Titulación de la relatoría 45.334 caracteres
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ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Problema jurídico:
¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia desde la fecha de ejecutoria del acto de liquidación unilateral del contrato, por lo que, dada la fecha de presentación de la demanda, ésta se presentó oportunamente?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 136 del CCA, modificado por el artículo 23 del Decreto 2304 de 1989, prescribe que las acciones “[…] relativas a los contratos caducarán en dos (2) años de ocurridos los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento”. Pese a que en un primer momento consideró esta Corporación que, según esta norma, las reclamaciones por incumplimiento debían hacerse dentro de los dos (2) años siguientes a la terminación del contrato, más adelante precisó que la relación contractual termina, definitivamente, con su liquidación, que es el momento en el que las partes entran en conocimiento de los pagos que se les reconocen y pueden decidir sobre la incoación de la acción. Ha agregado esta Sección que si cumplido el plazo para la liquidación de mutuo acuerdo, esta no se produce, la administración debe liquidarlo unilateralmente dentro de un plazo razonable y que, si no lo hace, el interesado puede acudir a la jurisdicción para deprecar su liquidación judicial. (…) En cualquier caso, la expedición extemporánea del acto de liquidación no conlleva su transmutación por el paso del tiempo, de forma tal que deje de ser un acto administrativo contractual, pues, en todo caso, se trata de una manifestación de la voluntad de un ente público, que, en ejercicio —válido o no— de una prerrogativa administrativa instituida con ocasión de su actividad contractual, busca generar efectos jurídicos; acto que, además, se ha considerado como un acto administrativo no separable, ya que no puede ser concebido sin la existencia del contrato liquidado. Así, como acto administrativo contractual no separable que es el de liquidación unilateral, está revestido por la presunción de legalidad, tiene efectos ejecutorios y ejecutivos —al punto de haberse intentado en este asunto el cobro coactivo, como lo manifestó la misma demandante— y su invalidez, por falta de competencia temporal, tenía que ser declarada por vía gubernativa o contenciosa. En este último escenario, la acción procedente es la de controversias contractuales, como lo precisó la jurisprudencia de la época; acción que fue incoada previamente, sin éxito, por la firma demandada en este asunto, en un proceso contencioso que concluyó mediante sentencia con efectos de cosa juzgada erga omnes, con la que el acto liquidatario quedó en firme. Es claro, pues, que pese la extemporaneidad del acto administrativo, su control jurisdiccional debía debatirse a través de la acción de controversias contractuales, por lo que el término de caducidad es el de dos (2) años, previsto en el artículo 87 del CCA para dicha acción, como se mencionó anteriormente. De cualquier forma, (…) la responsabilidad por el incumplimiento en que incurrió la demandada; asunto que, como lo precisó en su momento esta Sección, se ventila por medio de la acción de controversias contractuales. Por lo tanto, en línea con lo considerado por el a quo en el asunto de autos, el plazo de caducidad debe ser computado desde la fecha de ejecutoria del acto de liquidación unilateral del contrato. Pues bien, el Contrato 3756-E, legalizado el 6 de octubre de 1986 fue liquidado por medio de la Resolución 6120 del 8 de agosto de 1990, confirmada parcialmente en reposición mediante la Resolución 8889 del 22 de julio de 1991, que quedó ejecutoriada el veinticinco (25) de septiembre de mil novecientos noventa y uno (1991), según la copia auténtica del edicto con el que Romenergo fue notificada, y los artículos 45 y 62 del CCA, en armonía con el artículo 289 del Decreto 222 de 1983. En consecuencia, el término de caducidad se cumplió el veintiséis (26) de septiembre de mil novecientos noventa y tres (1993), y la acción de controversias contractuales fue incoada oportunamente por EPM, con la presentación de la demanda el nueve (9) de septiembre de ese mismo año.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales, consultar providencias de 3 de septiembre de 1987, Exp. 3711, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; de 8 de octubre de 1987, Exp. 3726, C.P. Julio Cesar Uribe Acosta; de 8 de junio de 1995, Exp. 10684, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 22 de junio de 1995, Exp. 9965, C.P. Daniel Suárez Hernández; de 8 de octubre de 1998, Exp. 14512, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Acerca de la naturaleza jurídica del acto de liquidación del contrato, consultar providencias de 1 de octubre de 1986, Exp. 4880, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; de 7 de febrero de 1990, Exp. 5604, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; de 28 de febrero de 1990, Exp. 5909, C.P. Carlos Betancur Jaramillo. En relación con la acción procedente para demandar la legalidad del acto de liquidación del contrato, consultar providencias de 10 de julio de 1990, Exp. 5782, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; de 24 de septiembre de 1990, Exp. 5164, C.P. Carlos Betancur Jaramillo.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 45, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 62, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, DECRETO 222 DE 1983 - ARTÍCULO 252, DECRETO 222 DE 1983 - ARTÍCULO 289
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARARA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / FACULTAD DECLARATORIA DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / VALIDEZ DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / NEGACIÓN DE LA SOLICITUD DE NULIDAD / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / COSA JUZGADA / ALCANCE DE LA COSA JUZGADA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA / CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA / CONSECUENCIA DE COSA JUZGADA / PRINCIPIO DE COSA JUZGADA / PROCEDENCIA DE LA COSA JUZGADA
Problema jurídico:
¿Romenergo no es responsable por los perjuicios ocasionados con el incumplimiento en la entrega de los equipos objeto el Contrato 3756-E, debido a que tal incumplimiento fue ocasionado por una modificación sustancial a los diseños de los equipos, que EPM introdujo con vulneración de las cláusulas 12ª y 13ª del Contrato 3756-E?
