no puede revivir el contrato con la sola voluntad de las partes, lo que implica la caducidad del medio de control judicial. Además, si prospera el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, el juez se abstendrá de condenar en costas en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:
¿Impide la falta de suscripción de documentos modificatorios de un contrato estatal su perfeccionamiento y, en consecuencia, su validez jurídica?
¿Puede el juez abstenerse de condenar en costas en segunda instancia cuando prospera el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
No prospera este cargo de la apelación, formulado por la Fiscalía General de la Nación
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2024-11-25
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000232600019990115504
ACCION CONTRACTUAL
¿El ánimo de poseer del inmueble de buena fe cesaba con la notificación a la demandada del libelo en el que se solicitó la resolución de la compraventa? Sí
El contratista de buena fe pierde su ánimo de poseer el inmueble con la notificación a la entidad estatal del libelo que solicita la resolución del contrato de compraventa, según establece la Sala. Esta regla se fundamenta en que únicamente las mejoras realizadas antes de dicha notificación son reconocidas, conforme a la fecha límite de la buena fe del poseedor. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, lo que implica que en casos futuros, el cálculo de mejoras y el reconocimiento de la posesión de buena fe se ajustarán a esta nueva interpretación, afectando directamente la valoración de los derechos del contratista en relación con el bien inmueble.síntesis automática
También resuelve:
¿El valor histórico de la condena en abstracto no podía ser uno indexado ya, pues ello infringe la sentencia de condena y la norma aplicable?
¿La compensación de los totales aquí indicados arroja un saldo a cargo de la Fiscalía General de la Nación y a favor de la sociedad demandada?
¿La posesión de buena fe deja de existir si el poseedor alega en juicio la resolución de la compraventa bajo la cual comenzó a poseer?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El demandante tiene derecho a retener los $100’000.000 del precio pagados
Sentencia — Sentencia
2024-09-27
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 08001233100019980117801
ACCION CONTRACTUAL
¿El demandante tiene derecho a retener los $100’000.000 del precio pagados por el municipio como arras confirmatorias-penales del contrato de promesa de compraventa? Sí
El contratista tiene derecho a retener los $100’000.000 pagados por el municipio como arras confirmatorias-penales en un contrato de promesa de compraventa, dado que el municipio incumplió con la obligación de otorgar la escritura pública, lo que permite que las arras operen como cláusula penal y no como parte del precio. La naturaleza confirmatoria-penal de las arras se evidencia en el contrato, donde se estipula que operan como pena en caso de incumplimiento, y no como arras de retracto, ya que no conceden facultad de desistimiento. Esta decisión modifica la interpretación previa sobre el alcance de las arras confirmatorias-penales en contratos estatales, reforzando que estas pueden operar como cláusula penal en caso de incumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve:
¿Los recursos entregados a título de arras dejaron de operar como parte del precio y se convirtieron en una pena cuyo alcance debe ser entendido en consonancia con las normas sobre cláusula penal?
¿Si las partes no definen la naturaleza de las arras se entiende que son de retracto?
¿Ante la desaparición del título jurídico en virtud del cual el demandado ostentaba la tenencia del predio, el demandante se encuentra habilitado para recuperarlo?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto
Sentencia — Sentencia
2025-09-17
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 44001234000020170021801
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El juez se encuentra atado a resolver únicamente lo que la parte recurrente le formule y en consonancia con lo que haya sido ventilado en la demanda y su contestación? Sí
El juez de segunda instancia está atado a resolver únicamente lo que la parte recurrente le formule y en consonancia con lo ventilado en la demanda y su contestación, conforme al principio de congruencia, y no puede enmendar la providencia del a quo en la parte que no fue objeto de apelación, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. La Sala reitera que la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia se fundamenta en el artículo 104 del CPACA y en la vocación de doble instancia del proceso, y que la adecuación del medio de control y la procedencia de las pretensiones deben ser analizadas en función de las circunstancias ventiladas en el recurso de apelación, lo que implica que el juez no puede excederse en su análisis. Esto limita la capacidad del juez para revisar aspectos no ventilados en el recurso de apelación y reafirma la importancia de la congruencia en el proceso contencioso administrativo.síntesis automática
También resuelve:
¿La sentencia deberá establecer si el tribunal de primera instancia adecuó inapropiadamente las pretensiones en el medio de control de reparación directa?
¿Los medios de control se eligen en virtud de las pretensiones que se presenten en sede judicial?
¿Ante un escenario de enriquecimiento y empobrecimiento patrimonial sin causa, el camino procesal idóneo es la reparación directa?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El documento suscrito el 30 de noviembre de 1990 constituye un contrato minero de naturaleza administrativa
Sentencia — Sentencia
2025-09-17
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 25000232600020040152202
ACCION CONTRACTUAL
¿El documento suscrito el 30 de noviembre de 1990 constituye un contrato minero de naturaleza administrativa, de modo que las controversias derivadas de él corresponden a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo? Sí
El contratista no puede alegar la inexistencia del contrato minero para desestimar la acción de controversias contractuales, ya que la naturaleza administrativa del documento suscrito el 30 de noviembre de 1990, celebrado por una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, lo convierte en un contrato administrativo conforme a las disposiciones del Decreto Ley 2655 de 1988 y el Decreto Ley 222 de 1983, por lo que las controversias derivadas de él corresponden a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Además, el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de este tipo de litigios, siempre que la cuantía del asunto supere los 500 SMLMV, tal como dispone el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. Esta sentencia reitera y matiza la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa en controversias contractuales mineras, lo que implica que las partes deben acogerse a esta jurisdicción para resolver disputas relacionadas con contratos mineros, independientemente de la existencia o no del contrato en términos formales.síntesis automática
También resuelve:
¿Corresponde al Consejo de Estado conocer, en segunda instancia, del litigio contractual minero objeto del proceso, conforme a las reglas generales de competencia previstas en el CCA tras la…
¿El hecho de que durante el análisis de fondo que se realiza en el marco de la acción de controversias contractuales, se advierta que el contrato es inexistente…
¿La pretensión de obtener la declaración de existencia e incumplimiento del vínculo contractual basta para concluir que la acción de controversias contractuales fue adecuadamente escogida…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: no era necesario acudir supletoriamente al Código de Comercio para declarar la inexistencia del contrato minero
Aclaración voto — Aclaración de voto
2025-09-17
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 25000232600020040152202
ACCION CONTRACTUAL
¿Era necesario acudir supletoriamente al Código de Comercio para declarar la inexistencia del contrato minero, cuando el Decreto 2655 de 1988 regulaba de manera expresa las condiciones de perfeccionamiento y eficacia de los contratos de aportes? No
Al respecto, comparto el sentido denegatorio de la decisión, toda vez que, al no haberse perfeccionado el «contrato minero» suscrito bajo el sistema de aportes regulado por el Decreto 2655 de 1988, por falta de inscripción en el Registro Minero Nacional, tanto este como su modificación -realizada mediante la denominada «acta de conciliación»-, no produjeron efectos jurídicos, de ahí que resultara improcedente cualquier pretensión de incumplimiento contractual.