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Consejo de Estado
Providencia
Resulta procedente fijar los honorarios del perito dentro del proceso de Controversias Contractuales, los cuales se pagan en caso de que no prospere la objeción por error grave en contra de su dictamen pericial.
Auto interlocutorio — Auto que decide sobre honorarios de auxiliares de la justicia
2025-02-10
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 13001233100020090064802
ACCION CONTRACTUAL
¿Resulta procedente fijar los honorarios del perito dentro del proceso de Controversias Contractuales, los cuales se pagan en caso de que no prospere la objeción por error grave en contra de su dictamen pericial? Sí
El contratista debe pagar los honorarios del perito en el proceso de Controversias Contractuales, siempre y cuando no prospere la objeción por error grave en contra del dictamen pericial, conforme a los criterios establecidos en los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo 1518 de 2002. La entidad estatal puede objetar el dictamen pericial, pero solo se le pagarán los honorarios al perito una vez se determine que la objeción no prospera. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y establece claramente la responsabilidad del contratista en el pago de los honorarios del perito, a menos que se demuestre un error grave en el dictamen.síntesis automática
FIJA
Consejo de Estado
Providencia
No debe declararse la nulidad procesal de la sentencia de primera instancia, y de todos los actos del proceso hasta el auto admisorio de la demanda, porque hay un litisconsorcio necesario entre Allianz y la UT contratista.
Sentencia — Sentencia
2024-08-23
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 85001233300020160006101
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe declararse la nulidad procesal de la sentencia de primera instancia, y de todos los actos del proceso hasta el auto admisorio de la demanda, porque hay un litisconsorcio necesario entre Allianz y la UT contratista? No
El contratista no debe ser declarado en litisconsorcio necesario con la entidad aseguradora, ya que la relación entre ambas no es indispensable para que uno de ellos actúe en el proceso, configurándose así un litisconsorcio cuasinecesario. Además, las objeciones al dictamen pericial presentadas por la aseguradora no constituyen un error grave, afectando solo la credibilidad y solidez técnica de la prueba, pero no su validez. Asimismo, la UT contratista no tiene la obligación de corregir y ajustar los diseños de la obra, y el incumplimiento en la entrega de los planos no justifica hacer efectiva la garantía de cumplimiento por el 100% del valor estipulado, ya que no se demostró un nexo causal entre la deficiencia en los diseños y la inejecución de las obras. Por último, la entidad estatal rechaza la pretensión de nulidad de las resoluciones impugnadas, al no acreditarse adecuadamente la inversión del anticipo por parte del contratista.síntesis automática
También resuelve:
¿Los dictámenes periciales adolecen de error grave por las deficiencias técnicas y metodológicas expresadas por la parte demandante?
¿Le asistía a la UT contratista el deber de corregir y ajustar los diseños de la obra que eran objeto del contrato núm. 320 de 2011?
¿El contratista manejó e invirtió adecuadamente los recursos del anticipo pactado?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Pueden valorarse, los documentos que fueron aportados en copia simple, que estuvieron a disposición de la parte
Sentencia — Sentencia
2022-05-31
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 05001233100020100207901
ACCION CONTRACTUAL
¿Pueden valorarse, como medios de prueba, los documentos que fueron aportados en copia simple, que estuvieron a disposición de la parte contra la que se aducen y no fueron tachados de falsos? Sí
El contratista puede presentar documentos en copia simple como medios de prueba, siempre y cuando estos hayan estado a disposición de la parte contraria durante el proceso y no hayan sido tachados de falsos, reiterándose así el criterio establecido por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En el caso concreto, los accionantes alegan lesión enorme en la compraventa de un bien inmueble, aportando un dictamen pericial que fue objeto de objeción por error grave por parte de la entidad estatal, pero que finalmente fue considerado válido por el juez, quien determinó que el perito cumplió con su cometido al calcular el valor comercial del bien para la fecha de celebración del contrato, a pesar de las críticas metodológicas. Sin embargo, el dictamen pericial fue cuestionado por su base en precios de una fecha posterior a la celebración del contrato, lo que implica que la valoración del dictamen debe considerar la descontaminación de la plusvalía generada por el anuncio del proyecto u obra que constituye el motivo de utilidad pública para la adquisición, según lo dispone la Ley 388 de 1997. Esta regla implica que los peritos deben ser rigurosos en su metodología y considerar las variables temporales que afectan el valor de los bienes inmuebles en procesos de enajenación voluntaria.síntesis automática
También resuelve:
¿Procede la lesión enorme en los procedimientos de enajenación voluntaria de inmuebles, en lo relacionado con el reajuste de precio mas no, por imposible, la rescisión del contrato?
¿El avalúo rural presentado por la demandante tiene la naturaleza de informe de experto o técnico, el cual debe valorarse como prueba documental de acuerdo con la sana crítica?