Respuesta al problema jurídico: No
En 1986, las Empresas Públicas de Medellín (“EPM”) y la firma rumana Romenergo suscribieron el Contrato 3756-E, que tuvo por objeto el diseño, la fabricación y el suministro de blindajes, tuberías de presión, válvulas, compuertas, rejas coladeras y puente grúa para el Proyecto Hidroeléctrico Río Grande II, por un precio total de US$ 6.983.953. EPM, quien declaró la caducidad del contrato, pretende la indemnización de los perjuicios materiales derivados del incumplimiento, que dio lugar a la declaración de la caducidad contractual. (...) De acuerdo con los artículos 1604, 1608, 1609 y 1613 del Código Civil (...) el deudor está en mora, cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, siempre que el otro contratante cumpla su parte o se allane a cumplirla, y es responsable por el lucro cesante y el daño emergente irrogados al acreedor, con tal incumplimiento, así como lo es con el cumplimiento imperfecto o tardío, cuando, en contratos celebrados en beneficio recíproco haya actuado con culpa leve, es decir, con “[…] la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios” (artículo 63, Código Civil). En este análisis de la responsabilidad, la prueba de la diligencia o cuidado le incumbe al que ha debido emplearlo, según el artículo 1604 del Código Civil, referido anteriormente. (…) En este instancia no se discute el incumplimiento de Romenergo en la entrega de los equipos objeto del Contrato 3756-E a EPM dentro del plazo pactado, sino la imputación de responsabilidad de indemnizar los perjuicios derivados del incumplimiento de Romenergo, en cuanto —esta firma aduce— este habría sido ocasionado por una conducta antijurídica de EPM; entidad que, sin consideración a lo estipulado en las cláusulas 12ª y 13ª del referido contrato, habría modificado sustancialmente el diseño de los equipos que serían entregados, lo que implicó una modificación del objeto contractual. Debe, en consecuencia, determinarse en esta instancia si, por un incumplimiento contractual previo de EPM, Romenergo no habría incurrido en mora en la entrega de los equipos objeto del Contrato 3756-E, lo que enervaría la responsabilidad que EPM le atribuye en la demanda. (…) Ahora bien, en este proceso, el actor pretendió la condena a indemnización de perjuicios contractuales sin la declaración del incumplimiento de Romenergo, debido a que existía un acto administrativo en el que EPM había declarado la caducidad del Contrato 3756-E, en razón al incumplimiento grave de Romenergo. Aparte, desde la demanda, EPM advirtió la existencia de procesos contenciosos paralelos, producto de acciones que Romenergo incoó en su contra, cuyas resultas debían tenerse en cuenta en la sentencia dictada en este asunto. Lejos de controvertir este argumento del ente actor, las demandadas pusieron de presente, en esta instancia, la existencia de procesos judiciales paralelos, en los que las aquí demandadas habían impugnado los actos administrativos contractuales de imposición de multas, declaración de caducidad y de liquidación, que se centraban en el incumplimiento del Contrato 3756-E. Lo anterior dio lugar a que, de conformidad con el artículo 169 del CCA, esta Subsección requiriera copia auténtica y constancia de ejecutoria de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 25 de noviembre de 2013 en el proceso con radicación núm. 05001-23-31-000-1992-00111-00, en el que se resolvió sobre el incumplimiento del Contrato 3756-E, y sobre la validez de los actos en los que se declaró su caducidad como consecuencia del incumplimiento, así como de los actos con los que este contrato fue liquidado. Así pues, por las particularidades de este asunto, en el que las pretensiones condenatorias de la demanda penden de la validez del acto con el que fue declarada la caducidad del contrato, la cual fue ventilada en un proceso paralelo que concluyó con sentencia ejecutoriada, debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con el artículo 175 del CCA, la sentencia que niegue la nulidad de un acto administrativo producirá efectos de cosa juzgada erga omnes, pero solo en relación con la causa petendi juzgada. Con ello, como lo ha considerado esta Subsección, se busca garantizar la seguridad jurídica y la autoridad de las sentencias judiciales, conforme a la cual, cuando una situación problemática de carácter jurídico ya ha sido resuelta por la jurisdicción, esta no puede volver a plantearse nuevamente ante los jueces. En consecuencia, la Sala procederá a verificar, a continuación, si lo que se debate en esta instancia formó parte de la causa petendi del proceso adelantado de forma paralela al que las partes del presente asunto hicieron referencia a lo largo de este proceso. (…) Resulta claro así que las consideraciones y los argumentos que dieron pie al primer problema jurídico decantado en esta instancia, sobre la responsabilidad por incumplimiento del Contrato 3756-E, formaron parte de la causa petendi del proceso en el que fue ventilada la validez de los actos declarativos de la caducidad contractual, en los