Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.
¿Debe elevarse a escrito, como solemnidad ad substantiam actus, todo contrato estatal celebrado por una entidad regida por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? Sí
El contratista debe elevar a escrito todo contrato estatal celebrado por una entidad regida por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, conforme a los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993, que establecen la solemnidad ad substantiam actus para tales contratos. La falta de suscripción de documentos modificatorios impide su perfeccionamiento y, por ende, su validez jurídica, lo que puede llevar a la caducidad del medio de control judicial si no se cumplen los plazos establecidos. La Sala reitera la importancia de cumplir con las formalidades legales para el perfeccionamiento del contrato estatal y la consecuencia práctica es que la entidad demandante no puede revivir el contrato con la sola voluntad de las partes, lo que implica la caducidad del medio de control judicial. Además, si prospera el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, el juez se abstendrá de condenar en costas en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Impide la falta de suscripción de documentos modificatorios de un contrato estatal su perfeccionamiento y, en consecuencia, su validez jurídica?¿Puede el juez abstenerse de condenar en costas en segunda instancia cuando prospera el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada?
¿Resulta procedente el reconocimiento de perjuicios por el incumplimiento de un contrato de arrendamiento, cuando se encuentra probado que mediante un acuerdo bilateral las partes decidieron dar por terminado el contrato, no se demandó la nulidad de este acuerdo y, en todo caso, no se demostró la celebración de uno nuevo negocio jurídico? No
El contratista no puede obtener el reconocimiento de perjuicios por el incumplimiento de un contrato de arrendamiento cuando las partes acuerdan terminarlo bilateralmente, no se demanda la nulidad de este acuerdo y no se demuestra la celebración de un nuevo contrato. La terminación del contrato por mutuo acuerdo implica la extinción de las obligaciones contractuales, por lo que no procede la responsabilidad del Estado por la ejecución de un supuesto contrato que ya fue terminado. Además, el juez no puede declarar oficiosamente la nulidad relativa del acuerdo de terminación del contrato, ya que esta facultad está reservada a la parte interesada. En contratación estatal, el contrato debe perfeccionarse por escrito, por lo que la ejecución de un supuesto contrato sin formalidad escrita no genera responsabilidad del Estado. Esta decisión reitera la importancia de la terminación contractual por mutuo acuerdo y la necesidad de cumplir con los requisitos formales de perfeccionamiento en contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse oficiosamente la nulidad relativa del acuerdo suscrito entre las partes al estar incurso en un supuesto error al momento de celebrarse?¿Resulta procedente la responsabilidad del Estado porque el contrato de arrendamiento continuó ejecutándose, a pesar de que las partes expresamente lo terminaron anticipadamente…
05001233300020230030802 de 20252025-09-04Rad. 05001233300020230030802
El contratista debe elevar el contrato estatal a escrito para su perfeccionamiento, conforme a los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993, y su incumplimiento implica la inexistencia del contrato. En este caso, la entidad estatal presentó una demanda extemporánea, ya que los otrosíes 3 y 4 no fueron perfeccionados por escrito, lo que llevó a que el contrato terminara el 21 de noviembre de 2019. Dado que el plazo para liquidar el contrato venció el 23 de mayo de 2020, la demanda interpuesta el 19 de marzo de 2023 fue declarada extemporánea y caduca, reiterando la importancia de cumplir con los requisitos formales para evitar la caducidad del medio de control judicial en controversias contractuales.síntesis automática
También resuelve:Contrato estatalPerfeccionamiento del contrato estatal: requisitos ab substantiam actus, contrato estatal debe ser elevado por escrito, contrato estatal, inexistencia del contratoCaducidad del medio de control: controversias contractuales
¿Existe incumplimiento del acuerdo conciliatorio que se realizó con base en un contrato de exploración y explotación minera del cual no obra prueba en el expediente? Sí
El contratista no puede invocar el incumplimiento de un acuerdo conciliatorio basado en un contrato de exploración y explotación minera si este no ha sido inscrito en el Registro Minero, ya que la falta de registro implica la inexistencia del contrato y, por ende, de las modificaciones que se pretendan realizar a través del acuerdo conciliatorio. Dado que el contrato minero requiere inscripción para su perfeccionamiento, conforme al Decreto-Ley 2655 de 1988, el acuerdo conciliatorio no puede generar efectos jurídicos sobre un contrato inexistente, ya que no cumple con los requisitos de existencia y licitud establecidos en el Código Civil. La Sala modifica la sentencia de primera instancia, negando las pretensiones de la demanda debido a la inexistencia del contrato y del acuerdo conciliatorio, a pesar de que la acción no haya caducado al presentarse dentro del término legal.síntesis automática
También resuelve:¿Existe caducidad de la acción de controversias contractuales en los eventos en los cuales la demanda ha sido presentada dentro del término establecido en la ley?
