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INEXISTENCIA DEL NEGOCIO JURÍDICO

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Consejo de Estado Providencia

Concurso de méritos: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-09-19 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 41001233100019950838501 ACCION CONTRACTUAL
¿El régimen normativo aplicable al concurso privado de méritos para contratar los estudios de factibilidad y aprovechamiento de la hidroeléctrica del Quimbo, era el contenido en el Decreto 222 de 1983? Sí
El concurso privado de méritos para contratar los estudios de factibilidad y aprovechamiento de la hidroeléctrica del Quimbo, iniciado por el ICEL como establecimiento público, estaba sujeto al Decreto 222 de 1983. La Sala reitera la aplicación de este decreto, que establece que los contratos celebrados por los establecimientos públicos se someten a las reglas del Estatuto General de Contratación. Además, la Sala valora las copias simples presentadas, considerando que no fueron tachadas de falsas y su validez no fue controvertida. En cuanto a la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo, la Sala determina que es competente, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. La acción de reparación directa es procedente para reclamar perjuicios por responsabilidad precontractual derivadas de la presunta omisión de suscribir un contrato, y su caducidad debe contarse a partir del momento en que se abrió una nueva licitación pública con objeto análogo.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede la valoración de las copias simples ya que obraron a lo largo del proceso, sin que fueran tachadas de falsas, ni su validez fuera controvertida? ¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? ¿La acción de reparación directa es procedente para reclamar perjuicios por pretensiones de responsabilidad precontractual derivadas de la presunta omisión de suscribir un contrato?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El contrato celebrado es un parámetro indispensable para estimar las prestaciones mutuas ejecutadas que deben devolverse luego de adoptada judicialmente la nulidad del negocio.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2022-04-26 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 44001233100020000054002 ACCION CONTRACTUAL
¿Debe la entidad demandada pagar restituciones mutuas consecuenciales a causa de la declaratoria de nulidad del contrato de concesión? Sí
El contratista no puede reclamar restituciones mutuas consecuenciales a causa de la declaratoria de nulidad del contrato de concesión, ya que estas deben basarse en la extinción de los compromisos adquiridos y no en las sumas de dinero que fueron pactadas como parte de la oferta para contratar. La entidad demandada no está obligada a pagar estas restituciones mutuas, ya que el dictamen pericial y la formulación del incidente se apartan de lo dispuesto por la sentencia anulatoria del contrato. Además, es necesario probar el monto de los gastos en que incurrió el contratista para la ejecución del objeto del contrato, lo cual no se refleja en el texto contractual ni en la proyección financiera presentada. Esta decisión matiza la interpretación previa sobre la cuantificación de restituciones mutuas en casos de nulidad contractual, limitando la posibilidad de reclamar sumas que no se ajusten a la realidad de la ejecución del contrato.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

El documento suscrito el 30 de noviembre de 1990 constituye un contrato minero de naturaleza administrativa

Sentencia — Sentencia 2025-09-17 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 25000232600020040152202 ACCION CONTRACTUAL
¿El documento suscrito el 30 de noviembre de 1990 constituye un contrato minero de naturaleza administrativa, de modo que las controversias derivadas de él corresponden a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo? Sí
El contratista no puede alegar la inexistencia del contrato minero para desestimar la acción de controversias contractuales, ya que la naturaleza administrativa del documento suscrito el 30 de noviembre de 1990, celebrado por una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, lo convierte en un contrato administrativo conforme a las disposiciones del Decreto Ley 2655 de 1988 y el Decreto Ley 222 de 1983, por lo que las controversias derivadas de él corresponden a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Además, el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de este tipo de litigios, siempre que la cuantía del asunto supere los 500 SMLMV, tal como dispone el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. Esta sentencia reitera y matiza la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa en controversias contractuales mineras, lo que implica que las partes deben acogerse a esta jurisdicción para resolver disputas relacionadas con contratos mineros, independientemente de la existencia o no del contrato en términos formales.síntesis automática
También resuelve: ¿Corresponde al Consejo de Estado conocer, en segunda instancia, del litigio contractual minero objeto del proceso, conforme a las reglas generales de competencia previstas en el CCA tras la… ¿El hecho de que durante el análisis de fondo que se realiza en el marco de la acción de controversias contractuales, se advierta que el contrato es inexistente… ¿La pretensión de obtener la declaración de existencia e incumplimiento del vínculo contractual basta para concluir que la acción de controversias contractuales fue adecuadamente escogida…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Se presentó incumplimiento de los deberes derivados de la buena fe exenta de culpa