que el ente actor funda sus pretensiones de condena, sin pretender previa ni simultáneamente la declaración del incumplimiento contractual. Por ende, de acuerdo con el artículo 175 del CCA referido anteriormente, este aspecto del presente juicio deberá partir de lo resuelto sobre la validez de las Resoluciones 755 y 1126 de 1988. (…) Pues bien, en la sentencia del 8 de noviembre de 2013, el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de nulidad de los actos con los que fue declarada la caducidad del Contrato 3756-E y las demás súplicas consecuenciales (…). De acuerdo con lo anterior, el incumplimiento que dio lugar a la declaración de la caducidad que se produjo con las Resoluciones 755 y 1126 de 1988 no es imputable a EPM por las modificaciones que introdujo en los diseños de los equipos objeto del Contrato 3756-E, las cuales no tienen la entidad suficiente para considerarse una modificación sustancial del objeto del contrato, que se hayan producido así con violación de lo estipulado, y hayan originado el incumplimiento en la entrega de tales equipos por Romenergo. En consecuencia, dichos ajustes en los diseños de los equipos no enervan la responsabilidad contractual que se desprende del incumplimiento en la entrega de los bienes, imponiéndose una respuesta negativa al primer problema jurídico formulado en esta instancia.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la cosa juzgada, consultar providencias de 14 de diciembre de 2018, Exp. 45440, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas (E); y de 2 de julio de 2021, Exp. 47986, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 169, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 175, DECRETO 222 DE 1983 - ARTÍCULO 60, DECRETO 222 DE 1983 - ARTÍCULO 62, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63, 1604, 1608, 1609, 1613
DICTAMEN PERICIAL / PRUEBA PERICIAL / PRUEBA PERICIAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL / OBJECIÓN POR ERROR EN EL DICTAMEN PERICIAL / OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA PERICIAL / ALCANCE DEL DICTAMEN PERICIAL / ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ
Problema jurídico:
¿Las objeciones por error grave contra el dictamen financiero practicado en este proceso están llamadas a prosperar?
Respuesta al problema jurídico: No
[C]onforme al artículo 238 del CPC, a la luz de la jurisprudencia, la objeción por error grave procede cuando es modificado el objeto del análisis pericial o sus atributos, que trae necesariamente consigo unas conclusiones erróneas. No procede pues la objeción por error grave, cuando se discutan las apreciaciones, inferencias o juicios del perito, en cuanto esto forma parte de la valoración de la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, que prevé el artículo 241 del CPC. (…) En los amplios términos de la solicitud de la prueba pericial en cuestión —sin que fuera remitido el cuestionario adicional anunciado— resulta razonable afirmar que, atendiendo al planteamiento de las pretensiones, así como a las pruebas allegadas al proceso, dentro de las que se observa la cláusula penal pecuniaria estipulada en el Contrato 3756-E, así como la imposición de la pena pecuniaria con las Resoluciones 755 de 1988 y 1126 del 11 de agosto de 1988, al restarle el monto de dicha pena al valor de los perjuicios sobre los que versó el dictamen, los auxiliares de la justicia no excedieron el objeto del análisis pericial o sus atributos. En consecuencia, las objeciones contra el dictamen financiero practicado en este proceso no están llamadas a prosperar. (…) Lo anterior, en todo caso, no implica que el juzgador tenga que ceñirse en su decisión a lo concluido en el dictamen, ya que, (…) esta es una prueba que debe ser valorada por el juez.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la objeción por error grave, consultar providencias de 31 de octubre de 2007, Exp. 25177, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 4 de agosto de 2021, Exp. 45004, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de septiembre 8 de 1993, Exp. 3446.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 238, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 241
DICTAMEN PERICIAL / PRUEBA PERICIAL / ALCANCE DEL DICTAMEN PERICIAL / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL / CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL / EFICACIA PROBATORIA DEL DICTAMEN PERICIAL / FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / REQUISITOS DE LA PRUEBA PERICIAL / REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / ASUNTO DE PURO DERECHO / DERECHO / DAÑO INDEMNIZABLE / PENA PECUNIARIA / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS
Problema jurídico:
¿Cuenta con eficacia probatoria el dictamen pericial financiero allegado al proceso, salvo en lo que toca a la definición de lo que constituyen perjuicios indemnizables y la forma en que la pena pecuniaria impuesta puede detraerse o computarse del monto total de los perjuicios, al ser esto, aspectos jurídicos, los cuales están proscritos por Ley?
