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clave: "consejo_estado:providencia:25000232600020040152202-46304-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: el documento suscrito el 30 de noviembre de 1990 constituye un contrato minero de naturaleza administrativa"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-09-17"
radicado: "25000232600020040152202"
numero: "46304"
ponente: "WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ"
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# Consejo de Estado: el documento suscrito el 30 de noviembre de 1990 constituye un contrato minero de naturaleza administrativa

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-09-17
- **Radicado:** 25000232600020040152202
- **Número interno:** 46304
- **Ponente:** WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** JESUS ANTONIO TREJOS OSSA
- **Demandado:** MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, DEPARTAMENTO DE CALDAS
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020040152202-46304-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000232600020040152202/C2F36E351E2E47C5F2AE99347F30AC4F84113F0DC726883C3B7276235307943B/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000200401522021100103

## Problema jurídico

¿El documento suscrito el 30 de noviembre de 1990 constituye un contrato minero de naturaleza administrativa, de modo que las controversias derivadas de él corresponden a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

REVOCA

## Puntos clave

- ¿Corresponde al Consejo de Estado conocer, en segunda instancia, del litigio contractual minero objeto del proceso, conforme a las reglas generales de competencia previstas en el CCA tras la…
- ¿El hecho de que durante el análisis de fondo que se realiza en el marco de la acción de controversias contractuales, se advierta que el contrato es inexistente…
- ¿La pretensión de obtener la declaración de existencia e incumplimiento del vínculo contractual basta para concluir que la acción de controversias contractuales fue adecuadamente escogida…

## Fundamentos jurídicos

- Decreto Ley 01 de 1984, art. 82
- Decreto Ley 222 de 1983, arts. 16 núm. 6 y 17
- Decreto Ley 2655 de 1988, arts. 57 y 79

## Extracto

La relación jurídica entre las partes conllevó a la suscripción del documento que denominaron «contrato» el 30 de noviembre de 1990, de manera que, como se explicará en detalle posteriormente, dicha relación se rigió por las disposiciones del Decreto Ley 2655 de 1988 (anterior Código de Minas). Esa norma dispuso, en el artículo 57, que eran contratos mineros aquellos de «concesión» celebrados por el Ministerio de Minas y Energía y los que tuvieran «otras denominaciones y formas» que fueran celebrados por entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Ministerio de Minas y Energía. Frente a los segundos, dentro de cuya categoría se encuentra el que pretendieron celebrar las partes, como se verá de manera detallada, el artículo 79 de esa norma dispuso que serían «administrativos».

## Síntesis temática

El contratista no puede alegar la inexistencia del contrato minero para desestimar la acción de controversias contractuales, ya que la naturaleza administrativa del documento suscrito el 30 de noviembre de 1990, celebrado por una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, lo convierte en un contrato administrativo conforme a las disposiciones del Decreto Ley 2655 de 1988 y el Decreto Ley 222 de 1983, por lo que las controversias derivadas de él corresponden a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Además, el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de este tipo de litigios, siempre que la cuantía del asunto supere los 500 SMLMV, tal como dispone el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. Esta sentencia reitera y matiza la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa en controversias contractuales mineras, lo que implica que las partes deben acogerse a esta jurisdicción para resolver disputas relacionadas con contratos mineros, independientemente de la existencia o no del contrato en términos formales.

## Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, ENTIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, NATURALEZA DEL CONTRATO ESTATAL, INTERPRETACIÓN POR LA NATURALEZA DEL CONTRATO, CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA, CONTRATO ADMINISTRATIVO, CELEBRACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, CONTROVERSIAS DEL CONTRATO ESTATAL, CONTROVERSIAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ASUNTOS MINEROS, ASUNTOS DE NATURALEZA MINERA, COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, PROCESO DE DOBLE INSTANCIA, COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL, FALTA DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, INEXISTENCIA DEL CONTRATO, OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, EXISTENCIA DEL CONTRATO, PRETENSIONES DE LA DEMANDA, DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CONTRATO DE EXPLOTACIÓN MINERA, EXPLOTACIÓN MINERA, PROCESO DECLARATIVO, PROCESO ORDINARIO, PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, OBLIGACIÓN CLARA, OBLIGACIÓN EXPRESA, OBLIGACIÓN EXIGIBLE, LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA, PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA, INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ACTA DE CONCILIACIÓN, PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CIVIL, INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, DEPARTAMENTO DE CALDAS, FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, SGC, DICTAMEN PERICIAL, OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL, OBJECIÓN POR ERROR EN EL DICTAMEN PERICIAL, OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL, CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL, INEXISTENCIA DEL ERROR GRAVE, IMPROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL, IMPROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL, NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO, CONTRATO DE EXPLOTACIÓN DE BIEN DEL ESTADO, CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y NO RENOVABLES, EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTO MINERO, EXPLOTACIÓN DE METALES PRECIOSOS, CONTRATO DE APORTE, RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL, REQUISITOS DE EXISTENCIA DEL CONTRATO, TÍTULO MINERO, OTORGAMIENTO DE TÍTULO MINERO, REGISTRO MINERO NACIONAL, INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MINERO NACIONAL, REQUISITOS DEL CONTRATO, CONSENTIMIENTO, OBJETO DEL CONTRATO, CAUSA DEL CONTRATO, INEXISTENCIA DEL CONTRATO ESTATAL, NULIDAD DEL CONTRATO, FALTA DE CAPACIDAD PARA SER PARTE, OBJETO ILÍCITO, OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO ESTATAL, CAUSA ILÍCITA, VICIOS DEL CONSENTIMIENTO, DOLO, ERROR, FUERZA, ACUERDO DE VOLUNTADES, REGISTRO NACIONAL MINERO, REQUISITO AD SUBSTANTIAM ACTUS, INEXISTENCIA DEL NEGOCIO JURÍDICO, DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DEL NEGOCIO JURÍDICO, INEFICACIA DEL CONTRATO, INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, CONDENA EN COSTAS, CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS, PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS, CRITERIO SUBJETIVO EN CONDENA EN COSTAS, INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL, INEXISTENCIA DE MALA FE, IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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## Texto del documento