¿La publicación en SECOP II, al día siguiente del vencimiento del plazo de ejecución de un contrato de prestación de servicios profesionales, de un otrosí de prórroga aprobado por las partes el día de su vencimiento, afecta su perfeccionamiento y validez cuando la publicación no se efectuó oportunamente por no haberse completado dicha actuación en la plataforma?
El perfeccionamiento del contrato estatal se produce cuando las partes alcanzan un acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleva a escrito, sin que el uso transaccional del SECOP II pueda adicionar requisitos de perfeccionamiento no previstos por el legislador, pese a que la publicidad en la plataforma es un deber legal cuyo incumplimiento genera responsabilidad pero no afecta la existencia, validez o perfeccionamiento del acto. La fecha de perfeccionamiento de una modificación bilateral se determina por la fecha en que se elevó a escrito el acuerdo, ya sea por fuera de la plataforma o en línea, y no por la publicación en SECOP II, por lo que la publicación posterior no invalida la prórroga aprobada por las partes el día de vencimiento del contrato, a pesar de no haberse completado oportunamente la actuación en la plataforma.síntesis automática
También resuelve:Perfeccionamiento del contrato estatal: reserva legal, modificaciones bilateralesSecop ii: uso transaccional, regla general, excepciones, carácter transaccionalPublicidad en el secop: naturaleza declarativa, no constitutiva
¿En qué momento se perfecciona una modificación bilateral del contrato estatal y qué función cumple, respecto de ese momento, su cargue, reconocimiento y aprobación en el SECOP II?
El perfeccionamiento de una modificación bilateral del contrato estatal se produce cuando las partes llegan a un acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleva a escrito, sin que el cargue, reconocimiento y aprobación en el SECOP II sean requisitos constitutivos del perfeccionamiento, sino meramente declarativos y de publicidad. La plataforma SECOP II es esencialmente transaccional, pero su uso transaccional es una regla general que admite excepciones, y su carácter transaccional no implica que las actuaciones tramitadas en línea sean necesariamente constitutivas del acto. La fecha de perfeccionamiento de la modificación se determina por el instrumento en el que se elevó a escrito el acuerdo, ya sea fuera o dentro de la plataforma, y no afecta la validez del acto la discordancia entre la fecha de suscripción y la de registro en el SECOP II, siempre y cuando el pliego de condiciones no la tipifique como causal de rechazo. Este concepto reitera y matiza precedentes, estableciendo que la publicidad en el SECOP II es un deber legal cuyo incumplimiento genera responsabilidad, pero no afecta la existencia o validez del acto publicado.síntesis automática
También resuelve:Perfeccionamiento del contrato estatal: reserva legal, modificaciones bilateralesSecop ii: uso transaccional, regla general, excepciones, carácter transaccionalPublicidad en el secop: naturaleza declarativa, no constitutiva
¿Incurre en incumplimiento contractual la entidad estatal que se abstiene de pagar el precio de un contrato de suministro, pese a que el contratista acreditó la radicación oportuna de los documentos exigidos para la ratificación y legalización del pago, conforme a la modalidad de pago pactada? Sí
La entidad estatal no incurre en incumplimiento contractual al abstenerse de pagar el precio de un contrato de suministro, si el contratista ha acreditado la radicación oportuna de los documentos exigidos para la ratificación y legalización del pago, conforme a la modalidad de pago pactada. La entidad estatal debe cumplir con su obligación de pago, y su retraso no constituye incumplimiento si el contratista ha cumplido con sus obligaciones previas.síntesis automática
También resuelve:¿La orden de proveeduría expedida por una entidad estatal con fundamento en el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 constituye una oferta comercial que, una vez aceptada por su destinatario…¿Procede mantener la condena en costas impuesta en primera instancia a la UNGRD, por haber sido la parte vencida, aunque alegue que no se acreditó su causación?¿Procede condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada cuyo recurso de apelación se desestima?