Respuesta al problema jurídico: Si
Sobre la eficacia probatoria del dictamen pericial, esta Sección, ha considerado que debe tomarse en consideración que: (i) el perito informe de manera razonada lo que sepa de los hechos, según sus conocimientos especializados; (ii) el dictamen sea personal y contenga conceptos propios sobre las materias objeto de examen y no solo de otras personas; (iii) el perito sea competente, es decir, un experto para el desempeño del cargo; (iv) no exista un motivo serio para dudar de su imparcialidad; (v) no se haya probado una objeción por error grave; (vi) el dictamen esté debidamente fundamentado y sus conclusiones sean claras, firmes y una consecuencia de las razones expuestas; (vii) sus conclusiones sean conducentes en relación con el hecho a probar; (viii) se haya surtido la contradicción; (ix) no exista retracto del mismo por parte del perito; (x) otras pruebas no lo desvirtúen; y que (xi) sea claro, preciso y detallado, es decir, que dé cuenta de los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas. (…) En primer lugar, observa la Sala que se surtió la contradicción del dictamen financiero (…) y no prosperó la objeción formulada por las demandadas. Sin embargo, en este dictamen no se especifica la metodología ni los datos empleados para llegar a las conclusiones alcanzadas sobre la relación existente entre el incumplimiento de Romenergo y el reconocimiento de perjuicios al Consorcio Taisei-Conconcreto; y esto no fue esclarecido en la respuesta a la solicitud de aclaración. (…) No obstante, en este asunto en concreto, conforme a lo solicitado, el dictamen se basó en las demás pruebas practicadas. Por ende, las conclusiones sobre la relación existente entre el incumplimiento de Romenergo y el reconocimiento de perjuicios al Consorcio Taisei-Conconcreto únicamente se sostendrán en la medida en que los demás medios de convicción brinden un apoyo sólido y claro. En segundo lugar, la definición de lo que constituyen perjuicios indemnizables y la forma en que la pena pecuniaria impuesta puede detraerse o computarse del monto total de los perjuicios son aspectos jurídicos sobre los cuales el dictamen pericial no tiene eficacia alguna, en razón al carácter técnico de esta prueba, que determina su procedencia, y según el artículo 236.1 del CPC, el cual proscribe expresamente la inclusión de aspectos jurídicos. Por tanto, esta prueba es improcedente para determinar los anteriores aspectos de la litis. Pero, en cualquier caso, la contrastación realizada entre cifras, en sí, no resulta ineficaz ni improcedente, por basarse en datos de la demanda y la tasa de cambio del dólar, que son conocidas, naturalmente, por peritos con experticia en finanzas, como los que rindieron este dictamen. Por último, este dictamen concluye, esencialmente, que no existen elementos suficientes para determinar si las especificaciones de los equipos que no entregó Romenergo son iguales a las de los equipos que fueron objeto del contrato suscrito con IMPSA, pero la gran diferencia existente entre los precios deja dudas al respecto. Si bien, por provenir de profesionales en la ingeniería civil con experticia en finanzas —como afirman serlo los peritos— estas dudas resultan válidas, no cabe inferir, sin más, a partir de dicha ausencia de datos, que EPM hubiera incurrido en un error financiero. Por tanto, pese a que la premisa pueda sostenerse, no ocurre lo mismo con la conclusión alcanzada a partir de aquella.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la eficacia probatoria del dictamen pericial, consultar providencias de 16 de abril de 2007, Exp. 25000-23-25-000-2002-00025-02(AG), C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 21 de marzo de 2012, Exp. 24250, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 28 de febrero de 2013, Exp. 27959, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; de 13 de agosto de 2020, Exp. 51833, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 19 de noviembre de 2021, Exp. 51205, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. En relación con la ineficacia probatoria del dictamen pericial en lo que toca aspectos jurídicos o de derecho, consultar providencia de 13 de agosto de 2020, Exp. 51833, .P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 233, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 236
TESTIMONIO / TESTIMONIO SOSPECHOSO / TESTIGO SOSPECHOSO / DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / VALORACIÓN JUDICIAL DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA
Problema jurídico:
¿Aunque los testimonios que provienen de personas que tienen un vínculo contractual con las partes resultan sospechosos, no pueden desecharse de plano por el juez, sino que deben ser valorados con especial severidad, de cara a las demás pruebas que reposen en el expediente y de acuerdo con las circunstancias propias de cada caso?
