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Consejo de Estado
Providencia
Debe advertirse que la figura de la caducidad es de orden público y en tal virtud es de carácter irrenunciable y puede ser declarada de oficio por el juez competente cuando la encuentre probada.
Sentencia — Sentencia
2022-10-19
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 15001233100020100001102
ACCION CONTRACTUAL
¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción, considerando que, en casos de controversias contractuales, cuando se trata de contratos de ejecución sucesiva en el tiempo, como el de interventoría, se entiende que a la entidad estatal le es imponible o exigible como deber legal proceder con la liquidación, por lo que, el término de caducidad se debe computar desde de la terminación del plazo contractual, teniendo en cuenta sus respectivas adiciones? Sí
La entidad estatal es imponible como deber legal para proceder con la liquidación en contratos de ejecución sucesiva en el tiempo, como el de interventoría. Por lo tanto, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales debe computarse desde la terminación del plazo contractual, considerando sus respectivas adiciones. En el caso en estudio, el contrato terminó el 18 de septiembre de 2004, y el término de caducidad comenzó a contarse a partir del 19 de marzo de 2005, con una duración de 2 años, lo que significa que la demanda fue presentada fuera del plazo legal.síntesis automática
También resuelve:
¿Para el cómputo de la caducidad de la acción de controversias contractuales, resulta aplicable el término de 20 años previsto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993?
SIN DECISION
Consejo de Estado
Providencia
Son auténticos contratos de comodato en los términos de los artículos 2200 y siguientes del Código Civil
Sentencia — Sentencia
2024-06-28
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 05001233300020150245301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los contratos 70 del 30 de septiembre de 1991 y 54 del 20 de octubre de 1992, son auténticos contratos de comodato? Sí
El contratista no es parte de contratos administrativos cuando se trata de un contrato de comodato celebrado con una entidad estatal, ya que estos se rigen por el derecho privado y no por la legislación específica de contratos estatales, según el artículo 16 inciso segundo del Decreto Ley 222 de 1983. Esta regla se reitera al señalar que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no abarca todos los contratos estatales, sino solo aquellos específicamente regulados por la ley, lo que implica que controversias derivadas de contratos de comodato celebrados con entidades públicas deben ser resueltas por la jurisdicción ordinaria, a menos que la ley posteriormente cambie esta competencia. Con la entrada en vigor de la Ley 80 de 1993, la jurisdicción de lo contencioso administrativo asumió la competencia sobre todos los contratos estatales, incluyendo los de derecho privado, salvo que la controversia se presente con las leyes procesales vigentes al momento del reclamo, en este caso la Ley 1437 de 2011 o el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Esto implica que las partes deben conocer la vigencia de las leyes procesales al momento de presentar sus reclamos para determinar la competencia del juez.síntesis automática
También resuelve:
¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo se extiende a todos los contratos estatales, al margen de que se trate de contratos regidos por el derecho privado?
¿Se entienden integradas a los contratos las leyes vigentes al momento de su surgimiento, salvo las que reglamentan la ritualidad del acceso a la administración de justicia…
¿La prescripción de la responsabilidad contractual aplica para las acciones de carácter civil, penal y disciplinario impetradas contra los intervinientes en la actividad contractual del Estado…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida
Sentencia — Sentencia
2021-11-22
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 05001233100019980093701
ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El contratista puede interponer recurso de apelación ante el Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia, dado que el Consejo de Estado es competente para conocer estos recursos de acuerdo con el artículo 129 del Decreto Ley 1 de 1984, y su competencia también se fundamenta en la cuantía de la pretensión, conforme al artículo 20 numeral 2 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 132 numeral 8 del Decreto Ley 1 de 1984. La Sala reitera esta posición, lo que implica que los recursos de apelación contra sentencias de primera instancia serán conocidos por el Consejo de Estado siempre que se cumplan con los requisitos de competencia y cuantía establecidos en la normativa vigente.síntesis automática
También resuelve:
¿Es procedente la acción de controversias contractuales para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene del incumplimiento de un contrato?
¿Para el cómputo de la caducidad de la acción de controversias contractuales, resulta aplicable el término de 20 años previsto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993?
¿Procede la valoración de la copia simple de documento?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El documento suscrito el 30 de noviembre de 1990 constituye un contrato minero de naturaleza administrativa
Sentencia — Sentencia
2025-09-17
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 25000232600020040152202
ACCION CONTRACTUAL
¿El documento suscrito el 30 de noviembre de 1990 constituye un contrato minero de naturaleza administrativa, de modo que las controversias derivadas de él corresponden a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo? Sí
El contratista no puede alegar la inexistencia del contrato minero para desestimar la acción de controversias contractuales, ya que la naturaleza administrativa del documento suscrito el 30 de noviembre de 1990, celebrado por una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, lo convierte en un contrato administrativo conforme a las disposiciones del Decreto Ley 2655 de 1988 y el Decreto Ley 222 de 1983, por lo que las controversias derivadas de él corresponden a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Además, el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de este tipo de litigios, siempre que la cuantía del asunto supere los 500 SMLMV, tal como dispone el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. Esta sentencia reitera y matiza la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa en controversias contractuales mineras, lo que implica que las partes deben acogerse a esta jurisdicción para resolver disputas relacionadas con contratos mineros, independientemente de la existencia o no del contrato en términos formales.síntesis automática
También resuelve:
¿Corresponde al Consejo de Estado conocer, en segunda instancia, del litigio contractual minero objeto del proceso, conforme a las reglas generales de competencia previstas en el CCA tras la…
¿El hecho de que durante el análisis de fondo que se realiza en el marco de la acción de controversias contractuales, se advierta que el contrato es inexistente…
¿La pretensión de obtener la declaración de existencia e incumplimiento del vínculo contractual basta para concluir que la acción de controversias contractuales fue adecuadamente escogida…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal sustancial distinto de la representación judicial que habilita para obtener sentencia de fondo.
Aclaración voto — Aclaración de voto
2025-12-09
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 73001233300020230018201
LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal distinto de la representación judicial, cuya ausencia impide proferir sentencia de fondo? Sí
La legitimatio ad causam constituye la condición procesal para discutir el objeto de la litis y obtener sentencia de fondo, vinculando a los sujetos con la relación jurídica sustancial que se debate y con las pretensiones o excepciones formuladas. Este presupuesto difiere de la legitimación procesal o habilitación para comparecer en juicio. En el ámbito de la responsabilidad extracontractual del Estado y los procesos contencioso administrativos, la acreditación de los supuestos de hecho de la demanda se rige por las reglas probatorias previstas en las normas procesales aplicables.síntesis automática
También resuelve:
¿Es necesario analizar la representación judicial para determinar la legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Rama Judicial y de la Nación – Fiscalía General de la Nación…
¿Debía el análisis de responsabilidad circunscribirse a la pérdida de oportunidad respecto de la cancelación de registros espurios sin supeditar su prosperidad a los presupuestos del error…
¿Debe diferenciarse el incidente de cancelación de registros fraudulentos de la acción civil ejercida dentro del proceso penal, en cuanto a su finalidad…