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CELEBRACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

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Consejo de Estado Providencia

El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto

Sentencia — Sentencia 2026-08-24 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 18001233300020160020401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria del acto administrativo que aprobó la liquidación unilateral del convenio? Sí
El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales de dos años se cuenta desde la ejecutoria del acto administrativo que aprueba la liquidación unilateral del contrato, conforme al cuarto supuesto del literal j del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, y ese término se suspende mientras se tramita la conciliación extrajudicial. La regla se sostiene en tres razones: la norma señala como punto de partida la liquidación unilateral cuando las partes no logran la liquidación de mutuo acuerdo; la liquidación unilateral del convenio se produjo en un momento que, sumado a la suspensión por la conciliación extrajudicial, permite presentar la demanda dentro del término legal; y el cómputo debe efectuarse desde la fecha de ejecutoria del acto que aprueba la liquidación, y no desde la fecha de la terminación del convenio. Por ello, la demanda presentada dentro de ese plazo es oportuna. La providencia se revoca en lo que se opone a esta regla.síntesis automática
También resuelve: ¿El negocio jurídico celebrado entre el Municipio de San Vicente del Caguán y Gasdicom corresponde a un contrato estatal, y no a uno de los convenios de asociación que celebran las entidades… ¿Es procedente declarar la nulidad absoluta del convenio No. 23 de 2011 por haberse celebrado contra expresa prohibición legal de eludir los procedimientos de selección objetiva consagrada en el… ¿Hay lugar a ordenar restituciones mutuas cuando no está acreditada la existencia de prestaciones ejecutadas pendientes de pago hasta el momento de la declaratoria?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El Código de Minas estableció una distribución de competencia especial que no fue modificada

Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencia jurisdiccional 2023-06-05 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 15001233300020210047301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para determinar cuál es el juez contencioso administrativo competente para conocer de las controversias contractuales en asuntos mineros, deben aplicarse las reglas especiales de distribución de competencia del Código de Minas? Sí
El artículo 156 del CPACA -sin la modificación de la Ley 2080 de 2021- señala que la competencia en procesos de controversias contractuales, por el factor territorial, se determinará por el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato y, en el evento en que comprendiera varios departamentos, el tribunal competente será elegido, a prevención, por el accionante. Por lo tanto, se podría concluir que, en atención al medio de control ejercido por la parte actora y en tanto el contrato de concesión fue suscrito con el objeto de adelantar la exploración y explotación de un yacimiento de carbón ubicado en la jurisdicción de los municipios de Boavita y La Uvita, en el departamento de Boyacá, la competencia para conocer de las pretensiones de la demanda radicaría en cabeza del Tribunal Administrativo de esta jurisdicción.
También resuelve: ¿La competencia para conocer del presente medio de control de controversias contractuales cuyas pretensiones son la nulidad del contrato de concesión minera…
RESUELVE CONFLICTO
Consejo de Estado Providencia

El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, la que también puede ser declarada de oficio por el juez.

Sentencia — Sentencia 2025-02-03 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 15001233300020190028001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El medio de control de controversias contractuales es el medio de control procedente para conocer sobre la responsabilidad contractual? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el convenio… fue suscrito por el municipio de Puerto Boyacá [y la corporación] -entidad con un 51% de capital público- en el marco de sus funciones. El Consejo de Estado es competente para desatar los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, [conforme] el artículo 150 y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, [dado] que la pretensión [mayor], supera los 500 SMLMV. En virtud del artículo 141 del CPACA, cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, [se] declare el incumplimiento, [se] condene a quien se considere responsable a indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y condenas.
También resuelve: ¿El municipio de Puerto Boyacá contaba con dos años para impugnar el contrato, contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la decisión que liquidó unilateralmente el acuerdo convencional? ¿En virtud de la colaboración que debe preponderar entre las entidades del Estado, existe la posibilidad de cooperación entre estas, mediante la celebración de convenios interadministrativos? ¿En los contratos administrativos las relaciones negociales no se encuentran sujetas a un objetivo común, pues la contratista actúa a cambio de una retribución patrimonial por el cumplimiento de la…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se confirmará la sentencia de primera instancia