Respuesta al problema jurídico: Si
El 16 de mayo de 1995 fue celebrada audiencia en la que se evacuaron los testimonios (…), los cuales fueron solicitados por el ente demandante, para que ellos, como funcionarios de EPM, depusieran sobre los perjuicios sufridos por este como consecuencia del incumplimiento de Romenergo. (…) Los anteriores testimonios provienen de exfuncionarios del ente demandante, EPM, condición que puede afectar su imparcialidad y, con ello, su credibilidad, y que los hace sospechosos de acuerdo con el citado artículo 217 del CPC. Estas circunstancias, que —según el artículo 218 del CPC— deben ser apreciadas por el juez en la sentencia, en cada caso, imponen una valoración más rigurosa de estos testimonios, en conjunto con las demás pruebas practicadas, como lo ha considerado la Sala. (…) Pues bien, los testimonios rendidos provienen de personas que, en razón de las funciones que ostentaban, tenían conocimiento directo de la mayoría de las circunstancias que rodearon la ejecución de los contratos suscritos con el Consorcio Taisei-Conconcreto y con Romenergo, y manifestaron, sin ambigüedad, el desconocimiento de las circunstancias que estaban fuera de su órbita funcional. El ingeniero (…) dio cuenta pormenorizada de tales eventos, por ser quien estaba a cargo del Contrato 3756-E —que suscitó este litigio— mientras el [otro] ingeniero (…) se refirió, con un carácter más general, a las consecuencias del incumplimiento de aquel negocio jurídico, lo cual se explica, porque, al estar a cargo del contrato ejecutado por el Consorcio Taisei-Conconcreto, solo conocía de forma directa dichos efectos, mas no las contingencias que los originaron. Aparte, no se observan contradicciones en sus testimonios ni entre ellos, que pongan en duda su credibilidad sobre las circunstancias referidas. Tampoco se perciben contradicciones con las demás pruebas practicadas, en las que, por el contrario, se corrobora: (i) el referido objeto del contrato suscrito con el Consorcio Taisei-Conconcreto; (ii) que la falta de blindajes en el túnel de La Tasajera trajo consigo una discusión sobre los perjuicios que ello ocasionaba al consorcio contratista, que la firma interventora del contrato —INTEGRAL S.A.— analizó; y (iii) que el incumplimiento de Romenergo dio lugar a una licitación que fue adjudicada a la empresa argentina IMPSA. En razón a las anteriores circunstancias del presente asunto, la Sala da crédito a los testimonios rendidos, en este proceso, por los ingenieros (…).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la valoración de los testimonios sospechosos, consultar providencias de 27 de abril de 2020, Exp. 29770, C.P. Guillermo Sánchez Luque; y de 11 de noviembre de 2020, Exp. 50668, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 217, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 218
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DECLARARA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / FACULTAD DECLARATORIA DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PENA PECUNIARIA / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ESTATAL / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / RECLAMACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / ELEMENTOS DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / LUCRO CESANTE / DAÑO EMERGENTE / CONCEPTO DE DAÑO EMERGENTE / INDEMNIZACIÓN POR DAÑO EMERGENTE / VALORACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE / RECONOCIMIENTO DEL DAÑO EMERGENTE / CÁLCULO DEL DAÑO EMERGENTE / DAÑO INDEMNIZABLE / REQUISITOS DE LA REPARACIÓN DE PERJUICIOS / ELEMENTOS DE LA CAUSACIÓN DE PERJUICIOS / NEXO DE CAUSALIDAD / DETERMINACIÓN DEL NEXO DE CAUSALIDAD / PRUEBA DEL NEXO DE CAUSALIDAD / RELACIÓN DE CAUSALIDAD / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / CERTEZA DE LA OCURRENCIA DEL DAÑO / FALTA DE CERTEZA DE LA OCURRENCIA DEL DAÑO / TRANSACCIÓN / ACEPTACIÓN DE LA TRANSACCIÓN / TRANSACCIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA / PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS A TERCEROS / REINTEGRO DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / DAÑO CIERTO / PRUEBA DEL PAGO / PRUEBA DEL PAGO DE LA OBLIGACIÓN / CAUSACIÓN DEL DAÑO / DAÑO CONTRACTUAL / REPARACIÓN DEL DAÑO CONTRACTUAL / CONTENIDO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿El pago de obligaciones transaccionales al consorcio a cargo de las obras de instalación de los equipos comprendidos en el Contrato 3756-E que no fueron entregados por Romenergo, son perjuicios indemnizables imputables a la demandada, mientras que los sobrecostos en la adquisición posterior de tales equipos, no constituyen un perjuicio cierto, al no existir claridad sobre el pago de un precio excesivo por parte de la demandante?