Sentencia — Sentencia 2021-10-08 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 25000232600020060077901 ACCION CONTRACTUAL
¿Se presentó incumplimiento de los deberes derivados de la buena fe exenta de culpa, la lealtad y la corrección que orientan las fases de negociación previas? Sí
El contratista no puede demostrar la responsabilidad precontractual de la entidad estatal si no demuestra que su oferta era la mejor y que la entidad prefirió celebrar el negocio jurídico con otra persona, conforme al principio de buena fe y lealtad contractual que rige las fases de negociación previas. En este caso, la entidad permitió al proponente completar su propuesta en aspectos que las reglas de participación habían señalado como obligatorios e insubsanables, lo que configuró un incumplimiento de los deberes derivados de la buena fe exenta de culpa y la lealtad contractual. La entidad, al no seguir las reglas que había establecido para determinar cuál era el mejor oferente, incurrió en responsabilidad precontractual por culpa in contrahendo, lo que impidió que el proceso de selección continuara de manera justa y transparente. Esta decisión reitera la importancia de que las entidades públicas cumplan con las reglas que establecen unilateralmente para evaluar las ofertas y seleccionar al mejor proponente, garantizando así la seriedad y la integridad del proceso de contratación estatal.síntesis automática
También resuelve: ¿La entidad podía, después de recibir todas las ofertas, permitir al proponente completar su propuesta en aspectos obligatorios e insubsanables? ¿El proponente debe demostrar que su oferta era la mejor y que no obstante ser así la entidad prefirió celebrar el negocio jurídico con otra persona? ¿La intención de la entidad era invitar a que se presentaran propuestas para estudiarlas de acuerdo con las reglas que estableció?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El primer reparo de los recurrentes contra el fallo de primera instancia, relacionado con la procedibilidad de la amigable composición en contratos celebrados con el Estado tiene vocación de prosperidad.

Sentencia — Sentencia 2024-05-22 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 25000232600020060065001 ACCION CONTRACTUAL
¿Debe revocarse la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad de la decisión emitida por el amigable componedor, al acreditarse que este mecanismo es procedente en contratos celebrados con entidades públicas bajo la aplicación del artículo 130 de la Ley 446 de 1998? Sí
Es clara la procedencia de la amigable composición en los contratos en los cuales sea parte una entidad del Estado, incluso frente a aquellos celebrados durante la vigencia del artículo 130 de la Ley 446 de 1998, que es el caso del contrato que dio origen a este litigio. No obstante, el Tribunal, para declarar la nulidad de la amigable composición del 16 de septiembre de 2005, se basó en el concepto proferido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 13 de agosto de 2005. Sin necesidad de remitirse a las posturas jurisprudenciales anteriores a dicho concepto, es claro que, como quedó expuesto, existe consenso en cuanto a la viabilidad legal de pactar este mecanismo de resolución de conflictos cuando una de las partes es una entidad estatal y, por ello, no es posible concluir de ninguna manera que se trate de un acuerdo contra legem que adolezca de objeto ilícito.
También resuelve: ¿La cuantía es un factor para determinar la competencia en lo contencioso administrativo? ¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde que se notificó a las partes de la decisión emitida por el amigable componedor? ¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre los integrantes del consorcio contratista y sobre la Universidad Militar Nueva Granada como amigable componedor?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Ecopetrol: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2026-10-05 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 13001233300020120022102 Controversias contractuales
¿El sometimiento de los contratos de Ecopetrol S.A. al derecho privado altera su naturaleza de contratos estatales, y por ende, exime a las partes del cumplimiento de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal? No
El sometimiento de los contratos de una entidad de economía mixta a un régimen exceptuado de derecho privado no altera su naturaleza de contratos estatales ni exime a las partes del cumplimiento de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal. Cuando el objeto del contrato se encuentra dentro del objeto social de la entidad, su formación, ejecución, terminación y liquidación se rigen por el Código Civil, el Código de Comercio y lo pactado, incluido el manual de contratación, y no por el Estatuto General de Contratación. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 104 del CPACA asigna la controversia a esta jurisdicción con independencia del régimen sustancial del negocio, sin perjuicio del artículo 105; las instituciones que estructuran el litigio, como la interpretación del contrato, la transacción, la cláusula penal y los intereses, se resuelven con normas civiles y mercantiles; y la sujeción al derecho privado no sustrae a las partes de los principios previstos en los artículos 209 y 267 de la Constitución, aplicables por el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. En consecuencia, los plazos de liquidación se determinan por lo pactado en el contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿En un contrato que requiere liquidación y no fue liquidado bilateral ni unilateralmente, el término de caducidad de las controversias derivadas de su ejecución se cuenta conforme a la regla general… ¿Procede la liquidación judicial de un contrato estatal sometido al derecho privado, que no está obligado legalmente a liquidarse… ¿Produce efectos de liquidación bilateral, con autoridad de cosa juzgada transaccional, el acta de liquidación final de mutuo acuerdo de un contrato de Ecopetrol que…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: no era necesario acudir supletoriamente al Código de Comercio para declarar la inexistencia del contrato minero

Aclaración voto — Aclaración de voto 2025-09-17 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 25000232600020040152202 ACCION CONTRACTUAL
¿Era necesario acudir supletoriamente al Código de Comercio para declarar la inexistencia del contrato minero, cuando el Decreto 2655 de 1988 regulaba de manera expresa las condiciones de perfeccionamiento y eficacia de los contratos de aportes? No
Al respecto, comparto el sentido denegatorio de la decisión, toda vez que, al no haberse perfeccionado el «contrato minero» suscrito bajo el sistema de aportes regulado por el Decreto 2655 de 1988, por falta de inscripción en el Registro Minero Nacional, tanto este como su modificación -realizada mediante la denominada «acta de conciliación»-, no produjeron efectos jurídicos, de ahí que resultara improcedente cualquier pretensión de incumplimiento contractual.