Sentencia — Sentencia 2023-04-19 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 25000232600020100016102 ACCION CONTRACTUAL
¿El acto que rechazó la propuesta presentada por los demandantes, incurrió en alguno de los cargos de nulidad propuestos en la demanda? No
El integrante de un consorcio que participe en más de una oferta por grupo causa el rechazo de todas las ofertas en que intervenga, cuando así lo prevé expresamente el pliego de condiciones, y esa participación comprende la intervención por sí mismo o por interpuesta persona. La regla se apoya en que el pliego estableció de forma expresa y puntual esa prohibición, de modo que los proponentes conocían la consecuencia del rechazo al presentarse al proceso. Además, las pruebas demostraron que dos integrantes del consorcio intervinieron de forma concurrente en más de una propuesta para el mismo grupo, lo que obligaba al rechazo. En el asunto, el acto que rechazó la propuesta de los demandantes no incurrió en los cargos de nulidad formulados, y la Sala confirmó la sentencia de primera instancia. En la práctica, la participación concurrente en varias propuestas de un mismo grupo puede determinar el rechazo de todas ellas cuando el pliego lo prevé.síntesis automática
También resuelve: ¿En el recurso de apelación se puede adicionar o modificar la demanda? ¿La participación por interpuesta persona en más de una oferta se configura con la presencia del socio y de la compañía en el mismo grupo de la licitación pública? ¿La inhabilidad requiere el control efectivo de la interpuesta persona?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Todas las pretensiones del contratista deben ser negadas.

Sentencia — Sentencia 2022-10-19 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 68001233100020110009702 ACCION CONTRACTUAL
¿Las normas relacionadas con el equilibrio económico del contrato son aplicables a los contratos celebrados por Ecopetrol cuyo régimen es el derecho privado por tratarse de una sociedad de economía mixta? No
El contratista no puede aplicar las normas relacionadas con el equilibrio económico del contrato a los contratos celebrados por Ecopetrol bajo el régimen del derecho privado, ya que la Ley 1118 de 2006 establece que estos contratos se rigen exclusivamente por las reglas del derecho privado, excluyendo así la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus normas específicas sobre equilibrio económico. Además, la Sala rechaza las pretensiones del contratista basadas en la excesiva onerosidad sobrevenida, ya que el contrato fue terminado y liquidado por mutuo acuerdo, lo que impide la revisión de prestaciones futuras. Asimismo, el contratista no cumplió con la carga argumentativa y de sustentación del recurso de apelación, y el dictamen pericial no constituyó prueba suficiente para acreditar el daño antijurídico alegado por el presunto incumplimiento de Ecopetrol. Estas decisiones reafirman que los contratos de Ecopetrol regidos por el derecho privado no están sujetos a las normas del derecho público y limitan las posibilidades de revisión y reclamación por parte del contratista.síntesis automática
También resuelve: ¿Se acreditó una excesiva onerosidad sobrevenida en el contrato de derecho privado que fue objeto de liquidación por mutuo acuerdo entre Ecopetrol y la Sociedad demandante ? ¿El recurrente cumplió con la carga argumentativa y de sustentación del recurso de apelación frente las inconformidades por las presuntas obligaciones que había incumplido Ecopetrol? ¿El dictamen pericial constituyó prueba suficiente para acreditar el daño antijurídico alegado por el contratista por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales de Ecopetrol?
Consejo de Estado Providencia