44001234000020170021801 de 20252025-10-27Sala PlenaRad. 44001234000020170021801
De otro lado, se ha reconocido que en el marco del actuar del Estado es posible que se pueda presentar un enriquecimiento sin justa causa – también predicable del actuar privado- , entendido como una figura a partir de la cual una persona ve incrementado su patrimonio a costa del empobrecimiento correlativo de otra persona, que en cualquiera de los dos casos puede ser una entidad pública, y sin que exista una justa causa, escenario en el cual, al no haber una fuente que valide la relación transaccional, tanto la jurisprudencia de antaño como la recientemente de unificación han sostenido que el medio de control residual e idóneo para perseguir la compensación respectiva – que no indemnización- es la reparación directa, pues, entre otros, dicha circunstancia no tiene como causa un contrato o un acto administrativo.
También resuelve:Medio de control: principio “iura novit curia”, no está sujeto al arbitrio de la parte procesal, lo determina la administración de justiciaControversias contractuales: concepto, deriva de un acuerdo de voluntadesEnriquecimiento sin justa causa: concepto, medio de control, reparación directa
“¿La Nación-Ministerio de Transporte incumplió la cláusula segunda del contrato de prestación de servicios No. 02.0019-03 de febrero de 2003, al no cancelar a favor del demandante la prima de éxito o, no se causó por no haberse cumplido la condición de disminución de las pretensiones de la demanda promovida contra Ferrovías, ni la condición de ingreso de dinero al patrimonio de la accionada?” Sí
El contratista puede exigir el pago de la comisión de éxito pactada en el contrato de prestación de servicios, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para su generación, independientemente de la existencia del certificado de disponibilidad presupuestal. En este caso, la Sala determinó que la entidad estatal incumplió al no cancelar la prima de éxito al contratista, a pesar de que se configuró la condición de éxito en uno de los procesos judiciales objeto del contrato. La falta de disponibilidad presupuestal no anula el contrato ni impide el pago de la comisión de éxito causada por el resultado obtenido en el proceso contractual, pues este requisito es de responsabilidad exclusiva de la entidad contratante y su omisión no afecta la existencia o validez del negocio jurídico, sino la regularidad de su ejecución. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia sobre la importancia de la disponibilidad presupuestal en la ejecución del contrato, pero no en su validez, permitiendo al contratista reclamar el pago de la comisión de éxito cuando se cumplan las condiciones pactadas.síntesis automática
¿La aprobación de las garantías por parte de la entidad estatal constituye un requisito necesario para el inicio de la ejecución del contrato?