Consejo de Estado
Providencia
Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer controversias derivadas
Sentencia — Sentencia
2025-06-18
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 05001233100019960154401
ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer controversias derivadas de contratos administrativos celebrados por entidades públicas y de personas privadas que desempeñan funciones administrativas? Sí
La jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer controversias derivadas de contratos administrativos celebrados por entidades públicas y personas privadas que desempeñan funciones administrativas, conforme al artículo 82 del Código Contencioso Administrativo y el Decreto 222 de 1983. La acción de controversias contractuales fue presentada oportunamente, dentro del plazo de dos años desde la ocurrencia de los motivos de hecho o derecho que la fundamentan, según lo dispone el artículo 136 del mismo código antes de su modificación por la Ley 446 de 1998. La Sala no considera que se haya configurado un error grave en el dictamen pericial, ya que las objeciones se refieren a las conclusiones del experto y no al objeto del dictamen, lo que implica que el juez debe valorar las conclusiones del perito de acuerdo con la sana crítica.síntesis automática
También resuelve:
¿La acción de controversias contractuales fue presentada dentro de los dos años siguientes de la ocurrencia de los motivos de hecho o derecho que le sirvan de fundamento?
¿Se configuró un error grave frente al dictamen pericial rendido dentro del proceso?
¿El régimen jurídico aplicable al contrato de obra, es el vigente para la época en que se inició el procedimiento de selección y se perfeccionó el contrato?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Tampoco es suficiente dicho argumento para desvirtuar la cuantificación de los perjuicios del acto demandado
Sentencia — Sentencia
2024-02-05
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000232600020090087102
ACCION CONTRACTUAL
¿El proceso de contratación directa para la construcción de las obras resulta suficiente para desvirtuar la existencia de los perjuicios sufridos por la entidad contratante? No
La existencia del perjuicio por la entrega deficiente del objeto de un contrato de consultoría no se desvirtúa con argumentos sobre el proceso de contratación directa posterior, sino con prueba de que el producto cumplía las exigencias contractuales de calidad. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la frustración del objeto pactado en la consultoría fue determinante, y el argumento sobre la contratación directa no acredita que los productos satisficieran la necesidad contratada. Segunda, la cuantificación del perjuicio se fundó en la efectividad del amparo de calidad por el valor asegurado, y esa cuantificación no fue desvirtuada por la parte actora. Tercera, conforme a la carga de la prueba, quien alega el cumplimiento de la calidad debía demostrarlo. La providencia revoca la decisión de primera instancia y mantiene la cuantificación del acto. La consecuencia práctica es que el contratista que pretende desvirtuar la indemnización por calidad deficiente debe probar la calidad del producto y no basta con la existencia de otro proceso de contratación.síntesis automática
También resuelve:
¿Los productos resultantes de la consultoría satisficieron la necesidad para la cual fueron contratados?
¿El dictamen pericial carece de la fuerza probatoria necesaria para desvirtuar los hechos que le dieron sustento al acto administrativo demandado?
¿La declaratoria del siniestro trató de ocultar la negligencia en adelantar la construcción de la obra?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El documento suscrito el 30 de noviembre de 1990 constituye un contrato minero de naturaleza administrativa
Sentencia — Sentencia
2025-09-17
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 25000232600020040152202
ACCION CONTRACTUAL
¿El documento suscrito el 30 de noviembre de 1990 constituye un contrato minero de naturaleza administrativa, de modo que las controversias derivadas de él corresponden a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo? Sí
El contratista no puede alegar la inexistencia del contrato minero para desestimar la acción de controversias contractuales, ya que la naturaleza administrativa del documento suscrito el 30 de noviembre de 1990, celebrado por una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, lo convierte en un contrato administrativo conforme a las disposiciones del Decreto Ley 2655 de 1988 y el Decreto Ley 222 de 1983, por lo que las controversias derivadas de él corresponden a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Además, el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de este tipo de litigios, siempre que la cuantía del asunto supere los 500 SMLMV, tal como dispone el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. Esta sentencia reitera y matiza la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa en controversias contractuales mineras, lo que implica que las partes deben acogerse a esta jurisdicción para resolver disputas relacionadas con contratos mineros, independientemente de la existencia o no del contrato en términos formales.síntesis automática
También resuelve:
¿Corresponde al Consejo de Estado conocer, en segunda instancia, del litigio contractual minero objeto del proceso, conforme a las reglas generales de competencia previstas en el CCA tras la…
¿El hecho de que durante el análisis de fondo que se realiza en el marco de la acción de controversias contractuales, se advierta que el contrato es inexistente…
¿La pretensión de obtener la declaración de existencia e incumplimiento del vínculo contractual basta para concluir que la acción de controversias contractuales fue adecuadamente escogida…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Acción de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2024-04-19
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 05001233100020080065601
ACCION CONTRACTUAL
¿La parte actora tiene derecho al pago de los sobrecostos por mayor permanencia, producto de la modificación de las condiciones iniciales del negocio jurídico habiendo ausencia de voluntad por parte del contratista de renunciar a reclamaciones por mayor permanencia en obra en los contratos adicionales? No
La renuncia del contratista a reclamar sobrecostos por mayor permanencia en obra no se presume de la celebración de contratos adicionales, prórrogas o suspensiones, sino que debe manifestarse de forma clara y expresa, de modo que, en ausencia de esa renuncia, la reclamación se analiza en el periodo no cubierto por ella. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, los acuerdos modificatorios que solo regulan el plazo no indican las causas que los motivaron ni regulan sus efectos económicos, por lo que no contienen por sí mismos una renuncia a reclamar diferencias económicas que surjan antes, con ocasión o después de ellos. Segundo, cuando el contratista manifiesta en un acuerdo específico que acepta no reclamar la mayor permanencia que se cause con la prórroga, esa declaración expresa limita la reclamación al periodo que queda por fuera de ella, excluido el tiempo cubierto por la renuncia y la suspensión correspondiente. La providencia revoca la decisión de primera instancia y limita el análisis de los sobrecostos a los periodos no cubiertos por renuncia expresa; en la práctica, la entidad que quiera que el contratista renuncie a la mayor permanencia debe incluir una cláusula expresa en el adicional o la prórroga correspondiente.síntesis automática
También resuelve:
¿La parte actora acreditó los sobrecostos generados por menores rendimientos por modificaciones al sistema constructivo?