Esta Corporación es la competente para conocer del presente asunto

Sentencia — Sentencia 2022-02-04 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000232600020080050601 ACCION CONTRACTUAL
¿Cuando lo que se pretende es la nulidad de los actos administrativos previos de adjudicación, pero el contrato ya ha sido suscrito al momento de interponer la demanda, la acción procedente es la de controversias contractuales que trae como consecuencia de su prosperidad la nulidad absoluta del contrato? Sí
El contratista vencido está legitimado para interponer una acción de controversias contractuales contra el acto de adjudicación y la nulidad absoluta del contrato, siempre que la demanda se presente dentro del término de caducidad que se computa a partir de la finalización de la audiencia pública de adjudicación. Esta acción es procedente cuando el contrato ya ha sido suscrito al momento de presentar la demanda, y la entidad administrativa puede solicitar la subsanación de los requisitos habilitantes no puntuables en la propuesta, siempre y cuando no se pretenda acreditar la capacidad para presentar ofertas ni circunstancias ocurridas después del cierre del proceso. Esta sentencia reitera y matiza la jurisprudencia existente, estableciendo claramente los límites para la subsanación de requisitos y la legitimación en la causa, lo que tiene implicaciones significativas en la práctica para la interposición de acciones de controversias contractuales en procesos de contratación estatal.síntesis automática
También resuelve: ¿El proponente vencido está legitimado en la causa por activa en acciones de controversias contractuales para solicitar la nulidad del acto de adjudicación del contrato y como consecuencia la nulidad… ¿La caducidad de la acción de controversias contractuales en eventos en que la pretensión es la nulidad del acto de adjudicación… ¿Los requisitos habilitantes al no ser objeto de puntaje ni de comparación, son saneables, y en consecuencia la entidad administrativa podrá pedir que se aporten los que hagan falta…
Consejo de Estado Providencia

¿El ICBF efectuó el cálculo de la remuneración del contratista con apego a la norma vigente y aplicó correctamente sus reglas sobre porcentajes escalonados?

Sentencia — Sentencia 2024-02-19 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 05001233100020030306001 ACCION CONTRACTUAL
¿El ICBF efectuó el cálculo de la remuneración del contratista con apego a la norma vigente y aplicó correctamente sus reglas sobre porcentajes escalonados? Sí
La remuneración del contratista se liquida conforme a la norma vigente al momento de celebrarse el pacto, y que la entidad que la paga con esa norma y aplica bien sus porcentajes escalonados no incumple el contrato. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la norma aplicable al momento de celebración era el artículo 4 del Decreto 3421 de 1986 y no el artículo 107 del Decreto 2388 de 1979, invocado por la demandante. Segunda, el reconocimiento económico fue liquidado y efectivamente pagado con arreglo a esa norma, y las reglas sobre porcentajes escalonados se aplicaron correctamente. Tercera, al no constatarse incumplimiento de la entidad contratante, no procede la condena a perjuicios patrimoniales ni extrapatrimoniales ni la nulidad parcial del acto de liquidación. La providencia revoca la sentencia de primera instancia y desestima las pretensiones. La consecuencia práctica es que la liquidación de la remuneración debe verificarse con la norma vigente al celebrarse el contrato, y no con una posterior o anterior invocada por el contratista.síntesis automática
También resuelve: ¿Hay lugar a condenar al pago de la indemnización de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales pretendidos? ¿La retribución convenida se supeditó a un porcentaje determinable a partir de la ley aplicable para el momento de la celebración del contrato? ¿La responsabilidad contractual es el deber del agente dañador del pago de los perjuicios que haya sufrido su cocontratante por efecto de la desatención obligacional?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 391 de 2008