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como perjuicios derivados del incumplimiento del Contrato 3756-E imputado a Romenergo (…), EPM pretende que se condene: (i) al pago de $155.808.654 más ¥46.106.224, que el ente actor debió reconocer y pagar al Consorcio Taisei-Conconcreto, encargado de instalar los blindajes que Romenergo no entregó y que EPM, a su vez, debía entregarle al consorcio, según el Contrato 3/DJ-7702/3; y (ii) el pago de US$4.549.843, que corresponden a la diferencia entre los US$8.294.843 pagados a IMPSA, y el precio de la tubería de sifón que Romenergo se había obligado a entregar por US$3.745.000. Las demandadas, por su parte, controvierten las condenas deprecadas, argumentando que no se acreditó el pago acordado en la transacción suscrita con el Consorcio Taisei-Conconcreto, ni el mayor precio pagado por los equipos adquiridos a la empresa argentina IMPSA, y —añade— en todo caso, el pago de tales sumas no se desprendería del incumplimiento del Contrato 3756-E, sino de actuaciones de la misma EPM. Además, las demandadas arguyen que EPM no podía pretender el pago de perjuicios superiores al monto de la cláusula penal pecuniaria impuesta. (…) Pues bien, en primer lugar, advierte la Sala que —de acuerdo con el Decreto 222 de 1983— la pena pecuniaria podía ser impuesta por la entidad contratante por sí y ante sí, y constituía un pago parcial pero definitivo de los perjuicios causados a la entidad contratante, como se establecía expresamente en el inciso final del artículo 72 ejusdem y, además, fue estipulado en la cláusula 9ª del Contrato 3756-E. Al existir así una norma especial posterior al Código Civil y pacto expreso sobre la imputación de la pena pecuniaria a un pago parcial de los perjuicios, cabía hacer efectiva, concomitantemente, la pena pecuniaria por vía administrativa, y exigir el remanente de los perjuicios irrogados por vía judicial. No asiste razón así a las demandadas, en cuanto aducen que no se podía pretender el pago de sumas adicionales a la pena pecuniaria. (…) Por otra parte, (…) la indemnización de los perjuicios irrogados con el incumplimiento de la obligación contractual comprende el daño emergente y el lucro cesante. Según el artículo 1614 del Código Civil, el daño emergente es “el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente”, mientras el lucro cesante es “la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumpliéndola imperfectamente, o retardando su cumplimiento”. (…) Además, la jurisprudencia, a su vez, ha precisado que, en la responsabilidad contractual, además de acreditarse el incumplimiento injustificado, debe demostrarse “[…] la producción para el actor de un daño cierto y real; y, finalmente, que entre uno y otro de tales elementos medie un nexo de causalidad, es decir que el perjuicio cuya reparación se persigue sea consecuencia directa de la conducta anticontractual reprochada al demandado” (…). Pues bien, en los términos de la demanda, los perjuicios deprecados por EPM corresponden a los desembolsos en que la entidad habría tenido que incurrir, para satisfacer las necesidades del servicio que se cubrirían con el Proyecto Hidroeléctrico Río Grande II y los equipos que, para ello, fueron objeto del Contrato 3756-E, sin que fueran entregados por la sociedad extranjera Romenergo. Se trata, por tanto, de acuerdo con lo anterior, del daño emergente ocasionado con el incumplimiento contractual de la demandada, cuyo reconocimiento exige que, además de la imposibilidad de utilizar el bien —que está fuera de discusión, como lo está el incumplimiento contractual— se acredite la existencia de una relación de causalidad entre la conducta antijurídica del contratante incumplido, y el pago efectivo de los desembolsos a que haya menester o del medio sustitutivo. (…) Ahora bien, en lo atinente a los perjuicios derivados de las sumas pagadas al Consorcio Taisei-Conconcreto, observa la Sala, en primer lugar, que el objeto del Contrato 37/DJ-7702/3, suscrito el 13 de marzo de 1984, comprendía las obras civiles de captación y conducciones de la centrales hidroeléctricas de La Tasajera y Niquía, de acuerdo con los pliegos de condiciones, las especificaciones y los planos que EPM le entregaría al contratista, el Consorcio Taisei-Conconcreto, el cual, a su vez, tenía la obligación de mantener en obra el personal y los equipos necesarios para la ejecución de los trabajos en los plazos pactados. Si bien, en los términos del contrato, EPM podía variar los planos y las especificaciones previstas, las variaciones de este tipo requerían un acuerdo previo sobre las modificaciones del precio y plazo pertinentes. De acuerdo con lo anterior, cabe inferir que —como lo afirma la demandante— la ejecución de las obras de instalación de los revestimientos y blindajes del túnel de presión, así como del pozo de presión y del blindaje metálico de la zona comprendida entre la intersección del túnel y la ventana de construcción de La Tasajera se encontraban a cargo del Consorcio Taisei-Conconcreto, lo que es corroborado con los testimonios rendidos por los funcionarios de EPM. Además, es claro que, de acuerdo con el Contrato 37/DJ-7702/3, en caso de que no se pudieran ejecutar tales trabajos dentro del plazo pactado, el contratista podría incurrir en costos innecesarios por el mantenimiento del personal y los equipos en obra. Aparte, en la correspondencia cruzada entre la firma interventora del Contrato 37/DJ-77021/3 y el consorcio contratista se observa que, en mayo de 1987, EPM suspendió la construcción del revestimiento de un sector del túnel de presión de La Tasajera, así como del blindaje del pozo de presión y del blindaje metálico de la zona de intersección del túnel con la ventana de construcción respectiva. Posteriormente, la firma interventora del Contrato 37/DJ-77021/3 le comunicó al consorcio contratista una fecha estimada de entrega del blindaje metálico del túnel de la central de Niquía. Tal fecha, sin embargo, representaba un retraso de cerca de 12 meses y una variación de la secuencia constructiva con base en la cual fueron planteados los precios de la propuesta del Consorcio Taisei-Conconcreto, imputable a un incumplimiento en la entrega de equipos por EPM, por lo que aquel le solicitó una revisión de los