El contratista debe cumplir con la obligación de constituir garantías para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, y la entidad estatal debe aprobarlas una vez verificados los requisitos mínimos exigidos por la ley y el reglamento, ya que la aprobación de las garantías es un requisito necesario para el inicio de la ejecución del contrato, según el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y establece que sin la aprobación de las garantías, el contrato no puede comenzar a ejecutarse, lo que implica que la entidad estatal debe actuar con diligencia y buena fe en este proceso.síntesis automática
También resuelve:Requisitos de perfeccionamiento del contrato estatal: alcanceRequisitos de ejecución del contrato estatal: naturalezaConstitución de garantías: obligación
¿La decisión de descalificación de la propuesta contractual obedeció a una ruptura intempestiva y carente de razón? No
Constituye un motivo válido para descalificar una propuesta en un proceso de selección que una persona con cargo directivo en la entidad contratante tenga relación familiar con el representante de la firma proponente, pues la prohibición de favorecimiento aplica aunque la dependencia en la que se desempeña no tenga relación con la contratación. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la presencia de un servidor público del nivel directivo con esa relación familiar basta para activar la prohibición, con independencia de que su dependencia no intervenga en el objeto contratado. Segundo, la descalificación no vulnera el principio de buena fe contractual cuando la decisión no obedece a una ruptura intempestiva ni carece de razón y no sorprende al participante, pues en tal caso no se rompen las tratativas, que deben respetarse conforme a los pliegos y a la ley. La providencia deniega las pretensiones de la demanda y confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el aspirante que incurre en una prohibición legal puede ser descalificado sin que ello implique una ruptura de las tratativas precontractuales.síntesis automática
También resuelve:¿La incompatibilidad en estudio era adecuada si se dirigía a los familiares de aquellas personas que gozaran de poder de decisión de adjudicar un contrato?¿La incompatibilidad en estudio resulta conteste con la clasificación y nomenclatura de cargos de la EPM y era viable su aplicación en el presente asunto?¿La calidad de servidores públicos de las entidades estatales mixtas la ostentan sus representantes legales y los funcionarios de los niveles directivo…
¿Corresponde al juez de segunda instancia complementar la sentencia cuando el Tribunal omitió pronunciarse sobre una pretensión y la parte perjudicada con dicha omisión apeló e insistió expresamente en que fuera resuelta? Sí
El juez de segunda instancia complementa la sentencia recurrida cuando la autoridad judicial de primer grado omite pronunciarse sobre una pretensión debidamente formulada por las partes. El Tribunal no se pronunció respecto de la pretensión de declaratoria de existencia del contrato de obra pública 1872 de 22 de diciembre de 2017; sin embargo, como la parte perjudicada con la omisión apeló e insistió en dicha pretensión, corresponde a la Sala complementar la Sentencia recurrida, de conformidad con el inciso segundo del artículo 287 del CGP, resolviendo los aspectos que no fueron objeto de decisión inicial a pesar de las solicitudes expresas formuladas dentro del proceso judicial.síntesis automática
También resuelve:¿Procede declarar la existencia de un contrato de obra celebrado por una entidad estatal sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública cuando las partes elevaron el…¿Procede declarar el incumplimiento contractual de la entidad estatal por falta de pago de determinadas obras cuando el contratista no acreditó que las obras reclamadas hubieran sido ejecutadas de…¿Carece el juez de segunda instancia de competencia para pronunciarse sobre un aspecto de la sentencia apelada cuando el recurrente se limita a reiterar los argumentos de la demanda y no formula…
¿Procede la declaración de la excepción de inexistencia del contrato por cuanto el contrato no se suscribió ni se elevó a escrito? Sí
El contratista no puede incoar el medio de control de controversias contractuales cuando el contrato no se ha suscrito ni elevado a escrito, ya que la falta de formalidad escrita implica la inexistencia del contrato y, por ende, la improcedencia del medio de control, dado que este solo puede ser ejercido por las partes de un contrato del Estado. La Sala revoca la decisión del Tribunal Administrativo de Valle del Cauca y declara la inexistencia del contrato, reafirmando que la formalidad escrita es un requisito ad substantiam actus para la existencia del contrato estatal sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP). Además, la Sala establece que la voluntad unilateral de la administración no puede remover una formalidad legalmente impuesta, como la escritura del contrato. Este fallo reitera la jurisprudencia existente sobre la importancia de las formalidades plenas del contrato estatal y su impacto en la procedencia de los medios de control.síntesis automática
También resuelve:¿Ante la ausencia de contrato, no resulta procedente el medio de control de controversias contractuales?¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad, pues habían trascurrido más de 4 meses desde la notificación de los actos demandados?¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-11-25Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000232600019990115504ACCION CONTRACTUAL
¿El ánimo de poseer del inmueble de buena fe cesaba con la notificación a la demandada del libelo en el que se solicitó la resolución de la compraventa? Sí
El contratista de buena fe pierde su ánimo de poseer el inmueble con la notificación a la entidad estatal del libelo que solicita la resolución del contrato de compraventa, según establece la Sala. Esta regla se fundamenta en que únicamente las mejoras realizadas antes de dicha notificación son reconocidas, conforme a la fecha límite de la buena fe del poseedor. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, lo que implica que en casos futuros, el cálculo de mejoras y el reconocimiento de la posesión de buena fe se ajustarán a esta nueva interpretación, afectando directamente la valoración de los derechos del contratista en relación con el bien inmueble.síntesis automática
También resuelve:¿El valor histórico de la condena en abstracto no podía ser uno indexado ya, pues ello infringe la sentencia de condena y la norma aplicable?¿La compensación de los totales aquí indicados arroja un saldo a cargo de la Fiscalía General de la Nación y a favor de la sociedad demandada?¿La posesión de buena fe deja de existir si el poseedor alega en juicio la resolución de la compraventa bajo la cual comenzó a poseer?