Sentencia — Sentencia 2024-09-23 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 19001233100020110057302 ACCION CONTRACTUAL
¿Hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 391 de 2008 con la que el municipio de Guapi declaró la Caducidad del Contrato de Concesión que celebró con la parte actora para la operación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y actividades complementarias, a consecuencia de haberse notificado el acto administrativo que lo contiene, de manera irregular? No
La notificación de un acto administrativo por edicto, cuando se cumplen los requisitos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, es válida y fija la fecha a partir de la cual se cuenta el término de caducidad de la acción. Esta regla se apoya en que el edicto debe fijarse por el término legal, que en el caso fue de veinte días hábiles, y en que la notificación personal al representante legal ordenada por la administración tampoco adquiere efectos distintos si el edicto se surtió conforme a la ley. Por ello el término de caducidad se computa desde la fecha de fijación y desfijación del edicto. En el caso concreto la notificación de la resolución de caducidad del contrato se surtió por edicto dentro del término legal, por lo que el término de caducidad no había operado. Por ello se revocó el auto que rechazó la demanda por caducidad y la pretensión de nulidad fue negada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la notificación por edicto válida fija el inicio de la caducidad de la demanda contra el acto.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo? ¿La legitimación en la causa por activa recae sobre la empresa de servicios públicos con la que el Municipio celebró el contrato de concesión? ¿El régimen jurídico aplicable al contrato suscrito entre la empresa de servicios públicos y el municipio, es el contemplado en el Estatuto General de la Contratación Pública?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El juez de segunda instancia revisa integralmente el litigio y se pronuncia sin limitaciones cuando ambas partes apelan la sentencia.

Sentencia — Sentencia 2026-09-07 Sección Tercera (Subsección A) ZORANNY CASTILLO OTÁLORA Rad. 66001233300020140025001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuando ambas partes apelan la sentencia de primera instancia, el juez de segunda instancia puede pronunciarse sin limitaciones y revisar integralmente el asunto? Sí
El juez de segunda instancia ejerce competencia plena y revisa integralmente el litigio cuando ambas partes interponen recurso de apelación contra la providencia de primer grado. El artículo 328 del Código General del Proceso faculta al superior para pronunciarse sin limitaciones frente a los aspectos cuestionados por los extremos procesales. En el caso objeto de estudio, tanto el municipio como la parte demandante apelaron decisiones específicas relacionadas con la nulidad contractual y el alcance de las restituciones mutuas. En virtud de dicha pluralidad impugnatoria, la Sala examinó de manera integral los reparos formulados por los apelantes, garantizando la resolución efectiva de las inconformidades planteadas contra la sentencia de primera instancia dentro de los límites de la competencia funcional.síntesis automática
También resuelve: ¿La declaratoria oficiosa de la nulidad absoluta del contrato estatal por parte del juez contencioso administrativo desconoce el carácter rogado de la jurisdicción y el principio de congruencia? ¿El acuerdo en el que un municipio aporta un lote y obras de urbanismo y participa en el resultado de las ventas de un proyecto de vivienda cuya gestión integral asume un particular corresponde a un… ¿El contrato estatal atípico que no se adecúa a ninguna causal de contratación directa está sujeto al factor cuantía para determinar la procedencia de la licitación pública?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-03-24 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 05001233100020000341401 ACCION CONTRACTUAL
¿Se incumple el contrato –que se rige por el derecho privado– cuando el contratante lo termina unilateralmente al encontrar configurada una causal de nulidad prevista en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993? No
Como el régimen del contrato n°. ALC-042 es el derecho privado, el Municipio de Puerto Berrío no podía darlo por terminado por nulidad absoluta prevista –causal de terminación prevista en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993–. Esta terminación configura un incumplimiento de lo pactado, pues la conducta de la entidad demandada contravino la fuerza normativa del pacto que deviene de la autonomía de la voluntad (art. 1602 CC).
También resuelve: ¿Se probó que la demandante realizó las inversiones y las actividades previstas en el plan de optimización? ¿Si lo recaudado por concepto de tarifa no era suficiente, el operador debía gestionar créditos para obtener los recursos para prestar el servicio? ¿Se establecerán los valores adeudados entre las partes hasta la terminación del contrato?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer controversia contractual derivada de un contrato