precios, que reiteró luego, afirmando que la supresión de los ítems referidos representaba una modificación de los planos y especificaciones de las obras. La interventoría del Contrato 37/DJ-7702/3 le dio un alcance contractual diferente a la supresión de trabajos en el túnel de presión y el pozo de la central La Tasajera, pero admitió que esta generaba un incremento de los costos indirectos, cuya cuantía debía evaluarse. Ante ello, el consorcio contratista remitió un análisis detallado de tales sobrecostos, por un total de ¥206.193.341,72, el cual fue evaluado en una reunión en la que se detectó la repetición de cobros administrativos y de propiedad de equipos, por lo que la interventoría solicitó una revisión del referido análisis, que dio lugar a la remisión de una nueva evaluación, en la que se realizaba un estudio de los sobrecostos por mensualidades. (…) Sin embargo, las anteriores diferencias fueron zanjadas, dando lugar a la remisión de una versión preliminar del convenio adicional núm. 14, que EPM elaboró. El Consorcio Taisei-Conconcreto le solicitó a EPM que incluyera dos estipulaciones a dicha minuta, siendo atendida la última de ellas —relativa a la inclusión del precio inicial de la obra suprimida— en la versión final del contrato, con cuya suscripción se zanjaron definitivamente las diferencias existentes sobre los sobrecostos causados por el incumplimiento de EPM en el suministro de la tubería y del blindaje metálico del túnel de Niquía, así como del pozo de presión de La Tasajera, con el pago de $155.808.654 más ¥46.106.224, que comprendían todos los perjuicios y obligaciones contractuales ocasionados por la omisión de la obra en cuestión. De esta forma, mediante concesiones recíprocas sobre las condiciones del contrato y el monto de los perjuicios, EPM y el Consorcio Taisei-Conconcreto pusieron fin, con carácter definitivo, a una situación de incertidumbre sobre el concepto y monto de los perjuicios ocasionados a la segunda, por el incumplimiento de EPM en la entrega oportuna de equipos necesarios para la ejecución de algunas de las obras objeto del Contrato 37/DJ-7702/3. Con el convenio adicional núm. 14 al Contrato 3/DJ-7702/3 se produjo así una transacción, según el artículo 2469 del Código Civil y la jurisprudencia, que, por demás, no se aparta de los términos del referido contrato. Aparte, la Sala observa que, de acuerdo con lo atestiguado de forma clara, detallada y coherente por los funcionarios de EPM que tuvieron conocimiento directo de lo acontecido, la transacción que se produjo entre EPM y el Consorcio Taisei-Conconcreto fue el resultado del incumplimiento de Romenergo, que, a su vez, llevó a que el ente contratante incumpliera el Contrato 37/DJ-7702/3, por la omisión de entregar los equipos cuya instalación estaba a cargo del referido consorcio. La relación entre el incumplimiento de Romenergo y el pago de perjuicios al Consorcio Taisei-Conconcreto se constata asimismo con el Contrato 3756-E, en cuya cláusula 1ª se estipuló expresamente que su objeto comprendía el blindaje del túnel y el pozo de presión de Tasajera, y el blindaje del túnel de sifón, correspondientes al grupo 2 del Proyecto Hidroeléctrico Río Grande II; así como la tubería de sifón que formaba parte del grupo 3 del referido proyecto. De esta forma, las obras de instalación de los revestimientos y blindajes del túnel de presión, así como del pozo de presión y del blindaje metálico de la zona de intersección del túnel con la ventana de construcción de Tasajera —que fueron suprimidas por EPM, dando lugar a la suscripción del convenio adicional núm. 14— dependían de la entrega de equipos a cargo de Romenergo. (…) En consecuencia, la Sala concluye que existe una relación de causalidad entre el incumplimiento de Romenergo y el reconocimiento de perjuicios al Consorcio Taisei-Conconcreto, que se produjo con la transacción pactada en el convenio adicional núm. 14 al Contrato 3756. (…) Como se determinó anteriormente, la condena al pago del daño emergente ocasionado requiere que, aparte de la existencia de la relación de causalidad cuya configuración se constató anteriormente, se acredite el pago efectivo de los desembolsos ocasionados. Al punto, la Sala ha precisado que en la jurisprudencia de la Sección Tercera coexisten dos posiciones sobre la acreditación del pago. Un sector ha exigido que, además del acto en el cual se reconoce y ordena el pago a favor del beneficiario, sea allegado la constancia de la consignación, el paz y salvo o el recibo de pago suscrito por el beneficiario. Mientras, para acreditar el pago, otro sector de la jurisprudencia —también acogido por la Sala Plena de la Sección Tercera y sus tres Subsecciones— admite los comprobantes de egreso o certificaciones suscritos por el ordenador del gasto, en los que se especifique el concepto del pago y su destinatario, por tratarse de documentos públicos, vinculantes, que contienen y reflejan la propia manifestación de voluntad de la entidad condenada. En este proceso, la demandante allegó copia simple de las órdenes de pago núm. 05258 y 05284, suscritas por el ordenador del gasto, en las que se especifica que el destinatario era el Consorcio Taisei-Conconcreto, por un valor total a pagar de ¥46.106.224 y $155.808.654, correspondientes al “Acta No. C-14”; cifras que —de acuerdo con el “acta de convenio adicional No. C-14” y con lo pactado en la cláusula 4ª del convenio adicional núm. 14 al Contrato 3/DJ-7702/3— corresponden a los perjuicios reconocidos en dicha