¿El régimen aplicable al contrato de concesión suscrito para el mantenimiento de la infraestructura del alumbrado público, es el contenido en la Ley 80 de 1993 y sus reformas, no solo porque dicho servicio no se encuentra incorporado dentro del régimen de la Ley 142 de 1994 ateniente a los servicios públicos domiciliarios, sino también porque fue suscrito por una entidad estatal territorial? Sí
El contratista y la entidad estatal territorial celebran un contrato de concesión para el mantenimiento de la infraestructura del alumbrado público, cuyo régimen jurídico es el contenido en la Ley 80 de 1993 y sus reformas, no solo porque el servicio no está incorporado en el régimen de la Ley 142 de 1994, sino también porque la celebración del contrato se ajusta a la competencia de la entidad territorial conforme a los artículos 2 y 32 de la Ley 80 de 1993. La Sala confirma que el contrato se perfeccionó a pesar de las irregularidades en las pólizas de garantía, al diferenciar el perfeccionamiento del contrato de su ejecución, reiterando la jurisprudencia sobre la valoración de copias simples de documentos y la procedencia de la acción de controversias contractuales en casos de incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales resulta procedente para solicitar la declaratoria de incumplimiento del contrato de concesión objeto de estudio?¿La legitimación en la causa en las acciones contractuales se encuentra en cabeza de las partes del contrato de concesión…¿Cuentan con valor probatorio los documentos allegados al proceso en copia simple?
¿El documento suscrito el 30 de noviembre de 1990 constituye un contrato minero de naturaleza administrativa, de modo que las controversias derivadas de él corresponden a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo? Sí
El contratista no puede alegar la inexistencia del contrato minero para desestimar la acción de controversias contractuales, ya que la naturaleza administrativa del documento suscrito el 30 de noviembre de 1990, celebrado por una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, lo convierte en un contrato administrativo conforme a las disposiciones del Decreto Ley 2655 de 1988 y el Decreto Ley 222 de 1983, por lo que las controversias derivadas de él corresponden a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Además, el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de este tipo de litigios, siempre que la cuantía del asunto supere los 500 SMLMV, tal como dispone el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. Esta sentencia reitera y matiza la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa en controversias contractuales mineras, lo que implica que las partes deben acogerse a esta jurisdicción para resolver disputas relacionadas con contratos mineros, independientemente de la existencia o no del contrato en términos formales.síntesis automática
También resuelve:¿Corresponde al Consejo de Estado conocer, en segunda instancia, del litigio contractual minero objeto del proceso, conforme a las reglas generales de competencia previstas en el CCA tras la…¿El hecho de que durante el análisis de fondo que se realiza en el marco de la acción de controversias contractuales, se advierta que el contrato es inexistente…¿La pretensión de obtener la declaración de existencia e incumplimiento del vínculo contractual basta para concluir que la acción de controversias contractuales fue adecuadamente escogida…
¿La nulidad absoluta del contrato puede ser alegada dentro de los 2 años siguientes a su perfeccionamiento y si el término de vigencia del contrato es superior a este tiempo, dicho término será igual al de su vigencia, sin que en ningún caso exceda de 5 años contados a partir de su perfeccionamiento? Sí
La demanda fue presentada en ejercicio de la acción de controversias contractuales y en ella se pidió la declaratoria de nulidad absoluta del contrato de concesión de una infraestructura educativa para la organización, operación y prestación en ella del servicio público de educación formal, celebrado entre el municipio de Malambo y el Gimnasio Campestre Stephen Hawking y Compañía Ltda., como consecuencia de la ilegalidad del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. LP-002-2010. De conformidad con lo dispuesto en el literal e) del numeral 10 del artículo 136 del C.C.A. -vigente para la época de presentación de la demanda-, la nulidad absoluta del contrato puede ser alegada dentro de los 2 años siguientes a su perfeccionamiento y si el término de vigencia del contrato es superior a este tiempo, dicho término será igual al de su vigencia, sin que en ningún caso exceda de 5 años contados a partir de su perfeccionamiento.