Sentencia — Sentencia 2024-12-11 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 41001233300020140021101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer controversia contractual derivada de un contrato para la administración de recursos del régimen subsidiado, que fue suscrito por una entidad territorial? Sí
El contratista puede acudir al medio de control de controversias contractuales para cuestionar actos jurídicos de naturaleza contractual que no son actos administrativos, sino que se rigen por el derecho privado y la autonomía de la voluntad de las partes. En este caso, la entidad estatal suscribió un contrato de administración de recursos del régimen subsidiado con una EPS, y en el marco de este acuerdo, la entidad territorial liquidó unilateralmente el contrato mediante resoluciones que, a pesar de ser calificadas inicialmente como actos administrativos, fueron determinadas como actos jurídicos contractuales por la Sala. La competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer controversias derivadas de contratos de administración de recursos del régimen subsidiado se establece en el artículo 104 del Código Procesal Administrativo y Concursal, lo que permite que el medio de control de controversias contractuales sea procedente para examinar la responsabilidad contractual en lugar del juicio de legalidad. Esta decisión reitera y matiza la interpretación de la naturaleza de los actos jurídicos en contratos de administración de recursos del régimen subsidiado, permitiendo una mayor flexibilidad en la aplicación del derecho privado en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve: ¿Los actos expedidos en el marco del contrato de administración de recursos y aseguramiento del régimen subsidiado, no son actos administrativos sino actos jurídicos contractuales? ¿Las resoluciones expedidas por el municipio de Neiva, por medio de las cuales liquidó unilateralmente el contrato de aseguramiento suscrito con Comfamiliar, son actos jurídicos contractuales? ¿Es procedente el medio de control de controversias contractuales para cuestionar los actos jurídicos de naturaleza contractual…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer controversias derivadas

Sentencia — Sentencia 2025-06-18 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 05001233100019960154401 ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer controversias derivadas de contratos administrativos celebrados por entidades públicas y de personas privadas que desempeñan funciones administrativas? Sí
La jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer controversias derivadas de contratos administrativos celebrados por entidades públicas y personas privadas que desempeñan funciones administrativas, conforme al artículo 82 del Código Contencioso Administrativo y el Decreto 222 de 1983. La acción de controversias contractuales fue presentada oportunamente, dentro del plazo de dos años desde la ocurrencia de los motivos de hecho o derecho que la fundamentan, según lo dispone el artículo 136 del mismo código antes de su modificación por la Ley 446 de 1998. La Sala no considera que se haya configurado un error grave en el dictamen pericial, ya que las objeciones se refieren a las conclusiones del experto y no al objeto del dictamen, lo que implica que el juez debe valorar las conclusiones del perito de acuerdo con la sana crítica.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción de controversias contractuales fue presentada dentro de los dos años siguientes de la ocurrencia de los motivos de hecho o derecho que le sirvan de fundamento? ¿Se configuró un error grave frente al dictamen pericial rendido dentro del proceso? ¿El régimen jurídico aplicable al contrato de obra, es el vigente para la época en que se inició el procedimiento de selección y se perfeccionó el contrato?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Contrato de concesión: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-07-02 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 70001233100019980028901 ACCION CONTRACTUAL
¿El régimen aplicable al contrato de concesión suscrito para el mantenimiento de la infraestructura del alumbrado público, es el contenido en la Ley 80 de 1993 y sus reformas, no solo porque dicho servicio no se encuentra incorporado dentro del régimen de la Ley 142 de 1994 ateniente a los servicios públicos domiciliarios, sino también porque fue suscrito por una entidad estatal territorial? Sí
El contratista y la entidad estatal territorial celebran un contrato de concesión para el mantenimiento de la infraestructura del alumbrado público, cuyo régimen jurídico es el contenido en la Ley 80 de 1993 y sus reformas, no solo porque el servicio no está incorporado en el régimen de la Ley 142 de 1994, sino también porque la celebración del contrato se ajusta a la competencia de la entidad territorial conforme a los artículos 2 y 32 de la Ley 80 de 1993. La Sala confirma que el contrato se perfeccionó a pesar de las irregularidades en las pólizas de garantía, al diferenciar el perfeccionamiento del contrato de su ejecución, reiterando la jurisprudencia sobre la valoración de copias simples de documentos y la procedencia de la acción de controversias contractuales en casos de incumplimiento.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción de controversias contractuales resulta procedente para solicitar la declaratoria de incumplimiento del contrato de concesión objeto de estudio? ¿La legitimación en la causa en las acciones contractuales se encuentra en cabeza de las partes del contrato de concesión… ¿Cuentan con valor probatorio los documentos allegados al proceso en copia simple?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-02-05 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 13001233300020130032801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El contrato de seguro de cumplimiento es accesorio al contrato estatal que ampara? No
El contrato de seguro de cumplimiento es un negocio principal, autónomo e independiente del contrato estatal que ampara, de modo que la obligación de la aseguradora es propia y no se suspende de forma automática con la suspensión de la exigibilidad del contrato amparado. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la aseguradora asume una obligación propia de cubrir los perjuicios por incumplimiento del contratista, a cambio de una prima, y su obligación surge cuando se materializa el riesgo. Segunda, el contrato de seguro es una tipología especial de negocio, con estructura y funcionamiento distintivos, que responde a la especialidad de la empresa aseguradora. Tercera, no existe una comunicabilidad automática de la suspensión del contrato amparado a la póliza, de modo que la aseguradora no puede fincar en ella la suspensión de sus obligaciones. La providencia confirma la negativa de las pretensiones de la aseguradora. La consecuencia práctica es que la suspensión de la ejecución del contrato amparado no suspende por sí sola la obligación de la aseguradora, que es propia de su negocio.síntesis automática
También resuelve: ¿La suspensión de la ejecución del contrato de obra produce como efecto directo y automático la suspensión de las obligaciones del contrato de seguro durante dicho interregno? ¿Ante la suspensión del término del negocio jurídico, el interés asegurable y el riesgo de su afectación permanecen patentes mientras el vínculo subsista y existan saldos del anticipo sin disponer en… ¿El alcance de la póliza de cumplimiento en la contratación estatal debe ser mayor al que tiene en un negocio jurídico privado en virtud del cumplimiento de los fines esenciales del Estado?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El Convenio 93 de 2010 es un contrato de suministro