¿El asfalto que el contratista asegura haber usado en la carpeta de rodadura y en la base asfáltica estaba incluido en los precios unitarios por lo tanto ya fue pagado en los desembolsos realizados…
¿La parte actora tiene derecho al pago los intereses moratorios por la cancelación extemporánea de las cuentas de cobro presentadas por el consorcio, es decir…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia desde la fecha de ejecutoria del acto
Sentencia — Sentencia
2022-12-16
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 05001233100019930137401
ACCION CONTRACTUAL
¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia desde la fecha de ejecutoria del acto de liquidación unilateral del contrato, por lo que, dada la fecha de presentación de la demanda, ésta se presentó oportunamente? Sí
El contratista puede presentar oportunamente la acción de controversias contractuales dentro de los dos años siguientes a la fecha de ejecutoria del acto de liquidación unilateral del contrato, independientemente de que éste haya sido expedido con posterioridad al plazo legal para su emisión, ya que este acto, aunque extemporáneo, mantiene su naturaleza de acto administrativo contractual no separable y su validez presunta, lo que implica que el cómputo del término de caducidad se inicia desde la fecha de ejecutoria del acto de liquidación. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente, estableciendo que la liquidación unilateral del contrato, aunque extemporánea, no impide el ejercicio de la acción de controversias contractuales dentro del plazo legal, lo que permite a los contratistas defender sus derechos ante posibles incumplimientos o irregularidades en el proceso de liquidación del contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿Romenergo no es responsable por los perjuicios ocasionados con el incumplimiento en la entrega de los equipos objeto el Contrato 3756-E…
¿Las objeciones por error grave contra el dictamen financiero practicado en este proceso están llamadas a prosperar?
¿Cuenta con eficacia probatoria el dictamen pericial financiero allegado al proceso, salvo en lo que toca a la definición de lo que constituyen perjuicios indemnizables y la forma en que la pena…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Está probada la responsabilidad del consorcio interventor por culpa grave por la condena pagada por la entidad demandante
Sentencia — Sentencia
2022-08-22
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020150217803
LEY 1437 REPETICION
¿Está probada la responsabilidad del consorcio interventor por culpa grave por la condena pagada por la entidad demandante? Sí
La responsabilidad de la interventoría por culpa grave no se configura cuando los intereses moratorios pagados por la entidad no se originaron en su actuación, sino en la decisión de la entidad de no pagar el acta de obra. La regla se apoya en tres razones. Primera, el pago tardío del acta que dio lugar a los intereses no provino de la interventoría, sino de la decisión de la entidad de abstenerse de pagarla. Segunda, la causa del daño no reside en la actuación de la parte demandada, por lo que no se acredita el nexo que requiere la repetición. Tercera, aunque hubo improvisación y falencias de planeación en la ejecución de las obras, la entidad recibió las obras necesarias, contaba con recursos para pagarlas y debía reconocer lo adeudado en sede administrativa. En consecuencia, se niega la repetición y se confirma la decisión. La Sala reitera que los intereses moratorios no fueron resultado de actuaciones u omisiones de la interventoría.síntesis automática
También resuelve:
¿El Consejo de Estado es competente para conocer el asunto porque se trata de una apelación interpuesta contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo en el marco de un medio de…
¿Es procedente el medio de control de repetición porque se solicita declarar a los integrantes del Consorcio Colectivo de Ingeniería patrimonialmente responsables del pago realizado por FONADE en…
¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición cuando el proceso se rige por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo…
CONFIRMA