También resuelve:¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad frente a las pretensiones de restablecimiento del derecho¿Procedía el rechazo de la oferta presentada dentro de la Licitación Pública No. LP-002-2010 por la Corporación Pino Verde por haber superado el presupuesto del contrato?¿Se acreditó temeridad de las partes que conlleve a la condena en costas?
¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre aspectos no cuestionados en el recurso de apelación o sobre argumentos que no fueron planteados oportunamente en la demanda? No
El juez de segunda instancia no puede pronunciarse sobre aspectos no cuestionados en el recurso de apelación ni revocar la sentencia por razones que no fueron impugnadas, aunque se acojan los cargos del apelante. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 320 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, limita el recurso al examen de la cuestión decidida en relación con los reparos concretos; el artículo 328 del CGP obliga al superior a pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, salvo las decisiones de oficio previstas por la ley; y cuando una de las razones que fundamentan la negativa de las pretensiones no fue impugnada, esa razón queda firme y la sentencia no puede revocarse por los demás cargos. Por ello, la sentencia se mantiene, pues la razón no apelada basta para sostener la decisión. Esta regla opera aun cuando el recurrente acoja todos los demás cargos de su recurso.síntesis automática
También resuelve:¿La prolongación del plazo de ejecución de un contrato genera, por sí sola, la obligación del contratante de reconocer y pagar los mayores costos asumidos por el contratista?¿Se acreditaron las causas que justificaron la prórroga de los convenios interadministrativos objeto de interventoría para la procedencia de las obligaciones reclamadas?¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-11-18Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 20001233300020150064701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de los autos proferidos por tribunales administrative, mediante los cuales se resuelve un incidente de regulación de honorarios? Sí
La providencia que resuelve un incidente de regulación de honorarios es apelable, conforme al numeral 5 del artículo 321 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, y su resolución en segunda instancia corresponde al magistrado ponente, según los artículos 125 y 243 del CPACA. El Consejo de Estado conoce en segunda instancia de los recursos de apelación contra los autos de los tribunales administrativos respecto de los cuales resulte procedente ese medio de impugnación, de acuerdo con el artículo 150 del CPACA. En el caso concreto, la abogada reclamó honorarios por actuaciones realizadas después del vencimiento del plazo del contrato de prestación de servicios profesionales con el fondo, y la providencia confirmó la negativa del reconocimiento, porque esas actuaciones no se realizaron en virtud de una relación contractual vigente con el Estado. Como consecuencia práctica, los honorarios por defensa judicial solo son reconocibles en la medida en que la actuación se encuentre cubierta por el contrato que las sustenta.síntesis automática
También resuelve:¿Las actuaciones desarrolladas por la profesional del derecho con posterioridad al 25 de junio de 2018, fecha en la que se cumplió el plazo estipulado en el contrato de prestación de servicios…¿Dado que las prestaciones ejecutadas por la abogada entre el 22 de noviembre de 2018 y el 28 de marzo de 2019 se efectuaron sin contar con un vínculo obligacional vigente con el Estado…