Sentencia — Sentencia 2023-03-10 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020140045001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Convenio 93 de 2010 es un contrato de suministro que, al haber sido celebrado sin agotar un proceso preceptivo de licitación pública o selección abrevia, es absolutamente nulo? Sí
El 30 de diciembre de 2010, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo Regional Alma Mater suscribieron un convenio interadministrativo, con el que esta se obligaba a proveerle a aquella computadores y equipos de telecomunicación, para el cumplimiento de sus funciones. Considerando que se había presentado un incumplimiento, por la entrega de computadores con licencias de software OEM, en lugar de las OLP utilizadas generalmente En empresas y entidades, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le impuso pena pecuniaria contractual a la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo Regional Alma Mater, la cual pretende la nulidad de los actos con los que la pena pecuniaria se hizo efectiva, así como la subsecuente declaración de no estar obligada a su pago y la liquidación del convenio.… .
También resuelve: ¿La declaración de la nulidad absoluta del contrato de ejecución sucesiva, como el contrato de suministro, conlleva a la liquidación de las prestaciones mutuas o restituciones mutuas cuando en el… ¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para declarar de oficio la nulidad absoluta del convenio celebrado entre personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por entidades… ¿Cuál es el régimen de contratación aplicable a las instituciones de educación superior (universidades estatales u oficiales) y cuáles son las excepciones?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La contratación de infraestructura de transporte masivo por entidades estatales se sujeta al Estatuto General de Contratación por tratarse de actividades de interés general.