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA / ENTIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA / NATURALEZA DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN POR LA NATURALEZA DEL CONTRATO / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / CONTRATO ADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTROVERSIAS DEL CONTRATO ESTATAL / CONTROVERSIAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿El documento suscrito el 30 de noviembre de 1990 constituye un contrato minero de naturaleza administrativa, de modo que las controversias derivadas de él corresponden a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
La relación jurídica entre las partes conllevó a la suscripción del documento que denominaron «contrato» el 30 de noviembre de 1990, de manera que, como se explicará en detalle posteriormente, dicha relación se rigió por las disposiciones del Decreto Ley 2655 de 1988 (anterior Código de Minas). Esa norma dispuso, en el artículo 57, que eran contratos mineros aquellos de «concesión» celebrados por el Ministerio de Minas y Energía y los que tuvieran «otras denominaciones y formas» que fueran celebrados por entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Ministerio de Minas y Energía. Frente a los segundos, dentro de cuya categoría se encuentra el que pretendieron celebrar las partes, como se verá de manera detallada, el artículo 79 de esa norma dispuso que serían «administrativos». En concordancia con estas normas, el Decreto Ley 222 de 1983 dispuso, en el numeral 6 del artículo 16, que serían «contratos administrativos», entre otros, los de explotación de bienes del Estado, que se regirían por las normas especiales sobre la materia, pero que, conforme al artículo 17, los litigios que se derivaran de estos corresponderían a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Adicionalmente, la jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la naturaleza de los contratos mineros, consultar sentencia de 8 de marzo de 2007, Exp. 15052, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 16 NUMERAL 6, DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 17, DECRETO LEY 2655 DE 1988 - ARTÍCULO 57, DECRETO LEY 2655 DE 1988 - ARTÍCULO 79, LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ASUNTOS MINEROS / ASUNTOS DE NATURALEZA MINERA / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTROVERSIAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Corresponde al Consejo de Estado conocer, en segunda instancia, del litigio contractual minero objeto del proceso, conforme a las reglas generales de competencia previstas en el CCA tras la modificación del artículo 128 por la Ley 446 de 1998 y atendiendo a la cuantía del asunto?
Respuesta al problema jurídico: Si
En cuanto a la competencia, conviene señalar que el numeral 11 del artículo 128 del CCA original disponía que el Consejo de Estado conocería en única instancia de los procesos que se promovieran sobre asuntos petroleros o mineros en que fuera parte la Nación o una entidad territorial o descentralizada, con lo cual abarcaba todos los litigios de esta naturaleza, incluidos los derivados de los contratos mineros de las diferentes clases ya referidas. Esta norma resultaba concordante con el artículo 61 del Decreto Ley 2655 de 1988 que estableció que, para los contratos denominados de «concesión», conforme al criterio del artículo 57 referido con anterioridad, la competencia sería de esta Corporación. No obstante, con la modificación que hiciera el artículo 36 de la Ley 446 de 1998, que subrogó el artículo 128 del CCA -vigente para la fecha de la demanda-, el legislador dispuso que el Consejo de Estado conocería de los asuntos petroleros o mineros en que fuera parte la Nación o una entidad territorial o descentralizada, con excepción, entre otras, de las controversias contractuales, para las cuales se seguirían las reglas generales, con excepción de las derivadas de contratos de concesión que serían de competencia en única instancia de esta Corporación (artículo 61 del Decreto Ley 2655 de 1988). Por lo anterior, en cuanto al litigio contractual que dio origen al proceso, frente al cual el Decreto Ley 2655 de 1988 no dispuso una norma especial de competencia, la determinación del juez encargado de conocer el proceso debe seguir las reglas que distribuyen la competencia funcional. En tal sentido, el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 del CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, pues ésta supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.5 CCA (esto es, $179.000.000), teniendo en cuenta que la cuantía fue estimada en la demanda por la suma de $300.000.000, por concepto de las sumas que dejaron de ingresar al patrimonio del accionante por no haberse efectuado la exploración, explotación y beneficio minero de las áreas que debían ser compensadas (fl 11, c.1).
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 128, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 128 NUMERAL 11, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO LEY 2655 DE 1988 - ARTÍCULO 57, DECRETO LEY 2655 DE 1988 - ARTÍCULO 61, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 36
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO / REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / FALTA DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL CONTRATO / OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / EXISTENCIA DEL CONTRATO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CONTRATO DE EXPLOTACIÓN MINERA / EXPLOTACIÓN MINERA / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA
Problema jurídico:
¿El hecho de que durante el análisis de fondo que se realiza en el marco de la acción de controversias contractuales, se advierta que el contrato es inexistente, no implica de plano que la acción contractual escogida sea incorrecta?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]as discusiones relativas a los efectos que produce el no acatamiento por las partes de las reglas indispensables para el perfeccionamiento de los contratos -según la clasificación referida-, una de las cuales puede ser la inexistencia del pacto, como se verá más adelante, es de naturaleza contractual y, por ende, corresponde a la acción de controversias contractuales. Además, desde el punto de vista procesal, el hecho de que durante el análisis de fondo que se realiza en el marco de la acción de controversias contractuales, se advierta que el contrato es inexistente, no implica que la acción escogida sea incorrecta, pues el artículo 87 del CCA precisamente determina que la acción de controversias contractuales tiene como fin, entre otros, conseguir que el juez competente resuelva los litigios que pudieren surgir acerca de la existencia o inexistencia de los respectivos contratos. En casos en los que se pretende cuestionar la legalidad o el cumplimiento del contrato, y, posteriormente, se evidencia durante el proceso judicial que éste es inexistente, dicho juicio de legalidad o cumplimiento no podrá realizarse por la carencia del elemento más importante que es la existencia del contrato, sin que ello implique descartar la procedencia de la acción. Por el contrario, tal determinación corresponde a una decisión de fondo. Por tanto, dado que la parte actora afirma el incumplimiento del contrato de explotación minera, aspecto frente al cual resulta indispensable la prueba de la existencia del negocio jurídico como requisito para determinar la forma en que se ejecutaron las obligaciones, y el departamento de Caldas excepcionó que el contrato no existió ante la falta de registro minero, la acción procedente es la de controversias contractuales.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PROCESO DECLARATIVO / PROCESO ORDINARIO / PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / OBLIGACIÓN CLARA / OBLIGACIÓN EXPRESA / OBLIGACIÓN EXIGIBLE / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿La pretensión de obtener la declaración de existencia e incumplimiento del vínculo contractual basta para concluir que la acción de controversias contractuales fue adecuadamente escogida, aun cuando pudiera existir una obligación aparentemente exigible por vía ejecutiva?
Respuesta al problema jurídico: Si
En la demanda se pidió la declaratoria de incumplimiento de los que se denominaron «contrato» -del 30 de noviembre de 1990- y «acuerdo de conciliación» -del 13 de septiembre de 1996-. De manera principal, también pidió que, dado el incumplimiento, se declarara que los demandados estaban en la obligación de realizar lo pactado en ese último documento. (...) De tal manera que las pretensiones principales así planteadas no corresponden a una de naturaleza ejecutiva, en tanto que lo que se persigue es la declaratoria de incumplimiento, que es de carácter declarativo y cuyo cause es, según se dijo, la acción de controversias contractuales. El actor no pretende que, con base en un título que contiene una obligación clara, expresa y exigible (artículo 497 del CPC) se ejecute al demandado -orden de pago-, sino que se declare que la entidad incumplió un acuerdo de voluntades, circunstancia que corresponde a un proceso ordinario contencioso que exige la constatación de la existencia del vínculo jurídico contractual y la verificación de los presupuestos de responsabilidad por incumplimiento contractual conforme a lo pactado. El juez tampoco puede modificar las pretensiones con base en que el criterio del demandado sea el trámite de un proceso ejecutivo, puesto que el principio iura novt curia solo habilita al juez para determinar el derecho aplicable. De tal manera que lo que le corresponde es analizar si se produjo o no el incumplimiento alegado en la demanda. Sobre este punto, es importante señalar que el pleno de esta Corporación, en fallo del 14 de febrero de 1995, advirtió que el principio de iura novit curia tiene límites precisos. (...) Conforme con la norma procesal referida -artículo 2 del CPC- y lo previsto en el artículo 2536 del Código Civil, la jurisprudencia ha considerado también que, aunque frente al incumplimiento de una obligación presuntamente clara, expresa y exigible se encuentra prevista la vía ejecutiva, el demandante puede acudir a la vía ordinaria para que se declare el incumplimiento de la obligación, sin que exista una acción indebida. Además, conviene tener en cuenta que, conforme al debate del proceso, no solo se discute el incumplimiento contractual, conforme lo pedido, sino que también existe controversia sobre los efectos del acuerdo conciliatorio dada la excepción de inexistencia planteada por el departamento de Caldas, aspecto que, sin duda es de naturaleza declarativa todo lo cual descarta una indebida escogencia de la acción. Conforme con lo expuesto, entonces, la Sala concluye que la acción procedente es la de controversias contractuales dada la naturaleza declarativa de las pretensiones, que involucran analizar la existencia de un contrato entre las partes y su incumplimiento por la entidad demandada.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la aplicación del principio de iura novit curia, consultar sentencia de 14 de febrero de 1995, Rad. S123. Y sobre la improcedencia de la excepción de indebida escogencia de la acción, consultar sentencia de 14 de febrero de 2002, Exp. 13238, C.P. María Elena Giraldo Gómez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 2, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 497, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2536
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRAC

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

s. Consecuencia esta que, en todo caso, no se acompasa con un disvalor del acto, sino que atañe al hecho de su no nacimiento. La nulidad, por su parte, como sanción, se configura i) falta de capacidad de las partes contratantes, ii) por ilicitud del objeto; iii) por ilicitud de la causa y iv) por consentimiento viciado de dolo, fuerza o error y v) por ausencia de algunas formalidades, ad solemnitatem, prescritas por el legislador por la naturaleza misma del contrato o por la calidad de las personas que lo celebran (artículo 1500 del Código Civil), pero de las que no se derive su existencia, es decir, con exclusión de las solemnidades ad substantiam actus. (...) Con esta perspectiva, el concepto de inexistencia como independiente de la nulidad resulta útil, dado que con estas categorías jurídicas se pretende ordenar la realidad y delimitar la producción de efectos jurídicos de las relaciones dispositivas de intereses. (...) Como consecuencia de esta figura, la relación entre las partes, por incumplimiento de los «elementos esenciales» del tipo que pretenden celebrar, no nace a la vida jurídica como contrato, de manera que por disposición legal -ope legis- y sin necesidad de declaración judicial, no produjo efectos. Ello no quiere decir que al juez no le corresponda hacer un juicio para corroborar los defectos desencadenantes de la figura, pero, de ninguna manera, tendría la posibilidad de declararla ni de extinguir o modificar la hipotética relación jurídica, como quiera que es de la esencia de la institución que no requiera declaración judicial. Por lo demás, las partes podrían acudir al juez para pedir la reivindicación o la devolución de lo que se entregó, según la naturaleza de las circunstancias.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la inexistencia del contrato como uno de los supuestos de ineficacia latu sensu, consultar sentencia de 8 de marzo de 2007, Exp. 15052, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 22 de julio de 2009, Exp. 16106, C.P. Mauricio Fajardo y sentencia de 29 de octubre de 2018, Exp. 38174, C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1500
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / CONTRATO DE EXPLOTACIÓN MINERA / CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTROVERSIAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / REQUISITOS DE EXISTENCIA DEL CONTRATO / ACUERDO DE VOLUNTADES / PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO / REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / TÍTULO MINERO / REGISTRO NACIONAL MINERO / INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MINERO NACIONAL / REQUISITO AD SUBSTANTIAM ACTUS / FALTA DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL NEGOCIO JURÍDICO / DECLARACIÓN DE INEXISTENCIA DEL NEGOCIO JURÍDICO / INEFICACIA DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Es jurídicamente posible declarar el incumplimiento de los documentos suscritos el 30 de noviembre de 1990 y el 13 de septiembre de 1996, cuando no existe prueba de la inscripción del contrato en el registro minero, siendo este un requisito ad existentiam actus para la existencia del derecho y del propio contrato minero?
Respuesta al problema jurídico: No
La demanda pidió que se declarara el incumplimiento de los documentos que denominaron contrato de fecha 30 de noviembre de 1990 y «acta de conciliación» de 13 de septiembre de 1996. La responsabilidad contractual por incumplimiento exige, entre otros elementos, la existencia de un acuerdo de voluntades válido como generador de obligaciones en tanto ley para las partes (art. 864 del C.Co.). Así lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de esta Corporación y la arbitral. En tal sentido, no resulta posible acceder a la pretensión de incumplimiento contractual planteada en la demanda, dado que, por ministerio de la ley mercantil (art. 898), el documento de 30 de noviembre de 1990, ante la ausencia de un requisito de perfeccionamiento –registro minero que es ad substantiam actus– no produjo los efectos jurídicos de un contrato -ineficacia latu sensu- por inexistencia del acuerdo de voluntades. De igual forma, dado que la denominada «acta de conciliación» de 13 de septiembre de 1996 estuvo ligada al documento no registrado, puesto que lo que pretendió, en esencia, fue su modificación, al excluir ciertas áreas e incluir otras, nunca produjo efecto dada la ausencia de la formalidad esencial para el nacimiento del contrato. Así, en este escenario, es claro que los actos derivados de una relación que no nació a la vida jurídica como vínculo contractual siguen la misma suerte y de ellos no puede predicarse incumplimiento. Tampoco resulta aplicable lo previsto en el artículo 898 del Código de Comercio, que de manera impropia se refirió a la ratificación de lo que la normativa comercial señala como inexistente, dado que en el documento llamado «acta de conciliación» las partes no subsanaron el requisito del registro minero, indispensable para su existencia. A la firma del acta de conciliación, el documento seguía sin ser inscrito en el registro minero, por lo que mal podría concluirse que dicha acta conciliatoria surtía algún efecto de ratificación. (...) Esta circunstancia impone negar las pretensiones de la demanda, se reitera, porque la pretensión de incumplimiento exige un contrato existente y válido, lo cual no ocurrió en este caso por la ausencia de un requisito esencial para su formación, lo que trae como consecuencia que todos aquellos actos de las partes, encaminados a modificarlo, tampoco tuvieron vida jurídica y, por ende, no produjeron efectos.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a los elementos que configuran responsabilidad contractual por incumplimiento, consultar sentencia de 8 de marzo de 2007, Exp. 15052, Ruth Stella Correa; sentencia de Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 16 de diciembre de 2020, Exp.SC5142-2020 y laudo arbitral de 3 de agosto de 2021, proferido para dirimir las controversias entre Promovalle S.A. ESP y Promocali S.A. ESP contra Empresa de Servicio de Aseo De Cali E.S.P.– Emsirva ESP (En Liquidación).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1970 - ARTÍCULO 864, DECRETO 410 DE 1970 - ARTÍCULO 898
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO SUBJETIVO EN CONDENA EN COSTAS / INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL / INEXISTENCIA DE MALA FE / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Se acreditó temeridad o mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas?
Respuesta al problema jurídico: No
De conformidad con el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2025-09-17. C.P. WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ. Rad. 25000232600020040152202. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020040152202-46304-sentencia).