transacción. En consecuencia, se encuentra acreditado el pago efectivo de los desembolsos ocasionados con el incumplimiento del Contrato 3756-E por Romenergo, completándose así la prueba de este perjuicio, cuya condena es pretendida por el ente actor. (…) Por otra parte, recuerda la Sala que los perjuicios correspondientes al mayor precio pagado a la empresa argentina IMPSA, por la tubería de sifón que Romenergo se había obligado a entregarle a EPM, corresponderían —según la demanda— al daño emergente por los pagos efectuados ante la imposibilidad de emplear el bien objeto de la prestación incumplida para satisfacer la necesidad de EPM, lo que (…) [se] rebate, argumentando que el pago de tales suma habría sido el resultado de errores financieros de EPM, que la llevaron a pagar sumas excesivas, como se habría demostrado con la prueba pericial financiera. (…) En primer lugar, recuerda la Sala que, (…) el dictamen financiero no dio cuenta clara de la existencia de un error financiero de EPM, ni es una prueba procedente para determinar si se trata, o no, de un perjuicio indemnizable, pero sí puso en evidencia la incertidumbre existente sobre la identidad de los equipos objeto del Contrato 3756-E y del contrato suscrito con IMPSA, por la gran diferencia existente entre sus precios. (…) En todo caso, de acuerdo con un análisis conjunto de las pruebas, no cabe afirmar que EPM hubiera pagado a IMPSA un precio excesivo. (…) No obstante, por tratarse de precios correspondientes a equipos diferentes, no cabe afirmar que el mayor precio pagado a IMPSA sea un perjuicio cierto, derivado del incumplimiento de Romenergo. (…) En definitiva, no existe claridad sobre el sobrecosto correspondiente a lo pagado a IMPSA ante la imposibilidad de emplear los bienes objeto de la prestación incumplida por Romenergo, para satisfacer la necesidad de EPM. Para ello, sería necesario conocer el precio definitivo de los equipos que Romenergo debía entregar, o una aproximación fundada, de acuerdo con las modificaciones que durante la ejecución del Contrato 3756-E fueron ordenadas por EPM, así como las especificaciones detalladas de los equipos objeto del contrato celebrado con IMPSA, que tuvo unos diseños diferentes realizadas por Integral S.A., como lo atestiguó el ingeniero de EPM (…). No obran, sin embargo, en el acervo probatorio, medios de convicción que permitan conocer lo anterior, para así determinar el daño cierto irrogado a EPM, por el sobrecosto en que incurrió para sustituir los equipos requeridos. En consecuencia, la Sala no condenará al pago de tal perjuicio. (…) Ahora bien, el ente demandante pretendió el pago de los perjuicios irrogados por el incumplimiento del Contrato 3756-E, con exclusión de la suma correspondiente a la pena pecuniaria impuesta; pretensión que, conforme a lo considerado previamente, se ajusta a los términos del Contrato 3756-E y a la ley. Como consecuencia del incumplimiento del Contrato 3756-E, Romenergo irrogó a EPM unos perjuicios consistentes en el pago de las sumas acordadas en el convenio adicional núm. 14, que ascienden a ¥46.106.224 y $155.808.654, cifras que, en moneda nacional, equivalían a $212.356.754, según el dictamen financiero, que se basó en lo mencionado en la demanda. Por otra parte, en las Resoluciones 755 de 1988 y 1126 del 11 de agosto de 1988, se hizo efectiva la pena pecuniaria, equivalente al 10% del precio total del Contrato 3756-E; precio que ascendía a US$ 6.983.953, por lo que el monto de la pena pecuniaria impuesta correspondía a US$ 698.395,30. Esta cifra, a 17 de agosto de 1988, cuando fue notificada la Resolución 1126 de 1988 al representante de Romenergo, equivalía a $604.617.680,50, según el peritaje financiero. Como esta última cifra es mayor a la de los perjuicios derivados de las sumas pagadas en cumplimiento del convenio adicional núm. 14, se impone la desestimación de las pretensiones. En consecuencia, la sentencia apelada será confirmada.
NOTA DE RELATORÍA:
En lo concerniente a las modalidades de perjuicios por daño emergente y el lucro cesante, consultar providencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 29 de septiembre de 1978, Gaceta Judicial, tomo CLVIII, núm. 2399, pp. 235 a 249; y de 9 de junio de 2015, SC-7220, Exp. 1101-31-03-034-2003-00512-01. Sobre la prueba del nexo causal entre el incumplimiento del contrato y el daño cierto y real, como presupuesto de la responsabilidad contractual, consultar providencias de la Corte Suprema De Justicia, Sala de Casación Civil, de 9 de marzo de 2001, Exp. 5659; de 27 de marzo de 2003, Exp. C-6879; y de 18 de enero de 2007, Exp. 1999-00173-01. Acerca de la prueba del pago como presupuesto para reconocer la indemnización por daño emergente, consultar providencias de 31 de enero de 2021, Exp. 42037, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 2 de julio de 2021, Exp. 51063, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. En relación con los efectos de la transacción a la que llegan las partes del contrato al zanjar sus diferencias mediante convenio adicional, consultar providencia de la Corte Suprema De Justicia, Sala de Casación Civil, de 26 de mayo de 2006, Exp. 1987-07992-01.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 222 DE 1983 - ARTÍCULO 64, DECRETO 222 DE 1983 - ARTÍCULO 72, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 2, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1600, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1614, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2469