Sentencia — Sentencia 2026-09-07 Sección Tercera (Subsección A) ZORANNY CASTILLO OTÁLORA Rad. 25000232600020100014401 ACCION CONTRACTUAL
¿El proceso de selección adelantado por TRANSMILENIO S.A. para contratar el mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura del sistema de transporte masivo debía someterse a los principios y reglas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, pese a que la entidad se encuentra sometida al régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, por tratarse de una actividad ajena a escenarios de competencia o mercado regulado, vinculada al cumplimiento de cometidos estatales? Sí
Las entidades estatales descentralizadas sometidas al régimen de empresa industrial y comercial se sujetan a los principios y reglas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública cuando celebran contratos relacionados con actividades de interés general ajenas al mercado competitivo. El proceso de selección adelantado para contratar el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del sistema de transporte masivo persigue cometidos estatales esenciales. Por consiguiente, la actuación contractual debe regirse por la normativa pública de contratación para garantizar la libre competencia y el cumplimiento de los fines del Estado, apartándose del régimen privado cuando el objeto contractual compromete bienes y servicios de uso público.síntesis automática
También resuelve: ¿La demanda presentada en ejercicio de la acción contractual, mediante la cual se solicitó la nulidad de los actos precontractuales… ¿El pliego de condiciones exigió una experiencia general y específica mínima del director del proyecto y de los ingenieros residentes como requisito habilitante y, simultáneamente… ¿El tiempo durante el cual el director del proyecto participó en la etapa precontractual del contrato celebrado entre Konidol y Ecopetrol podía computarse como experiencia específica para efectos de…
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Consejo de Estado Providencia

No procede realizar la liquidación judicial del contrato y los reconocimientos solicitados en la demanda por concepto de actividades ejecutadas y no pagadas.

Sentencia — Sentencia 2024-05-22 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 44001233100020080006101 ACCION CONTRACTUAL
¿Procede realizar la liquidación judicial del contrato y los reconocimientos solicitados en la demanda por concepto de actividades ejecutadas y no pagadas? No
Cuando las partes de un contrato no aportan elementos probatorios que permitan establecer el estado de las prestaciones, los conceptos y las cuantías que se adeudan entre sí, el juez no puede liquidar judicialmente el contrato, y debe negar la pretensión de liquidación. La regla se sostiene en tres razones: la liquidación judicial exige determinar el cruce final de cuentas con base en la ejecución efectiva de las obligaciones, lo que no puede hacerse con documentos que no den cuenta clara de los valores; la falta de prueba sobre la proporción en que se ejecutó el objeto contractual impide establecer las acreencias de cada parte; y la carga de demostrar las prestaciones recae en quien la reclama. En el caso, los tres grupos de pruebas no daban cuenta de los valores reclamados en la demanda, por lo que se revocó la sentencia de primera instancia y se negó la liquidación judicial. Por la fecha de la demanda, el régimen aplicable fue el Código Contencioso Administrativo. El documento no señala que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la liquidación judicial depende de que el demandante acredite con precisión las prestaciones ejecutadas y los saldos pendientes.síntesis automática
También resuelve: ¿Por la fecha de presentación de la demanda, el régimen aplicable es el Código Contencioso Administrativo? ¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de las controversias contractuales en las que las partes del contrato estipularon cláusula compromisoria… ¿La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la liquidación judicial de un contrato estatal?
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Consejo de Estado Providencia

Debe la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo asumir el conocimiento de los procesos contractuales en los que interviene una entidad pública, independientemente del régimen jurídico aplicable al contrato.

Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente 2025-09-03 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 68001233300020180031401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo asumir el conocimiento de los procesos contractuales en los que interviene una entidad pública, independientemente del régimen jurídico aplicable al contrato? Sí
El contratista no se convierte automáticamente en parte del contrato de seguro de cumplimiento cuando actúa por cuenta ajena, manteniendo la entidad beneficiaria su calidad de tercero, salvo que el tomador actúe en su nombre y sea ratificado. Según el artículo 1037 del Código de Comercio, el tomador puede actuar por cuenta propia o ajena sin que el beneficiario se convierta en parte del contrato, a menos que ratifique las condiciones pactadas. En el caso de la entidad pública, si no participó en la celebración del contrato ni ratificó las condiciones pactadas por el contratista con la aseguradora, no puede considerarse parte tomadora del contrato de seguro de cumplimiento. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la determinación de la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa y la naturaleza jurídica del contrato, estableciendo que la entidad pública no entra a ser parte del contrato de seguro de cumplimiento si no actúa en su celebración ni ratifica las condiciones pactadas.síntesis automática
También resuelve: ¿El tomador de un contrato de seguro que actúa por cuenta ajena conserva su calidad de parte en el contrato, sin que el tercero beneficiario se convierta automáticamente en parte de la relación… ¿Puede considerarse parte tomadora del contrato de seguro de cumplimiento a la entidad pública beneficiaria del seguro, cuando no actuó en su celebración ni ratificó las condiciones pactadas por el… ¿Conserva su autonomía el contrato de seguro de cumplimiento frente al contrato estatal que garantiza, incluso cuando la entidad pública aprueba la póliza para verificar el cumplimiento de…
DECLARA FALTA DE JURISDICCION
Consejo de Estado Providencia

El documento suscrito el 30 de noviembre de 1990 constituye un contrato minero de naturaleza administrativa

Sentencia — Sentencia 2025-09-17 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 25000232600020040152202 ACCION CONTRACTUAL
¿El documento suscrito el 30 de noviembre de 1990 constituye un contrato minero de naturaleza administrativa, de modo que las controversias derivadas de él corresponden a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo? Sí
El contratista no puede alegar la inexistencia del contrato minero para desestimar la acción de controversias contractuales, ya que la naturaleza administrativa del documento suscrito el 30 de noviembre de 1990, celebrado por una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, lo convierte en un contrato administrativo conforme a las disposiciones del Decreto Ley 2655 de 1988 y el Decreto Ley 222 de 1983, por lo que las controversias derivadas de él corresponden a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Además, el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de este tipo de litigios, siempre que la cuantía del asunto supere los 500 SMLMV, tal como dispone el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. Esta sentencia reitera y matiza la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa en controversias contractuales mineras, lo que implica que las partes deben acogerse a esta jurisdicción para resolver disputas relacionadas con contratos mineros, independientemente de la existencia o no del contrato en términos formales.síntesis automática
También resuelve: ¿Corresponde al Consejo de Estado conocer, en segunda instancia, del litigio contractual minero objeto del proceso, conforme a las reglas generales de competencia previstas en el CCA tras la… ¿El hecho de que durante el análisis de fondo que se realiza en el marco de la acción de controversias contractuales, se advierta que el contrato es inexistente… ¿La pretensión de obtener la declaración de existencia e incumplimiento del vínculo contractual basta para concluir que la acción de controversias contractuales fue adecuadamente escogida…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-07-06 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 47001233100020110003701 ACCION CONTRACTUAL
¿Cuáles son los elementos esenciales que determinan la existencia del contrato estatal? Sí
El contratista y la entidad estatal deben cumplir con los elementos esenciales que determinan la existencia del contrato estatal, como el acuerdo de voluntades sobre el objeto y la contraprestación, y la elevación del contrato a escrito, para que éste se reputa existente y perfecto. La ausencia de la operación de disponibilidad o registro presupuestal y la falta de la constitución de un amparo de cumplimiento no afectan la existencia o la validez del contrato, sino que impiden su regular ejecución, generando responsabilidad del funcionario que omitió realizar la operación de apropiación de recursos y/o que dio cabida al desarrollo del negocio jurídico sin contar con la garantía debida. La falta de aporte del registro presupuestal y de la garantía única de cumplimiento, no siendo requisitos esenciales del contrato, sí tiene como efecto una alteración en la regularidad de la ejecución del negocio jurídico, lo que puede dar lugar a incumplimientos por parte de la entidad pública y del contratista.síntesis automática
También resuelve: ¿La ausencia de la operación de disponibilidad o registro presupuestal y la falta de la constitución de un amparo de cumplimiento tienen la virtualidad de afectar la existencia o la validez del… ¿La falta de aporte del registro presupuestal y de la garantía única de cumplimiento al no ser requisitos esenciales del contrato… ¿En qué consiste la excepción de contrato no cumplido?